«Nos dejan solos, no hay medidas efectivas del Gobierno. Todos los días hay atentados y cada vez con más ferocidad”, declaró un dirigente de los trnasportistas
Carabayllo, populoso distrito en Lima, vivió horas de terror tras registrarse dos atentados consecutivos vinculados a la extorsión y al accionar de bandas criminales, hechos que ocurrieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 28 de enero, evidenciando el nivel de violencia que golpea al distrito.
El primer ataque se produjo cuando un chofer de combi fue asesinado a sangre fría por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta, pese a que el Gobierno había prohibido el tránsito de dos personas en moto. El crimen dejó en evidencia la poca eficacia de esta medida, que no ha logrado frenar el sicariato ni la extorsión.
La víctima fue identificada como Abraham Quintanilla Chuquillanqui, conductor de la empresa de Transportes de Carabayllo, línea 1012. Testigos relataron que los delincuentes lo interceptaron cuando ingresaba a un grifo para cargar combustible. Antes de dispararle más de diez veces, uno de los atacantes le habría dicho: “Profe”.
Con este atentado, ya suman más de 15 ataques contra transportistas en lo que va del año en Lima, sector que continúa siendo uno de los más golpeados por el cobro de cupos y el sicariato. La empresa a la que pertenecía la víctima ya había denunciado amenazas y ataques previos.
Horas después, durante la madrugada del miércoles 28 de enero, un segundo hecho estremeció al distrito. Un artefacto explosivo fue detonado en una escuela deportiva de fútbol en Carabayllo, como parte de una amenaza extorsiva para obligar a los responsables del local a pagar cupos y poder seguir funcionando con normalidad.
Lo más alarmante es que en dicha escuela asisten niños que participaban en actividades de vacaciones útiles, generando pánico entre padres de familia y vecinos. Vecinos del distrito denunciaron que se sienten completamente abandonados. “No tenemos a quién recurrir. Esto ya es un desgobierno”, expresaron con indignación.
Por su parte, el dirigente del gremio de Transportes en Lima, Ángel Palomino, advirtió que la situación se ha agravado. “Si te atrasas un solo día en pagar la extorsión, te disparan y te matan. Nos dejan solos, no hay medidas efectivas del Gobierno. Todos los días hay atentados y cada vez con más ferocidad”, declaró a medios locales.
¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube! El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia. Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos. Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Tras varios días de recorrido y pese al constante hostigamiento policial durante el trayecto, los familiares de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte lograron llegar a Lima como parte de la marcha de sacrificio “Uyariy”, con un solo objetivo: exigir justicia.
Desde tempranas horas, los deudos caminaron extensos tramos de la capital para visibilizar su pedido, no solo en memoria de sus familiares fallecidos, sino también de Víctor Santisteban, quien murió el 28 de enero de 2023 tras una intervención de la Policía Nacional.
Durante la movilización, diversos colectivos sociales y ciudadanos se sumaron a la marcha en señal de respaldo y solidaridad.
El impacto de la protesta no se limitó a Lima. A nivel nacional, el descontento ciudadano también se manifestó en distintas regiones. En ciudades como Arequipa y Moquegua, candidatos presidenciales fueron increpados por ciudadanos que los responsabilizan de haber respaldado al gobierno de Dina Boluarte, así como la represión policial registrada durante las manifestaciones. Los reclamos también apuntaron a la estigmatización de los manifestantes, a quienes algunos sectores calificaron como “terroristas”.
César Acuña y Rafael López Aliaga, enfrentaron momentos de tensión durante sus actividades proselitistas.
Pese a los intentos de sus militantes por minimizar los hechos, los reclamos ciudadanos se difundieron rápidamente en redes sociales, superando la visibilidad de sus propios actos proselitistas. La marcha “Uyariy” concluyó reafirmando su principal mensaje: la exigencia de verdad, justicia y memoria para las víctimas de las protestas.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Tras su suspensión, José Domingo Pérez volvió a captar la atención pública al iniciar una nueva etapa como conductor de un programa digital, espacio desde el cual ya no se restringe al opinar sobre figuras políticas, entre ellas Keiko Fujimori.
La reacción surgió luego de que la lideresa de Fuerza Popular, en una entrevista, volviera a acusar al fiscal de estar “obsesionado” con ella. Fujimori sostuvo que Pérez utiliza ahora una vitrina mediática para atacarla políticamente. Dejó entrever que su partido evaluaría acciones legales en su contra, aunque aclaró que ella, de manera personal, no presentará una demanda.
José Domingo Pérez le recordó que ella “tiene el poder» y él no. El fiscal recordó que Keiko Fujimori concentra una amplia influencia política a través de su bancada en el Congreso, mientras que él solo cuenta con el respaldo ciudadano. En ese sentido, cuestionó que desde el Parlamento se hayan impulsado modificaciones legales que, según indicó, terminaron favoreciendo directamente a Fuerza Popular y debilitando investigaciones fiscales.
Pérez también apuntó contra la actual conformación del Tribunal Constitucional, señalando que su elección respondió a acuerdos políticos en los que el fujimorismo tuvo un rol determinante, lo que —a su juicio— impactó en decisiones clave para procesos judiciales vinculados al caso Cocteles por ejemplo.
En respuesta, Keiko Fujimori afirmó que el archivo del caso Cócteles demuestra que las acusaciones en su contra fueron injustas. Además, aseguró que la nueva faceta mediática del fiscal “lo muestra tal como es”. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados al poder político de su partido.
Frente a ello, Pérez advirtió públicamente que el caso Cócteles no se encuentra cerrado de manera definitiva. Dijo que aún existen otras investigaciones en curso dentro del Ministerio Público que involucran a Fuerza Popular.
¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube! El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia. Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos. Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
En medio de gran despliegue, el ministro de Justicia Walter Martínez informó que se asignó un defensor público al preso para asegurar la continuidad del procedimiento y evitar dilaciones.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, informaron que Erick Moreno Hernández, alias el “Monstruo”, se internará en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, ubicada en el Callao, según estableció la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Explicaron que, tras la evaluación, se concluyó que el procesado “reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad” por lo que se ha dispuesto su ingreso al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao “por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”. Se le ha asignado también defensa pública para su defensa.
“Lo que se hace con la Defensa Pública Penal es asegurar que los procedimientos continúen sin dilaciones y sin la posibilidad de que a posterior pueda haber cuestionamientos del proceder de las autoridades judiciales. Esa es la única función de la Defensa Pública en este caso: asegurar la continuidad del proceso y de los procedimientos que se inician”, aclaró el titular del sector Justicia.
Como se sabe, Erick Moreno Hernández (alias el Monstruo) terminó extraditado desde Paraguay para responder ante la justicia peruana por la presunta comisión de los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada. También deberá cumplir la condena de 12 años por el delito de robo agravado que está vigente.
Traslado desde Paraguay
Hernández, alias «El Monstruo», resultó capturado el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Paraguay, en mérito a las órdenes de ubicación y captura cursadas por el Perú. Esto, en virtud de las tres extradiciones seguidas en su contra y que se gestionaron por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fue recibido por el titular del sector Justicia desde la base de la Dirección de Aviación Policial donde estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola.
Erick Moreno pasó por los exámenes de ley antes de que la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinara su internamiento en la Base Naval del Callao, un centro penitenciario especial que alberga a Vladimiro Montesinos y líderes de organizaciones terroristas.
Las extradiciones se dieron porque cumple con las condiciones establecidas en el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República del Paraguay suscrito el 17 de octubre de 1997. El tratado está vigente desde el 29 de noviembre de 2005 y su Acuerdo Complementario se suscribió el 5 de marzo de 2001.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Las notas publicadas por “Semanario El Búho” fueron elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El Tribunal Constitucional estaría torciendo a su antojo la jurisprudencia peruana. Los tribunos se la pasan contradiciendo precedentes previos del propio TC.
El juez Richard Concepción Carhuancho advirtió que el tribunal habría incurrido en una clara incoherencia al emitir un fallo que favoreció a Mateo Castañeda en el caso Los Waykis en la Sombra.
El principal punto de debate gira en torno al plazo de 24 horas para apelar, el cual, según especialistas, no sería aplicable a casos de prisión preventiva como el de Castañeda.
A ello se suma otra controversia. El TC decidió enviar el caso directamente a la Junta Nacional de Justicia con el objetivo de evaluar una eventual sanción contra el magistrado. Sin embargo, lo que correspondería, de acuerdo con el procedimiento regular, es que el expediente pase primero a la Autoridad Nacional de Control.
Todo indica que el pacto no solo busca blindarse, sino también cobrar revancha contra quienes considera sus rivales.
Vocero de APP cuestiona a su bancada por no apoyar vacancia contra José Jerí: “Están haciendo lo que les da la gana”
El Chifagate de José Jerí comienza a complicar a los partidos del pacto.
Si bien el fujimorismo no esconde su blindaje al presidente Stradivarius, otras agrupaciones, como Alianza para el Progreso, empiezan a sentir el desgaste político de no sancionar al mandatario.
La situación fue consultada al vocero de APP, Martín Salas, quien reconoció que su propia bancada “hace lo que le da la gana” y no respalda la moción de censura contra “Pajerí”.
Esto, pese a que el partido ya había fijado una posición pública solicitando la salida del presidente.
La explicación terminó sonando a lavado de manos para César Acuña, ya que se insistió en que los congresistas apepistas deciden por cuenta propia, sin tomar en cuenta la postura oficial de la agrupación.
¿Y Petipán se queda tan tranquilo cuando sus esbirros no le hacen caso? Tremendo cuentazo.
Marcha de sacrificio “Uyariy” llegó a Lima para exigir justicia por sus familiares fallecidos: candidatos que avalaron muertes fueron increpados
Después de varios días de viaje y pese al constante hostigamiento policial durante el recorrido, los familiares de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte lograron llegar a Lima con un solo objetivo: hacerse escuchar. Y lo consiguieron.
Desde tempranas horas, los deudos caminaron largos tramos de la capital exigiendo justicia, no solo por sus seres queridos, sino también en memoria de Víctor Santisteban, quien el 28 de enero de 2023 murió a manos de la Policía Nacional.
Durante la movilización, diversos colectivos y ciudadanos se fueron sumando en señal de respaldo. Pero el impacto de la marcha no se sintió únicamente en Lima. A nivel nacional, el rechazo ciudadano también se hizo notar. En regiones como Arequipa y Moquegua, candidatos presidenciales vivieron momentos incómodos al ser increpados por ciudadanos que los responsabilizan de haber avalado al gobierno de Dina Boluarte, la represión policial y la estigmatización de los manifestantes, a quienes calificaron como “terroristas”.
Así ocurrió con figuras como César Acuña y Rafael López Aliaga. Aunque ambos intentaron minimizar los hechos a través de sus militantes, los reclamos se viralizaron con mayor fuerza que sus propios actos proselitistas.
Al final, la marcha cumplió su propósito: ser escuchados.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Juez Concepción Carhuancho señala que el TC contradijo sus precedentes tras conceder habeas corpus a Mateo Castañeda
Vocero de APP cuestiona a su bancada por no apoyar vacancia contra José Jerí: «Están haciendo lo que les da la gana»
Marcha de sacrificio “Uyariy” llegó a Lima para exigir justicia por sus familiares fallecidos: candidatos que avalaron muertes fueron increpados
¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube! El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia. Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos. Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
– Censura a Jerí es posible, pero el pacto ya tomó sistema de justicia – Delia Espinoza no se rinde y denuncia nuevamente a Rospigliosi – Cosas que pasan solo en el Perú – Candidatos rechazados
¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales! Únete a #Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/ Nuestra web: [www.elbuho.pe](http://www.elbuho.pe/) Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: [ElBuho.pe](http://elbuho.pe/) Instagram: @elbuho.pe Twitter/X: @elbuho_pe TikTok: @elbuho.pe
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
Crónica | Sobre el espaldar de una silla, Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde […]
Crónica | Sobre el espaldar de una silla, Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde viajaba. Eran 60 pasajeros y fue él quien estuvo más cerca de morir. Ampama es el jefe de Huabal, la máxima autoridad en esta comunidad wampís de la cuenca del río Santiago, Amazonía peruana.
Por su ubicación en la parte central del río Santiago, Huabal es uno de los sectores más vulnerables. Como otros pueblos del llamado Medio Santiago, desde hace cinco años enfrenta un riesgo latente ante el violento avance de la minería y la tala ilegal en territorios wampís adyacentes al río amazónico.
Mongabay Latam surcó el Santiago desde Huabal e ingresó a las comunidades que están en el camino, próximas a la desembocadura en el río Marañón (Bajo Santiago). Son poblaciones que no cuentan con la asistencia del Estado y viven oprimidas por la violencia, la contaminación y el descontrol que propagan las mafias del oro y la madera. En el camino, encontramos que al menos 20 dragas operan frente a cinco localidades wampís y un centro poblado: Papayacu, Guayabal, Fortaleza, Belén, San Juan y La Poza. Otras 10 permanecen ocultas en caños (canales que se desprenden del río) y quebradas.
Con la explotación del río Santiago llegó la deforestación de su entorno. Los focos mineros están en la mayoría de lugares donde grupos de madereros también van ganando terreno. El recorrido permitió reunir información clave que revela cómo cada red criminal asentada en la cuenca tiene brazos destinados a la minería y la extracción ilegal de madera fina. Esto hizo posible, además, el seguimiento de las rutas por donde son transportadas las cargas de oro y madera. Los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, organización que agrupa a 22 comunidades tituladas, no dudan que la devastación está en uno de sus momentos más críticos. “Su ambición por el oro y la madera está destruyendo el río y nuestros bosques”, expresa Henry Ampama.
En Huabal también vive Galois Flores, vicepresidente de la nación wampís, quien parece tener en la cabeza el mapa de 1.3 millones de hectáreas que su organización representa. Sabe que hay dos dragas mineras siendo accionadas día y noche en el Alto Santiago, al borde de la comunidad de Papayacu, cerca al límite con Ecuador. “Pero la convulsión está río abajo, camino a Nieva, por donde fuimos emboscados en julio”, dice.
La ruta del metal
Entre negocios de abarrotes y bares en La Poza, un centro poblado del Medio Santiago, hay dos tiendas que ofrecen equipos de buceo, motores, alfombras, mangueras de succión. Lo necesario para la operación completa en una draga minera. Ningún transeúnte parece un comunero wampís. Esta es una localidad habitada, básicamente, por personas no indígenas.
De una bodega salen dos hombres cargando una motosierra, un extenso tubo de metal y galoneras llenas de combustible. “Así se abastecen para entrar al río y al bosque. Acá las mafias sacan madera y oro. No están dedicadas a un solo delito”, confirma Josefino, conductor de la embarcación que atravesará el Santiago y a quien cambiamos el nombre por seguridad.
Con el rostro ajado, siempre a media sonrisa, Josefino relata que los materiales comprados aquí llegan a todos los focos mineros asentados en el Santiago. El petróleo que acaba de salir de la bodega —afirma— es para una draga que desde hace tres meses opera a orillas de La Poza. También sostiene que hay compradores de oro que llegan a La Poza porque ahí o en los puntos de excavación del río se paga hasta 200 soles por gramo. Cuando va de salida y en los destinos finales el costo por gramo sube hasta 280 soles.
Desde el aire, las dragas aparecen como sanguijuelas que succionan y devastan el río. La imagen corresponde al sector del Bajo Santiago. Foto: Luis Taijín
Agentes de inteligencia consultados para esta investigación detallan que el oro sale por los ríos Santiago, Marañón y Nieva. En la ciudad de Nieva están a la espera camionetas enviadas por los cabecillas de las mafias incrustadas en la cuenca del Santiago. Laruta del metal continúa por tierra: cuando son altas cantidades, pasan por Bagua (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque) hasta Trujillo (La Libertad) o Lima. Las indagaciones por parte de personal militar dan cuenta de que en Lima y Trujillo el oro ilegal es vendido a negocios, empresas e incluso mineras formales, que lo “blanquean” con documentos amañados.
Si son proporciones menores del mineral, la mercadería puede quedarse, además de en La Poza, en Nieva, Chiclayo e incluso tomar un desvío a Jaén (Cajamarca). Propietarios de bodegas, joyerías y comercios chicos lo adquieren para negociarlo a su modo.
Yutupis: pueblo en alerta permanente
En una oficina repleta de documentos sueltos, Tercero Ahuanari, el jefe de Yutupis, repite que el territorio al que hemos llegado está en un ámbito considerado de extrema pobreza. Yutupis es la comunidad más grande en toda la cuenca del Santiago, pero su zona urbana no tiene calles asfaltadas ni trochas afirmadas que la comuniquen con sus nueve anexos. Los habitantes están dedicados al cultivo de plátano, cacao y maíz, productos que terminan siendo para el consumo propio, pues la falta de vías imposibilita que puedan trasladar sus cosechas a los mercados.
Esa es la precariedad que denuncia Ahuanari y por la que —asegura— sus antecesores se vieron empujados a aceptar la minería ilegal. Más de 20 dragas llegaron a operar en Yutupis hasta hace cinco años. A cambio, la comunidad pudo construir dos puentes con los pagos recibidos. El dinero llegó con un costo altísimo: la alta toxicidad en el río que hizo que la nación wampís desalojara a todos los mineros en 2020. Pero la historia podría repetirse.
“Todavía hay oro acá y tenemos necesidades. Los gobiernos nacional y local no nos escuchan. Puedo hacer [un trato con los mineros], pero solo por tres o cuatro meses y a condición de que no metan tantas máquinas”, declara Ahuanari. Esta preocupación es un síntoma común en las comunidades visitadas para esta investigación.
Galois Flores explica que las organizaciones criminales evalúan previamente las necesidades y debilidades del pueblo que puedan aprovechar. Posteriormente, señala, “se afianzan y nunca cumplen lo que prometieron”.
Umbral de la deforestación
Gerónimo Tukup, técnico de la Dirección de Territorio, Ambiente y Naturaleza de la nación wampís, tiene registrado que hasta el año pasado la depredación forestal en las comunidades del río Santiago llegaba a 18 000 hectáreas. Los líderes wampís atribuyen porcentajes similares de aquel desbosque histórico a la arremetida de taladores y mineros ilegales tras el brote de la pandemia. Hasta mediados de 2025, según el proyecto MAAP, la deforestación por minería de oro alcanzó en Perú una extensión que supera las 139 000 hectáreas. Amazonas es una de las nueve regiones donde la actividad ilícita tuvo mayor incremento.
Yutupis también figura como una de las comunidades con más bosque afectado por acción de los madereros. Tercero Ahuanari sostiene que los jefes anteriores a su gestión obtuvieron permisos de aprovechamiento forestal con fines comerciales que no supieron controlar. El último, aprobado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y vigente hasta junio de 2026, autoriza la tala de 487 metros cúbicos de lupuna (Ceiba pentandra), sempo (Osteophloeum platyspermum) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). La información consta en los registros del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Tala descontrolada de madera en Yutupis. Foto: Mongabay Latam
El jefe de Yutupis explica que los madereros compradores manejaban las guías de transporte que estaban a nombre de la comunidad y así podían sacar más madera de la permitida. En otras palabras, talaban especies no autorizadas y en cantidades superiores a las que figuraban en los permisos. Luego, lo especificaban en las guías para pasar los controles.
“Ya no ocurre. Cuando entré, en noviembre de 2024, le quité todo a los madereros. Ahora yo estoy administrando”, anota, enfático, el jefe de Yutupis. A pesar del aparente esfuerzo por conservarlo, el bosque de la comunidad sigue siendo arrasado.
Un segmento de selva talada llega hasta la margen izquierda de la quebrada Yutupis. Allí, tres madereros con medio cuerpo bajo el agua cargan trozas de distintos tamaños y las acomodan en una chalupa. Otros dos, inclinados sobre la proa, llevan papeles en las manos y dirigen la operación.
“Son trozas de tornillo, pero también hay de madera fina: caoba o cedro”, refiere un integrante del sistema de autodefensa Charip —brigada de vigilancia conformada por comuneros wampís—, curtido en decomisos de especies prohibidas a los madereros ilegales de esta cuenca. También, en incautaciones de equipos y materiales utilizados en la minería ilegal. El trabajo de los Charip ha evitado hasta ahora que el Medio Santiago se convierta en un infierno de dragas.
Según Gerónimo Tukup, el problema de la tala ilegal también alcanza a las comunidades de Aintam, Yujagmkim, Guayabal, Fortaleza y Belén. A excepción de las dos últimas, el resto de pueblos tiene permisos forestales vigentes, de acuerdo con el Osinfor.
“Los madereros pagan por los permisos y mandan al jefe de la comunidad a gestionarlos. Así ellos entran y cortan lo que quieren”, explica Tukup. Cuando la comunidad no cuenta con la cantidad de madera que figura en el permiso —añade—, negocian en otras localidades para completar el volumen. “Eso también es ilegal, es blanqueo de madera. Pero no hay control”, insiste.
El “lavado” de madera mediante la tala de especies para las que no han sido emitidos permisos forestales, o en lugares no autorizados, genera sanciones para las comunidades nativas por parte del Estado que se traducen en deudas. Es otro perjuicio que deja la irrupción de los madereros en estas comunidades.
La madera extraída de los bosques wampís, según agentes de inteligencia, traspasa el río Santiago, recorre parte del río Marañón hasta su encuentro con el río Nieva y tiene una primera parada en el distrito de Nieva. Después, los cargamentos atraviesan por vía terrestre las ciudades de Bagua, Jaén (Cajamarca) y Olmos (Lambayeque) para terminar en Piura, al norte de Perú. Ahí, de acuerdo con la información recabada, la mercadería ya tiene compradores fijos.
Mongabay Latam siguió el trayecto de la embarcación que salió desde la quebrada Yutupis. Tras un viaje lento y exento de controles, la madera llegó a cada sitio descrito por las fuentes en campo.
Sitiados por la minería y tala ilegal
Aunque las organizaciones criminales tienen cuadrillas operando en tala y minería por separado, también propician que un delito abra paso al otro.
A tres horas de viaje desde Yutupis, rumbo a Nieva, la comunidad de Guayabal anuncia un panorama apocalíptico. Dos dragas devoran el río y forman islotes de arena y piedras entre ellas. La faena reúne a hombres y mujeres en torno a ambos puntos de devastación. Mientras tanto, en el ingreso a las quebradas que tributan al Santiago, tablones de lupunas aparecen desperdigados. Los comuneros coinciden en que es lo que ya no tuvo espacio dentro de los botes madereros que han partido a Nieva. Los taladores y mineros empezaron a operar al mismo tiempo —declaran—, hace cinco años.
Una imagen similar muestra el trecho del río Santiago que corresponde a la comunidad de Fortaleza, a unos 10 kilómetros de distancia desde Guayabal. La diferencia es que hay cuatro dragas operando en ubicaciones distintas y estratégicas. Este fue el escenario del atentado contra la comitiva de dirigentes de la nación wampís, en julio pasado.
La minería ilegal ha controlado Fortaleza. El caos derivó del descontrol que ocasionó la tala. El técnico Gerónimo Tukup tiene documentado que esta comunidad obtuvo un permiso forestal e hizo un trato con los madereros, quienes talaron especies distintas y volúmenes mayores a los autorizados. La comunidad fue sancionada y la deuda que quedó fue de 12 000 soles. “Tenían la idea de cancelar los 12 000 soles aceptando [los pagos de] la minería. Mire en lo que se convirtió. Exterminaron su territorio”, insiste.
Para el coordinador en Perú de la organización internacional Amazon Watch, Vladimir Pinto, hay una presencia muy fuerte de la minería ilegal que está avanzando en el ámbito wampís, pero también poblaciones con una lógica de resistencia mayoritaria apoyadas en una estructura de contención a este fenómeno representada por su gobierno territorial autónomo. “Se trata, por supuesto, de un terreno de disputa”, opina.
El 23 de diciembre de 2025, un puesto de control que la nación wampís había instalado en San Rafael, para interceptar el tránsito de combustible, mercurio y armas a los focos de explotación aluvial, fue atacado e incendiado por mineros ilegales.
Epicentros del delito
El río Santiago desemboca en el Marañón, precisamente, donde está la guarnición del Ejército peruano Teniente Pinglo. La maquinaria minera que sube a las comunidades, así como la madera extirpada de los bosques, pasa solo a metros del destacamento. Esto es lo que más indigna a los líderes de la nación wampís.
Con las dos dragas que la organización indígena tiene identificadas en el Alto Santiago, son 22 las que actualmente están explotando el río. Diez más están inoperativas en la vegetación que flanquea el caudal. Galois Flores cree que los ilegales han recibido la alerta de un próximo operativo y que, cuando el rumor pase, las pondrán de nuevo a funcionar.
Han pasado casi 24 horas desde que la chalupa que estaba siendo cargada con trozas en la quebrada Yutupis inició el recorrido del Bajo Santiago. Ahora llega al puerto del barrio Héctor Peas, en Nieva, y enseguida decenas de tablones uniformes y pulidos empiezan a ser subidos en un camión que ha esperado toda la mañana. Uno de los pobladores que nos acompaña sabe que durante la tarde del día anterior la madera pasó por un aserradero pequeño, situado entre los bosques previos al río Marañón.
Durante los siguientes dos días —confirma— el camión transitará los sectores de Corral Quemado, en Bagua (Amazonas), y Pucará, en Jaén (Cajamarca). Luego llegará a Olmos (Lambayeque) y finalmente, a través de la carretera Panamericana Norte, a Piura. “Otras organizaciones en el Santiago llevan sus cargamentos a los aserraderos del puerto de Nieva, desde donde siguen el mismo itinerario a Piura”, agrega.
Los trabajadores del puerto calculan que ocho camiones entran y salen cada semana con el mismo objetivo. Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional y el Ejército del Perú, pero no obtuvo respuesta.
* Pueden leer la versión completa del reportaje en Mongabay Latam.
** Los nombres de algunas personas entrevistadas para este reportaje fueron reemplazados por seudónimos o sobrenombres por seguridad.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho declaró la alerta amarilla en la totalidad de los establecimientos de salud de la región, como medida preventiva frente a la temporada de lluvias intensas que afecta a varias provincias. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la directora regional de Salud, Jannett […]
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho declaró la alerta amarilla en la totalidad de los establecimientos de salud de la región, como medida preventiva frente a la temporada de lluvias intensas que afecta a varias provincias. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la directora regional de Salud, Jannett Lovera, quien explicó que la medida busca garantizar una respuesta inmediata ante posibles emergencias y proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD
Según informó la titular de la Diresa, la alerta amarilla permite que todos los establecimientos de salud estén en capacidad de actuar de manera oportuna ante contingencias derivadas de las lluvias, como inundaciones, deslizamientos o el incremento de enfermedades propias de esta temporada. Precisó que la medida no solo contempla acciones de atención médica, sino también actividades preventivas y de promoción de la salud, orientadas a que la población esté informada y preparada. Jannett Lovera detalló que la región cuenta con brigadistas de respuesta inmediata, personal de inmunizaciones, nutricionistas y otros profesionales que ya se encuentran desplegando acciones en coordinación con los centros y puestos de salud. Estas labores incluyen vigilancia epidemiológica, atención oportuna de casos, campañas informativas y fortalecimiento de prácticas saludables. Asimismo, recordó que durante las lluvias suelen aumentar las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas, por lo que se ha reforzado la capacidad de respuesta del primer nivel de atención. https://jornada.com.pe/al-menos-39-familias-damnificadas-dejan-las-lluvias-intensas-en-ayacucho-segun-el-coer/ Desde la Diresa también se informó que los establecimientos están preparados para atender daños a la salud que pudieran presentarse y que se mantiene una articulación constante entre los diferentes servicios de la región. La declaratoria de alerta amarilla se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Salud para situaciones de riesgo climático, vigentes a nivel nacional.
ALIMENTACIÓN, VACUNACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS
La nutricionista Melany Hiyo, del Centro de Salud de Mollepata, destacó la importancia de una alimentación saludable, balanceada y acorde a la edad, especialmente en niños menores de cinco años. Explicó que una adecuada nutrición ayuda a prevenir la anemia, la desnutrición y también problemas como el sobrepeso y la obesidad. Hiyo detalló recomendaciones específicas sobre la consistencia y cantidad de alimentos para niños desde los seis meses, así como la necesidad de incluir alimentos de origen animal, frutas, verduras y menestras, acompañadas de bebidas cítricas para mejorar la absorción del hierro. También exhortó a evitar los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, priorizando el consumo de agua y alimentos naturales disponibles en cada localidad. https://jornada.com.pe/vraem-joven-madre-seria-la-primera-victima-mortal-por-intensas-lluvias-en-ayna/ El coordinador de la Etapa de Vida Niño de la Diresa, Ronald Escobar, resaltó la vacunación como una de las principales medidas preventivas frente a enfermedades que pueden agravarse en temporada de lluvias. Recordó que el cumplimiento del calendario de vacunación es fundamental tanto en niños como en adultos mayores, y subrayó que las vacunas son gratuitas y se aplican en todos los establecimientos de salud, incluso mediante estrategias de vacunación casa por casa. Escobar también recomendó reforzar prácticas como el lavado de manos, la lactancia materna, una alimentación rica en hierro, el uso de mascarillas en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación. Finalmente, instó a la población a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante signos de alarma como fiebre persistente, tos intensa o dificultad para respirar. Durante la actividad, se realizaron demostraciones de lavado correcto de manos, reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de la mochila de emergencia, como parte del enfoque preventivo promovido por la Diresa.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Este jueves a las 17:00 horas, la jueza Kety Neyra Calderón emitirá sentencia por el sonado caso de corrupción del 2015, que alcanza al candidato al Gobierno Regional, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, por colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Antón, donde dirigía las licitaciones. En octubre de ese año fue jefe […]
Este jueves a las 17:00 horas, la jueza Kety Neyra Calderón emitirá sentencia por el sonado caso de corrupción del 2015, que alcanza al candidato al Gobierno Regional, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, por colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Antón, donde dirigía las licitaciones.
En octubre de ese año fue jefe de Infraestructura y además presidió el Comité de Selección a cargo del ‘faenón’ en la construcción de pistas y veredas por S/ 2 millones 707 mil 261 favoreciendo al Consorcio Innova.
Años atrás se divulgaron audios que revelan al entonces alcalde de San Antón, Moisés Yorocco Mamani, pactando la entrega de S/ 270 mil, como suculento diezmo por la millonaria obra.
Como se recuerda, la autoridad edil y los empresarios fueron condenados el 17 de febrero de 2023 por el juez Víctor Calisaya Coila, quien les impuso 10 años de cárcel y el pago de 700 mil de reparación. Sin embargo, absolvieron a Tonconi Quispe y al procurador del municipio, Juan Salas Argandoña Rodríguez y el servidor Elmer Reynaldo Vilcapaza.
El 6 de enero de 2025, la Sala de Apelaciones, anuló el extremo absolutorio y apartó del caso a dicho magistrado, ordenando un nuevo juicio oral, que al cabo de catorce meses recién concluyeron.
PERITO Y TESTIGO
Ayer a las 09:00 horas se oyeron los alegatos de cierre, recabándose la declaración de los tres procesados. La jueza Neyra Calderón admitió que Tonconi Quispe, presente un perito de parte y un testigo; el primero trató de desechar la acusación complementaria por colusión agravada, presentada por la fiscal anticorrución, Ángela Catacora Aguirre, quien hace pocas semanas alcanzó “tres nuevos hechos”; y el segundo intentó soslayar una llamada telefónica en la que el polémico jefe de Infraestructura se comunica con el empresario corrupto. Ambas intervenciones fueron pocos creíbles.
DESCONOCÍA LA LEY
La intervención del ahora candidato al GRP buscó debilitar la imputación de que hubo una concertación directa, ya no indirecta, con los representantes del consorcio Innova. ¿Qué tiene usted que decir en defensa suya?, preguntó la magistrada.
Tonconi cuestionó a la Fiscalía y dijo que “un experto independiente de nombre Edwin Francisco Rodríguez Ortiz” dirigió el proceso de selección. “Mi persona estaba encargado de área usuaria. Yo no tengo suficiente conocimiento de la Ley de Contrataciones No sé qué parte, no entiendo al Ministerio Público, que está haciendo constar este hecho nuevo”, dijo.
NO SE ACUERDA…
Al ser interrogado, que el 27 de noviembre de 2015 se comunicó con el empresario de nombre Igor, indicó “debe ser, no me recuerdo porque ya pasaron más de diez años…
Probablemente la población venía, nos ha presionado seguramente como ya hay una empresa ganadora, que la única empresa que se ha presentado, ya pues que firme el contrato. Seguramente debe ser eso, no recuerdo”, dijo.
NEGÓ SU FIRMA
Finalmente, desvirtuó que haya firmado las conformidades de obra con las que pagaron a la empresa sin que aún inicie los trabajos. “En ninguna parte existe mi firma porque según la ley de contrataciones eso se paga al mes siguiente de su ejecución. No se dé qué estará acusándome…”, añadió.
ÚLTIMA DERROTA
El último 22 de enero ese juzgado ha declarado improcedente un recurso de apelación presentado nueve días antes. Pidió que le aclaren las tres nuevas pruebas, pero esa no era la vía. Debió interponer una reposición.
La jueza convocó a la lectura de sentencia para el 29 de enero a las 17:00 horas. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, vendría una condena.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Una reforma constitucional para que la población evalúe a medio mandato la labor de los parlamentarios y, de ser el caso, les quite la confianza, propuso el aspirante a la Cámara de Diputados por la región Puno, Orlando Hilario Ríos Cisneros. El aspirante del partido político Primero La Gente, dijo que su candidatura ya ha […]
Una reforma constitucional para que la población evalúe a medio mandato la labor de los parlamentarios y, de ser el caso, les quite la confianza, propuso el aspirante a la Cámara de Diputados por la región Puno, Orlando Hilario Ríos Cisneros.
El aspirante del partido político Primero La Gente, dijo que su candidatura ya ha sido admitida, aunque en la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, no figuran candidatos por este partido a ninguna de las cámaras legislativas.
En términos políticos, dijo que se define como alguien de centro izquierda y dijo que una de sus primeras acciones de llegar al poder será plantear una reforma para que a los dos años y medio de mandato, la población realice una especie de evaluación y decida si los congresistas deban o no de permanecer en el Parlamento.
Asimismo, propuso impulsar iniciativas legislativas a favor de los profesionales que egresen de las universidades, a fin de que se supriman los requisitos de experiencia laboral previa, para que puedan ocupar algún puesto de trabajo.
Además, señaló que propiciarán la derogatoria de todas las leyes procrimen y la implementación de otras que se adecúen a la realidad de determinadas jurisdicciones.
Ríos Cisneros, afirmó ser contador público; postuló en el año 1993 como regidor por Socabaya, en Arequipa, lugar en el que vivió hasta el año 2000, para luego regresar a Puno.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Autoridades de Arequipa investigan presuntos delitos contra la vida y salud de un recién nacido en el hospital Goyeneche el pasado 24 de enero.
El Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Gerencia Regional de Salud (GERESA), activó los protocolos de supervisión tras los hechos reportados en la sala de partos del Hospital III Goyeneche. Las autoridades regionales confirmaron la creación de una comisión investigadora que busca esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido el 24 de enero de 2026. Según la información oficial, los sucesos habrían puesto en peligro la integridad de una madre y su hijo recién nacido durante el proceso de alumbramiento. La entidad regional remarcó su rechazo ante cualquier omisión que vulnere la seguridad de los pacientes y prometió sanciones rigurosas para quienes resulten responsables tras las indagaciones.
De manera paralela, el Ministerio Público tomó acciones directas frente a este caso. El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, liderado por la fiscal Rocio Monroy Pacheco, dispuso el inicio de una investigación preliminar por un plazo de 60 días. Las pesquisas apuntan a la trabajadora de salud Ana C. R., a quien las autoridades señalan por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. La denuncia sostiene que la obstetra habría incumplido los protocolos establecidos al momento de realizar el corte del cordón umbilical, lo cual afectó directamente la condición médica del neonato. Asimismo, la fiscalía incluyó en el proceso a un efectivo policial del nosocomio por una presunta omisión de funciones, al no recibir la denuncia de la madre en el momento de los hechos.
La comisión investigadora de la GERESA reúne a especialistas de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, Recursos Humanos y Asesoría Legal. Estos profesionales trabajan junto a los representantes de las estrategias de salud del niño y salud sexual para determinar las fallas administrativas. Mientras tanto, la Fiscalía encargó al personal de Homicidios de la Divincri la realización de diligencias urgentes durante los primeros 30 días del proceso penal.
Protocolos en debate y tensiones en el sector salud
El origen del conflicto en la sala de partos se vincula con una fuerte discusión verbal entre el personal médico, según revelan imágenes difundidas recientemente. La jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, detalló que el altercado surgió por discrepancias sobre el procedimiento correcto para el corte del cordón umbilical. El enfrentamiento ocurrió frente a la paciente, identificada como Natividad C.Z., quien incluso solicitó al personal que detuvieran la disputa durante su atención. Este escenario expone no solo una falta de coordinación interna, sino también una vulneración directa a los derechos de la paciente y del recién nacido en un momento crítico.
Desde el ámbito gremial, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, ofreció una perspectiva complementaria sobre las tensiones en los hospitales locales. La representante señaló que la reciente Norma Técnica de Salud N.° 214-MINSA genera fricciones entre los distintos profesionales de la salud. Según Velázquez, la normativa promueve una presencia excesiva de personal en las salas de partos, lo que deriva en hacinamiento y aumenta el riesgo de infecciones en instituciones con infraestructura antigua como el hospital Goyeneche. Además, cuestionó los cambios en los tiempos del pinzamiento del cordón umbilical, argumentando que las nuevas directrices contradicen la formación profesional de los obstetras y dificultan el contacto inmediato entre madre e hijo.
Actualmente, el Ministerio Público espera la entrega de la historia clínica y las declaraciones de los involucrados para consolidar el caso. Por su parte, la madre de familia ya recibió el alta médica, aunque la menor permanece bajo observación para descartar secuelas derivadas del procedimiento cuestionado. Las autoridades de salud reafirmaron su compromiso con la transparencia mientras las investigaciones administrativas y penales avanzan de forma simultánea para garantizar justicia a los afectados.
Con información de la Geresa y del Ministerio Público.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
Sunass insta a no abrir buzones de desagüe durante las lluvias en Arequipa y detalla el plan de respuesta ante aniegos.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha encendido las alarmas en la Ciudad Blanca. Desde que las precipitaciones empezaron a golpear la región, la entidad registró una cifra preocupante: más de 400 reportes de incidencias relacionados con atoros, aniegos y colapsos totales del sistema de alcantarillado. Este escenario no representa solo un problema de infraestructura o un mal olor pasajero; constituye una amenaza directa para la salud pública de miles de arequipeños que hoy conviven con el desborde de aguas residuales en sus calles y, en los casos más graves, dentro de sus propios hogares.
Ante esta situación, el ente regulador lanzó un recordatorio contundente que los ciudadanos deben conocer bien. La empresa Sedapar tiene la responsabilidad ineludible de ejecutar labores de limpieza y desinfección de forma inmediata. No importa si el problema ocurrió en plena vía pública o si los desechos ingresaron a una propiedad privada. La empresa prestadora debe intervenir para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades infectocontagiosas. La exposición a estos residuos sin un tratamiento técnico adecuado puede derivar en crisis sanitarias locales que complican todavía más el panorama habitual de la temporada de lluvias.
Para garantizar que estos espacios recuperen su salubridad, el protocolo técnico es estricto y no admite medias tintas. Una vez que los operarios solucionan el atoro físico, el personal de Sedapar debe realizar una desinfección profunda utilizando una solución clorada HTH, conocida técnicamente como hipoclorito de calcio. Este compuesto químico actúa eliminando los microorganismos peligrosos que quedan latentes tras el retiro del agua servida. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento enfatiza que estas tareas no representan un favor opcional hacia el usuario, sino que forman parte de las obligaciones operativas esenciales para proteger a la población.
Protocolos de reporte y prevención ciudadana
Los ciudadanos juegan un papel fundamental en la gestión de estas emergencias sanitarias. Si un vecino detecta un colapso, el primer paso consiste en realizar el reporte directamente a Sedapar. Sin embargo, si la empresa no brinda una respuesta oportuna o ignora el pedido, los afectados cuentan con el respaldo del regulador nacional. El jefe de la oficina en Arequipa, Saúl Alire Benavides, explicó que los usuarios pueden comunicarse mediante la línea corta 1899 para denunciar la falta de atención. También habilitaron un número de WhatsApp 161 431 80, donde es posible enviar fotografías y videos que sirven como evidencia irrefutable de la gravedad de la situación.
La oficina regional asegura que procesa esta información de manera instantánea para presionar por una atención rápida. Según el representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ellos canalizan los datos hacia la empresa prestadora y realizan un seguimiento exhaustivo hasta que el problema queda resuelto y la zona luce completamente desinfectada. Esta vigilancia busca evitar que los reportes queden en el olvido mientras el agua contaminada sigue expuesta al aire libre, afectando la vida diaria de los vecinos.
Finalmente, existe un factor preventivo que depende exclusivamente de la conducta vecinal y que puede evitar muchos desastres. El regulador hizo un llamado urgente para que las personas eviten la práctica de levantar las tapas de los buzones de alcantarillado cuando las calles se inundan por las tormentas. Aunque parece una solución rápida para drenar el agua de lluvia, esta acción genera un daño mayor a largo plazo. Al abrir los buzones, ingresan residuos sólidos, basura y sedimentos que las redes no tienen capacidad de transportar. El resultado es una sobrecarga masiva que termina provocando los mismos colapsos y obstrucciones que los ciudadanos intentan evitar. Durante los meses críticos de enero a marzo, mantener la integridad de las redes de desagüe resulta vital para que la ciudad soporte los embates del clima sin colapsar sanitariamente.
Con información de Sunass.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
Detectan falta de control en el uso de drones y GPS para el resguardo de terrenos de Majes Siguas II. Entérate de las observaciones técnicas aquí.
La Contraloría General de la República puso la lupa sobre la Autoridad Autónoma de Majes, la unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa. Resulta que el equipo de control encontró varias inconsistencias en los documentos para contratar la vigilancia de los terrenos del proyecto Majes Siguas II. Estamos hablando de una inversión importante que suma 2 389 834 soles para resguardar las pampas de Siguas y la zona de Pusa Pusa durante un año completo.
Los auditores revisaron los papeles entre el 14 y el 19 de enero de este 2026 y lo que vieron despierta muchas dudas sobre cómo se cuidará el patrimonio estatal. El Informe de Orientación de Oficio número 004-2026-OCI/0617-SOO deja claro que las bases administrativas no definen bien cómo funcionarán las herramientas tecnológicas ni cómo verificarán el trabajo.
Uno de los puntos que genera más ruido es el uso de drones. La Autoridad Autónoma de Majes quiere tecnología en el aire, pero olvidó anotar quiénes manejarán estos equipos. No pidieron un perfil técnico para los operadores ni establecieron cuántas veces al día deben volar los aparatos. Sin estas reglas, la empresa ganadora podría dejar el drone guardado la mayor parte del tiempo y nadie podría reclamar nada.
La vigilancia efectiva necesita parámetros claros de operatividad, no solo la presencia física del equipo. Lo mismo ocurre con los siete receptores de sistema de posicionamiento global que exige el contrato. Aunque los supervisores deben entregar reportes quincenales y mensuales, las bases no explican cómo presentarán la información de estos dispositivos para demostrar que realmente recorrieron los terrenos.
El problema no termina con los aparatos electrónicos, sino que se extiende al entrenamiento de las personas que pondrán el pecho por la seguridad de Majes Siguas II. El documento de la Contraloría General de la Repúblicamenciona que planean realizar ocho capacitaciones para el personal de vigilancia.
Sin embargo, los encargados de redactar las bases omitieron la duración de cada jornada y el cronograma para ejecutarlas. Esto resulta vital porque en estas charlas también participará personal de la propia Autoridad Autónoma de Majes que ya cumple un horario de trabajo establecido. Si no coordinan estos tiempos con antelación, la capacitación podría quedar solo en el papel o interrumpir las labores administrativas.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando revisamos las prácticas con armas. El contrato exige que los 29 agentes de vigilancia realicen cuatro ejercicios de tiro al año. El gran riesgo aquí es la falta de un calendario específico. Al no existir un orden, la empresa contratista podría realizar todos los entrenamientos en una sola semana o incluso en un día para salir del paso.
Una práctica tan apresurada no garantiza que el personal mantenga la destreza necesaria para reaccionar ante una emergencia real en las pampas. La Contraloría General de la República advierte que esta falta de rigor impide un desempeño eficaz y eficiente de los guardias. Ahora, la administración regional tiene la responsabilidad de corregir estos vacíos antes de que el contrato avance y el dinero público termine en un servicio lleno de dudas técnicas.
Con información de la Contraloría General de la República.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
Las fuertes precipitaciones registradas el 27 de enero activaron tres alertas por inundación en comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Ene, en los distritos de Río Tambo y Pangoa. Las emergencias fueron ocasionadas por la crecida de los ríos Quempiri y Anapate, como consecuencia de las lluvias intensas en la zona alta de […]
Las fuertes precipitaciones registradas el 27 de enero activaron tres alertas por inundación en comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Ene, en los distritos de Río Tambo y Pangoa. Las emergencias fueron ocasionadas por la crecida de los ríos Quempiri y Anapate, como consecuencia de las lluvias intensas en la zona alta de la cuenca.
Uno de los reportes corresponde a la comunidad nativa Pampa Alegre, en el distrito de Río Tambo, donde la crecida del río Quempiri provocó la inundación de calles y de instituciones educativas cercanas. La afectación se registró en las primeras horas de la mañana del 27 de enero, cerca de la carretera que conduce a Quimaropitari.
Viviendas y cultivos dañados en Boca Anapate
En el distrito de Pangoa, la comunidad nativa Boca Anapate también resultó afectada por la crecida del río Anapate. Según el reporte, la inundación alcanzó viviendas y áreas de cultivo ubicadas en la margen derecha del río, perjudicando a 15 familias de la zona.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de INDECI Pangoa para atender la emergencia y brindar apoyo a la población afectada, debido a los daños registrados tanto en infraestructura familiar como en medios de subsistencia.
Foto: Difusión
Quempiri: alrededor de 20 familias afectadas
La tercera alerta se emitió por la crecida del río Quempiri y sus afluentes, que ocasionó inundaciones en la comunidad nativa Quempiri, también ubicada en el distrito de Río Tambo. El desborde afectó viviendas y áreas de cultivo de aproximadamente 20 familias asentadas en la margen derecha del río Ene.
En este caso, se solicitó la atención de INDECI Río Tambo, mientras la municipalidad distrital procedió con el registro de la emergencia a través del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).
Llamado a una atención inmediata
Frente a la magnitud de las afectaciones, se hizo un llamado a las municipalidades de Río Tambo y Pangoa, al Gobierno Regional de Junín y al Gobierno Nacional para sumar esfuerzos y garantizar una atención oportuna a las comunidades impactadas por las inundaciones.
Las emergencias registradas evidencian la vulnerabilidad de las comunidades de la cuenca del Ene frente a eventos climáticos extremos, en un contexto de lluvias intensas que continúan afectando diversas zonas de la Amazonía y ceja de selva del país.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Erick Moreno Hernández alias el 'Monstruo' llega este 28 de enero a territorio peruano desde Paraguay donde fue atrapado. Ahora deberá enfrentarse a la justicia nacional.
Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’ llegó la tarde de este miércoles a Lima procedente de Asunción, Paraguay, país donde fue atrapado, luego de huir de la justicia peruana tras ser condenado a 32 años de prisión por crímenes atroces como homicidios, robo agravado, sicariato y microcomercialización de drogas. Además de ser investigado por secuestro, extorsión y organización criminal.
Completado el proceso de extradición que solicitó la Fiscalía de la Nación en junio y ratificó en septiembre de 2025, por sus crímenes, las autoridades paraguayas procedieron a su entrega inmediata al Perú. Así, este martes se inició su viaje que concluirá por la tarde cuando pase a manos de la justicia peruana.
Para su traslado viajó a Asunción una delegación peruana que cumplió con coordinar los últimos trámites como logística aérea, coordinación judicial y supervisión fiscal a fin de concretar su llegada a Perú, aproximadamente a las 18:00 horas. Además de custodiar a “El Monstruo” dada la alta atención mediática por su historial delictivo.
El Monstruo «pisó» tierra peruana en Arequipa
A Erick Moreno Hernández lo están trasladando con capucha, chaleco antibalas y grilletes en las manos y los tobillos, según las primeras imágenes que se apreciaron por los medios de comunicación de ambos países. El Monstuo es uno de los delincuentes más peligrosos y buscados en el Perú.
De acuerdo con lo que informó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, el traslado aéreo contempla escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y posteriormente en Arequipa, donde se realizarían labores de abastecimiento, revisión de la aeronave y un reconocimiento médico legal al extraditado.
El Monstruo llegó al Ala Aérea N° 3 de Arequipa, al promediar las 13:00 horas de donde luego partió rumbo a Lima cerca a las 17:00 horas. Antes pasó por un reconocimiento médico legal para confirmar su estado físico y de salud. Hubo un gran contingente militar y policial entre los que destacaron los efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).
Moreno partió de Arequipa al promediar las 16:00 horas y llegó a Lima como estaba previsto, alrededor de las 6:00 p.m. Será recluido provisionalmente en la Dircote, de la avenida España en el Centro de Lima. Por esta razón, el comandante Arriola inspeccionó las instalaciones previamente. Luego se definirá el centro penitenciario al que será trasladado tras enfrentar a la justicia peruana.
Principales delitos del ‘Monstruo’ como presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte
Al ‘Monstruo’ se le sindica como el líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y por tanto el principal responsable de crímenes graves cometidos en Lima y otras zonas del país.
Los crímenes más resaltantes son secuestros agravados, como el de la empresaria Jackeline Salazar Flores. También, extorsión agravada y organización criminal vinculada al cobro de cupos a comerciantes y violencia contra sus víctimas.
Se le atribuye su participación en homicidios, robo agravado, sicariato y microcomercialización de drogas, por los que recibió una condena de 32 años de prisión antes de su fuga.
Tiene además, investigaciones por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, el caso entra en su fase decisiva tras completarse el proceso de extradición.
El Monstruo teme que en Perú lo van a matar
Hay que recordar que cuando fue atrapado por la policía paraguaya, el Monstruo se mostró temeroso de regresar al Perú, porque como dijo, teme por las represalias de sus enemigos. Dijo textualmente, “yo sé que llegando a Lima me van a matar”.
También se recuerda el video de poco más de seisminutos, que difundió en junio del 2025, pocos días después de los megaoperativos que desarticularon su organización criminal. En este, lanzó graves acusaciones contra miembros de la institución. En la grabación, el cabecilla aseguró que “algunos agentes que participaron en los operativos para capturarlo habrían mantenido contacto con él y recibido dinero”.
“Lo que más risa me da es que algunos policías que han participado en ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita. Y si hablara quiénes más están metidos no estarían allí”, afirmó Moreno Hernández, con el rostro cubierto y la voz distorsionada, probablemente para evitar ser reconocido.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
Una imagen de una supuesta “Encuesta Presidencial – julio de 2025” viene circulando en Facebook y otras redes sociales. En ella se atribuye a Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, el primer lugar de intención de voto en provincias con un 14%, seguido por otros candidatos. La gráfica señala como responsable a una presunta Encuestadora MAC.
La imagen obtuvo más de 3,700 reacciones, 1,700 comentarios y fue compartida 501 veces. Sin embargo, PerúCheck verificó la imagen y no encontró registros de ninguna encuestadora denominada MAC que haya realizado o difundido estudios de opinión electoral en el país.
No hay registros de una encuestadora llamada MAC
De acuerdo con la Resolución N.° 0462-2017-JNE, que regula el funcionamiento del Registro Electoral de Encuestadoras, toda persona natural o jurídica que pretenda difundir encuestas electorales debe estar inscrita previamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. La norma, sustentada en el artículo 18 de la Ley N.° 27369, establece que sólo pueden difundirse encuestas realizadas por instituciones debidamente registradas y que éstas deben incluir obligatoriamente la identificación de la encuestadora y su ficha técnica completa.
Artículo 18°.- Elaboración de encuestas.
Toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para el efecto deberá acreditar su denominación y domicilio. Todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones.
Sólo podrán publicarse encuestas cuando la persona o institución estén debidamente inscritas. El Jurado Nacional de Elecciones podrá suspender del registro antes mencionado a la persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión y que no se ajusten estrictamente a los procedimientos normados.
La supuesta encuesta recogida por este medio no presenta ficha técnica, no indica el tamaño de la muestra, la metodología empleada, el margen de error ni el nivel de representatividad del estudio. Tampoco se precisa con claridad el ámbito geográfico de la medición, más allá de una referencia genérica a “provincias”, lo que impide verificar el alcance real de los resultados difundidos.
Asimismo, PerúCheck realizó una búsqueda inversa de la imagen a través de Google Lens y no halló registros previos del logo ni antecedentes verificables de una encuestadora denominada MAC operando en el país.
Además, se revisó el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones. El nombre MAC no figura en el listado de encuestadoras vigentes, canceladas, sancionadas ni en el registro de entidades que han difundido encuestas sin estar inscritas.
La llamada ‘Encuestadora MAC’ no está registrada ante el JNE.
Calificación
La supuesta encuesta difundida en redes sociales que atribuye a Ricardo Belmont el primer lugar con 14% de intención de voto no es válida. La imagen no corresponde a ninguna encuestadora registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, carece de ficha técnica y no cumple con la normativa que regula la difusión de encuestas electorales en el Perú. Por tanto, PerúCheck califica esta información como falsa.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
PerúCheck es un medio de comunicación de verificación electoral del Consejo de la Prensa Peruana. Está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú.
El último fin de semana en Piura, dos jóvenes estudiantes fueron golpeados, amenazados y detenidos de manera arbitraria por un efectivo de la Policía Nacional, quien los habría confundido con delincuentes.
Lo más grave es que, pese a que ambos ya se encontraban reducidos, el agente amenazó con disparar a uno de ellos, quien intentaba registrar la intervención con su celular. El policía se amparó en el estado de emergencia y en las recientes leyes aprobadas por el Congreso, normas que hoy permiten el uso de la fuerza letal para la PNP.
Uno de los jóvenes acababa de cumplir 18 años y, aun estando en el suelo, se observa en el video cómo el efectivo continúa agrediéndolo físicamente, ignorando por completo la entrega de sus DNI, con los que intentaban demostrar su identidad y dejar en claro que no eran delincuentes.
Según el testimonio de los afectados, el agente los insultó y los increpó por haber intentado correr. Ellos explicaron que reaccionaron por miedo, ya que el policía se aproximó directamente con violencia y sin identificarse previamente. Tras permanecer detenidos, ambos reafirmaron que no opusieron resistencia en ningún momento, que intentaron colaborar y que fueron sistemáticamente ignorados.
Además, denunciaron que el efectivo intentó destruir el teléfono celular de uno de ellos, dispositivo que contenía la grabación donde se evidencian los abusos cometidos durante la intervención.
Los familiares exigen la destitución inmediata del agente, advirtiendo que este tipo de conductas, hoy respaldadas por un marco legal permisivo, podrían repetirse incluso contra menores de edad. La madre de uno de los jóvenes confirmó que su hijo es estudiante de un instituto tecnológico y que ninguno de los intervenidos registra antecedentes penales. Actualmente, ambos temen represalias por parte del efectivo involucrado.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Luego de denunciar hostigamiento durante todo su recorrido, heridos y familiares de las víctimas fallecidas en las protestas del gobierno de Dina Boluarte fueron detenidos por la Policía al llegar a Chilca.
En videos difundidos en redes sociales se observa un desproporcionado contingente policial realizando control de identidad, además de actos de amedrentamiento con varas y escudos, pese a tratarse de un grupo reducido de personas. En medio del reclamo de los familiares, uno de los agentes incluso intentó sacar su arma de reglamento, pero retrocedió al notar que estaba siendo grabado.
Los deudos hicieron hincapié en que son resguardados como si fueran delincuentes, según denunciaron, la Policía no actúa con la misma firmeza frente a la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país.
La congresista Ruth Luque venía alertando desde hace más de un día sobre este hostigamiento. Según indicó, la PNP tendría órdenes expresas de “acompañar” a los manifestantes durante cada tramo de su recorrido. No obstante, las imágenes difundidas evidencian un trato represivo contra los heridos y familiares que buscan llegar a Lima para participar en la movilización del 28 de enero y exigir justicia por las muertes ocurridas durante las protestas.
Por su parte, Amnistía Internacional se pronunció sobre lo ocurrido, confirmó la detención de dos personas y anunció que brindará acompañamiento y asesoramiento legal a los familiares afectados.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La llamada ‘Encuestadora MAC’ no está registrada ante el JNE.
