La Biblioteca Mario Vargas Llosa del Gobierno Regional de Arequipa presenta la exposición “El diccionario: donde las palabras viven”, un recorrido por una colección de diccionarios de distintas épocas, lenguas y disciplinas, que invita a descubrir la riqueza, la historia y el poder del lenguaje.
A través de estos materiales, los visitantes podrán explorar cómo las palabras se han registrado, transformadas y preservadas a lo largo del tiempo. Así, se han convertido en herramientas importantes para el conocimiento y la comunicación.
La biblioteca regional Mario Vargas Llosa cuenta con una importante cantidad de diccionarios de todo tipo, cuya lectura ofrece una gran variedad de significados, usos y diversas definiciones para los lectores curiosos. Están divididos por materias, lugares geográficos, antigüedad, entre otros.
La actividad se desarrollará en la Sala de Literatura Arequipeña el miércoles 29 de enero todo el día.
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En una reciente entrevista en el canal Best TV, Antonio Ortiz, candidato presidencial por el partido Salvemos al Perú, defendió la vuelta del servicio militar obligatorio en el Perú.
“Hemos perdido valores y disciplina. Antes teníamos servicio militar obligatorio, teníamos educación cívica, hemos perdido todo…”, señaló el postulante, para después decir: “¿Cómo podríamos hacer? En los países […] Corea del Sur, todo el mundo sirve a su patria [hace servicio militar], Inglaterra sirve a su patria”.
Sin embargo, el candidato falta a la verdad al mencionar a tales países. En Inglaterra no existe el servicio militar obligatorio desde 1960 y en Corea del Sur sólo aplica para hombres.
Inglaterra no tiene servicio militar obligatorio hace más de 60 años
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en cambio, sí se establecieron leyes que obligaban a las personas a cumplir con este servicio.
Los últimos casos de personas reclutadas fueron en 1960. Entonces se decidió darle fin a la ley de “Servicio Nacional”, que había existido desde 1939. En 1963, los últimos militares que habían entrado por estas normas dejaron las Fuerzas Armadas.
En Corea de Sur sólo los hombres cumplen el servicio militar obligatorio
En Corea del Sur, sólo están obligados a llevar servicio militar los hombresentre 18 y 28 años. La duración depende de una serie de factores. Las personas son medidas en términos de su capacidad física, y de acuerdo a eso y al equipo al que sean asignadas (ejército, aviación, marines, entre otros), varía entre 18 y 36 meses, según el Ministerio de Defensa coreano.
El cumplimiento está basado en la Constitución del país y se pone en práctica desde 1957 (ver página 108). No existen excepciones por objeción de conciencia. Es decir, la pertenencia a una religión, etnia o creencia no exime al ciudadano de servir en las Fuerzas Armadas.
Los únicos casos de exención son para atletas y artistas que han ganado certámenes prestigiosos, como los Juegos Olímpicos o premios musicales internacionales de la UNESCO. En estos casos, el servicio militar se reduce a cuatro semanas para luego realizar labores complementarias.
PerúCheck conversó con Soho Cho, ciudadana surcoreana, quien confirmó que en su país el servicio militar femenino es voluntario: “No he hecho servicio militar y no necesito hacerlo. Tampoco lo hicieron ninguna de mis amigas o conocidas”.
Respecto de los hombres, en cambio, señaló: “Todos los ciudadanos hombres sin discapacidades físicas están obligados a servir. Mi papá y mi hermano lo han hecho. Todos los hombres que conozco lo han hecho porque es obligatorio”.
El servicio militar en el Perú
En el Perú el servicio militar es absolutamente voluntario. El reclutamiento obligatorio está prohibido desde septiembre de 1999 a través de la ley 27178, que en el artículo 6 del capítulo II dice: “Queda prohibido el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal para ser incorporado al servicio en el activo”.
Recientemente, el gobierno de José Jerí decretó una modificación de ley que exige que todos los jóvenes de 17 años se inscriban en el Registro Militar, de tal forma que las Fuerzas Armadas tengan un registro de las personas en edad de combatir. El proceso es una inscripción; no implica el servicio.
Intentamos contactar al candidato Antonio Ortiz comunicándonos con el presidente de su partido y con la candidata a la vicepresidencia de la República. Al cierre de esta nota, no obtuvimos sus descargos.
Conclusión
Ni en Corea del Sur ni en Inglaterra el servicio militar es obligatorio para toda la población. En el país británico, es absolutamente voluntario, mientras que en el país asiático, sólo es obligatorio para los hombres. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Antonio Ortiz como falsas.
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PerúCheck es un medio de comunicación de verificación electoral del Consejo de la Prensa Peruana. Está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú.
En una entrevista con Exitosa Noticias, el candidato presidencial Francisco Diez-Canseco, del partido Perú Acción, se refirió a la situación de los penales y precisó lo siguiente:
“Las cárceles del Perú son centros de criminalidad no porque haya presos que son criminales, 70% ni siquiera tienen sentencia, sino porque están manejados por los criminales [sic]”.
Esta información ya fue desmentida por PerúCheck en 2021, cuando el excongresista Miguel Torres y la candidata Keiko Fujimori señalaron en algunas entrevistas que la mitad de la población penitenciaria del Perú no contaba con sentencia alguna. En ese momento, PerúCheck demostró que el porcentaje era menor: aproximadamente el 33%, similar a lo que es hoy en día.
Nuevas cifras
En el Perú hay 103,784 internos en cárceles, de los cuales 37,781 esperan sentencia, un 36.4%, según un informe de noviembre de 2025 del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fuente: INPE
Por otro lado, un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del año 2022 indica que del total de la población penitenciaria que está recluida (89,464 personas), 35,335 internos no tienen sentencia, cifra que representa aproximadamente el 39.4%.
Fuente: Boletín estadístico institucional del Ministerio de Justicia
Además, PerúCheck revisó los informes estadísticos del INPE desde 2012 hasta 2025 y encontró que en los últimos 14 años el número de internos sin sentencia se redujo en más de 20 puntos porcentuales:
Fuente: Tabla elaborada por PerúCheck con datos del boletín estadístico del INPE
Conclusión
Las cifras del INPE y del Ministerio de Justicia evidencian que la población de presos que no tiene sentencia ha ido bajando desde hace más de una década, llegando a representar el 2025 un 36% del total de internos. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Diez-Canseco como falsa.
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Artistas destacan que tradiciones como las máscaras preservan identidad y memoria colectiva, recordando que el carnaval también depende de cultura viva, no solo turismo.
PASÓ EN EL Perú | Ayacucho se alista para los Carnavales 2026, con hasta 40 mil visitantes esperados, mientras las carreteras en mal estado complican viajes largos y generan riesgos. Empresarios advierten que la falta de conectividad podría elevar costos, afectar el turismo y generar pérdidas económicas durante una de las fiestas culturales principales.
La municipalidad asegura planes multisectoriales para ordenar tránsito, reforzar seguridad y responder al flujo vehicular durante los días centrales de celebración regional. Artistas destacan que tradiciones como las máscaras preservan identidad y memoria colectiva, recordando que el carnaval también depende de cultura viva, no solo turismo.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Pese a 7 mociones de censura y una de vacancia presentadas, no hay más adherentes. Mandatario rinde sus declaraciones ante fiscal (i) Tomás Gálvez este viernes 30
No se han sumado más firmas parta pedir el pleno extraordinario del Congreso a find e debatir las seis mociones de censura y una de vacancia presentadas conta el presidente interino, José Jerí.
Desde el martes 27, solo hay 41 firmas de congresistas de las 78 necesarias para pedir un pleno extraordinario y debatir las mociones de censura y vacancia en contra del presidente interino, José Jerí, quien declarará este viernes 30 ante el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, sobre el denominado “Chifagate”, en alusión a sus actividades con empresarios chinos.
Aunque Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos y Somos Perú ya han manifestado o dado a entender claramente que no apoyarán las propuestas para sacar del cargo al mandatario, existen dudas aún sobre la decisión de otras bancadas, porque hasta el momento no firman el pedido para convocar a sesión.
A las seis mociones de censura presentadas se sumó una última de algunos congresistas de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y no agrupados. Todas cumplieron con juntar las 20 firmas necesarias, pero en general están firmadas por los mismos legisladores con algunas variantes.
Sigue igual el cuadro de las firmas de los congresistas para pedir el pleno extraordinario que elaboró el periodista Martín Hidalgo el martes 27 de enero.
En casi todas, se hace referencia a las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang y otros de esa nacionalidad. Y que trató de ocultar su identidad y que no se han registrado en la agenda presidencial. Actos que alegan los congresistas, vulneran “gravemente” los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público. Solo en Palacio ha habido 42 visitas de ciudadanos chinos.
La oposición de Fuerza Popular a discutir la censura o vacancia de Jerí
Todo indica que esta situación tomó por sorpresa a Fuerza Popular y más aún, la rápida reacción de las distintas bancadas para pedir la censura o vacancia del presidente. Frente a las revelaciones periodísticas sobre sus relaciones con los empresarios chinos.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, ha minimizado los actos del mandatario. Pese a que, según especialistas, el Ministerio Público debería evaluar no solo los cargos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Sino que también podría encontrar indicios para sumar otros delitos como cohecho.
Y como ya es una práctica usual de Fuerza Popular para que se refrende lo que desean aprobar o no, Rospigliosi Capurro encargó hacer un «informe jurídico». Este, sobre si procede la censura o la vacancia contra José Jerí. Llamó para el caso a Wilber Medina, quien iba a ser ministro de Justicia de Jerí pero lo vetaron. Pero luego fue su «consejero externo», según una investigación de Eloy Marchán.
A esta postura de ayuda se suma el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien ya ha sentenciado que, “en las reuniones del presidente Jerí no existe delito». Y afirma que «no se ha apreciado una conducta dolosa de su parte. Sino diversos tipos de especulaciones y sospechas que son materia de investigación en el Congreso y en la Fiscalía de la Nación”.
Y recordó también que el presidente Jerí ha dicho que “dirá toda la verdad y responderá con amplitud las preguntas que formulará este viernes 30 el fiscal de la nación sobre este tema”. Esto, cuando el mandatario ha dado hasta tres versiones sobre los hechos. Y que, el fiscal de la Nación interino, fue quien le archivó el caso por violación en el que estuvo implicado.
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La visita de Rafael López Aliaga a Arequipa no ha estado exenta de polémica. El candidato presidencial por Renovación Popular arribó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón promediando las 17:30 horas del pasado miércoles 28, día en que tenía pactado un mitin en el Teatro Fénix; un recinto de aforo reducido en el centro histórico de la ciudad blanca.
Hasta el lugar llegaron manifestantes de la denominada Generación Z, quienes tenían una propuesta programada para la misma fecha en contra del Congreso y del presidente José Jerí Oré. Los ciudadanos hicieron notar su descontento en contra de López Aliaga y los congresistas de la bancada de Renovación Popular.
Al grito de “Porky corrupto” y “fuera de Arequipa”, los protestantes recordaron los calificativos del candidato presidencial en contra de quienes se oponen a su partido y al actual Congreso. También mencionaron las supuestas deudas impagas que López Aliaga mantendría con el Estado peruano; así como su cercanía con Fuerza Popular y el fujimorismo.
La confrontación entre adherentes del exalcalde de Lima y los protestantes fue inevitable y ambos bandos se encararon. Algunos de los simpatizantes de Renovación Popular salieron en defensa del candidato. Un cerco policial evitó que los incidentes escalasen hasta las agresiones físicas.
Tras el mitin a puerta cerrada, Rafael López Aliaga concedió entrevistas a medios locales afines tanto a su candidatura como a las de sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.
Las actividades de López Aliaga continuaron el jueves 29 con una conferencia de prensa. Al igual que el mitin, la actividad comenzó con más de una hora de retraso. Sobre las protestas en su contra, el postulante reiteró que sus críticos son financiados por economías ilegales, narcotráfico, lavado de activos y hasta dictaduras extranjeras.
Respecto a temas nacionales, el líder de Renovación Popular señaló que varios postulantes ven el parlamento como una mina de oro. Asimismo, dijo que su agrupación no forma parte del denominado “pacto” que controla el Congreso; sino que se encuentran distanciados y excluidos de la mesa directiva.
Sobre Arequipa, el candidato dijo que la región tiene potencial de convertirse en “potencia mundial” en generación de energía eléctrica y en agroexportación con el destrabe del proyecto Majes Siguas II.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
«Nos dejan solos, no hay medidas efectivas del Gobierno. Todos los días hay atentados y cada vez con más ferocidad”, declaró un dirigente de los trnasportistas
Carabayllo, populoso distrito en Lima, vivió horas de terror tras registrarse dos atentados consecutivos vinculados a la extorsión y al accionar de bandas criminales, hechos que ocurrieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 28 de enero, evidenciando el nivel de violencia que golpea al distrito.
El primer ataque se produjo cuando un chofer de combi fue asesinado a sangre fría por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta, pese a que el Gobierno había prohibido el tránsito de dos personas en moto. El crimen dejó en evidencia la poca eficacia de esta medida, que no ha logrado frenar el sicariato ni la extorsión.
La víctima fue identificada como Abraham Quintanilla Chuquillanqui, conductor de la empresa de Transportes de Carabayllo, línea 1012. Testigos relataron que los delincuentes lo interceptaron cuando ingresaba a un grifo para cargar combustible. Antes de dispararle más de diez veces, uno de los atacantes le habría dicho: “Profe”.
Con este atentado, ya suman más de 15 ataques contra transportistas en lo que va del año en Lima, sector que continúa siendo uno de los más golpeados por el cobro de cupos y el sicariato. La empresa a la que pertenecía la víctima ya había denunciado amenazas y ataques previos.
Horas después, durante la madrugada del miércoles 28 de enero, un segundo hecho estremeció al distrito. Un artefacto explosivo fue detonado en una escuela deportiva de fútbol en Carabayllo, como parte de una amenaza extorsiva para obligar a los responsables del local a pagar cupos y poder seguir funcionando con normalidad.
Lo más alarmante es que en dicha escuela asisten niños que participaban en actividades de vacaciones útiles, generando pánico entre padres de familia y vecinos. Vecinos del distrito denunciaron que se sienten completamente abandonados. “No tenemos a quién recurrir. Esto ya es un desgobierno”, expresaron con indignación.
Por su parte, el dirigente del gremio de Transportes en Lima, Ángel Palomino, advirtió que la situación se ha agravado. “Si te atrasas un solo día en pagar la extorsión, te disparan y te matan. Nos dejan solos, no hay medidas efectivas del Gobierno. Todos los días hay atentados y cada vez con más ferocidad”, declaró a medios locales.
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Tras varios días de recorrido y pese al constante hostigamiento policial durante el trayecto, los familiares de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte lograron llegar a Lima como parte de la marcha de sacrificio “Uyariy”, con un solo objetivo: exigir justicia.
Desde tempranas horas, los deudos caminaron extensos tramos de la capital para visibilizar su pedido, no solo en memoria de sus familiares fallecidos, sino también de Víctor Santisteban, quien murió el 28 de enero de 2023 tras una intervención de la Policía Nacional.
Durante la movilización, diversos colectivos sociales y ciudadanos se sumaron a la marcha en señal de respaldo y solidaridad.
El impacto de la protesta no se limitó a Lima. A nivel nacional, el descontento ciudadano también se manifestó en distintas regiones. En ciudades como Arequipa y Moquegua, candidatos presidenciales fueron increpados por ciudadanos que los responsabilizan de haber respaldado al gobierno de Dina Boluarte, así como la represión policial registrada durante las manifestaciones. Los reclamos también apuntaron a la estigmatización de los manifestantes, a quienes algunos sectores calificaron como “terroristas”.
César Acuña y Rafael López Aliaga, enfrentaron momentos de tensión durante sus actividades proselitistas.
Pese a los intentos de sus militantes por minimizar los hechos, los reclamos ciudadanos se difundieron rápidamente en redes sociales, superando la visibilidad de sus propios actos proselitistas. La marcha “Uyariy” concluyó reafirmando su principal mensaje: la exigencia de verdad, justicia y memoria para las víctimas de las protestas.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Tras su suspensión, José Domingo Pérez volvió a captar la atención pública al iniciar una nueva etapa como conductor de un programa digital, espacio desde el cual ya no se restringe al opinar sobre figuras políticas, entre ellas Keiko Fujimori.
La reacción surgió luego de que la lideresa de Fuerza Popular, en una entrevista, volviera a acusar al fiscal de estar “obsesionado” con ella. Fujimori sostuvo que Pérez utiliza ahora una vitrina mediática para atacarla políticamente. Dejó entrever que su partido evaluaría acciones legales en su contra, aunque aclaró que ella, de manera personal, no presentará una demanda.
José Domingo Pérez le recordó que ella “tiene el poder» y él no. El fiscal recordó que Keiko Fujimori concentra una amplia influencia política a través de su bancada en el Congreso, mientras que él solo cuenta con el respaldo ciudadano. En ese sentido, cuestionó que desde el Parlamento se hayan impulsado modificaciones legales que, según indicó, terminaron favoreciendo directamente a Fuerza Popular y debilitando investigaciones fiscales.
Pérez también apuntó contra la actual conformación del Tribunal Constitucional, señalando que su elección respondió a acuerdos políticos en los que el fujimorismo tuvo un rol determinante, lo que —a su juicio— impactó en decisiones clave para procesos judiciales vinculados al caso Cocteles por ejemplo.
En respuesta, Keiko Fujimori afirmó que el archivo del caso Cócteles demuestra que las acusaciones en su contra fueron injustas. Además, aseguró que la nueva faceta mediática del fiscal “lo muestra tal como es”. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados al poder político de su partido.
Frente a ello, Pérez advirtió públicamente que el caso Cócteles no se encuentra cerrado de manera definitiva. Dijo que aún existen otras investigaciones en curso dentro del Ministerio Público que involucran a Fuerza Popular.
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En medio de gran despliegue, el ministro de Justicia Walter Martínez informó que se asignó un defensor público al preso para asegurar la continuidad del procedimiento y evitar dilaciones.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, informaron que Erick Moreno Hernández, alias el “Monstruo”, se internará en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, ubicada en el Callao, según estableció la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Explicaron que, tras la evaluación, se concluyó que el procesado “reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad” por lo que se ha dispuesto su ingreso al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao “por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”. Se le ha asignado también defensa pública para su defensa.
“Lo que se hace con la Defensa Pública Penal es asegurar que los procedimientos continúen sin dilaciones y sin la posibilidad de que a posterior pueda haber cuestionamientos del proceder de las autoridades judiciales. Esa es la única función de la Defensa Pública en este caso: asegurar la continuidad del proceso y de los procedimientos que se inician”, aclaró el titular del sector Justicia.
Como se sabe, Erick Moreno Hernández (alias el Monstruo) terminó extraditado desde Paraguay para responder ante la justicia peruana por la presunta comisión de los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada. También deberá cumplir la condena de 12 años por el delito de robo agravado que está vigente.
Traslado desde Paraguay
Hernández, alias «El Monstruo», resultó capturado el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Paraguay, en mérito a las órdenes de ubicación y captura cursadas por el Perú. Esto, en virtud de las tres extradiciones seguidas en su contra y que se gestionaron por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fue recibido por el titular del sector Justicia desde la base de la Dirección de Aviación Policial donde estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola.
Erick Moreno pasó por los exámenes de ley antes de que la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinara su internamiento en la Base Naval del Callao, un centro penitenciario especial que alberga a Vladimiro Montesinos y líderes de organizaciones terroristas.
Las extradiciones se dieron porque cumple con las condiciones establecidas en el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República del Paraguay suscrito el 17 de octubre de 1997. El tratado está vigente desde el 29 de noviembre de 2005 y su Acuerdo Complementario se suscribió el 5 de marzo de 2001.
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El Tribunal Constitucional estaría torciendo a su antojo la jurisprudencia peruana. Los tribunos se la pasan contradiciendo precedentes previos del propio TC.
El juez Richard Concepción Carhuancho advirtió que el tribunal habría incurrido en una clara incoherencia al emitir un fallo que favoreció a Mateo Castañeda en el caso Los Waykis en la Sombra.
El principal punto de debate gira en torno al plazo de 24 horas para apelar, el cual, según especialistas, no sería aplicable a casos de prisión preventiva como el de Castañeda.
A ello se suma otra controversia. El TC decidió enviar el caso directamente a la Junta Nacional de Justicia con el objetivo de evaluar una eventual sanción contra el magistrado. Sin embargo, lo que correspondería, de acuerdo con el procedimiento regular, es que el expediente pase primero a la Autoridad Nacional de Control.
Todo indica que el pacto no solo busca blindarse, sino también cobrar revancha contra quienes considera sus rivales.
Vocero de APP cuestiona a su bancada por no apoyar vacancia contra José Jerí: “Están haciendo lo que les da la gana”
El Chifagate de José Jerí comienza a complicar a los partidos del pacto.
Si bien el fujimorismo no esconde su blindaje al presidente Stradivarius, otras agrupaciones, como Alianza para el Progreso, empiezan a sentir el desgaste político de no sancionar al mandatario.
La situación fue consultada al vocero de APP, Martín Salas, quien reconoció que su propia bancada “hace lo que le da la gana” y no respalda la moción de censura contra “Pajerí”.
Esto, pese a que el partido ya había fijado una posición pública solicitando la salida del presidente.
La explicación terminó sonando a lavado de manos para César Acuña, ya que se insistió en que los congresistas apepistas deciden por cuenta propia, sin tomar en cuenta la postura oficial de la agrupación.
¿Y Petipán se queda tan tranquilo cuando sus esbirros no le hacen caso? Tremendo cuentazo.
Marcha de sacrificio “Uyariy” llegó a Lima para exigir justicia por sus familiares fallecidos: candidatos que avalaron muertes fueron increpados
Después de varios días de viaje y pese al constante hostigamiento policial durante el recorrido, los familiares de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte lograron llegar a Lima con un solo objetivo: hacerse escuchar. Y lo consiguieron.
Desde tempranas horas, los deudos caminaron largos tramos de la capital exigiendo justicia, no solo por sus seres queridos, sino también en memoria de Víctor Santisteban, quien el 28 de enero de 2023 murió a manos de la Policía Nacional.
Durante la movilización, diversos colectivos y ciudadanos se fueron sumando en señal de respaldo. Pero el impacto de la marcha no se sintió únicamente en Lima. A nivel nacional, el rechazo ciudadano también se hizo notar. En regiones como Arequipa y Moquegua, candidatos presidenciales vivieron momentos incómodos al ser increpados por ciudadanos que los responsabilizan de haber avalado al gobierno de Dina Boluarte, la represión policial y la estigmatización de los manifestantes, a quienes calificaron como “terroristas”.
Así ocurrió con figuras como César Acuña y Rafael López Aliaga. Aunque ambos intentaron minimizar los hechos a través de sus militantes, los reclamos se viralizaron con mayor fuerza que sus propios actos proselitistas.
Al final, la marcha cumplió su propósito: ser escuchados.
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Juez Concepción Carhuancho señala que el TC contradijo sus precedentes tras conceder habeas corpus a Mateo Castañeda
Vocero de APP cuestiona a su bancada por no apoyar vacancia contra José Jerí: «Están haciendo lo que les da la gana»
Marcha de sacrificio “Uyariy” llegó a Lima para exigir justicia por sus familiares fallecidos: candidatos que avalaron muertes fueron increpados
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– Censura a Jerí es posible, pero el pacto ya tomó sistema de justicia – Delia Espinoza no se rinde y denuncia nuevamente a Rospigliosi – Cosas que pasan solo en el Perú – Candidatos rechazados
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Crónica | Sobre el espaldar de una silla, Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde […]
Crónica | Sobre el espaldar de una silla, Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde viajaba. Eran 60 pasajeros y fue él quien estuvo más cerca de morir. Ampama es el jefe de Huabal, la máxima autoridad en esta comunidad wampís de la cuenca del río Santiago, Amazonía peruana.
Por su ubicación en la parte central del río Santiago, Huabal es uno de los sectores más vulnerables. Como otros pueblos del llamado Medio Santiago, desde hace cinco años enfrenta un riesgo latente ante el violento avance de la minería y la tala ilegal en territorios wampís adyacentes al río amazónico.
Mongabay Latam surcó el Santiago desde Huabal e ingresó a las comunidades que están en el camino, próximas a la desembocadura en el río Marañón (Bajo Santiago). Son poblaciones que no cuentan con la asistencia del Estado y viven oprimidas por la violencia, la contaminación y el descontrol que propagan las mafias del oro y la madera. En el camino, encontramos que al menos 20 dragas operan frente a cinco localidades wampís y un centro poblado: Papayacu, Guayabal, Fortaleza, Belén, San Juan y La Poza. Otras 10 permanecen ocultas en caños (canales que se desprenden del río) y quebradas.
Con la explotación del río Santiago llegó la deforestación de su entorno. Los focos mineros están en la mayoría de lugares donde grupos de madereros también van ganando terreno. El recorrido permitió reunir información clave que revela cómo cada red criminal asentada en la cuenca tiene brazos destinados a la minería y la extracción ilegal de madera fina. Esto hizo posible, además, el seguimiento de las rutas por donde son transportadas las cargas de oro y madera. Los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, organización que agrupa a 22 comunidades tituladas, no dudan que la devastación está en uno de sus momentos más críticos. “Su ambición por el oro y la madera está destruyendo el río y nuestros bosques”, expresa Henry Ampama.
En Huabal también vive Galois Flores, vicepresidente de la nación wampís, quien parece tener en la cabeza el mapa de 1.3 millones de hectáreas que su organización representa. Sabe que hay dos dragas mineras siendo accionadas día y noche en el Alto Santiago, al borde de la comunidad de Papayacu, cerca al límite con Ecuador. “Pero la convulsión está río abajo, camino a Nieva, por donde fuimos emboscados en julio”, dice.
La ruta del metal
Entre negocios de abarrotes y bares en La Poza, un centro poblado del Medio Santiago, hay dos tiendas que ofrecen equipos de buceo, motores, alfombras, mangueras de succión. Lo necesario para la operación completa en una draga minera. Ningún transeúnte parece un comunero wampís. Esta es una localidad habitada, básicamente, por personas no indígenas.
De una bodega salen dos hombres cargando una motosierra, un extenso tubo de metal y galoneras llenas de combustible. “Así se abastecen para entrar al río y al bosque. Acá las mafias sacan madera y oro. No están dedicadas a un solo delito”, confirma Josefino, conductor de la embarcación que atravesará el Santiago y a quien cambiamos el nombre por seguridad.
Con el rostro ajado, siempre a media sonrisa, Josefino relata que los materiales comprados aquí llegan a todos los focos mineros asentados en el Santiago. El petróleo que acaba de salir de la bodega —afirma— es para una draga que desde hace tres meses opera a orillas de La Poza. También sostiene que hay compradores de oro que llegan a La Poza porque ahí o en los puntos de excavación del río se paga hasta 200 soles por gramo. Cuando va de salida y en los destinos finales el costo por gramo sube hasta 280 soles.
Desde el aire, las dragas aparecen como sanguijuelas que succionan y devastan el río. La imagen corresponde al sector del Bajo Santiago. Foto: Luis Taijín
Agentes de inteligencia consultados para esta investigación detallan que el oro sale por los ríos Santiago, Marañón y Nieva. En la ciudad de Nieva están a la espera camionetas enviadas por los cabecillas de las mafias incrustadas en la cuenca del Santiago. Laruta del metal continúa por tierra: cuando son altas cantidades, pasan por Bagua (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque) hasta Trujillo (La Libertad) o Lima. Las indagaciones por parte de personal militar dan cuenta de que en Lima y Trujillo el oro ilegal es vendido a negocios, empresas e incluso mineras formales, que lo “blanquean” con documentos amañados.
Si son proporciones menores del mineral, la mercadería puede quedarse, además de en La Poza, en Nieva, Chiclayo e incluso tomar un desvío a Jaén (Cajamarca). Propietarios de bodegas, joyerías y comercios chicos lo adquieren para negociarlo a su modo.
Yutupis: pueblo en alerta permanente
En una oficina repleta de documentos sueltos, Tercero Ahuanari, el jefe de Yutupis, repite que el territorio al que hemos llegado está en un ámbito considerado de extrema pobreza. Yutupis es la comunidad más grande en toda la cuenca del Santiago, pero su zona urbana no tiene calles asfaltadas ni trochas afirmadas que la comuniquen con sus nueve anexos. Los habitantes están dedicados al cultivo de plátano, cacao y maíz, productos que terminan siendo para el consumo propio, pues la falta de vías imposibilita que puedan trasladar sus cosechas a los mercados.
Esa es la precariedad que denuncia Ahuanari y por la que —asegura— sus antecesores se vieron empujados a aceptar la minería ilegal. Más de 20 dragas llegaron a operar en Yutupis hasta hace cinco años. A cambio, la comunidad pudo construir dos puentes con los pagos recibidos. El dinero llegó con un costo altísimo: la alta toxicidad en el río que hizo que la nación wampís desalojara a todos los mineros en 2020. Pero la historia podría repetirse.
“Todavía hay oro acá y tenemos necesidades. Los gobiernos nacional y local no nos escuchan. Puedo hacer [un trato con los mineros], pero solo por tres o cuatro meses y a condición de que no metan tantas máquinas”, declara Ahuanari. Esta preocupación es un síntoma común en las comunidades visitadas para esta investigación.
Galois Flores explica que las organizaciones criminales evalúan previamente las necesidades y debilidades del pueblo que puedan aprovechar. Posteriormente, señala, “se afianzan y nunca cumplen lo que prometieron”.
Umbral de la deforestación
Gerónimo Tukup, técnico de la Dirección de Territorio, Ambiente y Naturaleza de la nación wampís, tiene registrado que hasta el año pasado la depredación forestal en las comunidades del río Santiago llegaba a 18 000 hectáreas. Los líderes wampís atribuyen porcentajes similares de aquel desbosque histórico a la arremetida de taladores y mineros ilegales tras el brote de la pandemia. Hasta mediados de 2025, según el proyecto MAAP, la deforestación por minería de oro alcanzó en Perú una extensión que supera las 139 000 hectáreas. Amazonas es una de las nueve regiones donde la actividad ilícita tuvo mayor incremento.
Yutupis también figura como una de las comunidades con más bosque afectado por acción de los madereros. Tercero Ahuanari sostiene que los jefes anteriores a su gestión obtuvieron permisos de aprovechamiento forestal con fines comerciales que no supieron controlar. El último, aprobado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y vigente hasta junio de 2026, autoriza la tala de 487 metros cúbicos de lupuna (Ceiba pentandra), sempo (Osteophloeum platyspermum) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). La información consta en los registros del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Tala descontrolada de madera en Yutupis. Foto: Mongabay Latam
El jefe de Yutupis explica que los madereros compradores manejaban las guías de transporte que estaban a nombre de la comunidad y así podían sacar más madera de la permitida. En otras palabras, talaban especies no autorizadas y en cantidades superiores a las que figuraban en los permisos. Luego, lo especificaban en las guías para pasar los controles.
“Ya no ocurre. Cuando entré, en noviembre de 2024, le quité todo a los madereros. Ahora yo estoy administrando”, anota, enfático, el jefe de Yutupis. A pesar del aparente esfuerzo por conservarlo, el bosque de la comunidad sigue siendo arrasado.
Un segmento de selva talada llega hasta la margen izquierda de la quebrada Yutupis. Allí, tres madereros con medio cuerpo bajo el agua cargan trozas de distintos tamaños y las acomodan en una chalupa. Otros dos, inclinados sobre la proa, llevan papeles en las manos y dirigen la operación.
“Son trozas de tornillo, pero también hay de madera fina: caoba o cedro”, refiere un integrante del sistema de autodefensa Charip —brigada de vigilancia conformada por comuneros wampís—, curtido en decomisos de especies prohibidas a los madereros ilegales de esta cuenca. También, en incautaciones de equipos y materiales utilizados en la minería ilegal. El trabajo de los Charip ha evitado hasta ahora que el Medio Santiago se convierta en un infierno de dragas.
Según Gerónimo Tukup, el problema de la tala ilegal también alcanza a las comunidades de Aintam, Yujagmkim, Guayabal, Fortaleza y Belén. A excepción de las dos últimas, el resto de pueblos tiene permisos forestales vigentes, de acuerdo con el Osinfor.
“Los madereros pagan por los permisos y mandan al jefe de la comunidad a gestionarlos. Así ellos entran y cortan lo que quieren”, explica Tukup. Cuando la comunidad no cuenta con la cantidad de madera que figura en el permiso —añade—, negocian en otras localidades para completar el volumen. “Eso también es ilegal, es blanqueo de madera. Pero no hay control”, insiste.
El “lavado” de madera mediante la tala de especies para las que no han sido emitidos permisos forestales, o en lugares no autorizados, genera sanciones para las comunidades nativas por parte del Estado que se traducen en deudas. Es otro perjuicio que deja la irrupción de los madereros en estas comunidades.
La madera extraída de los bosques wampís, según agentes de inteligencia, traspasa el río Santiago, recorre parte del río Marañón hasta su encuentro con el río Nieva y tiene una primera parada en el distrito de Nieva. Después, los cargamentos atraviesan por vía terrestre las ciudades de Bagua, Jaén (Cajamarca) y Olmos (Lambayeque) para terminar en Piura, al norte de Perú. Ahí, de acuerdo con la información recabada, la mercadería ya tiene compradores fijos.
Mongabay Latam siguió el trayecto de la embarcación que salió desde la quebrada Yutupis. Tras un viaje lento y exento de controles, la madera llegó a cada sitio descrito por las fuentes en campo.
Sitiados por la minería y tala ilegal
Aunque las organizaciones criminales tienen cuadrillas operando en tala y minería por separado, también propician que un delito abra paso al otro.
A tres horas de viaje desde Yutupis, rumbo a Nieva, la comunidad de Guayabal anuncia un panorama apocalíptico. Dos dragas devoran el río y forman islotes de arena y piedras entre ellas. La faena reúne a hombres y mujeres en torno a ambos puntos de devastación. Mientras tanto, en el ingreso a las quebradas que tributan al Santiago, tablones de lupunas aparecen desperdigados. Los comuneros coinciden en que es lo que ya no tuvo espacio dentro de los botes madereros que han partido a Nieva. Los taladores y mineros empezaron a operar al mismo tiempo —declaran—, hace cinco años.
Una imagen similar muestra el trecho del río Santiago que corresponde a la comunidad de Fortaleza, a unos 10 kilómetros de distancia desde Guayabal. La diferencia es que hay cuatro dragas operando en ubicaciones distintas y estratégicas. Este fue el escenario del atentado contra la comitiva de dirigentes de la nación wampís, en julio pasado.
La minería ilegal ha controlado Fortaleza. El caos derivó del descontrol que ocasionó la tala. El técnico Gerónimo Tukup tiene documentado que esta comunidad obtuvo un permiso forestal e hizo un trato con los madereros, quienes talaron especies distintas y volúmenes mayores a los autorizados. La comunidad fue sancionada y la deuda que quedó fue de 12 000 soles. “Tenían la idea de cancelar los 12 000 soles aceptando [los pagos de] la minería. Mire en lo que se convirtió. Exterminaron su territorio”, insiste.
Para el coordinador en Perú de la organización internacional Amazon Watch, Vladimir Pinto, hay una presencia muy fuerte de la minería ilegal que está avanzando en el ámbito wampís, pero también poblaciones con una lógica de resistencia mayoritaria apoyadas en una estructura de contención a este fenómeno representada por su gobierno territorial autónomo. “Se trata, por supuesto, de un terreno de disputa”, opina.
El 23 de diciembre de 2025, un puesto de control que la nación wampís había instalado en San Rafael, para interceptar el tránsito de combustible, mercurio y armas a los focos de explotación aluvial, fue atacado e incendiado por mineros ilegales.
Epicentros del delito
El río Santiago desemboca en el Marañón, precisamente, donde está la guarnición del Ejército peruano Teniente Pinglo. La maquinaria minera que sube a las comunidades, así como la madera extirpada de los bosques, pasa solo a metros del destacamento. Esto es lo que más indigna a los líderes de la nación wampís.
Con las dos dragas que la organización indígena tiene identificadas en el Alto Santiago, son 22 las que actualmente están explotando el río. Diez más están inoperativas en la vegetación que flanquea el caudal. Galois Flores cree que los ilegales han recibido la alerta de un próximo operativo y que, cuando el rumor pase, las pondrán de nuevo a funcionar.
Han pasado casi 24 horas desde que la chalupa que estaba siendo cargada con trozas en la quebrada Yutupis inició el recorrido del Bajo Santiago. Ahora llega al puerto del barrio Héctor Peas, en Nieva, y enseguida decenas de tablones uniformes y pulidos empiezan a ser subidos en un camión que ha esperado toda la mañana. Uno de los pobladores que nos acompaña sabe que durante la tarde del día anterior la madera pasó por un aserradero pequeño, situado entre los bosques previos al río Marañón.
Durante los siguientes dos días —confirma— el camión transitará los sectores de Corral Quemado, en Bagua (Amazonas), y Pucará, en Jaén (Cajamarca). Luego llegará a Olmos (Lambayeque) y finalmente, a través de la carretera Panamericana Norte, a Piura. “Otras organizaciones en el Santiago llevan sus cargamentos a los aserraderos del puerto de Nieva, desde donde siguen el mismo itinerario a Piura”, agrega.
Los trabajadores del puerto calculan que ocho camiones entran y salen cada semana con el mismo objetivo. Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional y el Ejército del Perú, pero no obtuvo respuesta.
* Pueden leer la versión completa del reportaje en Mongabay Latam.
** Los nombres de algunas personas entrevistadas para este reportaje fueron reemplazados por seudónimos o sobrenombres por seguridad.
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La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho declaró la alerta amarilla en la totalidad de los establecimientos de salud de la región, como medida preventiva frente a la temporada de lluvias intensas que afecta a varias provincias. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la directora regional de Salud, Jannett […]
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho declaró la alerta amarilla en la totalidad de los establecimientos de salud de la región, como medida preventiva frente a la temporada de lluvias intensas que afecta a varias provincias. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la directora regional de Salud, Jannett Lovera, quien explicó que la medida busca garantizar una respuesta inmediata ante posibles emergencias y proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD
Según informó la titular de la Diresa, la alerta amarilla permite que todos los establecimientos de salud estén en capacidad de actuar de manera oportuna ante contingencias derivadas de las lluvias, como inundaciones, deslizamientos o el incremento de enfermedades propias de esta temporada. Precisó que la medida no solo contempla acciones de atención médica, sino también actividades preventivas y de promoción de la salud, orientadas a que la población esté informada y preparada. Jannett Lovera detalló que la región cuenta con brigadistas de respuesta inmediata, personal de inmunizaciones, nutricionistas y otros profesionales que ya se encuentran desplegando acciones en coordinación con los centros y puestos de salud. Estas labores incluyen vigilancia epidemiológica, atención oportuna de casos, campañas informativas y fortalecimiento de prácticas saludables. Asimismo, recordó que durante las lluvias suelen aumentar las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas, por lo que se ha reforzado la capacidad de respuesta del primer nivel de atención. https://jornada.com.pe/al-menos-39-familias-damnificadas-dejan-las-lluvias-intensas-en-ayacucho-segun-el-coer/ Desde la Diresa también se informó que los establecimientos están preparados para atender daños a la salud que pudieran presentarse y que se mantiene una articulación constante entre los diferentes servicios de la región. La declaratoria de alerta amarilla se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Salud para situaciones de riesgo climático, vigentes a nivel nacional.
ALIMENTACIÓN, VACUNACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS
La nutricionista Melany Hiyo, del Centro de Salud de Mollepata, destacó la importancia de una alimentación saludable, balanceada y acorde a la edad, especialmente en niños menores de cinco años. Explicó que una adecuada nutrición ayuda a prevenir la anemia, la desnutrición y también problemas como el sobrepeso y la obesidad. Hiyo detalló recomendaciones específicas sobre la consistencia y cantidad de alimentos para niños desde los seis meses, así como la necesidad de incluir alimentos de origen animal, frutas, verduras y menestras, acompañadas de bebidas cítricas para mejorar la absorción del hierro. También exhortó a evitar los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, priorizando el consumo de agua y alimentos naturales disponibles en cada localidad. https://jornada.com.pe/vraem-joven-madre-seria-la-primera-victima-mortal-por-intensas-lluvias-en-ayna/ El coordinador de la Etapa de Vida Niño de la Diresa, Ronald Escobar, resaltó la vacunación como una de las principales medidas preventivas frente a enfermedades que pueden agravarse en temporada de lluvias. Recordó que el cumplimiento del calendario de vacunación es fundamental tanto en niños como en adultos mayores, y subrayó que las vacunas son gratuitas y se aplican en todos los establecimientos de salud, incluso mediante estrategias de vacunación casa por casa. Escobar también recomendó reforzar prácticas como el lavado de manos, la lactancia materna, una alimentación rica en hierro, el uso de mascarillas en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación. Finalmente, instó a la población a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante signos de alarma como fiebre persistente, tos intensa o dificultad para respirar. Durante la actividad, se realizaron demostraciones de lavado correcto de manos, reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de la mochila de emergencia, como parte del enfoque preventivo promovido por la Diresa.
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Este jueves a las 17:00 horas, la jueza Kety Neyra Calderón emitirá sentencia por el sonado caso de corrupción del 2015, que alcanza al candidato al Gobierno Regional, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, por colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Antón, donde dirigía las licitaciones. En octubre de ese año fue jefe […]
Este jueves a las 17:00 horas, la jueza Kety Neyra Calderón emitirá sentencia por el sonado caso de corrupción del 2015, que alcanza al candidato al Gobierno Regional, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, por colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Antón, donde dirigía las licitaciones.
En octubre de ese año fue jefe de Infraestructura y además presidió el Comité de Selección a cargo del ‘faenón’ en la construcción de pistas y veredas por S/ 2 millones 707 mil 261 favoreciendo al Consorcio Innova.
Años atrás se divulgaron audios que revelan al entonces alcalde de San Antón, Moisés Yorocco Mamani, pactando la entrega de S/ 270 mil, como suculento diezmo por la millonaria obra.
Como se recuerda, la autoridad edil y los empresarios fueron condenados el 17 de febrero de 2023 por el juez Víctor Calisaya Coila, quien les impuso 10 años de cárcel y el pago de 700 mil de reparación. Sin embargo, absolvieron a Tonconi Quispe y al procurador del municipio, Juan Salas Argandoña Rodríguez y el servidor Elmer Reynaldo Vilcapaza.
El 6 de enero de 2025, la Sala de Apelaciones, anuló el extremo absolutorio y apartó del caso a dicho magistrado, ordenando un nuevo juicio oral, que al cabo de catorce meses recién concluyeron.
PERITO Y TESTIGO
Ayer a las 09:00 horas se oyeron los alegatos de cierre, recabándose la declaración de los tres procesados. La jueza Neyra Calderón admitió que Tonconi Quispe, presente un perito de parte y un testigo; el primero trató de desechar la acusación complementaria por colusión agravada, presentada por la fiscal anticorrución, Ángela Catacora Aguirre, quien hace pocas semanas alcanzó “tres nuevos hechos”; y el segundo intentó soslayar una llamada telefónica en la que el polémico jefe de Infraestructura se comunica con el empresario corrupto. Ambas intervenciones fueron pocos creíbles.
DESCONOCÍA LA LEY
La intervención del ahora candidato al GRP buscó debilitar la imputación de que hubo una concertación directa, ya no indirecta, con los representantes del consorcio Innova. ¿Qué tiene usted que decir en defensa suya?, preguntó la magistrada.
Tonconi cuestionó a la Fiscalía y dijo que “un experto independiente de nombre Edwin Francisco Rodríguez Ortiz” dirigió el proceso de selección. “Mi persona estaba encargado de área usuaria. Yo no tengo suficiente conocimiento de la Ley de Contrataciones No sé qué parte, no entiendo al Ministerio Público, que está haciendo constar este hecho nuevo”, dijo.
NO SE ACUERDA…
Al ser interrogado, que el 27 de noviembre de 2015 se comunicó con el empresario de nombre Igor, indicó “debe ser, no me recuerdo porque ya pasaron más de diez años…
Probablemente la población venía, nos ha presionado seguramente como ya hay una empresa ganadora, que la única empresa que se ha presentado, ya pues que firme el contrato. Seguramente debe ser eso, no recuerdo”, dijo.
NEGÓ SU FIRMA
Finalmente, desvirtuó que haya firmado las conformidades de obra con las que pagaron a la empresa sin que aún inicie los trabajos. “En ninguna parte existe mi firma porque según la ley de contrataciones eso se paga al mes siguiente de su ejecución. No se dé qué estará acusándome…”, añadió.
ÚLTIMA DERROTA
El último 22 de enero ese juzgado ha declarado improcedente un recurso de apelación presentado nueve días antes. Pidió que le aclaren las tres nuevas pruebas, pero esa no era la vía. Debió interponer una reposición.
La jueza convocó a la lectura de sentencia para el 29 de enero a las 17:00 horas. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, vendría una condena.
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Una reforma constitucional para que la población evalúe a medio mandato la labor de los parlamentarios y, de ser el caso, les quite la confianza, propuso el aspirante a la Cámara de Diputados por la región Puno, Orlando Hilario Ríos Cisneros. El aspirante del partido político Primero La Gente, dijo que su candidatura ya ha […]
Una reforma constitucional para que la población evalúe a medio mandato la labor de los parlamentarios y, de ser el caso, les quite la confianza, propuso el aspirante a la Cámara de Diputados por la región Puno, Orlando Hilario Ríos Cisneros.
El aspirante del partido político Primero La Gente, dijo que su candidatura ya ha sido admitida, aunque en la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, no figuran candidatos por este partido a ninguna de las cámaras legislativas.
En términos políticos, dijo que se define como alguien de centro izquierda y dijo que una de sus primeras acciones de llegar al poder será plantear una reforma para que a los dos años y medio de mandato, la población realice una especie de evaluación y decida si los congresistas deban o no de permanecer en el Parlamento.
Asimismo, propuso impulsar iniciativas legislativas a favor de los profesionales que egresen de las universidades, a fin de que se supriman los requisitos de experiencia laboral previa, para que puedan ocupar algún puesto de trabajo.
Además, señaló que propiciarán la derogatoria de todas las leyes procrimen y la implementación de otras que se adecúen a la realidad de determinadas jurisdicciones.
Ríos Cisneros, afirmó ser contador público; postuló en el año 1993 como regidor por Socabaya, en Arequipa, lugar en el que vivió hasta el año 2000, para luego regresar a Puno.
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Autoridades de Arequipa investigan presuntos delitos contra la vida y salud de un recién nacido en el hospital Goyeneche el pasado 24 de enero.
El Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Gerencia Regional de Salud (GERESA), activó los protocolos de supervisión tras los hechos reportados en la sala de partos del Hospital III Goyeneche. Las autoridades regionales confirmaron la creación de una comisión investigadora que busca esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido el 24 de enero de 2026. Según la información oficial, los sucesos habrían puesto en peligro la integridad de una madre y su hijo recién nacido durante el proceso de alumbramiento. La entidad regional remarcó su rechazo ante cualquier omisión que vulnere la seguridad de los pacientes y prometió sanciones rigurosas para quienes resulten responsables tras las indagaciones.
De manera paralela, el Ministerio Público tomó acciones directas frente a este caso. El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, liderado por la fiscal Rocio Monroy Pacheco, dispuso el inicio de una investigación preliminar por un plazo de 60 días. Las pesquisas apuntan a la trabajadora de salud Ana C. R., a quien las autoridades señalan por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. La denuncia sostiene que la obstetra habría incumplido los protocolos establecidos al momento de realizar el corte del cordón umbilical, lo cual afectó directamente la condición médica del neonato. Asimismo, la fiscalía incluyó en el proceso a un efectivo policial del nosocomio por una presunta omisión de funciones, al no recibir la denuncia de la madre en el momento de los hechos.
La comisión investigadora de la GERESA reúne a especialistas de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, Recursos Humanos y Asesoría Legal. Estos profesionales trabajan junto a los representantes de las estrategias de salud del niño y salud sexual para determinar las fallas administrativas. Mientras tanto, la Fiscalía encargó al personal de Homicidios de la Divincri la realización de diligencias urgentes durante los primeros 30 días del proceso penal.
Protocolos en debate y tensiones en el sector salud
El origen del conflicto en la sala de partos se vincula con una fuerte discusión verbal entre el personal médico, según revelan imágenes difundidas recientemente. La jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, detalló que el altercado surgió por discrepancias sobre el procedimiento correcto para el corte del cordón umbilical. El enfrentamiento ocurrió frente a la paciente, identificada como Natividad C.Z., quien incluso solicitó al personal que detuvieran la disputa durante su atención. Este escenario expone no solo una falta de coordinación interna, sino también una vulneración directa a los derechos de la paciente y del recién nacido en un momento crítico.
Desde el ámbito gremial, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, ofreció una perspectiva complementaria sobre las tensiones en los hospitales locales. La representante señaló que la reciente Norma Técnica de Salud N.° 214-MINSA genera fricciones entre los distintos profesionales de la salud. Según Velázquez, la normativa promueve una presencia excesiva de personal en las salas de partos, lo que deriva en hacinamiento y aumenta el riesgo de infecciones en instituciones con infraestructura antigua como el hospital Goyeneche. Además, cuestionó los cambios en los tiempos del pinzamiento del cordón umbilical, argumentando que las nuevas directrices contradicen la formación profesional de los obstetras y dificultan el contacto inmediato entre madre e hijo.
Actualmente, el Ministerio Público espera la entrega de la historia clínica y las declaraciones de los involucrados para consolidar el caso. Por su parte, la madre de familia ya recibió el alta médica, aunque la menor permanece bajo observación para descartar secuelas derivadas del procedimiento cuestionado. Las autoridades de salud reafirmaron su compromiso con la transparencia mientras las investigaciones administrativas y penales avanzan de forma simultánea para garantizar justicia a los afectados.
Con información de la Geresa y del Ministerio Público.
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Sunass insta a no abrir buzones de desagüe durante las lluvias en Arequipa y detalla el plan de respuesta ante aniegos.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha encendido las alarmas en la Ciudad Blanca. Desde que las precipitaciones empezaron a golpear la región, la entidad registró una cifra preocupante: más de 400 reportes de incidencias relacionados con atoros, aniegos y colapsos totales del sistema de alcantarillado. Este escenario no representa solo un problema de infraestructura o un mal olor pasajero; constituye una amenaza directa para la salud pública de miles de arequipeños que hoy conviven con el desborde de aguas residuales en sus calles y, en los casos más graves, dentro de sus propios hogares.
Ante esta situación, el ente regulador lanzó un recordatorio contundente que los ciudadanos deben conocer bien. La empresa Sedapar tiene la responsabilidad ineludible de ejecutar labores de limpieza y desinfección de forma inmediata. No importa si el problema ocurrió en plena vía pública o si los desechos ingresaron a una propiedad privada. La empresa prestadora debe intervenir para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades infectocontagiosas. La exposición a estos residuos sin un tratamiento técnico adecuado puede derivar en crisis sanitarias locales que complican todavía más el panorama habitual de la temporada de lluvias.
Para garantizar que estos espacios recuperen su salubridad, el protocolo técnico es estricto y no admite medias tintas. Una vez que los operarios solucionan el atoro físico, el personal de Sedapar debe realizar una desinfección profunda utilizando una solución clorada HTH, conocida técnicamente como hipoclorito de calcio. Este compuesto químico actúa eliminando los microorganismos peligrosos que quedan latentes tras el retiro del agua servida. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento enfatiza que estas tareas no representan un favor opcional hacia el usuario, sino que forman parte de las obligaciones operativas esenciales para proteger a la población.
Protocolos de reporte y prevención ciudadana
Los ciudadanos juegan un papel fundamental en la gestión de estas emergencias sanitarias. Si un vecino detecta un colapso, el primer paso consiste en realizar el reporte directamente a Sedapar. Sin embargo, si la empresa no brinda una respuesta oportuna o ignora el pedido, los afectados cuentan con el respaldo del regulador nacional. El jefe de la oficina en Arequipa, Saúl Alire Benavides, explicó que los usuarios pueden comunicarse mediante la línea corta 1899 para denunciar la falta de atención. También habilitaron un número de WhatsApp 161 431 80, donde es posible enviar fotografías y videos que sirven como evidencia irrefutable de la gravedad de la situación.
La oficina regional asegura que procesa esta información de manera instantánea para presionar por una atención rápida. Según el representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ellos canalizan los datos hacia la empresa prestadora y realizan un seguimiento exhaustivo hasta que el problema queda resuelto y la zona luce completamente desinfectada. Esta vigilancia busca evitar que los reportes queden en el olvido mientras el agua contaminada sigue expuesta al aire libre, afectando la vida diaria de los vecinos.
Finalmente, existe un factor preventivo que depende exclusivamente de la conducta vecinal y que puede evitar muchos desastres. El regulador hizo un llamado urgente para que las personas eviten la práctica de levantar las tapas de los buzones de alcantarillado cuando las calles se inundan por las tormentas. Aunque parece una solución rápida para drenar el agua de lluvia, esta acción genera un daño mayor a largo plazo. Al abrir los buzones, ingresan residuos sólidos, basura y sedimentos que las redes no tienen capacidad de transportar. El resultado es una sobrecarga masiva que termina provocando los mismos colapsos y obstrucciones que los ciudadanos intentan evitar. Durante los meses críticos de enero a marzo, mantener la integridad de las redes de desagüe resulta vital para que la ciudad soporte los embates del clima sin colapsar sanitariamente.
Con información de Sunass.
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Detectan falta de control en el uso de drones y GPS para el resguardo de terrenos de Majes Siguas II. Entérate de las observaciones técnicas aquí.
La Contraloría General de la República puso la lupa sobre la Autoridad Autónoma de Majes, la unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa. Resulta que el equipo de control encontró varias inconsistencias en los documentos para contratar la vigilancia de los terrenos del proyecto Majes Siguas II. Estamos hablando de una inversión importante que suma 2 389 834 soles para resguardar las pampas de Siguas y la zona de Pusa Pusa durante un año completo.
Los auditores revisaron los papeles entre el 14 y el 19 de enero de este 2026 y lo que vieron despierta muchas dudas sobre cómo se cuidará el patrimonio estatal. El Informe de Orientación de Oficio número 004-2026-OCI/0617-SOO deja claro que las bases administrativas no definen bien cómo funcionarán las herramientas tecnológicas ni cómo verificarán el trabajo.
Uno de los puntos que genera más ruido es el uso de drones. La Autoridad Autónoma de Majes quiere tecnología en el aire, pero olvidó anotar quiénes manejarán estos equipos. No pidieron un perfil técnico para los operadores ni establecieron cuántas veces al día deben volar los aparatos. Sin estas reglas, la empresa ganadora podría dejar el drone guardado la mayor parte del tiempo y nadie podría reclamar nada.
La vigilancia efectiva necesita parámetros claros de operatividad, no solo la presencia física del equipo. Lo mismo ocurre con los siete receptores de sistema de posicionamiento global que exige el contrato. Aunque los supervisores deben entregar reportes quincenales y mensuales, las bases no explican cómo presentarán la información de estos dispositivos para demostrar que realmente recorrieron los terrenos.
El problema no termina con los aparatos electrónicos, sino que se extiende al entrenamiento de las personas que pondrán el pecho por la seguridad de Majes Siguas II. El documento de la Contraloría General de la Repúblicamenciona que planean realizar ocho capacitaciones para el personal de vigilancia.
Sin embargo, los encargados de redactar las bases omitieron la duración de cada jornada y el cronograma para ejecutarlas. Esto resulta vital porque en estas charlas también participará personal de la propia Autoridad Autónoma de Majes que ya cumple un horario de trabajo establecido. Si no coordinan estos tiempos con antelación, la capacitación podría quedar solo en el papel o interrumpir las labores administrativas.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando revisamos las prácticas con armas. El contrato exige que los 29 agentes de vigilancia realicen cuatro ejercicios de tiro al año. El gran riesgo aquí es la falta de un calendario específico. Al no existir un orden, la empresa contratista podría realizar todos los entrenamientos en una sola semana o incluso en un día para salir del paso.
Una práctica tan apresurada no garantiza que el personal mantenga la destreza necesaria para reaccionar ante una emergencia real en las pampas. La Contraloría General de la República advierte que esta falta de rigor impide un desempeño eficaz y eficiente de los guardias. Ahora, la administración regional tiene la responsabilidad de corregir estos vacíos antes de que el contrato avance y el dinero público termine en un servicio lleno de dudas técnicas.
Con información de la Contraloría General de la República.
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Fuente: INPE
