De acuerdo con los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 36 candidatos a la presidencia de la República, existen 27 que tienen una doble postulación para las Elecciones 2026, este 12 de abril. De estos, seis van también para diputados y 21 para senadores.   

En ese sentido, el JNE recuerda y aclara que la normativa permite a quienes aspiran a la presidencia postular simultáneamente al Congreso, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado.

Es importante que los ciudadanos conozcan la estructura de las listas entre las que deberán ubicar a sus candidatos de preferencia y, además, estén bien informados sobre la posibilidad de emitir un voto doble por estos “rostros presidenciales” específicos, también para senadores o diputados.

Conozca quiénes son las figuras políticas que buscan integrar la Cámara de Diputados en un número de seis, mientras que una cifra significativamente mayor de 21 candidatos intenta asegurar un escaño en el Senado.

Candidatos presidenciales que también buscan ser diputados

• Ronald Atencio Sotomayor (de Voces del Pueblo por la alianza Venceremos)  
• George Forsyth (Somos Perú)
• Paul David Jaimes Blanco (Progresemos)
• Álvaro Paz de la Barra (Fé en el Perú)
• Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)
• Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Candidatos a la Presidencia y al Senado

La lista para el Senado es más extensa, sumando un total de 21 aspirantes presidenciales:

• César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso)
• Napoleón Becerra García (Trabajadores y Emprendedores)
• Ricardo Belmont Cassinelli (Obras)
• Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)
• Charlie Carrasco Salazar (Demócrata Unido Perú)

• Vladimir Cerrón Rojas (Perú Libre)
• Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)
• Francisco Diez Canseco (Perú Acción)
• Carlos Espá Garcés (Sí Creo)
• Rosario del Pilar Fernández Bazán (Un Camino Diferente)
• Alex González Castillo (Demócrata Verde)

• Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática)
• Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno)
• Yonhy Lescano Ancieta (Cooperación Popular)
• Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
• Alfonso López Chau (Ahora Nación)

• José Luna Gálvez (Podemos Perú)
• Armando Massé Fernández (Democrático Federal)
• Fiorella Molinelli Aristondo (Fuerza y Libertad)
• Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero)
• José Williams Zapata (Avanza País)

Cabe informar que algunos de los candidatos a la presidencia de la República están a la espera de que sus candidaturas sean aprobadas tras superar tachas y decisiones de los Jurados Electorales Especiales y, en última instancia, del Jurado Nacional de Elecciones, como el máximo órgano electoral del país.

Los candidatos que no registran doble postulación son: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular), Mesías Guevara (Partido Morado), Fernando Olivera (partido de la Esperanza), Carlos Álvarez (País para Todos), Walter Chirinos (Regionalista de Integración Nacional) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

Las universidades que integran la Agenda para el Desarrollo de Arequipa presentaron la Hoja de Ruta 2026–2031, un documento técnico y multisectorial que plantea lineamientos para impulsar el crecimiento económico sostenible, destrabar proyectos estratégicos y fortalecer la institucionalidad en la región.

La propuesta fue elaborada por especialistas de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP), como una respuesta académica frente a brechas estructurales, obras públicas paralizadas y una creciente demanda ciudadana por mejores servicios y gobernanza.

El documento plantea una visión de largo plazo basada en seis ejes estratégicos que articulan crecimiento económico, inclusión social y fortalecimiento institucional. Estos ejes abarcan el crecimiento económico sostenible y el empleo digno; la infraestructura social, la salud y el bienestar ciudadano; la educación, el conocimiento y la innovación; la seguridad ciudadana y la convivencia democrática; la gobernanza y la gestión pública moderna; y la sostenibilidad ambiental con una adecuada gestión de los recursos naturales.

Desde la Agenda para el Desarrollo de Arequipa se precisó que la Hoja de Ruta busca servir como insumo técnico para la toma de decisiones públicas y privadas, así como para el debate regional sobre prioridades de inversión y reformas. No obstante, se reconoció que en ediciones anteriores no hubo un seguimiento para verificar si las autoridades tomaron en cuenta las propuestas, pese a que el programa funciona desde hace más de 20 años.

Crecimiento económico sostenible y empleo digno

En el eje de crecimiento económico sostenible, la hoja de ruta propone reactivar proyectos como Majes Siguas II, el puerto Corío y la carretera Arequipa–La Joya, además de promover la consolidación de proyectos privados como Zafranal y Tía María. A su vez, plantea consolidar el Proyecto Integral Majes Siguas como motor agroindustrial del sur y sensibilizar a la población sobre el problema hídrico que se proyecta para el consumo humano y el sector productivo para los próximos años.

Asimismo, se plantea impulsar mecanismos para destrabar inversiones mediante Obras por Impuestos, convenios Gobierno a Gobierno y asistencia técnica internacional. La propuesta incluye diversificar la matriz productiva con énfasis en tecnología verde, manufactura limpia y agroexportación sostenible, además de desarrollar el Parque Industrial y Logístico de Arequipa como una iniciativa de alcance macroregional.

Arequipa: agenda para el desarrollo apoya la reactivación del proyecto Tía María

Infraestructura social, salud y educación

Se destaca culminar proyectos críticos como el hospital de Camaná, el centro de salud Maritza Campos y el hospital de Cotahuasi. También propone implementar modelos de gestión descentralizada con apoyo del Ministerio de Salud y alianzas público-privadas, así como impulsar la telemedicina en provincias como Caylloma, La Unión y Castilla.

En el eje de educación, conocimiento e innovación, se plantea modernizar la infraestructura educativa mediante alianzas público-privadas, e impulsar la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación. Además, propone promover la alfabetización digital, la formación STEM (referido a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y la evaluación del currículo nacional y el funcionamiento del sistema educativo, junto con la mejora progresiva de la carrera docente.

Seguridad, gobernanza y sostenibilidad ambiental

La hoja de ruta incluye acciones en seguridad ciudadana como la implementación de calles seguras con iluminación inteligente y videovigilancia, el fortalecimiento del patrullaje mixto entre la Policía Nacional y serenazgo, y la creación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana para Arequipa. También plantea promover la transparencia participativa mediante reportes ciudadanos sobre avances y limitaciones en esta materia.

En gobernanza y gestión pública, la propuesta apunta a fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales y locales para evitar nuevas paralizaciones de obras, reforzar los sistemas de prevención contra la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, en sostenibilidad ambiental, se plantea mantener y optimizar la infraestructura hidráulica, tecnificar el uso del agua agrícola en Majes II, impulsar energías renovables como la solar, geotérmica e hidrógeno verde, y construir plantas de tratamiento de aguas residuales en Camaná, Mollendo y el valle de Tambo.

AGENDA REGIONAL | Ronald Atencio de la Alianza Venceremos aseguró que, de llegar al poder, el primer día de su mandato firmará un decreto supremo para crear una Comisión de la Verdad que investigue las masacres ocurridas en el sur del país durante la represión a las protestas.

La medida apunta a esclarecer con rapidez las responsabilidades por las muertes registradas. Además, anunció que impulsará una indemnización inmediata para las familias de las víctimas mortales y de los heridos en estos hechos.

Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=olASgz8NUsU

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El video ¡POR LAS MASACRES! | Ronald Atencio promete Comisión de la Verdad para investigar masacres en el sur se publicó en YouTube en este enlace

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Fernando Rospigliosi expresó su total respaldo a las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Ella defendió la polémica ley de amnistía para delitos de lesa humanidad durante su discurso por la apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026.

A diferencia de la presidenta del Poder Judicial, que confrontó al Congreso y a las controvertidas leyes que se han aprobado, Pacheco afirmó, a título personal, que las normas que se aprueban no necesariamente deben obedecer mandatos internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La postura de Pacheco es que si la Corte IDH emite una sentencia contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a la propia Constitución peruana, el país “no estaría obligado a someterse” a ese fallo. Esta interpretación sugiere una primacía interna de la Carta Magna frente a decisiones de organismos internacionales, incluso en materia de derechos fundamentales.

Expertos constitucionalistas han señalado que, aunque la Constitución peruana reconoce la Convención Americana como parte del bloque de constitucionalidad, también establece que ningún tratado puede contradecir la propia Constitución. Según Pacheco, esa tensión normativa abre la posibilidad de cuestionar la obligatoriedad de ciertas decisiones de la Corte IDH cuando se estime que estas contradicen principios y garantías constitucionales peruanas.

Fernando Rospigliosi aprovechó estas declaraciones para demandar un cumplimiento estricto de las leyes y resoluciones internas, alineándose con una lectura soberanista del ordenamiento jurídico. Para Rospigliosi, no solo se trata de respaldar a Pacheco, sino de afirmar que el Perú debe privilegiar su marco constitucional por encima de lo que él considera presiones o mandatos externos.

El apoyo de Rospigliosi a Pacheco también se contrasta con la posición de otros magistrados y autoridades del Poder Judicial. Ellos expresaron su preocupación por el debilitamiento del diálogo interjurisdiccional y posible afectación de la posición internacional del Perú frente a órganos como la CIDH.

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El video PACTO EN MARCHA | TC sugiere desobedecer a la Corte IDH para blindar leyes del Congreso se publicó en YouTube en este enlace

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el Volcán Sabancaya, situado a 19 km del pueblo de Maca, en la provincia de Caylloma, a 76 km al noroeste de la ciudad de Arequipa y que se encuentra en constante monitoreo, elevó su nivel de alerta a naranja tras registrar una explosión a las 15:48 del viernes.

Este evento volcánico provocó la expulsión de una densa columna de cenizas y gases que, impulsados por los vientos, se desplazaron hacia los sectores oeste y noroeste, afectando principalmente a los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, así como a diversos centros poblados cercanos.

En tal sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que la explosión liberó materiales que podrían impactar la salud y el entorno de las comunidades ubicadas en la provincia de Caylloma. Y exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección ante el aumento de actividad volcánica.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un aviso sobre la necesidad de proteger ojos y vías respiratorias, así como de evaluar de forma constante el impacto de las cenizas en el agua, el suelo, el aire y la salud de las personas.

Canal de irrigación Majes está en la zona de impacto

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el reciente episodio ha puesto en estado de alerta a las autoridades locales y nacionales, quienes están intensificando las labores de monitoreo y comunicación con la población.

En ese sentido, también advirtieron que, el canal de irrigación Majes, fundamental para la agricultura de la región, y el valle del Colca, que es, uno de los principales destinos turísticos del país, se encuentran dentro del área de posible impacto.

Como se sabe, el Sabancaya (-15.7867 / -71.8560; 5.960 m s. n. m.) ubicado a 19 kilómetros de Maca, forma parte del complejo volcánico Ampato-Sabancaya, una de las regiones de mayor actividad volcánica del sur de Perú. La historia eruptiva del volcán tiene tanto periodos efusivos, visibles en las amplias coladas de lava, como episodios explosivos de gran intensidad.

“En los últimos 4.000 a 5.000 años, el Sabancaya ha registrado al menos seis erupciones, con eventos destacados en 1752, 1784 y entre 1990 y 1998. En esta última etapa, se produjeron explosiones de tipo vulcaniana y freatomagmática, que generaron columnas de ceniza de hasta siete kilómetros de altura e índices de explosividad volcánica (IEV) de dos a tres. Desde febrero de 2013, el volcán presenta un estado de intranquilidad, con un nuevo proceso eruptivo activo desde noviembre de 2016”, refiere el IGP.

Población debe extremar precauciones

El INDECI, tras analizar la densa columna de ceniza y gases que expulsó el Sabancaya y que según el IGP, se dirige hacia varias localidades del oeste de Arequipa, advierte que la dispersión de estos materiales puede afectar a las comunidades rurales y urbanas.

Por eso se pide a la población evitar la exposición directa, seguir estrictamente las orientaciones emitidas por las instituciones competentes y extremar las precauciones para evitar daños en la salud y en los recursos naturales.

El mensaje del INDECI reitera: “Mantente informado sobre la evolución de la actividad volcánica. Si te expones a la ceniza, cúbrete la nariz, boca y ojos y limpia con abundante agua. Colabora y sigue las recomendaciones de las autoridades encargadas”.

La población de Caylloma recibió un mensaje de alerta en sus teléfonos móviles con recomendaciones para protegerse de la caída de cenizas.

Recomendaciones del INDECI ante erupción de volcán

El INDECI ha difundido una serie de medidas de prevención dirigidas tanto a las autoridades como a la ciudadanía expuesta:

Para las autoridades:

Difundir el contenido de los boletines oficiales a través de los medios de comunicación social.

Efectuar una evaluación constante del impacto de las cenizas en recursos hídricos, suelos, aire y salud pública.

Difundir el contenido de los boletines oficiales a través de los medios de comunicación social.

Llevar a cabo una evaluación constante del impacto de las cenizas en recursos hídricos, suelos, aire y salud pública.

Para la población en general:

Evitar acercarse al volcán y abstenerse de tomar fotografías cerca de la zona de actividad.

Utilizar lentes y mascarilla, procurar no salir y prepararse para una eventual evacuación.

Cubrir los depósitos de agua y tener precaución con el consumo, ante posible contaminación.

Proteger a los animales en cobertizos y no permitir que ingieran vegetación contaminada.

Preparar una mochila de emergencia con alimentos no perecibles y agua potable.

Cerrar rendijas de puertas y ventanas para impedir el ingreso de cenizas a las viviendas.

Desenchufar equipos eléctricos y electrónicos, y seguir la información oficial de las autoridades y centros de operaciones de emergencia.

Evitar acercarse al volcán y abstenerse de tomar fotografías cerca de la zona de actividad.

Utilizar lentes y mascarilla, procurar no salir y prepararse para una eventual evacuación.

Cubrir los depósitos de agua y tener precaución con el consumo, ante posible contaminación.

Proteger a los animales en cobertizos y no permitir que ingieran vegetación contaminada.

Preparar una mochila de emergencia con alimentos no perecibles y agua potable.

Cerrar rendijas de puertas y ventanas para impedir el ingreso de cenizas a las viviendas.

Desenchufar equipos eléctricos y electrónicos, y seguir la información oficial de las autoridades y centros de operaciones de emergencia.

Estas recomendaciones buscan minimizar los riesgos para la salud y el bienestar de la población, así como proteger los bienes materiales y recursos de la zona.

La supuesta reorganización de Petroperú ha comenzado a agitar las aguas en el Congreso. Aunque la mayoría de los partidos del pacto ha recibido bien la movida de José Jerí, otro sector quiere desmarcarse de una posible privatización de la petrolera de bandera. Resulta que junto a las pocas voces de la oposición en el Legislativo también están los cerronistas, esos tontos útiles dispuestos a pactar con el fujimorismo o el acuñismo con tal de tener unas migajas de poder. Desde la salida del Decreto de Urgencia 010-2025 que sacó el gobierno de José Jerí se acumulan hasta 9 proyectos de ley pidiendo que se derogue esa norma, casi todos con firmas de otorongos lapicitos.

Sin embargo, el asunto ha abierto la puerta al primer pedido de vacancia contra José Jerí. El cerronista Segundo Montalvo anunció la moción para tumbarse a presidente Stradivarius por poner en peligro la seguridad energética nacional. Ahora falta ver si este planteamiento consigue las firmas suficientes para que se ponga a debate en el Hemicirco.

¿Será que Jerí no podrá acabar su mandato?

Salen en defensa de Alfonso López Chau, tras recibir acusaciones de un pasado en la cárcel

El pintoresco escenario de Ahora Nación se ha transformado en un ring. El precandidato Kevin Román ha salido al paso para despachar las denuncias de Edgar Villanueva, calificándolas como un “revanchismo” de quien no encontró sitio en el banquete del Senado. “Su afán es dar declaraciones difamatorias y denigrantes por resentimiento”, afirmó. Mientras Villanueva lanza dardos al aire sobre un supuesto pasado carcelario del candidato Alfonso López Chau, noticias que Román admite desconocer y que flotan en el limbo de la especulación política, la cúpula se defiende con el archivo fiscal en mano. Según Román, en Apurímac no hubo el místico “dedazo” ni cobro de cupos, sino una pureza democrática tan cristalina que haría sonrojar a cualquier escéptico. Cuidado que el pacto ya ha comenzado a celebrar. 

Guido Bellido sufre lapsus monumental y da por fallecida a su colega Lucinda Vásquez por error: tuvo que pedir disculpas

El congresista y hoy candidato al Senado por Podemos Perú, Guido Bellido, se mandó una de las patinadas mas vergonzosas de internet y eso que recien inicia el año. En horas de la mañana, Bellido publicó en sus redes oficiales un mensaje anunciando, nada menos, que el fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez.

Según el emotivo comunicado, Vásquez había partido dejando “un profundo dolor”, tras haber resistido con valentía los ataques mediáticos por el escándalo en el que se reveló que sus trabajadores le cortaban las uñas y le preparaban el desayuno en horario laboral. El texto hablaba de lucha, dignidad y una supuesta partida que conmovía a toda la bancada. Todo muy sentido… salvo por un pequeño detalle: Lucinda Vásquez está viva.

Y para colmo, el mensaje largo y solemne que parecía más un obituario,  ni siquiera fue redactado por Bellido: lo hizo la IA y ni se molestaron en borrar la parte donde el sistema “sugiere” cómo mejorar el texto.

El papelón fue tal que las propias redes oficiales de la congresista tuvieron que salir a desmentir la información, aclarando que no se trataba de ningún fallecimiento, sino de una convocatoria a una misa de salud, ya que Vásquez padece cáncer. Incluso el Congreso tuvo que intervenir para desmentir oficialmente la “muerte” anunciada por su colega.

Avergonzado, Bellido pidió disculpas y explicó que “errar es humano”. Claro que sí. Aunque anunciar la muerte de una colega viva ya no parece un simple error, sino una advertencia clara: cuidado con darle poder a quienes no saben ni usar la IA.

El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de hacer frente al incremento de la criminalidad, principalmente homicidios y extorsiones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán en las zonas que sean determinadas por la autoridad policial.

En el marco del estado de emergencia, se aplicará lo establecido en el artículo 137 de la Constitución, lo que permite la restricción o suspensión de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Asimismo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos públicos de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso.

Habrá intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú

El estado de emergencia en Pisco rige por 60 días calendario del 9 de enero hasta el 9 de marzo de 2026.

La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, que regula el uso de la fuerza policial, así como en el Decreto Legislativo N.º 1095 y demás normas vigentes.

Además, se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Ica y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de Pisco, junto con los comandos y comités establecidos en el decreto supremo.

El Ejecutivo también dispuso la conformación, en un plazo máximo de 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como de los Comités de Coordinación Distrital, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica, cuyos integrantes tendrán participación indelegable.

Durante una visita oficial a la región Ica, el presidente José Jerí afirmó que los índices de criminalidad a nivel nacional han comenzado a disminuir y adelantó que el balance del estado de emergencia en Lima será presentado junto con un nuevo plan de seguridad ciudadana. En ese contexto, confirmó que Pisco sería declarada en emergencia debido a la inseguridad ciudadana y supervisó centros de videovigilancia y el Terminal Portuario de Paracas.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

 

El regidor provincial César Murillo advirtió una delicada situación financiera en la Municipalidad de Huamanga al inicio del año fiscal 2026, marcada por la reducción del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un alto nivel de endeudamiento y una gestión que —según afirmó— deja al municipio en condición de quiebre. Murillo señaló que el PIA 2026 se redujo de aproximadamente S/ 90 millones a S/ 86 millones, pese al incremento del Foncomun, lo que evidenciaría deficiencias en la gestión presupuestal. Cuestionó además que la ejecución presupuestal de 2025 haya alcanzado cerca del 90 % mediante el uso de devengados, sin reflejarse en obras ni mejoras visibles para la ciudad. 

En el aspecto financiero, reveló la existencia de una deuda cercana a los S/ 30 millones con trabajadores municipales, a la que se sumarían multas y procesos judiciales, situación que incluso habría limitado la labor del Procurador Público. Indicó que en diciembre la municipalidad no contaba con recursos suficientes para cumplir con el pago de sueldos. El regidor expresó su preocupación por una presunta priorización de intereses electorales sobre la gestión municipal y advirtió que la actual administración dejaría una deuda mayor a la heredada de gestiones anteriores. De cara al 2026, señaló que el principal desafío será ordenar las finanzas y transparentar las cuentas para evitar un estancamiento de la ciudad.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), ejecutaron un megaoperativo que culminó con la detención preliminar del alcalde del distrito de Chao, Juan C. Soles Carbajal, y de otras seis personas, presuntamente involucradas en una organización criminal dedicada a cometer delitos de corrupción en la región La Libertad. El operativo se realizó en el marco de la investigación denominada “Los Perturbadores del Saber”.

Detenidos por colusión y cohecho 

Como parte de las medidas judiciales, se efectuaron siete detenciones preliminares y quince allanamientos simultáneos en distintos inmuebles de la región, vinculados a funcionarios municipales, empresarios y presuntos intermediarios financieros. Los investigados afrontan cargos por colusión agravada, cohecho y otros delitos, relacionados con la adjudicación y ejecución irregular de un proyecto de infraestructura educativa en la provincia de Virú.

Millonario perjuicio económico al Estado

Según la hipótesis fiscal, existirían indicios de concertación ilícita entre servidores de la Municipalidad Distrital de Chao y actores privados para favorecer de manera irregular la continuidad del saldo de obra del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N.° 82210 “Karina Violeta Damián Alayo”, en el centro poblado Nuevo Chao. Pese a restricciones normativas y contractuales, se habría permitido la ejecución de los trabajos, generando un perjuicio económico al Estado superior a los S/ 5.5 millones.

Más detenidos…

Las investigaciones señalan que funcionarios municipales habrían beneficiado indebidamente al Consorcio JANACA, tolerando subcontrataciones prohibidas, omitiendo penalidades y permitiendo la continuidad de la obra pese a presuntos incumplimientos, a cambio de beneficios económicos entregados en efectivo y mediante depósitos a terceros. Entre los detenidos figuran, además del alcalde, el subcontratista Edwin J. Chávez Rodríguez, Karla Valqui Chávez, Riquelme Mantilla García, Jhoed Maykol Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe. La DIRCOCOR reafirmó que continuará trabajando de manera firme junto al Ministerio Público para desarticular redes criminales y proteger los recursos del Estado.

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Un total de 29 distritos del departamento de Puno fueron declarados en estado de emergencia por 60 días mediante Decreto Supremo 003-2026-PCM, firmado el 8 de enero por el presidente José Enrique Jerí Oré, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales previstas entre enero y marzo 2026.

La declaratoria abarca 11 provincias puneñas, incluye la ciudad capital de Puno, los distritos de Coata, Juli, Ayaviri, Azángaro, Macusani, Sandia, mediante publicación oficial en El Peruano este 9 de enero, con participación del gobierno regional y nueve ministerios del Estado.

El premier Ernesto Julio Álvarez Miranda sustentó la medida en informes técnicos del INDECI, SENAMHI y CENEPRED que determinaron «peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales con afectación a vidas humanas, agricultura y ganadería regional» según consta en considerandos del decreto.

Sandia y Melgar más afectadas

La provincia de Sandia concentra el mayor número de distritos en emergencia con siete jurisdicciones: Alto Inambari, Cuyocuyo, Limbani, Patambuco, San Juan del Oro, San Pedro de Putina Punco y la capital provincial Sandia.

Melgar registra seis distritos declarados: Ayaviri, Macari, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa y Umachiri; mientras Azángaro incluye cinco: Asillo, Azángaro, Muñani, Potoni y San Antón, configurando las zonas de mayor riesgo climático departamental.

Las provincias de Carabaya con Ituata, Macusani y Ollachea; Puno capital con Coata y Puno; además de Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Moho y San Antonio de Putina suman un distrito cada una dentro de la declaratoria nacional.

Coordinación regional activada

El sustento técnico proviene del Comunicado ENFEN 13-2025 sobre Fenómeno El Niño, Informe 17-2025 de Perspectivas Climáticas del SENAMHI y análisis de escenarios de riesgo por lluvias del CENEPRED, todos emitidos en diciembre 2025, determinando que la capacidad regional fue sobrepasada.

El gobierno regional de Puno ejecutará acciones inmediatas de reducción del muy alto riesgo existente, respuesta y rehabilitación con coordinación del INDECI y participación de ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes, Energía, Mujer y Desarrollo Social.

El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de cada pliego sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; las intervenciones priorizarán protección de poblaciones vulnerables, infraestructura crítica, sistemas de agua potable, carreteras y zonas agrícolas expuestas a inundaciones o deslizamientos.

Doc: Gobierno declara emergencia en 29 distritos de Puno

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 09 enero 2026

En Junín, la intensa sequía en el Valle del Mantaro ha paralizado la campaña agrícola, reducido los cultivos y puesto en riesgo el sustento de cientos de familias agricultoras, que además denuncian falta de apoyo del Estado.

Mientras tanto, la instalación de paraguas en la Alameda de Iquitos, que buscaba embellecer la ciudad, terminó evidenciando improvisación y falta de planificación en la gestión municipal al no considerar el viento ni brindar información clara sobre el proyecto.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: Paraguas de la discordia en Iquitos e intensa sequía en el Valle del Mantaro se publicó en YouTube en este enlace

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El Gobierno Regional de Arequipa inicia su año final bajo la administración del gobernador Rohel Sánchez con una serie de cambios significativos en su equipo de confianza. En los primeros días de enero se han registrado al menos cinco modificaciones en gerencias y jefaturas clave, revelando un escenario de reacomodos internos en la recta final del mandato.

El movimiento más destacado es el retorno del abogado José Aquice Cárdenas a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Su designación, mediante resolución del 5 de enero, se produce luego de que la cartera fuera ocupada por cuatro gerentes distintos en menos de tres años, incluida su predecesora Anika Portales Benavente.

Rotación en áreas estratégicas

Otra alteración importante se produjo en la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Jacinto Rosas Fernández, quien permaneció tres años en el puesto y era uno de los pocos gerentes originales de la gestión Sánchez, fue reemplazado por la arquitecta Giovanna Manchego Mendoza. Se desempeñaba hasta agosto como directora del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Los cambios se extienden a otras dependencias. Irina Salazar Churata dejó la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, se registró la salida del jefe de Logística, Dreik Guillinta Barrueto.

La remoción de Alexander Arenas Puma de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto generó especial atención, dado que se produjo pese a que dicha área reportó una ejecución del 99.9%. Arenas Puma atribuyó su retiro a una decisión directa del gobernador.

Antecedentes de inestabilidad y desempeño

La Gerencia de Transportes ha sido un foco de inestabilidad crónica. Durante el mandato de Sánchez, ha tenido cinco gerentes distintos. El mantenimiento de las vías departamentales sigue siendo una deuda pendiente.

Esta última oleada de cambios se suma a decenas de remociones de gerentes y jefes regionales desde 2023. La constante rotación en cargos de confianza evidencia una vulnerabilidad en la gestión, asociada por analistas a la falta de obras de impacto regional y a los bajos niveles de aprobación ciudadana que registra el gobernador en las encuestas.

Delia Espinoza recibió sentidos abrazos de los familiares de las víctimas del 9 de enero, así como de ciudadanos que manifestaron sentirse respaldados por, al menos, una autoridad, a tres años de conmemorarse el día en que las protestas sociales dejaron la mayor cantidad de fallecidos durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

La fiscal de la Nación suspendida afirmó que, desde donde se encuentre, continuará luchando por recuperar el cargo que le permita seguir impartiendo justicia real a quienes más lo necesitan. Señaló que alejarse de los reflectores públicos no es una opción. “Modestamente siento que mi país me necesita”, indicó.

A los ciudadanos de Juliaca, Puno y de las regiones más afectadas por la represión, les pidió no perder la esperanza, tal como ella no la ha perdido, y exhortó a que en las próximas elecciones elijan con mayor sabiduría a sus representantes. “No se dejen engañar”, remarcó.

Espinoza ya había participado un día antes en una conferencia en la que cuestionó la desactivación del EFICAVIP. Si bien señaló que no estuvo de acuerdo con la conformación de dicho equipo, al considerar que los casos nunca debieron concentrarse en Lima, sino mantenerse en las regiones donde ocurrieron los hechos, también advirtió que su traslado a la capital provocó la pérdida de pruebas clave, como peritajes balísticos y necropsias, fundamentales para identificar a los responsables.

No obstante, sostuvo que la decisión del fiscal interino de la Nación de desactivar el equipo no tenía un objetivo claro, pues, aunque los avances eran lentos, las investigaciones seguían su curso. Con esta medida, advirtió, el proceso prácticamente ha vuelto a foja cero.

Antes de ser inhabilitada, Delia Espinoza ya había marcado distancia frente a otros actores políticos al señalar que ella podía caminar en espacios públicos sin recibir insultos ni agresiones. Lo dicho por Espinoza quedó confirmada en Juliaca, donde fue recibida con abrazos y muestras de respaldo ciudadano.

En contraste con episodios recientes ocurridos en la misma ciudad, donde el conductor Phillip Butters fue expulsado entre rechazos y agresiones, incluso con lanzamiento de piedras. Para los familiares del 9 de enero, la diferencia en el trato ciudadano refleja quiénes han sabido escuchar el dolor de las víctimas y quiénes siguen siendo percibidos como ajenos a esa demanda de justicia.

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Un informe de la Contraloría General de la República reveló una grave falla en los procesos de transparencia de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. El órgano de control identificó que la institución no publicó la lista de inmuebles disponibles en tres subastas públicas realizadas durante 2025 para su arrendamiento, limitando la participación ciudadana y afectando la rendición de cuentas.

La irregularidad se evidenció en los procesos de Subasta Pública N° 001, 002 y 003 del año 2025. Aunque la entidad publicó anuncios en el diario El Pueblo y en su página de Facebook con información general sobre cronogramas, costos de bases y contactos, en ninguno de los casos se detalló qué bienes estaban en convocatoria. Esta omisión ocurrió pese a que las bases administrativas internas sí incluían un listado completo de los inmuebles a subastar.

Entre los inmuebles no divulgados se encuentran oficinas en el Centro Comercial Independencia, una casa-habitación en General Morán 109-111, tiendas en la avenida Pumacahua de Cerro Colorado y un departamento en la avenida La Paz 511. La responsabilidad de esta publicidad recae, según el reglamento interno, en la Gerencia de Recursos Económicos e Inmobiliarios y la Dirección de Gestión Inmobiliaria de la Beneficencia.

Normativa vulnerada en institución de Arequipa

La Contraloría señaló que esta práctica contraviene el “Reglamento para arrendamiento de inmuebles” de la propia institución, aprobado en octubre de 2023. El artículo 9° de dicha norma establece explícitamente que la publicación de los inmuebles disponibles debe realizarse a través de medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y redes sociales.

Además, la falta de publicidad adecuada incumple los Lineamientos para la Implementación de Buenas Prácticas de Gestión de las Sociedades de Beneficencia, que exigen transparencia y acceso a la información en todas sus actuaciones. La Gerencia y la Dirección a cargo son las responsables directas de hacer cumplir estas disposiciones.

El efecto directo de esta omisión, según el informe, es un menoscabo en los niveles de transparencia institucional. Al no conocerse públicamente qué se estaba arrendando, se restringió la posible concurrencia de interesados, lo que pudo afectar la competencia y el logro de las mejores ofertas para la institución.

La Contraloría emitió una recomendación formal para adoptar las acciones correctivas que correspondan dentro de sus competencias, lo que incluye la posibilidad de deslindar responsabilidades por este hecho irregular. La institución tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción ante el Órgano de Control Institucional.

El escenario político peruano para el 2026 empieza a tomar forma y el aspirante a la presidencia , Ronald Atencio, el rostro visible de la Alianza Venceremos, conversó con la Red de Medios Regionales del Perú. Su pasado profesional como abogado de figuras como Pedro Castillo y Guillermo Bermejo genera un debate constante entre sus opositores políticos. Sin embargo, él asume esa trayectoria con una claridad que sorprende a quienes intentan arrinconarlo por sus defensas legales. Durante una reciente charla con medios regionales de Puno, Ayacucho y Loreto, el candidato detalló una agenda que mezcla la justicia social con un nacionalismo económico muy marcado. Atencio cree que el país necesita una transformación que nazca desde las bases para quebrar el dominio de lo que denomina la burguesía limeña.

La unidad de la izquierda parece su primer gran reto en esta carrera electoral hacia Palacio de Gobierno. Atencio asegura que mantiene una relación sólida con Verónica Mendoza y la agrupación Nuevo Perú. Niega cualquier inestabilidad interna y afirma que existen coincidencias políticas totales para enfrentar la crisis actual que vive el país. Su mirada apunta con prioridad hacia el sur, un territorio marcado por las heridas de las protestas sociales recientes. El candidato promete que, en su primer día de gestión, firmará un decreto para instaurar una Comisión de la Verdad. Él no quiere informes interminables que terminen olvidados en un cajón de algún escritorio ministerial. Su objetivo prioritario busca la identificación rápida de los responsables de las muertes. También plantea una indemnización inmediata para las familias de los fallecidos y los heridos en las masacres del sur peruano. Atencio sostiene que el presidente posee la facultad absoluta para ejecutar estas reparaciones sin pedir permiso al Congreso.

Justicia directa y una guerra frontal contra el gran crimen

El orden público ocupa un lugar central en su discurso de campaña ante la inseguridad actual. Atencio propone la creación de un comando de aniquilamiento contra el crimen organizado. No se trata de una fuerza letal descontrolada ni de un grupo que actúe al margen de la ley vigente. Él imagina un equipo de élite compuesto por los 500 mejores policías honestos del país. El propio presidente liderará este grupo de manera personal para asumir toda la responsabilidad política de la seguridad. Utilizarán tecnología de inteligencia, geolocalización y levantamiento de secretos bancarios para capturar a los líderes del narcotráfico. El candidato enfatiza que no perseguirán al delincuente común que roba poco dinero en las calles. Al contrario, buscarán a quienes mueven los hilos del poder ilegal en las sombras de la economía. Además, garantiza el respeto a los derechos humanos mediante capturas en flagrancia y procesos legales transparentes.

En el ámbito de la justicia, su postura sobre los indultos genera un intercambio de ideas muy intenso. Atencio planea liberar a quienes considera presos políticos y luchadores sociales de diversas regiones. Menciona nombres específicos como Walter Aduiri, Pedro Castillo y Aníbal Torres entre sus prioridades. Él argumenta que su carcelería responde exclusivamente a su pensamiento político y no a delitos comunes probados. Sin embargo, establece un límite tajante con la corrupción económica. Asegura que nadie que haya recibido dinero de mafias o empresas corruptas recibirá un beneficio presidencial bajo su mandato. Para financiar sus ambiciosas metas educativas y sociales, Atencio apunta a las exoneraciones tributarias vigentes. Propone elevar la presión tributaria en un 2% solo para el gran empresariado nacional y extranjero. Así captará recursos de los 26,000 millones de soles que el Estado deja de percibir actualmente por estos beneficios a las mineras y agroexportadoras.

Soberanía de recursos y la apuesta por la industrialización

La economía que plantea Atencio busca enterrar definitivamente el modelo primario exportador que rige al país. El candidato siente vergüenza de que el Perú siga exportando piedras y rocas mientras importa productos terminados. Su propuesta para el litio en Puno y el cobre en diversas regiones resulta clara para los inversionistas. Cualquier concesión minera debe incluir el compromiso obligatorio de instalar industrias en suelo nacional. Atencio sueña con una patria de donde salgan baterías y productos manufacturados con un alto valor agregado. No aceptará que empresas extranjeras se burlen de los compromisos medioambientales o sociales pactados. Apoyará la minería solo si existe un consenso real con las comunidades nativas y los pueblos originarios. Él prioriza la salud de los ciudadanos que habitan las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

La relación con las regiones también cambiará radicalmente si llega a la presidencia de la república. Atencio promete un gobierno de coordinación directa donde el presidente viaje constantemente a cada provincia. Quiere priorizar obras junto a gobernadores y alcaldes en audiencias públicas totalmente transparentes. Su plan busca cortar de raíz el sistema que obliga a las autoridades locales a buscar apoyo en Lima a cambio de favores políticos. Finalmente, el pilar de toda su reforma reside en el cambio de la Constitución. Atencio impulsa una Asamblea Constituyente para redactar una carta magna que devuelva el poder al pueblo. Considera que la actual es una herencia del fujimontesinista que permite al Congreso usar la vacancia como una amenaza constante. Con una nueva constitución, busca un equilibrio real de poderes y un régimen económico que rescate a los 10 millones de peruanos sumidos en la pobreza.

Pese a la censura a nivel nacional, el documental “Uyariy” logró llenar la sala en Arequipa. Al finalizar la proyección, los asistentes aplaudieron emocionados la cinta. Tras la censura ejecutada por la cadena de cines Cineplanet, el documental solo puede verse en un único horario en Cinépolis Arequipa, donde también ha generado una fuerte reacción entre el público local.

La polémica horas antes de su estreno, Uyariy, dirigido por Javier Corcuera, fue retirado de la cartelera de Cineplanet sin aviso y en silencio. Numerosos artistas, críticos y público en general calificaron esta decisión como un acto de censura cultural y boicot a la libertad de expresión, acusando presiones que habrían llevado al retiro de las funciones programadas en varias ciudades.

Corcuera mismo denunció que su película fue retirada el mismo día en que debía estrenarse, y responsabilizó a directivos de la cadena por anteponer intereses comerciales o políticos frente al valor histórico y testimonial del documental. El filme no solo recoge testimonios sobre la masacre del 9 de enero, sino que también hace un llamado de atención sobre la necesidad de recordar y reflexionar sobre esos hechos, que no son —como señala la narración— un episodio aislado en la historia del país.

En Arequipa, es la única región donde se pudo proyectar Uyariy, la sala llena y los aplausos al final reflejaron el impacto y la resonancia que tiene la cinta entre los asistentes. Muchos la ven como una pieza necesaria para recordar la memoria colectiva, especialmente en una fecha simbólica como el 9 de enero, aniversario de la represión de 2023. La cinta ha sido descrita por críticos y espectadores como una forma de mantener viva la memoria de las víctimas y una herramienta para exigir justicia.

Las reacciones no se limitaron a Arequipa. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo al documental y de rechazo a la censura. Para muchos, el intento de boicot no hizo más que aumentar la atención sobre Uyariy y evidenciar una tensión más amplia sobre cómo ciertos hechos recientes de violencia estatal son abordados o ignorados por sectores influyentes de la industria cultural.

El video Pese a censura, “Uyariy” conmueve y llena sala en Arequipa: aplaudieron la cinta de Javier Corcuera se publicó en YouTube en este enlace

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Durante la presentación de la Hoja de Ruta 2026–2031 de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, plan de propuestas presentado en Mollendo por la UNSA, la UCSM y la UCSP, como parte de una iniciativa académica orientada a ofrecer lineamientos técnicos a las futuras autoridades que serán elegidas en 2026, se propuso la reactivación del proyecto minero Tía María, al considerar su aporte a la generación de empleo y al movimiento económico regional. Según explicó José Suárez, docente de la Universidad Católica de Santa María y miembro del equipo elaborador, la academia respalda el desarrollo de proyectos productivos siempre que se ajusten a los marcos normativos y ambientales establecidos por el Estado.

Sin embargo, dicho proyecto minero mantiene un frente judicial activo y una polémica constante. Recientemente, en marzo de 2025, pobladores del Valle de Tambo interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, cuestionando presuntas irregularidades en su autorización. Entre los principales argumentos figura la falta de una autorización específica para el uso de agua, así como posibles riesgos ambientales asociados a la planta desalinizadora y a la zona de las Lomas de Cachendo, considerada un área de fragilidad ecológica.

El Primer Juzgado Civil de Islay declaró improcedente la demanda en julio de 2025. Sin embargo, el proceso sigue vigente, ya que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa programó para el 18 de marzo de 2026 la audiencia de apelación. En esa sesión, los demandantes volverán a sustentar sus cuestionamientos, incluidos los relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 y la presunta falta de participación de entidades como Serfor y Sernanp.

Falta de seguimiento a propuestas académicas

Desde el equipo elaborador de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, se reconoció que no se realizó un seguimiento sistemático para verificar si las autoridades incorporaron las recomendaciones formuladas en ediciones anteriores. La iniciativa académica, que funciona desde hace aproximadamente 20 años, ha presentado hojas de ruta similares en el pasado, sin contar con un mecanismo que evalúe su impacto en las decisiones de gestión pública.

La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por ordenar la desactivación de los equipos especiales, especialmente es el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

De acuerdo con la acusación constitucional, acusa a Gálvez de infringir varios incisos de los artículos 139 y 159 de la Constitución Política. Y si bien en los fundamentos están considerados los cuatro equipos especiales desactivados como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Eficcop, hay especial interés en la disolución del Eficavip.

“La desactivación de Eficavip implica la pérdida de la especialización y experiencia acumulada». Esto en virtud de que los casos se distribuirán a fiscalías ordinarias y en regiones. La parlamentaria se apoya en la opinión de especialistas que consideran que es «un debilitamiento institucional de la persecución penal en casos emblemáticos de derechos humanos y graves delitos».

Según el documento, sobre la desactivación del Equipo Especial para el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la parlamentaria consideró que afecta la investigación por pasar a fiscalías anticorrupción bajo un esquema regular. Cuestionó más aún que esta decisión la toma Tomás Gálvez quien fue investigado en el proceso en 2021.

«La desactivación del equipo encargado de investigar dicha red configura un evidente conflicto de intereses o, cuando menos, una afectación al deber de objetividad e imparcialidad, al tratarse de una decisión administrativa adoptada por una autoridad que mantiene una vinculación directa con los hechos y actores investigados», refiere.

Sobre el Equipo Lava Jato, cuestiona que se aparte a los fiscales que lideraban y conducían los casos emblemáticos, ya que tanto el ahora excoordinador del grupo, Rafael Vela, y José Domingo Pérez “tienen muchos casos en su dirección y no se ha informado que pasará con ellos”.

Y en el caso del Eficcop, hizo notar que ahora pasará a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, aunque los casos seguirán a cargo de los mismos fiscales.

“He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el Gobierno de Boluarte. No es una decisión técnica es una infracción constitucional”, escribió Luque Ibarra en un mensaje en sus redes oficiales.

La reunión entre José Jerí y José Antonio Kast pasó casi desapercibida, salvo por un tema que el político chileno repitió varias veces: la minería ilegal. Kast fue enfático al señalar el grave problema que representa esta actividad para Chile y dejó en claro que no quiere que “les afecte”.

Estas declaraciones resultan llamativas, sobre todo porque se producen después de que el Congreso, con el respaldo del gobierno de José Jerí, aprobara una nueva ampliación del REINFO, una medida que para diversos especialistas y organizaciones civiles no solo no combate la minería ilegal, sino que termina dándole oxígeno administrativo para seguir operando bajo una fachada de “proceso de formalización”.

Kast advirtió que la minería ilegal ya no puede ser vista como un problema local o sectorial, sino como una estructura de crimen organizado transnacional, vinculada al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de insumos químicos y la corrupción política. Según el presidente electo, este fenómeno amenaza no solo al Perú, sino a toda Sudamérica, y por ello Chile estaría dispuesto a colaborar con tecnología, inteligencia y controles más estrictos, incluso desde sus propios puertos, para frenar el flujo de minerales de origen ilegal.

Sin embargo, el discurso de “mano dura” contra la minería ilegal choca frontalmente con las decisiones que se vienen tomando en el Perú. La ampliación del REINFO hasta 2026 ha sido duramente cuestionada porque, tras años de vigencia, el proceso de formalización ha mostrado resultados mínimos, mientras que la minería ilegal sigue expandiéndose en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas. Para los críticos, el REINFO se ha convertido en un escudo que permite a operadores ilegales seguir extrayendo y comercializando minerales sin una fiscalización real.

Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas anunció la redacción de una futura Ley MAPE, presentada como la solución definitiva para ordenar la pequeña minería y la minería artesanal antes de terminar el gobierno de transición.

El video Kast deja en evidencia al gobierno peruano respecto a la minería ilegal: «Es crimen organizado» se publicó en YouTube en este enlace

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En una reciente entrevista, la congresista Susel Paredes confirmó que postulará a la Alcaldía de Lima, tal como lo venía anunciando desde hace varios meses. En esta ocasión, informó que su candidatura se dará bajo las filas del partido Ahora Nación, liderado por el candidato presidencial Alfonso López-Chau, aunque precisó que primero deberá pasar por el proceso de elecciones internas.

Semanas atrás, otras figuras políticas como Indira Huilca, Mirtha Vásquez, la parlamentaria Ruth Luque y el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, anunciaron también su postulación al Congreso de la República por este mismo partido, con miras a las elecciones generales de 2026.

El video SUSEL CON LÓPEZ CHAU | Susel Paredes anuncia que postulará a la alcaldía de Lima con Ahora Nación se publicó en YouTube en este enlace

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