La Cámara de Comercio e Industria presentó una iniciativa que busca articular a distintos sectores para impulsar proyectos estratégicos con miras a los 500 años de la ciudad.
La Cámara de Comercio e Industria anunció la creación del Patronato de Arequipa, que tendrá como objetivo promover y destrabar proyectos clave para el desarrollo de la región. La propuesta fue presentada durante las actividades por el aniversario 138 de la institución, teniendo en cuenta también la proximidad del quinto centenario de fundación de la ciudad.
Según lo informado, el patronato se plantea como un espacio de articulación entre empresarios, líderes locales, académicos, instituciones públicas y privadas, así como representantes de la sociedad civil. La finalidad es construir una planificación conjunta que permita concretar iniciativas largamente esperadas por la población arequipeña y fortalecer el posicionamiento de Arequipa a nivel nacional e internacional.
Desde la actual gestión de la Cámara de Comercio, encabezada por Carlos Fernández, se destacó que esta propuesta apunta a generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo en sectores estratégicos. Además, se busca reducir brechas sociales y económicas mediante proyectos vinculados a actividades productivas, infraestructura y crecimiento regional.
Reconocimientos y apoyo al emprendimiento en Arequipa
Se realizó además el reconocimiento a empresas y empresarios con décadas de trayectoria en la región, estas distinciones destacaron el aporte sostenido del sector privado al crecimiento económico local.
Asimismo, se premió a los ganadores del Concurso de Emprendimiento Escolar Empresarial CRECE, una iniciativa dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria de instituciones públicas y privadas. El certamen buscó fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes, con el respaldo de empresas privadas y universidades que acompañaron el desarrollo de las propuestas.
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A pocas horas de haber iniciado el año 2026, se reportaron choques en distintos momentos del primer día del año. Dos siniestros dejaron un saldo de un fallecido y al menos ocho personas heridas.
A inicios del Nuevo Año 2026, Arequipa volvió a registrar accidentes de tránsito durante la madrugada y la mañana del 1 de enero. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y vuelven a evidenciar los riesgos de conducir en estado de ebriedad.
Uno de los accidentes se produjo durante la mañana del primer día del año, en la vía de cuatro carriles del distrito de Yura, a la altura del kilómetro 13.5. En este punto, un automóvil y una camioneta colisionaron de manera violenta, lo que dejó ocho personas heridas.
En el auto viajaban tres ocupantes, mientras que en la camioneta se trasladaba una familia de cinco integrantes. Esta última se dirigía hacia el cono norte de Arequipa al momento del impacto.
Personal de la Policía y del serenazgo llegó al lugar para auxiliar a los heridos. Todos fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica. De acuerdo con información preliminar, uno de los conductores habría manejado en presunto estado de ebriedad. Por ello, se dispuso la realización de pruebas de dosaje etílico para determinar responsabilidades.
Horas antes, durante la madrugada, se registró otro accidente fatal en el distrito de La Joya. Un joven motociclista, identificado como Luis Ernesto, de 24 años, perdió la vida tras impactar su vehículo contra un muro, en la zona del óvalo del distrito.
Luego del choque, transeúntes auxiliaron al joven y lo trasladaron a un centro de salud local. Sin embargo, llegó sin vida al establecimiento médico. Según información policial, el motociclista habría conducido a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.
Los accidentes se extendieron hasta las últimas horas del 2025. La tarde del 31 de diciembre, un adulto mayor de 82 años falleció tras ser atropellado por una motocicleta en la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la motocicleta, un ciudadano extranjero, fue detenido de manera preliminar. El Ministerio Público investiga el caso como presunto homicidio culposo, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue central para las diligencias de ley.
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La ciudad de Arequipa vivió un Año Nuevo de intensa actividad para los cuerpos de emergencia. Entre las 11:30 p.m. del 31 de diciembre y las 2:30 a.m. del 1 de enero, las compañías de bomberos debieron atender doce incendios distintos en la jurisdicción. Dos de estos siniestros ocurrieron en zonas periféricas, fuera del casco urbano principal.
De acuerdo con informaciones proporcionadas por los bomberos, la evidencia encontrada en los lugares apunta al uso irresponsable de material pirotécnico como la causa más probable en la mayoría de estos casos. Esta situación generó daños en propiedades y puso en riesgo a residentes.
Fuentes bomberiles en Arequipa detallaron tres casos específicos. En el distrito de Cerro Colorado, específicamente en Pachacútec, un artefacto pirotécnico habría impactado sobre una motocicleta, provocando su combustión total mientras la familia residente se encontraba ausente. En un segundo incidente, cerca del Mall Aventura, se hallaron restos de estos productos.
Un tercer siniestro afectó la avenida La Marina, a la altura del puente Grau. Allí, un árbol resultó completamente quemado. En un inicio, se especulaba que un producto pirotécnico cayó sobre un pino de aproximadamente veinte años, el cual, al estar seco, se incendió con rapidez.
Giovanni Salas, subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, confirmó que recibieron una alerta minutos después de la medianoche por un incendio en un árbol de la berma central de dicha vía, cerca del puente Grau.
Personal de bomberos acudió de inmediato para controlar las llamas, las cuales afectaron principalmente la sección media del pino. Para asegurar la completa extinción de las brasas, se empleó un camión cisterna del área de Parques y Jardines de la comuna.
Salas precisó que el fuego fue de origen provocado, iniciado por una fogata en la base del árbol que se propagó por el tronco y las ramas secas.
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En el número 3 de Amauta, la gran revista cultural entregada a nuestro país por José Carlos Mariátegui con la ilusión de hacerlo mejor, leo un prólogo de Antenor Orrego a un libro de poemas. Decía en uno de sus párrafos: “En el Perú hay un fenómeno singular que revela la miseria intelectual y espiritual en que vejeta. Cuando la obra literaria o artística sale a las manos del público, con respecto a la actualidad del creador, es ya caduca y envejecida. No hay empresas editoriales que paguen el libro o que siquiera lo editen facilitando su difusión, ni público con la suficiente curiosidad para interesarse por la producción intelectual. El autor se ve en el caso de pagar para que se le lea. El ejercicio intelectual es, como en ningún otro país, heroico.”
Este prólogo fue escrito en 1926, hace cien años, y, desde entonces, no hemos avanzado en este campo. Hay, antes bien, señales de que hemos andado hacia atrás.
En 1963, publiqué por cuenta propia dos de mis libros, de cada uno de los cuales se tiraron 5,000 ejemplares que se vendieron en menos de un año. Luego he seguido publicando mis libros de derechos sociales y literatura con tirajes de 1,000 ejemplares. Las ediciones de los dos últimos años han bajado a 500 ejemplares. Y, sin embargo, sigo entusiasmado con esta actividad, pese al ínfimo nivel cultural de nuestro pueblo y al correspondiente nivel de la prensa escrita.
No bien asumió la presidencia de la República Pedro Castillo, en julio de 2021, me entusiasmé, porque por primera vez en nuestra historia republicana un maestro de escuela, provinciano y mestizo, un hombre del pueblo, llegaba a esa investidura por el voto popular, en fiera lucha contra una aventurera financiada por el dinero de los que siempre han gobernado este país. Redacté entonces dos proyectos de decreto supremo: uno por el cual se disponía que las municipalidades del Perú debían tener una biblioteca con libros adquiridos con recursos del Ministerio de Cultura y de las correspondientes regiones y municipalidades o donados por los vecinos; y otro por el cual en las ferias del libro el Ministerio de Cultura debía tener uno o más puestos de venta en los cuales se ofrecieran los libros publicados por los autores independientes a pedido de estos. Busqué a alguien para que entregara estos proyectos al Presidente. Ese alguien se los dio a uno de los personajes de los que el Presidente se había rodeado. Y allí sucumbieron en el fárrago de los sucuchos de sus asesores e introductores. ¿Por qué? Porque ese Presidente, sus asesores y ayayeros solo podían obrar así, como auténtica expresión de nuestro pueblo que eran. Cuando el 7 de diciembre de 2022, aquel maestrito de escuela leyó un malhadado mensaje por el cual decía que cerraría el Congreso y otras sandeces, acabó de revelar cómo era.
¿Cuál es el nivel de lectura de nuestro pueblo?
Diría, a ojo de buen cubero, que llega a un quinto de libro por año y por persona, o tal vez menos. Lo veo en los rostros de los conductores de automóviles y de los grupos humanos en las calles, los mercados, los estadios, los barrios. Se salvan las universidades, pero no todas.
Un día de 1954 le escuché decir a Raúl Galdo Pagaza, un inteligente alumno de la Universidad de San Marcos que en el Perú los lectores de libros de literatura llegaban a unos 300. Él era uno de los 12 estudiantes de esta casa de estudios que ese año fuimos aposentados en la Penitenciaría de Lima, situada en la primera cuadra del Paseo de la República. Obviamente, nosotros estábamos en ese grupo de lectores. Y entonces se me ocurrió pensar que una de las causas por las cuales la dictadura y sus esbirros nos habían encerrado allí era nuestra afición a la lectura, porque la lectura hace libres.
Se explica entonces que, para mantener al pueblo en la obediencia dócil y la alienación, haya que apartarlo de la lectura y dejarlo con una mente muy parecida a los instrumentos de producción y complementaria de estos, un resultado que se construye con una educación deficiente hasta la mayoría de edad, momento en que la mente solo servirá en adelante para admitir los reflejos y enseñanzas necesarios para el trabajo extractivo y en subdesarrollo. Es ya cosa sabida hace mucho tiempo que sin educación y sin la inversión en esta no se podrá formar el “capital humano”, actor del desarrollo económico, y que no es posible crear en los niños y adolescentes el hábito de la lectura si sus maestros no agarran jamás un libro. Se salvan de ese lóbrego y triste destino los que gracias al ambiente familiar, la influencia de algún maestro generoso o su voluntad tratan de ver más allá, el cielo azul, abriéndose paso entre la atmósfera densa que los envuelve.
He revisado los proyectos de los treinta y tantos grupos políticos que se aprestan a participar en las elecciones del próximo año. Ninguno trata de tan trágica situación de nuestro país y de la necesidad de cambiar la educación primaria, secundaria y universitaria y de acometer un plan integral de formación profesional para salir del grupo de países de cuarta y quinta categoría. Evidentemente, porque son expresiones de nuestro pueblo, tentando de tomar la posta de los que van a salir.
Puedo, sin embargo, con optimismo desear a mis amigos, a los destinatarios de mis comentos, un nuevo año con salud, satisfacciones y lectura, mucha lectura.
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Abogado y novelista. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona). Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Laboral
Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona).
La tragedia de Kevin expone la falta de protocolos de neurodiversidad. Del apoyo psicológico a ajustes razonables: qué necesita un estudiante para prosperar.
En estos días nuestra sociedad ha sido impactada por una noticia trágica: el fallecimiento de un joven con condición de trastorno de espectro autista aparentemente por recibir malos tratos en su universidad de parte de algunos alumnos y una docente, esto nos hace reflexionar acerca de como la sociedad universitaria aborda equivocadamente a esta población:
En nuestro país algunas universidades no están preparadas para trabajar con gente con espectro autista mientras que en otras universidades del mundo la preparación para compañeros autistas se centra en la educación inclusiva, la adaptación del entorno y el desarrollo de habilidades socioemocionales
Que requiere un autista para tener una buena educación universitaria
Acceso a tecnología de asistencia: herramientas como software de texto a voz, organizadores visuales y aplicaciones de gestión del tiempo pueden ser muy útiles.
Apoyo emocional y psicológico: acceso a consejeros que comprendan el autismo y puedan brindar apoyo emocional y estrategias de afrontamiento.
Adaptaciones en la comunicación: algunos estudiantes pueden necesitar comunicación por escrito en lugar de verbal, o tener un tiempo adicional para procesar información.
Flexibilidad en los horarios y plazos: algunas universidades ofrecen flexibilidad en los horarios de clase o en los plazos de entrega de trabajos para adaptarse a las necesidades individuales.
Acceso a tutores o mentores: que puedan brindar apoyo académico adicional y ayudar a navegar por el entorno universitario.
Un ambiente de aprendizaje inclusivo: aulas y espacios de estudio que sean tranquilos, organizados y predecibles pueden ser beneficiosos.
Comprensión y apoyo del profesorado: los profesores que estén dispuestos a trabajar con estudiantes autistas y adaptar sus métodos de enseñanza pueden hacer una gran diferencia.
Cada persona con autismo es única, por lo que es importante que los estudiantes trabajen con los servicios de apoyo de su universidad para desarrollar un plan personalizado que se adapte a sus necesidades específicas.
Esto sería una buena reflexión antes de empezar el año académico 2026 tanto en universidades y colegios.
Realizar talleres para el resto de estudiantes sobre neuro diversidad y empatía ayudaría mucho para sensibilizar y entender que su compañero de clase tiene particularidades distintas , la implementación de apoyos individualizados como grabaciones de clases y horarios visuales, fomentando un ambiente de respeto y comprensión mutua para beneficiar el aprendizaje de todos.
Recomendación para apoyos y adaptaciones universitarias (para el estudiante autista y su entorno)
Programas de Apoyo: Universidades ofrecen coordinadores, y asistentes que guían al estudiante con autismo en habilidades académicas, organizativas y de vida independiente.
Ajustes Razonables: Permisos para grabar clases, información escrita anticipada, lugares tranquilos para estudiar, y adaptaciones en exámenes o presentaciones.
Consideraciones Sensoriales: Adaptar el entorno para reducir estímulos abrumadores (luces, ruidos) y ofrecer herramientas de autorregulación (juguetes antiestrés, auriculares).
Tutorías y Recursos: Acceso a terapia, asesoramiento y talleres para desarrollar habilidades de estudio y autogestión, a menudo a través de una oficina de servicios para estudiantes con discapacidades.
Se debería tener estadísticas en las Universidades acerca de esta población y tener en cuenta que una de sus características es en el campo de la comunicación social es el tener poco interés en tener interacciones sociales presenta dificultad para alternar actividades
Debemos recordar que esto es valedero para todo tipo de trastorno mental que identifiquemos en las personas que están estudiando (ansiedad, depresión, stress, TDAH, etc.) y mínimo contar con terapeutas que puedan abordar este tipo de trastornos y no limitarse a la consejería.
ESCRITO POR: Hector Enrique Lazo Huaylinos, magister en Psicología. Psicoterapeuta Cognitivo Conductual en Clínica Sanna San Borja – Clínica El Golf.
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La orquesta emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y exigió a las autoridades que adopten medidas urgentes para evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse
Dos integrantes de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridas durante una balacera que ocurrió en la noche de este jueves 1 de enero. El concierto de la agrupación de cumbia tenía lugar a la altura de la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo.
Dos de los artistas sobre quienes dispararon resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, Collique. Según testimonios, dos hombres llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y, sin mediar palabra, realizaron cuatro disparos hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.
Los heridos son Carlos Quispe Álvarez(58), integrante de la agrupación y un desconocido, cuyo nombre no se ha revelado. El primero recibió un impacto de bala que le perforó el estómago y un segundo que le rozó el cuello, pero ya está estable. El segundo herido está en estado grave y permanecerá internado.
Otra orquesta víctima de extorsión
Este hecho se suma a los atentados sufridos anteriormente por las agrupaciones Armonía 10 y Agua Marina. Representantes de la banda habían declarado públicamente que estaban siendo víctimas de extorsión, antes del atentado.
El dueño de la orquesta, Carlos Miguel, hijo de Carlos Morales, fundador del grupo Guinda, expresó que la situación lo ha dejado “consternado” y con miedo de brindar mayores detalles. Señaló que viene recibiendo llamadas de números desconocidos, las cuales no ha contestado, y admitió que el ataque estaría vinculado a presuntos actos de extorsión. “No me gusta hablar del tema, pero está más claro que el agua”, declaró a La República.
A través de sus redes sociales, la orquesta emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y exigió a las autoridades que adopten medidas urgentes para evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse.
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Un análisis de El Poder en Tus Manos revela que el 92 % de las organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Generales 2026 incluye en sus listas a candidatos con sentencias penales, según la información declarada en sus hojas de vida.
Por: Por Catalina Quinto, Maricarmen Chinchay, Karina Valencia, RPP Noticias. Un análisis realizado por periodistas de El Poder en tus Manos de RPP sobre una base de candidatos con sentencias penales elaborada a partir de la información declarada en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, revela que35 organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Generales 2026 llevan en sus listas a postulantes sentenciados por distintos delitos.
Son 252 candidaturasa la Presidencia, Senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino las que registran sentencias penales firmes en su historial. En total, suman 297 sentencias por los siguientes delitos: incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros.
Esta información fue verificada por el equipo periodístico de El Poder en tus Manos, que revisó una por una las hojas de vida presentadas por los candidatos. Para este análisis, se decidió no incluir a aquellos postulantes que figuran como absueltos ni a quienes tienen sentencias anuladas por el Tribunal Constitucional. Todos los datos utilizados son de acceso público y este trabajo busca contribuir al voto informado en las Elecciones Generales 2026, que se perfilan como las más complejas de la historia del Perú, debido al número inédito de candidatos y organizaciones políticas en competencia.
33 candidatos al senado nacional han declaro contar con sentencias penales ante el Jurado Naciona de Elecciones | Fuente: JNE
252 candidaturas con antecedentes penales:
Este análisis se realizó a partir de las hojas de vida declaradas por todos los candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, ingresadas al portal del Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso de inscripción de candidaturas iniciado el 23 de diciembre pasado. Se halló:
252 candidaturas con, al menos, una sentencia penal declarada.
36 candidaturas tienen dos o más sentencias firmes.
Entre lascandidaturas con sentencias figuran:
1 candidato a la Presidencia de la República: Mario Vizcarra por el partido Perú Primero.
1 candidato a la segunda vicepresidencia: Alejandro Soto por el partido Alianza para el Progreso.
33 candidatos al Senado nacional
46 candidatos al Senado por distrito múltiple
165 candidatos a la Cámara de diputados
5 candidatos al Parlamento Andino
Partidos con más candidatos con sentencias penales | Fuente: Partidos con más candidatos con sentencias penales
Los partidos con más candidatos sentenciados:
El análisis de El poder en tus manos permite identificar qué organizaciones políticas concentran más candidaturas con sentencias penales firmes, según las hojas de vida declaradas. Los resultados son los siguientes:
Podemos Perú: 19 candidatos
Fuerza Popular: 15 candidatos
Alianza para el Progreso: 14 candidatos
Partido Cívico Obras: 12 candidatos
Perú Libre: 12 candidatos
Perú Primero: 12 candidatos
APRA: 11 candidatos
Frente de la Esperanza 2021: 11 candidatos
Partido Democrático Federal: 11 candidatos
Perú Moderno: 10 candidatos
Progresemos: 10 candidatos
Somos Perú: 10 candidatos
Cooperación Popular: 9 candidatos
Juntos por el Perú: 9 candidatos
Avanza País: 8 candidatos
Renovación Popular: 8 candidatos
Unidad Nacional: 8 candidatos
Ahora Nación: 7 candidatos
Partido del Buen Gobierno: 6 candidatos
Partido País para Todos: 6 candidatos
Alianza Venceremos: 5 candidatos
Libertad Popular: 5 candidatos
Partido Demócrata Unido Perú: 5 candidatos
Partido Demócrata Verde: 5 candidatos
Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 4 candidatos
Fe en el Perú: 3 candidatos
Frente Popular Agrícola FIA del Perú: 3 candidatos
Integridad Democrática: 3 candidatos
PRIN: 3 candidatos
Partido Morado: 2 candidatos
Salvemos al Perú: 2 candidatos
Ciudadanos por el Perú: 1 candidato
Partido Patriótico del Perú: 1 candidato
Partido SíCreo: 1 candidato
Partido Perú Acción: 1 candidato
Agrupaciones políticas que registran menor número de candidatos con sentencias penales declaradas | Fuente: JNE
El análisis revela que, de los cinco partidos con mayor número de candidatos con sentencias penales, cuatro cuentan actualmente con representación en el Congreso de la República. En el otro extremo, las agrupaciones políticas que registran solo un candidato con antecedentes penales son: Perú Acción, SíCreo, Ciudadanos por el Perú y Partido Patriótico del Perú. Según información del Jurado Nacional de Elecciones, la alianza electoral Fuerza y Libertad, cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli no registra candidatos con sentencia penal.
En el caso del Partido Primero La Gente, cuya candidata presidencial es Marisol Pérez Tello, hasta el cierre de este informe, no figuraba ningún candidato de esta organización registrado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde la organización política reclaman que el sistema del registro de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones presentó fallas.
Finalmente, respecto a la agrupación política Un camino diferente, tampoco registra en el sistema del JNE a candidatos con condenas. Sin embargo, el 22 de setiembre de este año RPP informó que Arturo Fernández, candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política y exalcalde de Trujillo, fue condenado a un año de prisión efectiva por difamación. Es decir, esta informaciónnofue consignada en su hoja de vida y podría ocasionar la exclusión de su candidatura.
Los candidatos que figuran con el fallo absuelto o cuyas sentencias fueron anuladas por el Tribunal Constitucional son 15 y pertenecen a las siguientes agrupaciones políticas: Partido Democrático Federal, Partido Patriótico del Perú, APRA, Partido Político Perú Primero, Ahora Nación – AN, Perú Moderno, Perú Libre, el Partido Demócrata Unido Perú, la Alianza Venceremos y Somos Perú.
Asimismo, se identificaron cuatro registros de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que consignaron la opción “no precisa” en el bloque de fallo o pena, dentro del ítem modalidad, indicando que el caso que los involucra fue archivado. No obstante, en el bloque de cumplimiento del fallo, estos mismos registros señalan “pena cumplida” o “en cumplimiento”, lo que evidencia inconsistencias en la información declarada.
De acuerdo al sistema Declara+ del JNE, la alianza Fuerza y Libertad no registra candidatos que hayan declarado sentencias penales. | Fuente: JNE
La opinión de los expertos:
En diálogo con El Poder en Tus Manos, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos advierte que es necesario impulsar reformas que fortalezcan la calidad de la representación política en el país.
“El primer paso es fortalecer la democracia interna de los partidos a través de la figura de las elecciones primarias con voto universal de sus militantes”, afirmó. Este mecanismo permitiría un mayor control previo sobre los perfiles de quienes buscan ser candidatos, promoviendo transparencia y fiscalización antes de que lleguen a las listas oficiales.
Además, Campos plantea una reforma y elevar a nivel constitucional la prohibición para ciertos condenados por delitos extremadamente graves a pesar de haber sido rehabilitadas:
“Debe establecerse, a nivel de la propia Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos extremadamente graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, pese a haber sido rehabilitadas, no puedan postular a un cargo de elección popular”, subrayó.
Campos enfatiza que las organizaciones políticas no pueden eludir su responsabilidad en la construcción de la oferta electoral. “Son ellos los que eligen a sus representantes y, por tanto, conocen sus antecedentes y trayectoria”, explicó. Por eso “ellos deberían ser el principal filtro para evitar que personas con antecedentes penales graves postulen al Congreso”.
Voto informado: conocer quiénes buscan el poder
El constitucionalista recuerda que el sistema democrático otorga a quienes resultan electos un poder significativo sobre la vida de los ciudadanos. Por eso, considera indispensable que la población pueda revisar a conciencia quiénes se presentan como candidatos.
“Una vez que un candidato es elegido ejerce un inmenso poder, decide sobre las leyes que nos rigen a todos, sobre las políticas públicas que pueden mejorar o empeorar nuestra convivencia, sobre nuestra economía, en fin, sobre nuestro futuro. Saber quiénes serán esas autoridades es imprescindible para decidir conscientemente en quiénes podemos confiar”.
La honestidad e integridad emergen como las cualidades primordiales que los peruanos buscan en un candidato para las elecciones presidenciales de 2026, según los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025. José Gargurevich, director ejecutivo de Proética dijo a El poder en tus Manos que no se trata solo de apoyar una idea o un partido, sino de verificar si quienes nos representarán tienen la conducta y el respaldo para hacerlo:
«Hagámonos de la tarea de aplicar filtros de integridad a los candidatos con cuyas ideas coincido. Si es necesario que sea íntegro, si es necesario que sea limpio, si sí me representa, entonces tengamos esa opción en cuenta antes de hacer filtros partidarios netamente políticos. La integridad también es un criterio político y quizás el central».
La encuesta de Proética destaca que el 68% de los encuestados prioriza que el aspirante sea «honesto, íntegro», por encima de otras características como tener experiencia política (28%) o contar con un buen equipo (28%).
La información del Jurado Nacional de Elecciones fue analizada por el equipo de El Poder en tus Manos de RPP entre los días viernes 26 de diciembre y martes 30 de diciembre hasta las 22:00 horas.
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El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha, desde el 19 de enero de 2026, el sistema de matrícula digital en instituciones educativas públicas, con el objetivo de modernizar el proceso de inscripción escolar y garantizar un acceso gratuito, transparente y oportuno a la educación. La medida se aplicará inicialmente en más de 2 mil colegios públicos focalizados en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones del país.
La matrícula digital estará dirigida únicamente a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano y a aquellos que soliciten traslado. Los alumnos que continúan en la misma institución solo deberán ratificar su matrícula mediante los mecanismos establecidos por cada colegio. Según informó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, la plataforma permitirá a los padres de familia realizar el trámite de manera virtual, evitando colas y desplazamientos.
El sistema estará disponible en UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Quintanilla precisó que la matrícula digital no contempla ningún pago por el registro de la solicitud ni por la revisión de resultados. Para el proceso, se solicitará el DNI del estudiante o, en el caso de extranjeros, documentos emitidos por Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de la plataforma, los padres podrán buscar y reservar vacantes disponibles de acuerdo con sus preferencias.
Modalidades y etapas del proceso 2026
El proceso de matrícula escolar 2026 se desarrollará en dos modalidades. La modalidad presencial se realizará del 5 de enero al 6 de marzo de 2026 en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas para la matrícula digital. En tanto, la modalidad virtual se iniciará el 19 de enero y se extenderá hasta el 6 de marzo.
Quintanilla indicó que el proceso se ejecutará en dos etapas, con el objetivo de asegurar que ningún niño quede sin matrícula, una prioridad establecida por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. Asimismo, señaló que el sector impulsa la construcción de nuevos locales escolares para atender la demanda de infraestructura educativa a nivel nacional, en el marco del fortalecimiento del gobierno digital en el ámbito educativo.
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El burgomaestre Aldo Mariños cuestionó la demora de Minera Poderosa en reportar el crimen y criticó la ausencia del Ministerio Público, que tardó más de 24 horas en llegar a la zona.
La provincia de Pataz inicia el año 2026 sumida en una profunda crisis de seguridad. El asesinato de tres personas en una bocamina de la minera Poderosa, ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre, no solo ha enlutado a la región, sino que ha desatado una dura confrontación entre las autoridades locales, la empresa privada y el gobierno nacional.
Cuestionamientos a la minera Poderosa
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación ante lo que considera una gestión irregular del incidente por parte de la compañía minera. Según la autoridad, aunque el ataque ocurrió en las primeras horas del 31 de diciembre, la información recién se hizo pública la noche de ese mismo día.
«La pregunta es: si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué se esperó tanto? ¿En qué momento comunicaron a la Fiscalía?», cuestionó Mariños en declaraciones a la prensa nacional, sugiriendo una presunta omisión de protocolos legales por parte de la empresa.
Un estado de emergencia «ineficaz»
Uno de los puntos más críticos de la denuncia del alcalde es la evidente falta de respuesta de los organismos de justicia. Mariños detalló que, durante todo el último día del año, no hubo presencia del Ministerio Público en el lugar de los hechos. Incluso, hasta el mediodía del 1 de enero, los cuerpos permanecían en la zona sin que se realizara el levantamiento legal correspondiente.
Para el burgomaestre, este escenario demuestra que el estado de emergencia y el toque de queda vigentes en la zona son medidas «fallidas». Pese a la inversión gubernamental de 55 millones de soles y el despliegue de más de mil efectivos policiales, las cifras de criminalidad no retroceden: Pataz cerró el 2025 con un saldo de 52 asesinatos.
Promesas incumplidas para Pataz
La autoridad edil enfatizó que las restricciones impuestas por el Gobierno están afectando principalmente a los ciudadanos honestos. «No funcionan los cincuenta y cinco millones que destinaron. El resultado es que agricultores, comerciantes y docentes tienen restricciones para movilizarse, mientras los criminales siguen operando», sentenció Mariños.
El incidente en la bocamina —que la empresa atribuye a un enfrentamiento entre bandas criminales— reaviva el malestar por los compromisos asumidos por el Ejecutivo. El alcalde recordó que, tras mesas de diálogo previas, el Gobierno se comprometió a una reestructuración de la Policía y cambios en el INPE, promesas que, según afirma, aún no se traducen en acciones concretas en el territorio.
La población de Pataz se mantiene en alerta, mientras las autoridades locales exigen que cualquier visita de representantes del Gobierno Central, incluyendo al presidente José Jerí, se realice en contacto directo con las comunidades y no solo en reuniones cerradas con la gran minería.
Elaborado con la ayuda de Gemini.
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Un grupo de 18 alumnas del CETPRO La Libertad denunció que su fiesta de graduación no se realizó luego de que una de sus compañeras, identificada como Trinidad Inés Huacause Lapa, desapareciera con el dinero destinado a la organización del evento. Lo que debía ser una noche de celebración terminó en frustración y malestar entre […]
Un grupo de 18 alumnas del CETPRO La Libertad denunció que su fiesta de graduación no se realizó luego de que una de sus compañeras, identificada como Trinidad Inés Huacause Lapa, desapareciera con el dinero destinado a la organización del evento. Lo que debía ser una noche de celebración terminó en frustración y malestar entre las estudiantes.
Según las afectadas, el monto total recaudado asciende a S/ 8 994, suma que incluye aportes individuales de S/ 403 entregados en efectivo por cada alumna, además de dinero obtenido mediante actividades pro fondos. La celebración estaba programada para el 21 de diciembre en el local Titanka, pero nunca se concretó debido a la ausencia de la responsable de administrar los recursos.
Las estudiantes señalaron que confiaron en su compañera por tratarse de alguien del mismo grupo académico. Sin embargo, indicaron que no responde llamadas ni mensajes y no ha dado explicaciones sobre el paradero del dinero, situación que incrementó la indignación y la sensación de haber sido estafadas.
Ante lo ocurrido, las alumnas informaron que ya presentaron la denuncia ante la Policía Nacional y realizaron las acciones notariales correspondientes, con la finalidad de que se ubique a la implicada y se esclarezcan los hechos. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control en el manejo de fondos colectivos.
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Al cierre del periodo de sesiones del 2025, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Parlamento culmina el año con un balance positivo de su gestión, iniciada el 10 de octubre. El pronunciamiento se realizó en un mensaje dirigido al país este 31 de diciembre.
Rospigliosi señaló que, durante este periodo, el Legislativo priorizó la defensa del orden constitucional y la recuperación del principio de autoridad. En ese contexto, mencionó la aprobación de normas orientadas a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En el ámbito administrativo, el titular del Parlamento informó sobre la restitución de derechos laborales a trabajadores de diversos sectores y sostuvo que se aplicó una política de control del gasto público para evitar el uso de recursos del Estado con fines proselitistas.
Respecto al receso parlamentario, indicó que, conforme a lo establecido por la Constitución, el Congreso no suspenderá completamente sus funciones. La Comisión Permanente continuará atendiendo asuntos considerados urgentes hasta el reinicio de las sesiones ordinarias.
El presidente del Congreso concluyó señalando que su gestión mantendrá vigilancia sobre los principales temas de la agenda nacional durante el periodo de receso parlamentario.
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En Desaguadero, lo ocurrido no es solo el hurto de un vehículo: es la confirmación de una sospecha que la ciudadanía arrastra desde hace años. Cuando quienes debían cuidar usan el uniforme como escudo y el patrullero como herramienta, la corrupción deja de ser rumor y se vuelve evidencia.
La mañana de este lunes, dos efectivos de la Comisaría PNP de Desaguadero fueron detenidos al ingresar a su propio centro de labores, luego de que nuevas pruebas los vincularan directamente con el hurto de un vehículo ocurrido la madrugada del 25 de diciembre. No fue una denuncia anónima ni una conjetura: fueron las cámaras las que hablaron.
El video que desmonta la versión oficial
Las imágenes de videovigilancia resultaron determinantes. En ellas se observa al patrullero policial desplazándose junto a Jhonatan Huirse Vilca, el agente que ya confesó su participación en el robo. Lejos de un patrullaje preventivo, las grabaciones sugieren algo más grave: reglaje, seguimiento previo, coordinación. El Estado puesto al servicio del delito.
El patrullero, símbolo de protección, aparece así convertido en cómplice silencioso. No prevenía, acompañaba.
Los nombres detrás del uniforme
Los agentes detenidos fueron identificados como:
SO3 PNP Alfredo Apaza Escarcena
SO3 PNP Luis Alberth Villacorta Condori
Ambos habrían patrullado junto a Huirse Vilca y, según la investigación preliminar, facilitado el hurto utilizando recursos públicos, agravando su responsabilidad penal y moral. No actuaron solos ni al margen de la institución: actuaron desde dentro.
Investigación y posible expulsión
Bajo la supervisión del Ministerio Público, los efectivos fueron puestos a disposición de la SEPROVE, donde se desarrollan las diligencias correspondientes. En las próximas horas se definirá su situación legal y no se descarta el inicio del proceso de baja definitiva de la Policía Nacional.
El caso vuelve a dejar una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cuántos patrulleros cuidan y cuántos vigilan para robar?
En Desaguadero, esta vez, las cámaras respondieron antes que los discursos. Y mostraron lo que muchos temen: cuando la ley se sube al patrullero, pero para delinquir, la confianza ciudadana se convierte en la primera víctima.
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Un trabajador de construcción civil fue asesinado con un arma blanca la noche del martes 31 de diciembre en el distrito de Puerto San Juan de Marcona, provincia de Nasca, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo 2026. La víctima fue identificada como Daniel Zulcaray Paredes, de 29 años, natural de Chanchamayo (La Merced). […]
Un trabajador de construcción civil fue asesinado con un arma blanca la noche del martes 31 de diciembre en el distrito de Puerto San Juan de Marcona, provincia de Nasca, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo 2026. La víctima fue identificada como Daniel Zulcaray Paredes, de 29 años, natural de Chanchamayo (La Merced).
El crimen se produjo en el sector La Esmeralda – Bellavista, en inmediaciones del inmueble donde la víctima residía desde hace aproximadamente tres meses. Daniel Zulcaray laboraba en la obra de mejoramiento del hospital EsSalud de Marcona, como parte del gremio de construcción civil.
Según la información recabada durante la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de familiares y testigos, el ataque ocurrió tras una discusión con un vecino por una presunta molestia. Luego de retirarse del lugar, el agresor habría regresado y atacado a la víctima por la espalda, causándole heridas mortales con un arma blanca.
El presunto autor del homicidio fue identificado como Brian Harold Villegas Tapia, quien se encuentra detenido y bajo custodia policial. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que evalúa las medidas legales correspondientes mientras continúan las diligencias.
Hasta la zona llegaron familiares de la víctima desde distintas regiones del país. Marilena Azucarén, tía de Daniel Zulcaray, informó que el joven no tenía antecedentes policiales ni judiciales y que había viajado a Marcona para trabajar y mantener a su familia. Indicó que deja en la orfandad a un menor de 10 años, además de ser el principal sustento económico de su madre enferma y de adultos mayores de su familia.
Durante la diligencia fiscal, la familiar pidió imparcialidad a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y exigió que el caso no quede impune. También solicitó que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, señalando que existen al menos dos o tres dispositivos que podrían haber registrado el ataque.
Compañeros de trabajo de la víctima se concentraron en el lugar del crimen y declararon que Daniel Zulcaray cumplía con todos los requisitos exigidos para laborar en obras públicas, incluidos certificados de antecedentes. Indicaron que el joven trabajaba jornadas de hasta 10 y 12 horas diarias y que había llegado a Marcona desde el centro del país en busca de mejores oportunidades laborales.
La Fiscalía de Nasca y la Policía Nacional realizaron la reconstrucción de los hechos en el lugar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del detenido.
El asesinato ha generado consternación entre los trabajadores de construcción civil y vecinos del distrito, hay preocupación por los niveles de violencia e inseguridad en Marcona, especialmente contra trabajadores provenientes de otras regiones del país.
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«TRAGEDIA EN Perú» | El choque de dos trenes en la ruta a Machu Picchu, en Cusco, no pasó desapercibido a nivel mundial.
Medios internacionales difundieron el accidente y recogieron las quejas de turistas de distintas nacionalidades que resultaron afectados.
Estas denuncias volvieron a poner en el centro del debate la seguridad de quienes visitan Machu Picchu. Antes, la preocupación se concentraba en protestas y bloqueos, pero esta vez se trata de un siniestro que cobró la vida de un maquinista y dejó al menos 30 personas heridas.
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Durante el 2025, el Congreso de la República convirtió la inhabilitación política en una de sus herramientas más recurrentes. A lo largo del año, el Pleno sancionó, intentó sancionar o debatió la salida de la política y del Estado de altos funcionarios, expresidentes y miembros de organismos constitucionales, en una dinámica marcada por votaciones exprés, medidas cautelares y constantes choques con el Poder Judicial.
Este es un resumen de los principales casos que marcaron el año en el que el Parlamento mostró especial rapidez para inhabilitar o, al menos, intentarlo cada vez que tuvo la oportunidad.
Políticos con inhabilitación efectiva en 2025:
Delia Espinoza – Fiscal de la Nación El 3 de diciembre de 2025, el Congreso aprobó su inhabilitación por 10 años, mediante la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR. Se le acusó de infringir la Constitución por emitir reglamentos que, según el Parlamento, contradecían la Ley 32130 relacionada con la investigación policial. Situación actual: Espinoza presentó una demanda de amparo y se encuentra a la espera de una medida cautelar que le permita recuperar su cargo.
Martín Vizcarra – Expresidente de la República En junio de 2025, el Congreso aprobó una nueva inhabilitación por 10 años, esta vez por el cierre del Congreso en 2019. El impacto fue inmediato: en diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó oficialmente del padrón electoral para los comicios de 2026, debido a las sanciones vigentes. Junto a el, inhabilitaron a sus exministros de Salud, Pilar Mazzeti y Víctor Zamora. Ambos por el plazo de 10 años.
Betssy Chávez – Ex presidenta del Consejo de Ministros El informe para su inhabilitación administrativa fue rechazado, aunque su proceso penal continúa.
Inhabilitaciones que no alcanzaron los votos en el Pleno
Aún está en agenda, sin que la hayan sometido a debate, la inhabilitación de la expresidenta del Cpnsejo de Ministros, hoy postulante al Senado, Mirha Vásquez. Aunque la Comisión Permanente ya aprobó la medida, ante las criticas, han evitado agendarla en el pleno y buscarán una nueva oportunidad.
Pedro Castillo – expresidente de la República Se buscaba inhabilitarlo por 10 años por el intento de golpe de Estado de 2022, pero la propuesta no prosperó.
Willy Huerta – Exministro del Interior El informe en su contra fue enviado al archivo, cerrando el intento de sanción política.
Casos frenados por el Poder Judicial durante 2025
No todas las ofensivas del Congreso prosperaron. El Poder Judicial intervino y dejó en suspenso las decisiones parlamentarias.
Inés Tello y Aldo Vásquez – Ex miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aunque el Congreso intentó removerlos e inhabilitarlos desde 2024, durante todo el 2025 se mantuvieron en sus cargos gracias a medidas cautelares ratificadas por el Poder Judicial. Incluso, fallos de la Corte Suprema suspendieron las resoluciones del Parlamento, marcando un límite al accionar congresal.
Zoraida Ávalos – Exfiscal de la Nación Continuó en funciones tras una orden judicial que anuló su inhabilitación previa. A lo largo del 2025, el Congreso no logró revertir su restitución, sentando un precedente clave sobre el uso de cautelares frente a sanciones políticas.
Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros.- El también actor y director de cine, cnsiguió una resolución del Poder Judicial que declaró improcedente el intento de inhabilitación del Congeso de la República, aunque él ha manifestado su intención de mantenerse alejado de la política, y no está en ninguna lista de postulantes.
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Enfrentamientos y ejecuciones se han hecho recurrentes en las últimas semanas mientras que autoridades no definen una estrategia clara. | IMAGEN: El Búho
Durante el 2025, Arequipa enfrenta una dinámica delictiva marcada por el incremento de delitos vinculados al crimen organizado, principalmente extorsión y sicariato, mientras algunos delitos comunes muestran una reducción. Las cifras policiales y los casos registrados evidencian un cambio en los patrones de violencia, con ataques dirigidos a comerciantes, uso de armas de fuego y participación de organizaciones criminales, algunas de carácter transnacional.
Las autoridades policiales han señalado que, si bien los robos y hurtos disminuyeron en comparación con el 2024, las extorsiones mantienen una tendencia creciente, acompañadas de actos intimidatorios, incendios provocados y ataques armados. A ello se suma la presencia de sicariato, con homicidios vinculados a disputas criminales y operaciones ilegales en espacios públicos.
Este panorama ha generado preocupación en comerciantes y vecinos de distintos distritos durante todo el año, quienes demandandaron mayor control, prevención y acciones coordinadas entre la Policía, el Ministerio Público y las autoridades locales para enfrentar estas modalidades delictivas que impactan directamente en la seguridad ciudadana.
Extorsión y ataques contra comerciantes
Entre enero y agosto de 2025, la Región Policial registró 388 denuncias por extorsión, cifra que podría ser mayor por el temor de las víctimas a represalias. Uno de los casos más representativos ocurrió en el distrito de Miraflores, donde un comerciante de llantas y autopartes sufrió el incendio de su local tras negarse a pagar un cupo exigido por extorsionadores.
Las investigaciones revelaron que los mensajes de amenaza enviados a las víctimas se realizan, en algunos casos, mediante comunicaciones temporales, lo que retrasa el acceso a información clave. A diciembre de 2025, la Policía reportó 58 personas detenidas por extorsión típica, incluyendo presuntos integrantes de la banda “Los Dandys de la extorsión”, vinculados a amenazas y ataques contra establecimientos comerciales en Yanahuara.
Robos agravados con armas de fuego
Uno de los casos destacados fue el asalto al hostal “Kaprichos”, en el Cercado de Arequipa, donde cinco sujetos armados sustrajeron 11 mil soles tras reducir al personal y disparar durante su huida. El ataque ocurrió en la urbanización 9 de Octubre y provocó daños a vehículos estacionados, aunque no dejó víctimas mortales.
Este hecho se convirtió en el segundo asalto contra un local con la misma razón social en menos de una semana, ya que días antes otro hostal, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero, fue víctima de un robo similar. Vecinos y comerciantes alertaron sobre la recurrencia de estos delitos y solicitaron mayor presencia policial en zonas comerciales.
Sicariato y violencia letal
El 19 de febrero de 2025 se registró un caso de sicariato frente al cementerio La Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero. Dos ciudadanos colombianos fueron atacados por sujetos en motocicleta; Héctor Cárdenas Valderrama falleció y su acompañante resultó herido de bala. El ataque ocurrió frente a familiares de la víctima y quedó registrado por cámaras de seguridad.
Las autoridades policiales indicaron que este hecho se encuentra bajo investigación y forma parte de una serie de episodios de violencia letal vinculados a organizaciones criminales. En julio de 2025 se reportaron cinco homicidios, frente a cuatro en el mismo mes de 2024, algunos asociados a bandas que operan con armas de fuego, granadas de guerra y redes de crimen organizado.
Se recuerdan casos como el asesinato de un extranjero que fue disparados 20 veces, en el distrito de Yanahuara en abril de este año.
Cifras delictivas y tendencia en Arequipa
De acuerdo con los reportes policiales, mientras los robos disminuyeron de 2,521 a 1,314 casos y los hurtos bajaron de 8,557 a 5,324, las extorsiones pasaron de 211 en 2024 a 246 en julio de 2025, consolidándose como uno de los delitos con mayor crecimiento. A ello se suma el promedio mensual de 35 denuncias por préstamos extorsivos tipo “gota a gota”.
Las autoridades advirtieron que el incremento de extorsiones y sicariato refleja una reconfiguración del delito en Arequipa, con mayor presencia de bandas organizadas y transnacionales. En todo caso, tanto este año como el que se nos avecina habrán nuevos desafíos para la seguridad ciudadana, en un contexto donde las cifras muestran menos delitos comunes, pero mayor violencia asociada al crimen organizado.
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Dos efectivos de la Policía Nacional fueron detenidos esta mañana cuando ingresaban a la Comisaría de Desaguadero, Puno, por su presunta implicancia en el robo de un vehículo el pasado 25 de diciembre. Se trata del SO3 PNP Alfredo Apaza Escarcena y el SO3 PNP Luis Alberth Villacorta Condori, quienes patrullaban el día del atraco junto a Jhonatan Huirse Vilca, agente que confesó su participación en el delito.
Los detenidos habrían participado en el robo del vehículo ocurrido la madrugada del 25 de diciembre en el distrito. Imágenes de cámaras de videovigilancia resultaron claves para identificarlos, evidenciando que el patrullero PNP lo habrían usado para realizar «reglaje» y no labores preventivas como correspondía durante su servicio policial en la jurisdicción de Desaguadero.
El Ministerio Público encabezó las diligencias y dispuso que los detenidos pasen a disposición de la SEPROVE para continuar investigaciones. Los tres efectivos policiales habrían actuado coordinadamente durante el robo del vehículo que posteriormente abandonaron.
Las cámaras de videovigilancia captaron movimientos sospechosos del patrullero policial durante la madrugada del 25 de diciembre en Desaguadero. Las grabaciones demuestran que los efectivos no realizaban patrullaje preventivo sino seguimiento del vehículo objetivo. Y lo hacian utilizando recursos del Estado para cometer el delito que ahora los tiene bajo investigación fiscal y administrativa en Puno.
El caso amplía el escándalo policial en Desaguadero donde anteriormente se denunció que Huirse Vilca intentó negociar con la víctima. La detención de dos efectivos adicionales evidencia al robo, no como un acto individual, sino una operación coordinada entre miembros de la Policía Nacional. Ellos aprovecharon su posición para cometer delitos contra el patrimonio de ciudadanos.
La Inspectoría Regional continúa investigando si más efectivos estuvieron involucrados en el robo vehicular y posterior encubrimiento del delito. Las autoridades analizan comunicaciones y movimientos de otros policías que trabajaban el 25 de diciembre en Desaguadero.. Buscan determinar el alcance total de la red delictiva que operaba desde la comisaría en el distrito fronterizo.
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Las autoridades peruanas confirmaron recientemente que 4 trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail han sido detenidos tras el fatal choque de trenes en la ruta ferroviaria que une Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu. El general PNP Julio Becerra, jefe de la Macro Región Policial, detalló que cuatro empleados permanecen bajo custodia […]
Las autoridades peruanas confirmaron recientemente que 4 trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail han sido detenidos tras el fatal choque de trenes en la ruta ferroviaria que une Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu.
El general PNP Julio Becerra, jefe de la Macro Región Policial, detalló que cuatro empleados permanecen bajo custodia policial por el choque de las unidades ferroviarias. Este siniestro ocurrió específicamente en el kilómetro 82, dentro del sector de Pampacahua, resultando en la muerte de un maquinista y muchísimos heridos. Un total de 107 personas recibieron atención médica inmediata en diversos hospitales y clínicas después del impacto entre los convoyes que transportaban a turistas extranjeros.
Fiscalía interviene de oficio
Debido a la gravedad, la fiscalía ordenó diligencias preliminares que incluyen pruebas de alcoholemia para los operarios detenidos en las dependencias de la región. Sin embargo, el oficial Becerra evitó adelantar hipótesis finales hasta obtener los resultados del dosaje etílico practicado a los implicados en el suceso.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, viajó a Cusco junto al mandatario José Jerí para supervisar las labores de rescate. El premier sugirió una posible negligencia humana tras conversar con especialistas en transporte sobre las señales ignoradas por uno de los conductores ferroviarios.
Heridos de gravedad extranjeros serán repatriados
Asimismo, los reportes oficiales indican que dos turistas extranjeros con fracturas faciales severas fueron trasladados hacia Lima para su posterior repatriación a sus países. Por consiguiente, el gobierno central anunció una revisión integral del sistema de acceso al santuario histórico para evitar que tales negligencias afecten la imagen nacional.
El presidente de la comunidad de Pampacahua, Cleto Quispe, explicó que el choque sucedió en una curva peligrosa donde la visibilidad de las máquinas es casi nula. Según su testimonio, la unidad de Inca Rail debía esperar en el kilómetro 94, pero avanzó indebidamente por fallas en los protocolos de comunicación.
Turistas varados tras choque de trenes
Mientras tanto, cerca de 300 turistas quedaron varados en la estación de Ollantaytambo generando fuertes reclamos por la falta de información de las empresas. No obstante, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que evacuaron a 2,000 pasajeros durante la madrugada mediante un plan de contingencia bastante riguroso.
El Indecopi supervisa actualmente que las compañías ferroviarias cumplan con los reembolsos y reprogramaciones de los boletos afectados por la suspensión total del servicio. Igualmente, el gerente regional de Salud, Omar Farfán, confirmó que siete pacientes presentan estados moderados y requieren evaluaciones constantes en clínicas privadas del Cusco.
Iniciaran evaluación
Finalmente, la próxima semana comenzará una mesa de trabajo ministerial para identificar todas las fallas operativas y adoptar medidas correctivas en el transporte turístico. Por ello, el presidente José Jerí reconoció que la respuesta inicial pudo ser más ágil ante la magnitud de esta tragedia que enluta al país.
La detención de trabajadores por el choque de trenes en Cusco marca el inicio de un proceso judicial que busca sancionar a los responsables de este evento sin precedentes recientes. Definitivamente, la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros debe ser la prioridad absoluta para las concesionarias que operan en esta ruta tan importante.
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A horas de celebrarse el Año Nuevo, una emergencia ha movilizado al menos 16 unidades de bomberos, que luchan por controlar un incendio en un depósito y almacén clandestino de pirotécnicos en el límite de los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte, en Lima Metropolitana.
El siniestro se inició en un inmueble utilizado como depósito de material pirotécnico, en circunstancias que aún son materia de investigación. Debido a la presencia de explosivos y productos inflamables, las llamas generaron detonaciones y mucho humo, lo que obligó a cerrar calles aledañas y a evacuar a personas que se encontraban cerca del lugar para evitar riesgos mayores.
Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un panorama complejo, ya que el fuego consumía grandes cantidades de material que puede explotar de manera impredecible, lo que aumentó la dificultad de las labores de extinción y puso en alerta a los equipos de emergencia. Por esta razón se dispuso el envío de múltiples unidades, entre ellas carros cisterna, ambulancias y brigadas especializadas en materiales peligrosos. El objetivo es controlar la situación sin poner en riesgo a los vecinos ni al personal de primera respuesta.
La zona donde se registra el incendio es conocida por la presencia de talleres y depósitos de pirotécnicos. Muchos de ellos sin autorización formal, lo que representa un riesgo latente cada fin de año debido al aumento de la demanda de fuegos artificiales. Las detonaciones constantes han causado alarma entre los residentes de los sectores cercanos, quienes prefirieron mantenerse a distancia y seguir las indicaciones de las autoridades.
En paralelo, otro incendio en un almacén de Villa El Salvador también movilizó varias unidades de emergencia. Se evidenció nuevamente los peligros asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de materiales inflamables. Aunque estos hechos ocurrieron en distintos puntos de Lima, ambos subrayan la necesidad de reforzar los controles y sanciones para prevenir tragedias que puedan terminar en víctimas o daños más graves.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero las autoridades mantienen un fuerte resguardo en la zona para evitar que el fuego se propague a viviendas y locales cercanos. Las investigaciones preliminares apuntan a que el depósito no contaba con las debidas medidas de seguridad. Tampoco permisos para almacenar productos pirotécnicos, lo que podría derivar en sanciones administrativas y acciones legales contra los responsables.
Mientras los bomberos continúan con las labores de control y enfriamiento del área afectada, los vecinos observan con preocupación cómo se desarrolla la emergencia a pocas horas de recibir el Año Nuevo.
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El año termina y Acción Popular se lleva, sin discusión, el reconocimiento al momento más vergonzoso del 2025. Desde hace años, el partido arrastraba una profunda fractura interna; sin embargo, todo indicaba que finalmente habían optado por una tregua para llegar unidos a las elecciones generales de 2026.
La calma duró poco. En un giro digno de antología política, las propias facciones del partido se acusaron mutuamente de fraude en sus elecciones internas. El conflicto escaló al punto de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) terminó declarando nulo el proceso, sepultando sus aspiraciones de participar en los comicios presidenciales y de presentar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.
Así, Acción Popular no solo quedó fuera de carrera, sino que ahora enfrentan querellas entre ellos hasta denuncias por amenaza de muerte.
