El último Informe de la Defensoría del Pueblo indica que en Arequipa hay cinco conflictos sociales, cuatro de ellos activos y tres que involucran a la minería. En los últimos tres años en la región, pugnas entre mineros a punta de armamento de guerra, represión policial, desconocimiento de acuerdos y pésimas condiciones de trabajo, han dejado el desolador saldo de al menos 60 fallecidos, decenas de heridos y criminalización de ciudadanos en pie de protesta.
Actualmente, hay cuatro conflictos sociales activos en Arequipa. Todos ellos son detallados en el Reporte de la Defensoría del Pueblo con la frase “No hay diálogo”.
Conflicto socioambiental Tía María y el Valle de Tambo
Uno de los casos que más controversia trajo el último mes es el proyecto minero Tía María, con el que insiste la empresa Southern Copper.
Ingresó como caso nuevo en octubre de 2013. Afecta al Valle de Tambo, que se extiende por los distritos de Dean Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, en Islay.
Involucra como actores primarios a la empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, a los alcaldes de Islay, Cocachacra, Punta Bombón y Deán Valdivia, a agricultores y ciudadanos de estos distritos. También están involucrados el Frente de Defensa del Valle de Tambo y las Juntas de Usuarios Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo y del Valle de Tambo.
Hace una semana, pese a las críticas contra el ministro Rómulo Mucho por su posición pro Tía María, tuvo una reunión con el gobernador Rohel Sánchez. En el encuentro con el titular del Minem y el gobernador de Arequipa también estuvo presente la mandataria Dina Boluarte.
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Después de la reunión en redes sociales, la Presidencia comunicó el posible destrabe del controversial proyecto que no cuenta con licencia social:
“Esta obra (represa Yanapuquio) contribuirá a la viabilidad social de Tía María, proyecto minero de más de US$ 1400 millones”
En respuesta, Miguel Meza dirigente del Valle de Tambo, anunció posibles protestas contra el proyecto Tía María. El régimen de Dina Boluarte viene presionando desde el Perumin 2023 a los agricultores del Valle de Tambo que se verían afectados por el proyecto de Southern Copper, empresa minera con denuncias de contaminación en distintos países
El informe mensual de conflictos sociales relata el desacuerdo de la ciudadanía manifiesta el 29 de abril de este año:
“La dirigencia del Valle del Tambo manifestó su rechazo ante la postura de sus autoridades locales, y sostuvo que de parte del gobierno central existe una provocación al querer pretender la reactivación del proyecto Tía María.”
Defensoría del Pueblo.
Caso Majes Siguas II
Este conflicto social de tipo “Asuntos de gobierno nacional”, ingresó como caso nuevo en mayo de 2017. Se ubica en la provincia de Caylloma, región Arequipa.
Involucra como actores primarios al Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).
En septiembre de 2023, el Gobierno Regional de Arequipa anunció la caducidad del contrato con la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra). Según el gobernador Rohel Sánchez, esta medida responde a incumplimientos graves de la contratista.
Mediante el oficio N° 569-2023 de fecha 22 de septiembre, el GRA notificó a Cobra la decisión. Esta etapa de la resolución del contrato será revisada por árbitros de la Cámara de Comercio e Industrias de Lima.
“Los contratos se hacen para cumplirlos y no para perpetuarlos de por vida, menos si no hay avance alguno en los trabajos. La concesionaria Cobra lo único que ha hecho en todos estos 13 años es aprovecharse de la confianza y burlarse de la esperanza de todo un pueblo y eso no va a volver a ocurrir”
Rohel Sánchez Sánchez, titular del GRA.
Luis Molero, asesor legal externo del Gobierno Regional de Arequipa, explicó que antes Cobra habría acusado al GRA de 25 incumplimientos a través de una carta notarial.
Entre los supuestos incumplimientos se señalaba la falta de la entrega del control del proyecto (entrega de terrenos). También mencionaba la valorización de obra que habría realizado Cobra y que no fueron pagadas y la no contratación de la Supervisión Especializada.
Molero desestimó esos reclamos, pues el 1 % de entregas que faltaban corresponde a obras nuevas de la segunda fase. Estas no se habrían concluido debido a que el expediente N°2 no fue aprobado porque no se levantaron 169 observaciones.
“En lo legal hay un desequilibrio enorme. Consideramos que hay argumentos legales y se debe analizar en el tribunal arbitral y ellos darán las razones en lo legal”
Sustentó Luis Molero, asesor externo del GRA ante la controversia por Majes Siguas II.
Conflicto socioambiental ECOSAMIN y CHOCO QORIWAYRA
Ingresó como caso nuevo en junio de 2023. Está ubicado en el distrito de Choco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.
Involucra como actores primarios a las Empresas “ECOSAMIN” y “CHOCO QORIWAYRA, pobladores que realizan labores mineras, mineros informales, y la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
“Se trata del conflicto entre pobladores que laboran en las empresas mineras en proceso de formalización “Ecosamin” y “Choco Qoriwayra”, quienes denuncian que las tierras donde realizan labores mineras son invadidas por mineros informales y demandan la intervención de las autoridades”
Detalló la Defensoría del Pueblo cuando presentó el caso en junio último.
Conflicto socioambiental Calpa Renace, Atico Calpa e Intigold Mining
Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2020. Ubicado en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa.
Involucra como actores primarios a los mineros informales de Calpa Renace, mineros informales de Atico Calpa, empresa Intigold Mining.
Pese a que el conflicto se registró en la Defensoría del Pueblo en 2020, este caso data de 2017. Cerca de 14 personas han muerto en enfrentamientos que han incluido armamento de guerra entre miembros de las asociaciones de mineros informales Atico Calpa y Calpa Renace.
Las grescas sangrientas entre estos grupos se han dado en terrenos del distrito de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, que fueron concesionados a la empresa Intigold Mining S.A, la cual tiene un historial de 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales.
El año pasado, la Policía detuvo a 32 involucrados en las disputas e incautó armas de fuego y municiones. Hasta la fecha no se ha dado algún evento violento nuevamente y las investigaciones para ubicar a los responsables de los asesinatos siguen inconclusas.
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