El 2 de febrero del 2001 se publicĆ³ la ediciĆ³n NĀ° 36 del semanario El BĆŗho, con el reportaje principal dedicado a la composiciĆ³n y jerarquĆas del Poder Judicial en Arequipa, gracias a influencias del fujimontesinismo. Entre los nexos, existĆan parentescos y otras prĆ”cticas corruptas en la labor de jueces y otros trabajadores judiciales.
NOTA ORIGINAL
Ahora que se ha roto un poco esa costra que controlaba la administraciĆ³n de justicia, tanto en la capital como en las provincias, y que empieza a aflorar la podredumbre, se conoce de casos en los que hubo un innegable trĆ”fico de influencias no sĆ³lo para nombrar a magistrados indebidamente y sin reunir los requisitos que la ley orgĆ”nica del Poder Judicial establece, sino para copar cargos tanto en las Cortes Superiores como en las FiscalĆas, a fin de que no prosperen las denuncias presentadas en contra de la dictadura o de algĆŗn otro interĆ©s personal que por aƱadidura o pago a eficientes servicios de bloqueo se negociaban impunemente
Unidad de InvestigaciĆ³n
Desde hace mucho tiempo, connotados juristas como Francisco Eguiguren Praelli, expresidente de la Academia de la Magistratura encargada de la formaciĆ³n de jueces y fiscales, denunciaron pĆŗblicamente que en el Poder Judicial y el Ministerio PĆŗblico, tanto en Lima como en provincias se habĆa levantado un tipo de organizaciĆ³n mafiosa que involucraba desde los niveles mĆ”s altos hasta los mĆ”s bajos, utilizando mecanismos siniestros de extorsiĆ³n para vender o cobrar por decisiones judiciales para favorecer a una parte, aunque carezca de fundamento jurĆdico.
TambiĆ©n esta ilegal red de corrupciĆ³n administradora de miserias y no de justicia, se habrĆa dedicado a utilizar el sistema judicial para perseguir, para sancionar o para negociar decisiones, y eso es una verdad a voces en los cĆrculos de abogados dedicados al litigio.
Lo perverso de esta realidad, de la cual no estarĆa exenta la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha sido que esas estructuras al parecer tuvieron desde un inicio, la intenciĆ³n de ir copando cargos tanto en las cortes superiores como en las fiscalĆas, colocando en ellas a personas con una clara decisiĆ³n polĆtica de control del aparato, ya sea con fines polĆticos, econĆ³micos o mafiosos y que en algunos casos, carecen de capacidad profesional y dignidad moral para sus funciones.
Es por todo esto que se afirma que la actuaciĆ³n del aparato de inteligencia era encontrarle algunos vicios o pecados a algunos magistrados y permitĆrselos, para luego tenerlos cogidos por el cuello con una cuerda que se ajustaba si no obedecĆan o cumplĆan con las disposiciones elaboradas en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Los “Alipitos” en Arequipa
Observar a los cuatro magistrados supremos, entre los que se encontraba Alipio Montes de Oca, conversando con toda naturalidad sobre la red de corrupciĆ³n que habĆan organizado para controlar el Poder Judicial, con la ventaja, entre otras, de beneficios como el pago de un sueldo “extra” de 10 mil dĆ³lares (en el caso de Alipio); indignĆ³ a los peruanos que por primera vez veĆan de manera descarnada la podredumbre de la administraciĆ³n de justicia. Hoy, nadie puede asegurar que ello no se haya hecho extensivo a familiares y amigos que quizĆ”s teniendo mĆ©ritos personales, ascendieron posiciones en medio de un poder perverso que basaba toda en la relaciĆ³n, directa o indirecta, con el lado mĆ”s oscuro del autoritarismo fujimorista.
Tal como denunciamos la semana pasada, Juan G. Montes de Oca Begazo fue nombrado directamente en el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sin haber ocupado ningĆŗn cargo antes, Y sus relaciones familiares no terminan allĆ.
Otro juez, con relaciones familiares peligrosas para la correcta administraciĆ³n de justicia es el vocal supernumerario de la Primera Sala Civil Ćscar Renato Diaz Gonzales, hijo del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Ćscar DĆaz Valverde, y sobrino del recordado Luis Guillermo DĆaz Valverde, miembro del Tribunal de GarantĆas Constitucionales que la dictadura destruyĆ³ por oponerse a sus planes reeleccionistas. El sombrĆo Guillermo Diaz, lejos de solidarizarse con sus destituidos colegas Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, prefiriĆ³ mantenerse al lado de JosĆ© GarcĆa Marcelo y Francisco Acosta SĆ”nchez en un innegable acto de apoyo a la dictadura fujimontesinista por lo que habrĆa obtenido la gratitud del ‘Doc’.
Al margen de recibir o no ayuda para su nombramiento, Ćscar Renato DĆaz tiene a su hermano Paul Alonso Diaz Gonzales que logrĆ³ su ascenso en tiempo rĆ©cord, trabajando en la Cuarta FiscalĆa Superior Penal como Fiscal Adjunto al Superior, hecho que nuevamente cierra un cĆrculo peligroso en el distrito judicial arequipeƱo. Sin entrar en discusiĆ³n sobre las capacidades profesionales de estos magistrados y aunque Ć©ste hecho no genera incompatibilidad legal, es curioso, por decir lo menos, que pocas familias copen tantos puestos dentro del sistema de administraciĆ³n de justicia. ĀæQuĆ© pasa, cuando un fiscal interviene en un proceso, donde el hermano es juez, o cuando el fiscal es esposo de la jueza de turno?
Este podrĆa ser el caso de la jueza titular del Primer Juzgado Penal, Nora Sanz Velarde de Alvarado, que se encuentra casada con James Abel Alvarado RĆos, designado en la Cuarta FiscalĆa Provincial Penal como fiscal adjunto al provincial.
Otra fiscal, que se encuentra relacionada familiarmente con las altas esferas del poder es MarĆa del Rosario Lozada Sotomayor, familiar cercano de la congresista oficialista Carmen Lozada de Gamboa, incondicional defensora del expresidente Alberto Fujimori y su rĆ©gimen, cuyo pilar principal, ahora lo sabemos, fue el exasesor Montesinos, y cuyo principal Ć”mbito de injerencia fue, precisamente, el sistema judicial y las fuerzas armadas.
Por si fuera poco, una sobrina directa de Vladimiro Montesinos, Julia MarĆa Montesinos y Montesinos es fiscal en el distrito judicial de Arequipa, aunque es probable que, en este caso, sea una vĆctima mĆ”s de un parentesco no elegido, es necesaria una evaluaciĆ³n profunda de todo el sistema.
Los amigos de Montesinos
Arturo Chocano Polanco, quien se desempeƱaba como juez titular de Paz Letrado en el distrito judicial de Arequipa, repentinamente, y contraviniendo lo establecido por la Ley OrgĆ”nica del Poder Judicial, pasĆ³ a vocal de la Corte Superior de Lima en la Sala de Derecho PĆŗblico. Este irregular y vertiginoso ascenso se habrĆa producido gracias al hecho de que Chocano fue amigo de la infancia de Vladimiro Montesinos, pues ambos vivĆan en la Alameda Pardo de Tingo. A este magistrado, se le recuerda porque iba a resolver el proceso de nacionalidad entablado contra Baruch Ivcher, situaciĆ³n que fue descubierta por lo que fue recusado y alejado del proceso.
La gratitud de Montesinos para con esta familia que lo habrĆa acogido en su adolescencia, lo llevĆ³ a brindarles todo tipo de ayuda en sus carreras profesionales. AsĆ, un hermano de Chocano, tambiĆ©n de profesiĆ³n abogado, fue llamado a la capital en condiciones que muchos de sus colegas envidiarĆan.
El reinado de Berly Cano
El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Berly Cano Suarez, fue reconocido en su momento por sus calidades profesionales. LĆ”stima que haya ensombrecido su brillante carrera aceptando la designaciĆ³n del dedo montesinista. Lejos de defender los fueros judiciales, tuvo una actitud extremadamente sumisa con el poder militar local, asĆ como frente a su amigo David PezĆŗa, secretario ejecutivo de la ComisiĆ³n Ejecutiva del Poder Judicial, quien lo designĆ³ personalmente por dos aƱos consecutivos en el cargo.
SegĆŗn algunas fuentes, Cano Suarez habrĆa nombrado a la jueza Juana Torreblanca NĆŗƱez en el dĆ©cimo Juzgado Civil, sĆ³lo por el hecho de ser una persona de su confianza y contraviniendo la Ley OrgĆ”nica del Poder Judicial, pues la jueza no tenĆa los antecedentes requeridos.
Lo cierto es que Juana Torreblanca es la juez que tiene mĆ”s quejas tanto de litigantes como de abogados. Prueba de ello es que a travĆ©s de la Queja NRO. 556 2000 Q del 22 de enero del presente aƱo, la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA) resolviĆ³ abrir proceso disciplinario en su contra, por negarse reiteradamente a resolver los escritos presentados por los abogados.
Pero ella no es la Ćŗnica magistrada objeto de quejas de abogados y litigantes, por su actuaciĆ³n. Existe un grupo numeroso que son objeto de denuncias, pero hasta el momento ni la ODECMA ni el actual presidente de la Corte de Arequipa, JosĆ© Luis Lecaros, se han pronunciado.
No se puede, sin embargo, generalizar. Es obvio que frente a toda esta problemĆ”tica, es necesario reivindicar el Poder Judicial, prostituido por la dictadura. Tal vez algunos magistrados honrados, sĆ³lo se dejaron llevar por la comente, pero es el momento de rectificar.
Los procedimientos irregulares en nombramientos, las prebendas, los pagos de favores, entre otros vicios, deben terminar. Y los Ćŗnicos que pueden reivindicar su imagen ante la poblaciĆ³n son los propios magistrados. Exigiendo evaluaciones rigurosas, no tolerando ninguna manipulaciĆ³n del poder polĆtico y revisando su propia actuaciĆ³n de manera concienzuda.
En ese sentido no parece aconsejable regularizar los nombramientos de jueces con un curso de dos meses en la Academia de la Magistratura, cuando lo usual eran dos aƱos. Asimismo, la potestad que aĆŗn tiene el presidente de la Corte de nombrar o retirar a los magistrados provisionales, debe emplearse bajo fiscalizaciĆ³n y de la manera mĆ”s escrupulosa posible. Los traslados de jurisdicciĆ³n. especialmente. deberĆ”n revisarse.
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