El proceso llega a su término tras siete años de haber comenzado la investigación penal en el Ministerio Público. El Poder Judicial condenó a 3 años de prisión suspendida al expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, por el delito de negociación incompatible.
“Al tener calidad de cómplice y al estar limitado su pretensión punitiva por el Ministerio Público, se va a amparar en 3 años de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo plazo, bajo reglas de conducta (…) Inhabilitación por el plazo de 5 años”
Magistrado Edy Leva Cascamayta.
El juez Unipersonal para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Edy Leva Cascamayta, impuso 4 años y 2 meses de prisión para Jorge Luis Aguilar, su exgerente general, por su responsabilidad en las contrataciones directas. Esta sentencia tiene carácter efectiva por la comisión del delito de negociación incompatible.
Se fijó una reparación civil de 100 mil soles, que se pagará de manera solidaria entre Aguilar y Guillén.
El Ministerio Público pedía 5 años para los exfuncionarios Sarah Peña Dávila, Juan Velille Torres y Rossana Morays Velásquez; pero fueron liberados de responsabilidad en la sentencia dictada este martes.
El fiscal anticorrupción Manuel Aquino acusó a todos ellos de actuar de manera indebida. Además de favorecer a terceros con contratos directos, al margen de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, indicó que estos hechos se cometieron con la anuencia del expresidente regional.
Explicó que, entre los años 2012 y 2014, el Gobierno Regional de Arequipa implementó este sistema paralelo de contrataciones en el que se otorgaban contratos directos a proveedores sin previo concurso.
Acusación por contrataciones en Arequipa
Se acusó al exgerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar, de firmar 73 contratos con montos superiores a 3 UIT, en contra de la norma. También la exjefa del área funcional no estructurada de Apoyo y Coordinación de los Proyectos Especiales, Sarah Peña, firmó 36 contratos. Lo mismo hicieron los exfuncionarios Rossana Morais Velásquez y Juan Velille Torres al suscribir 15 y 10 contratos respectivamente, bajo este sistema.
Los sentenciados implementaron un sistema paralelo de contrataciones y adquisiciones del Estado, vulnerando diversas normas específicas. Prescindieron del área de Logística, convocando a procesos de contratación directa por más de 3 Unidades Impositivas Tributarias. Además, no observaron las normas al obviar la conformación de comités de selección y convocar a proveedores no inscritos formalmente.
Las contrataciones se realizaron, principalmente, en obras como la construcción del puente Chilina, que ejecutaba en ese momento la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides.
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