Una demanda de amparo ante el Poder Judicial presentó ayer el Procurador General del Estado (PGE), Daniel Soria Luján, contra la ley promovida y aprobada desde el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, para designar a su propio procurador.
Soria advirtió que esos procuradores saldrán de la competencia funcional del Estado. “La PGE, frente a hechos que se susciten a partir de mañana, no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores ni hacer evaluaciones de desempeño. Tampoco podrá capacitarlos, porque ellos van a depender de su entidad”, advirtió.
Por esto, el recurso legal presentado, busca dejar sin efecto la norma promulgada el pasado 7 de junio. Y proteger “la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”.
La causa la resolverá el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima a cargo de la jueza Malbina Saldaña, según lo dispuesto en el Poder Judicial.
Procuradores serán juez y parte
La nueva Ley, oficializada en el diario El Peruano, modifica artículos y disposiciones del Decreto Legislativo que reestructuró el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Y creó la Procuraduría General.
Según la norma, el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, “con excepción del Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos”.
“Los procuradores públicos designados estarán sujetos a la evaluación y ratificación por parte de los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Así como de los mencionados organismos constitucionales autónomos. Estas deberán llevarse a cabo en un plazo no mayor de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la presente ley”.
La ley impulsada por el Parlamento “parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado”, dijo el procurador Soria. “Es una decisión antitécnica porque los sistemas administrativos existen para darle más eficiencia a los servicios del Estado; en este caso, el servicio de defensa jurídica”, explicó.
El propio Gobierno desconoció observaciones del Minjus
Para el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, la norma no resta autonomía a la PGE. “Busca que el Congreso y otras instituciones públicas puedan ejercer su defensa considerando eventuales discrepancias con el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, es importante hacer ver que cuando este proyecto de ley fue remitido a consulta técnica del Congreso al Ministerio de Justicia, este último hizo algunas observaciones. Sin embargo, el Gobierno igual promulgó la ley.
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