Las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 estuvieron “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”. Así lo determina categóricamente un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El informe se emitió a un día de la presentación que solicitó el premier Alberto Otárola a la OEA y concluye que “los funcionarios gubernamentales responsables de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, contra los manifestantes”.
Además de decir que el uso de la fuerza letal estuvo “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”, afirma que implicó “una privación arbitraria de la vida” de las víctimas.
Hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos
Si bien el informe analiza las protestas ocurridas del 7 de diciembre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, se concentra en los hechos violentos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
“La OACNUDH considera que hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. Esto incluye violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías judiciales, a la reunión pacífica y al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, según el informe del Alto Comisionado de la ONU.
El documento se presenta tres semanas antes de la evaluación que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo al Estado peruano sobre la forma como enfrentó las protestas.
Estado peruano restringió el derecho de reunión pacífica
1. El Estado peruano restringió el derecho de reunión pacífica de los manifestantes. “Incluso, mediante estados de emergencia, controles de identidad, detención de manifestantes y uso de fuerza letal y menos letal para dispersarlos”.
2. El Alto Comisionado refiere que la mayoría de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y julio de 2023 fueron pacíficas. Esto, pese a que “algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia”. Estos actos, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no están protegidos por el derecho de reunión pacífica.
3. Las violaciones a los derechos humanos incluyen “casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”.
4. Hay casos de manifestantes heridos que sufrieron retrasos en el acceso a la atención médica urgente, quienes denunciaron discriminación en los centros hospitalarios. Ellos y sus familias sufrieron efectos físicos y psicológicos devastadores que alteraron sus planes de vida. La mayoría de las víctimas son personas indígenas.
OACNUDH documentó situaciones de trato cruel, inhumano y degradante
5. A cientos de personas manifestantes las detuvieron con el pretexto del control de identidad, en algunos casos en masa. Las personas entrevistadas denunciaron falta de garantías jurídicas en el contexto de la detención, incluidas injerencias indebidas en el derecho a una defensa legal.
6. En cuatro casos, OACNUDH documentó situaciones que podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”, advierte el Alto Comisionado.
7. Algunas de las violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas, incluidos los actos de violencia que puedan producirse en este contexto”.
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube
Síguenos también en nuestras redes sociales:
