Juan Carlos Villena Campana es el fiscal de la Nación interino frente a la vacante que dejó Patricia Benavides Vargas, tras ser suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mientras se le investiga como presunta cabecilla de una organización criminal.
El Ministerio Público informó a través de un comunicado, sobre la declinación de Pablo Sánchez al cargo de fiscal de la Nación interino, quien es el magistrado supremo más antiguo. Es así que, por sucesión le corresponde a Juan Carlos Villena asumir dicho puesto.
El fiscal supremo titular, Juan Carlos Villena Campana, es desde la tarde del lunes 11 de diciembre, fiscal de la Nación interino. Además de ser el titular del Ministerio Público (MP) es también, presidente interino de la Junta de Fiscales Supremos.
Villena Campana quien nació en Juliaca, Puno y estudió en Arequipa, ocupa el cargo de magistrado supremo titular desde junio del 2022.
Durante una reunión con Pablo Sánchez, se determinó que Villena se desempeñará en el cargo durante los seis meses de suspensión de Patricia Benavides.
Como se sabe, el fiscal supremo Pablo Sánchez declinó de continuar como titular interino del Ministerio Público en favor de Villena, pese a que le correspondía por antigüedad o precedencia.
Reincorporan a fiscal suprema Delia Espinoza
En la reunión realizada entre ambos fiscales supremos, también se decidió “dejar sin efecto el acuerdo de noviembre del 2022, que designó a la fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela, como representante del MP ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
De esta forma, Espinoza Valenzuela se reincorporará a la Junta de fiscales Supremos.
Según se conoció la mañana de este mismo lunes, la fiscal Espinoza Valenzuela había enviado una tercera solicitud -las dos anteriores no habían sido atendidas por Benavides- para volver al Ministerio Público frente a “los graves acontecimientos” que atravesaba la institución.
“Resulta necesario y de vital urgencia mi reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos, con la finalidad de dotar de legalidad los Acuerdos que se adopten ante la presente crisis institucional”, advertía la magistrada suprema en su pedido de reincorporación.
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