Fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron las oficinas del exconsejero legal de la presidenta Dina Boluarte, Óscar Nieves como parte del operativo denominado Valkiria II.
Este operativo conjunto de 23 fiscales y cien efectivos policiales se realizó desde la madrugada de este martes 23 de abril, dentro de la investigación por la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Se detuvo a siete personas, entre ellas a los exasesores del Ministerio Público Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles, al empresario Giancarlo Valer Enciso y otras más. Todos son investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, etc.
En el caso del abogado Óscar Nieves, si bien se le señala como consejero legal y asesor en la sombra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no fue detenido.
Allanamiento fue a dos inmuebles de Nieves
Según lo que se informa, las autoridades fiscales y policiales que realizaron el operativo intervinieron dos inmuebles de Óscar Nieves. Esto en el distrito de Miraflores: uno ubicado en la Avenida La Mar y otro ubicado en la Calle Santander.
La resolución judicial que autorizó la detención de siete personas se basa en las declaraciones de un colaborador eficaz que agravó aún más la situación de Benavides. La sindicó de ser la receptora de una coima de S/ 30,000 para direccionar una licitación en el Ministerio Público.
Pero no es la única licitación en la que la fiscal suspendida habría intervenido para beneficiar a una empresa. El aspirante a colaborador eficaz también narró como el empresario Giancarlo Valer contactó a Benavides a fin de ofrecerle S/1′000,000 si ayudaba a una compañía a ganar un contrato en su institución.
El contacto del empresario habría sido la exasesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, quien se comunicó con el exasesor de la Fiscalía, Jaime Villanueva, a fin de informarle que Valer quería reunirse con él.
Dos exasesores de Dina Boluarte en la reunión
“La reunión se realizó los primeros días de junio del 2023, en la casa de Valer, en Surco. Además del empresario, Asayag y Villanueva, también estaban presentes Girao y el exabogado y exasesor de Boluarte, Oscar Nieves Vela”.
“Valer comentó a los asesores de Benavides que se lanzaría en el Ministerio Público la licitación para adquirir un Data Center por S/ 130 millones y que una empresa vinculada a él se presentaría como postor y que si lo ayudaban en su direccionamiento, ellos ganarían una “buena cantidad de dinero”, propuesta que habrían aceptado Girao y Villanueva”, según la resolución.
Los presentes en la cita intercambiaron números telefónicos. Valer les informó que en cualquier proceso de contratación del Ministerio Público, él tenía amigos empresarios a los que se les podría ayudar en las licitaciones y, a cambio, “ellos recibirían un porcentaje total del costo total de la licitación”. Ambos exasesores de la Fiscalía se mostraron de acuerdos e interesados.
Días después, Villanueva y Girao vieron necesario reunirse con Jorge Palomino Quesada, gerente central de la Oficina General de Logística de la Fiscalía. Villanueva le dijo del amigo empresario interesado en cualquier proceso de contratación de la institución y que si ganaba la buena pro, recibirían grandes sumas de dinero. El funcionario les dijo que había una licitación pública para contratar a una empresa de limpieza.
La prioridad era realizar las “gestiones” con Benavides
En una siguiente reunión, Valer dijo a Villanueva y Girao que la prioridad era que realizaran todas las gestiones posibles con Benavides para que su empresa gane la licitación para la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia de la Fiscalía. La contratación pública superaba los S/ 140 millones.
El empresario le habría dicho a Villanueva que otra empresa se presentaría y que estaría concertando con otros funcionarios para direccionar la contratación y que, ganarían grandes sumas de dinero de las coimas que recibirían y que “no era congruente que funcionarios de menor rango ganen más dinero que ellos. Los exasesores se habrían comprometido.
El 14 de junio del 2023, la Gerencia de Abastecimientos, a cargo de Jenny Ochante, solicitó vía correo electrónico a las Naciones Unidas la publicación de la solicitud de ofertas para la implementación de este centro de cómputo. El 15 de junio del 2023, los datos de la Licitación Pública Internacional se publicaron en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Últimas coordinaciones y la “actuación de Benavides”
Valer llamó a Villanueva en agosto del 2023 para reunirse en su oficina en Surco. El empresario le detalló el proceso de licitación en desarrollo en ese momento, la fuente de financiamiento, el costo que era más de S/ 130 millones, entre otros datos del comité de selección.
“Valer precisó a Villanueva y Girao lo determinante de su influencia para que esa licitación pública sea direccionada y que una de las empresas vinculadas a él gane la buena pro y que por esa ayuda, cada uno de ellos recibiría S/ 500,000, y acordaron los esfuerzos para este ilícito”.
Luego de esta reunión, Villanueva y Girao se habrían dedicado a buscar la forma de direccionar la licitación pública, tratando de influir sobre los miembros del comité de selección o sobre la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora, Natalia Urbano Ramírez; pero no tuvieron resultados.
“Era necesario trasladar dicha acción ilícita a la máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides, pero antes de ello Villanueva debía coordinar con Valer para que precise cuánto dinero ofrecería a la suspendida fiscal de la Nación por direccionar la licitación pública en cuestión”, se lee en la resolución.
Benavides aceptó hacerse del millón de soles
Villanueva se comunicó con Valer Enciso y al día siguiente, ambos se juntaron en un edificio de Surco y el exasesor de la Fiscalía le consultó sobre el monto para Benavides y el empresario le diría en una próxima reunión.
Así fue. Se volvieron a reunir y le informó que había acordado con los socios de la empresa postora que si Benavides lograba direccionar la contratación y favorecer a su compañía, Valer, por encargo de la empresa postora, le entregaría a ella S/ 1′000,000. .
Al día siguiente, Villanueva se reunió con Benavides, le contó todo lo que había hablado con Valer. Según el aspirante a colaborador eficaz, la suspendida fiscal de la Nación aceptó hacerse de esa cantidad de dinero, por lo que el exasesor le hizo entrega de los datos de la empresa. Ella se habría comprometido a averiguar los detalles del proceso.
“En los días siguientes, Benavides llamaba a su despacho a Villanueva y le dio detalles de la información obtenida sobre la licitación pública internacional para la implementación del Data Center, evidenciándose su compromiso con el acuerdo ilícito”, se advierte en la resolución.
Acuerdan cesar a Directora Ejecutiva
Al tener dificultades para influir sobre la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora y los miembros titulares del Comité de Selección, Valer, Villanueva, Girao y Benavides “habrían acordado ilícitamente cesar del cargo a la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora y colocar a otro funcionario para que se adecue a los lineamientos ilícitos de la organización”, y así favorecer a la empresa vinculada al empresario.
Valer habría contactado con Blanca Arce Barboza, ligada a las actividades de consultoría y procesos de contratación pública con el BID y Banco Mundial. Se conocían desde octubre 2021, cuando trabajaban en PROCIENCIA, Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Tanto Villanueva como Girao, con conocimiento de Benavides, seguían el proceso de licitación e influenciaron para que Ochante Cahuana forme parte del Comité de Selección y aprovechar que Arce Barboza, a quien colocaron, disponga el cambio en la conformación del comité, y así, ante cualquier eventualidad que no sea favorecida la empresa vinculada a Valer, esa persona actúe en representación de los intereses de la organización criminal.
Hasta el momento, la licitación para adquirir un Data Center principal y un Data Center de contingencia para el Ministerio Público no ha sido adjudicada pues se buscaría que la compañía ganadora sea aquella que se ha pretendido con antelación, que es la empresa vinculada a Valer.
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