La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está solicitando se anule la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respecto al archivo de la denuncia constitucional contra el exfiscal Luis Arce Córdova por enriquecimiento ilícito, porque excedió «los límites de su competencia» contenidos en el Reglamento del Congreso.
Asimismo, precisó que dicho grupo de trabajo desnaturalizó «el procedimiento de antejuicio, al realizar un juicio prematuro sobre aspectos sustantivos del tipo penal y de la prueba propios de la etapa jurisdiccional». Esto, cuando María Acuña (APP) era la presidenta, pese a tener procesos penales en curso por presunto delito de fraude procesal y denuncia calumniosa, lo que prohíbe su Reglamento.
En ese sentido, Espinoza Valenzuela mediante un oficio dirigido a José Jerí, como presidente del Parlamento, le está solicitando que se declare la nulidad de «todo el procedimiento llevado a cabo por la SAC en la tramitación de la denuncia constitucional interpuesta por la titular del Ministerio Público contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova».
La SAC en sesión del 11 de julio, aprobó con 13 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones el informe de calificación que recomendó declarar improcedente la denuncia porque, según alegaron, «no se había identificado que el incremento de dicho patrimonio provenga del uso abusivo del cargo». Asimismo, consideraron que el informe pericial presentaría deficiencias metodológicas y omisiones relevantes.
Acto parlamentario es jurídicamente inválido
Luego, “el acto parlamentario de incorporación en la agenda, emisión de propuesta de informe de calificación y votación del informe de calificación […] es jurídicamente inválido, dado que fue emitido por un órgano […] que no estaba válidamente constituido, al integrar a miembros inhabilitados por mandato expreso del Reglamento del Congreso», resalta el oficio.
«Ello configura un vicio de competencia de carácter insubsanable, que acarrea la nulidad absoluta de todas las decisiones adoptadas», resaltó.
¿Por qué se le denuncia al exfiscal supremo Luis Arce y qué hizo la SAC?
La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Arce Córdova, el pasado 22 de enero, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito ya que, entre los años 2009 y 2019, el magistrado «abusando de su cargo» habría «incrementado de manera sustancial e ilícita su patrimonio en un monto ascendente a» más de un millón de soles, según una «pericia contable financiera».
Luego, el Congreso declaró improcedente esta acusación con un informe pericial que no solo «presentaría deficiencias metodológicas y omisiones relevantes» sino que, al aprobarlo, la subcomisión excedió «los límites de su competencia» contenidos en el Reglamento del Congreso.
Espinoza Valenzuela advierte que, «los cuatro ‘argumentos’ invocados para declarar la improcedencia de la denuncia constitucional […] evidencian una clara desviación del parámetro normativo que rige esta etapa del procedimiento parlamentario, establecido expresamente en el artículo 89 del Congreso. Conforme a dicha disposición, la [SAC] debía limitarse a verificar si la denuncia cumplía con los presupuestos formales y materiales mínimos para su admisión», alertó Espinoza.
Presidenta de la SAC tiene procesos penales en curso
«No obstante, la decisión de improcedencia ha sobrepasado dicho marco normativo incurriendo en valoraciones propias de un juicio de tipicidad penal anticipado, en una indebida evaluación del mérito probatorio de una pericia oficial y en una tergiversación del principio de presunción de inocencia, incluso en contravención al tratamiento que esta misma subcomisión ha realizado respecto a otras denuncias por enriquecimiento ilícito que se ha formulado contra otros aforados”, dijo.
Todo ello configura no solo una flagrante violación del principio de legalidad e igualdad ante la ley, sino una grosera y manifiesta desnaturalización de la función de filtro», refirió.
Además, hizo notar que, María Acuña (APP), la entonces presidenta de la SAC -en la anterior legislatura-, tiene procesos penales en curso por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa «en el marco de un conflicto de origen contractual». Otros miembros también presentan carpetas fiscales por la presunta comisión de delitos dolosos de especial gravedad […], así como delitos contra la administración pública».
Ante esta situación, Delia Espinoza advierte que, el Reglamento del Congreso prohíbe que aquellos parlamentarios que estén inmersos en procesos penales puedan integrar esa subcomisión, disposición que era «plenamente conocida» por Acuña Peralta, pero que, pese a ello, fue designada como presidenta de ese grupo de trabajo «contraviniendo abiertamente la prohibición reglamentaria».
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
