La Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de falsa declaración y de distorsionar la información sobre aportes entre 2020 y 2021, y de paso le pide una nada despreciable pena de 5 años y 4 meses de prisión, más una inhabilitación como presidente de la agrupación.
La defensa, en un acto de fe, asegura que él solo se limitó a presentar los informes que hacía el tesorero, y que la responsabilidad no le alcanza, aunque los presuntos 280 mil soles desviados a sus cuentas personales y las de su hermano parecen haber viajado solitos. Curiosamente, el delito de fraude en administración ya fue archivado, así que solo quedan estos “detalles administrativos”.
El 27 de mayo un juez decidirá si Sánchez merece un juicio oral o si, por el contrario, todo fue un malentendido con los plazos de prescripción.
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