La edición N° 24 del semanario El Búho se publicó un 20 de octubre del 2000. Entonces se profundizó sobre la crisis que vivían las personas que habían solicitado un préstamo de bancos y financieras en la década del 90. Deudas que terminaron con el embargo de sus viviendas, por montos que no representaban ni la mitad del costo del inmueble.
NOTA ORIGINAL
Los créditos que tan amablemente ofrecía la banca de consumo se han convertido en pesadilla para miles de prestatarios; quienes al no poder pagar las deudas lo han perdido todo o están a punto de hacerlo. Además de los problemas económicos, los deudores enfrentan verdaderas crisis familiares. Las recriminaciones y acusaciones son una constante, y es que al haber puesto de garantía sus viviendas, familias enteras han quedado en la calle. En medio de la discusión legal, ha surgido una verdadera lucha entre las entidades financieras y los deudores que demandan al Poder Judicial y la Fiscalía una actitud más consecuente con sus obligaciones; pues en su opinión hasta hoy han actuado con abierto favoritismo al sistema financiero.
Escribe: Yeny Palacios Salas
Miles maldicen la hora en que solicitaron créditos en el sistema financiero. Lo que parece ser una excelente oportunidad para solucionar un problema o levantar el negocio, se ha convertido en el mayor de sus errores; equívoco que los ha llevado a enfrentar algunos juicios con pocas probabilidades de hallar una solución satisfactoria. Cada caso parece ser peor que otro y ante la imposibilidad de defenderse individualmente, los deudores se han reunido para enfrentarse a lo que parece ser un omnipotente monstruo.
Laura Luna de Macedo, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Sur, es la promotora de acciones que buscan llamar la atención de las autoridades. Más específicamente del Poder Judicial y la Fiscalía, pues ha encontrado irregularidades que en opinión de sus abogados, merecen la intervención de la Fiscalía. Los deudores acusan a los bancos, en este caso el banco Santander Central Hispano y la Caja Municipal; de falsificar firmas y llenar dolosamente los pagarés que al inicio del proceso crediticio el cliente firmó en blanco.
No tienen forma de probarlo, pero dicen conocer de buena fuente que antes de la fusión con el banco Santander Central Hispano, el Banco Sur presentaba considerables forados. Para cubrirlos, se utilizaba el dinero de los clientes.
El drama de los prestatarios empieza cuando, por diferentes razones, dejan de pagar. En los casos denunciados por la señora Laura Luna, la constante son problemas económicos; la crisis golpeó sus empresas y no pudieron continuar con los pagos.
Atemorizados ante la posibilidad de perder las propiedades otorgadas en garantía, los prestatarios hacen innumerables esfuerzos para refinanciar las deudas; pero el dinero que ingresa, denuncian, no va al capital sino a cubrir los gastos de cobranza y trámites judiciales; de manera que la deuda crece, imparable.
“¿Por qué a pesar de los pagos que hice mi deuda siguió creciendo, por qué?“, se pregunta Toribia Cruz, humilde mujer que tiene la virtud de haber aprendido el difícil oficio de la mecánica. Cuenta que es capaz de armar y desarmar motores de camiones, pero esas habilidades de poco le han de servir ahora que el Banco Sur se ha adjudicado su vivienda – taller ubicado en el malecón Progresista en Paucarpata.
La señora Cruz se prestó 7 000 dólares para comprar una unidad de transporte. Se comprometió a pagar 500 dólares mensuales y así lo hizo hasta que el vehículo se volcó y no pudo ser reparado. Le llegó entonces una carta notarial conminándola a cumplir con sus obligaciones. Ante tales circunstancias, pide refinanciar la deuda y logra pagar $/ 2800 como primera cuota de ese refinanciamiento, se compromete a pagar $/ 300 mensuales; pero surgió nuevamente las dificultades y el banco presenta demanda por ejecución de garantías. La deuda de $/ 7 000 se convierte en $/ 17 690 primero, y en $/ 21 560 al 23 de junio del año pasado.
El caso se lleva al Poder Judicial y se procede a rematar la casa. Al no haber postores el banco, según la señora Cruz, se ha adjudicado su casa valorizada en más de $/ 30 000. “No entiendo cómo pudo pasar esto, yo pagué alrededor de 20 cuotas en las refinanciaciones les entregué hasta $3750. Se ha quedado con esos pagos y encima mi casa, ¿dónde vamos a trabajar ahora?, se pregunta totalmente abatida.
El problema, según Manuel Acuña, abogado de la Asociación de la Mujeres Empresarias, es que los bancos y entidades como la Caja Municipal abusan del Artículo 9 de la ley General del Sistema Financiero; el mismo que otorga libertad para fijar los intereses, comisiones y tarifas. Amparándose en este artículo, las entidades financieras establecen montos arbitrios para los intereses compensatorios o moratorios. Es por estos conceptos que las deudas crecen a conveniencia de las entidades prestadoras.
En el caso de Laura Luna, el interés compensatorio y moratorio impuestos por la Caja Municipal a la deuda de su esposo, asciende al 140% y 120% respectivamente.
“Por 900 soles, Caja Municipal se adjudicó mi casa valorizada en $/ 15 000”
La desesperación ha llevado a deudores a idear fórmulas de protesta ante la arbitrariedad de los bancos y lo que consideran complicidad del Poder Judicial y Ministerio Público. Se declararon en huelga de hambre y a nadie pareció importarles, se encadenaron en el Palacio de Justicia y llamaron la atención del doctor Berly Cano, el presidente de la Corte Superior de Arequipa.
Le expusieron sus problemas y ante los indicios de dolo y abuso de parte de las entidades financieras trató, según relatan los denunciantes, de interceder por ellos ante la Fiscalía. Durante breve conversación telefónica con el doctor Jesús Hernández, fiscal decano, le había pedido que los fiscales investigan las denuncias por presunta falsificación de firmas y cobros indebidos. La respuesta del fiscal decano fue que respetaba la libertad de criterio de los fiscales, quien en opinión del abogado Manuel Acuña están cometiendo una gran injusticia al no aceptar este tipo de denuncias.
“Se amparan en el Artículo 79 del Código Penal que a la letra dice: “se extingue la acción penal sí de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil resulta que el hecho imputado como delito es lícito, pero sucede que él auto dictado por el juez en el fuero civil no es una sentencia ejecutoriada”
Mientras el tiempo avanza, cada vez hay más deudores en problemas, el riesgo es siempre el mismo, perder sus viviendas, las entidades financieras parecen tener obsesión por ellas. “Por 900 soles, Caja Municipal se adjudicó mi casa valorizada en $/ 15 000”. La frase sobresalía entre los cartelones que el martes último lucían dentro y fuera del local de la Caja Municipal en la calle Mercaderes, eso pareció escandaloso y no faltó quien se detuviera a interrogar si esto era realmente cierto, la respuesta fue un contundente si.
La presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias relata que la señora Juana Laura Quispe se presta 2000 soles de una Caja Municipal, pagó 100 soles quedando una deuda de 900 soles. La casa de su madre, quien actuó como aval, no fue puesta en garantía, sin embargo mediante medida cautelar la casa fue puesta en remate y finalmente fue adjudicada a la Caja Municipal por 9000 soles. El valor real de la vivienda no es menor de $/ 15000.
Lo clamorosamente injusto, en opinión de la señora Laura Luna, es que además de los abusos cometidos al amparo de la ley, el autor no puede recuperar la diferencia. En este caso la deuda ascendía a 900 soles, pero la Caja Municipal se quedó con una casa “supuestamente” valorizada en 9 000 soles. “En el peor de los casos, el mal está hecho, ahora por qué no le devuelven los 8 100 soles restantes?, Si eso no es abuso y delito, por favor dígame ¿qué es? Por qué no interviene la Fiscalía, acaso no son ellos quienes deben protegernos?,” afirma la representante de la deudora, quien muy temprano abandona su casa cargada de incontables expedientes.
Se ha propuesto defenderse y defender a sus asociadas a como dé lugar. Ha transcurrido a la representación de la Defensoría del Pueblo, a congresistas, a la alcaldía de Arequipa, dado que la Caja Municipal depende del Consejo Provincial, pero hasta hoy las gestiones no han dado resultado; sin embargo esto no la desanime y piensan radicalizar sus medidas de protesta.
“Qué poco valen los oficios del alcalde”, en deudas a bancos
El martes pasado sorprendieron a la guardia particular y sin que nadie lo notara, ingresaron al local de la Caja Municipal ubicada en la calle Mercaderes. De una bolsa sacaron una cadena y se rodearon con ella, sacaron entonces sus cartelones y a gritos aconsejaban que se fijarán en lo que firmaban, sobresalía la voz de una anciana que gritaba “toda mi vida trabajé para comprar mi casa y ahora ustedes se la quedan”. Los clientes de la caja que en ese momento hacían cola para pagar sus cuotas, o hacían trámites para un préstamo, y los observaban entre intrigados y preocupados.
Ante la imposibilidad de retirarlas, efectivos policiales reportaron el hecho, se presentó un oficial mientras que los guardias particulares procedían a cerrar las puertas, ingresó presuroso quien parecía ser un funcionario de la entidad y junto a la administradora de la Caja Municipal invitaron a la presidenta de la Asociación de Mujeres a pasar a su despacho. Los protestantes respiraron con alivio pensando que por fin podrían conversar e iniciar el diálogo, pero la invitación fue para amenazarla y culparla de un supuesto intento de asalto.
“De qué sirvió hablar con el doctor Juan Manuel Guillén, él se comprometió a interceder por nosotros, ordenó, según dicen, que los casos sean revisados, pero hasta el momento nada ha sucedido; se niegan a hablar con nosotros, nos tratan como leprosos. Qué poco valen los oficios del alcalde, qué decepción”, palabras de Gladys Paz Vilca, quien está a punto de perder la casa de sus padres por acción también de la Caja Municipal.
Deudores de bancos unidos
Una publicación local difundió hace algunas semanas cifras que espantan. Según los datos consignados, en Arequipa son 40 000 las personas amenazadas con el embargo y remate de sus propiedades. La asociación de Mujeres Empresarias agrupa deudores de Arequipa, Puno y Cusco y aunque el número de integrantes es reducido, cada día aumentan los interesados en integrarse al grupo que están promoviendo la unión de todos los deudores de Arequipa y el sur del país, con el fin de enfrentar el abuso de las entidades financieras. Planean redactar un proyecto de ley que deroga los artículos 720 y 722 del Código Procesal Civil, el mismo que les impide defenderse de los fraudulentos documentos con las que las entidades financieras los lapidan.
Deuda fantasma
César Augusto Salinas Málaga se prestó 58 000 soles del Banco Sur, siguiendo el tradicional trámite, firmó un pagaré en blanco y canceló la deuda. Viajó a Lima para hacer un posgrado, en el ínterin le llegan notificaciones que obligan a pagar una deuda inexistente. Confiado, piensa que se trata de un error, pero debió cambiar de opinión cuando el banco lo demanda con una liquidación de documentos, una simple hoja sin firmas que establece que su deuda es de 42 545 soles.
En este caso, el Poder Judicial determinó que era inadmisible la demanda de Banco Sur, que los funcionarios del banco apelan manteniendo como único elemento de prueba de la obligación, la liquidación antes cuestionada. En segunda resolución se acepta la demanda contra Augusto Salinas y se ordena el remate de su casa ubicada en la calle Comercio 789 en Mollendo, la resolución esa pelada en sucesivas ocasiones, llegó una 36° resolución donde se nombra a un perito contable, quién llega a la conclusión que el presunto deudo recibió un préstamo de 29 242 soles y que ha cumplido con pagar 17 cuotas por un total de 58 322.58 soles, por lo que se establece que el demandado ha efectuado pagos por demás de lo prestado.
Inexplicablemente el Poder Judicial (sexto juzgado), desestima el peritaje y pide al contador que vuelva a revisar el caso. El perito se ratifica en el informe y concluye que, por principio de justicia, el juez debe exigir la presentación de documentos que el banco en repetidas ocasiones se ha negado a presentar.
Héctor Huanca, titular del sexto juzgado, desestima el informe y nombra a otro perito, quién concluye en favor del banco. El juez esta vez lo acepta y niega la solicitud del demandado, que impide la opinión de un tercer experto para dirimir la cuestión.
Augusto Salinas recurre entonces a la séptima Fiscalía y presenta una demanda penal por delito de fraude procesal en contra del Banco Santander; sin embargo, como en otros tantos casos, la Fiscalía determinó que no había lugar a la demanda.
Tenía una solicitud de devolución de préstamo
Olga Montalvo se presentó a SERBANCO para solicitar un crédito de 5 000 soles. Después de la evaluación le dan la “buena noticia”, que su techo crediticio es superior y se anima prestarse 10 000 soles. El trámite es rápido y en tiempo récord le entregan el dinero y cronograma de pagos.
Revisando los documentos descubre que en 18 meses deberá pagar 17 342 soles, se preocupa pero cumple con pagar sus cuotas, la última el 26 de septiembre del presente año. Debido a la crisis y a la enfermedad que le afecta, el 5 de octubre la señora Montalvo se presenta en el banco para indicar que desea devolver el crédito y que se compromete a pagar los intereses devengados hasta el momento, pero el Banco se niega, ella desea devolver el dinero, sabe que no podrá seguir pagando las cuotas mensuales de 963 soles, pero se niegan a aceptar su solicitud.
Otros testimonios
En 1992, Salvador Vilca Gallegos era considerado un buen cliente de la Caja Municipal, todo cambió en 1995 cuando como comerciante de ganado solicitó un préstamo de $/ 15 000 para pagarlo en un año en cuotas de 462 dólares mensuales. Cuando se había pagado la mitad de la deuda, el cliente fue objeto de una estafa y quedó totalmente descapitalizado; comenzó entonces el problema que ha llevado a su esposa a ofrecer su vientre para conseguir el dinero que les permite liberarse de la tortura psicológica que lleva ya más de 5 años
Después de las dificultades derivadas de la estafa y considerándose él un buen cliente, se acercó a su analista de créditos para exponer las razones por las que no podía continuar pagando los $/ 1 462 mensuales y solicitar la rebaja de las cuotas.
Relatan los afectados que fueron maltratados, que la respuesta fue negativa y que se les conminó a refinanciar la deuda. Consiguieron entonces $/ 1 500 entendiendo que es obligación ascendía ahora a $/ 6 000, pero por medios fraudulentos, según calificativos del denunciante, la deuda se convirtió en 10 000 dólares.
Desconociendo sus derechos y confiando aún en la Caja Municipal, continúa pagando $/ 667 mensuales hasta mayo del 97, las obligaciones serán mayores a sus posibilidades y nuevamente debieron suspender los pagos y se produjo una segunda refinanciación, pero lo irregular es que pese a existir conversaciones y pagos de por medio, la Caja Municipal presentó una demanda por ejecución de garantía (el 12 de agosto del 96). Sorprendidos por el doble juego y atemorizados ante la posibilidad de perder la casa que ofrecieron en garantía, hicieron una nueva amortización y la deuda quedó en $/ 8 691.
El juicio continuará en el Poder Judicial y el titular del sexto juzgado resolvió que debía pagar los $/ 8 691. Absolutamente imposibilitados de honrar la deuda, su casa de 300 metros cuadrados valorizada en $/ 35 000 fue puesta en remate por $/ 15 000 (a menos de la mitad de su valor real).
Atemorizados recurrieron a otras entidades bancarias y en enero de 1998 consiguieron pagar los $/ 6 201 que en última resolución había ordenado el Poder Judicial. Pero en abril de ese mismo año aparece una nueva deuda ascendiente a $/ 11 259, esto al margen de los honorarios de la abogada Roxana Núñez Contreras (2 546 soles) y los gastos judiciales 321 dólares.
Los deudores apelan la resolución y los miembros de la segunda sala ordenan revisar el expediente. Un perito contable determina que la única deuda asciende a $/ 425, se suspenden entonces el segundo remate, pero la Caja Municipal insiste. El 18 de enero de este año les notifica que deben $/ 12 217. En la actualidad desconocen lo que vaya a ocurrir con la familia. Tienen sobre sus cabezas la amenaza de perder la casa que comparten con su madre de más de 80 años, tienen tres hijos y se han visto obligados a privarse de las mínimas comodidades.
Salvador Vilca, titular de la deuda se pregunta, ¿dónde está el criterio del juez?
El patrón seguido por los bancos
El doctor Manuel Ascuña, abogado de la Asociación de Mujeres Empresarias del Sur, explica cuál es el mecanismo a través de la cual las entidades financieras están apoderándose de las propiedades de sus clientes.
Sostiene que es práctica común el firmar un pagaré en blanco al momento de acceder al crédito. Es también práctica común presentar lo que se denomina mutuo de garantía hipotecaria, que no es otra cosa que hipotecar la casa a favor de la entidad financiera. La tasación corre por cuenta de la entidad y por lo general es inferior a la real.
La ley del sistema financiero otorga a los bancos libertad para fijar los intereses, comisiones y tarifas; sin embargo, sostiene el abogado, no se tienen en cuenta los límites que impone el Banco Central de Reserva.
La entidad financiera, al plantear la demanda por ejecución de garantía, se niega a presentar el estado de cuenta del deudor. Es en este documento donde se detallan los pagos y amortizaciones del demandado. Para la ejecución de garantías, el banco presenta únicamente los documentos en las que se consigna el íntegro de la deuda.
Al llegar la demanda por ejecución de garantías al Poder Judicial, el juez emite un auto o resolución donde dispone el pago inmediato de la deuda. Aquí el demandado no tiene la menor oportunidad de probar que pagó, al menos parte de su obligación (en esta etapa el deudor cuenta con 3 días para apelar la resolución, caso contrario se procederá a la ejecución de garantías o remate del inmueble).
En este momento, el demandado no puede demostrar que el pagaré que ha presentado el banco ha sido llenado con cifras superiores al crédito real, ni que las firmas han sido falsificadas, cómo se ha probado a través de peritajes grafotécnicos; sin embargo esta prueba no es válida debido a que por tecnicismos legales el demandado no tiene el poder de presentar pruebas.
A recurrir al Ministerio Público, los fiscales no admiten la denuncia debido a que existe de por medio un proceso en el ámbito civil.
Ante tales circunstancias el doctor Ascuña considera que jueces y fiscales están atentando contra el legítimo derecho a la defensa, contemplada en la constitución.
Intereses: Letra chiquita, robo descomunal
El gran Aurelio Baldor (cuyos textos de matemáticas han educado a generaciones enteras en América Latina), ha quedado arrinconado en el mundo de la ficción. Decía Baldor respecto al interés. “Cuando en una operación financiera debe existir un tipo de interés y éste no ha sido estipulado por las partes, la ley dispone que el tipo de interés será el 6% anual. Exigir un interés por encima de esta tasa constituye el delito de usura qué es penado por la ley”.
Baldor se habría desmayado de haber leído Gestión el día de ayer y enterarse por ejemplo que, en el Perú, por cada sol que la gente se presta, tiene que pagar (en el caso del banco chileno Banco del Trabajo, por ejemplo), la friolera de 1.80 soles al año; ahora bien, si uno no quiere dejarse asaltar tan arteramente puede elegir un agravio menor y optar por pagar tan sólo 22 céntimos anuales por cada nuevo sol. Si el asunto es en dólares, entonces, tendrá que pagar 12 centavos de dólar, por cada dólar prestado.
Pero todas esas tasas son un juego de niños comparadas con el asalto a mano fina; y qué significa caer en la desgracia de que algún funcionario avivado le transfiera su deuda a la modalidad de sobregiro. Salir de allí, ni con la virgen, pues por cada sol, al mes hay que pagar casi otro sol, vale decir 90% de interés mensual.
La ley general del sistema financiero se puede resumir en la ley del embudo; si uno se atiene a las tasas que se pagan por ahorrar en el sistema bancario nacional.
Por cada sol se gana el 6% anual, es decir, 6 céntimos por año;. y si el ahorro es en dólares entonces por cada dólar lo que se consigue es solo 3 centavos de la moneda norteamericana.
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