Con 225 conflictos sociales, hoy se registra la cifra más alta desde agosto de 2013. Cinco nuevos casos en abril hicieron que el gobierno rompa la cifra récord de 10 años. Además, en plena tragedia por los 27 mineros muertos en Yanaquihua y sin importar el nivel de conflictividad, el Ejecutivo arremete contra el Valle de Tambo manifestando apoyo a la reactivación del proyecto Tía María.
Según el reporte mensual de la Defensoría del Pueblo, el 63% (143) de los 225 conflictos sociales que afectaron al país en abril, tiene como principal competencia al gobierno nacional.
Los casos socioambientales también son los que continúan incidiendo más. De 225, el 63% (142) son socioambientales. Este tipo de conflicto mantiene el mayor porcentaje desde abril de 2007.
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Los conflictos vinculados a la minería representan el 67 % de los conflictos socioambientales, con 95 casos. El segundo lugar corresponde al sector de hidrocarburos con 20 %, es decir, 28 casos.
Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales, 29 casos. Y 19 de ellos casos son de tipo socioambiental, con al menos seis de ellos involucrando a la empresa Pluspetrol.
Hasta el puesto diez siguen Cusco (20), Apurímac (18), Áncash (15), Piura (14), Puno (13), Huancavelica (12), Ayacucho (10).
Además, 256 acciones colectivas de protesta en abril, 60 de ellas relacionadas a la crisis política.
Agua por cobre: El Valle de Tambo vuelve a la lista de conflictos
Los conflictos sociales que involucran al gobierno central como agente primario alcanzan niveles alarmantes. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones, el Ejecutivo incendia disputas por el controversial proyecto Tía María.
En medio de la tragedia que cobró la vida de 27 trabajadores de la Mina Yanaquihua, la semana pasada el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, comentó que el gobierno impulsará el proyecto Tia María porque según dice: “La actividad minera es muy importante para el desarrollo del país”.
El consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca, mostró su desacuerdo con las declaraciones del ministro. Aseguró que cumplirá con la voz del pueblo que lo eligió, es decir, no permitirá que se reactive el proyecto hasta que la población esté de acuerdo.
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Huanca exhortó a las autoridades a ser cautos con sus declaraciones antes de anunciar la viabilidad de Tía María.
Son décadas que lleva la problemática entre los agricultores del Valle de Tambo los ciudadanos que viven y trabajan con el agua del río que surca los cuatro distritos Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía en Islay, y la minera Southern Cooper que cuenta con un lamentable historial de sanciones y denuncias.
Sin embargo, en noviembre de 2022 este conflicto socioambiental volvió a los reportes de la Defensoría del Pueblo con un nuevo protagonista: la minera Quellaveco S.A.
La Junta de usuarios del Valle del Tambo y autoridades distritales y provinciales de Islay rechazan una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua, que otorga la licencia de uso de agua superficial con fines mineros de los ríos Titire y Vizcachas de la cuenca del río Tambo, en favor de la empresa minera Anglo American Quellaveco S.A.
Los campesinos, ciudadanos y representantes provinciales señalan que esta resolución afectaría el caudal de los afluentes del río Tambo, perjudicando las actividades agrícolas y de resistencia en Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía.
Lo curioso es que la Defensoría del Pueblo coloca a la Autoridad Nacional del Agua como un agente terciario en esta disputa. No considera que fue una de sus resoluciones la que provocó directamente este conflicto que deja indefensos a los ciudadanos que viven del Río Tambo. Guillermo Ambrocio Aguadi Quispe es quien firma dicha resolución.
Asesinato de líder Ashaninka Santiago Contoricón
Entre los nuevos conflictos sociales en abril está el de la Central Asháninka del Río Tambo (CART). Esta comunidad de Junín realizó bloqueos de vías exigiendo la presencia de ministros en Puerto Ocopa.
Entre los pedidos de seguridad en los territorios asháninkas frente a actividades ilegales, también se exige sanciones a los responsables del asesinato del líder indígena Santiago Contoricón, quien fue acribillado hace más de un mes.
Luego de dos semanas de movilizaciones de la Central Ashaninka, tres ministros recién dialogaron con esta comunidad.
Emergencia por el Fenómeno del Niño
Otro caso que ingresó a los registros de la Defensoría del Pueblo se desarrolla en Piura. Autoridades regionales y municipales exigen al Gobierno central mayor transferencia de recursos para atender el impacto de las intensas lluvias en la región.
En el reporte recientemente publicado que corresponde a los conflictos sociales en abril, no se anotan los incidentes que se produjeron en los hospitales de Piura o en otras regiones del norte. Allí los centros de atención están colapsando por la emergencia sanitaria de dengue.
Casos nuevos que involucran al gobierno central
Al igual que Junín y Piura, en abril se presentaron más conflictos sociales que el gobierno no se dio abasto para resolver oportunamente.
Otro nuevo conflicto social que involucra al gobierno central se dio en Tumbes. Sus autoridades demandan al Ejecutivo mayor transferencia de recursos para atender los daños producidos por los fenómenos naturales.
En San Martín, el Frente de Integración del Valle de Pajarillo exige al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que cumpla con la construcción del Puente Tarata.
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