Política

Paquetazo contra los derechos de las mujeres: Renovación Popular propone ley de “igualdad” a su estilo

Un día después del anuncio de desaparición de este sector, por boca del titular del MIDIS, Julio Demartini, Renovación Popular y sus aliados presentaron un proyecto que afectaría a las leyes sobre las que rige el Ministerio de la Mujer. De esta forma se le quitaría más facultades, pese a la ya anunciada desaparición de […]

Por Milagros Gonzáles Sánchez | 29 agosto, 2024

Un día después del anuncio de desaparición de este sector, por boca del titular del MIDIS, Julio Demartini, Renovación Popular y sus aliados presentaron un proyecto que afectaría a las leyes sobre las que rige el Ministerio de la Mujer. De esta forma se le quitaría más facultades, pese a la ya anunciada desaparición de la cartera.

Con el nombre “Nueva Ley de igualación de oportunidades entre mujeres y hombres”, la pastora del culto “La casa del Padre”, Milagros Jackeline Jauregui de Aguayo, busca derogar una serie de normas emitidas para proteger los derechos de las mujeres.

Jauregui de Aguayo, quien ya propuso que los evangelistas también administren colegios públicos y cambiar de nombre al ministerio de la Mujer, ahora busca imponer su particula concepto sobre la “igualdad”.

El proyecto creado por Milagros Jackeline Jauregui de Aguayo, lleva la firma de otros 17 congresistas de distintas bancadas. Entre los firmantes están los legisladores Alejandro Muñante, Esdras Medina, Jorge Montoya y José Cueto. Todos ellos conocidos por sus posturas conservadoras y antiderechos.

La iniciativa asegura estar en contra de toda discriminación en las esferas de la vida pública y privada, pese a que la participación pública de mujeres ha quedado reducida con la promulgación de la norma que elimina la paridad en contiendas electorales.

La propuesta conservadora implica la eliminación del término “enfoque de género”. En su lugar, se usaría la frase del “enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. También dispone el cambio en las políticas nacionales y sectoriales, y en todas las estrategias, planes, programas, acciones. Y deberá estar presente en todos los proyectos que se diseñen e implementen en los tres niveles de gobierno.

Proyecto anti derechos de las mujeres afectaría diseño de políticas públicas

En el artículo 7 de la propuesta de nueva ley de “Igualdad-” dice:

El subrayado y resaltado es textualmente el que va en el proyecto de ley. La legisladora de Renovación Popular enfatiza de esta forma la preponderancia de sus valores y hasta convicciones religiosas, por encima de la calidad científica y ética.

Otro fragmento del proyecto de ley dice: “perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporando datos desagregados por sexo, área geográfica, etnia, discapacidad y edad“. Estos indicadores ya están comprendidos en el Portal Estadístico del Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer. Incluso contiene datos desagregados como la etapa de vida específica de víctimas de violencia y otros indicadores como el sexo, edad y parentesco de los agresores.

Pero esta medida podría ir más bien contra el pedido de las poblaciones vulnerables LGTB que han pedido la incorporación de indicadores en las estadísticas de las víctimas de violencia como identidad de género, violencia sexual, situación socioeconómica, condiciones laborales y de salud.

Paquetazo de leyes impulsado por Aguayo lleva candados contra el apoyo internacional

Otra sección del proyecto de Ley arremete contra la labor que vienen realizando las ONG en los sectores a los que los programas del Estado no llegan:

En negrita y subrayado, enfatiza en su proyecto de Ley estar contra el apoyo, capacitación y formación internacional. También dispone que el Ministerio a administrar la nueva ley de “igualdad” debe elaborar un “Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta norma deberá ser renovable cada cinco años. Es decir que sin considerar las brechas que limitan las oportunidades de las mujeres, el Ejecutivo solo podrá revisar cada cinco años el plan, lo que reduce la capacidad de modificar los retrocesos en políticas públicas

Para no dejar ni un resquicio a favor de políticas públicas interseccionales dejadas por anteriores gestiones, la congresista que es también pastora evangélica reitera nuevamente:

Entre los lineamientos finales, el proyecto de Aguayo dice “Deróguese la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres“. Como se recuerda, actualmente el Ministerio de la Mujer es el ente rector de la Ley 28983.

Desmantelando el Ministerio de la Mujer

El proyecto de Aguayo tiene como eje regir “sin incluir el variante género”. Según el documento, se considera que esta variante “ha sido incorporada erróneamente durante su elaboración inicial y viene siendo utilizada para promover agendas distintas a la promoción de igualdad “

El proyecto apunta contra los tratados que abogan por los derechos de las mujeres, de poblaciones vulnerables y la equidad:

Eliminación de la Educación Sexual Integral

Líneas más abajo, Aguayo pide la eliminación del término “educación sexual integral” (ESI) porque, según la congresista, buscaría el “despertar” sexual de menores de edad.

En el mismo documento, la legisladora de Renovación Popular omite que, de acuerdo a las normas, la ESI busca prevenir embarazo infantil; sin embargo, señala que la ESI no es lo mismo que Educación Sexual, lo que desembocaría en el retiro de ambos términos de la propuesta:

“La educación sexual integral no solo incluye la prevención de los embarazos adolescentes, como también lo hace la educación sexual, sino que a su vez promueve el despertar temprano de los niños y adolescentes a la sexualidad promoviendo además que experimenten con temas como la existencia de infinidad de géneros distintos“, se lee en el proyecto.

Aguayo reitera en la página 13 de su proyecto de ley, la disposición en contra de las capacitaciones ofrecidas por organizaciones internacionales y contra los tratados internacionales:

“Bajo ninguna circunstancia, se encuentra permitido que los programas de formación y capacitación sean brindados por organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuyos integrantes habitualmente participen en demandas o denuncias tanto en fueros nacionales como internacionales, manteniendo contacto directo o indirecto con jueces o fiscales“.

La parlamentaria va más allá y textualmente PROHÍBE en su propuesta que los administradores de justicia se capaciten en esos temas por organizaciones sin fines de lucro:

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Milagros Gonzáles Sánchez

Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.