Lo ocurrido en Huancavelica hiela la sangre. Familias enteras han quedado devastadas tras un confuso operativo militar en Colcabamba, donde al menos tres de los fallecidos eran jóvenes que regresaban de un campeonato de fútbol y fueron abatidos sin piedad por miembros del Ejército.
Las investigaciones preliminares apuntaban a que, por un error, los militares interceptaron una camioneta que supuestamente transportaba droga y personas armadas. Sin embargo, según la Fiscalía, hasta ahora no existe evidencia que confirme esa versión.
Como resultado, ocho militares ahora están siendo investigados por el presunto delito de homicidio calificado. Aun así, han quedado en libertad tras cumplirse el plazo de detención en flagrancia, por lo que afrontarán el proceso en libertad.
Además, cuentan con el respaldo de recientes normas aprobadas por el Congreso, que refuerzan la protección a militares y policías que aleguen “legítima defensa”.
Por su parte, el general PNP Óscar Arriola salió rápidamente a respaldar la versión oficial, asegurando que uno de los fallecidos era un ciudadano colombiano con antecedentes por tráfico de armas y que habría conducido el vehículo. Según indicó, se sospecha que los ocupantes formaban parte de un brazo logístico dedicado al traslado de sustancias ilícitas.
Del otro lado, entre lágrimas, los familiares niegan tajantemente estas acusaciones. Hablan de jóvenes sin vínculos con actividades ilegales y exigen justicia mientras cargan un duelo que ninguna versión oficial logra aliviar.
Así queda planteado el escenario: autoridades que aseguran haber neutralizado una amenaza y familias que claman por una verdad distinta. Esperemos que el lamentable episodio no sea otro capítulo donde la justicia llega tarde, o simplemente no llega.
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