El expresidente Pedro Castillo debe seguir armando paciencia (y quizás un currículum carcelario más extenso) porque su solicitud de indulto, presentada el 18 de febrero, choca contra una pared burocrática y jurídica bastante sólida.
Resulta que el Ministerio de Justicia, en un comunicado digno de un manual de relaciones públicas defensiva, calificó como “falsa y tendenciosa” la sospecha ciudadana de que la reciente “actualización” de la Comisión de Gracias Presidenciales es en realidad una jugada maestra para liberar al profesor. Pero, como si el universo jurídico se hubiera puesto de acuerdo para amargarle el día a Castillo, el presidente José Balcázar ya descartó el indulto y, para rematar, el sentenciado por conspiración para la rebelión tiene una condena de once años que aún no es firme porque está impugnada, sin olvidar otras seis carpetas fiscales que lo mantienen con medidas coercitivas vigentes.
El abogado penalista Julio Rodríguez dio más luces sobre este ‘chisme’ palaciego, “todavía no ha sido evaluada esta apelación y, por lo tanto, cualquier gracia presidencial solo puede ser otorgada una vez que esa sanción ya no pueda ser más apelada”.
En buen romance: aunque cambien las sillas de la comisión, mientras no haya sentencia firme y los tratados internacionales contra delitos graves (como desestabilizar el orden constitucional) miren feo, el indulto seguirá siendo una leyenda urbana.
Sancionan a Fuerza Popular por gastar 143 mil soles en supuestas “capacitaciones” que terminaron en catas de vino, almuerzos y viajes a EE. UU y Europa
Como para cerrar la semana con una pequeña chispa de justicia social, Fuerza Popular fue sancionada y multada por la ONPE tras detectar el uso irregular de fondos públicos destinados al fortalecimiento de partidos políticos.
Ese dinero, que sale del bolsillo de todos los peruanos y que debería servir para capacitación, formación política y fortalecimiento institucional, terminó financiando reuniones espirituales, almuerzos, catas de vino, misas y sesiones matutinas de salud en Estados Unidos. O sea, más retiro de bienestar premium con visitas al spa que escuela de cuadros políticos.
Según la investigación, el gustito le costó al país más de 143 mil soles. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales decidió ponerles freno: les impuso una multa de 36 UIT, equivalente a 198 mil soles, además de reducirles el 50% de los fondos públicos que reciben, por destinar dinero del Financiamiento Público Directo a actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas.
En otras palabras, el dinero para fortalecer la democracia terminó convertido en una especie de paquete “all inclusive” naranja con vino, espiritualidad y brunch incluido.
Al cierre de esta edición, el partido no ha emitido ningún pronunciamiento. Mientras tanto, Keiko Fujimori sigue de gira nacional vendiendo la idea de que su partido es «lo mejor que le puede pasar al país».
JP pide que se impongan multas económicas contra López Aliaga y su abogado por pedir anulación de las mesas 900 mil
Rafael López Aliaga piensa llevar su relato fraudista hasta las últimas consecuencias. Pese a que ya se han desestimado varios de sus recursos, el ultraconservador y sus huestes no paran de empapelar al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. En medio de la ofensiva fraudista, Juntos por el Perú ha salido a pedir sanciones en contra de Porky y sus amigos por pedir anular las mesas 900 mil, que corresponden a localidades recónditas de nuestro país.
El personero político de Juntos por el Perú pidió que se impongan multas económicas en contra de López Aliaga y de su abogado Wilber Medina, equivalentes a 5 mil 500 y 11 mil soles respectivamente. Para los abanderados del castillismo, tanto RLA como su defensa están actuando con temeridad y mala fe al pedir nulidades que son claramente improcedentes al no contar con fundamento jurídico.
Mientras tanto, los malos perdedores de Renovación Popular continúan con sus amenazas sin importarles la democracia y el estado de derecho. Llamarlos pecadores es quedarse corto.
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