La Municipalidad de Piura suma una nueva baja en el Concejo. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada y confirmó la vacancia del concejal Cristian Carreño por inasistencias injustificadas a sesiones ordinarias del Concejo Municipal. 

Se trata ya del tercer regidor oficialista retirado del cargo en poco más de un mes, un hecho que, según autoridades, no tiene precedentes en la historia política reciente de la provincia.

El pronunciamiento del JNE se emitió el 5 de diciembre en audiencia pública. Esta resolución deja sin efecto el Acuerdo Municipal N.° 170-2024-C/CPP, que inicialmente rechazó la vacancia y establece que la medida queda consentida, sin posibilidad de un nuevo recurso. 

Tres ausencias

Según el regidor Daniel Verástegui, la apelación fue presentada por cinco concejales de minoría, debido a las inasistencias consecutivas de Cristian Carreño a tres sesiones ordinarias de concejo.

“Presentamos un pedido de vacancia porque el regidor Carreño había sido sentenciado en primera instancia y no asistió a las sesiones de concejo ordinarias ni extraordinarias (…) La ley indica que la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas es causal directa de vacancia”, explicó.

De acuerdo con el concejal, ninguna de estas ausencias fue sustentada ante Secretaría General. Añadió que la falta de documentación oficial era uno de los puntos más claros al solicitar la separación del cargo. Sin embargo, el pleno del Concejo, de mayoría oficialista, rechazó inicialmente la vacancia, lo que los llevó a recurrir al JNE.

El máximo órgano del sistema electoral ratificó esa postura al declarar fundada la apelación y dejar sin efecto el acuerdo municipal que había rechazado inicialmente la vacancia, consolidando así la decisión como firme y de última instancia.

Nueva credencial

El proceso continúa con la emisión de la resolución que dejará sin efecto las credenciales de Carreño. Esto permitirá que el accesitario de la lista oficialista del alcalde Gabriel Madrid asuma el cargo. Sin embargo, Verástegui indicó que cada nuevo regidor podrá decidir su alineamiento político dentro del concejo.

Cuestionan al oficialismo

El concejal también fue crítico respecto a la respuesta del alcalde frente a las constantes vacancias. Aunque Madrid ha señalado públicamente que se trata de “temas personales” de cada regidor, Verástegui recordó que las votaciones en el pleno muestran un respaldo inicial del oficialismo a los ediles cuestionados. 

“Si eran temas personales, ¿por qué votaron en contra del pedido que presentamos? En las tres vacancias, todas se rechazaron en el pleno porque tienen mayoría”, afirmó.

Actualmente, además de los tres regidores ya retirados, existen dos procesos adicionales en evaluación por parte del JNE. Si estos también prosperan, el Concejo Provincial de Piura podría cerrar su gestión con hasta cinco regidores vacados, una cifra inédita que reaviva el debate sobre la gobernabilidad y el funcionamiento interno de la comuna.

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La comunidad educativa del colegio Alfonso Villanueva Pinillos de Jaén, enfrenta un panorama incierto para el inicio del año escolar 2026 debido a los retrasos acumulados en la construcción de su nueva infraestructura.

El contrato de alquiler del local donde actualmente funcionan, los ambientes de la exuniversidad Alas Peruanas, vence el 31 de diciembre, lo que obliga a la institución a desocupar el espacio en menos de tres semanas. El director explicó que este traslado se da mientras la obra, que debió culminar en mayo de 2025, continúa pendiente por ampliaciones de plazo originadas principalmente en demoras administrativas y técnicas.

Aunque la empresa constructora ha proyectado concluir la parte civil entre el 17 y 20 de enero, aún quedan trabajos pendientes en el auditorio y el paisajismo, lo que postergaría la entrega total hasta fines de febrero. La institución ha solicitado alternativas a la UGEL Jaén y a la Gerencia Subregional, pero no ha recibido respuestas concretas.

Ante ello, evalúan escenarios como una eventual educación virtual temporal o el uso de aulas prefabricadas ubicadas en Los Alcanfores, aunque estas solo ofrecen 12 espacios, insuficientes para los más de 2000 estudiantes que requieren alrededor de 70 aulas.

La dirección del colegio adviertió que la falta de coordinación y apoyo institucional podría impedir el normal inicio de clases, por lo que ha requerido también la intervención de la Defensoría del Pueblo. Además, solicitó a la empresa constructora y al sindicato de construcción civil a agilizar los trabajos y evitar situaciones internas que sigan generando retrasos.

La obra, iniciada en noviembre de 2023, supera actualmente los 100 millones de soles debido a los adicionales ejecutados y constituye uno de los proyectos educativos más importantes para la provincia de Jaén.

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Ayacucho cerrará el 2025 con un panorama económico contradictorio. Aunque la región acumuló seis trimestres consecutivos de crecimiento —impulsado por la construcción y el sector agropecuario—, las brechas sociales, la baja calidad de los servicios públicos y la deficiente ejecución presupuestal continúan limitando la mejora real en la calidad de vida de la población. Así lo advirtió Franco Yngunza Caballero, analista de Estudios Económicos de ComexPerú, durante la presentación del más reciente diagnóstico regional. 

Ejecución municipal en crisis

Entre enero y noviembre del 2025, los municipios de la región de Ayacucho solo ejecutaron S/ 566 millones de S/ 1 103 millones destinados a inversión pública, consumiendo apenas la mitad del presupuesto disponible pese a que administran el 47 % de los recursos regionales. Esta situación se arrastra desde el 2018: ningún año superó el 65 % de ejecución y solo en 2024 quedaron sin utilizarse S/ 447 millones. Los casos más críticos corresponden a las municipalidades de Lucanas (14.7 %), Vilcas Huamán (32 %) y el distrito de Ayna (14.5 %), evidenciando serias limitaciones técnicas y administrativas. El Gobierno Regional de Ayacucho, si bien alcanzó un avance financiero del 88.4%, no logró trasladar ese porcentaje al avance físico de las obras. El ejemplo más evidente es el estadio Cuna de la Libertad Americana, que registra un 98 % de ejecución financiera, pero solo 22 % de avance real.

Pobreza que persiste en Ayacucho

La pobreza monetaria afectó al 32.8 % de la población en 2024 —equivalente a 254 mil personas—, por encima del promedio nacional. Aún más preocupante es la pobreza multidimensional, que alcanzó el 42.9 %, situando a Ayacucho entre las regiones con peores indicadores en educación, salud y vivienda. Según ComexPerú, este escenario solo podrá revertirse con inversión sostenida, especialmente del sector privado, y con mejoras urgentes en la gestión pública.

Más empleo, pero informal

Pese a la reducción del desempleo de 3.3 % a 0.9 %, la caída respondió a que miles de personas ingresaron a actividades informales. En Ayacucho, la informalidad continúa en 85.5 %, muy por encima del promedio nacional. Entre 2022 y 2024 se perdieron cerca de 5 000 empleos formales en construcción, manufactura y transporte. La brecha salarial también es alarmante: mientras un trabajador formal gana en promedio S/ 3 047, uno informal apenas alcanza S/ 962.

Exportaciones y dependencia minera 

En 2024, Ayacucho exportó US$ 1 040 millones, y entre enero y setiembre del 2025 el incremento fue de 49.4 % respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el 95 % de las exportaciones provino de la minería, principalmente oro, lo que expone a la región a la volatilidad de los mercados internacionales. En contraste, productos emblemáticos como la quinua y la palta cayeron 12 % y 96 %, respectivamente.

Servicios públicos en estado crítico

El diagnóstico de ComexPerú mostró profundas deficiencias estructurales:

• 89% de postas médicas y 80% de hospitales presentan infraestructura inadecuada.
• La anemia afecta al 51% de niños menores de tres años.
• Solo el 75% de viviendas tiene acceso a saneamiento básico.
• Hay 163 obras paralizadas, valorizadas en S/ 500 millones, principalmente bajo responsabilidad de los municipios.

Entre el Gobierno Regional y las municipalidades, desde el 2018 quedaron sin ejecutarse S/ 2 117 millones. Con esos recursos, la región hubiera podido reducir el 80% de la brecha de saneamiento, mejorar carreteras o construir hasta 14 hospitales de diferentes niveles.

ComexPerú pide reformas urgentes

Ante el retraso estructural, ComexPerú recomendó:

• fortalecer capacidades municipales,
• acelerar la ejecución de proyectos de salud y saneamiento,
• atraer inversión privada,
• y consolidar el desarrollo minero como motor para financiar infraestructura y servicios.

“El dinamismo económico no se traduce aún en bienestar. El problema central está en la gestión pública”, concluyó Yngunza Caballero.

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La brigadier Rocío del Milagro González Torres, jefa de la XI Comandancia Departamental de Bomberos de Loreto, alertó que diciembre concentra la mayor cantidad de incendios por sobrecarga eléctrica y descuidos en el uso de gas. 

Señaló que los últimos siniestros, registrados en distintos puntos de Iquitos, exigen un trabajo prolongado de varias compañías, con bomberos expuestos a gases tóxicos y a extensas jornadas sin el equipamiento adecuado. 

Recordó además que persisten prácticas de quema de pastos, que se volvieron especialmente peligrosas por las altas temperaturas y el riesgo de que el fuego alcance viviendas. González destacó que, pese al desgaste, las compañías continúan operativas y pidió a la población reforzar medidas básicas como revisar conexiones, no saturar tomacorrientes y verificar fugas de gas. 

También invitó a participar en la bomberotón, que se realizará el 20 de diciembre en el estadio Max Augustín, cuyos fondos serán destinados a mejorar la capacidad operativa del cuerpo de bomberos. 

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El fiscal anticorrupción Carlos Rodrigo Mera Palomino fue detenido la noche del jueves cuando salía de un campo deportivo ubicado frente al cementerio Esperanza Eterna. Fue trasladado a la comisaría de Huancayo por el presunto delito de peligro común al conducir un vehículo en estado de ebriedad. 

Mera Palomino, de 48 años, quien investiga diversos casos de corrupción que involucran a políticos, funcionarios y efectivos policiales, fue intervenido mientras conducía el vehículo de placa M5Y-449. La intervención se realizó cuadras más abajo, en la esquina de las avenidas Centenario y Leandra Torres. Tras el primer resultado y una fotografía tomada dentro de la comisaría, algunos agentes habrían comentado el hecho de manera entusiasta. Sin embargo, horas después, los análisis de sangre practicados al fiscal ofrecieron un panorama distinto.

Cabe recordar que el 4 de mayo pasado el fiscal Mera intervino al personal de Sanidad de la Policía, logrando prisión preventiva, a mérito de una detención preliminar, para efectivos acusados de alterar dosajes etílicos a cambio de dinero. En esa misma unidad se le practicó ahora el examen de sangre, cuyo resultado es negativo para una investigación por el delito de conducción en estado de ebriedad.

Resultados del acta de dosaje etílico

De acuerdo con el acta suscrita por la fiscal adjunta provisional Medilberta Victoria Tupia Curi; la mayor PNP Roxana Malqui Venturo, jefa de la unidad; y la capitana PNP Maribel Rosario Gutarra García, encargada del procesamiento, se analizaron dos muestras de sangre del fiscal Mera:

Muestra N.º 1

Registro: 0014771

Hora de toma: 21:24 h del 11 de diciembre de 2025

Resultado: 0.12 g/L

Muestra N.º 2

Registro: 014776

Hora de toma: 00:19 h del 12 de diciembre de 2025

Resultado: 0.00 g/L

La diligencia concluyó a las 08:13 h del 12 de diciembre de 2025, quedando constancia de las firmas e impresiones digitales de los participantes.

Asimismo, se informó que el fiscal Alberto Moreno Huaccho, de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa, dispuso esta misma mañana, viernes 12 de diciembre, el archivo del caso.

Finalmente, se conoció que el fiscal Mera fue hospitalizado en la clínica Ortega debido a que padece una enfermedad.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

Reveladores imágenes de las cámaras de seguridad evidencian que sí hubo un “anforazo” en las elecciones del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP). Fueron los mismos miembros de mesa de la Mesa 3, los que introdujeron cédulas de votación al ánfora.

Las cámaras del colegio donde se realizaron las elecciones, confirman irregularidades en el proceso realizado el último fin de semana. El video de más de ocho horas de duración muestra el actuar de los miembros de mesa y otros implicados.

Después del mediodía, se visualiza a los miembros de mesa introducir cédulas al ánfora. Alrededor de cinco extractos muestran cómo las cédulas son colocadas de uno en uno y en bloque.

A las 12:58 horas se observa a la miembro de mesa que está al lado del ánfora, introducir una cédula inmediatamente después de que uno de los electores sale del salón.

Luego, otro extracto muestra a quien sería el presidente de mesa levantarse de su silla, dar indicaciones a los otros miembros, luego una persona que está en la puerta y que habría actuado como “campana”, le dice algo; este regresa a la mesa mientras una de las integrantes alista un paquete de cédulas, le entrega y de forma rápida las introduce al ánfora.

Los miembros de mesa fueron identificados como Lins Quispe Mamani, como presidente, Griselda Karen Hallasi Chambi como secretaria y Ana Zarai Huanca Catari, como relatora.

Según el Comité Electoral, ellos eran personas ajenas al ICAP. Solo se les contrató por ese día y se les pagó 100 soles a cada uno.

Se pudo conocer además que, quien habría actuado como “campana”, sería Lenin Bladimir Quispe Mamani, hermano del presidente de mesa, y a quien se le vio junto al proclamado ganador Ángel Huanca, en campaña.

Durante el video se ve solamente a 293 votantes, pero extrañamente aparecieron 406 cédulas, es decir, 113 más, lo que evidencia el “anforazo”.

Pero, ¿dónde estaban los personeros? Según se pudo conocer y ver, los miembros de mesa aprovechaban que estos salían o los “tapaban” para introducir las cédulas.

¿Y la ONPE? También se ve que personal de la ONPE, que supervisaba el proceso, solamente entraba de a ratos a cada salón. El número de veedores era mínimo para las 20 mesas instaladas.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

Al archivo de manera definitiva, envió el fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde, la investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que se les inició por unas declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides.

En este caso también se investigaba al periodista Gustavo Gorriti, por una presunta presión de su parte, “para que Vela permanezca como coordinador del Equipo Lava Jato, además de un direccionamiento de la investigación del caso Cócteles contra Keiko Fujimori”.

Sin embargo, el fiscal supremo culminó el caso. «Archívese definitivamente la presente investigación, debiéndose notificar, sin perjuicio de la utilización de los mecanismos tecnológicos/digitales, a la parte interesada conforme a ley, a fin de que pueda hacer valer su derecho conforme a lo que prevé el artículo 334 del Código Procesal Penal».

A Vela Barba en su condición de fiscal Superior Titular y a Pérez Gómez como fiscal Provincial Titular se les señalaba por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico; mientras que al periodista Gorriti Ellenbogen, se le imputaba el delito de cohecho activo genérico. En los tres casos se basaron en un relato de Jaime Villanueva entre los años 2023 y 2024 como colaborador eficaz en el caso Valquiria, seguido a la exfiscal de la Nación.

De acuerdo con el documento, el archivo incluye además las investigaciones sobre la permanencia de Rafael Vela en el Equipo Especial Lava Jato, el caso vinculado al Jurado Nacional de Elecciones. Y de otro lado, a una presunta intervención a favor de la presidenta Dina Boluarte.

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Durante una reciente conversación con la Red de Medios Regionales del Perú, el abogado y candidato a la presidencia por la Alianza Venceremos, Ronald Atencio Sotomayor, delineó con firmeza su postura política y sus principales propuestas de campaña. El diálogo contó con la participación de periodistas de Cusco, Piura y Loreto, quienes cuestionaron al aspirante sobre temas cruciales como la democracia, la economía y la justicia social. Desde el arranque de la entrevista, el candidato se definió sin ambigüedades como un hombre de izquierda revolucionaria y transformadora, asegurando que representa una opción distinta a lo que él denomina la ultraderecha peruana.

Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue su diagnóstico sobre la salud democrática del país. Atencio argumentó que actualmente existe un arrebatamiento de la democracia perpetrado por lo que califica como una mafia congresal. Según su análisis, este grupo de poder ha utilizado mecanismos como la inhabilitación para segregar a líderes políticos incómodos, mencionando específicamente a figuras como Gregorio Santos, Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, e incluso Martín Vizcarra y Antauro Humala. Para el candidato, el sistema político y de justicia se ha dedicado a sacar de carrera a sus adversarios mediante cambios en las reglas de juego, como la imposición de la bicameralidad y la negativa a convocar una Asamblea Constituyente. Su propuesta central para recuperar la patria gira en torno a devolver el poder al soberano, es decir, al pueblo, mediante un cambio total de la Constitución actual.

Reformas económicas y la visión sobre los recursos estratégicos

En el plano económico, Ronald Atencio fue enfático al señalar que el régimen económico de la Constitución del 93 está desfasado y es fallido. Para sustentar esta afirmación, citó cifras alarmantes como los más de nueve millones de pobres y el alto índice de anemia infantil que aqueja a la nación. Su plan de gobierno, denominado «Plan para recuperar la patria», busca instaurar un sistema económico nacional, popular y sostenible. La piedra angular de esta visión es la industrialización del país. El candidato expresó que le resulta vergonzoso que el Perú continúe exportando materia prima, refiriéndose a los minerales como simples rocas y piedras, sin generar valor agregado. Propuso que, si el sector privado no lidera este proceso de transformación de recursos como el cobre o el litio, el Estado deberá intervenir activamente en una economía mixta.

Sobre el papel de las empresas estatales, Atencio descartó de plano cualquier intención de privatizar Petroperú. Argumentó que la empresa cumple un rol estratégico y estabilizador de precios frente a los privados y advirtió que dejar el mercado de hidrocarburos únicamente en manos privadas convertiría a la gasolina peruana en la más cara del mundo. Comparó la situación con empresas exitosas como el Banco de la Nación, rechazando el mito de que toda empresa pública es ineficiente. Respecto al Banco Central de Reserva (BCR), aunque reconoció su labor en la estabilidad monetaria, planteó la posibilidad de otorgarle nuevas atribuciones, como un rol promotor del empleo. Aclaró que no tiene en mente remover a Julio Velarde de su cargo, prefiriendo evitar la futurología política, pero insistió en que una institución tan capaz debería asumir mayores retos en beneficio de la población trabajadora.

Justicia social, conectividad y la situación de Pedro Castillo

La entrevista también abordó temas de gran sensibilidad social y legal. Al ser consultado sobre la conectividad en la Amazonía, especialmente en Loreto, Atencio prometió impulsar la conexión vía terrestre, reconociendo que el transporte fluvial y aéreo encarece la vida de los ciudadanos en ciudades como Iquitos. Sin embargo, las declaraciones más contundentes surgieron al hablar de la justicia y los conflictos sociales. El candidato de Venceremos anunció la creación de una comisión de indultos destinada a luchadores sociales y presos políticos. En esta categoría incluyó explícitamente al expresidente Pedro Castillo, a quien defendió asegurando que no lo dejaron gobernar y que vivió amenazado por el Congreso.

Atencio afirmó que en un gobierno suyo no se permitiría la criminalización de la protesta y que ningún peruano debería ser condenado por exigir derechos básicos como carreteras o salud. Además de Castillo, mencionó que figuras como Aníbal Torres y Betssy Chávez califican dentro de su visión para recibir estos beneficios. Fue categórico al señalar que, de asumir la presidencia, otorgaría de manera inmediata el salvoconducto a Betssy Chávez si ella continuara en la embajada de México bajo la condición de asilada. No obstante, marcó una línea divisoria clara al negar cualquier posibilidad de indulto para condenados por terrorismo como Víctor Polay Campos o para funcionarios involucrados en actos de corrupción como el caso Odebrecht.

Finalmente, Ronald Atencio hizo un llamado a los electores para que analicen las propuestas y los equipos técnicos más allá de las etiquetas. Criticó las encuestas actuales, sugiriendo que inflan a candidatos tradicionales, y se mostró confiado en pasar a una segunda vuelta para enfrentar a cualquier representante de la derecha. Reiteró su compromiso con la formalización minera, la segunda reforma agraria y el impulso al turismo en regiones como Cusco, proponiendo diversificar la oferta turística más allá de Machu Picchu mediante el aeropuerto de Chinchero y nuevos parques recreacionales. Su mensaje final fue de esperanza, asegurando que su gobierno buscará eliminar el racismo, el clasismo y las brechas de desigualdad que fracturan al Perú.

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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley para que “miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada, no tengan responsabilidad penal”, sin hacer referencia alguna a los abusos que puedan cometer.

De acuerdo con su iniciativa de ley, los efectivos militares y policiales que, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida e integridad de personas, cause lesiones o muerte al usar sus armas de manera reglamentaria, no se le responsabilizará penalmente.

Más aún, busca eximirlos de la reparación civil alegando que, «la reparación civil se determina juntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito (…) No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal».

Este proyecto de ley, que se debate en la Comisión de Justicia que preside el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, busca modificar el artículo 20 y 92 del Código Penal. Y, fundamenta que, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, se registraron manifestaciones sociales y movilizaciones de protesta en todo el país.

Fernando Rospigliosi anuncia que PNP reprimirá marchas a diestra y siniestra (VIDEO)

Rospigliosi dice que efectivos son “perseguidos políticos”  

El titular del Legislativo, pretendería sancionar a los ciudadanos que se manifiesten. Argumenta que, “durante las movilizaciones del 2022, se registraron daños en comisarías, sedes del Poder Judicial y diversas entidades del Estado. Y que en la ciudad de Juliaca atacaron a dos policías”.

Pero no menciona nada sobre los protestantes que murieron por la represión desmedida que hubo contra los civiles. Con más de 50 muertos y cientos de heridos, ni los casos de abusos cometidos durante las protestas pacíficas contra ciudadanos y periodistas.

Para Rospigliosi, «no puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, sean hoy día perseguidos por la fiscalía», aclamó, tras una consulta.

Insistió que lo que hay “no son investigaciones, sino una persecución política contra los efectivos policiales y militares que defendieron, por ejemplo, el orden constitucional tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 perpetrado por el sentenciado Pedro Castillo Terrones”.

Refirió que hay 1 323 policías y militares a quienes se les investiga, procesa y llama, algunos como testigos (…) “Esa es la estrategia de esta gente”. Y dijo que después, inmediatamente los involucran como acusados, comentó.

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El presidente de la República, José Jerí, realizará su primera visita oficial a Arequipa la próxima semana, según anunció el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera. El mandatario se trasladará a la Ciudad Blanca como parte de la gira nacional que inició el mes pasado para recorrer los diversos departamentos del país.

El principal objetivo de la agenda presidencial en Arequipa será la suscripción de un convenio con la empresa minera Cerro Verde. Este acuerdo establecerá los términos para la prestación de aguas residuales tratadas provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada.

A cambio del recurso hídrico, la minera se comprometería a realizar una inversión de tres mil millones de dólares dirigida a la ejecución de obras en la región.

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José Jerí en Arequipa junto a ministro

El alcalde Víctor Hugo Rivera indicó que en este acto protocolar también estaría presente el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Esta visita marca el primer acercamiento oficial del presidente Jerí a la región Arequipa desde que asumió el cargo.

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Humberto Abanto defendió con firmeza al Congreso y negó que las leyes recientes favorezcan la criminalidad. Sostuvo que el Parlamento ha “corregido” normas que, según él, solo sirvieron para perseguir indefinidamente a enemigos políticos. Respaldó medidas como la prescripción de delitos, asegurando que forman parte de una reconstrucción necesaria del sistema penal.

En su intervención, Abanto arremetió contra los responsables de la reforma del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, a quienes calificó como un grupo de “Pithecanthropus” que habría dejado un “desastre” jurídico que hoy afecta tanto a operadores de justicia como a ciudadanos. Agradeció al Congreso por “atreverse” a revertir esos errores y apuntó que ese mismo grupo, al que llamó “Pithecanthropus que come caviar”, ahora critica las nuevas normas señalándolas como leyes procrimen.

Según Abanto, esa narrativa solo busca deslegitimar los avances legislativos impulsados en materia penal.

El video FUERON «VALIENTES» | Abanto justifica polémicas leyes pro-crimen aprobadas en el Congreso se publicó en YouTube en este enlace

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Humberto Abanto y César Nakazaki formaron parte de la defensa cerrada del Congreso, asegurando que no existe ninguna ley que favorezca la criminalidad. Elogiaron al Parlamento por, según ellos, “resolver constitucionalmente” normas en el ámbito penal que solo buscaban perseguir indefinidamente a enemigos políticos.

Ambos defendieron cada una de las leyes cuestionadas, incluida la amnistía otorgada a militares y la prescripción de delitos. Nakazaki incluso afirmó: “Si un policía mata, mientras esté justificado, es lícito”.

En otro momento, Humberto Abanto calificó a quienes modificaron el nuevo Código Procesal Penal en 2004 como un grupo de “Pithecanthropus” que terminó causando una verdadera “monstruosidad”. Por eso agradeció al Congreso por “atreverse” a corregir esos errores en materia penal, aunque –según él– ese mismo grupo de “Pithecanthropus que come caviar” ahora califique estas normas como leyes pro-crimen.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, también negó que el Legislativo haya aprobado normas que favorezcan a la delincuencia o al crimen organizado, y afirmó que existe una campaña contra el Parlamento impulsada por intereses políticos. Según Rospigliosi, el Congreso ha aprobado diversas leyes orientadas a combatir el crimen, la delincuencia y proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entre ellas mencionó normas que permiten que policías y militares hagan uso de sus armas conforme a la Constitución y la ley, evitando prisión preventiva en algunos casos en que un agente enfrenta a un delincuente y lo hiere o lo abate.

Rospigliosi también destacó que algunas de estas leyes han sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional, que rechazó impugnaciones contra ellas, y que su objetivo es corregir situaciones que anteriormente llevaron a la persecución de agentes por hechos ocurridos décadas atrás.

El video «¡EL CONGRESO FUE VALIENTE!» | Así defienden abogados las polémicas leyes pro-crimen del Congreso se publicó en YouTube en este enlace

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La Gira Cultura 2025 suma una nueva presentación gratuita del Ballet Nacional del Perú en la Ciudad Blanca. El clásico navideño “El Cascanueces” se presentará en una función adicional este sábado 20 de diciembre a las 4:30 p.m. en el Teatro Municipal de Arequipa, con acceso libre hasta completar el aforo.

El Ministerio de Cultura destacó la masiva respuesta de los arequipeños, que agotaron por completo las localidades para las funciones programadas inicialmente los días 19 y 20 en horario nocturno.

Esta ampliación de la agenda busca que más familias de la región puedan disfrutar de un espectáculo artístico de primer nivel, sin costo alguno. Este espectáculo se concretó mediante el Ministerio de Cultura y la Universidad Católica San Pablo, a través de su Centro de las Artes y el apoyo de Sociedad Minera Cerro Verde y del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Social (Indecso).

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‘Cascanueces’ en Arequipa

La obra, bajo la dirección de la maestra Grace Cobian, reunirá en el escenario a una delegación de treinta bailarines que interpretarán la famosa pieza del compositor Pyotr Ilich Tchaikovsky. La directora del Centro de las Artes de la UCSP, Fiorella Quintanilla de Zegarra-Ballón, resaltó que este ballet simboliza la magia y la esperanza propias de la temporada navideña.

Como parte de las actividades complementarias de la gira, se llevarán a cabo clases maestras y un ensayo abierto dirigido a estudiantes de danza y academias locales.

Con estas iniciativas, Arequipa se consolida como un destino cultural de primer orden, fomentando el acceso al arte y el aprendizaje comunitario en torno a las artes escénicas.

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La llegada del gas natural a la Sierra Central y Sur del Perú es un anhelo bien conocido, desde hace más de 20 años, de las poblaciones de esas ciudades que hasta ahora no se ha materializado, pero que se puede hacer realidad en los próximos meses, lo que veremos en este artículo. 

El fondo del asunto: se trata de reemplazar el balón de GLP en los hogares, que es caro, por el más barato gas natural de Camisea. Esto ya sucede en Lima, donde las redes de tubos de gas natural llegan a dos millones de hogares. Y ha avanzado, aunque de manera mucho más lenta, en la costa norte y en la costa sur. 

Pero no en el Cusco, donde se encuentran los yacimientos de gas de Camisea, ni tampoco en la sierra central y sur (las llamadas 7 Regiones: Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Ucayali), pues las cinco licitaciones —la primera de ellas en el 2005— fueron declaradas desiertas al no haber postores. ¿Por qué? Porque las bases de ProInversión para las 7 regiones establecían que la inversión debería recuperarse mediante el cobro del consumo de gas a los hogares. Pero como ese consumo es muy pequeño, los ingresos no cubrían la recuperación de la inversión. 

Entonces, ¿por qué sí es posible recuperar esas inversiones en Lima? Sucede que Lima es diferente, pues tiene grandes consumidores de gas, como las centrales térmicas de Chilca, así como las grandes empresas. Los ingresos y ganancias que estas generan permiten el llamado “subsidio cruzado”, que significa, en sencillo, que los grandes consumidores subsidian a los más pequeños, es decir, a los domicilios. 

Esos grandes consumidores no existen en Ayacucho, Huancayo, Abancay, Huancavelica o Cusco. Pero, dale que te dale, eso no lo entendió Proinversión.  Surge entonces la pregunta: ¿por qué el gran consumo de gas natural de Lima (que genera un importante flujo de caja) no financia también a las 7 regiones, que son más pobres?

Algunos dirán: ¿y por qué Lima debe financiar a otros sectores? La respuesta es sencilla: porque todo el Perú financió a Lima desde el 2001 al 2005. Todos pagamos un sobreprecio en la tarifa eléctrica para el gasoducto de Camisea a Lima. Se le llamó Garantía de la Red Principal y fueron más de US$ 90 millones. Además, se otorgó a Camisea importantes incentivos tributarios: recuperación anticipada del IGV, pago fraccionado de los aranceles en 7 años, depreciación acelerada de la inversión. Y también se le garantizó un consumo de 70 millones de pies cúbicos diarios de la central de Ventanilla (que aún no se había privatizado). 

Es lo que se llama el apoyo a la “industria naciente”: una vez que ya está en marcha, camina sola. Sin ese apoyo inicial, no habría Camisea, porque “los números no daban” para recuperar la inversión. 

La cuestión es que ahora la empresa Calidda, que tiene la concesión del gas natural de Lima, le ha planteado al gobierno una extensión de su contrato —que termina en el 2033— por 10 años más, con el compromiso de invertir US$ 550 millones para llevar el gas domiciliario a las 7 regiones, construyendo 3,700 kilómetros de redes de tuberías para abastecer a 200 ,000 hogares. 

¿De dónde sale el dinero para la inversión? De la concesión de Cálidda en Lima, claro está, que ahora “devolvería el favor” a las 7 regiones. Regiones que no tienen los grandes consumos que permiten hacer subsidios cruzados. Dicho de otra manera, las tarifas que pagarán los usuarios en las 7 regiones serán las mismas que se pagan en Lima, las que —con el esquema anterior— no alcanzaban para recuperar la inversión (1).

Un tema clave: se va a sustituir el balón de GLP, que es más caro porque depende del precio internacional. Eso no sucede con el gas de Camisea, pues tiene un precio regulado que solo aumenta con la inflación. Pues las reservas de gas (que contamina menos que el petróleo) revirtieron gratis al Estado en la década del 90. Además, el consumo de gas natural mejora la balanza comercial, pues se produce en el país, mientras que una parte cada vez mayor del consumo de GLP depende de la importación a precios internacionales. 

Agreguemos que habrá oferta de gas natural vehicular (GNV), más barato que la gasolina y el GLP, lo que beneficiará a los choferes y pasajeros, así como a la balanza comercial. Y también habrá demanda de gas de sectores del comercio y de la industria. Esto traerá nuevos retos para su abastecimiento (los “camioncitos” que traen el gas desde Pampa Melchorita serán insuficientes para abastecerla). 

¿Será realidad la llegada del gas a las 7 regiones? Se sabe que el proyecto de addenda presentado por Cálidda está en estudio en el Ministerio de Energía y Minas(2) para su aprobación. Veremos qué pasa en las próximas semanas. 

Dicho esto, hay todavía varios temas a resolver para impulsar el consumo de gas y mejorar la matriz energética. Uno de ellos es la vigencia de la tarifa plana en todo el país, que fuera recortada por el Congreso. Otro problema, grave, está relacionado con los proyectos de ley en el Congreso que pretenden modificar el esquema del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), dejando de lado el apoyo en dinero que se debe dar a las familias para conexiones de gas natural dentro de los domicilios: eso es un obstáculo a la masificación(3). 

Lo más importante, sin embargo, es que no se cuenta con un Plan Integral para la masificación del gas. Esto implica, de un lado, una mayor inversión en exploración de gas natural, y, de otro, la construcción de una red de gasoductos, de la cual el país carece. En Argentina, Bolivia y Colombia, el gas natural llega a más del 60% de los hogares (en México, al 25%). En el Perú, la cobertura llega al 19%, pero el 81% de las conexiones domiciliarias están en Lima y Callao. Es la hora de las 7 regiones.

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(1) https://larepublica.pe/economia/2025/07/29/proyecto-siete-regiones-se-re…

(2) “La reforma del Congreso restringiría acceso a los fondos del FISE a quienes hayan sido categorizados como pobres monetarios por el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), dejando fuera a familias y empresas que, con ingresos algo superiores a dicho umbral, aún carecen de acceso efectivo a energía moderna”.
(3) Ver: https://www.infobae.com/peru/2025/10/28/la-masificacion-del-gas-natural-…

Una grave situación de inestabilidad administrativa sacude a la Municipalidad Distrital de Characato. La regidora Lisset Oré aseguró que actualmente existen hasta tres figuras ejerciendo funciones de alcalde y firmando documentos oficiales. Según la concejal, esta irregularidad surge porque el alcalde titular, Ángel Linares Portilla, se encuentra con licencia, dejando el cargo al primer regidor Zerafín Pinto Pinto. Sin embargo, cuando Pinto se ausentó por un viaje de tres días, encargó el despacho al regidor Jorge Vilca, quien habría firmado resoluciones utilizando el sello de alcaldía, una acción que Oré califica como ilegal dado que la encargatura debería recaer en el gerente municipal en situaciones de ausencia temporal de una autoridad que ya es interina.

La fiscalización de Oré no se detiene en el despacho de alcaldía. La regidora alertó sobre la presencia de un «trabajador fantasma» con antecedentes graves. Se trata de Rafael Rondón, exgerente de Servicios Públicos, a quien se le retiró la confianza el pasado 31 de octubre. A pesar de no tener vínculo laboral vigente, confirmado por las áreas de Logística y Recursos Humanos, Rondón sigue laborando, dando órdenes al personal y participando en inauguraciones de obras, como la de un parque en San Francisco. Lo más alarmante es que este funcionario acumularía dos denuncias por acoso sexual contra trabajadoras del municipio, según indicó la regidora. Oré lamentó que, pese a llevar el caso a sesión de consejo, el alcalde minimizó los hechos y la situación se manejó a puertas cerradas, dejando desprotegidas a las denunciantes.

Luces sobrevaloradas y denuncias penales

El aspecto económico de la gestión también presenta serios cuestionamientos. La regidora formalizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de noviembre tras detectar una presunta sobrevaloración masiva en la adquisición de luminarias. Las compras se realizaron para la Plaza de Characato y la Plaza de Mosopuquio, sumando un gasto total superior a los 145,000 soles. Según la investigación de mercado realizada por la propia regidora, el municipio pagó 1,846 soles por cada unidad en Characato y 1,640 soles en Mosopuquio, cuando el precio real en el mercado oscila entre los 200 y 460 soles.

La empresa beneficiada con esta adjudicación es DIS Bustamante E.I.R.L.. Oré detalló que se instalaron 36 unidades en una plaza y 48 en la otra, generando un perjuicio económico evidente para las arcas del distrito. La concejal cuestiona directamente a los responsables de estas áreas, incluyendo al gerente municipal Omar López Cusi y a la encargada de administración, Susana Torres Zegarra, por permitir estas transacciones. Oré exigió explicaciones sobre quién paga el sueldo del exgerente que sigue trabajando sin contrato y pide celeridad en las investigaciones fiscales sobre los precios inflados que afectan el presupuesto de todos los vecinos de Characato.

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Las comunidades campesinas del Bajo Piura reafirmaron su rechazo al lote 208. Este proyecto fue concesionado por Perú Petro para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Los dirigentes señalan que no hubo consulta previa y que la medida afecta su territorio y sus derechos colectivos.

Luis Inga, presidente de la Comisión de Defensa de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, indicó que las comunidades no fueron informadas ni consideradas. Para ellos, esta decisión vulnera normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

Las bases de Catacaos, Cura Mori y El Tallán también mostraron su preocupación. Sostienen que el Estado está imponiendo el proyecto sin escuchar a las poblaciones directamente afectadas.

Los dirigentes anunciaron que no permitirán mesas técnicas ni charlas de Perú Petro. Señalan que estas actividades solo buscan facilitar el ingreso de una empresa privada para operar el lote 208.

La preocupación aumenta porque la empresa Olympic es la única que ha manifestado su interés en este proyecto. Según los comuneros, la compañía ha sido cuestionada en otras regiones por presuntos impactos ambientales.

El lote 208 abarca más de 441 mil hectáreas. Esta superficie incluye zonas de Piura, Castilla, Sechura y Morropón. Además, contempla la perforación de más de 300 pozos exploratorios.

Ante esta situación, las comunidades convocaron una asamblea de urgencia. La reunión será este domingo 14, a las 9:00 a. m., en el caserío Nuevo Paraíso, en Catacaos. El objetivo es unificar posiciones y elaborar un pronunciamiento oficial.

Los dirigentes también enviarán documentos formales a instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo. Además, alertarán a organismos nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos indígenas.

Finalmente, las comunidades afirmaron que defenderán su territorio. Reiteraron que no permitirán acciones que vulneren su autonomía ni su propiedad comunal.

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La baja ejecución presupuestal vuelve a convertirse en un serio problema para Ayacucho. A pocas semanas de culminar el 2025, los municipios provinciales de la región no lograron ejecutar S/151 millones, superando los montos devueltos en 2023 (112 millones) y 2024 (134 millones). La tendencia de retraso en la inversión pública ya se arrastra por tres años consecutivos, afectando directamente la ejecución de obras básicas y servicios esenciales para la población. Las diferencias entre provincias mostraron una brecha significativa. En el norte, Huanta destacó con un 84.5 % de avance, seguido por Huamanga (80.8 %) y La Mar (80.6 %). En el sur, Lucanas alcanzó un 75.1 %. Sin embargo, otras zonas de la región evidenciaron un desempeño crítico: Vilcas Huamán y Víctor Fajardo no superaron el 50% de gasto, repitiendo los bajos resultados de años anteriores. En general, los municipios del centro y sur tampoco lograron superar el 70 % de ejecución. El análisis del comportamiento de los 124 municipios provinciales y distritales muestra un panorama aún más preocupante. Huamanga fue la jurisdicción que más recursos dejó sin ejecutar en los últimos tres años: S/99 millones en 2023, 101 millones en 2024 y 124 millones en 2025. Dentro de esta provincia, los distritos de Quinua, Jesús Nazareno y Santiago de Pischa no alcanzaron ni el 50 % de ejecución. En la provincia de La Mar, la situación tampoco fue alentadora: sus quince municipios acumularon 76 millones sin ejecutar, prácticamente el mismo monto de los últimos tres años. No obstante, algunos distritos lograron resultados excepcionales, como Luis Carranza, que superó el 90% de gasto, junto a Soras (Sucre) y Carmen Salcedo (Lucanas), que también alcanzaron altos niveles de ejecución. Las provincias con mayor retraso fueron Víctor Fajardo y Páucar del Sara Sara. En Víctor Fajardo, 9 de los 12 municipios no llegaron al 50 % de gasto, acumulando 65.3 millones sin uso. En Páucar del Sara Sara, ninguno de los 10 municipios logró un desempeño favorable, dejando 33.5 millones sin ejecutar, recursos que no se transformaron en obras ni servicios fundamentales para la población. La persistente incapacidad de ejecución presupuestal en Ayacucho plantea cuestionamientos sobre la eficiencia de la gestión pública local, la falta de supervisión técnica y la escasa capacidad operativa de varios municipios, especialmente en zonas rurales.

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Vendedoras del mercado de Belén expresaron su preocupación por el incremento sostenido del precio del pollo en las últimas semanas. Señalaron que un ave grande puede llegar a costar S/ 50 y que, pese a la alta demanda de diciembre, la venta ha disminuido. 

Indicaron además que reciben productos más pequeños y con menor rendimiento, lo que reduce sus ganancias. Atribuyen la situación a proveedores que operan sin competencia real y sin supervisión efectiva de las autoridades locales. 

Otra de las comerciantes afirmó que el alza se trasladó directamente al consumidor, lo que limita las compras de las familias. Explicó que los precios varían entre S/ 25 y S/ 35 según el peso, pero que la utilidad es mínima debido al encarecimiento del kilo. 

Las vendedoras coincidieron en que la cadena comercial se encuentra afectada y esperan que el precio se estabilice en las próximas semanas para sostener la venta durante las fiestas de fin de año. 

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La empresa minera informal, o en vías de formalización, Oro Negro, beneficiada con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), enfrenta dos investigaciones penales simultáneas en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), una de ellas por la presunta comisión del delito de contaminación a las aguas del río Yuracyacu, que sirve para la agricultura en el distrito de Pariahuanca, y la otra por la presunta alteración del paisaje, al construir un canal que transportaría agua para una planta hidroeléctrica.

Ambas investigaciones declaradas complejas se encuentran en una fase preliminar, informó el fiscal Walter Ramírez Simbala, en la reunión protagonizada este miércoles por pobladores de varias comunidades de Pariahuanca, representantes de Oro Negro, empresa asentada en la cabecera de cuenca del Yuracyacu, y funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas, y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Junín.

El fiscal Ramírez explicó que como parte de la investigación, el Ministerio Público tomó muestras de agua para evaluar la calidad ambiental y verificar si existe contaminación por elementos propios de la actividad minera, pericia cuyos resultados estarán listos en enero del 2026. ‘Estos resultados serán comunicados a las partes del proceso, es decir, a la minera Oro Negro, y al representante de las comunidades de Pariahuanca’, explicó el letrado.

Estos resultados serán clave para determinar la contaminación de las aguas del río Yuracyacu, una presunción que mantiene en alerta a los agricultores de Pariahuanca, quienes han comenzado a rechazar la presencia de la actividad minera en la zona. El 22 de noviembre, por ejemplo, se movilizaron hasta las instalaciones de la empresa para expresar sus reclamamos. En la reunión de este miércoles, en varios momentos se manifestaron en contra de la actividad minera en esta parte de la cordillera del Huaytapallana. Aunque, comuneros de Acopalca, donde se ubica territorialmente la minera, niegan que exista contaminación.

Alteración del ambiente

Por otra parte, los pariahuanquinos se sienten molestos con la minera por la construcción de una canal para trasladar agua hacia una central hidroeléctrica, cuyos desmontes, según denuncian, fueron arrojados al río Yuracyacu. Un comunero llegó a decir que las truchas de su piscicultura murieron.

Por la construcción de este canal, la Fiscalía Ambiental también investiga a Oro Negro, por el presunto delito de alteración del ambiente o del paisaje, sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años y con hasta noventa días multa, por alterar el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modificar la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles sin autorización.

En este caso, el fiscal Ramírez informó que el Poder Judicial emitió en primera instancia una medida cautelar para detener la construcción de este canal, en tanto avanza la investigación fiscal. Pero señaló que el juez debe determinar si el recurso de apelación de la demandada tendrá efecto suspensivo o no sobre la paralización.

Seis mineras con Reinfo cerca del Yuracyacu

 Por su parte, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín informó que en la zona de influencia del río Yuracyacu, existen 34 concesiones mineras, de las cuales 18 están tituladas y 16 en trámite.

Asimismo, existen 6 mineros inscritos en el Reinfo con inscripción vigente. Pero en las fiscalizaciones que realizaron, las autoridades solo comprobaron  a dos mineras con actividad, una de ellas Oro Negro. Los representantes de esta empresa indican que llevan 15 años en el lugar. Al estar catalogados como pequeño productor minero, la capacidad máxima de extracción que tiene es de 350 toneladas diarias.

Qué es el Reinfo

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es la base de datos donde se inscriben los mineros informales que buscan pasar al proceso de formalización. Estar en el Reinfo no significa estar formalizado, sino contar con una autorización temporal para operar mientras se cumplen los requisitos legales que exige el Estado.

Este registro identifica a los mineros en “vía de formalización”, les permite seguir trabajando de manera excepcional mientras presentan estudios ambientales, permisos de agua, uso de suelo y otras autorizaciones.

La reciente quinta ampliación aprobada por el Congreso causa controversia porque muchos inscritos no avanzan en la formalización, pero siguen operando y estas sucesivas ampliaciones prolongan la informalidad.

En zonas sensibles, como cabeceras de cuenca, su presencia puede provocar conflictos.

[Concesiones mineras en la cabecera de cuenca del río Yuracyacu]

Concesiones mineras en la cabecera de cuenca del río Yuracyacu by Huanca York Times

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE