El Gobierno Regional de Junín (GRJ) reportó un 91% de ejecución financiera en infraestructura al cierre del año 2025, pero este balance chocó con una fuerte crisis en la carretera JU-100, en la provincia de Junín. La comunidad de San Pedro de Pari anunció que bloqueará la Carretera Central, el ramal que conecta con Pasco […]
El Gobierno Regional de Junín (GRJ) reportó un 91% de ejecución financiera en infraestructura al cierre del año 2025, pero este balance chocó con una fuerte crisis en la carretera JU-100, en la provincia de Junín. La comunidad de San Pedro de Pari anunció que bloqueará la Carretera Central, el ramal que conecta con Pasco y Huánuco, si las autoridades no atienden sus reclamos por el retraso y la suspensión de la obra, que consideran un perjuicio directo a su economía y movilidad.
La obra de mejoramiento de la vía JU-100 debía culminar en octubre de 2024, luego de iniciar en julio de 2023. Sin embargo, la Gerencia Regional de Infraestructura informó que la obra alcanzó solo un 47.45% de avance físico a noviembre y un avance financiero de 60.6%.
Amenaza de bloqueo por falta de avance y pagos
La obra permanece suspendida desde el 19 de noviembre por lluvias, y la gerencia de Infraestructura estima que esta situación podría extenderse hasta marzo o abril. Un plan de trabajo busca habilitar el tramo con maquinaria para asegurar la transitabilidad durante la temporada de lluvias.
Los comuneros de San Pedro de Pari, dedicados principalmente a la ganadería, denunciaron que la vía intransitable en tiempo de lluvia les obliga a derramar sus productos, entre ellos la leche, porque el traslado hacia Junín se hace complicado en una duración hora y media.
Adicionalmente, el presidente comunal, Wilmer Tacuri, reclamó que la empresa mantiene deudas con pobladores que actuaron como proveedores y que llevan más de uno o dos años sin cobrar. La gerencia tramita 15 sesiones de derechos por S/ 1.1 millones para atender estos pagos.
La comunidad anunció que hará una marcha y bloqueará la Carretera Central si el gobierno regiojnal no responde y atiende sus pedidos.
Gerente regional de Infraestructura, Rony Vejarano, admite 15 obras detenidas por temporada de lluvias
Deficiencias en otras obras de infraestructura
El informe de infraestructura también evidenció fallas en otros proyectos:
Molinos Huarta (Jauja): La gerencia confirmó mala ejecución en la carpeta asfáltica por desprendimientos. El GRJ detuvo los pagos a los contratistas de Molinos-Huerta y en la carretera JU-103 que comprende Pancán y Yauli, hasta que los contratistas corrijan los defectos bajo garantía. La gerencia coordina con la Contraloría la determinación de responsabilidades.
Avenida Mariscal Cáceres (Concepción): La obra, recepcionada en la gestión anterior, presenta observaciones en iluminación y accesibilidad. La Gerencia de Infraestructura anunció que ordenará la liquidación del proyecto para definir responsabilidades debido a la demora del peritaje. El proyecto mantiene un saldo financiero de S/ 1,2 millones.
Ejecución general
El gerente Rony Vejarano informó que la región maneja 196 inversiones hasta el cierre del año. Entre ellas:
96 obras en ejecución
15 suspendidas por condiciones climatológicas
18 concluidas
22 inversiones en administración directa con un valor total de S/ 205,543,000
El GRJ destacó que logró mantener un ritmo alto de gasto pese a las contingencias técnicas y legales que afectan obras críticas.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Por los daños que ocasionaría en la biodiversidad y el ecosistema del lago Titicaca, el Consejo Regional de Puno, aprobó un proyecto de ordenanza que prohíbe la crianza, traslado y comercialización del famoso pez carpa. El titular de la Dirección Regional de la Producción de Puno (DIREPRO), José Antonio Huayta Calisaya, confirmó la medida, asegurando […]
Por los daños que ocasionaría en la biodiversidad y el ecosistema del lago Titicaca, el Consejo Regional de Puno, aprobó un proyecto de ordenanza que prohíbe la crianza, traslado y comercialización del famoso pez carpa.
El titular de la Dirección Regional de la Producción de Puno (DIREPRO), José Antonio Huayta Calisaya, confirmó la medida, asegurando que la normativa regional será publicada en los próximos días en el diario El Peruano para su validez y entrada en vigencia.
“El jueves pasado ha sido aprobado por el consejo regional con siete votos a favor y uno en contra. Eso demuestra la preocupación de los señores consejeros en las especies exóticas como la carpa, que son invasoras y generan problemas no solo en nuestra región y el Perú. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lagunas que fueron invadidas por esta especie que se reproduce muy rápido”, afirmó.
Huayta Calisaya, se mostró preocupado por la presencia de esta especie que considera peligrosa para la sobrevivencia y reproducción de las especies nativas del lago Titicaca como el carachi, ispi, suche y maure.
De otro lado, informó que la Direpro viene gestando un proyecto que propone la crianza de peces tropicales en la selva puneña. “Ya está en expediente técnico un proyecto que plantea la crianza de peces tropicales en la selva puneña (…). Las especies tropicales se desarrollan en temperaturas mínimas de 20°C y acá en el lago, la temperatura oscila entre los 14°C a 16°C, sería imposible que se desarrollen en el lago”, agregó.
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El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovidio Edgar Tumi Miranda, podría ser vacado, de comprobarse las acusaciones de presunta extorsión a un consorcio que ejecutó un proyecto vial en la ciudad de Juliaca. Según la denuncia, el regidor habría pedido medio millón de soles al consorcio que tuvo a su cargo la […]
El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovidio Edgar Tumi Miranda, podría ser vacado, de comprobarse las acusaciones de presunta extorsión a un consorcio que ejecutó un proyecto vial en la ciudad de Juliaca.
Según la denuncia, el regidor habría pedido medio millón de soles al consorcio que tuvo a su cargo la ejecución del proyecto integral de pistas y veredas en las urbanizaciones Tambopata I y San Pedro, que se ejecutó con una inversión de cinco millones 436 mil soles, y que fueron financiados por el Programa Mejorando Mi Barrio del Ministerio de Vivienda.
Uno de los trabajadores del consorcio relató que el regidor Ovidio Tumi, distorsionando su labor fiscalizadora, exigió sumas de dinero a la empresa, alegando que la obra se ejecutó gracias a él.
El fiscalizador municipal envió cuentas bancarias de su hija y cuñado, recibiendo depósitos de 2000 y 10 mil soles, en febrero y mayo de este año, respectivamente.
Ante ello, otro de los regidores de dicha comuna, Javier Chura Espirilla, dijo que el Ministerio Público tiene que investigar de oficio estos hechos, al tratarse de un presunto hecho de corrupción.
“La empresa debía denunciar en su momento para que se tomen acciones. Ahora tenemos que hacer las investigaciones y, de comprobarse las acusaciones, el regidor podría ser vacado”, advirtió.
Además, no descartó que los representantes del consorcio sean citados ante el Pleno del Concejo Municipal, a fin de esclarecer los hechos.
Esta situación ha generado el rechazo de los dirigentes. El expresidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Antero Pimentel, cuestionó la labor de los regidores. “No hacen nada, cuando denunciamos hechos irregulares, no hacen caso. No hay fiscalización. Todo está abandonado”, sostuvo.
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una sanción millonaria en contra de la empresa Glencore Antapaccay por contaminación en Espinar – Cusco, una noticia de gran relevancia que pasó desapercibida por la coyuntura de la política nacional. Esta sanción económica, que asciende a más de cinco millones quinientos mil soles (S/5.5 millones) […]
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una sanción millonaria en contra de la empresa Glencore Antapaccay por contaminación en Espinar – Cusco, una noticia de gran relevancia que pasó desapercibida por la coyuntura de la política nacional.
Esta sanción económica, que asciende a más de cinco millones quinientos mil soles (S/5.5 millones) o un millón seiscientos mil dólares (USD 1.6 millones), fue impuesta formalmente con fecha del 14 de octubre de 2025 y tiene implicaciones graves. La sanción equivale a más de mil cuarenta Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siendo la conclusión de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado contra la Compañía Minera Antapaccay S.A. previamente.
El proceso determinó la clara responsabilidad de la empresa por exceder los límites máximos permitidos de emisiones de material particulado PM10, una infracción ambiental severa. Estas partículas microscópicas, compuestas por polvo y metales con un tamaño menor a diez micrómetros, representan un riesgo gravísimo para la salud pública, ya que al ser inhaladas pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio humano.
La infracción se localizó específicamente en el tajo sur de la operación minera, vulnerando la normativa ambiental vigente, lo cual confirma la gravedad de la falta. El alto monto de la sanción sugiere que se trata de una falta muy grave de la empresa. Dicha falta merece un análisis atento por parte de las autoridades y la población en general.
Multa a Antapaccay por PM10 y la demanda histórica por la crisis de Salud Pública
La contaminación del aire representa solamente una pieza del complejo rompecabezas ambiental y social en la provincia de Espinar. Ahí, la salud de la población se ha visto afectada. Este hallazgo específico forma parte integral de los componentes de seis estudios de causalidad emprendidos por el OEFA entre los años 2022 y 2023, que buscan identificar el origen de la contaminación. Dichos estudios responden a una demanda histórica de la población de Espinar, que data de al menos el año 2012. Ellos exigen la identificación del origen de la alarmante contaminación con metales pesados y arsénico en la zona.
Esta problemática ambiental ha derivado lamentablemente en una crisis de salud pública alarmante. La característica principal son los altos índices de cáncer en la población y el nacimiento de niños con diversas discapacidades, además de la muerte constante de animales domésticos. La justificación técnica de la sanción por la Multa Antapaccay por PM10 se detalla en una Resolución Directora N° 01432-2025-OEFA/DFAI de 290 páginas, además de un Informe de Cálculo de Multa con 97 páginas más anexos.
Ambos documentos de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, obtenidos por el periodista Aramis Castro mediante un oportuno pedido de información pública, forman parte del Expediente de Fiscalización Nº 0555-2024-OEFA/DFAI/PAS. Cabe señalar que la empresa cuenta todavía con el plazo legal para poder impugnar el referido procedimiento, según lo permite la ley.
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Al estilo de la gestión de Dina Boluarte, el presidente interino José Jerí llegó a una región fuertemente resguardado por un amplio contingente policial.
Al estilo de la gestión de Dina Boluarte, el presidente interino José Jerí llegó a una región fuertemente resguardado por un amplio contingente policial. Durante su arribo a Tacna para el izamiento del pabellón en el Paseo Cívico, corresponsales de medios nacionales y reporteros locales intentaron abordarlo, pero fueron bloqueados por su escolta.
El reportero de RPP, Javier Rumiche, fue sujetado y retirado pese a los reclamos de sus colegas. Las imágenes también muestran que dos reporteras de La Hora C y La República Sur fueron empujadas para impedirles acercarse al mandatario. Ante estos hechos, el Colegio de Periodistas del Perú como sede Tacna expresó su rotundo rechazo a la agresión contra Rumiche y exhortó al Poder Ejecutivo a sancionar a los responsables.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Susel Paredes y Flor Pablo fueron algunos de las congresistas que defendieron a la fiscal Delia Espinoza. Paredes recordó que a Espinoza se le quiere manchar la trayectoria, mientras antes se protegió a una fiscal que ni tenía tesis y cuando “apareció”, estaba llena de plagios.
Flor Pablo consideró que todos los peruanos necesitamos una fiscalía libre y fuerte.»No se trata de la fiscal Delia Espinoza, se trata de la institucionalidad», dijo. En tanto, Roberto Chiabra quien aseguró que tenía razones suficientes para inhabilitarla, anuncio que su voto será distinto porque «él sí es gente». Miembros de la bancada de Perú Libre también consideraron que era injusto la denuncia contra la fiscal.
Delia Espinoza no fue suspendida, el pleno del Congreso no consiguió los votos mínimos.
Actualización: La fiscal fue inhabilitada por una reconsideración presentada en horas de la tarde que consiguió 71 votos.
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El Pleno del Congreso no logró inhabilitar a Delia Espinoza en un inicio. Los resultados tardaron varios minutos en anunciarse y, cuando finalmente se revelaron, la denuncia quedó rechazada, dejando desconcertados a varios congresistas. Jorge Montoya había insistido en que Espinoza era “un peligro para la ciudadanía” y que por eso debían votar a favor, pero ni así alcanzaron los votos necesarios.
Durante el debate, Susel Paredes y Flor Pablo salieron en defensa de la fiscal suspendida. Paredes recordó que se intenta manchar la trayectoria de Espinoza, mientras en el pasado se protegió a otra fiscal que ni tenía tesis y que, cuando finalmente apareció, estaba llena de plagio. La comparación dejó en evidencia la forma en que varios congresistas han sostenido estos procesos.
Delia Espinoza, fiel a su estilo frontal, respondió desde el hemiciclo con un contundente: “A mí no me tiran piedras”. Encaró a los legisladores que arrastran cuestionamientos y que ahora buscaban inhabilitarla por 10 años. Les preguntó directamente: “¿Así buscan ir a la reelección?”. Además, los invitó a leer sus tesis y revisar su trayectoria, recordando que en toda su carrera no registra sanciones administrativas.
Aunque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente aprobaron el informe que recomendaba su inhabilitación, el Pleno no alcanzó los 68 votos requeridos. Con 63 votos a favor, la sanción quedó descartada. Lo que sí aprobaron fue levantarle el fuero y que la fiscalía de la Nación la denuncie penalmente por abuso de autoridad.
Actualización: La fiscal fue inhabilitada por una reconsideración presentada en horas de la tarde que consiguió 71 votos.
Un reciente monitoreo nacional de Limatimes.pe revela un panorama profundamente desigual en el acceso a la información pública a nivel regional. Según el Reporte de Supervisión de los Portales de Transparencia Estándar 2025-I de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), ningún gobierno regional cumple con publicar el total de la información obligatoria por ley, evidenciando una deuda generalizada con la rendición de cuentas.
La situación más crítica se encuentra en los extremos sur y oriente del país. Los gobiernos regionales de Madre de Dios, liderado por Luis Otsuka Salazar, y Apurímac, a cargo de Percy Godoy Medina, ostentan los niveles más bajos de cumplimiento, con apenas un 36% y un 46% respectivamente. Les sigue un grupo de seis regiones, incluyendo Junín, Tumbes y Puno, cuyos portales no superan el 55% de la información requerida.
En contraste, Arequipa emerge como un referente positivo en este escenario. Bajo la gestión de Rohel Sánchez, la región ha logrado un notable 94% de cumplimiento, posicionándose entre los dos primeros lugares a nivel nacional.
Este desempeño es resultado de una mejora consistente y sostenida, según las cifras históricas del Gobierno regional de Arequipa. Hay que considerar que se llegó a reportar solo un 77% en 2023. Posteriormente, al siguiente año se logró un notable crecimiento de un 85% en 2024.
El informe, que evaluó a 300 entidades públicas entre enero y junio de 2025, detalla otros niveles de desempeño:
Cuatro gobiernos regionales, como Huánuco (63%) y Cusco (69%), se ubican en un rango de cumplimiento entre el 60% y el 70%.
Once gestiones regionales superan el promedio nacional del 71%, aunque este porcentaje sigue siendo considerado insuficiente para entidades que están en su tercer año de administración.
Solo otra región, San Martín (97%), acompaña a Arequipa en superar la barrera del 90% de cumplimiento, aunque con una trayectoria irregular en los años previos.
El reporte subraya que, a pesar de los avances en casos como el de Arequipa, el cumplimiento general sigue siendo deficiente. La falta de transparencia sistemática en la mayoría de gobiernos regionales limita el derecho ciudadano a la información y dificulta el control social sobre la gestión pública, manteniendo a gran parte del país lejos de los estándares de apertura y rendición de cuentas exigidos por ley.
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Alcalde de Arequipa recalca que el contrato del SIT impide subir pasajes en etapa preoperativa. Rivera señaló que los concesionarios están tras nueva propuesta.
El alcalde mistiano confirmó sentencia en primera instancia contra la ruta C7, pero aseguró que el servicio continuará mientras dure la apelación.
Durante la entrega de obras de mejoramiento en la Institución Educativa Al Aire Libre, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, aprovechó la presencia de los medios para zanjar la polémica sobre un posible incremento en la tarifa del transporte público.
Ante el anuncio de una supuesta asociación de transportistas formales que exige elevar el costo de los pasajes, la autoridad fue tajante al desestimar la legitimidad de este reclamo bajo las condiciones actuales del contrato. Rivera señaló con ironía que esta «nueva» asociación está conformada por los mismos gerentes y concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT), quienes simplemente buscan darle «otra mística» a sus exigencias comerciales en un contexto que él calificó como electoral.
El burgomaestre explicó que la ciudadanía no debe preocuparse por un alza inmediata, ya que el contrato de concesión es claro respecto a los tiempos y condiciones. Según detalló, cualquier reajuste tarifario solo podrá discutirse cuando el sistema transite a su etapa operativa.
Actualmente, Arequipa se encuentra en una fase preoperativa, lo que legalmente impide modificar el costo del servicio. Rivera enfatizó que el tema del pasaje se tocará únicamente cuando se cumplan los requisitos técnicos estipulados, cerrando así la puerta a las presiones de los consorcios que operan las rutas actuales.
Por otro lado, la autoridad se pronunció sobre la situación legal de la ruta C7 de Paucarpata, luego de que el Poder Judicial declarara en primera instancia la nulidad de su contrato. El alcalde confirmó que existe una sentencia debido a la omisión de documentación por parte del consorcio en el año 2022, pero aclaró que esto no implica la suspensión inmediata del servicio.
Los concesionarios afectados ya han presentado la apelación correspondiente, por lo que el proceso sigue su curso legal. Rivera indicó que, de confirmarse el fallo en segunda instancia o casación, la Municipalidad procedería a una nueva licitación para cubrir dicha ruta, garantizando que los usuarios no queden desabastecidos.
Avances hacia el aniversario de la UNESCO y protección del patrimonio
En otro momento de sus declaraciones, el alcalde abordó los retos que enfrenta la ciudad de cara al 25 aniversario de la declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Rivera informó que se están levantando las cinco observaciones realizadas por la UNESCO, siendo el ordenamiento del tránsito una prioridad.
En esa línea, anunció que este viernes se espera la aprobación en sesión de consejo del retorno del «plaqueo» en el Centro Histórico, una medida disuasoria para restringir el ingreso de vehículos al casco monumental y reducir la contaminación y el deterioro de las vías.
Asimismo, la autoridad hizo hincapié en la defensa de la zona ribereña del río Chili y la preservación de las casonas históricas. Lamentó que algunos propietarios vendan inmuebles patrimoniales para convertirlos en hoteles sin respetar la arquitectura original, lo que pone en riesgo el título otorgado por la UNESCO.
Finalmente, respecto a la actividad oficial del día, Rivera detalló que la inversión en el colegio Aire Libre ascendió a 420,000 soles, monto destinado al mejoramiento de techos, pisos, baños e instalaciones eléctricas, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil de Miraflores.
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También los invitó a leer sus tesis y revisar su trayectoria, recordando que nunca ha tenido una sanción administrativa.
«Yo no he jurado por mi bolsillo, por mis beneficios, he jurado para trabajar», dijo.
Delia Espinoza se defendió ante el Congreso, que busca inhabilitarla por 10 años. Sin tapujos, la fiscal suspendida de la Nación encaró a los congresistas con antecedentes cuestionables y que ahora intentan sancionarla a como dé lugar. “¿Así buscan ir a la reelección?”, les increpó. También los invitó a leer sus tesis y revisar su trayectoria, recordando que nunca ha tenido una sanción administrativa.
«Yo no he jurado por mi bolsillo, por mis beneficios, he jurado para trabajar», dijo.
La Municipalidad de Arequipa inspecciona 89 galerías del Cercado para garantizar seguridad en Navidad. Verifican licencias, extintores y vías de evacuación. | IMAGEN: MPA
Ante la inminente llegada de las fiestas de Navidad y el previsible aumento de la afluencia de público en las zonas comerciales, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha puesto en marcha un riguroso plan de fiscalización. El subgerente de Gestión de Riesgos, Diego Ayca, confirmó el inicio de operativos de inspección en los centros comerciales y galerías ubicados en el Cercado de Arequipa, específicamente en los alrededores del Parque Duhamel. El objetivo central de estas intervenciones es garantizar las condiciones de seguridad para los miles de ciudadanos que acudirán a realizar sus compras en los próximos días, asegurando que los establecimientos cumplan con los estándares técnicos exigidos por ley.
Durante el recorrido, que abarca arterias comerciales neurálgicas como la calle Perú, Dean Valdivia, San Camilo y San Juan de Dios, los inspectores técnicos de seguridad y fiscalizadores están verificando minuciosamente que cada local cuente con el Certificado ITSE vigente. Además, se está poniendo especial atención en la operatividad de los sistemas contra incendios, asegurando que los extintores no estén vencidos, que las luces de emergencia funcionen correctamente y que los tableros eléctricos se encuentren en buen estado, sin cables expuestos que puedan generar cortocircuitos. Las autoridades han sido enfáticas al señalar que las salidas de evacuación deben permanecer completamente libres de obstáculos para evitar tragedias.
Hasta el momento, se ha planificado la inspección de un total de 89 centros comerciales dentro del sector delimitado, un trabajo que se extenderá de manera continua hasta el próximo viernes. En las primeras intervenciones, realizadas a seis locales, las autoridades detectaron deficiencias preocupantes que fueron corregidas en el acto, como extintores descargados y maniquíes que obstaculizaban el acceso a los tableros eléctricos o bloqueaban las rutas de salida. Estas acciones buscan corregir hábitos peligrosos antes de que la densidad de público aumente significativamente por la temporada festiva.
La normativa es clara respecto a las consecuencias del incumplimiento de estas medidas de seguridad. Según el cuadro de infracciones de la ordenanza municipal vigente, aquellos centros comerciales que no cuenten con el certificado ITSE o presenten riesgos graves como cables expuestos o extintores vencidos, serán objeto de una clausura temporal inmediata. Además de cierre, los comerciantes se enfrentan a sanciones económicas considerables; las multas oscilan entre el 50% de una UIT hasta 4 UIT, dependiendo de la complejidad y gravedad de la falta detectada durante el operativo.
Las autoridades aprovecharon la intervención para hacer un llamado directo a la responsabilidad de los comerciantes. Se les ha exhortado a mantener sus zonas de evacuación y tránsito libres de mercadería u otros objetos, así como a garantizar el acceso despejado a los equipos de emergencia. Es vital que respeten el aforo permitido y sepan cómo activar las alarmas contra incendios en caso de una emergencia real. Por otro lado, la Municipalidad Provincial no trabaja sola; se ha coordinado con distritos como Paucarpata, Cayma, Mariano Melgar y Miraflores para replicar estas acciones en grandes centros comerciales de sus jurisdicciones, asegurando así un estándar de protección civil en toda la ciudad durante el fin de año.
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El paro indefinido de mineros artesanales, iniciado el 17 de noviembre y escalado a nivel nacional desde el 1 de diciembre, mantiene en vilo al corredor sur del país. Los bloqueos, concentrados en tramos de Panamericana Sur, en Arequipa, han generado una crisis de movilidad y severas pérdidas económicas en el sector transporte, dejando a cientos de pasajeros varados en condiciones precarias.
La protesta exige al Congreso la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2027, junto a la aprobación de la denominada Ley Mape.
La tensión se focaliza en dos puntos neurálgicos. En el puente del distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, la vía permanece cerrada intermitentemente. Tras una tregua de apenas una hora y media al mediodía de ayer, los manifestantes reanudaron el bloqueo, obligando a buses y camiones de carga a esperar más de diez horas. Una nueva apertura nocturna, coordinada con la Defensoría del Pueblo y la Policía, permitió el paso hacia las 2:00 a.m., pero muchos ya superaban las 12 horas de retención.
La situación se replica en Chala, provincia de Caravelí, donde más de cinco mil manifestantes ocupan la vía. Allí, las ventanas de paso han sido igual de restringidas, generando largas filas de vehículos.
Testigos en Ocoña reportan una situación humanitaria crítica. «Hay personas adultas, niños. Algunos viajeros están con el dinero ajustado, no han tomado desayuno», relató un conductor a un medio local. La necesidad de continuar sus trayectos hacia destinos como Tacna, Juliaca o la propia ciudad de Arequipa, fuerza a muchos a caminar kilómetros en busca de transbordos.
Las consecuencias para el transporte interprovincial son graves. Mario Lovón, secretario regional del Consejo de Transporte de Arequipa, detalló que la venta de pasajes se ha restringido a un 50%. El temor de los usuarios a quedar atrapados en los bloqueos es la principal causa.
Las empresas que aún operan lo hacen «a condición», advirtiendo a los pasajeros sobre la alta probabilidad de interrupciones.
Los precios de los pasajes a Lima parten desde los 150 soles, pero la demanda es mínima.
El sector reporta pérdidas estimadas en 350 mil soles diarios, calculando un promedio de 12 mil soles por empresa afectada.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa confirmó que los piquetes, integrados por mineros informales, pernoctan en la carretera. La Policía de Carreteras señala que este es el único punto de la Panamericana Sur en la región que permanece mayormente inhabilitado.
Con el Pleno del Congreso preparándose para debatir el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, la incertidumbre persiste. Dirigentes de los manifestantes han anunciado que en los próximos días se sumarán mineros de otras zonas, lo que podría intensificar la medida.
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El candidato de Alianza Venceremos, Ronald Atencio, promete liberar a "presos políticos" y cambiar el modelo económico mediante una Asamblea Constituyente.
Durante su visita proselitista a la ciudad de Arequipa, el precandidato presidencial por el partido Alianza Venceremos, Ronald Atencio, realizó declaraciones contundentes sobre sus planes de gobierno en materia de justicia y derechos humanos. Desde la Plaza de Armas, el abogado y político aseguró que, de llegar al sillón presidencial, otorgará el indulto a quienes considera «presos políticos».
Atencio mencionó explícitamente al expresidente Pedro Castillo, a la expremier Betssy Chávez y al congresista Guillermo Bermejo, además de incluir en esta lista al expremier Aníbal Torres y a los detenidos durante las protestas sociales.
El candidato justificó esta medida argumentando que el sistema de justicia actual ha criminalizado la política y persigue a los líderes de izquierda. Según su visión, estas figuras enfrentan procesos injustos impulsados por una supuesta «ultraderecha» y un Poder Judicial cooptado.
Para Atencio, la solución a la crisis política pasa por lo que denomina un «proceso transformador y revolucionario» que devuelva el poder a los peruanos. Acompañado por Duberlí Rodríguez, candidato al Senado, y otros integrantes de su plancha, el líder de Alianza Venceremos enfatizó que su propuesta busca la reconciliación nacional a través de la libertad de estos personajes.
La propuesta de Atencio no se limita únicamente al ámbito legal. Su plataforma política tiene como eje central la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional vía referéndum. El objetivo es reemplazar la Constitución de 1993, a la que califica de nefasta, para establecer un nuevo contrato social que permita modificar el régimen económico actual. El candidato sostiene que el modelo neoliberal ha fracasado y propone pasar a una economía nacionalista, popular y sostenible.
En el plano económico, Ronald Atencio plantea la industrialización de los recursos naturales como motor del desarrollo. Criticó la exportación de materias primas sin valor agregado, como las piedras de cobre, y sugirió que el Estado debe procesar estos recursos internamente.
Además, abordó la problemática agraria prometiendo una Segunda Reforma Agraria real que impulse la productividad del campo y enfrente la concentración de tierras por parte de las agroexportadoras. Respecto a la minería, aseguró que respetará la actividad, pero revisará las concesiones ociosas para que el Estado las recupere si no se explotan.
La inseguridad ciudadana también formó parte de su discurso en la Ciudad Blanca. Aunque se mostró en contra de la pena de muerte por las restricciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prometió mano dura contra el crimen organizado.
Su plan incluye la creación de un equipo de élite conformado por los 500 mejores policías del país, con facultades de investigación e inteligencia para desarticular bandas de extorsionadores y sicarios. Atencio busca diferenciarse de las propuestas tradicionales mediante un enfoque de «aniquilamiento contra el crimen organizado» dentro del marco legal vigente.
Finalmente, el candidato se refirió a la situación de su inscripción electoral. Indicó que su agrupación se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas y consolidación de bases a nivel nacional. Confía en superar la valla electoral y llegar a una segunda vuelta, apelando al «calor popular» que dice sentir en sus recorridos por plazas y calles. Alianza Venceremos busca posicionarse como la respuesta de izquierda frente a los partidos tradicionales y el actual gobierno, al que califica de dictadura.
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Comerciantes del Mercado San Camilo rechazan falta de socialización de obras. Denuncian falta de planificación y exigen postergar obras para enero.
Ismael Samos, copropietario del restaurante El Inter y vocero de un sector de los comerciantes, manifestó su profunda molestia ante las recientes declaraciones de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El último lunes, el gerente municipal informó a los trabajadores del Mercado San Camilo sobre la existencia de una persona que estaría desinformando y movilizando a los vendedores con fines políticos, referencia que Samos consideró una alusión personal.
Ante esto, el comerciante fue tajante al desmentir tales afirmaciones y calificó la información como totalmente falsa. Aclaró que su presencia y reclamos en el recinto no obedecen a intereses electorales, sino a su labor diaria en un negocio familiar con más de 100 años de antigüedad. Samos enfatizó que tanto él como su esposa viven del trabajo diario en el mercado y que no busca aprovecharse de la coyuntura actual.
El punto crítico del conflicto radica en el anuncio intempestivo de la municipalidad sobre el cierre del centro de abastos durante el mes de diciembre para realizar labores de mantenimiento. Para los vendedores, esta medida demuestra una total improvisación y falta de planificación, ya que diciembre representa la temporada comercial más importante del año y muchos ya han adquirido mercadería.
Samos cuestionó duramente que se pretenda enviar a los comerciantes a las calles en plena campaña navideña sin haber comunicado con antelación un cronograma, el presupuesto real o una ficha técnica del proyecto. Advirtió sobre el riesgo económico que corren los productos perecibles y la inversión de los vendedores si se ejecuta el cierre de la noche a la mañana, calificando la medida de «descabellada».
A pesar de la rotunda negativa a cerrar en diciembre, el vocero aclaró que los más de 200 trabajadores reunidos no se oponen a las mejoras en la infraestructura. Por el contrario, exigen el mantenimiento de los techos, canaletas y desagües, pero solicitan firmemente que las obras se posterguen para el mes de enero para no afectar la campaña de fin de año.
Exigencias de transparencia y planes de contingencia
La preocupación de los comerciantes va más allá de la fecha; exigen conocer al detalle en qué se gastará el dinero público. Samos reveló que se manejan cifras de 350,000 soles destinados al mantenimiento de dos baños —lo cual considera excesivo— y otros 650,000 soles para la reparación del techo. Sin embargo, la masa trabajadora desconoce los alcances técnicos debido a la falta de socialización del proyecto.
Asimismo, criticó que se pretenda cerrar el mercado por 21 días sin ofrecer un plan de contingencia económica que explique cómo subsistirán las familias durante ese tiempo ni quién garantizará el orden y la seguridad si se ven obligados a ocupar la vía pública sin autorización.
El dirigente comentó que, tras dialogar con el regidor José Luis Suárez, se había llegado a un entendimiento preliminar para trasladar las obras al próximo año, pero la comunicación oficial sigue siendo confusa. Samos propuso alternativas viables para no detener la actividad comercial, como realizar los trabajos por etapas (mitad y mitad del recinto) o en horario nocturno, tal como se estila en otros establecimientos.
Finalmente, advirtió que si la municipalidad demuestra técnicamente que el cierre total es la única vía, los trabajadores acatarán, siempre y cuando sea una medida planificada, comunicada con tiempo y ejecutada fuera de la temporada alta.
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Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, puso en evidencia las arbitrariedades a las que ha sido sometida por cumplir con su labor. la más grave, que congresistas con carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía hayan aprobado su inhabilitación, constituyendo un grave conflicto de intereses, además de basarse en hechos inexistentes.
El Pleno del Congreso no aprobó este miércoles la inhabilitación por diez años de la función pública para la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La denuncia se envió al archivo. Sin embargo, fue aprobada la denuncia en cuanto a la comisión de supuestos delitos y se le levantó el fuero para ser juzgada en el fuero penal.
En cuanto a la inhabilitación, la fiscal suprema suspendida, hizo notar que de los congresistas que la aprobaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y en la Comisión Permanente, quince tienen carpetas abiertas en la Fiscalía. También puso en evidencia que, pese a que en la acusación estaban involucrados los cuatro magistrados de la Junta de Fiscales Supremos, solo se aprobó en su caso, por lo que consideraba el caso como no jurídico sino político. «Es una persecución inconstitucional», dijo.
Los votos a favor provinieron de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País, pero no lograron su objetivo. La votación sobre la inhabilitación obtuvo 57 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. No se alcanzaron los votos, debían ser 68, y, por tanto, se envió al archivo esta denuncia.
En cuanto a la votación del otro extremo de la denuncia contra la exfiscal Espinoza Valenzuela, «haber lugar a la formación de causa penal contra la fiscal suprema Delia Espinoza por comisión de delitos», quedó con 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones y por consiguiente el levantamiento del fuero de la fiscal. El expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación.
Al levantarle el fuero se elimina la inmunidad legal que protegía a la fiscal suprema para que pueda ser sujeta a un proceso legal o penal. Ahora podrá ser investigada, procesada y juzgada como cualquier otro ciudadano, especialmente cuando se le acusa de un delito.
Retornan a sesión y votan una reconsideración para inhabilitar a la fiscal, presentada por el congresista Jorge Montoya y es aprobada con 71 votos a favor, cambiando la decisión adoptada en la mañana y que no había logrado obtener los votos suficientes. Luego se votó por una reconsideración presentada por Susel Paredes en contra de la aprobación de la comisión de supuestos delitos, pero no fue aprobada.
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El Poder Judicial declaró nulo el contrato de la ruta C7 del SIT en Arequipa. El consorcio ECOPTRA denuncia irregularidades en la adjudicación. | IMAGEN: MPA
El panorama del transporte urbano en Arequipa enfrenta un nuevo remezón legal tras la reciente decisión del Poder Judicial sobre una de las rutas del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Augusto Santillana, asesor legal de la empresa ECOPTRA, confirmó que el Primer Juzgado Civil emitió la sentencia 170-2025, la cual declara nulo el contrato de concesión de la ruta C7.
Esta ruta, que conecta el distrito de Paucarpata con el resto de la ciudad, era operada por el concesionario AQP Masivo, cuyo contrato fue celebrado con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Según explicó el abogado, el tribunal determinó la nulidad debido a que la adjudicación se realizó a través de actas de conciliación y no mediante una licitación pública, como exige la normativa para este tipo de servicios.
La controversia se remonta a las actas de conciliación 023-2017 y 052-2017, documentos mediante los cuales se otorgó la «buena pro» a AQP Masivo. Santillana argumenta que la ley solo habilita la entrega de rutas de transporte a través de procesos de licitación pública, descartando los acuerdos privados o conciliaciones como mecanismos válidos para este fin.
El representante legal detalló que, durante el proceso de licitación de 2017, su representada participó formalmente, pero la municipalidad optó por retirar la ruta del concurso y entregarla directamente a la otra empresa mediante los mencionados acuerdos extrajudiciales. Esta acción dejó a ECOPTRA y a sus más de 200 transportistas en una situación de incertidumbre, perdiendo la expectativa de ganar transparentemente el proceso.
Disputa legal y el futuro del servicio en Paucarpata
Aunque la sentencia declara la nulidad del contrato, la ruta C7 no cambiará de operador de inmediato debido a que el fallo es de primera instancia y tiene efecto suspensivo hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia. No obstante, la defensa de ECOPTRA se muestra confiada en ratificar la decisión, argumentando que no se sustentó el informe técnico favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) necesario para validar el procedimiento original.
Ante esta situación, el consorcio demandante no esperará pasivamente el fallo final; Santillana adelantó que están gestionando una medida cautelar que les permita ingresar a trabajar en la ruta C7 de manera provisional.
El objetivo de esta medida legal es revertir lo que consideran un servicio deficiente y precario que actualmente afecta a los usuarios de Paucarpata. Los transportistas de ECOPTRA aseguran estar listos para cubrir la demanda, recordando que ellos prestaban el servicio en la zona antes de la implementación del SIT.
El abogado enfatizó que buscan un proceso abierto y transparente donde todos tengan las mismas oportunidades, criticando que se haya favorecido a un concesionario «entre gallos y medianoche» mediante actas de conciliación que ahora el Poder Judicial ha desconocido.
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La investigacion «El “carrusel” de camionetas y el “ruleteo” de contrataciones en el Gobierno Regional de Arequipa» expone presuntas irregularidades, centrándose en una red de empresas proveedoras supuestamente favorecidas.
La investigación del periodista Elmer Mamani apunta a que estas compañías están estrechamente vinculadas a la familia Sanca Umiyauri, cuyo patriarca fue un importante aportante a la campaña del gobernador Rohel Sánchez.
Se detalla que las empresas habrían obtenido contratos mediante prácticas ilícitas, como el «ruleteo» o simulación de competencia y el fraccionamiento de servicios para evadir las licitaciones públicas. Además, se encontraron pruebas contundentes de documentación fraudulenta para justificar pagos, incluyendo el uso repetido de fotografías e imágenes extraídas de internet en los informes de cumplimiento de servicio.
Las autoridades han formalizado una investigación contra exfuncionarios de logística del GRA por negociación incompatible, mientras la familia Sanca muestra signos de una rápida bonanza económica producto de estos negocios.
Lee la investigación detallada aquí: https://elbuho.pe/2025/11/el-carrusel-de-camionetas-y-el-ruleteo-de-contrataciones-en-el-gobierno-regional-de-arequipa/
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, lanzó una severa advertencia sobre la votación de la Comisión Permanente, que aprobó el informe para inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Señaló que esta decisión estuvo marcada por un conflicto de intereses evidente y extremadamente grave.
Según Ledesma, representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular que participaron en la votación tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público, justamente en la instancia que dirige la fiscal que buscan apartar.
Enfatizó que estos grupos nunca debieron intervenir, pues tomaron una decisión que impacta directamente en la autoridad encargada de investigar sus propios casos, lo que, advirtió, compromete la imparcialidad del Congreso y debilita gravemente el Estado de derecho.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que se cancelan los viáticos para congresistas y asesores durante la semana de representación. Aseguró que este es “un primer paso” para reducir las críticas al Parlamento.
Sin embargo, ese mismo día insistió ante la Policía en que seguirá luchando para aprobar su proyecto que busca librar de responsabilidad penal a los efectivos procesados por la represión durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
La PNP, además, le otorgó un nuevo reconocimiento: la Orden al Mérito de la Policía Nacional, en el grado de Gran Cruz, “por su respaldo a la labor policial y su trayectoria en la defensa del orden interno”.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
«La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras. Esto, al respaldar abiertamente al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional»
La tensión entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump adquiere niveles alarmantes. Estados Unidos lo ha cercado con más del 20% de su flota militar y la complicidad de varias islas del Caribe (República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao), sin que medien pruebas que justifiquen ese accionar. El nerviosismo se incrementa también en el país agresor. Los asesinatos extrajudiciales a 83 personas a bordo de 21 lanchas bombardeadas generan rechazo e indignación no solo en organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, sino al interior de Estados Unidos.
El viernes 28 de noviembre, el Washington Post informó que el 2 de septiembre militares estadounidenses habían bombardeado dos veces una misma lancha al percatarse de que había dos sobrevivientes bajo la orden “mátenlos a todos” del secretario de Guerra, Pete Hegseht, quien respondió culpando a las informaciones periodísticas de desacreditar “a nuestros increíbles guerreros” y que los bombardeos «están específicamente destinados a ser ‘ataques letales y cinéticos'». La acción ha recibido el rechazo de miembros del Partido Republicano.
La narrativa de que se trata de una lucha contra el narcotráfico resulta cada vez menos creíble. Sobre todo porque no es Venezuela el lugar desde donde mayormente fluyen las drogas hacia ese país: no produce cocaína y el fentanilo fluye básicamente desde México. Las verdaderas intenciones de Washington consisten en derribar al gobierno de Maduro, “por las buenas o por las malas”, como señala el propio presidente Trump, e instalar en su lugar a un gobierno funcional a sus intereses. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país bendecido por la abundancia de sus recursos naturales, además de poseer las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
Galimatías
Mientras Trump cerca por todos los medios a Venezuela y acusa a la cúpula del gobierno de ser narcoterroristas, ha absuelto ayer al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso en Estados Unidos al ser declarado culpable por un jurado estadounidense de Nueva York en 2024 y condenado a 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado”. El presidente del Parlamento de Honduras ha calificado de “devastador” el indulto de Trump
Después de cercar la costa de Venezuela con el mayor despliegue militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962, Trump estaba dispuesto a conversar con Maduro “si se trata de salvar vidas”. Pero el lunes 24 de noviembre el gobierno estadounidense calificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista de narcotraficantes dirigida por el presidente venezolano y altos oficiales del Ejército, lo que le da facultades para tomar decisiones sin respaldo del Congreso. ¿Cómo se explicaba estas invocaciones al diálogo en medio de una creciente militarización?
La respuesta la filtró el New York Times, el viernes 28: el presidente Donald Trump ya había hablado por teléfono con Nicolás Maduro días antes de que entrara en vigor la resolución que lo acusa de liderar una organización terrorista extranjera. La conversación no prosperó pues, según las filtraciones, Trump le pidió que dejara el poder ya!, luego de ofrecerle garantías para su salida. La falta de acuerdo, dio lugar a la acusación de Donald Trump a Maduro, de dirigir la organización narcoterrorista y a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional donde instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.
Escalada bélica
Al día siguiente de la resolución, el presidente Maduro movilizó sus bases para cerrar filas ante dichas acusaciones. A su vez, el gobierno estadounidense envió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reunirse con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a participar en la operación Lanza del Sur contra Venezuela, una misión, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, que tiene como objetivo abatir «narcoterroristas» en la región, de acuerdo con lo anunciado por Hegseth el 13 de noviembre. Se trata de una gran alianza y un modelo para la región a la que esperan sumar otros países Asimismo, le pidió permiso para usar el aeropuerto de las Américas, el principal del país, y la base aérea de San Isidro.
La respuesta de una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas no se hizo esperar. En un comunicado conjunto rechazaron la visita de Hegseth, a quien calificaron de persona non grata al considerar que su presencia constituye un acto hostil contra la soberanía nacional, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica. Las organizaciones declararon que estas maniobras, presentadas como lucha contra el narcotráfico, buscan en realidad intimidar y recolonizar Venezuela y apropiarse de sus riquezas naturales.
Le recordaron al presidente Abinader que la República Dominicana no es una colonia estadounidense y que su deber es defender los intereses del pueblo, la Constitución y apegarse al respeto al derecho internacional. Le pidieron también que no involucre al país en planes de agresión contra Venezuela y subrayaron que cada intervención estadounidense en la región se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas. Finalmente, reafirmaron su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que establece respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos. Al día siguiente, Hegseth se fue a pasar el Día de Acción de Gracias con su esposa en el portaaviones Gerald Ford. Desde allí se dirigió a todo su contingente militar y les dijo que eran “los combatientes más capaces y letales».
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, también inició el lunes 24 una visita a Puerto Rico y Trinidad y Tobago. En el primer país, se reunió con miembros del Ejército estadounidense, supervisó la Base Militar de Roosevelt Draw —reactivada recientemente después de su cierre en 2004— y visitó uno de los navíos de guerra que Washington mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico. Se reunió con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, con quien abordó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La ingenua funcionaria dijo, después de que Caine se marchó, que no permitiría que su país se utilizara como base militar para agredir a Venezuela. El gobierno de Maduro le ha cortado los suministros de gas y petróleo, lo que le ha ocasionado problemas.
La cereza del postre fue el anuncio del ex aspirante a Nobel de la Paz en su residencia de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias. Flanqueado por jefes militares, Trump anunció que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres, pues “por tierra es más fácil”. El gobierno ha examinado una serie de opciones para Venezuela, incluida la incautación de los campos petrolíferos del país.
La injerencia
Como ha sido mencionado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió, el 23 de noviembre, un aviso internacional donde instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, lo que dio lugar a que aerolíneas como Latam, Iberia, TAP, Gol, Avianca y Turkish Airlines cancelaran decenas de vuelos, generando serios problemas.
Maduro elevó su apuesta y les dio 48 horas de plazo para que reiniciaran los vuelos bajo pena de suspender las concesiones aéreas si no lo hacían, tal como ocurrió. Al ver perdidas las concesiones, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvo que solicitar a las autoridades venezolanas la reconsideración de la revocatoria de los permisos de operación a las aerolíneas. Ante la posibilidad de la normalización de los vuelos, Trump, en una acción que viola el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, decretó que el espacio aéreo sobre ese país y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad.
La respuesta de la Cancillería venezolana el sábado 29 no se hizo esperar. En él se señala que las afirmaciones del presidente Trump constituyen un acto hostil y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y se exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que reconocen de manera categórica que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio.
En el comunicado, el gobierno hizo “un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria”. Al día siguiente el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la OACI una reunión inmediata pues calificó la orden de Trump como una acción completamente ilegal, y le pidió a la Unión Europea y a países de Latinoamérica reiniciar sus vuelos a Venezuela.
La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras. Esto, al respaldar abiertamente al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional. El mismo al que pertenece el narcotraficante y ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, al que Trump acaba de indultar. Al igual que lo hizo con Milei en Argentina en las recientes elecciones legislativas de medio término, el presidente estadounidense prometió que «habrá mucho apoyo» si “Tito” gana. «Voten por Tito Asfura para presidente. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”. “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”. Y “¡Haz a Honduras grandiosa de nuevo!”, escribió Trump.
Mientras Honduras contabiliza los votos de una reñida contienda entre el candidato de Trump y Salvador Nasralla, del Partido Liberal –la candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, ha quedado relegada por lejos al tercer lugar– el gobierno y la ciudadanía venezolanas muestran serenidad y resistencia frente a la agresión estadounidense, que no parecería tener marcha atrás, a pesar de que Trump tiene problemas internos: su país no solo presenta serios problemas económicos, sino que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (70%) rechaza la invasión.
Inclusive la congresista republicana por el Estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, dirigente del movimiento Make America Great Again (MAGA) ha expresado su rechazo a la invasión a Venezuela para generar un cambio de gobierno, pues dice que rechaza las guerras. Estados Unidos parecería estar esperando la traición de alguna facción de las Fuerzas Armadas venezolanas. O que la oposición desborde las calles para capturar a Maduro. Ello no ha ocurrido, probablemente, porque ha primado un sentimiento de dignidad y respeto a la soberanía nacional. Mientras tanto, las naves estacionadas en el Caribe incrementan la deuda de Estados Unidos, que ya es bastante voluminosa. Así también la preocupación sobre los efectos que las bajas estadounidenses tendrían en las elecciones legislativas de medio término del próximo año si estallara el conflicto.
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* Esta nota es una actualización realizada por la autora de su columna El mundo en foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.orgy también está publicada en OtraMirada.pe
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Economista. Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.
