Tres trabajadores del Congreso acuden al local del partido Fuerza Popular, del que son militantes en horario laboral. Reciben su pago puntual y sin descuentos. Foto: América Televisión
A un mes de conocerse que una cámara del Congreso salió sin guía para cubrir el mitin de Keiko Fujimori, ahora se denuncia que trabajadores del Congreso, en pleno horario laboral, asisten a uno de los locales del partido Fuerza Popular, cumpliendo actividades para dicha organización partidaria, recibiendo su sueldo sin descuentos.
Tal como denunció “Cuarto Poder” este domingo, con el dinero de todos los peruanos, tres trabajadores que debían cumplir su labor en el Congreso, realizan diversas actividades para el partido del cual son militantes, en uno de sus locales al que se le ha visto llegar a la cuatro veces candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, pero también a Fernando Rospigliosi quien acude en vehículo oficial.
De acuerdo con el dominical, una de las trabajadoras, Geraly Ulloa Depaz, “trabaja” en la Comisión Especial Multisectorial a favor del Vraem que dirige la agrupación fujimorista, pero los trabajadores de esa oficina afirmaron no conocerla.
Cuando se le consulta a Ulloa Depaz si trabajaba en esa comisión, responde que, “eso lo pueden ver en la plataforma”, y que no “no tenía a la mano” la fecha en que empezó a trabajar.
Los otros funcionarios que trabajan para Fuerza Popular con sueldos del Congreso
El otro funcionario es Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando, quien, en lugar de ir a trabajar al Parlamento, acude al local de Fuerza Popular en Santa Beatriz, Lima. Incluso la misma legisladora dijo no conocerlo.
“Nunca lo he escuchado. ¿Por qué? ¿Quién es?”, respondió a Cuarto Poder. Esto, pese a que el servidor asignado a su despacho tiene un sueldo mensual de S/3.515. Sin embargo, minutos después la parlamentaria “recuerda” y dice, “ah, el chico. Sí (lo reconozco). Me había confundido con otro Jorge”, aseguró. Pero, justo cuando le consultan qué funciones cumple, se excusó porque tenía una actividad y que debía “revisar” las boletas.
La otra funcionaria del Congreso a quien se le ve en el local de Fuerza Popular en pleno horario laboral es Leticia Leiva Baylón. Ella es asesora II del legislador Eduardo Castillo, y percibe un sueldo mensual de S/10.502.
Pero se le ve coordinando, recibiendo invitados y permanecería largas horas en el local fujimorista. Según el reportaje, no respondió a los mensajes de “Cuarto Poder”.
En ese local partidario se le puede ver también a Carmen Paucará, secretaria nacional de Organizaciones del partido involucrada junto con su lideresa, Keiko Fujimori, en el Caso Cocteles.
Paucará Paxi trabajó como técnica en el despacho del congresista César Revilla, de febrero a octubre de este 2025 y ganaba S/ 7.319 mensuales. Al preguntarle por ella, el congresista dijo que ya no laboraba para él, y que actualmente lo hacía para el Parlamento. La funcionaria tampoco respondió a los mensajes del programa.
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La Comunidad Nativa de Pucacuro, perteneciente a la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), expresó su malestar ante los reiterados incumplimientos de Upland Oil, operadora del Lote 8, a la que acusan de mantener deudas con diversas empresas comunales desde hace tres meses. Según su pronunciamiento, esta situación afecta directamente a la economía de […]
La Comunidad Nativa de Pucacuro, perteneciente a la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), expresó su malestar ante los reiterados incumplimientos de Upland Oil, operadora del Lote 8, a la que acusan de mantener deudas con diversas empresas comunales desde hace tres meses. Según su pronunciamiento, esta situación afecta directamente a la economía de las familias indígenas y se repite en varias comunidades de la zona, pese a los compromisos asumidos por la compañía. El comunicado también señala que el gerente general de Upland Oil, Jorge Rivera Reusche, se habría negado a asistir a la asamblea convocada para iniciar un diálogo directo con Pucacuro, lo que consideran un desconocimiento a los acuerdos previos. Tras agotar las vías de entendimiento, la comunidad otorgó un ultimátum y advirtió que podría adoptar medidas de control territorial, incluida la paralización total del yacimiento de Pavayacu, si la empresa no cumple con sus obligaciones. ☞ Encuentra esta y otras noticias de interés, visitando nuestra página web: https://proycontra.com.pe/
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La lideresa indígena Olivia Bisa Tirko obtuvo el Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, un reconocimiento internacional creado este año por la organización Forum Eco-Social Transformations, con sede en Viena. Bisa fue elegida como la representante de Latinoamérica entre un grupo de 22 candidatos procedentes de África, Asia, Australia/Oceanía, Europa, América del […]
La lideresa indígena Olivia Bisa Tirko obtuvo el Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, un reconocimiento internacional creado este año por la organización Forum Eco-Social Transformations, con sede en Viena. Bisa fue elegida como la representante de Latinoamérica entre un grupo de 22 candidatos procedentes de África, Asia, Australia/Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur.
Defensa territorial en la Nación Chapra
Bisa preside el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra desde mediados de 2022, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Desde ese cargo ha encabezado acciones para enfrentar los impactos de las industrias extractivas y exigir la remediación de afectaciones ambientales en su territorio.
Una de sus intervenciones más relevantes se produjo tras el derrame de petróleo ocurrido en septiembre de 2022 en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. El incidente dejó fuentes de agua contaminadas y amplias zonas de tierra afectadas, con manchas de crudo aún visibles, lo que alteró la pesca y la seguridad alimentaria de las comunidades Chapra.
Riesgos y amenazas
El trabajo de Bisa se desarrolla en un contexto marcado por amenazas contra ella y su familia. Debido a estos riesgos, figura en listas nacionales de defensores indígenas en situación de alto riesgo, una condición que también alcanza a sus dos hijos menores.
El trabajo de Bisa se desarrolla en un contexto marcado por amenazas contra ella y su familia. (Foto: Angela Ponce)
El premio subraya la relevancia del trabajo de las comunidades amazónicas en la protección de sus territorios en un contexto de presión creciente y amenazas permanentes. (Foto: Difusión)
Su liderazgo ha impulsado la participación de mujeres y jóvenes de su comunidad, quienes buscan fortalecer su identidad y responder a la presión de actividades extractivas que consideran perjudiciales para su entorno.
Un reconocimiento con alcance global
El premio distingue a personas cuyo trabajo demuestra compromiso destacado con la protección ambiental, la justicia climática y la preservación de especies, a menudo en condiciones adversas.
En esta edición también fueron reconocidos Rose Abramoff de Estados Unidos; Olanrewaju Suraju de Nigeria; Lisa Privitera de Canadá; y Cynthia Houniuhi de las Islas del Pacífico, quienes desarrollan iniciativas vinculadas a la justicia ambiental, la lucha contra la corrupción, la defensa de comunidades vulnerables y la prevención de daños climáticos.
Contexto de vulnerabilidad en Perú
El reconocimiento a Bisa ocurre en un país donde los defensores indígenas enfrentan altos niveles de riesgo. Un reporte reciente de ProPurús y ORAU señala que al menos 226 defensores han estado en “situación de riesgo” entre 2010 y 2024, debido a economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina, lo que coloca a Perú entre los países con mayor número de agresiones en la cuenca amazónica.
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El alcalde de la provincia de Chucuito Juli, Víctor Raúl Anchapuri Zapata, denunció que el hospital Rafael Ortiz Ravines no tiene presupuesto programado para el 2026. La obra en ejecución requiere 92 millones de soles, pero el Ministerio de Salud no incluyó los recursos en el anexo del presupuesto fiscal. Las autoridades aimaras amenazan con […]
El alcalde de la provincia de Chucuito Juli, Víctor Raúl Anchapuri Zapata, denunció que el hospital Rafael Ortiz Ravines no tiene presupuesto programado para el 2026. La obra en ejecución requiere 92 millones de soles, pero el Ministerio de Salud no incluyó los recursos en el anexo del presupuesto fiscal. Las autoridades aimaras amenazan con movilizarse a Lima si no reciben respuesta inmediata.
Anchapuri explicó que el proyecto hospitalario avanza con 80% de construcción del hospital de contingencia, cuya entrega está prevista para el 26 de diciembre. Sin embargo, las empresas contratistas podrían resolver el contrato ante la falta de pagos por valorizaciones. «No lo vamos a permitir que paralice nuestro proyecto», advirtió el burgomaestre durante la entrevista radial.
El gobernador regional confirmó que desde agosto viene gestionando el presupuesto sin obtener respuesta del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Economía. Las autoridades provinciales enviaron oficios a cinco congresistas de Puno, al presidente José Geri y a la comisión de presupuesto del Congreso. Hasta el momento no recibieron ninguna respuesta oficial de las entidades comprometidas.
La inversión total del hospital demanda 225 millones 362 mil soles distribuidos en tres años: 92 millones para 2026, 37 millones para 2027 y dos millones para 2028. El proyecto tiene código único de inversiones 227088022 y cuenta con contrato vigente con el consorcio hospitalario Juli como empresa contratista. La población espera este centro de salud desde hace 22 años sin resultados concretos.
El congresista Jorge Flores Ancachi, miembro titular de la comisión de presupuesto, debe oralizar hoy la incorporación del proyecto en el pleno del Congreso. De no prosperar esta gestión, el gobierno regional solicitará un adicional presupuestal al Ministerio de Salud. El gobernador se comprometió a asignar recursos propios si fuera necesario para evitar la paralización total de la obra.
Las autoridades aimaras de Chucuito Juli conformaron una mesa multisectorial con cuatro cabildos, rondas campesinas y presidentes de comunidades. Los dirigentes están organizados para viajar a Puno y Lima antes del 30 de diciembre, fecha límite para el cierre del presupuesto. «Vamos a dar la vida por nuestro hospital», manifestó Anchapuri refiriéndose a la determinación del pueblo aimara.
El alcalde recordó que en 2023 las autoridades aimaras viajaron a Lima junto a tenientes gobernadores para exigir atención al proyecto hospitalario. En aquella oportunidad, los representantes del Ministerio de Salud se comprometieron a incluir el presupuesto, pero nunca cumplieron. Los pueblos aimaras demandan una distribución equitativa del presupuesto nacional que actualmente destina solo 14% a gobiernos locales.
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«La inclinación de ciertos grupos políticos a infringir los derechos humanos no es privativa del Perú. Por su contagio y frecuencia pareciera un huracán que corre por encima de las fronteras»
El pleno del Congreso modificó 14 artículos de la "intocable" Constitución Política para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear una Escuela de la Magistratura, con lo que se debilita más el sistema de justicia y la democracia peruana.
Una de las peores desgracias que pueden ocurrirle a una sociedad y a su Estado es la politización de la Justicia. La función del Poder Judicial determinada por la sociedad y el pacto social es resolver los conflictos jurídicos con imparcialidad, es decir, aplicando estrictamente la letra de la ley, y con celeridad a las personas participantes de esos conflictos, cualesquiera que sean su edad, sexo, educación, profesión, ideológía, preferencia política, cultura, religión y otras creencias.
Lamentablemente, este no es el caso del Estado peruano ahora cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial están dando muestras de una politización que descalifica a sus protagonistas, imbuidos de su poder y de la soberbia que este suscita en los espíritus deficitarios de moral.
La intervención política en la administración de la justicia, emitiendo órdenes de acusación o presionando a ciertos fiscales y jueces que se prestan a ese juego, resucita las lettres de cachet del antiguo régimen en Francia, emitidas por algunos altos funcionarios por un precio con las cuales se podía encarcelar a las personas sin expresión de causa. La presunción de inocencia, propuesta por el joven Cesare Beccaria, surgió contra esas iniquidades y fue, por eso, incorporada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (art. 9º) y, luego en casi todas las otras constituciones del mundo.
La inclinación de ciertos grupos políticos a infringir los derechos humanos no es privativa del Perú. Por su contagio y frecuencia pareciera un huracán que corre por encima de las fronteras. Felizmente, hay en todas partes gente proba que le advierte al pueblo que debe reaccionar. La pregunta que viene a continuación es si el pueblo reaccionará o si tiene los elementos conceptuales para reaccionar.
El artículo siguiente es una contribución lúcida y necesaria contra la politización de la justicia.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (En el periódico Público, 18/11/2925, por Internet9
El proceso incoado al Fiscal General del Estado (FGE) es de extraordinaria importancia de cara a la historia y conquista de los derechos humanos, pues se refiere a un derecho fundamental, la presunción de inocencia, que forma parte de los primeros y más sustanciales derechos fundamentales, los denominados derechos fundamentales jurisdiccionales, que ya entran en el ordenamiento jurídico de algunos países, como Inglaterra, incluso antes de la época liberal de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya pasan a ser reconocidos en las constituciones liberales de América septentrional -los nuevos Estados Unidos liberales en los que se convierten las colonias inglesas americanas- y en Francia tras la revolución de 1789.
La presunción de inocencia no se incorpora a estos ordenamientos jurídicos sola, sino acompañada de otras garantías jurisdiccionales, que hacen de antesala y complemento de la misma; una sucesión y culminación de garantías anteriores que desembocan en el derecho a la presunción de inocencia. El ejemplo más destacado es el de otra garantía, el principio jurídico in dubio pro reo: en caso de duda se favorece al reo. Es una garantía menor e incompleta, porque se refiere a la duda y cuando aun la carga de la prueba de la inocencia recaía en manos del inculpado. Éste aportaba las pruebas de su inocencia y en el caso de duda -obviamente estimada por los jueces del caso- ésta podría jugar en favor de la absolución del procesado.
La garantía procesal in dubio pro reo adquirirá con el tiempo mayor fortaleza e integridad y pasará a transformarse en el derecho a la presunción de inocencia, que significa que una persona es siempre inocente excepto si se demuestra -lo demuestra otro, el acusador- que es culpable. He ahí el recorrido que nos conduce a uno de los más relevantes derechos fundamentales, que sostiene y protege la libertad de la persona.
Podríamos seguir con otras garantías procesales confluyentes en este derecho y explicar su proceso histórico de reconocimiento jurídico, pero me pasaría de las 1300 palabras límite de este artículo. Una de ellas al mismo nivel que la presunción de inocencia es el derecho de habeas corpus contra las detenciones arbitrarias, consistente en que el detenido tiene que ser puesto a disposición del juez en un plazo de tiempo corto (en nuestra Constitución en 72 horas exigidas por el art. 17.2)
Permítanme una anécdota. Envié a mi colega Gregorio Peces Barba, ponente constitucional por el PSOE, encargado como de los derechos fundamentales del proyecto de Constitución el texto con una extensa fundamentación de un posible artículo constitucional sobre el habeas corpus, rara figura inexistente en el sistema jurídico continental europeo (sí en el anglosajón), que fue una propuesta de Peces Barba, experto como catedrático de Filosofía del Derecho, mi especialidad, en derechos fundamentales.
Mi texto ya en poder del ponente pasó sin pena ni gloria como he referido en un episodio de mis Memorias de un ciudadano de a pie por las instancias sucesivas de los debates constitucionales y hoy da contenido y forma al art. 17. 4 de la Constitución. Los constituyentes poco sabían de la figura procesal de habeas corpus. El profesor Peces Barba me agradeció mi colaboración editando en el Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, del que fue presidente, mi monografía El derecho de habeas corpus.
Hasta el reconocimiento de la presunción de inocencia la carga de la prueba era del inculpado, que tenía que demostrar que era inocente. Después en ordenamientos jurídicos pioneros y sobre todo en los liberales se invierte la carga de la prueba. Es el acusador quien tiene que demostrar que el inculpado no es inocente; a él le corresponde la práctica de la prueba; al inculpado, el silencio, si lo desea.
Hay un proceso de maduración y protección de la inocencia del inculpado mediante las exigencias cada vez más onerosas de la carga de la prueba. Esto se ve con claridad siguiendo la reforma y racionalización de la prueba inculpatoria en las sucesivas leyes penales y de enjuiciamiento criminal, que van apareciendo a partir de la constitución en Europa del Estado de Derecho, el primer y rudimentario modelo de Estado de Derecho, que desde el siglo XVIII va transformándose en un Estado de Derecho democrático y social.
Es la fórmula de Estado de Derecho de la Constitución española, reconocido en el art. 1. 1.: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo políticos». Estos valores jurídicos se concretan y determinan en los derechos fundamentales, figurando entre ellos, destacado, el derecho a la presunción de inocencia. Así se expresa el art. 24. 2 de la Constitución: «Todos tienen derecho a la presunción de inocencia».
Vayamos ahora al grano. ¿Cómo es esa presunción de inocencia de nuestro ordenamiento jurídico?. Siempre la legislación se queda corta, porque no puede prever la extraordinaria riqueza y versatilidad de los casos de la realidad, para los que hay que desvelar la solución justa de acuerdo con las leyes.
El legislador no puede crear normas jurídicas, que contengan todos los casos de la realidad contemplados en ellas. Es imposible. Necesita la ayuda de la jurisprudencia complementaria y conformadora de la legislación. El legislador necesita del juez siempre actuante en el marco brindado por el legislador. Pues bien, desde la instauración de la democracia en España la presunción de inocencia ha ido alcanzando unas características en favor del procesado y gravosas para el acusador por obra de la jurisprudencia, insistiendo en los requisitos necesarios que deben acompañar a la prueba de cargo, para que ésta pueda determinar la condena del procesado. En reiteradas sentencias el Tribunal Supremo ha exigido que la prueba se traduzca en «auténticos actos de prueba». Y a tal efecto, ha ido señalando los requisitos que conforman la autenticidad. Veamos
Requisitos materiales de la prueba:
-el primero y principal consiste en que la carga de la prueba corresponde al acusador; el inculpado no tiene la obligación de declarar.
-la prueba demostrada por el acusador tiene que ser suficiente. No bastan las conjeturas ni la duda razonable.
-la prueba tiene que referirse a hechos concretos. No valen intenciones, suposiciones, manifestaciones de voluntad, etc.
-la prueba tiene que ser completa mediante, primero, la evidencia del hecho delictivo y, segundo, la constatación indubitada de la participación en él del acusado
Requisitos formales de la prueba:
-la prueba tiene que practicarse con sujeción al respeto de los derechos fundamentales del acusado; de lo contrario sería nula de pleno derecho.
-la prueba tiene que demostrarse en el juicio oral exclusivamente con publicidad y ante el órgano juzgador.
Concluyendo, en el proceso incoado al FGE no se ha producido ni una sola prueba inculpatoria con los caracteres indicados. Nunca debió de celebrarse este juicio sin el apoyo inicial de prueba alguna y referido a una alta institución del Estado. Espero la absolución del FGE. Durísimo golpe para los juristas, si así no fuera. Y para la sociedad española, que ya tiene demasiado perdida la confianza en las instituciones del país, debido a la confluencia de muchos meteoritos contra la frágil democracia española. Si el FGE no fuera absuelto sería el caso más clamoroso de la aplicación del Derecho al revés. Y generaría la sospecha de revanchismo en el seno de los poderes estatales.
De los tres magistrados causantes de la celebración de este juicio, uno fue fiscal general propuesto por el PP[2]. Otro se opuso a la condena del PP a título lucrativo en el caso Gürtel y el tercero tiene familiares directos militantes del PP. Y la UCO de la guardia civil, la tan admirada benemérita, manipulando declaraciones y cruzándose de brazos sin investigar a nadie más que al FGE. Así nos va.
[1] Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
[2] PP, Partido Popular de derecha de España. (Nota de JRV).
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Abogado y novelista. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona). Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Laboral
Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona).
«Es cierto que el centro intelectual y cultural fue siempre Lima (desde el siglo XVIII, antes fue Cusco), pero en las denominadas hoy regiones también hubo mucha actividad y debate con y frente a Lima»
(Para combatir la memoria que viene de los cabellos o de la “inteligencia artificial” de algunos)
Hasta medidos de los treinta del siglo pasado, había una actividad cultural e intelectual bastante descentralizada en el Perú. Las compañías de zarzuela que venían de España por ruta marítima paraban en Buenos Aires, Santiago de Chile, Mollendo y luego llegaban a Lima. En su estadía en Mollendo, el público de la zona, incluyendo el de la ciudad de Arequipa, se daba un salto al puerto para asistir al espectáculo. O, escritores extranjeros diversos circulaban por Arequipa, Puno y Cusco, como el norteamericano Waldo Frank, amigo de Mariátegui, que se dio una gira por América del Sur, que incluía Buenos Aires, Santiago, Arequipa y Lima (dio unas conferencias en la Ciudad Blanca y luego tomó un vuelo de Faucett que lo llevó a Lima a hacer lo mismo). Y de esto hay mucho más.
Es cierto que el centro intelectual y cultural fue siempre Lima (desde el siglo XVIII, antes fue Cusco), pero en las denominadas hoy regiones también hubo mucha actividad y debate con y frente a Lima. En las primeras décadas del siglo veinte, revistas como Colónida de Valdelomar o la gran Amauta de Mariátegui, incluían colaboradores de las regiones y de otros países latinoamericanos. Colectivos de vanguardia como el grupo Orkopata de Puno, el grupo Norte de Trujillo, de donde surgió César Vallejo, el grupo Aquelarre de Arequipa, o el grupo Resurgimiento del Cusco de Luis Valcárcel y José Uriel García, no solo editaban revistas donde publicaban sus poemas y relatos, sino que discutían las ideas estéticas e intelectuales del mundo occidental de la época.
Debatían con escritores de otras regiones (incluyendo la de Lima) o desarrollaban proyectos con ellos. Algunos escritores no estaban necesariamente afiliados a un grupo, como es el caso de los arequipeños Augusto Aguirre Morales, que escribió una extraordinaria novela ambientada en el imperio incaico, antes que la de nuestro Rafael Dumett, El pueblo del sol (1927), y Alberto Hidalgo, excelente poeta, quien con Borges y Vicente Huidobro publicó Índice de la nueva poesía americana (1926).
Es cierto que, con el tiempo, algunos se mudaron a Lima, y otros al extranjero, como Hidalgo que terminó en una polémica (o un entredicho) con Borges, y que fue nominado dos veces al Premio Nobel, que obviamente no ganó, pero sí, su paisano Mario Vargas Llosa. Este mismo escritor, el nobel, en su programa de televisión La torre de Babel (1981) presentó una entrevista que le hizo a Borges. Pero Jorge Luis ya había tenido mucho antes una conexión con el Perú, cuando publicó un artículo en la revista puneña de vanguardia Boletín Titikaka (1926-1930) del extraordinario escritor Gamaliel Churata, donde también fueron publicados otros escritores y artistas extranjeros como Oliverio Girondo, Pablo de Rokha, Xavier Villaurrutia y Diego Rivera.
Una explicación posible a toda esta actividad, en el sur del país, que conozco un poco mejor que otros lugares, se debería a la ruta Ferrocarril Transcontinental Buenos Aires -Mollendo, conocida como La diagonal. Una ruta que, con un solo boleto, llevaba a un pasajero desde el puerto de Mollendo hasta Buenos Aires (y Montevideo), atravesando todo el sur del Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Por esta ruta no solo circulaban mercancías, sino también libros, revistas, escritores, artistas e ideas. La ruta dejó de operar a fines de los años treinta. Con ello, el sur habría perdido ese dinamismo y Lima empezó a volverse hegemónica y ciega, lo que duró toda la segunda mitad del siglo veinte.
En el nuevo milenio, con internet, las redes sociales y otros medios, las llamadas hoy regiones volvieron a activar este intercambio y recobraron el dinamismo que tenían antes, que se refleja en los recitales y performances de los colectivos, el trabajo editorial (por ejemplo, Cascahuesos, editorial independiente de Arequipa, hasta hace dos años era la única del país que exportaba libros —no tengo datos más recientes) publicaciones de revistas y blogs, ferias de libros, el hay Festival, canales de YouTube, la participación de sus escritores, artistas, intelectuales y académicos en foros internacionales, y más.
Pero en Lima, el centro del poder económico y de administración del silencio (una forma de censura que señala lo que no se debe comentar o debatir) muchos escritores e intelectuales cercanos a los poderes no se enteran de nada y siguen mirándose provincianamente el ombligo y alejándose del resto del país, a tal punto que su Lima, anclada en el pasado, sigue persistiendo en ser “la región más distante del Perú”, como bien señaló Gonzalo Banda.
Sé que hay muchísimo más que decir sobre este tema, no solo en la cantidad y la diversidad de actividades artísticas e intelectuales, sino en la participación de escritoras y artistas mujeres, que todavía requiere de investigación al resultar doblemente invisibilizadas.
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Novelista, cuentista, investigador y docente universitario, Mollendino que radica en Estados Unidos donde trabaja como catedrático en Tulane University.
La última intervención realizada en el río Chili reveló objetos que sorprendieron incluso a los propios organizadores, quienes encontraron televisores entre los residuos acumulados en el cauce. La actividad contó con la participación de la Autoridad Nacional del Agua, la Municipalidad Provincial de Arequipa y decenas de jóvenes voluntarios. Este esfuerzo se concentró en la zona comprendida entre los puentes Héroes Navales y San Martín, donde los grupos ingresaron al afluente para retirar desechos sólidos que continúan afectando la calidad ambiental del río.
Arequipa enfrenta residuos cada vez más diversos en el Chili
En esta edición participaron estudiantes de diversas instituciones, quienes se sumaron a la iniciativa que cada año busca reducir la contaminación en el principal río de Arequipa. Durante la jornada se retiró una gran cantidad de residuos acumulados en el sector, incluidas entre cuatro y cinco toneladas, según estimaciones de la Autoridad Local del Agua Chili. La presencia de objetos de gran tamaño, como televisores, reflejó que el problema no solo se limita a desechos comunes, sino que abarca elementos que requieren manejo especializado y mayor compromiso de la ciudadanía.
El administrador del ALA Chili, Javier Zuñiga, destacó que la movilización juvenil evidencia un interés creciente por la protección del recurso hídrico. “Esto da muestras de que sí hay interés de tener un río saludable”, afirmó, subrayando que estas acciones buscan promover conciencia en la población. Zuñiga recordó que el estado del Chili repercute directamente en la salud de más de un millón de habitantes y en las actividades productivas que dependen del agua. También hizo un llamado a no arrojar residuos en quebradas, ya que durante la temporada de lluvias estos terminan conectándose con el cauce principal.
La jornada concluyó con un pedido para que más jóvenes y colectivos se sumen a estas actividades, que se realizan de manera anual por el mes del Chili. Zuñiga señaló que el cuidado del río es fundamental para toda la región de Arequipa, dado que representa la principal fuente de abastecimiento para consumo, agricultura y otras actividades esenciales. Las autoridades prevén continuar con estos operativos e insistir en campañas de educación ambiental que incentiven a la población a reducir el impacto de sus residuos en el ecosistema local.
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En su semana de representación, a fines de septiembre, Edwin Martínez realizó una especie de mitin, repartiendo banderas con el logo de Acción Popular y la frase ‘Martínez-Presidente 2026´. Mientras que Ricardo Medina usó a sus comisionados para que lo apoyen en la distribución de 10 mil panes con chicharrón. Todo pagado con fondos públicos.
–¡Acción! ¡Popular! ¡Acción! ¡Popular! ¡Acción! ¡Popular! – vitorea el congresista Edwin Martínez y los pobladores de la Asociación Urbanizadora Túpac Amaru lo siguen.
El congresista por la región Arequipa acudió a la losa deportiva del poblado, ubicado en el Cono Norte del distrito de Cerro Colorado, al mediodía del domingo 28 de septiembre. Llegó cortejado por una caravana de unidades de la Empresa de Transportes APIPA S.A., que lo apoya. “No soy nada sin Acción Popular (…). Estoy en el Congreso gracias a Acción Popular y a la generosidad de ustedes”, se dirigió Martínez a los pobladores, cual si fuera un mitin.
Muchos de los asistentes tenían banderitas en la mano, con el logo del partido de la lampa y con la frase “MARTÍNEZ-PRESIDENTE 2026”. Además, la reunión era amenizada por una orquesta montada en un estrado que en su fondo sostenía una gigantografía con la imagen del expresidente acciopopulista Fernando Belaunde Terry y la de Martínez a su lado. El presidente del sector, Luis Pumaccalla, invocó a sus asociados esa mañana para un “domingo de confraternidad” e informar del avance de proyectos. “Gracias a nuestro amigo Edwin Martínez tenemos grandes noticias”, decía la invitación compartida en redes sociales.
Embanderado. Reunión con pobladores de Túpac Amaru estaba lleno de banderas promocionando la candidatura de Martínez.
“No tenemos miedo el día de hoy de levantar estas banderitas, porque es así el cariño que tenemos a nuestro gran amigo Martínez (…) ¡Edwin Martínez! ¡Túpac está contigo! Esas palmas amigos. Esas banderas”, animó Pumaccalla. Según el dirigente, gracias a que el legislador intervino no se paralizó la obra de agua y desagüe con fondos del Banco Mundial y que beneficiará a varios sectores de la Asociación Parque Industrial Porvenir de Arequipa (APIPA), que integra Túpac Amaru.
Muy cerca de esta asociación de APIPA, Martínez casi fue apedreado el 23 de junio del 2023. Lo acusaban de llamar “terroristas” a quienes protestaron contra la toma de poder de la entonces presidenta Dina Boluarte. “Cuando empezaron a caerme las piedras yo les dije: algún día voy a regresar, a darles agua y desagüe. Yo no tuve la culpa de que otras autoridades fueran indiferentes con ustedes”, mencionó adjudicándose la obra. Terminó diciendo que están realizando los trámites para el saneamiento de los terrenos y la instalación de electrificación domiciliaria. Son tiempos de promesa, son tiempos de campaña.
Banderas del camión
Entregas. Hombre de sombrero acudió de rato en rato a camión para sacar la propaganda y repartirla.
Las banderas promocionando la candidatura de Martínez no fueron mandadas a confeccionar o adquiridas por la asociación. Su presidente, Luis Pumaccalla, señaló desconocer la procedencia. Pero de cuando en cuando un hombre con sombrero venía con banderas y las repartía a la gente apostada alrededor de la losa. El simpatizante sacaba los artículos de propaganda de un furgón de carga cerrada con placa A6E-894. Según consulta a la Sunarp, los propietarios de la unidad son Edwin Martínez Talavera y Sila Gabina Mogrovejo Peña, cónyuge del legislador. En la declaración jurada de intereses, Martínez indicó estar separado de la madre de sus hijos desde el 2014.
Camión. Unidad pertenece al propio congresista Martínez y a su esposa, de quien está separado.
Martínez acudió a la asociación tras arribar a Arequipa para cumplir su semana de representación de septiembre. Este espacio, de cinco días laborables al mes, es dedicado para atender a la población, fiscalizar, recibir denuncias en la región del que la autoridad fue elegido u otra del país. Por ello, cada congresista recibe S/ 2 800 mensuales para transporte y viáticos, monto que se le depositó para viajar en esa ocasión. Durante los años 2024 y 2025, el acciopopulista cobró S/ 61 600 por sus gastos de representación, según el Departamento de Finanzas del Parlamento.
Depósito. Todos los meses Martínez y los demás congresistas reciben S/ 2 800 líquidos para sus gastos de representación.
La Ley Orgánica de Elecciones (N°26859) prohíbe a las autoridades participar “en actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato”. Para que se configure la infracción por neutralidad se debe encontrar a la autoridad en una actividad oficial o que intente influenciar en la intención del voto de terceros en una no oficial.
Sin embargo, para que los congresistas puedan hacer proselitismo sin rendir cuentas a nadie, el entonces presidente del Congreso, José Jerí, modificó el reglamento. El 11 de setiembre último, semanas antes de asumir la Presidencia, publicó la resolución que incorpora el artículo 25-A y que señala: “los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender, y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”. Una ventaja para que hagan campaña política.
“La reforma del Congreso, lo que pretende es abrir la puerta para que los legisladores usen los recursos del Estado para su campaña. Yo creo que eso les da impunidad frente al Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo el politólogo Juan de la Puente. Subrayó que el reglamento tiene el carácter de ley orgánica, como si fuera la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.
De la Puente acotó que a los parlamentarios no se les puede pedir neutralidad, sino cuestionar que usen la semana de representación y recursos del Estado para hacer proselitismo. “El tema es bien difuso, porque el congresista puede decir: he venido a hacer semana de representación, pero me he quedado a visitar a mi familia y hacer actividades proselitistas. Pero el avión de ida y vuelta lo ha pagado el Parlamento”, cuestionó.
No es la primera vez que Martínez acude a similares actividades para empujar su proyecto político. En su cuenta oficial de Facebook se encuentran mítines a los que acudió, como recientemente al de Huánuco, junto a su primera vicepresidenta, Celia Quispe Ricalde. Completa su plancha Carlos Álvarez Rojas para ser segundo vicepresidente. El domingo 7 de diciembre, los delegados del partido de la lampa definirán la suerte del cuestionado parlamentario que compite con otras tres listas.
El chicharrón y los comisionados
Regalón. El propio Medina repartió los panes con chicharrón a los pobladores promocionando su imagen caricaturizada.
Un adelantado en la campaña electoral es el congresista Ricardo Esdras Medina Minaya. El miembro del partido Renovación Popular también aprovechó la Semana de Representación de septiembre para obsequiar 10 000 panes con chicharrón con la excusa de que Perú ganó el mundial de desayunos, un evento organizado por el streamer español Ibai Llanos. “Yo me comprometí a repartir 10 mil panes con chicharrón si Perú ganaba; y Perú le ha ganado a Venezuela”, contestó durante la primera actividad de distribución a los pobladores del distrito de Cerro Colorado, el lunes 22 de septiembre.
Mientras entregaba los panes, dos personas disfrazadas de Porky, la caricatura de la Warner Bros, amenizaban la actividad encima del estrado. Casualmente, esa imagen ahora es un símbolo para identificar al partido Renovación Popular y sobre todo a su líder, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga. En tanto, los sobres de papel para los panes tenían impresa su imagen caricaturizada y adornada con el color celeste del partido de Medina.
Dádiva. Sobres para los panes con chicharrón tenían la imagen en modo caricatura del parlamentario.
Su campaña continuó en días posteriores. En el distrito de Hunter, el martes 23, y en los distritos de Miraflores, Cayma y José Luis Bustamante y Rivero, el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre. Cerró la actividad el viernes 26 en una picantería del distrito de Cayma donde entregaría del pan con chicharrón número 10 000. En el evento usó la ayuda de sus comisionados, personal que lo debe apoyar durante sus actividades de representación y por el que se les entrega viáticos para sus gastos, como viajar hasta Arequipa.
A Roy Kenyo Cobarrubia Vásquez, quien es además asistente del despacho de Medina, se le asignó S/ 1 600; y a Deysi Karina Condori Quispe, a la vez asesora II del pastor evangélico, se le dio la misma cantidad. Ambos estuvieron presentes y pendientes de que todo funcione en la actividad, que no tiene nada que ver con recibir denuncias, fiscalizar o representar. El legislador tuvo el cuidado de no mencionar nada de esta campaña del pan con chicharrón en su informe para el Congreso.
Uso de personal. Comisionados en Semana de Representación en actividad de entrega de panes con chicharrón.
“No seas malcriado”
Pero ¿cuánto costó la entrega de los 10 000 panes? Medina calculó que unos S/ 20 000 y añadió orgullosamente que provinieron de su sueldo. Luego enfureció cuando se le precisó que su salario la pagaban los peruanos con sus impuestos. “No seas malcriado… Eres malcriado porque tú no me pagas. Demuéstrame que pagas impuestos”, se alteró.
Pese a que lo negó ese día y en ocasiones posteriores, su candidatura se oficializó semanas después. Medina buscará la reelección. Encabeza la lista con el número 1 a la Cámara de Diputados de Renovación Popular por Arequipa. Al ser lista única está cantada su designación como candidato. Las elecciones primarias de esta organización política se llevarán a cabo este domingo 30 de noviembre en once sedes de Arequipa. Es un voto por afiliado.
“Mi impresión radical es que no debería haber más Semana de Representación, porque toda la actividad del parlamentario es de representación. No existía antes. Es una burla, porque es más una especie de remuneración extra para el parlamentario. Menos debe darse durante el proceso electoral, pero el Congreso hace esas cosas tan increíbles por la impunidad”, opinó el politólogo. Los congresistas no tienen la obligación de solicitar licencia para su campaña. De la Puente vaticinó que cuando se confirmen sus candidaturas serán más evidentes sus actividades con tinte proselitista. “Será peor”, concluyó.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
Además, destaca el rol de la ciudadanía, la importancia de comprender el pasado para analizar el presente, la toma de decisiones y la memoria colectiva que influyen en la percepción del país.
La historiadora peruana Natalia Sobrevilla analiza el desarrollo del país desde una perspectiva histórica, explicando por qué la realidad nacional no puede leerse solo desde la idea de crisis o progreso permanente. Reflexiona sobre los ciclos, cambios y procesos que han marcado la construcción del Perú contemporáneo.
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El distrito de Paucarpata recibió del Instituto Geofísico del Perú (IGP) un estudio técnico que determina su nivel de exposición frente a los peligros del volcán Misti. El documento permitirá mejorar las rutas de evacuación, definir zonas seguras y fortalecer la planificación territorial, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población ante una posible emergencia volcánica.
La entrega del informe se realizó en una ceremonia encabezada por el alcalde Marco Antonio Anco y el presidente del IGP, Hernando Tavera. El estudio —elaborado por especialistas en vulcanología y gestión del riesgo— se presentó como una herramienta científica para anticipar escenarios de emergencia vinculados al Misti, considerado una de las amenazas naturales para Arequipa.
Distrito contará con sistema de alerta temprana ante huaicos
Además del estudio, el IGP anunció que trabajará con la Municipalidad de Paucarpata para implementar, en 2026, un sistema de monitoreo y alerta temprana ante huaicos o lahares. Este sistema se instalará en dos zonas de alto riesgo: la torrentera N.º 3 y el sector de Pozo Negro, donde históricamente se han registrado eventos peligrosos durante la temporada de lluvias. La implementación permitirá emitir avisos anticipados y activar la respuesta de emergencia con mayor rapidez.De cara a las próximas temporadas de lluvias, el distrito de Paucarpata busca asegurar que la población cuente con herramientas que incrementen su resiliencia frente a desastres naturales.
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“Parece que acá no es Oscar Acuña, es en contra de César Acuña. Quieren hacer daño a la familia. Como saben que voy a ganar, creen que esto me va a desanimar; al contrario, voy a trabajar más, afirmó durante una actividad partidaria el fundador de Alianza para el Progreso al pronunciarse sobre el proceso […]
“Parece que acá no es Oscar Acuña, es en contra de César Acuña. Quieren hacer daño a la familia. Como saben que voy a ganar, creen que esto me va a desanimar; al contrario, voy a trabajar más, afirmó durante una actividad partidaria el fundador de Alianza para el Progreso al pronunciarse sobre el proceso que involucra a su hermano por el caso Qali Warma.
El dos veces renunciante exgobernador de La Libertad salió en defensa de su hermano, Oscar Acuña, tras la orden judicial de allanamiento y detención preliminar por presunto tráfico de influencias. Calificó la medida de “injusta” y cuestionó el criterio de la fiscalía que conduce las diligencias.
Según sostuvo, la imputación no se sostiene porque —dijo— el expediente consigna un préstamo financiero y no una gestión indebida de favores. “Se habla de tráfico de influencias, pero no calza; en la carpeta fiscal está claro que se trata de un préstamo”, remarcó, al tiempo que pidió respeto al debido proceso.
Investigación y búsqueda
El operativo y la investigación están a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien informó que el caso analiza la presunta participación de Óscar Acuña Peralta dentro de un esquema irregular. La orden incluye acciones de registro domiciliario y medidas restrictivas mientras avanzan las pesquisas.
En el caso de Óscar Acuña, ex responsable político de APP en La Libertad, su condición es de no habido pues no fue detenido el día que se allanó su vivienda y aún hoy su paradero es desconocido.
Acuña agregó que prestar dinero no constituye delito y solicitó que su hermano afronte la investigación en libertad. “Siempre digo: quien haya cometido un delito, a la cárcel. Pero que se investigue respetando la defensa”, expresó, subrayando además la condición de discapacidad de su familiar y la necesidad de acompañamiento, aspecto que —aseguró— no habría sido considerado.
¿Quieren perjudicarlo?
Asimismo, el líder de APP insinuó un móvil electoral detrás del expediente Qali Warma y afirmó que la controversia busca afectarlo personalmente. En paralelo, sostuvo que su partido está listo para asumir un rol protagónico y que, a 25 años de fundación, “le corresponde la oportunidad de gobernar”, reivindicando su experiencia como activo de gestión y llamando a un “punto de quiebre” en la conducción nacional.
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Según la lista actualizada de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) son 102 universidades públicas y privadas licenciadas, sin embargo, otras 43 junto a dos escuelas de posgrado no pudieron lograr el licenciamiento institucional; esto debido a no cumplir con los estándares mínimos de calidad educativa que está estipulado en la Ley N° […]
Según la lista actualizada de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) son 102 universidades públicas y privadas licenciadas, sin embargo, otras 43 junto a dos escuelas de posgrado no pudieron lograr el licenciamiento institucional; esto debido a no cumplir con los estándares mínimos de calidad educativa que está estipulado en la Ley N° 32105.
Para el año académico 2026, cinco universidades deberán cesar sus actividades, una de ellas, tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año (2025) y la última, hasta abril del próximo año (2026). El termino total de la prestación de servicios es gradual y supervisado a fin de proteger a los estudiantes.
Estas universidades dejarán de funcionar:
1. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Con sedes en Puno y Arequipa deberá cerrar hasta el 31 de diciembre de 2025. En el 2020, según la Resolución del Consejo Directivo N°034-2020-SUNEDU/CD, se distinguió los siguientes problemas: no tiene docentes de tiempo completo, falta laboratorios y equipamientos, carece de procesos meritocráticos para la contratación docente, posee deficiencias en la gestión de proyectos de investigación y del Comité de Ética, irregularidades en admisión y planificación institucional.
2. Universidad Privada de Pucallpa, en Ucayali. Cesará el 2 de marzo de 2026, después que la Sunedu denegó su licenciamiento en el 2019, bajo la Resolución del Consejo Directivo N.º 106-2019-SUNEDU/CD. Entre los problemas se encontró: falta de una buena planificación institucional, irregularidades en los procesos de admisión y contratación docente, infraestructura y equipamiento deficientes, carencias en laboratorios y líneas de investigación, servicios estudiantiles incompletos, ausencia de gestión ambiental y mecanismos de inserción laboral, además de fallas en transparencia.
3. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con nueve sedes en Lima y filial en Chincha (Ica), finalizará sus actividades en marzo de 2026. Según la Resolución del Consejo Directivo N°130-2019-SUNEDU/CD del 2019 se identificó: la falta de planificación institucional y sostenibilidad financiera, irregularidades en gestión académica e investigación, bajo número de personal docente, carencias en infraestructura y equipamiento, y sanciones previas por prácticas irregulares, como la emisión indebida de títulos.
4. Universidad San Pedro, de Chimbote, con filiales en Huaura, Piura, Cajamarca y Huaraz, cesará sus actividades el 9 de marzo de 2026, conforme a la Resolución del Consejo Directivo N°156-2019-SUNEDU/CD, notificada el 3 de diciembre de 2019. Problemas: falta de información en programas académicos, carencia de laboratorios y equipamiento, personal docente con poca dedicación, ausencia de servicios complementarios y políticas de investigación. La universidad ya había sido sancionada por operar locales no autorizados y recibir multas del Indecopi.
5. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, con sede en Lima, cerrará sus actividades el 4 de abril de 2026 según la Resolución del Consejo Directivo N°162-2019-SUNEDU/CD. La Sunedu señaló deficiencias en docentes a tiempo completo, infraestructura y laboratorios, planificación institucional, políticas de investigación y protección de la propiedad intelectual, así como problemas en la inserción laboral de egresados.
Mientras que otras cinco casas de estudio debieron cerrar este año 2025, las cuales son: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Científica del Perú, Universidad Alas Peruanas, Universidad José Carlos Mariátegui y la Universidad Privada San Carlos.
La Sunedu recuerda que las universidades que no obtuvieron licenciamiento postularon como nuevas instituciones, pero con un modelo de evaluación actualizado. Algunas instituciones superaron la revisión técnica, pero otros siguen siendo evaluados.
Mientras que, para los alumnos de las universidades no licenciadas, las instituciones deben firmar convenios con otras casas de educación superior que tengan programas similares y capacidad disponible a fin que los estudiantes no se perjudiquen. Aunque, el traslado dependerá del mismo alumno.
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AGENDA REGIONAL | Pérez Tello planteó derogar las leyes que debilitan la lucha contra el crimen y afirmó que, si llega al gobierno, presentará ese paquete el 28 de julio.
Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=vYaRa7-oLTE
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«Este nivel de violencia política, ejercido para silenciar, expone la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de poder en nuestro país»
El Perú inició la jornada de elecciones internas rumbo a los comicios 2026 con una herida abierta. Mientras 39 partidos políticos luchan por definir a sus delegados en la jornada de hoy, la sombra del terror y la impunidad ensombrece el calendario electoral: el asesinato de un candidato a diputado en Piura este viernes 28 de noviembre ha encendido todas las alarmas sobre el riesgo que corre el proceso de elecciones 2026 y quienes se atreven a incursionar en la política nacional.
Percy Ipanaqué Navarro acabó baleado por sicarios mientras conducía su vehículo en lo que constituye el tercer crimen en menos de 24 horas en la región. Ocurrió alrededor de las 2:50 p.m., cuando el candidato conducía su vehículo en dirección al cementerio Mapfre, en la carretera hacia el caserío Miraflores, informa Exitosa. Testigos señalaron que dos motocicletas interceptaron el automóvil y abrieron fuego, provocando su muerte inmediata.
La venganza que señala a las cúpulas
El crimen, perpetrado por sicarios a balazos, no es un hecho aislado de la ola delictiva. La investigación apunta a un móvil explosivo: venganza directa por denuncias de corrupción policial. El candidato había expuesto públicamente presuntos actos ilícitos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos un «sembrado» de pruebas, lo que podría transformar este homicidio en un atentado contra la transparencia y la fiscalización institucional.
Ipanaqué Navarro era un conocido abogado penalista y candidato a diputado en las elecciones 2026, por el partido Juntos por el Perú. Su trayectoria profesional lo había vinculado a casos mediáticos, incluyendo la defensa de clientes en procesos de alto perfil como el del exministro de Vivienda de Pedro Castillo, Geiner Alvarado.
Este nivel de violencia política, ejercido para silenciar, expone la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de poder en nuestro país. Y las elecciones de 2026 están en claro riesgo.
El Perú en la encrucijada judicial
Este ataque frontal a la democracia ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional. La ciudadanía observa con escepticismo el inicio de la contienda electoral mientras el país lidia con el oscuro legado de sus líderes, evidenciado en las recientes condenas de expresidentes como Pedro Castillo y Martín Vizcarra por actos de corrupción y rebelión.
Organismos como la CIDH han manifestado su profunda preocupación, advirtiendo que el país se está alejando de los principios democráticos debido a maniobras legislativas que blindan la impunidad. En el mismo sentido, la ONU ha expresado su preocupación por el impedimento reiterado de organismos con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponer a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en su cargo, por orden expresa del Poder Judicial
Crisis de seguridad desbocada
Con el asesinato de Ipanaqué se registran 3 crímenes en menos de 24 horas en el distrito de Castilla, en Piura. Cerca de las 11:30 p.m. del último jueves, un expolicía fue acribillado mientras trabajaba como taxista en el A.H. Cossío del Pomar. Mientras los peritos realizaban las diligencia de ley, un segundo crimen se perpetró en el A.H. Ciudad del Niño. El joven universitario Habner Joel Silva Jaramillo fue baleado mientras conversaba con sus amigos en la vía pública.
El escenario de terror en Piura dinamita la agenda del presidente José Jerí Oré, cuyo gobierno ha solicitado facultades legislativas al Congreso para enfrentar la criminalidad, proponiendo declarar el estado de emergencia en fronteras y ciudades clave. Sin embargo, el asesinato del candidato es la prueba más brutal de que la criminalidad está varios pasos por delante.
Así, la violencia pone el proceso electoral 2026 en la cuerda floja y la población exige garantías para su vida y el cese de la impunidad en medio de la contienda electoral.
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Tras el estreno de «Ushpa, la película» en salas nacionales, Ortiz se apresta a nuevas giras con la banda rockera que reafirma su identidad cantando en quechua.
El cantante y líder de la banda de rock en quechua Ushpa, está promocionando la producción peruana: Ushpa, la película.
En el filme, que se exhibe en cines, se hace un repaso de su vida, los orígenes de la banda y su proyección musical. Además, habla de la poderosa identidad que el quechua otorga a sus hablantes y los conflictos culturales del Perú basados en el centralismo.
Ortiz, nacido en los Andes, es quechuahablante nativo y se desempeñó como policía en Ayacucho durante la época de la violencia política, por lo que su historia de vida es diversa y profunda.
Fundadora y directora de El Búho. Es periodista con más de 20 años de experiencia dedicada a temas de corrupción, conflictos socioambientales y derechos humanos.
Los partidos APRA y Renovación Popular realizan este domingo 30 de noviembre sus elecciones primarias, La ONPE dará los resultados en línea. Imagen generada con IA
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), comenzó el despliegue del material electoral para las elecciones primarias que desarrollarán los partidos APRA y Renovación Popular este domingo a nivel nacional, y en las que participarán alrededor de 83 mil afiliados entre ambos partidos políticos.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dijo que “todo se encuentra listo para las elecciones primarias, en la modalidad de afiliados, que realizarán este 30 de noviembre, el APRA y Renovación Popular”. También explicó a RPP que se habilitará un espacio en la plataforma web de este organismo para la publicación de los resultados oficiales.
Corvetto Salinas, refirió que se están instalando 578 mesas en 373 locales que abrirán sus puertas a las 8 de la mañana y atenderán a los militantes que se apersonen mañana 30 de noviembre -para emitir su voto y elegir a sus candidatos- hasta las 3 de la tarde.
Para el desarrollo del proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha fiscalizado todo el material electoral. Luego, se está acondicionándolos locales, preparando dos aulas, una para Renovación Popular y otra para el APRA.
Además, este domingo, afiliados de 34 partidos y tres alianzas electorales –Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad– elegirán a sus delegados, quienes a su vez, una semana más tarde, elegirán finalmente sus candidatos.
¿Cómo será el escrutinio de votos?
De acuerdo con lo informado por el jefe la ONPE, la jornada electoral iniciará a las 8:00 a.m. y culminará a las 3:00 p.m. Y luego de la votación de los militantes, se estima el escrutinio en mesa va a tardar entre una hora y media a dos, dijo Corvetto.
«El escrutinio va a ser realizado de manera manual por cada uno de los miembros de mesa que han sido elegidos por cada una de las organizaciones políticas. Van a contar los votos de manera tradicional. Van a llenar la hoja borrador y luego lo van a pasar a una laptop”, informó.
Además, detalló que, «cada una de las 578 mesas de sufragio en todo el país van a tener una laptop y una impresora, los cuales van a permitir que puedan agilizar el conteo de votos y el llenado de actas para que cada uno de los personeros pueda llevarse su acta», explicó a RPP.
Luego, esto se enviará al Centro de Cómputo Nacional y a partir de que vayan llegando las actas, toda la ciudadanía en general y los medios de comunicación tendrán en línea los resultados de cada uno de los partidos políticos», concluyó.
Los candidatos del APRA y de Renovación Popular
Como se ha informado en el caso del partido aprista peruano (APRA), hay 15 candidatos presidenciales con sus respectivos primer y segundo vicepresidentes, los que estarán disputando en estas elecciones primarias.
Las “planchas” que se presentan son:
1. Jorge del Castillo, para presidente, con Mauricio Mulder para primer vicepresidente y Belén García como segunda vicepresidente.
2. Yamel Romero, Ana Lucía Calle, José Luis Rodríguez.
3. Hernán Garrido Lecca, Omar Quesada, Olga Cribilleros.
4. Magno Mendoza, Nemith Gamboa, Elena Ciriaco.
5. Augusto Valqui, Jorge Haya de la Torre, Isabel Oviedo.
6. Rafael Zevallos, Rocío del Pilar Salcedo, Daniel Díaz.
7. Pitter Valderrama, María Valdivia, Lucio Vásquez.
12. Juan Carlos Sánchez, Valeria Mezarina, Porfirio Buitrón.
13. Javier Velásquez Quesquén, Carla García, Luis Wilson.
14. Emiliano Vargas, Edith Ruelas, Julio Loayza.
15. Jorge Risco, María Fernanda Nieto, Anthony Vizcarra.
En el caso de Renovación Popular, la lista única que se presenta es la conformada por Rafael López Aliaga para presidente; Norma Yarrow Lumbreras para primera vicepresidenta y Jhon Ramos Malpica como segundo vicepresidente.
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A días de las elecciones primarias, militantes de Fuerza Popular en Piura denunciaron que el partido está abusando de su poder al intentar reelegir a los congresistas actuales como diputados sin el consentimiento de las bases. Incluso Carmela Paucará, natural de Puno y amiga cercana de Keiko Fujimori, aparece incluida en la lista de Piura pese a no pertenecer a la región.
Esta crisis interna ha provocado renuncias y advertencias de que no apoyarán la candidatura presidencial de Fujimori si la dirigencia no rectifica. La congresista Vivian Olivos ya había denunciado estas prácticas meses atrás, lo que finalmente la llevó a abandonar la bancada y el partido, pese a sus años de militancia.
A este conflicto se suma el testimonio de José Rodríguez, vocero del movimiento “Ni un joven más”, quien relató en TikTok cómo fue su paso por la llamada Escuela Naranja y las razones que lo llevaron a retirarse del fujimorismo. Rodríguez acusa que la actual congresista Rosangella Barbarán utiliza dicho espacio para “adoctrinar jóvenes” bajo una lógica autoritaria disfrazada de formación democrática.
También son «mochasuedos».
Por otro lado, el escritor y comunicador Christian Castro contó cómo fue trabajar en el Congreso en 2018, año en que Fuerza Popular controlaba 74 escaños. Reveló que la práctica del recorte de sueldos no es nueva: a él le exigían entregar el 30% de su salario cada mes, pese a que no había ingresado por una bancada, sino por recomendación de un amigo. “Ustedes están aquí gracias a nuestra lideresa”, le repetían. Ante su negativa a dar “voluntariamente” parte de su sueldo, fue retirado. Intentó denunciarlo, pero en ese periodo —cuando el fujimorismo dominaba el Congreso— ningún medio quiso publicar su historia.
Castro comparó estas prácticas que se repiten con cada agrupación que accede al Parlamento con las extorsiones internas que hoy se denuncian: recortes disfrazados de “aportes voluntarios obligatorios”.
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Así funciona el Congreso | El escritor y comunicador Christian Castro contó cómo fue trabajar en el Congreso en 2018, año en que Fuerza Popular tenía 74 escaños. Reveló que la práctica de mochar sueldos no es nueva: a él le querían quitar el 30% de su salario cada mes, pese a que no ingresó por una bancada, sino por recomendación de un amigo. Intentó denunciarlo, pero en esos años ningún medio le hizo caso.
Castro comparó estas malas prácticas que se repiten cada vez que un partido entra al Congreso con lo que ocurre hoy con las extorsiones internas, donde estos recortes se disfrazan como “aportes voluntarios obligatorios”.
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Especialistas consultados coinciden al señalar que la falta de metas específicas, las dudas sobre el financiamiento, el abandono de los combustibles fósiles y medidas que protejan biomas importantes como la Amazonía son los grandes desafíos en la región.
Por: Leslie Moreno Custodio – Mongabay Latam. A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.
Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.
En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.
Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.
Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.
Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.
Una manifestación de la organización Extinction Rebellion, en Victoria Street, Londres, durante la COP26 en Glasgow, en 2021. Foto: cortesía Garry Knight
Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.
En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.
Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.
Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.
Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.
Inundaciones en Cusco, Perú, en 2024. Foto: Defensa Civil Perú
Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.
En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.
Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.
En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.
Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.
Rumbo a la COP30, activistas taparon la estatua de Francisco de Orellana, quien lideró la primera expedición colonial en el Río Amazonas en 1541. Foto: cortesía Flotilla Yaku Mama
Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.
Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.
Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.
Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.
Los bomberos en Bolivia combaten el fuego en el parque Noel Kempff Mercado, en agosto de 2025. Foto: cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.
Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.
Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.
A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.
“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.
En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.
Un funeral a los combustibles fósiles, una de las actividades de la Flotilla Yaku Mama, rumbo a la COP30. Foto: cortesía Levi Tapuia
Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.
Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.
Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.
Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.
En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.
La sociedad civil protestó en contra de los combustibles fósiles y exigió un incremento en el financiamiento climático en la COP29 de 2024. Foto: Kiara Worth / UN Climate Change
Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.
Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.
La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.
“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
V Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas (COICA), en 2025. Foto: cortesía COICA
Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.
Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.
Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.
Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm
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