Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, puso en evidencia las arbitrariedades a las que ha sido sometida por cumplir con su labor. la más grave, que congresistas con carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía hayan aprobado su inhabilitación, constituyendo un grave conflicto de intereses, además de basarse en hechos inexistentes.
El Pleno del Congreso no aprobó este miércoles la inhabilitación por diez años de la función pública para la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La denuncia se envió al archivo. Sin embargo, fue aprobada la denuncia en cuanto a la comisión de supuestos delitos y se le levantó el fuero para ser juzgada en el fuero penal.
En cuanto a la inhabilitación, la fiscal suprema suspendida, hizo notar que de los congresistas que la aprobaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y en la Comisión Permanente, quince tienen carpetas abiertas en la Fiscalía. También puso en evidencia que, pese a que en la acusación estaban involucrados los cuatro magistrados de la Junta de Fiscales Supremos, solo se aprobó en su caso, por lo que consideraba el caso como no jurídico sino político. «Es una persecución inconstitucional», dijo.
Los votos a favor provinieron de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País, pero no lograron su objetivo. La votación sobre la inhabilitación obtuvo 57 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. No se alcanzaron los votos, debían ser 68, y, por tanto, se envió al archivo esta denuncia.
En cuanto a la votación del otro extremo de la denuncia contra la exfiscal Espinoza Valenzuela, «haber lugar a la formación de causa penal contra la fiscal suprema Delia Espinoza por comisión de delitos», quedó con 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones y por consiguiente el levantamiento del fuero de la fiscal. El expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación.
Al levantarle el fuero se elimina la inmunidad legal que protegía a la fiscal suprema para que pueda ser sujeta a un proceso legal o penal. Ahora podrá ser investigada, procesada y juzgada como cualquier otro ciudadano, especialmente cuando se le acusa de un delito.
Retornan a sesión y votan una reconsideración para inhabilitar a la fiscal, presentada por el congresista Jorge Montoya y es aprobada con 71 votos a favor, cambiando la decisión adoptada en la mañana y que no había logrado obtener los votos suficientes. Luego se votó por una reconsideración presentada por Susel Paredes en contra de la aprobación de la comisión de supuestos delitos, pero no fue aprobada.
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El Poder Judicial declaró nulo el contrato de la ruta C7 del SIT en Arequipa. El consorcio ECOPTRA denuncia irregularidades en la adjudicación. | IMAGEN: MPA
El panorama del transporte urbano en Arequipa enfrenta un nuevo remezón legal tras la reciente decisión del Poder Judicial sobre una de las rutas del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Augusto Santillana, asesor legal de la empresa ECOPTRA, confirmó que el Primer Juzgado Civil emitió la sentencia 170-2025, la cual declara nulo el contrato de concesión de la ruta C7.
Esta ruta, que conecta el distrito de Paucarpata con el resto de la ciudad, era operada por el concesionario AQP Masivo, cuyo contrato fue celebrado con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Según explicó el abogado, el tribunal determinó la nulidad debido a que la adjudicación se realizó a través de actas de conciliación y no mediante una licitación pública, como exige la normativa para este tipo de servicios.
La controversia se remonta a las actas de conciliación 023-2017 y 052-2017, documentos mediante los cuales se otorgó la «buena pro» a AQP Masivo. Santillana argumenta que la ley solo habilita la entrega de rutas de transporte a través de procesos de licitación pública, descartando los acuerdos privados o conciliaciones como mecanismos válidos para este fin.
El representante legal detalló que, durante el proceso de licitación de 2017, su representada participó formalmente, pero la municipalidad optó por retirar la ruta del concurso y entregarla directamente a la otra empresa mediante los mencionados acuerdos extrajudiciales. Esta acción dejó a ECOPTRA y a sus más de 200 transportistas en una situación de incertidumbre, perdiendo la expectativa de ganar transparentemente el proceso.
Disputa legal y el futuro del servicio en Paucarpata
Aunque la sentencia declara la nulidad del contrato, la ruta C7 no cambiará de operador de inmediato debido a que el fallo es de primera instancia y tiene efecto suspensivo hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia. No obstante, la defensa de ECOPTRA se muestra confiada en ratificar la decisión, argumentando que no se sustentó el informe técnico favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) necesario para validar el procedimiento original.
Ante esta situación, el consorcio demandante no esperará pasivamente el fallo final; Santillana adelantó que están gestionando una medida cautelar que les permita ingresar a trabajar en la ruta C7 de manera provisional.
El objetivo de esta medida legal es revertir lo que consideran un servicio deficiente y precario que actualmente afecta a los usuarios de Paucarpata. Los transportistas de ECOPTRA aseguran estar listos para cubrir la demanda, recordando que ellos prestaban el servicio en la zona antes de la implementación del SIT.
El abogado enfatizó que buscan un proceso abierto y transparente donde todos tengan las mismas oportunidades, criticando que se haya favorecido a un concesionario «entre gallos y medianoche» mediante actas de conciliación que ahora el Poder Judicial ha desconocido.
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La investigacion «El “carrusel” de camionetas y el “ruleteo” de contrataciones en el Gobierno Regional de Arequipa» expone presuntas irregularidades, centrándose en una red de empresas proveedoras supuestamente favorecidas.
La investigación del periodista Elmer Mamani apunta a que estas compañías están estrechamente vinculadas a la familia Sanca Umiyauri, cuyo patriarca fue un importante aportante a la campaña del gobernador Rohel Sánchez.
Se detalla que las empresas habrían obtenido contratos mediante prácticas ilícitas, como el «ruleteo» o simulación de competencia y el fraccionamiento de servicios para evadir las licitaciones públicas. Además, se encontraron pruebas contundentes de documentación fraudulenta para justificar pagos, incluyendo el uso repetido de fotografías e imágenes extraídas de internet en los informes de cumplimiento de servicio.
Las autoridades han formalizado una investigación contra exfuncionarios de logística del GRA por negociación incompatible, mientras la familia Sanca muestra signos de una rápida bonanza económica producto de estos negocios.
Lee la investigación detallada aquí: https://elbuho.pe/2025/11/el-carrusel-de-camionetas-y-el-ruleteo-de-contrataciones-en-el-gobierno-regional-de-arequipa/
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, lanzó una severa advertencia sobre la votación de la Comisión Permanente, que aprobó el informe para inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Señaló que esta decisión estuvo marcada por un conflicto de intereses evidente y extremadamente grave.
Según Ledesma, representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular que participaron en la votación tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público, justamente en la instancia que dirige la fiscal que buscan apartar.
Enfatizó que estos grupos nunca debieron intervenir, pues tomaron una decisión que impacta directamente en la autoridad encargada de investigar sus propios casos, lo que, advirtió, compromete la imparcialidad del Congreso y debilita gravemente el Estado de derecho.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que se cancelan los viáticos para congresistas y asesores durante la semana de representación. Aseguró que este es “un primer paso” para reducir las críticas al Parlamento.
Sin embargo, ese mismo día insistió ante la Policía en que seguirá luchando para aprobar su proyecto que busca librar de responsabilidad penal a los efectivos procesados por la represión durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
La PNP, además, le otorgó un nuevo reconocimiento: la Orden al Mérito de la Policía Nacional, en el grado de Gran Cruz, “por su respaldo a la labor policial y su trayectoria en la defensa del orden interno”.
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«La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras. Esto, al respaldar abiertamente al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional»
La tensión entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump adquiere niveles alarmantes. Estados Unidos lo ha cercado con más del 20% de su flota militar y la complicidad de varias islas del Caribe (República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao), sin que medien pruebas que justifiquen ese accionar. El nerviosismo se incrementa también en el país agresor. Los asesinatos extrajudiciales a 83 personas a bordo de 21 lanchas bombardeadas generan rechazo e indignación no solo en organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, sino al interior de Estados Unidos.
El viernes 28 de noviembre, el Washington Post informó que el 2 de septiembre militares estadounidenses habían bombardeado dos veces una misma lancha al percatarse de que había dos sobrevivientes bajo la orden “mátenlos a todos” del secretario de Guerra, Pete Hegseht, quien respondió culpando a las informaciones periodísticas de desacreditar “a nuestros increíbles guerreros” y que los bombardeos «están específicamente destinados a ser ‘ataques letales y cinéticos'». La acción ha recibido el rechazo de miembros del Partido Republicano.
La narrativa de que se trata de una lucha contra el narcotráfico resulta cada vez menos creíble. Sobre todo porque no es Venezuela el lugar desde donde mayormente fluyen las drogas hacia ese país: no produce cocaína y el fentanilo fluye básicamente desde México. Las verdaderas intenciones de Washington consisten en derribar al gobierno de Maduro, “por las buenas o por las malas”, como señala el propio presidente Trump, e instalar en su lugar a un gobierno funcional a sus intereses. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país bendecido por la abundancia de sus recursos naturales, además de poseer las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
Galimatías
Mientras Trump cerca por todos los medios a Venezuela y acusa a la cúpula del gobierno de ser narcoterroristas, ha absuelto ayer al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso en Estados Unidos al ser declarado culpable por un jurado estadounidense de Nueva York en 2024 y condenado a 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado”. El presidente del Parlamento de Honduras ha calificado de “devastador” el indulto de Trump
Después de cercar la costa de Venezuela con el mayor despliegue militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962, Trump estaba dispuesto a conversar con Maduro “si se trata de salvar vidas”. Pero el lunes 24 de noviembre el gobierno estadounidense calificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista de narcotraficantes dirigida por el presidente venezolano y altos oficiales del Ejército, lo que le da facultades para tomar decisiones sin respaldo del Congreso. ¿Cómo se explicaba estas invocaciones al diálogo en medio de una creciente militarización?
La respuesta la filtró el New York Times, el viernes 28: el presidente Donald Trump ya había hablado por teléfono con Nicolás Maduro días antes de que entrara en vigor la resolución que lo acusa de liderar una organización terrorista extranjera. La conversación no prosperó pues, según las filtraciones, Trump le pidió que dejara el poder ya!, luego de ofrecerle garantías para su salida. La falta de acuerdo, dio lugar a la acusación de Donald Trump a Maduro, de dirigir la organización narcoterrorista y a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional donde instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.
Escalada bélica
Al día siguiente de la resolución, el presidente Maduro movilizó sus bases para cerrar filas ante dichas acusaciones. A su vez, el gobierno estadounidense envió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reunirse con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a participar en la operación Lanza del Sur contra Venezuela, una misión, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, que tiene como objetivo abatir «narcoterroristas» en la región, de acuerdo con lo anunciado por Hegseth el 13 de noviembre. Se trata de una gran alianza y un modelo para la región a la que esperan sumar otros países Asimismo, le pidió permiso para usar el aeropuerto de las Américas, el principal del país, y la base aérea de San Isidro.
La respuesta de una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas no se hizo esperar. En un comunicado conjunto rechazaron la visita de Hegseth, a quien calificaron de persona non grata al considerar que su presencia constituye un acto hostil contra la soberanía nacional, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica. Las organizaciones declararon que estas maniobras, presentadas como lucha contra el narcotráfico, buscan en realidad intimidar y recolonizar Venezuela y apropiarse de sus riquezas naturales.
Le recordaron al presidente Abinader que la República Dominicana no es una colonia estadounidense y que su deber es defender los intereses del pueblo, la Constitución y apegarse al respeto al derecho internacional. Le pidieron también que no involucre al país en planes de agresión contra Venezuela y subrayaron que cada intervención estadounidense en la región se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas. Finalmente, reafirmaron su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que establece respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos. Al día siguiente, Hegseth se fue a pasar el Día de Acción de Gracias con su esposa en el portaaviones Gerald Ford. Desde allí se dirigió a todo su contingente militar y les dijo que eran “los combatientes más capaces y letales».
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, también inició el lunes 24 una visita a Puerto Rico y Trinidad y Tobago. En el primer país, se reunió con miembros del Ejército estadounidense, supervisó la Base Militar de Roosevelt Draw —reactivada recientemente después de su cierre en 2004— y visitó uno de los navíos de guerra que Washington mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico. Se reunió con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, con quien abordó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La ingenua funcionaria dijo, después de que Caine se marchó, que no permitiría que su país se utilizara como base militar para agredir a Venezuela. El gobierno de Maduro le ha cortado los suministros de gas y petróleo, lo que le ha ocasionado problemas.
La cereza del postre fue el anuncio del ex aspirante a Nobel de la Paz en su residencia de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias. Flanqueado por jefes militares, Trump anunció que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres, pues “por tierra es más fácil”. El gobierno ha examinado una serie de opciones para Venezuela, incluida la incautación de los campos petrolíferos del país.
La injerencia
Como ha sido mencionado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió, el 23 de noviembre, un aviso internacional donde instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, lo que dio lugar a que aerolíneas como Latam, Iberia, TAP, Gol, Avianca y Turkish Airlines cancelaran decenas de vuelos, generando serios problemas.
Maduro elevó su apuesta y les dio 48 horas de plazo para que reiniciaran los vuelos bajo pena de suspender las concesiones aéreas si no lo hacían, tal como ocurrió. Al ver perdidas las concesiones, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvo que solicitar a las autoridades venezolanas la reconsideración de la revocatoria de los permisos de operación a las aerolíneas. Ante la posibilidad de la normalización de los vuelos, Trump, en una acción que viola el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, decretó que el espacio aéreo sobre ese país y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad.
La respuesta de la Cancillería venezolana el sábado 29 no se hizo esperar. En él se señala que las afirmaciones del presidente Trump constituyen un acto hostil y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y se exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que reconocen de manera categórica que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio.
En el comunicado, el gobierno hizo “un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria”. Al día siguiente el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la OACI una reunión inmediata pues calificó la orden de Trump como una acción completamente ilegal, y le pidió a la Unión Europea y a países de Latinoamérica reiniciar sus vuelos a Venezuela.
La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras. Esto, al respaldar abiertamente al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional. El mismo al que pertenece el narcotraficante y ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, al que Trump acaba de indultar. Al igual que lo hizo con Milei en Argentina en las recientes elecciones legislativas de medio término, el presidente estadounidense prometió que «habrá mucho apoyo» si “Tito” gana. «Voten por Tito Asfura para presidente. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”. “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”. Y “¡Haz a Honduras grandiosa de nuevo!”, escribió Trump.
Mientras Honduras contabiliza los votos de una reñida contienda entre el candidato de Trump y Salvador Nasralla, del Partido Liberal –la candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, ha quedado relegada por lejos al tercer lugar– el gobierno y la ciudadanía venezolanas muestran serenidad y resistencia frente a la agresión estadounidense, que no parecería tener marcha atrás, a pesar de que Trump tiene problemas internos: su país no solo presenta serios problemas económicos, sino que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (70%) rechaza la invasión.
Inclusive la congresista republicana por el Estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, dirigente del movimiento Make America Great Again (MAGA) ha expresado su rechazo a la invasión a Venezuela para generar un cambio de gobierno, pues dice que rechaza las guerras. Estados Unidos parecería estar esperando la traición de alguna facción de las Fuerzas Armadas venezolanas. O que la oposición desborde las calles para capturar a Maduro. Ello no ha ocurrido, probablemente, porque ha primado un sentimiento de dignidad y respeto a la soberanía nacional. Mientras tanto, las naves estacionadas en el Caribe incrementan la deuda de Estados Unidos, que ya es bastante voluminosa. Así también la preocupación sobre los efectos que las bajas estadounidenses tendrían en las elecciones legislativas de medio término del próximo año si estallara el conflicto.
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* Esta nota es una actualización realizada por la autora de su columna El mundo en foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.orgy también está publicada en OtraMirada.pe
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Economista. Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.
Delia Espinoza denunció un complot en su contra para que no retorne a su cargo como fiscal de la Nación. Acudirá al Congreso para que el pueblo conozca la verdad de los hechos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Y este miércoles, el Pleno del Congreso debatirá otra denuncia constitucional en su contra.
El predictamen aprobado por la SAC pasará a la Comisión Permanente donde los congresistas, muchos de ellos investigados por la fiscal Espinoza, definirán si obtiene los votos necesarios para enviarlo al Pleno del Congreso. De ser así, los congresistas lo debatirán y votarán, siendo casi seguro que la coalición logrará los votos necesarios.
Con apenas 10 votos a favor y una abstención, la SAC aprobó por mayoría la denuncia constitucional contra Espinoza Valenzuela, quien si es inhabilitada no podrá retornar a la Fiscalía y esta institución tutelar quedará bajo el mando de Tomás Gálvez, fiscal supremo investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto.
El sustento de la denuncia se basa en la decisión de Delia Espinoza de acusar constitucionalmente a 11 congresistas por la aprobación de una ley que les permitía percibir simultáneamente sueldo y pensión. El único que se abstuvo fue Jorge Montoya por razones de decoro porque es uno de los beneficiados con esta doble remuneración, luego estaba incluido en la acusación que presentó Espinoza cuando era fiscal de la Nación.
Delia Espinoza presentará demanda contra juez Torres Tasso
De otro lado, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunciará al juez constitucional Juan Torres, debido a que no hizo cumplir su reposición como titular del Ministerio Público, pese a que el plazo venció este lunes 1 de diciembre a la medianoche.
Espinoza Valenzuela dijo a La República que denunciaría a Torres Tasso por los presuntos delitos de omisión de funciones y abuso de autoridad, ya que envió un oficio al Tribunal Constitucional para que se le informe sobre el estado de la demanda competencial y medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial, con la que busca frenar su reposición al Ministerio Público.
«Lo que yo de alguna manera sospechaba, lo estoy confirmando con la mala actuación del juez. Él dijo que al mediodía ya iba a resolver, el día de ayer han estado presentando varios escritos de la JNJ y han presentado una al mediodía», reveló la fiscal.
En otras palabras, hizo notar que el juez le está diciendo, “Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar. Eso le está diciendo el juez y yo públicamente denuncio eso”.
«Voy a denunciar a este juez porque ahora ya con esto estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla. Con eso me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra para que en el Congreso me sigan acorralando», declaró. Luego señaló que el error de notificación de su reincorporación por parte del Noveno Juzgado Constitucional a la JNJ, «fue para ganar tiempo».
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El atentado contra el precandidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, ha encendido las alertas de todos los que piensan lanzarse a la carrera electoral 2026. Según su propio testimonio, dos sujetos armados en motocicleta lo interceptaron y dispararon directamente contra su vehículo; tres impactos quedaron en la camioneta. El precandidato respondió usando su propia arma de fuego, desatándose así una ráfaga de al menos doce disparos. Quizá esa reacción inmediata fue lo que evitó una tragedia, aunque resultó con heridas leves.
Las autoridades reaccionaron al instante, demostrando preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el arranque del proceso electoral. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que corresponde al Estado garantizar la seguridad de todos los candidatos, mientras que el jefe de la ONPE condenó enérgicamente el ataque.
Belaunde declaró que aún no entiende cómo salió con vida. Entretanto, algunas voces ya empezaron a poner en duda lo ocurrido, insinuando que podría tratarse de una “estrategia” para subir algunos puntos en las encuestas. Sea como sea, el caso está en investigación y, una vez más, la violencia en Perú vuelve a aparecer en titulares internacionales.
Presidente José Jerí realizará su primera salida presidencial al extranjero
El presidente José Jerí ha pedido formalmente al Congreso el pase de salida para este viernes 12 de diciembre. Su destino: la siempre acogedora Quito, Ecuador, donde participará en el Encuentro Presidencial y XIV Gabinete Binacional. Según el proyecto enviado por el Ejecutivo, es «de la mayor importancia» que el país esté representado al más alto nivel, en lo que describen como una «ocasión propicia» para, entre otras cosas, reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y hablar de… la gestión del agua en las cuencas transfronterizas.
Jerí y su homólogo Daniel Noboa firmarán la solemne Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, una hoja de ruta binacional que guiará el trabajo conjunto en infraestructura fronteriza, seguridad, comercio y turismo. Mientras Jerí discute estos temas de Estado, acompañado de sus ministros, se aclara que el Despacho Presidencial no quedará desatendido: el presidente lo manejará de manera remota, porque algunas fronteras, al parecer, son más fáciles de gestionar a distancia que otras.
¿Algo de todo lo mencionado, se concretará en beneficio del país?
Dan 5 días de plazo a la JNJ para reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo, quien había sido destituido por presuntas vinculaciones con César Hinostroza
El pacto refuerza su control sobre la Fiscalía. El Poder Judicial dio 5 días a la Junta Nacional de Justicia para reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. El beneficiado había sido destituido del cargo por una acusación que lo señalaba de permitir que el hermanito César Hinostroza, cabecilla de los Cuellos Blancos, tuviera influencia en la resolución de expedientes electorales.
El propio JNE impuso la sanción mediante un proceso disciplinario inmediato. Sin embargo, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima anuló esa sanción basándose en una sentencia previa del Tribunal Constitucional. Ahora Arce Córdova tiene todo listo para recuperar su puesto en la Junta de Fiscales Supremos, aunque antes Tomás Aladino Gálvez debe retirar a la fiscal provisional que ocupaba el puesto de Arce.
Irónicamente, de volver a su despacho, el repuesto quedará a cargo de las investigaciones del caso Cuellos Blancos. Qué rico faenón van a armar en la Fiscalía.
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Pasó en el Perú | Arequipa. Un bloqueo de mineros informales en el puente de Ocoña, provincia de Camaná, mantiene varados desde la madrugada a cientos de pasajeros, incluidos niños y adultos mayores, sin acceso a alimentos o atención.
Los manifestantes han anunciado una única tregua de una hora al mediodía para permitir el paso de la extensa fila de vehículos, calculada en varios kilómetros, antes de «radicalizar» su medida de fuerza. Los mineros exigen la ampliación de su formalización minera.
La paralización también afecta el tramo de Chala, lo que genera una alerta para los viajeros entre Arequipa y Lima. Ante la emergencia humanitaria, los afectados exigen una intervención urgente de las autoridades para restablecer el tránsito y garantizar su bienestar, informó El Búho.
Chumbivilcas exige disculpas por frase discriminatoria del alcalde de Cusco
Pasó en el Perú | Cusco. El lanzamiento nacional del Festival Navideño Chumbivilcano 2025 en Cusco terminó en polémica. La alegría de los chumbivilcanos que llegaron para celebrar su bicentenario se desbordó y, según serenazgo, varios participantes consumieron alcohol en plena Plaza de Armas.
La situación se complicó cuando el alcalde de Chamaca fue detenido tras provocar un accidente manejando en presunto estado de ebriedad. Pero lo que realmente encendió la indignación fue la reacción del alcalde de Cusco, Luis Pantoja, quien criticó los desórdenes y declaró que “no están en su pueblo para que bailen y tomen en la Plaza de Armas”.
Frase que cayó como un insulto en Chumbivilcas. El Frente de Defensa chumbivilcano calificó las expresiones como discriminatorias y exige una rectificación inmediata. La fiesta terminó, pero la herida política recién comienza. CuscoPost.
Loreto: Nadie creía en CNI y logramos darle esta alegría a Iquitos
Pasó en el Perú | Loreto. El Club Estudiantil CNI concretó su regreso a la Liga 2 y marcó un hito deportivo para Loreto. Abel Lobatón, gerente deportivo, señaló que el ascenso es el resultado de un proceso que inició con escepticismo, pero que hoy se traduce en un objetivo cumplido.
“Gracias por no creer en nosotros, porque eso nos dio fuerzas para estar donde estamos. A quienes confiaron desde el inicio, hoy les puedo decir misión cumplida”, declaró tras la clasificación.
Lobatón destacó el compromiso del plantel y la emoción que se vive en Iquitos ante la llegada del equipo, anunciando una caravana desde el aeropuerto para recibir a los jugadores. Aunque aseguró que el grupo no tendrá descanso inmediato, precisó que su permanencia en el club aún no está definida.
“Yo ya cumplí mi proceso. No sé si el próximo año estaré, pero me voy con la cabeza en alto”, señaló. El ascenso del CNI abre nuevamente la puerta a un clásico loretano y marca el retorno del fútbol profesional a la región después de varios años. ProyContra.
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Atentado contra Rafael Belaunde pone en jaque el inicio de las elecciones generales 2026: «Es un milagro»
Presidente José Jerí realizará su primera salida presidencial al extranjero
Dan 5 días de plazo a la JNJ para reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo, quien había sido destituido por presuntas vinculaciones con César Hinostroza
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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 02 diciembre 2025
Arequipa: Mineros informales bloquean tramo estratégico de Panamericana Sur CUSCO: Chumbivilcas exige disculpas por frase discriminatoria del alcalde de Cusco LORETO: Nadie creía en CNI y logramos darle esta alegría a Iquitos
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Hoy en Pico a Pico, entrevista a Natalia Sobrevilla. La historiadora peruana analiza el desarrollo del país desde una perspectiva histórica, explicando por qué la realidad nacional no puede leerse solo desde la idea de crisis o progreso permanente. Reflexiona sobre los ciclos, cambios y procesos que han marcado la construcción del Perú contemporáneo.
Además, destaca el rol de la ciudadanía, la importancia de comprender el pasado para analizar el presente, la toma de decisiones y la memoria colectiva influyen en la percepción del país.
Además, conversamos con Rodolfo Sánchez Aizcorbe, quien es editor, junto al internacionalista Farid Kahhat, del libro «Para entender el conflicto palestino-israelí», donde ambos se propusieron esclarecer las versiones contradictorias sobre lo que ocurre en esa región del mundo y centrarse en los hechos para explicar lo que ocurre.
Así, hablamos sobre los orígenes del conflicto, las principales desinformaciones, la situación actual en Gaza y la posible solución a corto o mediano plazo.
Fundadora y directora de El Búho. Es periodista con más de 20 años de experiencia dedicada a temas de corrupción, conflictos socioambientales y derechos humanos.
La Contraloría General de la República identificó una situación crítica en la morgue de la División Médico Legal de Ica durante un operativo multisectorial desplegado en toda la región. Según el informe preliminar, el establecimiento no tiene condiciones mínimas para conservar cadáveres y expone a su personal a riesgos sanitarios. El hallazgo fue realizado en […]
La Contraloría General de la República identificó una situación crítica en la morgue de la División Médico Legal de Ica durante un operativo multisectorial desplegado en toda la región. Según el informe preliminar, el establecimiento no tiene condiciones mínimas para conservar cadáveres y expone a su personal a riesgos sanitarios.
El hallazgo fue realizado en el marco de una intervención simultánea en las cinco provincias de Ica, donde más de 60 auditores verificaron el funcionamiento de entidades públicas. En el caso de la morgue, se constató que las cámaras de frío, el sistema de aire acondicionado y los extractores de aire permanecen inoperativos desde julio, impidiendo la adecuada preservación de cuerpos.
Durante la visita, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, advirtió que los trabajadores están expuestos a contaminación generada por cadáveres en descomposición, lo que agrava las condiciones de salubridad del servicio. También señaló retrasos en las muestras de patología y confirmó que desde enero no se realizan análisis de alcoholemia por falta de operatividad.
https://www.facebook.com/reel/832059739421024
«Actualmente en el área de la morgue se tenía la capacidad de hasta 13 cadáveres y hasta la fecha ya no se puede almacenar ni uno más. Desde el mes de julio, todas las instalaciones no funcionan y hemos podido visualizar hasta 6 cadáveres en descomposición dado que no existe una cámara de frpio un extractor de aire y las condiciones de salubridad no son las mejores» explicó.
Operativo a nivel de la región Ica
El operativo incluyó la inspección de 15 instituciones públicas en paralelo. En el Hospital Santa María del Socorro, se detectó la ausencia de un equipo estacionario de Rayos X, lo que limita la atención a casos de emergencia. Además, se constató que un tomógrafo opera desde hace tres años sin licencia del Instituto Nacional de Energía Nuclear, impidiendo verificar los niveles de radiación que recibe el personal y los pacientes.
La Contraloría informó que el despliegue de auditores provenientes de Lima y de la Gerencia Regional de Control de Ica continúa en sectores como educación, salud, seguridad, transporte y comunicaciones, cultura y saneamiento, con el fin de recoger evidencias sobre el estado del servicio público.
Según la entidad fiscalizadora, los resultados permitirán elaborar informes de control con carácter preventivo, destinados a que las instituciones involucradas adopten medidas correctivas. La Contraloría sostuvo que estas acciones buscan evitar riesgos mayores y garantizar que los servicios esenciales operen bajo condiciones adecuadas.
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Mineros informales han radicalizado sus medidas y han comenzado a cerrar vías importantes. En Ocoña, largas filas de vehículos permanecen varadas pese a una breve tregua de los manifestantes, quienes han pedido a transportistas y pasajeros que ya no viajen más porque no piensan moverse hasta que se apruebe la ampliación del Reinfo. En Lima la situación es similar: cientos de mineros marchan por avenidas principales, generando un tráfico asfixiante y anunciando que, si es necesario, pasarán Navidad y Año Nuevo protestando y acampando frente al Congreso.
Toda esta presión responde al dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, que propone extender el Reinfo hasta diciembre de 2027, suspender exclusiones y permitir reincorporar a mineros retirados del registro. Esta medida ha sido celebrada por gremios como la CONFEMIN. Su presidente, Máximo Franco Becker, afirmó: “Seguiremos movilizándonos hasta que el Pleno ratifique esta ampliación”.
Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, José Jerí, ha marcado distancia. Señaló que una prórroga tan larga no es viable y que el Ejecutivo la observará si no se realizan cambios. La PCM también adelantó que no respaldará una norma que flexibilice en exceso el proceso de formalización.
Mientras el dictamen espera fecha de debate en el Pleno, las protestas continúan en carretera y en la capital. Gremios presionan para que se apruebe sin cambios; el Ejecutivo, por el contrario, advierte riesgos ambientales y legales. El futuro del Reinfo, y de miles de mineros entre la informalidad y la incertidumbre, sigue en manos del Congreso.
En medio de los cuestionamientos a la obra de reconstrucción del centro histórico de Piura, se confirmó la renuncia del ingeniero Oscar Pozo Rentería, residente del proyecto. Su salida quedó registrada en el asiento N.º 104 del cuaderno de obra, con fecha 21 de noviembre de 2025. Tras confirmarse la salida de Pozo, los vecinos […]
En medio de los cuestionamientos a la obra de reconstrucción del centro histórico de Piura, se confirmó la renuncia del ingeniero Oscar Pozo Rentería, residente del proyecto. Su salida quedó registrada en el asiento N.º 104 del cuaderno de obra, con fecha 21 de noviembre de 2025.
Tras confirmarse la salida de Pozo, los vecinos y comerciantes del centro volvieron a las calles para continuar con las movilizaciones contra la forma como se viene ejecutando la obra a cargo del Gobierno Regional y la empresa contratista Diamantes JUBERS SAC.
Fernando Casanova, asesor legal de la JUVECO del Parque Tres Culturas, indicó que esto no es un motivo de celebración, sino que es una clara evidencia de que la ejecución de la obra del centro de la ciudad tiene una serie de deficiencias.
“La renuncia del residente de obra es prueba de que lo que se reclama no es un antojo del piurano, ni un capricho. (…) Hoy se conoció oficialmente que el capitán del barco se ha bajado. Él en el colegio de ingenieros manifestó que el expediente tenía una deficiencia profunda”, señaló.
Riesgo de retrasos
Casanova aseguró además que, con esta renuncia y por las propias advertencias del ingeniero Pozo Rentería, la obra podría prolongarse mucho más de lo previsto, generando un impacto directo en el centro urbano.
“Con su renuncia está dejando en claro que ese expediente no va a servir para sacar adelante este proyecto (…). Es evidente que lo que él dijo, se van a duplicar los costos y por ende se va a duplicar el plazo”, indicó.
Acciones legales en marcha
Mientras tanto, según el asesor legal, ya se viene trabajando en diferentes frentes para frenar el avance de una obra que consideran técnicamente inviable. Las gestiones incluyen acciones fiscales, pedidos de control y análisis externos del expediente.
“Hemos denunciado ante la Fiscalía Ambiental, presentado un pedido a la Fiscalía de Prevención del Delito y solicitado a Contraloría que active mecanismos de control. Además, con nuevos estudios técnicos, esta semana se interpondrá una acción de amparo colectiva para pedir que se detenga la obra de manera cautelar”, informó Casanova.
Por su parte, el escritor piurano Cronwell Jara, en su visita por la ciudad, cuestionó duramente la actuación de autoridades regionales y municipales, señalando que las decisiones adoptadas generan sospechas y afectan directamente a la ciudad.
¿Qué les pasa a los gobernadores y alcaldes que a fines de año hacen todo esto? Todos sabemos que detrás hay intereses y beneficios futuros, mientras dejan la ciudad destruida. Esto merece cárcel. Que se cuiden, porque están cometiendo un delito que atenta contra la vida de la ciudad”, advirtió.
Con la obra avanzando en medio de cuestionamientos, los comerciantes y vecinos del centro aseguran que mantendrán las protestas, a la espera de que la autoridad defina con claridad si el proyecto continuará tal como está o será replanteado.
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El Camal Municipal de Jaén reabrió sus actividades este lunes primero de diciembre tras levantarse las observaciones realizadas por Senasa. El administrador informó que el servicio se brindará todos los días desde las 5 de la mañana y que el recinto está operando como camal de tipo I. Según explicó el administrador del Camal Municipal, […]
El Camal Municipal de Jaén reabrió sus actividades este lunes primero de diciembre tras levantarse las observaciones realizadas por Senasa. El administrador informó que el servicio se brindará todos los días desde las 5 de la mañana y que el recinto está operando como camal de tipo I.
Según explicó el administrador del Camal Municipal, Wiliam Linares, la institución retomó sus operaciones luego de subsanar las observaciones técnicas efectuadas por Senasa, aunque aún no cuentan con la autorización final del organismo. Señaló que el servicio se ha organizado en dos turnos: desde las 5 a. m. para el sacrificio de reses y a partir de las 11 a. m. para cerdos, a fin de evitar contaminación cruzada. Actualmente, se realiza un promedio de 30 sacrificios diarios, mientras se espera una nueva visita de Senasa el próximo mes.
El funcionario indicó que, con la reapertura, las demás áreas de la municipalidad deberán reforzar la fiscalización para evitar el funcionamiento de camales clandestinos. Aseguró que el recinto aplica medidas de inocuidad, restringe el ingreso a personas sin indumentaria adecuada y cuenta con personal autorizado para el proceso de sacrificio. Agregó que, a medida que se cumplan nuevas mejoras e inversiones, se incrementará la capacidad operativa.
Finalmente, precisó que la reapertura se da con viabilidad otorgada por Senasa, más no con la autorización definitiva, por lo que el camal continúa en proceso de adecuación. La municipalidad espera que, tras las próximas inspecciones, se emita el documento formal que habilite plenamente su funcionamiento.
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Este escenario se produce en un contexto donde Perú ha reforzado la presencia policial y militar en la zona, intentando contener la llegada de decenas de migrantes
La crisis en la frontera entre Perú y Chile ha sacado a la luz una grave situación de presunta corrupción dentro de la policía peruana. Choferes de camiones y taxistas denunciaron ante la prensa chilena que agentes fronterizos están cobrando por permitir el paso de inmigrantes indocumentados. Estas revelaciones de presuntos sobornos han sido difundidas ampliamente por diversos medios del país vecino.
Este escenario se produce en un contexto donde Perú ha reforzado la presencia policial y militar en la zona, intentando contener la llegada de decenas de migrantes, principalmente de Venezuela, Colombia y Ecuador, dejando a varias familias atrapadas sin poder cruzar el límite territorial.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La visita del presidente José Jerí al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) generó malestar entre autoridades locales y pobladores, luego de que su agenda se centrara exclusivamente en actividades castrenses, sin espacios efectivos para abordar las urgentes demandas sociales de la zona. El mandatario llegó a la sede del Comando Especial […]
La visita del presidente José Jerí al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) generó malestar entre autoridades locales y pobladores, luego de que su agenda se centrara exclusivamente en actividades castrenses, sin espacios efectivos para abordar las urgentes demandas sociales de la zona. El mandatario llegó a la sede del Comando Especial (CE-Vraem) y se desplazó a otras instalaciones militares bajo un fuerte resguardo de seguridad y portando chaleco antibalas, una imagen que, según asistentes, transmitía la sensación de encontrarse “en un territorio en guerra”.
Aunque Jerí sostuvo una breve reunión con algunos alcaldes del Vraem y autoridades locales afirmaron que el encuentro fue apresurado y sin oportunidad de discutir temas como obras paralizadas, déficit de infraestructura, educación, salud y necesidades ciudadanas. La agenda oficial no incluía puntos sociales, confirmando que el enfoque de la visita fue estrictamente militar. Durante su recorrido, el presidente inspeccionó capacidades operativas del CE-Vraem, tanto fluviales como terrestres, y participó en ceremonias de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por su labor en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Mientras tanto, a las afueras del comando, un grupo de pobladores esperó por horas con la intención de plantear sus inquietudes. Sin embargo, Jerí solo les dirigió un saludo rápido al retirarse, sin sostener diálogo directo. La visita, que se desarrolló y concluyó en el mismo día, reavivó críticas sobre la distancia del Ejecutivo respecto a la agenda social del Vraem una de las zonas con mayores brechas del país. Para autoridades y ciudadanos, la presencia del presidente fue más simbólica que efectiva, y representó una oportunidad perdida para atender problemáticas históricas de la región.
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En Juliaca, un operativo conjunto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Comisaría PNP Juliaca permitió decomisar seis ranas del Titicaca que estaban siendo ofertadas de manera ilegal en un establecimiento de productos naturistas. La intervención se desarrolló el 2 de diciembre como parte de las acciones para frenar el tráfico […]
En Juliaca, un operativo conjunto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Comisaría PNP Juliaca permitió decomisar seis ranas del Titicaca que estaban siendo ofertadas de manera ilegal en un establecimiento de productos naturistas. La intervención se desarrolló el 2 de diciembre como parte de las acciones para frenar el tráfico de fauna silvestre en la región.
Los especímenes estaban almacenados en un balde y se ofrecían como ingrediente para la preparación de jugos, una práctica prohibida por la ley. Tras la incautación, el equipo técnico del SERFOR verificó su estado y procedió a liberarlos siguiendo los protocolos establecidos para la especie.
Uso ilegal de fauna silvestre y procedimientos sancionadores
La rana del Titicaca es una especie endémica del lago que lleva su nombre y se encuentra protegida por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por este motivo, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno inició un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los responsables de la tenencia y comercialización ilegal.
El administrador técnico del SERFOR Puno, Elmer Radich Ventura Flores, recordó “que es imprescindible proteger a este anfibio, porque permite evaluar la salud del lago y, además, se encuentra en ‘peligro crítico’ según la Lista Nacional de Especies Amenazadas (Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI)”, afirmó.
Entre setiembre y octubre, el SERFOR realizó dos intervenciones en la provincia de San Román que permitieron recuperar un ejemplar disecado de vicuña y siete subproductos de parihuana (Foto: SERFOR)
Radich Ventura señaló que los operativos en Juliaca se han incrementado ante el avance del comercio clandestino. “En los últimos meses hemos decomisado partes de animales silvestres que eran ofrecidos al público, exponiendo a estas especies a situaciones de extrema crueldad. Hacemos un llamado a la población a evitar prácticas ilícitas que afectan gravemente a la fauna y a los ecosistemas”, agregó.
Más intervenciones recientes en Puno
Entre setiembre y octubre, el SERFOR realizó dos intervenciones en la provincia de San Román que permitieron recuperar un ejemplar disecado de vicuña (Vicugna vicugna) y siete subproductos de parihuana (Phoenicopterus chilensis) y carpintero andino (Colaptes rupicola). Estos materiales estaban a la venta en locales asociados a actividades de curanderismo y chamanería.
La entidad reiteró que la caza, posesión y comercialización de fauna silvestre sin autorización constituyen infracciones muy graves y pueden derivar en sanciones administrativas y penales, incluyendo penas privativas de libertad.
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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública reveló el deficiente desempeño del Gobierno Regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Huancayo en su Reporte de Supervisión de los Portales de Transparencia Estándar del primer semestre de 2025. El Gobierno Regional alcanzó solo un 52% de cumplimiento en la difusión […]
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública reveló el deficiente desempeño del Gobierno Regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Huancayo en su Reporte de Supervisión de los Portales de Transparencia Estándar del primer semestre de 2025.
El Gobierno Regional alcanzó solo un 52% de cumplimiento en la difusión de información obligatoria, mientras que la municipalidad logró un 48%. Ambas instituciones figuran entre los niveles más bajos de transparencia activa en el país.
El Gobierno Regional de Junín (GRJ), liderado por el gobernador Zósimo Cárdenas Muje, quedó en el antepenúltimo lugar del ranking de gestiones regionales. Junín forma parte del grupo de seis gobiernos regionales que solo difunden la mitad de la información exigida por ley. A nivel nacional, el GRJ se ubicó en el puesto 236 de las 300 entidades supervisadas. Su 52% está por debajo del promedio general de los gobiernos regionales, que fue del 69%.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Huancayo alcanzó un 48% de cumplimiento y se posicionó en el puesto 252 del ranking general. El promedio nacional de las municipalidades provinciales fue de 56%, lo que deja a Huancayo claramente por debajo del desempeño esperado para su tipo de entidad.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública también advirtió que ningún gobierno regional del país cumple con difundir el 100% de la información obligatoria entre enero y junio de 2025.
Contexto en la región
Otras instituciones de Junín también registraron resultados críticos:
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP): obtuvo un 33% de cumplimiento y se ubicó entre las doce entidades con los puntajes más bajos del país. El grupo de universidades públicas alcanzó un promedio de 51%.
Corte Superior de Justicia (CSJ) de Junín: logró un 61% de cumplimiento.
Corte Superior de Justicia de La Selva Central: alcanzó solo un 49%.
La baja difusión de información obligatoria refleja fallas en los flujos internos de gestión y en la coordinación entre las áreas responsables de alimentar los Portales de Transparencia Estándar. De manera general, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública identificó que los rubros con menor cumplimiento a nivel nacional son Participación Ciudadana (50%) y Registro de Visitas (55%).
Revisa el resultado de la supervisión a los portales de transparencia
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Entre setiembre y octubre, el SERFOR realizó dos intervenciones en la provincia de San Román que permitieron recuperar un ejemplar disecado de vicuña y siete subproductos de parihuana (Foto: SERFOR)