El candidato presidencial Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, afirmó en el debate de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones que el hospital Antonio Lorena de Cusco ha estado 7 años paralizado. 

» El hospital Antonio Lorena ha estado 7 años paralizado «

Sin embargo, esta afirmación es imprecisa. Si bien existió un periodo prolongado de paralización, la historia completa del proyecto revela que no estuvo sólo 7 años detenido, sino que arrastra más de una década sin concluir.

La construcción del hospital Antonio Lorena

La construcción del nuevo hospital Antonio Lorena, en la ciudad de Cusco, comenzó en 2012 con la promesa de ejecutarse en aproximadamente dos años. Este dato puede verificarse en reportes periodísticos sobre el proyecto, como uno realizado por RPP. Sin embargo, la obra no se concluyó y quedó marcada por retrasos, corrupción e incumplimientos contractuales. 

El proyecto no solo se detuvo, sino que atravesó múltiples interrupciones. De hecho, el propio Estado reconoció que el hospital permaneció “durante años paralizado” –más de 13, según una nota de prensa– por problemas técnicos e irregularidades antes de ser reactivado. 

A ello se suma el incremento del monto de inversión. El presupuesto inicial del proyecto se elevó de S/280 millones hasta superar los S/1,000 millones, según información de la Contraloría General de la República. Este aumento refleja los efectos de las paralizaciones, los rediseños y la necesidad de rehacer parte de la infraestructura.

Especialistas cusqueños

PerúCheck se comunicó la exregidora de la municipalidad provincial del Cusco y fundadora de la Asamblea Popular de Cusco, Carmen Luz Cornejo, quien señaló que este hospital se empezó el 2012 y a la fecha no ha sido concluido: “El hospital Antonio Lorena está prácticamente paralizado desde el año 2013 ó 2014, cuando se evidenciaron las adendas que OAS estaba exigiendo sin justificación alguna”. 

Según la exautoridad, desde entonces son diversos gobiernos regionales que intentaron seguir adelante con este proyecto, hasta la fecha aún sin éxito. Se llegó a superar también el presupuesto inicial: “Cuando se presentó el proyecto estaba en S/280 millones. Con Edwin Licona [exgobernador regional] subió como a S/600 millones, con Jean Paul Benavente ya estaba bordeando los S/900 millones y ahora ya pasó los S/1,200 millones y no hay nada”.

Esta misma opinión comparte la abogada cusqueña Florencia Fernández, quien fue parte de la mesa técnica ejecutiva de este hospital, que ahora está desactivada: “Hasta diciembre [del año pasado] solamente había el 75% de avance. A la fecha inclusive nosotros estamos reclamando desde la mesa técnica que se ha paralizado, toda vez que al haber cambios en el gabinete ministerial también la mesa ha dejado de funcionar”, manifestó Fernández. El nuevo plazo de entrega vence en junio de este año. Hasta octubre del año pasado, según el Gobierno Regional, el hospital estaba en un 75% de avance.

Conclusión

Afirmar que el hospital Antonio Lorena de Cusco estuvo paralizado siete años, como dijo el candidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, resulta incompleto. Si bien ese periodo puede formar parte de la historia del proyecto, la evidencia muestra que la obra se inició en 2012, ha sufrido múltiples paralizaciones y sigue sin concluir hasta hoy, por lo que PerúCheck califica las declaraciones de Vizcarra como imprecisas. 

La nota de verificación El hospital Antonio Lorena del Cusco no ha estado paralizado 7 años, como dijo Mario Vizcarra se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

Jorge Nieto tuvo que improvisar un espacio para realizar su cierre de campaña en Arequipa. El partido había denunciado horas antes que la Municipalidad de Arequipa le negó la instalación de un escenario para su mitin.

Pese a ello, el candidato se dio un baño de popularidad, especialmente entre los jóvenes arequipeños. Incluso, se quebró al cantar el himno de Arequipa.

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El video TUVO QUE IMPROVISAR ESCENARIO: JORGE NIETO recibe fuerte apoyo entre JÓVENES en AREQUIPA se publicó en YouTube en este enlace

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El candidato presidencial Jorge Nieto aseguró que, de llegar al Gobierno, no intervendrá en las decisiones que competen exclusivamente al sistema de justicia respecto a la situación legal del expresidente Pedro Castillo. Nieto enfatizó que las determinaciones del Poder Judicial son autónomas y que cualquier intromisión del Ejecutivo desvirtuaría los principios democráticos del país. Según Nieto, su gestión se enfocará en garantizar que todos los procesados tengan un juicio justo bajo el amparo de la ley, sin buscar beneficios políticos a través de la manipulación de sentencias.

Nieto subrayó que no gobernaría buscando la obtención de votos mediante promesas que vulneren la institucionalidad de la Fiscalía o los tribunales. En su lugar, el candidato propone una aplicación de la ley que sea pareja para todos los ciudadanos, garantizando a plenitud los derechos de los acusados. Esta defensa de la autonomía judicial se complementa con su propuesta de fortalecer la lucha contra la corrupción mediante la creación de instituciones totalmente independientes del Gobierno.

También sostuvo que el compromiso presidencial debe limitarse a facilitar el cumplimiento de las normas y a erradicar cualquier sospecha de favoritismo dentro del aparato estatal. Para el candidato, la estabilidad democrática del Perú depende de que la autoridad máxima respete los estándares internacionales de separación de poderes.

Fernando Rospigliosi advierte “barrer” al Poder Judicial, tras conocer fallo judicial que lo condena por difamar a Delia Espinoza | Al Vuelo

Independencia de poderes y ética pública

Propuso que la autoridad máxima debe estar comprometida con un gobierno honesto para nombrar funcionarios de igual calidad ética, evitando el uso del presupuesto público para fines personales o de amistades. Esta visión ética es la que, según Nieto, impedirá cualquier tipo de negociación política sobre procesos judiciales en curso.

Fortalecimiento de la transparencia

Como parte de su estrategia para evitar la impunidad, Nieto planteó la creación de un instituto de transparencia, el cual operaría con la misma autonomía que el Banco Central de Reserva. Esta entidad se encargaría de vigilar las acciones del gobierno en tiempo real, buscando elevar el nivel de exigencia ética en la administración pública. Con este sistema, se busca que la población participe activamente denunciando irregularidades, asegurando que las quejas sean atendidas y sancionadas por la autoridad competente.

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A Carlos Álvarez se le borró la sonrisa. Luego que comenzaran a salir sus videos terruqueando las protestas contra Dina Boluarte, el cómico se puso nervioso al ver peligrar su pase a segunda vuelta.

Durante su paso por Piura, el medio Norte Sostenible le recordó las veces que Álvarez aseguró que las movilizaciones contra Dina eran obra de organismos filoterroristas. En respuesta, el postulante por País para Todos acusó de difamación a la periodista que le hizo la pregunta y negó haber dicho que las personas que protestaban eran terrucos.

Además, se ratificó en su creencia, sin pruebas, que habían delincuentes infiltrados en la marcha. Sin embargo, espacios como La Encerrona encontraron numerosos videos donde el cómico asocia las protestas con grupos terroristas y la destrucción del Perú.
¿Será que Carlos Álvarez es o se hace?

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El video Acorralado por sus VIDEOS: Carlos Álvarez intenta NEGAR su terruqueo pero es EXPUESTO en Piura se publicó en YouTube en este enlace

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Un informe de la Contraloría General expuso irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en la región Arequipa. Tras una revisión realizada entre marzo y abril de 2026, el Órgano de Control Institucional (OCI) identificó que al menos nueve servidores que ejercen funciones clave no cumplen con los requisitos de colegiatura o se encuentran en condición de “inhabilitados” en sus respectivos colegios profesionales.

La situación adversa, detallada en el documento N° 008-2026-OCI/1323-SOO, pone en riesgo la validez legal de los actos y documentos que estos funcionarios emiten en el ejercicio de sus cargos.

Economistas, arquitectos y periodistas en la mira

La comisión de control verificó la situación de 33 profesionales que laboran en la comuna arequipeña. Entre ellos, cinco son economistas, 22 arquitectos y seis periodistas o comunicadores. Si bien la mayoría cuenta con título universitario, el problema radica en su estatus frente a los colegios profesionales que exige la ley.

De acuerdo con el cruce de datos realizado por la Contraloría, el panorama es el siguiente:

• Economía: De los cinco profesionales, uno aparece como “inhabilitado” en el registro del Colegio de Economistas de Arequipa. Se trata de Rafael Duilio Berríos Pinto, quien labora en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones.
• Arquitectura: Cuatro de los 22 arquitectos figuran como “inhabilitados” en el padrón del Colegio de Arquitectos del Perú. Entre ellos se encuentran el subgerente de Mantenimiento de Infraestructura y Vías, José Luis Vera Chamorro, y el gerente de Obras Privadas, Nildo Floyd Ortiz Luque, entre otros.
• Periodismo y comunicación: El caso más crítico. Solo uno de los seis profesionales aparece colegiado y habilitado en el Colegio de Periodistas del Perú. Los cinco restantes o no están colegiados o, tras consultar en el Colegio de Relacionistas Públicos del Perú, se encontró que algunos tampoco están habilitados. Entre los afectados figuran Junior Cobarrubia Vásquez (Oficina de Imagen Institucional) y Verónica Katherin López García, quien figura como inhabilitada en su especialidad.

Jorge Nieto sobre indulto a Pedro Castillo: No me entrometo en decisiones del Poder Judicial

¿Qué dice la ley y cuál es el riesgo?

El informe de la Contraloría recuerda que varias normas son claras al respecto. La Ley N° 24898 exige que los periodistas que presten servicios en gobiernos locales sean necesariamente colegiados. De manera similar, la Ley N° 15488 (para economistas) y la Ley N° 28966 (para arquitectos) establecen la obligatoriedad de estar colegiado y habilitado para ejercer en el sector público.

El incumplimiento, según el documento oficial, genera un riesgo concreto: “que los actos y documentos emitidos […] puedan ser cuestionados en cuanto a su validez”. En otras palabras, desde informes técnicos hasta resoluciones y contratos suscritos por estos nueve servidores podrían ser anulados si alguien impugna su legalidad.

El órgano de control ya remitió el hallazgo al alcalde de Cerro Colorado, Manuel Enrique Vera Paredes, mediante el Oficio N° 000097-2026-CG/OC1323. La autoridad edil tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para informar las acciones preventivas o correctivas que adoptará. Mientras tanto, la municipalidad arequipeña sigue funcionando con profesionales que, en los papeles, no están plenamente habilitados para ejercer.

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El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, cerró su campaña el martes 7 de abril en Arequipa, acompañado de simpatizantes que lo respaldaron en un recorrido por las principales calles de la Ciudad Blanca.

La caminata incluyó un paso por la calle Santa Catalina, hasta culminar en la emblemática Plaza de Armas de Arequipa. Posteriormente, la comitiva se trasladó al local partidario ubicado en la calle San Lázaro, donde Valderrama ofreció una conferencia de prensa.

Los temas clave que marcaron su mensaje en Arequipa

Durante su participación en Arequipa, Valderrama abordó diversos problemas que afectan tanto a la región como al país. Entre los principales temas destacó el deficiente sistema de transporte, la crisis energética y la inseguridad ciudadana.

En su mitin, se refirió a la inseguridad ciudadana, planteando como principal medida la cadena perpetua para funcionarios que se coludan con organizaciones criminales. “En el tercer gobierno del APRA, todo juez, fiscal, policía, militar, personal del INPE o alto burócrata que se coluda con los mandos criminales será sancionado con cadena perpetua”, afirmó.

Candidatos presidenciales fijan su ‘cierre de campaña’ electoral con mítines en Lima y regiones

Mensaje de cierre

Por otro lado, recomendó a la ciudadanía no votar por los mismos candidatos que han gobernado los últimos años. “Yo le diría a la ciudadanía, más bien, que no voten por aquellos que han gobernado estos últimos años y que han hecho del país una repartija”, expresó.

De esta forma, el candidato cerró su campaña en la Ciudad Blanca y adelantó que próximamente realizará sus cierres de campaña en Cusco, Huaraz, Chimbote y finalmente en la ciudad de Lima.

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CADA VEZ PEOR | Tres nuevos casos que involucran a agentes de la PNP en presuntos delitos han vuelto a remecer a la institución. En Huaura (Lima), efectivos estarían implicados en una presunta extorsión y secuestro contra dos mujeres, a quienes exigían el pago de S/ 10 mil a cambio de no sembrarles droga.

En Tacna, un agente fue vinculado al robo de S/ 7 mil y un celular. El hecho se descubrió cuando los familiares de la víctima activaron el sistema de geolocalización (GPS) del equipo, lo que permitió su intervención. En tanto, en Cusco, otro policía es investigado por su presunta participación en el traslado de drogas.

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El video ¡CAPTADOS COMO DELINCUENTES! | Extorsión, secuestro, robo y drogas: tres casos que golpean a la PNP se publicó en YouTube en este enlace

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CONDENADO POR DIFAMACIÓN | Fernando Rospigliosi fue sentenciado a nueve meses de prisión suspendida por difamar a Delia Espinoza. Además, deberá pagar una reparación civil de 200 mil soles.

El congresista fujimorista la calificó de aliada “proterrorista” y “desquiciada” cuando ella se desempeñaba como fiscal de la Nación, declaraciones que terminaron llevándolo al banquillo de los acusados en un proceso que hoy llega a su desenlace.

El caso se remonta a una serie de afirmaciones públicas realizadas por Rospigliosi, en las que cuestionaba duramente la labor de Espinoza, generando una fuerte controversia política y mediática. La exmagistrada decidió iniciar acciones legales al considerar que estas expresiones no solo atentaban contra su honor, sino que también buscaban desacreditar su trayectoria en el Ministerio Público.

Durante el juicio, la defensa del parlamentario intentó sostener que sus declaraciones se encontraban dentro del marco de la crítica política. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que se trató de afirmaciones difamatorias. Afirmaciones que excedieron los límites de la libertad de expresión, afectando directamente la reputación de Espinoza.

Previo a conocerse la sentencia, diversas figuras políticas, entre ellas expresidentes del Congreso, salieron en defensa de Rospigliosi, señalando que una eventual condena podría interpretarse como un precedente peligroso para la libertad de opinión en el ámbito político. Aun así, el fallo judicial marcó una línea clara respecto a los límites del discurso público cuando se trata de acusaciones graves sin sustento.

Por su parte, Delia Espinoza sostuvo desde el inicio del proceso que su objetivo no era político, sino sentar un precedente frente a lo que consideró ataques injustificados y sin pruebas. La exfiscal remarcó que ningún funcionario o figura pública debería ser objeto de acusaciones que los vinculen con delitos tan graves sin evidencia.

Este caso vuelve a poner en debate el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto al honor, especialmente en un escenario político cada vez más polarizado. Aquí los calificativos extremos parecen haberse vuelto parte del discurso cotidiano.

La sentencia contra Rospigliosi no solo implica una sanción penal suspendida y una reparación económica. También deja un mensaje claro: la confrontación política no puede cruzar la línea hacia la difamación sin consecuencias.

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El video El Fujimorismo PIERDE ante la Justicia y condenan a Rospigliosi a PRISIÓN por DIFAMAR a Espinoza se publicó en YouTube en este enlace

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PASÓ EN EL Perú | La comunidad agrícola de La Rivera, en Huánuco, logró que se anule una constancia de posesión vinculada a presuntos mineros ilegales tras ocho meses de trámite. El conflicto involucra más de 500 hectáreas ocupadas históricamente por agricultores, quienes denuncian irregularidades en documentos recientes y temen perder tierras que sostienen su subsistencia.

Aunque la resolución invalida uno de los documentos cuestionados, aún falta pronunciamiento sobre un segundo caso que mantiene la tensión y preocupación en la zona. Los pobladores exigen una solución integral, denuncian amenazas y presiones, y piden intervención del Estado para garantizar seguridad jurídica y proteger sus tierras.

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El video Conflicto por tierras en Huánuco: anulan constancia ligada a presuntos mineros ilegales se publicó en YouTube en este enlace

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LAS LLUVIAS NO PARAN | El río Garou se desbordó a consecuencia de las intensas lluvias registradas en la provincia de Chanchamayo, región Junín (Selva Central). El incremento del caudal arrasó dos puentes y generó alarma entre los vecinos de La Merced.

En tanto, la región Loreto ha sido azotada por torrenciales precipitaciones que han provocado inundaciones en varias calles de Iquitos, afectando viviendas y el tránsito de vehículos.

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El video ¡EMERGENCIA EN LA SELVA! | Río de desborda en Junín y Loreto soporta torrenciales lluvias se publicó en YouTube en este enlace

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En Iquitos, donde los caminos no siempre son de tierra y el agua marca el ritmo de la vida, el cine también encontró su propia forma de navegar. Del 11 al 24 de mayo regresa Muyuna Fest, un festival que ha hecho de la Amazonía peruana un punto de encuentro para cineastas, artistas, activistas y diferentes públicos. Allí, la selva aparece como un territorio vivo y compartido, atravesado por su historia, la diversidad de sus pueblos, sus luchas persistentes y una fuerza creativa que resiste e imagina otros futuros.

En sus redes sociales, la tercera edición de este festival de cine selvático flotante se presenta como dos semanas de “encuentro, conspiración y cine en el río”, con la ciudad de Belén nuevamente en el centro. La programación incluye proyecciones, talleres, laboratorios, música, arte urbano y procesos de formación. 

Desde ese barrio anfibio, el festival impulsa una manera de hacer y compartir cine desde el territorio, con una mirada descentralizada y decolonial, que rompe con las historias comúnmente contadas desde fuera y abre espacio a las voces amazónicas. 

El cine como herramienta de memoria y defensa

En un país donde la producción audiovisual y gran parte de sus circuitos siguen concentrados en Lima, Muyuna Fest apertura otro centro en plena Amazonía. Ya lo había mostrado en mayo de 2024, durante su primera edición, cuando decenas de barcas se reunieron sobre las aguas del río Itaya para vivir tres noches de cine flotante, dejando imágenes tan sorprendentes como inolvidables que terminaron dando la vuelta al mundo. 

A puertas de su tercera edición, conversamos con Livia Silvano, una de las personas detrás de Muyuna Fest, quien nos comparte que la elección de Belén responde también a una historia colectiva de la que ella forma parte. “Yo he crecido ahí”, dice. Desde ese lugar, busca cuestionar la mirada reducida con la que tantas veces se retrata al barrio flotante, casi siempre ligado a la contaminación, la violencia o la drogadicción. “Queremos mostrar este lado humano, este lado que ha venido luchando desde siempre porque parte de la población de esta comunidad ha sido desplazada de su territorio”, afirma.

Livia también nos cuenta que su proceso de reconocerse como kukama la llevó a comprender mejor la historia de Belén como territorio de poblaciones desplazadas. En ese camino encontró memorias conectadas con la época del caucho y entendió que el barrio carga una historia mucho más profunda que la del estigma con que se le asocia e incluso marginaliza. En ese sentido, Belén no es solo el epicentro donde ocurre Muyuna Fest. Belén es un espacio al que el festival busca devolver valor, visibilidad y sobre todo, dignidad. 

“Yo veo el cine como una herramienta de defensa, de visibilidad, de resistencia y de lucha, y (desde Muyuna) buscamos que todo eso también pueda replicarse”, reflexiona Livia.

El tema de este año: la memoria del caucho y los nuevos extractivismos

Este año, Muyuna Fest se centra en una de las heridas más profundas de la Amazonía: la violencia desatada durante la época del caucho. Al hacerlo, invita a mirar una historia marcada por la explotación, el despojo y la violencia contra los pueblos indígenas. Es por ello que el festival se suma a las demandas de justicia y reparación, y también cuestiona los modelos extractivistas que actualmente siguen afectando a la Amazonía y quienes la habitan. 

Ese eje atravesará también una de sus actividades principales: el Laboratorio Flotante. La propuesta consiste en una travesía de creación audiovisual a bordo de un barco de carga que cruza la selva hasta llegar a Iquitos. Durante el trayecto, cineastas, comunicadores, artistas y creadores comparten el viaje mientras desarrollan ficciones, documentales, piezas experimentales y otros formatos. Estas creaciones dialogan con las memorias del caucho, las violencias históricas en la Amazonía y los nuevos extractivismos.

Livia describe esta experiencia como uno de los momentos más intensos del festival. “Podemos crear sin límites en cuanto a historias”, señala. Parte de esta singularidad está en el viaje mismo: “Lo exótico de este laboratorio es que viene cruzando tres ríos, viene desde Ucayali, luego entra al Amazonas y luego al Itaya. A lo largo de esa travesía, tenemos sabedores y guías que acompañan también el proceso. El reto es crear en un solo espacio en movimiento”.

Una agenda abierta para crear, aprender y compartir

La programación de Muyuna Fest será diversa. Según detalla Livia, este año habrá funciones en el cineclub Manguaré y en plazas, además de talleres de cine comunitario en Maricay, una comunidad muruy a la que el festival busca rendir homenaje. Esta decisión está vinculada con el tema de la edición y con el interés de involucrar a personas y comunidades atravesadas por esta historia. Otro de los talleres se realizará en Belén, específicamente con jóvenes de Pueblo Libre. También se preparan actividades para niños, como pintura, teatro, workshops y capacitaciones pensadas para acercar el arte a las comunidades.

“Queremos reivindicar, visibilizar y empoderar a los jóvenes, básicamente, para que sean ellos quienes cuenten estas historias y no de una manera en donde nos victimizamos, sino contando una realidad que venimos luchando desde hace mucho tiempo”, reflexiona.

A ese esfuerzo se suma una nueva apuesta: la primera residencia de animación AniMuyuna Lab 2026, que se realizará del 12 al 25 de abril. La iniciativa ofrecerá mentorías, desarrollo de proyectos, intercambio creativo, conexión con saberes ancestrales, alojamiento, alimentación, apoyo de pasajes para parte de las personas seleccionadas y la posibilidad de difundir los cortos en festivales y plataformas. 

Escenario florante recibe nominación a premio internacional

Otro elemento que define la identidad de Muyuna Fest es su escenario flotante, diseñado por Espacio Común, el colectivo de arquitectos y activistas que levantó la plataforma principal del festival en Belén. Se trata de una estructura circular de madera inspirada en las muyunas, como se le conoce a las corrientes giratorias del río. Sobre el mismo se proyectan películas, se realizan presentaciones artísticas y también funciona como un espacio de recorrido, encuentro y desembarco. Esta propuesta ha sido recientemente nominada al Premio Obra del Año 2026 de ArchDaily entre más de 700 proyectos a nivel global.

Cabe resaltar que casi todas las actividades dentro de la ciudad serán gratuitas, una decisión que va de la mano con la vocación abierta y comunitaria del festival. Livia remarca que cualquier persona interesada en el audiovisual o en conocer más sobre la relación que se tejen entre las selvas del mundo está invitada a participar. 

Muyuna significa remolino. Y tal vez no haya mejor imagen para terminar de explicar este festival. Un movimiento que junta memorias, luchas, afectos, preguntas y nuevas formas de crear. En un país donde la Amazonía ha sido narrada demasiadas veces desde lejos, Muyuna Fest abre otra ruta. Una en la que la selva se cuenta desde sí misma, desde sus voces, sus tiempos, su memoria, sus heridas, su belleza y su propia voz.

Conoce más sobre el festival aquí.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión | Agencia de Prensa Ambiental

La Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre (Asfah) expresó su rechazo al Decreto Supremo 003-2026-DE, al considerar que la norma podría afectar los procesos de búsqueda de justicia en casos vinculados a intervenciones de las Fuerzas Armadas durante estados de emergencia. Yovana Mendoza, presidenta de la organización, sostuvo que el dispositivo legal genera preocupación entre los familiares de víctimas, quienes, según indicó,  continúan a la espera de sanciones en casos ocurridos en años recientes. 

En esa línea, cuestionó que el decreto establezca criterios que, a su juicio, podrían limitar la responsabilidad de efectivos militares en operativos de control del orden interno. Advirtió que la medida podría ser interpretada como un respaldo legal que dificulte la investigación de presuntos abusos, lo que incrementa la desconfianza en las instituciones. Asimismo, indicó que existe preocupación por el impacto que tendría en el ejercicio del derecho a la protesta, especialmente en contextos donde se declare estado de emergencia.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

Representantes de comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón se concentraron en el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir el cumplimiento de acuerdos asumidos en mesas de diálogo. 

Juan Montero García, dirigente de la plataforma Puinamud, sostuvo que las demandas se arrastran desde hace años sin resultados y que la movilización responde a la falta de atención. 

“Hemos agotado el diálogo y no nos vamos a mover mientras no haya una solución”, declaró. Los dirigentes cuestionaron la falta de avances en proyectos productivos, así como en salud y educación, y señalaron que no se ha ejecutado el presupuesto comprometido para las comunidades. 

Indicaron que iniciativas valorizadas en millones de soles no se han concretado y que incluso se les informó que ya no cuentan con financiamiento. Advirtieron que, de no recibir una respuesta clara, convocarán a más comunidades a sumarse a la protesta. “Representamos a cinco pueblos indígenas y exigimos resultados concretos”, señalaron. 

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El dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Puno, Rodolfo Cutipa, rechazó el alza de pasajes en el transporte público, denunciando que los conductores usan el incremento de combustibles como pretexto para elevar tarifas arbitrariamente.

Cutipa, denunció además que, los transportistas cobran hasta un sol con veinte céntimos por pagos mediante Yape, una práctica que calificó como abuso directo contra la población puneña, sumando así una segunda afectación económica a los usuarios.

En ese sentido, el dirigente declaró que «de continuar esta situación, se debería evaluar la implementación de la ruta libre», advirtiendo que existen personas dispuestas a brindar el servicio sin perjudicar a los ciudadanos.

Cuestionamiento al alcalde y legitimidad de los diálogos

Cutipa, cuestionó también al alcalde Javier Ponce Roque, señalando que estaría dialogando con organizaciones sin legitimidad representativa, lo que debilitaría cualquier acuerdo o solución que emerja de esas mesas de conversación.

Esta situación, refleja una tensión acumulada entre la ciudadanía puneña y el sector transporte, donde los incrementos de combustible se repiten como justificación recurrente para elevar tarifas sin respaldo técnico ni autorización formal.

Cutipa, reiteró su exigencia de medidas concretas en favor de la población, advirtiendo que la ruta libre representaría una alternativa real si las autoridades municipales no actúan con firmeza frente a los abusos tarifarios denunciados.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio | Últimas Noticias de Puno, Perú y el Mundo

La municipalidad provincial destina recursos económicos significativos para garantizar el mantenimiento vial en La Convención con el objetivo de proteger a los conductores. Esta iniciativa técnica busca prolongar la vida útil de las infraestructuras terrestres mediante la ejecución eficiente de fondos provenientes del importante canon gasífero.

El gerente del Instituto Vial Provincial, Vladimir Simón Echegaray, confirmó la asignación de aproximadamente dos millones setecientos mil soles para estas labores fundamentales. Adicionalmente, la entidad gestiona un millón setecientos setenta y cuatro mil doscientos tres soles mediante un convenio estratégico firmado con Provías Descentralizado.

Estas cifras representan un esfuerzo presupuestal coordinado para atender las necesidades urgentes de conectividad en las zonas rurales y urbanas de la provincia. Las autoridades locales priorizan la transitabilidad segura para facilitar el transporte de productos agrícolas y el movimiento diario de los ciudadanos convencianos. El plan operativo incluye intervenciones directas en diversas rutas que requieren atención técnica especializada para evitar el deterioro temprano del asfalto.

Vladimir Simón Echegaray lidera los procesos de convocatoria pública para seleccionar a las empresas responsables de ejecutar estas tareas de ingeniería civil necesarias. La gerencia del IVP coordina actualmente la atención de diecinueve tramos específicos distribuidos estratégicamente dentro de la geografía accidentada de la región cusqueña. Los distritos beneficiados por este presupuesto incluyen a Huayopata, Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba, Quellouno, Echarati, Pichari, Kimbiri y también el distrito de Kumpirushiato.

Canon gasífero financia el mantenimiento vial en La Convención

El presupuesto del canon gasífero permite también la atención inmediata de emergencias climáticas que afectan constantemente la red vial de la zona. Las cuadrillas de trabajo iniciaron recientemente la limpieza de derrumbes como una medida preventiva vital antes de la llegada de las lluvias intensas.

Vladimir Simón Echegaray anunció que pronto comenzarán las actividades de recuperación en los caminos vecinales del distrito capitalino de Santa Ana actualmente. Estas acciones integrales pretenden reducir los riesgos de accidentes y mejorar la calidad de vida de los habitantes en los nueve distritos mencionados. El funcionario municipal destacó que la transparencia en el uso de los fondos públicos asegura el cumplimiento de las metas físicas programadas este año.

La población espera que los trabajos culminen en los plazos establecidos para evitar interrupciones en el comercio local y el turismo regional. Cada sol invertido en las carreteras fortalece la economía de las familias que dependen directamente de una infraestructura de transporte moderna y segura. La municipalidad provincial reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible mediante la gestión técnica de estos importantes recursos financieros del Estado peruano.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

El 17 de marzo de 2026, el candidato a la presidencia por Sí Creo, Carlos Espá, participó del Foro de Candidatos a la Presidencia, desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, en el marco de las Elecciones Generales 2026. En ese contexto, al referirse a las sanciones en el transporte, señaló: “A un taxista por no tener extinguidor le ponen una multa de S/550”.

PerúCheck revisó las normativas vigentes y encontró que la cifra planteada para esta infracción no corresponde a la mencionada por el candidato.

¿Qué pasa si un taxi no cuenta con extintor? 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), publicado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), constituye una infracción que un vehículo de transporte no cuente con los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos el extintor.

La norma precisa que está prohibido “utilizar vehículos que no cuenten con alguno o cualquiera de los elementos de seguridad y emergencia […] como extintores de fuego”.

En cuanto a la sanción, el reglamento establece que asciende a 0.05 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el año 2026, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, la UIT en el Perú asciende a S/ 5,500, por lo que la multa para un taxista que no tiene un extintor en su vehículo es de S/275.

Además, la normativa contempla reducciones en el monto a pagar. Si la multa se cancela dentro de los cinco días hábiles desde la notificación, puede aplicarse un descuento del 50%, lo que reduce el monto a S/137.50. En caso de pagar dentro de los quince días hábiles, el descuento es del 30%, o S/192.50.

En ese sentido, la multa de S/550 mencionada por Espá no coincide con lo establecido en la normativa vigente. No se ha identificado en el reglamento actual una sanción de ese monto por no contar con un extintor en un taxi o vehículo de transporte.

Conclusión

Carlos Espá, del partido Sí Creo, afirmó que a un taxista se le impone una multa de S/550 por no tener extintor. Sin embargo, según la normativa vigente, la sanción corresponde a 0.05 de una UIT, es decir, S/ 275, monto que incluso puede reducirse con los descuentos por pronto pago. Por este motivo, PerúCheck califica la declaración de Espá como falsa.

La nota de verificación ¿Es cierto que multan con S/550 a un taxista por no tener extintor, como dijo Carlos Espá? se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

Pobre Pedro Castillo: primero intentó dar su fallido golpe de Estado, luego quiso que el Tribunal Constitucional hiciera magia y anulara su prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, pero el TC, con gran frialdad, le respondió que no veía “asuntos de relevancia constitucional” ni vulneración de derechos fundamentales que justificaran la nulidad.

Así que declararon su demanda “improcedente” y, por si fuera poco, también le rechazaron el intento de anular la investigación por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022, aunque ahí, al menos le dijeron que ya no hacía falta porque los hechos que motivaron el reclamo habían dejado de tener efecto.

Mientras tanto, un juez supremo le sumó 12 meses más a su prisión preventiva, y Pedro Castillo ya acumula una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para rebelión. En resumen: el exmandatario sigue tras las rejas, y el TC, con toda la paciencia del mundo, sigue diciéndole “gracias, pero no”.

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El video PURA MALA SUERTE | TC niega libertad a Castillo y encima un juez le aumenta 11 meses de prisión se publicó en YouTube en este enlace

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El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, aseguró en el debate de candidatos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en el Perú hay 30,000 soldados. Sin embargo, esta cifra es inferior incluso al número de militares que se encuentran únicamente en etapas de formación, según registros oficiales del Estado.

«En el Perú hay 30 mil soldados»

Es necesario precisar que las cifras manejadas en esta verificación son estimadas, pues al tratarse de un asunto de seguridad y defensa nacional, los valores reales exactos son considerados información clasificada o reservada.

Evidencia internacional estimada: 120,000 militares en actividad

De acuerdo con el ranking internacional de capacidades militares Global Firepower, el Perú cuenta con aproximadamente 120,000 militares en actividad, cifra que cuadruplica lo señalado por el candidato durante el debate.

Ranking internacional de capacidades militares Global Firepower

Datos oficiales: en formación hay más de 40,000 efectivos

De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 del Ministerio de Defensa, el sector tiene programada la formación y educación de 40,448 efectivos militares. Esta cifra, que corresponde únicamente al personal en instrucción, ya supera por sí sola los 30,000 mencionados por Valderrama.

El documento oficial detalla que este grupo de personal en el sistema educativo se distribuye de la siguiente manera:

Información al proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026 

General en retiro señala que son más de 30,000 soldados

El general en retiro Carlos Caballero León, integrante del Partido del Buen Gobierno, señaló a PerúCheck que la fuerza total de las Fuerzas Armadas se sitúa sobre los 80,000 efectivos. Esta estructura integral incluye a oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa, por encima de los 30,000 soldados mencionados por Valderrama.

El experto advierte además que no tiene relevancia analítica considerar a la tropa de forma aislada, ya que todas las jerarquías trabajan juntas en el sistema militar.

Conclusión

La afirmación de Enrique Valderrama es contradicha por los documentos de planificación presupuestaria del Ministerio de Defensa, el análisis de especialistas y la evidencia de defensa internacional. Si bien los estimados de estas fuentes son distintos –y PerúCheck no busca concluir cuántos “soldados” hay en el Perú–, todos ellos superan los 30,000 mencionados por el candidato del APRA, Enrique Valderrama, en el debate presidencial. Por lo tanto, PerúCheck califica la declaración de Valderrama como falsa. 

La nota de verificación El Perú no tiene 30,000 soldados, como dijo el candidato presidencial Enrique Valderrama se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

El 17 de marzo de 2026, el candidato a la presidencia José Williams, del partido Avanza País, participó en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, realizado en el marco de las Elecciones Generales 2026. Durante el evento se refirió a la problemática de la seguridad vial en el país.

En ese contexto, Williams afirmó que “por lo menos 4,000 personas mueren en accidentes de tránsito”.

PerúCheck revisó las cifras oficiales disponibles y encontró que el número de fallecidos es menor al mencionado por el candidato.

¿Cuántas personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú?

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entidad encargada de recopilar información sobre siniestros de tránsito, las cifras de fallecidos en los últimos años no alcanzan los 4,000 casos anuales. 

En 2025 se registraron 2,890 fallecidos, mientras que en 2024 la cifra fue de 3,002. En 2023 se reportaron 3,316 muertes y en 2022 un total de 3,328. Por su parte, en 2021 se contabilizaron 3,032 fallecidos y en 2020, año marcado por las restricciones de movilidad por la pandemia del Covid-19, la cifra descendió a 2,159.

Al analizar estos datos en conjunto, se observa que entre 2020 y 2025 se registraron 17,727 fallecidos por siniestros de tránsito. Esto equivale a un promedio de aproximadamente 2,955 muertes al año.

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¿La cifra de 4,000 fallecidos es correcta?

Los datos muestran que, si bien los accidentes de tránsito representan un problema grave de seguridad pública, el número anual de fallecidos se ha mantenido por debajo de las 4,000 personas en los últimos años. En ese sentido, la cifra mencionada por Williams sobreestima la cantidad de víctimas mortales registradas oficialmente.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 

Conclusión

El candidato José Williams afirmó que 4,000 personas mueren al año en accidentes de tránsito en el Perú. Sin embargo, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran cifras menores, con un promedio anual cercano a los 3,000 fallecidos entre 2020 y 2025. Por estos motivos, PerúCheck califica esta afirmación de José Williams como falsa.

La nota de verificación ¿Es cierto que 4,000 personas mueren al año en accidentes de tránsito en el Perú, como dijo el candidato José Williams? se publicó en plataforma PerúCheck en este enlace

Fernando Rospigliosi ha salido a clamar al cielo la “injusticia” de la que, según él, es víctima. Tras conocer el adelanto de fallo que lo sentencia a 9 meses de prisión suspendida y al pago de 200 mil soles de reparación civil a Delia Espinoza por difamarla al calificarla de aliada del terrorismo y hasta de “desquiciada”, el congresista fujimorista no tardó en hacer su tour mediático para presentarse como el gran perjudicado de la historia.

En su versión, todo sería parte de una persecución. Acusó al Poder Judicial de integrar esa ya conocida “mafia caviar” que “hay que barrer”. Y, se mantuvo en su libreto de autocalificarse como defensor de la democracia junto a policías y militares que “solo estaban defendiendo la democracia”.

Por eso no sorprende que ahora nuevamente clame porque el sistema judicial  desaparezca para dar paso a uno nuevo. Traducción: uno más cómodo, más dócil, más a la medida.

El bautizado por César Hildebrandt como “gusano” ha dicho que no se va a callar y que seguirá defendiendo a las FF.AA. y a la PNP. Eso sí, quizá le toque bajar un poco el volumen… no vaya a ser que, por seguir disparando con la lengua, termine cambiando la prisión suspendida por una efectiva.

Carlos Álvarez dice que lo difaman al decir que “terruqueaba” protestas contra Dina Boluarte, pero videos del cómico demuestran que no es así

A Carlos Álvarez se le borró la sonrisa. Luego que comenzaran a salir sus videos terruqueando las protestas contra Dina Boluarte, el cómico se puso nerviosito al ver peligrar su pase a segunda vuelta. Durante su paso por Piura, el medio Norte Sostenible le recordó las veces que Álvarez aseguró que  las movilizaciones contra Dina eran obra de organismos filoterroristas.

En respuesta, el postulante por País para Todos acusó de difamación a la periodista que le hizo la pregunta y negó haber dicho que las personas que protestaban eran terrucos. Además, se ratificó en su creencia, sin pruebas, que habían delincuentes infiltrados en la marcha. Sin embargo, espacios como La Encerrona encontraron numerosos videos donde el cómico asocia las protestas con grupos terroristas y la destrucción del Perú.

¿Será que Carlos Álvarez es o se hace?

TC declaró improcedente habeas corpus de Pedro Castillo para que se anule su juicio

Pobre Pedro Castillo: primero intentó dar su fallido golpe de Estado, luego quiso que el Tribunal Constitucional hiciera magia y anulara su prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, pero el TC, con gran frialdad, le respondió que no veía “asuntos de relevancia constitucional” ni vulneración de derechos fundamentales que justificaran la nulidad.

Así que declararon su demanda “improcedente” y, por si fuera poco, también le rechazaron el intento de anular la investigación por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022, aunque ahí, al menos le dijeron que ya no hacía falta porque los hechos que motivaron el reclamo habían dejado de tener efecto. Mientras tanto, un juez supremo le sumó 12 meses más a su prisión preventiva, y Castillo ya acumula una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para rebelión.

En resumen: el exmandatario sigue tras las rejas, y el TC, con toda la paciencia del mundo, sigue diciéndole “gracias, pero no”.

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