Por: Aline Contti/Latinoamérica21. La crisis climática se ha hecho evidente con eventos extremos en diversas regiones del planeta: sequías prolongadas, tormentas e inundaciones severas y olas de calor sin precedentes. Sus efectos impactan directamente la vida de las personas, especialmente las más pobres y vulnerables, profundizando las desigualdades y ejerciendo presión sobre las economías. Según el Informe del IPCC, publicado en 2023, ya existen soluciones técnicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, para implementarlas, faltan acciones y coordinación política, cooperación internacional y financiamiento adecuado. Es en este contexto que la COP30, en Belém, adquiere una relevancia histórica.
En las últimas décadas, el debate internacional sobre el clima ha consolidado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países desarrollados deberían asumir una mayor parte de los esfuerzos, debido a su peso histórico en las emisiones, pero los países en desarrollo también deben asumir sus responsabilidades. Si bien las naciones industrializadas enfrentan grandes desafíos para descarbonizar los sectores industrial y energético, Brasil y sus vecinos amazónicos presentan un perfil distinto, dado que sus principales fuentes de emisiones provienen del cambio de uso de la tierra, especialmente la deforestación y la degradación forestal.
Según la FAO, Brasil, aunque responsable de una proporción relativamente pequeña de las emisiones globales, se encuentra entre los diez mayores emisores y alberga la mayor reserva mundial de carbono en biomasa forestal viva. Por lo tanto, la existencia de la Amazonía es crucial para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5°/2°C por encima de los niveles preindustriales.
Sin embargo, la región amazónica enfrenta profundos desafíos y se ha caracterizado históricamente por conflictos territoriales, importantes disputas económicas y desigualdades sociales. La Amazonía brasileña, por ejemplo, ha desarrollado grandes proyectos en los sectores de energía, minería y agricultura, atrayendo mano de obra y creando ciudades densamente pobladas, pero con escasa infraestructura y una muy baja calidad de vida para la población. En el contexto sudamericano, la región se ha convertido en un área de políticas de desarrollo insuficientes, con baja coordinación política y económica regional. Integración económica internacional periférica, con escasos legados para el desarrollo local; baja utilización de los recursos locales; un modelo económico dominante poco sostenible; altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y bajo IDH (Índice de Desarrollo Humano); bajos niveles de aplicación de la ley y acceso a la justicia; y una alta tasa de violencia, con un aumento vertiginoso en los últimos tiempos.
A pesar de este contexto, la COP30 representa un hito en cuanto a las oportunidades para el desarrollo sostenible de la región.
En los últimos años, bajo el liderazgo de los países amazónicos, se ha priorizado la promoción de un modelo regional de desarrollo sostenible y un paradigma de silvicultura productiva con inclusión social, que valora la biodiversidad y genera ingresos locales. En materia de financiación, destacan los mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA) y las iniciativas para financiar acciones de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), desarrolladas en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos instrumentos buscan promover la inclusión de los pueblos tradicionales, las comunidades ribereñas, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores.
En Brasil, el Fondo Amazonía, un fondo basado en la cooperación Norte-Sur, no reembolsable y orientado a resultados, es un ejemplo concreto de gobernanza participativa y desarrollo inclusivo. Este fondo apoya a las organizaciones comunitarias y las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, así como las acciones de monitoreo y control y la planificación territorial, esfuerzos que deben continuarse y ampliarse.
En agosto de 2025, en la V Cumbre de Presidentes de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), los países amazónicos, mediante la Declaración de Bogotá, destacaron ejes de acción consensuados, tales como: fortalecer una economía orientada al desarrollo sostenible en la Amazonía, incluyendo la bioeconomía, con énfasis en los avances logrados en la construcción de la Estrategia para una Economía Sostenible en la Región Amazónica; promover el Foro de Ciudades Amazónicas, la Red Amazónica de Autoridades Forestales y el mecanismo de cooperación entre la OTCA y la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ); aprobar la construcción de un espacio de diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas (Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, MAPI); impulsar la definición y el establecimiento del Mecanismo Financiero de la OTCA; y apoyar el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), entre otras iniciativas importantes.
En materia de financiación, además del TFFF, otras iniciativas importantes lideradas por Brasil en la COP30 buscan establecer mecanismos para armonizar y ampliar la financiación climática. Algunos de ellos son la Hoja de Ruta Bakú-Belém para alcanzar los US$1,3 billones en financiación climática anual; las recomendaciones definidas en el Círculo de Ministros de Finanzas, con énfasis en la ampliación de los fondos climáticos internacionales y la financiación con tasas de interés reducidas; la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo y el aumento del crédito sostenible; el fortalecimiento de las capacidades y los marcos nacionales para la inversión verde; la creación de instrumentos financieros innovadores para movilizar capital privado; y la integración de los riesgos climáticos en la regulación financiera, promoviendo la armonización de las taxonomías y el desarrollo de mercados de carbono integrados.
Estas son algunas de las oportunidades que se abren a los países amazónicos en el marco de la COP30, para que la región pueda transformar su potencial en avances concretos hacia el desarrollo sostenible. Se trata de impulsar la socio-bioeconomía con valor agregado, el desarrollo de bioproductos, la densificación de las cadenas de producción sostenibles, el fortalecimiento de la infraestructura y las acciones en educación, ciencia, tecnología e innovación.
En este sentido, es necesario mejorar la capacidad de acción de los Estados de la región, en colaboración con la sociedad civil; así como fortalecer urgentemente el desempeño de la principal institución de cooperación regional, la OTCA, para promover una mayor coordinación de acciones entre los países amazónicos. Además, es fundamental la existencia de mercados para los productos sostenibles de la región; la promoción de políticas para reducir las desigualdades sociales y estructurales; así como la ampliación del financiamiento y la mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo.
La Amazonía puede ser protagonista de un nuevo modelo global de bienestar, donde los bosques en pie signifiquen productividad y sostenibilidad, con una alta calidad de vida. Las tareas son inmensas, de dimensiones amazónicas, pero las oportunidades existen y el momento es ahora.
Aline Contti es coordinadora de Financiamiento Internacional para el Desarrollo Sostenible en IPEA. Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPB).
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Para las organizaciones, estas irregularidades podrían afectar la precisión de los resultados y dejar fuera a parte de la población indígena. (Foto: DIfusión)
Luis Hallazi destacó que, pese al valor cultural, histórico y ambiental de los pueblos indígenas, que poseen el 33.7% del territorio nacional y el 47% de los bosques amazónicos, persisten experiencias de racismo y exclusión. (Foto: Difusión)
