El Segundo Equipo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga ejecutó un operativo de allanamiento en dos clínicas privadas de la ciudad de Ayacucho, tras la denuncia de una familia que acusa a un profesional de salud de haber provocado la pérdida total de la nariz de un adolescente de 14 años durante […]
El Segundo Equipo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga ejecutó un operativo de allanamiento en dos clínicas privadas de la ciudad de Ayacucho, tras la denuncia de una familia que acusa a un profesional de salud de haber provocado la pérdida total de la nariz de un adolescente de 14 años durante una intervención quirúrgica.
Las diligencias se realizaron en la clínica Adonisq, ubicada en la avenida 26 de Enero, y en la clínica Centro de Hemodiálisis María Salomé, situada en la urbanización Mariscal Cáceres. En ambos inmuebles se ejecutó descerraje, se detuvo al investigado y se incautaron instrumentos relacionados a la práctica médica.
La investigación fiscal alcanza a Enver Justiniano Medina Galindo, acusado de la presunta comisión de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y lesiones culposas. Según la denuncia, el adolescente fue sometido en marzo de 2025 a una intervención de corrección nasal en la clínica Adonisq, pese a que el investigado no contaría con la especialidad de cirugía plástica.
De acuerdo con el testimonio de la familia, Medina Galindo indicó que durante el procedimiento encontró un pólipo y que habría roto accidentalmente el puente nasal, lo que ocasionó una deformidad progresiva. Meses después, el 29 de julio, el menor fue sometido a una segunda intervención en presencia de sus padres.
La denuncia señala que el adolescente sufrió intenso dolor durante la operación e incluso habría recibido insultos por parte del presunto especialista. Tras esa segunda cirugía, su estado empeoró rápidamente, con inflamación y oscurecimiento del tejido nasal.
Durante el operativo, personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga dispuso la clausura inmediata de la clínica Adonisq, mientras que representantes de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Diresa) iniciaron las acciones administrativas correspondientes.
La Fiscalía precisó que continuará con las indagaciones para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas. Medina Galindo quedó a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación. No se descarta que existan otros pacientes afectados por presuntas malas prácticas quirúrgicas.
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En un operativo conjunto realizado en el puerto del Callao, la Policía Nacional del Perú y la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, incautaron más de 12 toneladas de aletas de tiburón pertenecientes a diversas especies, algunas de ellas amenazadas. El cargamento decomisado, almacenado en un […]
En un operativo conjunto realizado en el puerto del Callao, la Policía Nacional del Perú y la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, incautaron más de 12 toneladas de aletas de tiburón pertenecientes a diversas especies, algunas de ellas amenazadas.
El cargamento decomisado, almacenado en un inmueble utilizado como centro de acopio clandestino, estaba valorizado en tres millones de dólares en el mercado local y en más de 15 millones en el mercado asiático, donde las aletas son demandadas para la elaboración de sopas y brebajes tradicionales.
Detenidos y hallazgo de especies prohibidas
Durante la intervención fueron detenidos tres ciudadanos peruanos identificados como Juan Roberto Quispe Huamán, Oswaldo Nole Viera y Melquiades Quispe Huamán. Todos son investigados por su presunta participación en “Los Aleteros”, organización dedicada al tráfico ilegal de especies acuáticas.
Las autoridades confirmaron que entre lo incautado se encontraron más de seis toneladas de aletas pertenecientes a especies cuya pesca está completamente prohibida. Las variedades incluidas abarcan tiburón azul, tiburón zorro pelágico y otras especies amenazadas.
El cargamento decomisado, almacenado en un inmueble utilizado como centro de acopio clandestino, estaba valorizado en tres millones de dólares en el mercado local y en más de 15 millones en el mercado asiático. (Foto: PNP)
Práctica del “aleteo” y afectación ambiental
El jefe de la División de Investigación Criminal, general Manuel Lozada, explicó que los métodos utilizados por los pescadores ilegales generan un fuerte impacto ecológico. Señaló que “depredan y generan un terrible impacto contra el ecosistema marino”, ya que “cortan las aletas y arrojan los cuerpos al mar”. Esta práctica, conocida como “aleteo”, está sancionada por la normativa peruana pese a que el comercio de aletas no está totalmente prohibido.
Investigación en curso
La Fiscalía informó que el caso permanece en etapa de investigación para determinar el nivel de organización del grupo intervenido y verificar posibles conexiones con redes dedicadas al tráfico de especies dentro y fuera del territorio nacional.
Contexto de conservación
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, once de las 66 especies de tiburón registradas en el Perú se encuentran en peligro crítico. Las autoridades consideran que este tipo de incautaciones es clave para frenar el avance del comercio ilegal que agrava la situación de estas poblaciones marinas.
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El Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad declarar en emergencia los distritos de Juliaca y San Miguel ante el alarmante aumento de asesinatos extorsiones y robos que azotan a sus habitantes. La consejera María Elena Mamani Apaza impulsó la medida tras negar una sesión descentralizada en San Román para abordar la seguridad ciudadana. “Juliaca […]
El Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad declarar en emergencia los distritos de Juliaca y San Miguel ante el alarmante aumento de asesinatos extorsiones y robos que azotan a sus habitantes. La consejera María Elena Mamani Apaza impulsó la medida tras negar una sesión descentralizada en San Román para abordar la seguridad ciudadana. “Juliaca no puede seguir perdiendo vidas” declaró Mamani al exigir una respuesta firme del Estado.
La decisión busca frenar la violencia que amenaza la tranquilidad de miles de familias y reactivar la economía local paralizada por el miedo. La declaratoria permitirá desplegar más efectivos policiales operativos de inteligencia y patrullajes conjuntos en zonas críticas. Autoridades regionales y locales deberán articular acciones urgentes con el Ministerio del Interior para recuperar el orden público y desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y narcotráfico.
Mamani destacó que la población respalda la medida pues “necesitamos orden seguridad y justicia ya”. La emergencia también incluye la reubicación progresiva del penal La Capilla y la reorganización del tránsito urbano. El Gobierno Regional exhortó a la Policía Nacional a priorizar la protección de mercados terminales terrestres y sectores con alta incidencia delictiva identificados en informes oficiales.
Datos oficiales revelan que Juliaca y San Miguel registran los índices más altos de criminalidad en Puno durante 2025. Solo en los últimos seis meses se reportaron 47 asesinatos 123 extorsiones y 289 robos agravados. La declaratoria se ampara en la Ley 27933 que obliga a los gobiernos regionales a garantizar la seguridad ciudadana mediante planes integrales y coordinados con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana.
El acuerdo regional dispone que la Gerencia de Desarrollo Social monitoree los avances y elabore un Plan de Acción con medidas de prevención y apoyo logístico. Además se solicita al Poder Ejecutivo intervenir de manera extraordinaria para restablecer la paz social. “Esta acción es por cada juliaqueño y sanmigueleño que exige vivir sin temor” señaló el documento oficial publicado en el portal del Gobierno Regional.
La población celebra la medida pero exige resultados inmediatos. “Ya no queremos promesas queremos ver policías en las calles” comentó un comerciante de Juliaca. La emergencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y tendrá una duración inicial de 60 días prorrogables. Las fuerzas del orden deberán rendir informes semanales sobre los operativos realizados y las bandas desarticuladas.
La crisis de seguridad en Puno refleja un patrón nacional donde el crimen organizado avanza ante la debilidad institucional. Expertos advierten que sin una estrategia integral que incluya inteligencia preventiva y participación ciudadana la violencia podría extenderse a otras provincias. El Consejo Regional anunció que evaluará ampliar la emergencia a otros distritos si la situación no mejora en los próximos meses.
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Las organizaciones que representan a las familias campesinas del sector de La Convención insisten con vehemencia en la necesidad de establecer un precio justo para su producción de hoja de coca. Este cultivo es conocido localmente como la “caja chica” esencial de todos los agricultores, porque dinamiza su economía de manera constante. La Federación Provincial […]
Las organizaciones que representan a las familias campesinas del sector de La Convención insisten con vehemencia en la necesidad de establecer un precio justo para su producción de hoja de coca. Este cultivo es conocido localmente como la “caja chica” esencial de todos los agricultores, porque dinamiza su economía de manera constante. La Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares, a través de su secretario general, enfatiza la importancia económica del producto en la región. Cirilo Quispe Zúñiga explicó la subsistencia diaria de muchas familias, señalando que los ingresos provienen de la coca a diario. El café, en cambio, solo les produce un ingreso una vez al año, lo cual dificulta la gestión de los gastos cotidianos.
El dirigente campesino destacó el gran valor de este cultivo para generar ingresos constantes y abrir oportunidades de empleo en las zonas rurales. La producción de coca dinamiza la economía de muchísimas familias que dependen de este ingreso fijo. Él agregó que pueden llegar a producir hasta cincuenta arrobas, una cantidad muy significativa para el mercado. Para realizar la cosecha, la federación paga treinta soles al personal que contratan en el campo.
Cirilo Quispe Zúñiga señaló que la inestabilidad actual del Gobierno Central genera mucha incertidumbre sobre los compromisos anteriormente asumidos con todo el sector agrario. Por lo tanto, el gremio espera urgentemente un diálogo que les permita revisar el precio de compra. Ellos desean ajustarlo inmediatamente al costo real de producción, asegurando así una ganancia mínima.
El precio de la hoja de coca: La Urgencia del Diálogo
El secretario general Cirilo Quispe Zúñiga indicó que existe respuesta de los ministros, pero lamentablemente aún no tienen una fecha definitiva para sostener un diálogo productivo. El gremio campesino sostiene que la economía familiar depende críticamente de este cultivo indispensable. Ellos piden formalmente que la hoja de coca se compre a un precio verdaderamente actualizado, acorde a la realidad económica del Perú.
El dirigente advirtió con firmeza que el costo de vida ha aumentado significativamente en toda la última década sin que se refleje en su producción. Mientras tanto, el precio de compra de la hoja de coca se mantiene sin variación, afectando directamente su calidad de vida. Él sentenció que los precios de productos esenciales como la papa, el arroz y la carne se han triplicado. Entonces, lamentablemente, las familias campesinas siguen sobreviviendo con cien soles, enfrentando enormes dificultades diariamente. La revisión del precio es esencial para garantizar la vida digna de todos los productores.
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La entidad regional tuvo un grupo de proveedores favoritos en 2023. Todos relacionadas a la figura de Luis Yonathan Sanca Umiyauri, aportante de la campaña del gobernador Rohel Sánchez. Se hallaron pruebas falsas para justificar pagos, incumplimientos a términos de referencia, indicios de fraccionamientos y hasta la simulación de competencia.
– ¿Conoce a Luis Yonathan Sanca Umiyauri? – preguntó un policía anticorrupción de Arequipa a un proveedor del Gobierno Regional.
– Es mi hijo – le respondió Luis Sanca Coaquira.
El padre de familia acudió al departamento policial el 25 de setiembre del 2024 para responder sobre la investigación que pesa sobre su vástago. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está detrás de un conjunto de empresas conectadas a su familia y que se beneficiaron con servicios otorgados por la gestión en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de Rohel Sánchez Sánchez. Y es que la historia de los Sanca sería un manual imperfecto de cómo ganar contratos irregularmente.
Todo explotó en Moquegua en 2023. El diario Prensa Regional denunció una confabulación y nexos, de diverso tipo, de ese círculo de firmas con funcionarios y con la propia gobernadora moqueguana Gilia Gutiérrez, para conseguir servicios. Más que nada, por el alquiler de camionetas 4×4. Las esquirlas llegaron a su región vecina. La misma cofradía de empresas mantuvo o elevó su bonanza económica con la entidad regional de Arequipa, luego que Luis Sanca Umiyauri contribuyera casualmente a la costosa campaña de Sánchez.
Ganancias. Aportantes de la campaña de Sánchez obtienen negocios millonarios con el Gobierno Regional de Arequipa.Foto: DifusiónGRA.
“Mi hijo no pertenece a la empresa Transportes Yusdelan”, acotó Luis Sanca Coaquira aquella fecha frente a la Policía. Una respuesta inusual. Sanca Coaquira es el gerente de Transportes Yusdelan SAC y las demás firmas tienen igual o varias conexiones con las otras. AQSA Asesoría y Construcción SAC tiene como socio a Yuder Umiyauri Quispe, y Luis Sanca Umiyauri lo es para Servicios Lusal SRL. Mientras que el número celular de Nopat EIRL, en documentación oficial, es el mismo que Transportes Yusdelan y Servicios Lusal. Así como el celular de Yoma Ingeniería EIRL es el de AQSA. Toda una telaraña empresarial a la que el GRA adjudicó S/ 944 814 en 2023.
La manifestación del patriarca de los Sanca es uno de los 81 elementos de prueba para que la fiscal Madeleine Córdova Iriarte haya decidido formalizar la investigación en agosto del 2025. No solo existen declaraciones, también órdenes de compra, documentos de la Oficina de Logística y Patrimonio (OLP) del GRA, hasta un informe de fiscalización del Consejo Regional de Arequipa. La fiscal Córdova tiene razones para considerar que existen “indicios reveladores” de que se cometería negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por parte de los exjefes de la OLP para favorecer contrataciones a las sociedades privadas de los Sanca. Están comprometidos por el momento los exfuncionarios Slender Alonso Andía Condo en parte del 2023 y Verónica Veliz Yampi en 2022.
Pero no son las únicas conexiones ni irregularidades. Este medio escrutó más de 40 expedientes de contratación directa otorgadas a estas empresas por la gestión de Sánchez en 2023; y lo encontrado es revelador. Se enontraron indicios de fraccionamientos, informes fraudulentos, incumplimientos a los términos de referencia (TDR) y por lo menos 16 procesos en que se habría simulado competencia para viabilizar que los servicios se adjudiquen a las empresas de los Sanca.
Apoyo. Sanca Umiyauri también colaboró a la campaña de la gobernadora Gutiérrez en Moquegua. Aquí en el desayuno electoral del 2022. Foto: Prensa Regional
Figuras repetidas
La Ley de Contrataciones con el Estado estipula que se exonera de una licitación a las contrataciones con montos menores o iguales a las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/ 39 600 en 2023. Para que el GRA puede pagar, las empresas deben alcanzarle un informe del servicio con evidencia fotográfica y un reporte diario firmado por el residente de la obra y así acreditar cumplimiento. Sin embargo, los informes repiten fotografías, o incluyen imágenes sustraídas de internet; o simplemente se repiten pese a que la ubicación de la obra es distinta.
Entre las fotos más repetidas están las que presentó AQSA por el alquiler de camioneta para el mejoramiento de alcantarillado de las partes altas de Paucarpata con la Orden de Servicio N°715. Cobraron por ello S/ 22 800 por 90 días de servicio. El “Informe de servicio” presenta cuatro tomas de diferentes ángulos de la unidad “ERI-765”. Sin embargo, una de las instantáneas la repitió en el informe de un contrato distinto: en el mejoramiento vial de centros poblados de Mariano Melgar con la Orden de Servicio N°749. Por esta, el Gobierno Regional de Arequipa pagó S/ 18 000 por 60 días.
Lo más curioso es que la supuesta adversaria de AQSA, Transportes Yusdelan, también las reprodujo para demostrar el alquiler de sus unidades en obras. Las plagió para el informe de su servicio en la intervención del canal de riego Tacroyo-Liguaya en el distrito de Huanca, provincia Caylloma, por S/ 34 000 (O.S. N°1437). Lo propio hizo para justificar el pago de S/ 27 000 en el tramo I de la Vía 4 Carriles, ubicada entre los distritos de Cerro Colorado y Yura (O.S. N°583).
A ambas firmas tampoco les importó compartir fotografías como figuras. Ni por el arriendo de los vehículos de AQSA para el mejoramiento de servicios de salud en el hospital Camaná, provincia de Camaná (S/ 19 800, O.S. N°2960). Ni en el caso del mejoramiento de transitabilidad en el distrito de Mariano Melgar, provincia Arequipa, por parte de Yusdelan que cobró S/ 17400 por la O.S. N°2490. Las tomas son idénticas para dos proyectos en distintas provincias.
Internet también es una buena fuente para cometer una “criollada” contra el GRA. AQSA, para acreditar el alquiler de su unidad en la intervención a la I.E. Nuestra Señora de las Peñas, en la provincia de Castilla, Arequipa, por S/ 6600; colocó una foto que utilizan empresas dedicadas a la venta o alquiler de vehículos. La toma fue utilizada hace nueve años por la empresa Motor que ofrece mismos modelos en venta. ¿Es por eso que la empresa ocultó qué unidad usó para dicha obra en sus reportes diarios por la Orden de Servicio N°391?
En el alquiler de una autohormiguera para el mejoramiento peatonal y vehicular de centros poblados de Mariano Melgar, AQSA sustrajo la foto de alguna página que vende la máquina de la marca CARMIX. La antigüedad de la instantánea, y por la que justificó el pago de S/ 38 465 por la O.S. N°238, es de, por lo menos, seis años. Hay que puntualizar que AQSA alquiló la unidad a GREMA SRL en 2022, según los documentos presentados en expediente.
¿Es posible que no se hayan ejecutado estos servicios? La Directiva 002-2023-GRA/OPDI, que reguló las contrataciones directas aquel año, establece que para dar conformidad el funcionario del área usuaria es quien verifica el cumplimiento del contrato, incluso con “las pruebas que fueran necesarias”. Algo que no pasó en estos expedientes. Es cierto que existen reportes diarios firmados por ingenieros de obra, pero eso no anula las sospechas que no se ejecutaron como exigían los contratos. Más aún si es que, además, existen indicios de fraccionamiento.
Simular, competir y fraccionar
Ocurrió para la obra de agua y alcantarillado en las partes altas de Paucarpata. En vez de realizar un concurso público por S/ 54 000 para alquilar una camioneta 4×4, decidieron partirlo y realizar dos contrataciones directas. Solo está permitido optar por esta modalidad si el servicio o bien no supera los S/ 39 600. Así se evita un concurso público.
AQSA obtuvo la primera O.S. N°00715 por S/ 22 800 para alquilar por 90 días su vehículo. El SOAT y póliza que presenta en su postulación es de la unidad VBP-837, propiedad casualmente de Luis Sanca Umiyauri. Pero en los recibos del parte diario se coloca la placa “ERI-765” y en el informe del servicio se pega la fotográfica de la unidad VCF874, que es propiedad de Transportes YusÞlan, su competidora.
Tres días antes de que AQSA culminara su servicio, Transportes Yusdelan obtuvo la O.S. N°2418 de S/ 31 240 por arrendar 142 días su máquina para la misma obra. Lo sorprendente es que sus recibos del reporte diario para acreditar la prestación, son de AQSA, la otra empresa. Además, Transportes Yusdelan señala que utilizó su unidad VCF874, la misma que utilizó AQSA en el anterior servicio.
Hay otro fraccionamiento en la obra del canal Tocroyo-Liguaya en Caylloma. Los servidores del GRA pudieron convocar a una licitación por más de S/ 68 000, pero optaron por contratar a dedo. Este caso empezó con AQSA y Transportes Yusdelan simulando competir presentando sus cotizaciones. Al final, Logística entregó la buena pro a la segunda empresa. Transportes Yusdelan en sus reportes diarios colocó que solo utilizó la unidad VCE-791. Sin embargo, el SOAT y póliza presentados son de la camioneta VCF-874. Mientras que la fotografía de evidencia es del vehículo “*RI-765”. Ningún funcionario, ni área observó estas incongruencias.
Una vez “cumplido” el servicio, nuevamente el GRA contrató una camioneta para la misma obra. Esta vez por S/ 34 200 y AQSA, la empresa “amiga”, ganó la buena pro el mismo día que terminó su servicio Transportes Yusdelan, el 24 de agosto. Si bien la firma presenta documentos de su vehículo VCN-866, al final la camioneta VCE-791 de la empresa amiga brindó el servicio, según los recibos del reporte diario. Una clara confabulación.
El fraccionamiento está prohibido por ley. El artículo 6.14 de la Directiva 002-2023-GRA/OPDI señala que, en caso de detectar un posible fraccionamiento, “la Oficina de Logística y Patrimonio deberá advertir al área usuaria”. El abogado penal, Rubén Mayta, sostiene que son a estas oficinas las que hay que fiscalizar de forma permanente, sobre todo Contraloría. Además, modificar la Ley de Contrataciones del Estado para evitar estos casos. “Muchos procedimientos de selección se cocinan, ya tienen nombres (los ganadores). No hay negocio más rentable que ser proveedor”, resaltó.
«Ruleteo» de ganadores en Arequipa
Si Transportes Yusdelan y AQSA se especializaron en alquilar camionetas 4×4 al GRA, Servicios Lusal SRL y Nopat EIRL la abastecieron de materiales e insumos para sus obras de administración directa. Servicios Lusal obtuvo 12 servicios de diversa índole y en 4 casos existen pruebas de que habrían simulado competir para obtener los servicios. Sucedió en las órdenes de servicio N°527, N°229, N°432, N°213.
Es un cotizador, designado por la Oficina de Logística y Patrimonio, el encargado de seleccionar al proveedor del bien o servicio solicitado por el área usuaria. Realiza las invitaciones. La Directiva 002-2023 especificó que pedirá una cotización por montos menores a 4 UIT (S/ 19 800 dicho año); y dos cotizaciones o una cotización y una de otra fuente, por valores mayores de 4 UIT y menores de 8 UIT.
Por la compra de cuatro apisonadores vibratorios para la obra “Vía 4 Carriles” por S/ 20 000, se envió correo a las empresas Nopat, Servicios Lusal, AQSA y a Yoma Ingeniería EIRL. Todas del círculo cercano de los Sanca. Además de Servicios Lusal, la única que envió su cotización es AQSA por S/ 24 000. Finalmente, el cotizador de Logística proclama ganador a Servicios Lusal por ofrecer menor precio.
Logística calcó el esquema para la compra de 14 andamios, 3 escaleras y 10 plataformas de fierro por S/ 20 260 de la O.S. N°229 en la misma obra. En el correo para invitar a cotizar se coloca a Servicios Lusal, Nopat, AQSA y Yoma. Yoma y AQSA son quienes simulan pelear la contratación enviando cotizaciones mayores. Por ello, al final escogen a Servicios Lusal como la vencedora.
En tanto, Nopat obtuvo siete contrataciones directas en 2023 y en tres de ellas ocurrió el mismo “ruleteo” que con Lusal (N°210, N°248 y N°756). La primera se otorgó por la compra de 1080 kilos de clavos de acero para “Vía 4 Carriles” por S/ 8466. La Oficina de Logística invitó a las mismas conocidas, para escoger finalmente a Nopat. La misma modalidad aplicó esta oficina para seis contratos de AQSA (N°039, N°238, N°391, N°749, N°1042, N°411) y en tres para Transportes Yusdelan (N°1474, N°1437, N°583).
También hay otros incumplimientos a los TDR. Por ejemplo, en la orden N°3467 concedida a Servicios Lusal por S/ 19000 para una “capacitación de seguridad y salud” a obreros de la obra “Vía 4 Carriles”. Dicha empresa no solo informó que quien daría la charla es el propio Luis Sanca Umiyauri, sino que como evidencia adjuntó una foto del auditorio del Sindicato Construcción Civil, contrario a lo que exigía la entidad. En los TDR se especificó que las charlas se dieran en un local cercano a la obra, en Cerro Colorado o Yura, y no en el Cercado de Arequipa. Sobre el registro de asistencia no hay ninguna firma de los 240 participantes solicitados que avale su ejecución, solo sus nombres. Pese a todo ello, el GRA pagó sin contratiempos.
Bonanza. Los Sanca culminaron construcción de edificio en Cerro Colorado, Arequipa. Foto: El Búho
El edificio que empezó a construir el patriarca de los Sanca en 2022 ya está culminado. Se ubica en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, y coincide con la dirección legal de su empresa Transportes Yusdelan. La mole de seis pisos sería una prueba de lo bien que les está yendo en los negocios con el GRA. Aunque la Fiscalía no ha puesto ojo en este aspecto. Al culminar su manifestación a la Policía, Luis Sanca Coaquira, dijo que él directamente no veía los procesos de contratación, sino una trabajadora. Eso no sería cierto para el 2025, año en que han retomado sus negocios con el GRA. Según Manolo, buscador de personas que visitan a entidades del Estado, el proveedor está acudiendo a la Oficina de Logística, como si nada pasara y pese a una investigación fiscal que apenas inicia.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
El escritor chileno Alberto Fuguet reflexiona junto a periodistas de Arequipa sobre cómo, pese al paso de las décadas, la prensa latinoamericana no ha cambiado. “Los crímenes te cuentan mucho cómo es la sociedad”, dice. “Antes los feminicidios se cubrían menos, porque se pensaba que la mató por amor. Ahora, en cambio, los crímenes son de odio”.
Volvió a hablar sobre Tinta Roja, su emblemática novela sobre el periodismo sensacionalista que inspiró la película dirigida por Francisco Lombardi. En todos estos años observa que la realidad peruana y latinoamericana ha superado a la ficción. “En Chile antes no había narcos, todos los muertos eran baleados o acuchillados. Ahora los cuerpos aparecen partidos en pedacitos, en canales. La forma de matar también cambia porque ahora son sicarios. Tinta Roja podría escribirse de nuevo, pero si la hiciera hoy se llamaría Tinta Rosa, por la farándula”.
Para él, el espectáculo reemplazó al crimen en la prensa.
Recuerda una anécdota que lo marcó en Lima, cuando lo enviaron a cubrir para New York Times la caída de Fujimori. “Pasé una tarde con los del diario El Chino. Ellos gritaban: ‘¡Nos falta la calata! o ¡A quién mataron!’.
“No me interesan las novelas ultra-militantes”
Fuguet, conocido por títulos como Las películas de mi vida o Mala onda, defiende una literatura que no adoctrine. “Yo ya no soy periodista, ejercí el periodismo, pero mi verdadera militancia está en los libros”, confiesa. Sostiene que una obra debe permitir identificarse con distintos personajes sin importar género ni condición.
“Las novelas ultra-militantes, ya sea feminista, indígenas o de adversidad, me resultan poco atractivas. Yo prefiero algo más mezclado».
“Todos debemos ser oposición al menos una vez en la vida”
Más allá de la política partidaria, Fuguet propone una mirada existencial sobre la oposición. Considera que todos, al menos una vez en la vida, debemos ser oposición. «Creo que la gente está muy acostumbrada a querer que el gobierno de turno sea del lado de ellos, ¿me explico? Muchas veces la mejor creatividad surge cuando la gente está contrariada».
Recuerda que en tiempos difíciles es cuando surgen las obras más potentes. Para él, la oposición no se limita a la protesta ni al voto: «Un artista tiene que aprender a combatir”.
“No basta con decir ‘estoy en contra del gobierno’. ¿Qué lees? ¿Qué estás bailando? ¿A quién estás besando? También besar es oposición. Crear afectos, mundos nuevos, eso también es resistir”.
“¿En qué momento se va a salvar el Perú?”
Fuguet cierra su reflexión que conecta humor y lucidez: “La pregunta ya no es ‘en qué momento se jodió el Perú’, eso ya lo sabemos. La pregunta es: ¿en qué momento se va a salvar? ¿Y quién lo va a salvar? Tal vez lo salve el K-pop, no sé”.
Con esa ironía, el autor subraya que América Latina siempre está reinventándose, a medio camino entre la tragedia y la comedia. “Ser latinoamericano es ser mezcla: razas, culturas, idiomas. Y respetar todo: lo alto, lo bajo, lo chicha, lo pop. Esa es nuestra verdadera identidad”.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
AGENDA REGIONAL | Virgilio Acuña, fundador del Partido Democrático Federal y candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por Armando Massé, lanzó una acusación gravísima al afirmar que muchos partidos políticos operan “a través de testaferros en el Congreso”.
Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=88rGO4QrJQE&t=689s
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Luego de 10 días de intensa búsqueda se encontró el cuerpo flotando en las aguas de la represa donde prestaba sus servicios como trabajador de Autodema
La prolongada incertidumbre culminó con el peor de los escenarios para la familia Choque Flores en Arequipa. Tras diez días de una búsqueda intensa y desesperada, este sábado 15 de noviembre se confirmó el hallazgo del cuerpo del operario Félix Santos Choque Flores, reportado desaparecido.
El trabajador de 51 años fue encontrado sin vida en la represa Aguada Blanca, poniendo un trágico fin a la larga espera, en la que su familia mantuvo hasta último momento la esperanza de hallarlo con vida.
Choque Flores, un hombre de 51 años, cumplía labores para el Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema (PEIMS). Sus compañeros y familiares lo reportaron desaparecido desde el pasado miércoles 5 de noviembre. La represa, una infraestructura clave de la región, se convirtió en el escenario de esta tragedia que nuevamente pone en el ojo de la tormenta las condiciones laborales.
Según confirmó la propia entidad, a través del Comunicado n.º 032-2025-PEIMS, el cuerpo se recuperó como parte de las acciones continuas de rastreo. Equipos de la Policía Nacional del Perú y peritos especializados intervinieron inmediatamente. El levantamiento y las diligencias correspondientes se activaron conforme a los protocolos legales y forenses exigidos por la ley.
Autodema ha expresado públicamente sus «más sentidas condolencias» a los deudos de Félix Santos Choque Flores. La institución reafirmó el compromiso de brindarles todo el apoyo necesario en este momento de profundo duelo. No obstante, el foco de la opinión pública se centra ahora en la transparencia para esclarecer las causas exactas del lamentable incidente.
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En el Congreso Internacional conmemorativo de los 25 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, especialistas urgieron a reorientar la gestión: priorizar al ciudadano, mejorar la habitabilidad y adoptar una visión territorial amplia
La ciudad de Arequipa esta próxima a conmemorar los 25 años de su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Con ese motivo, a través del Congreso Internacional “Valoración, planificación y gestión de los centros históricos: presente y futuro global” se estableció un espacio que convocó a especialistas de diversas disciplinas en torno al tema.
Tópicos como la necesidad de reformular la gestión urbana, fortalecer la identidad cultural y asegurar la sostenibilidad económica sin sacrificar la habitabilidad de la zona fundacional fueron parte de la discusión en la búsqueda por un futuro que sirva, ante todo, a la población arequipeña.
Priorizando al habitante y la gestión territorial en Arequipa
Un eje central de las discusiones en el congreso fue la crítica al desplazamiento del ciudadano como principal beneficiario del centro histórico de Arequipa. Los expertos coincidieron en que el bienestar de la población residente es el motor más eficaz para la conservación, un enfoque que se refleja en la estrategia actual de planificación urbana. Esta visión busca que el centro histórico sea primero atractivo y seguro para el habitante y, por consecuencia, lo será para el visitante.
Los especialistas hicieron un llamado a democratizar el acceso al patrimonio, contrastando con visiones pasadas, que resultaban elitistas y excluyentes. En este sentido, se enfatizó que el patrimonio no debe concebirse únicamente en función de los réditos económicos que benefician a unos pocos, sino en el valor social que ofrece a la colectividad.
El arquitecto Ramiro Damiani, gerente del Centro Histórico, señaló con preocupación que el «actor principal» que a veces se pone a un lado es «la persona, que somos nosotros, que somos los que habitamos, los que vivimos día a día».
Plaqueo en Centro Histórico de Arequipa.
Gestión, normativa y la necesaria gobernanza
La habitabilidad en el centro de Arequipa está fuertemente ligada a la gestión urbana y la calidad de sus normativas. Factores como la contaminación, el ruido y la falta de equipamientos para la recreación son los principales impulsores del despoblamiento. Los especialistas fueron enfáticos en que la conservación requiere una autoridad que posea una óptima capacidad de gestión para aplicar un régimen especial que revierta esta tendencia de deterioro.
La discusión sobre la normativa también incluyó una advertencia sobre los efectos de leyes nacionales que, al buscar acelerar la inversión privada, comprometen la seguridad. Se alertó que esta celeridad puede provocar que un alto porcentaje de negocios en el centro no cumpla con las normas básicas de seguridad. La solución propuesta se centra en la gobernanza colectiva, donde la ciudadanía debe tomar un rol activo en la creación y vigilancia de las normas para asegurar un control social efectivo.
La visión territorial de Arequipa y el reto de la campiña
Las discusiones subrayaron que la conservación no puede limitarse al damero fundacional, sino que debe adoptar una perspectiva territorial amplia. Esta visión reconoce que Arequipa es simultáneamente urbano y rural, siendo crucial proteger el paisaje cultural que abarca la campiña, las andenerías y los pueblos tradicionales adyacentes al área central.
Un punto crítico fue la desaparición progresiva de las zonas de amortiguación. Aunque el centro de la ciudad sigue siendo un espacio vivo, se resaltó que los barrios del siglo XX como Vallecito o Cuarto Centenario, no están protegidos por normativas especiales, lo que amenaza su continuidad. Además, se sumó la alarma por el despoblamiento de las zonas rurales y el descuido de la zona agrícola.
Reutilización, movilidad y uso mixto
Para revitalizar el centro de Arequipa y combatir el despoblamiento, los expertos hablaron de promover la renovación urbana y el uso mixto de las edificaciones con el fin de garantizar «la utilidad y el dinamismo». Se abogó por la superposición de diferentes actividades (vivienda, comercio, oficinas) para asegurar la supervivencia de las estructuras patrimoniales, ya que el patrimonio que se deshabita, simplemente desaparece.
En cuanto a la movilidad, se destacó la necesidad imperante de liberar al centro del tráfico vehicular. Una de las principales propuestas fue resolver la movilidad urbana para que el peatón recupere un espacio que originalmente no fue diseñado para el automóvil. Para que la vivienda regrese al centro, es fundamental retirar el tráfico y buscar nuevas conexiones para cruzar el río. Sobre esta base de usos y renovación, el arquitecto Luis Calatayud recordó la importancia de contar con fndos que permitan estas acciones. Pidió recordar que el «patrimonio necesita dinero. Es importantísimo que entendamos que no podemos preservar una ciudad patrimonial sin dinero».
Así, la conservación patrimonial de Arequipa se apoya principalmente en una alta identidad cultural, que los académicos buscan canalizar a través de la formación de ciudadanía. Se hizo un llamado a la academia para formar ciudadanos que puedan apropiarse del espacio, entendiendo la cultura como un proceso en conflicto y construcción, no como algo estático. El futuro de la Ciudad Blanca dependerá de la capacidad de sus gestores y ciudadanos para transformar estos debates académicos en políticas públicas que aseguren una ciudad compacta, inclusiva y capaz de mantener su esencia a través de la renovación activa y el compromiso colectivo.
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«Es cierto que un conductor ebrio que provoca la muerte de 37 personas merece el más duro de los castigos; pero, también es cierto que el Estado tiene una deuda con todas las personas que han fallecido en un accidente»
Así quedó el bus de la empresa Llamosas que cayó a un abismo por el valle de Ocoña, provincia de Camaná.
De cada 100 siniestros viales que ocurren en el país, solo 15 tienen lugar en las carreteras, los demás suceden en avenidas y calles de la ciudad (Observatorio Nacional de Seguridad Vial). Pero, los accidentes en carreteras suelen ser más violentos y con mayor número de víctimas mortales. El kilómetro 781 de la carrera Panamericana Sur es un trágico testigo de ello. En ese tramo carretero, el pasado miércoles 12 noviembre, cayó al abismo un bus de la empresa Llamosas llevándose la vida de 37 personas. Cerca de allí, siete años atrás, fueron 50 los fallecidos en un bus siniestrado de la empresa Rey Latino.
En la tragedia de esta semana existe un ingrediente que ha indignado profundamente a la población: el vuelco del bus lo provocó una camioneta que iba conducida por un chófer en estado de ebriedad. La indignación creció cuando las noticias dieron cuenta de una aparente manipulación de la Policía en el análisis de alcoholemia para favorecer al conductor. Pero, si lo que se pretende es librarlo de la cárcel por supuestamente no haber excedido los límites de alcohol en la sangre, la pregunta es: ¿provocó, entonces, intencionalmente el choque con el bus? ¿estaba distraído? ¿iba a excesiva velocidad? Borracho o no, Henry Apaclla Ñaupari causó la muerte de 37 personas y la justicia no debería ser benevolente.
Pero, también me pregunto: si el choque se hubiera producido en el kilómetro 350 y no en el 781, quizás el saldo mortal no hubiera tenido la magnitud que tuvo. ¿Por qué las carreteras del sur peruano se trazan al borde de precipicios? La respuesta parece lógica: la geografía es desafiante. Entonces, ¿estamos condenados a arriesgar la vida cada vez que subimos a un bus interprovincial? La respuesta la tienen miles de personas que usan esas carreteras de miedo con frecuencia. O esos choferes que trabajan a diario al filo del abismo. Pero, no tendría que ser una condena, ya que el Estado debería invertir en mejorar la infraestructura vial, con mejor control y seguridad. Lamentablemente, los millones que podrían invertirse en ello, se los lleva la corrupción a manos llenas. Son 10 mil millones de soles perdidos en corrupción en los últimos 10 años.
Entonces, es cierto que un conductor ebrio que provoca la muerte de 37 personas merece el más duro de los castigos; pero, también es cierto que el Estado tiene una deuda con todas las personas que han fallecido en un accidente, por no darles vías seguras para llegar a sus destinos. De modo que, hay algo más que podemos hacer, además de pedir justicia: dejar de elegir inútiles corruptos que nos condenan a viajar siempre en peligro.
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La panadería tradicional es uno de los pilares de la identidad ayacuchana. La chapla, las wawas y otros panes emblemáticos forman parte de las costumbres familiares y del legado de generaciones de panaderos huamanguinos. Por ello, toda iniciativa que busque investigar o difundir estas tradiciones suele despertar gran interés y, en ocasiones, desencadenar polémicas. Ese […]
La panadería tradicional es uno de los pilares de la identidad ayacuchana. La chapla, las wawas y otros panes emblemáticos forman parte de las costumbres familiares y del legado de generaciones de panaderos huamanguinos. Por ello, toda iniciativa que busque investigar o difundir estas tradiciones suele despertar gran interés y, en ocasiones, desencadenar polémicas.
Ese es el caso de la reciente publicación del libro “Panes de Ayacucho”, del chef einvestigador Andrés Ugaz, ha generado posiciones divididas dentro del sector panificador y cultural. El presidente de la Red de Panaderos Ayacucho,Marco Capcha, expresó públicamente su preocupación respecto al origen del proyecto editorial y algunos de los contenidos del libro. Ugaz, en respuesta, rechazó las acusaciones y defendió la legitimidad de su trabajo.
Reclamos desde la Red de Panaderos
Capcha sostiene que desde hace varios años desarrollaba su propio libro sobre el pan ayacuchano, un proyecto que —según afirma— forma parte de la herencia panadera de su familia. Explica que conoció a Ugaz en 2022 y que, desde entonces, compartió con él información sobre su propuesta editorial, capítulos y estructura del proyecto.
El dirigente informó, además, que recibió una carta notarial solicitando una rectificación sobre sus declaraciones, la cual respondió reafirmando su versión. Cuestiona que la publicación de Ugaz presente similitudes con el formato que él venía trabajando y critica que el financiamiento provenga del Patronato Pikimachay.
Tras revisar el libro, Capcha afirma haber encontrado elementos que, a su juicio, no coinciden con la tradición panadera local: variaciones en ingredientes tradicionales, nombres en quechua con errores de escritura, representaciones de wawas que no reflejarían la elaboración ayacuchana y referencias culturales que considera incorrectas. También expresó su preocupación por la imagen que estos contenidos pueden proyectar a nivel nacional e internacional.
Finalmente, anunció que continuará con su propio proyecto editorial —ahora con un nombre distinto— y reiteró su compromiso de defender la tradición panadera de la región.
La respuesta de Andrés Ugaz
De otro lado, el chef y escritor Andrés Ugaz negó las acusaciones y sostuvo que su trabajo cuenta con más de dos décadas de experiencia en investigación culinaria. Afirmó que antes de conocer a Capcha ya tenía conceptualizado su proyecto y asegurado el financiamiento, orientado a un formato de ensayo y testimonio.
Según Ugaz, el libro es resultado de dos años de investigación, que incluyeron viajes constantes a Ayacucho, entrevistas, grupos focales y trabajo directo con diez familias panaderas.
Respecto a la acusación de plagio, indicó que se trata de un señalamiento serio que debe sustentarse con pruebas. Asegura que, al comparar materiales, no existían documentos que permitieran establecer similitudes entre proyectos. También recordó una reunión previa a la presentación del libro en la que —según su versión— ambas partes acordaron evitar la confrontación pública.
Ugaz destacó que el proyecto cuenta con respaldo institucional y se articula con iniciativas más amplias, como el fortalecimiento de productores de trigo en Tambillo y la elaboración de un documental sobre la panadería ayacuchana.
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El dirigente Félix Suasaca Suasaca advirtió que el río Coata enfrentará una catástrofe ambiental total para el año 2026 en Puno. La población ahora se rehúsa a descolmatar el río por miedo a represalias judiciales tras la condena de ocho años a un expresidente comunal por descontaminación. El expresidente comunal Guillermo Canaza recibió ocho años […]
El dirigente Félix Suasaca Suasaca advirtió que el río Coata enfrentará una catástrofe ambiental total para el año 2026 en Puno. La población ahora se rehúsa a descolmatar el río por miedo a represalias judiciales tras la condena de ocho años a un expresidente comunal por descontaminación.
El expresidente comunal Guillermo Canaza recibió ocho años de prisión efectiva por presunto delito de minería ilegal agravada en el afluente. El Ministerio Público sostuvo que sus operaciones sin permiso dañaron defensas ribereñas durante las labores de limpieza que realizó con apoyo de pobladores organizados de la cuenca.
Sin embargo, Suasaca, expresidente del Frente Unificado de la Cuenca Coata, rechazó categóricamente la versión fiscal presentada ante el juzgado correspondiente indicando que las comunidades solo buscaron la descolmatación y reparación de defensas ribereñas mediante esta acción tomada por acuerdo comunal ante el inminente desborde del afluente contaminado que amenazaba viviendas.
Autoridades ignoraron pedidos de auxilio
Suasaca relató que se solicitó apoyo a múltiples niveles de gobierno para enfrentar la emergencia ambiental sin obtener respuesta alguna. Pidieron descolmatar el río al Ministerio de Agricultura y Defensa Civil, pero ninguna entidad del Estado atendió las peticiones urgentes de ayuda de la población local afectada.
El río Coata presenta un alto nivel de contaminación peligrosa para la salud pública y el medio ambiente de la región. Las aguas se mezclan con heces de Juliaca y metales pesados provenientes de relaves mineros que sueltan las empresas mineras desde las cabeceras del afluente continuamente.
El dirigente indicó que el fiscal Federico Chavarri Cuneo manejó directamente el caso judicial contra Guillermo Canaza en el proceso penal en donde Suasaca actuó como testigo clave ante el juez y el fiscal provincial, pero lamentablemente no se habrían tomado en cuenta las versiones aportadas por varios testigos de descargo durante las audiencias.
Denuncias archivadas generan impunidad minera
Suasaca ha presentado diez documentos formales contra la contaminación minera que afecta gravemente al río Coata y comunidades aledañas. Estas presentaciones recaen en el despacho del fiscal Federico Chavarri hace seis años, pero la mayoría de estas acusaciones terminan en archivamiento sin justicia para los afectados.
Los pobladores planifican una movilización masiva para defender al señor Canaza y exigir soluciones concretas a las autoridades regionales. La protesta exigirá cambiar las defensas ribereñas a lo largo de cincuenta kilómetros del cauce y demandarán a las mineras dejar de arrojar contaminantes al río inmediatamente.
La condena genera un precedente alarmante que paraliza los esfuerzos ciudadanos por proteger el río Coata de la contaminación creciente. Los habitantes temen enfrentar procesos judiciales similares si intentan limpiar el afluente, mientras la catástrofe ambiental pronosticada para 2026 se acerca sin respuesta estatal efectiva.
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NI HILDEBRANDT SE SALVÓ DEL INSULTO | El streamer Carlos Orozco viene recibiendo críticas por la falta de control en su entrevista con el precandidato presidencial por Renovación Popular: Rafael López Aliaga.
El streamer permitió que «Porky» lanzara calificativos ofensivos e insultos contra periodistas que no son de su agrado. Mencionó a Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios, Víctor Caballero (Curwen), Marco Sifuentes por ser parte de una mafia que se venden por dinero y destruir al país con mentiras con tal de seguir teniendo poder.
Hasta César Hildebrandt fue insultado, dijo no perdonarlo por “haberse pasado al otro lado” durante el gobierno de Pedro Castillo. Curiosamente, todos ellos han sido quienes han presentado reportajes o análisis de sus promesas de campaña fallidas.
El precandidato presidencial no detuvo sus ataques durante más de una hora y terminó elogiando al streamer, asegurando que es “el único que busca la verdad y con quien se puede conversar”.
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Guevara cuestiona el sistema político peruano y demanda un consenso nacional. | IMAGEN: Gob.pe
AGENDA REGIONAL | Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca y actual precandidato presidencial por el Partido Morado, calificó al Congreso como “el epicentro de la demolición de la institucionalidad”, al acusarlo de intentar un “copamiento corporativo” de instituciones clave como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y el sistema electoral.
Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=88rGO4QrJQE&t=689s
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Los pobladores y alcaldes de los distritos afectados por la carretera JU-103 dieron 48 horas de plazo al gobernador Zósimo Cárdenas para que se presente en la zona y explique la nueva suspensión de los trabajos. La obra, que une Pancán, Yauli y Ricrán, lleva siete años de retraso, el mismo tiempo que tomó construir la Interoceánica, con solo 72 kilómetros.
Según el alcalde de Pancán, Jhon Solís, el Gobierno Regional de Junín detuvo la obra el 6 de octubre. Alegaba la persistencia de lluvias, cuando el cronograma fijaba culminar el 9 de octubre. La paralización rompió el compromiso del gobernador de intervenir económicamente al Consorcio Edén, la empresa ejecutora, para evitar más demoras.
Los comuneros denunciaron que la paralización total permitió que las lluvias destruyeran parte del material colocado, dejando la vía intransitable. Además, advirtieron errores en las obras de saneamiento, con tuberías mal enterradas y riberas debilitadas por la extracción de material para la carretera.
El proyecto tiene un presupuesto inicial de S/ 29.3 millones, pero el gasto financiero ya alcanza el 96 %, mientras el avance físico apenas llega al 40 %. El Frente de Defensa del Valle de Yacus advirtió que iniciará un paro provincial en Jauja si el gobernador no garantiza la reanudación inmediata de los trabajos.
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NO VA A HACER SHOW | Delia Espinoza aseguró a quienes la critican que si esperaban que irrumpiera en el Ministerio Público como lo hizo Patricia Benavides, pueden seguir esperando: ella no va a protagonizar actos bochornosos y afirma que respeta a los trabajadores de la Fiscalía. Por su parte, el fiscal interino de la Nación ha evitado responder a la prensa. Argumenta que “no sabe nada” y que no dejará el cargo hasta recibir una notificación oficial.
Espinoza, quien fue suspendida y a quien el Poder Judicial ordenó reponer en el cargo de fiscal de la Nación, expresó su esperanza de poder ingresar a la sede del Ministerio Público este viernes, tal como dictó el juez Juan Torres Tasso. Sin embargo, señaló que no ingresará “empujando la puerta”, en alusión a lo que hizo la exfiscal suprema Benavides.
Según denunció la fiscal, el jueves 13 de noviembre Gálvez cerró el piso 9 del Ministerio Público —donde está el despacho de la fiscal de la Nación— y trasladó a los trabajadores del área de Enriquecimiento Ilícito a labores virtuales hasta nuevo aviso.
Espinoza también acusó a la JNJ de dilatar la ejecución del fallo y seguir notificándole un proceso administrativo que fue suspendido por el juez. Afirmó que la falta de cumplimiento de la resolución podría convertirse en un delito continuado.
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Defensa de Pedro Castillo increpa a jueces en alegatos finales de juicio causando risas y críticas en redes: «Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o muerto”
Ministerio Público investiga a Keiko Fujimori por supuestos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos.
Defensor del Pueblo aclaró que, con o sin máscara, los actos vandálicos deben ser penados
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CUSCO: Gobernador regional confirma visita de presidente José Jerí y ciudadanos piden más obras y menos show AYACUCHO: Sindicato de trabajadores de la Unsch se moviliza en Ayacucho y anuncia nuevas medidas de protesta JUNÍN: Comunidades de Jauja inician paro indefinido y el GORE niega abandono de la carretera JU-103
PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 14 noviembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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Aunque se haya librado del Caso Cocteles, Keiko Fujimori sigue bajo la lupa de la justicia. Ya no es investigada por el Equipo Especial Lava Jato, sino por una fiscalía contra el Lavado de Activos. El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que la eterna segundona tiene una carpeta fiscal por el presunto delito de financiamiento ilícito de partidos políticos. Por el momento, el expediente está conformado por 186 páginas que detallan el ingreso de dinero de origen desconocido mediante sobres y aportes no declarados.
El documento señala que este dinero provendría de aportantes anóminos y falsos. Además, lo visto en el caso Cocteles sirvió de lección para que la fiscal Manuela Villar Ramírez construya una hipótesis bastante sólida, según revelaron fuentes del semanario.
La acusación sería presentada en alrededor de 6 meses en contra de las cabezas visibles de Fuerza Popular, entre ellos Keiko, Miki Torres, Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda. Se vienen cositas.
Defensa de Pedro Castillo increpa a jueces en alegatos finales de juicio causando risas y críticas en redes: «Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o muerto ”
El juicio que se le sigue a Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y demás implicados por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre está llegando a su etapa final. Después de casi 3 años de testimonios, pruebas, arrebatos, denuncias, expulsiones y hasta la fuga de uno de los acusados, el proceso por fin entra a su cuenta regresiva con los alegatos finales de las defensas. Más de dos horas habló el abogado de Castillo; sin embargo, lo único que terminó saltando a los titulares fue el inesperado retorno de la famosa parábola del niño y el pollo.
Ricardo Hernández decidió revivir la anécdota para dirigirse a los jueces de la sala: “Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven, o ustedes lo condenan”, expresó enérgicamente, quizás esperando que la divertida metáfora incline la balanza judicial. Según la defensa, durante el proceso no se habría encontrado ninguna prueba que demuestre que Castillo coordinó o ejecutó un plan para concretar un golpe de Estado, afirmando que nunca hubo un cierre real del Congreso y que, por lo tanto, la acusación debería caerse por sí sola.
Ahora la expectativa es simple: ¿el tribunal decide cocinar al pollo o permitir que siga picoteando?
Defensor del Pueblo aclaró que, con o sin máscara, los actos vandálicos deben ser penados
Parece que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tiene una visión bastante «descarada» del asunto. Mientras se debate encarcelar hasta por una década a quienes protesten con el rostro cubierto, él opina que enfocarse en la máscara es perder el tiempo «por las ramas». Su lógica es simple: taparse la cara es solo una cuestión de «forma»; lo que realmente importa, y debe ser sancionado, es el acto vandálico en sí, ya sea que el culpable lleve pasamontañas o tenga estampado su foto de DNI. Con ironía, sugiere que para eso están todos los operativos y cámaras de vigilancia: para que el ciudadano no crea que sus «actuaciones» pasan desapercibidas.
En otras palabras, su mensaje es que el sistema debería ser lo suficientemente inteligente para identificar a un violento, con o sin disfraz, sin necesidad de criminalizar una prenda de vestir. ¿El defensor del Pueblo, realmente defiende al pueblo?
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
