Un manto de preocupación cubre a la región de Arequipa tras confirmarse la desaparición de un trabajador del Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema. Según el Comunicado n.º 030-2025-PEIMS, Félix Santos Choque Flores fue reportado como desaparecido mientras cumplía tareas de operación y vigilancia en la Represa Aguada Blanca. El hecho, que ocurrió el pasado 5 de noviembre de 2025, de acuerdo con la información disponible, activó de inmediato los protocolos de emergencia y búsqueda, coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La desaparición de un empleado durante el desempeño de sus funciones en una infraestructura crítica como una represa naturalmente pone el foco en los protocolos de seguridad industrial y las condiciones en las que se realizan estas labores de vigilancia. Si bien Autodema aseguró priorizar la seguridad y la integridad del personal involucrado en la búsqueda, el evento subraya la necesidad de revisar exhaustivamente si las medidas de prevención de riesgos laborales eran adecuadas para una zona de alto riesgo como un embalse hídrico.

Como respuesta al suceso, el gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú García, se trasladó a la Represa Aguada Blanca para dirigir y supervisar personalmente el operativo de localización. En el lugar, sostuvo un encuentro de trabajo con la unidad de la Policía de Alta Montaña para coordinar y agilizar las operaciones de rastreo y rescate. Una de las decisiones más relevantes fue la gestión e incorporación de buzos especializados privados. El proyecto asumió que los costos y seguros de estos buzos serían cubiertos por la institución, lo que sugiere una urgencia por reforzar las tareas de búsqueda subacuática.

Búsqueda se intensifica sin resultados y surge la interrogante

Las operaciones de búsqueda y localización continúan desarrollándose de manera ininterrumpida, con el personal especializado rastreando tanto la superficie como el interior del embalse. A este esfuerzo se suma un componente adicional, según lo informado: la implementación de la búsqueda aérea en los alrededores y zonas adyacentes de la Represa Aguada Blanca, como parte de las acciones articuladas con la PNP. La intensa movilización de recursos —terrestres, aéreos y subacuáticos— pone en evidencia la dificultad del terreno y la complejidad de la búsqueda.

Mientras los equipos trabajan sin descanso bajo la supervisión del gerente ejecutivo, la institución también ha canalizado esfuerzos en brindar soporte al entorno familiar del trabajador. El gerente Otazú García dialogó con la esposa, hijos y familiares, expresando su solidaridad y pidiendo calma. Autodema ha dispuesto apoyo permanente a la familia directa, cubriendo movilidad, alimentación y acompañamiento. Este apoyo, aunque vital en lo humano, no debe desviar la atención de la interrogante central: ¿qué falló en la operación y vigilancia para que un trabajador desapareciera?

El Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema, en su comunicado del 6 de noviembre de 2025, reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará informando sobre el avance de las labores por sus canales oficiales. La entidad también hizo un llamado a los medios y a la población para evitar difundir información no confirmada. Sin embargo, la ciudadanía espera ahora no solo noticias sobre la localización de Félix Santos Choque Flores, sino también una investigación clara sobre las circunstancias de su desaparición y las condiciones de seguridad laboral en la Represa Aguada Blanca.

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La cancillería peruana rompió las relaciones diplomáticas con México a raíz de que la embajada de este último país en Lima asilara a Betssy Chávez, la última primera ministra del gobierno de Pedro Castillo.
Chávez es la mujer más joven en haber llegado a la presidencia del consejo de ministros peruanos, algo que lo logró al tener la edad de Cristo (33 años). Acusada de haber coorganizado un golpe de estado para cerrar el congreso, pasó dos años en la cárcel donde tuvo que hacer una huelga de hambre cuestionando constantes agresiones. Tras ver que el presidente constitucional electo Castillo no puede salir del penal pese a no tener ninguna sentencia firme, que la fiscalía le ha pedido 25 años de cárcel y que su excompañero de bancada y precandidato presidencial Guillermo Bermejo ha entrado al penal para cumplir 15 años encerrado, ella decidió asilarse en la embajada azteca de Lima.
Este incidente mancha mucho a la imagen internacional del Perú. Mientras al autócrata Alberto Fujimori el Tribunal Constitucional le excarceló y a su hija Keiko Fujimori le ha liberado del caso por lavados de activos, y la justicia perdona a corruptos y violadores de derechos humanos, se hostiliza a políticos de izquierda.
A Castillo y Chávez se les quieren imponer drásticas condenas acusándolos de golpistas, pese a que ninguno de ellos causo ninguna muerte o herido. El error de Castillo fue haber inaugurado su presidencia el 28 de julio del 2021 sin haber llegado con una fuerte movilización de masas para anunciar la restitución de la constitución de 1979 y llamar a una nueva constituyente. Luego dudaban en organizar grandes marchas por el cierre del congreso y contra el golpe. Al final el parlamento fujimorista modificó tanto la carta magna que hizo una nueva mediante la cual era imposible adelantar elecciones legislativas. Cuando el 7 de diciembre del 2021 Castillo anunció tal paso lo hizo sin movilizar a las calles y sin ninguna clase de respaldo militar, fue un hara-kiri.
En cambio, el Congreso está liderado por quienes realizaron el golpe fujimorista del 5 de abril de 1992, el cual si mando tanques para intervenir los poderes legislativo y judicial. La constitución que rige al país fue impuesta tras dicho golpe y mediante dictadura.
México ha mantenido su tradición histórica de otorgar asilo. Al romper relaciones, Perú se golpea así mismo su participación en la «Alianza del Pacífico» (en la que está junto con México, Colombia y Chile, republicas que han cuestionado su régimen de derechos humanos), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad Económica de Latino América y el Caribe (CELAC). Su imagen va a aparecer muy quebrantada a escala internacional.
El nuevo presidente José Jerí, además, ordenó la expulsión de Karla Ormelas, la encargada de la embajada mexicana en Lima. De ahora en adelante solo ha de haber un consulado mexicano en Lima y uno peruano en la capital azteca. No es seguro que le vayan a dar un salvoconducto de salida a Betssy.  El presidente ecuatoriano  Daniel Noboa intervino en la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex-vicepresidente Jorge Glás, quien estaba asilado en dicha sede.
Romper relaciones y echar a la cabeza de una embajada es algo que no lo han hecho otros gobiernos peruanos previos. No lo hizo Alberto Fujimori cuando Colombia le dio asilo a Alan García en 1992 (como antes ese país había refugiado al jefe aprista Víctor Raúl Haya de la Torre). Tampoco se dio ello ante otros asilos, como cuando Fujimori, siendo dictador renunciante, se refugió en Japón o cuando la ex-primera dama Eliana Karp de Toledo se estableció en Israel. Ni siquiera Dina Boluarte sancionó a México por asilar a la esposa e hijos de Pedro Castillo o al Brasil cuando en abril la ex-primera dama Nadie Heredia de Humala se asiló en su embajada en Lima. Reino Unido no cerro la embajada ecuatoriana en Londres soportando que allí viviera 7 años Julian Assange.
Lo que ha hecho Jerií es una muestra de debilidad. Mientras Claudia Sheinbaum es la presidenta más votada en la historia de la hispanidad (llegó a la presidencia mexicana con más de 36 millones de votos y en su primer año de gobierno mantenía el apoyo de 4 de cada 5 compatriotas), Jerií es el menor votado en todo el mundo de habla castellana (solo obtuvo 11,000 votos en el 2021, y no fue electo congresista, sino suplente de un partido -Somos Perú- que quedó en puesto 12 y con poco más del 1% de los votos a nivel nacional). Mientras la mandataria azteca es quien dirige a su república, Jerií es apenas un títere de quienes perdieron las elecciones pasadas.
A Chávez se le cuestiona del porqué no se lanzó como candidata (a la presidencia o al senado) por Juntos Por el Perú, aunque sea pasando a la clandestinidad, tal y cuál lo ha hecho Vladímir Cerrón. La diferencia es que el propietario de Perú Libre lleva más de dos años como «fugitivo» pues lleva la protección de los dos gobiernos de turnos, a los cuales él ha apoyado o apoya.
Es evidente que en el Perú se rigen a todos con dos varas. A quienes son parte de las mafias que gobiernan se les permite postular (como pasa con Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, el prófugo Vladímir Cerrón o el sancionado expresidente Pedro Pablo Kuczynski), pero a quienes estas argollas no aceptan se les ponen peros. El partido del ex-maoísta Duberlí Rodríguez no puede ser legalizado y el expresidente Martín Vizcarra (favorito en alguna encuestas) no tiene garantías que podría permanecer en carrera electoral.
La cuna de los imperios inca y azteca siempre tuvieron buenas relaciones, algo que hoy destruye un gobierno impopular cuyo primer ministro acusa los jóvenes que protestan como «terroristas» del MRTA.

El conflicto por la autoría del proyecto del Megapuerto Multimodal Corío ha generado controversia en Arequipa. La empresa Euroamerican International Group Arequipa SAC denunció públicamente que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) habría utilizado como propio un expediente técnico elaborado por la compañía hace casi dos décadas, con estudios y planos presentados oficialmente el 31 de agosto de 2006. El reclamo surge a pocos días de la firma de un convenio entre el GRA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ProInversión para ejecutar el proyecto denominado “Gran Megapuerto Multimodal de las Américas”.

Según el presidente del directorio de la firma, Juan Manuel Pereira Medina, el expediente original, compuesto por 121 folios y 19 planos, fue sellado y recepcionado por el GRA durante la gestión de Daniel Vera Ballón. La empresa sostiene que los documentos desaparecieron de los archivos institucionales. Lo que constituye, según su versión, una vulneración a los derechos de autoría y custodia.

La compañía arequipeña afirma que el Gobierno Regional tomó como base su propuesta de 2006 para desarrollar el actual megaproyecto. Pereira Medina recordó que el estudio inicial fue concebido como una iniciativa privada de inversión, con la finalidad de posicionar a Arequipa como eje logístico del sur del Perú y del continente. El expediente contemplaba una inversión proyectada y una extensión territorial de 5.000 hectáreas, que hoy el gobierno regional amplió a 15.000.

El empresario denunció que seis gestiones regionales ignoraron la propuesta y que recién con la inauguración del puerto de Chancay el tema volvió a ser priorizado. En su declaración, señaló que el actual gobernador, Roel Sánchez, habría retomado el proyecto “como propio”, lo que motivó la convocatoria a la conferencia de prensa para informar sobre la supuesta apropiación.

“Este expediente con 121 folios y 19 planos fue entregado al Gobierno Regional de Arequipa en un acto de desprendimiento de los empresarios que elaboramos este proyecto”, afirmó Pereira Medina.

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Exigen reconocimiento y anuncian demanda millonaria

En respuesta a los oficios enviados por la empresa, el Gobierno Regional de Arequipa solicitó mayores precisiones, como el número de expediente o cargo de recepción del documento. La compañía presentó como prueba el recibo del pago de S/ 27.600, realizado en 2006 por concepto de derechos administrativos. Sin embargo, según Euroamerican, la Oficina de Inversiones informó que “no existe ningún documento”, situación que consideran una grave irregularidad.

Ante ello, la empresa anunció el inicio de un proceso judicial contra el GRA por mil millones de dólares como reparación civil por el presunto plagio y pérdida de documentación. Pereira indicó que el objetivo no es detener el avance del megaproyecto, sino que se reconozca la autoría del diseño original.

“Vamos a iniciar un proceso judicial donde le vamos a pedir al Gobierno Regional de Arequipa mil millones de dólares por reparación civil. Por no haber custodiado nuestro proyecto. Por haber permitido que lo plagien”, declaró el empresario.

El futuro del proyecto y la intervención de las autoridades portuarias

La empresa informó que pondrá el caso en conocimiento de la Autoridad Portuaria Nacional. A fin de que se evalúe la legalidad de la iniciativa regional antes de otorgar licencias o autorizaciones. Además, señaló que el desarrollo del megapuerto, independientemente del gobernador en funciones, debe cumplir con el reconocimiento a los autores del proyecto original presentado en 2006.

Pereira reiteró que Arequipa necesita el proyecto y que la empresa no pretende obstaculizar las inversiones públicas o privadas, sino únicamente reivindicar su participación histórica.

“Lo único que estamos solicitando es que el Gobierno Regional de Arequipa nos reconozca como autores de la idea, como creadores de este proyecto”, enfatizó.

El Megapuerto Multimodal Corío, rebautizado por el GRA como “Megapuerto de las Américas”, se presenta como una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país. Sin embargo, la disputa por su origen y autoría abre un nuevo capítulo en la relación entre el sector privado y las autoridades regionales.

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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán hasta este lunes 10 de noviembre. La interrupción del servicio afectará algunas zonas en 6 distritos del departamento en algunos días del periodo antes señalado.

Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. La interrupción se debe al mantenimiento de redes y expansión de redes en varias zonas del departamento.

¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?

• Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado de Arequipa, Cerro Colorado, Miraflores, Yanahuara.

Cortes de luz el sábado 8 de noviembre: horarios y zonas

Seal no informó de interrupciones del servicio en la fecha señalada.

Cortes de luz el domingo 9 de noviembre: horarios y zonas

La interrupción del servicio eléctrico afectará a múltiples zonas en los distritos de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Miraflores y Yanahuara.

En el distrito de Cerro Colorado, las interrupciones se darán desde las 06:00 a.m. hasta las 15:00 p.m. por la instalación de Recloser y reemplazo de BC-070502. Las áreas impactadas incluyen las urbanizaciones Alto Libertad, Alto Victoria, Ampliación Alto Libertad, Andrés Avelino Cáceres, Agpv La Estrella del Curcal, Artempa, Crucero La Estrella 1, El Solar, Irrigación El Curcal Lateral 6-8, La Libertad, Lateral 1 Sector Morro Negro-Irrigación Zamacola, Morro Negro, Parque Industrial vía de Evitamiento, y Residencial Arboleda.

Por su parte, la suspensión del suministro será de 06:30 a.m. hasta las 14:30 p.m. debido al Mantenimiento de ampliación de potencia y L-3065 Chilin-Challapampa y L-3064 Chilina-Challapampa y abarcará sectores en Alto Selva Alegre (Urbanizaciones Alto Selva Alegre de 1 de Enero, Alto Selva Alegre Zona A, Alto Selva Alegre Zona C, Andrés Avelino Cáceres, Artesanal Arpita, Augusto Salazar Bondy, Avis Cruz de Chilina, Chilina, Complejo Artesanal El Mistil, El Labrador de Chilina, El Mirador, Gráficos Zona A, Independencia Zona A, Javier Heraud, Juan Velasco Alvarado Zona A-B, La Estrella, Los Andes de Alto Selva Alegre, Los Balcones de Chilina, Rafael Hoyos Rubio, Ramírez Priale, San Jose, San Lazaro, Villa Confraternidad, Villa Confraternidad Zona D, Villa Ecologica, Villa El Conquistador, Vista Alegre), Cercado de Arequipa (Centro Histórico, Chilina, San Lázaro), Cerro Colorado (Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: El Rosario I, La Alborada, Las Terrazas del Rosario, Quinta El Sol, Virgen del Rosario I), Miraflores (Urbanizaciones del distrito de Miraflores: Cooperativa Nro. 14, Edificadores Misti, Fondo de Vivienda Militar del Ejército, Las Palmeras, Los Olivos, Miraflores, Multifamiliar 3R, Urbanización Alameda de Salaverry, Villa Goyeneche, Villa Militar, Villa Militar Pedro R Gallo), y Yanahuara (Urbanizaciones del distrito de Yanahuara: Las Retamas, Los Claveles, Paisajista Chilina, Yanahuara).

Cortes de luz el lunes 10 de noviembre: horarios y zonas

Seal no informó de interrupciones del servicio en la fecha señalada.

Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa hasta este lunes 10 de noviembre

Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones (SE) en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a domingo, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.

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Tras más de dos años en la clandestinidad, Mario Huamán Valdivia, hijo del exalcalde Armando Huamán Tasayco, fue capturado en el distrito de Sunampe, donde vivía con total normalidad pese a estar incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Conocido como “El Oso”, Huamán Valdivia es sindicado por la Fiscalía como cabecilla del “Clan Edil del Sur Chico”, una organización criminal que operaba desde la Municipalidad Provincial de Chincha, anulando papeletas, liberando vehículos del depósito municipal y entregando licencias de conducir a cambio de dinero.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) el miércoles 5 de noviembre. Tras su detención, el investigado fue trasladado a Lima para diligencias judiciales y luego devuelto a Ica, donde el Poder Judicial ordenó su ingreso al penal de Chincha, junto a otros exfuncionarios de la gestión de su padre.

La red del Clan Edil: antecedentes de una mafia municipal

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Ica – Cañete revelan que esta red funcionó durante la gestión del exalcalde Armando Huamán (2019–2021). Desde la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial, los funcionarios cobraban sobornos por gestiones rápidas, licencias irregulares y trámites de tránsito.

Según la fiscalía, los implicados actuaban como una estructura jerarquizada, donde cada miembro tenía funciones específicas para “agilizar” trámites a cambio de coimas. Parte del dinero recaudado aproximadamente S/ 2,000 semanales habría sido entregado directamente al exalcalde, identificado como líder de la organización.

En septiembre de 2022, un megaoperativo policial y fiscal permitió la captura de varios integrantes del grupo, entre ellos un regidor provincial, a quien se le halló S/ 40,000 y documentos relacionados con las licencias fraudulentas. Otros miembros fueron encarcelados preventivamente por 36 meses, mientras Mario Huamán logró escapar.

Los aliados del exalcalde: capturas recientes y vínculos familiares

En marzo de 2025, la Policía detuvo en Chincha a Carlos Alberto Mateo Munayco, alias “Milera” o “Popeye”, cuñado del exalcalde Armando Huamán. Su captura reveló que operaba junto a Mario Huamán Valdivia coordinando cobros ilegales y trámites irregulares en la Subgerencia de Transportes.

Mateo Munayco, también prófugo por más de dos años, fue arrestado en un campo deportivo de Sunampe, el mismo distrito donde meses después fue hallado “El Oso”. Ambos están acusados de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

Una recompensa de S/5,000 y el fin de su fuga

Por la captura de Mario Huamán Valdivia se ofrecía una recompensa de S/ 5,000. Su detención es un nuevo golpe a la red de corrupción que enquistó la Municipalidad de Chincha durante años.

El hijo del exalcalde enfrenta ahora cargos por corrupción, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, y será procesado junto a exfuncionarios de confianza de su padre.

Con esta captura, la Fiscalía busca cerrar el círculo de una investigación que empezó en 2022 y que ya ha dejado más de una decena de exfuncionarios encarcelados.

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El número de casos de leptospirosis en Piura continúa en aumento, alertan las autoridades de salud. Según el médico infectólogo César Guerrero, en lo que va del 2025 se han registrado 316 casos, de los cuales 182 son probables y 134 han sido confirmados, superando los 262 casos reportados durante todo el año pasado.

Las zonas con mayor número de contagios son Sullana (148 casos), Bellavista (52), Tambogrande (12) y Castilla (11). La población más afectada corresponde a los jóvenes y adultos entre 18 y 59 años, considerados parte de la población económicamente activa.

“El peligro surge cuando las aguas de lluvia se mezclan con aguas servidas o desagües. Si una persona transita por esas zonas sin la protección adecuada y tiene una herida, puede infectarse”, advirtió el especialista.

Guerrero explicó que la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con aguas contaminadas con orina de animales, principalmente de ratas. Los síntomas pueden confundirse con el dengue o la hepatitis, pues incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y, en casos graves, daño al hígado, riñones o cerebro.

“Aunque el 90% de los casos son leves, un 10% puede desarrollar cuadros severos que comprometen varios órganos e incluso causar la muerte”, precisó el médico.

El tratamiento es accesible y se realiza con antibióticos como amoxicilina, eritromicina o penicilina, disponibles en los centros de salud. Sin embargo, no existe una vacuna contra esta enfermedad, por lo que la prevención es clave.

“Debemos evitar que los niños jueguen en aguas acumuladas o contaminadas. Muchas veces parecen lagunas inofensivas, pero en realidad son focos de infección”, advirtió Guerrero.

El especialista también advirtió que con el aumento de las temperaturas se incrementa el riesgo de otras enfermedades como dengue, chikungunya y males digestivos, por lo que recomendó reforzar las medidas de higiene y cuidado alimentario.

En relación a la vacunación contra el dengue, informó que la primera dosis alcanza una cobertura del 96%, pero la segunda solo llega al 57.5%, debido a la desinformación en redes sociales.

“La protección completa solo se logra con las dos dosis. Está comprobado que la vacuna reduce en más del 84% las hospitalizaciones por dengue grave. Los padres deben confiar en la evidencia científica”, exhortó el especialista.

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La regidora de la Municipalidad Provincial de Loreto (Nauta), Guilliany Jiselita Dávila García, expresó su rechazo a la resolución de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta que dispuso no formalizar ni continuar la investigación por la presunta pérdida de tres maquinarias municipales en buen estado. 

La autoridad calificó la decisión como un hecho que “no puede quedar impune” y anunció que presentará una apelación ante instancias superiores. Dávila recordó que la denuncia fue presentada hace un año, tras constatar junto con efectivos policiales y representantes del Ministerio Público que las maquinarias no se encontraban en el lugar asignado. 

“Necesito una explicación, señor fiscal. ¿Cómo es posible que se archive un caso que involucra patrimonio municipal?”, manifestó. La regidora pidió a los ciudadanos de Nauta sumarse a su pedido de justicia y exigir el uso transparente de los recursos públicos. 

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El Centro de Salud del distrito de Monzón, en la provincia de Huamalíes, permanece paralizado desde el año 2021. Los pobladores y autoridades locales reclaman la falta de avances en una obra que consideran indispensable para garantizar la atención médica en una zona donde viven más de 19 mil habitantes.

El presidente de la junta vecinal de Pistaloli, Hipólito Serna Romero, lamentó que las promesas del Gobierno Regional de Huánuco no se hayan cumplido. Según relató, el proyecto comenzó durante la gestión del anterior gobierno regional, pero hasta la fecha no se ha retomado. “Nos dijeron que había presupuesto para continuar, pero todo quedó en palabras. No hay voluntad política, y el pueblo se siente engañado”, expresó Serna.

El dirigente denunció además fallas estructurales en la obra inconclusa. “Hay dos pabellones que parecen coladeras, están chorreando agua y en riesgo de colapsar. Hicimos las observaciones, pero nadie se hace responsable”, afirmó. La falta de supervisión técnica y de seguimiento institucional, añadió, ha generado desconfianza entre los vecinos.

Un centro que no cubre la demanda local

Actualmente, el establecimiento de salud de Monzón funciona con una infraestructura limitada y sin atención nocturna. Las emergencias deben ser derivadas a Tingo María, a más de dos horas de distancia. Serna señaló que este déficit de atención pone en riesgo la vida de los habitantes. “Si alguien se enferma de noche, no hay a quién acudir. La atención termina a las siete y después nadie atiende. Estamos abandonados”, denunció.

La falta de supervisión técnica y de seguimiento institucional, añadió, ha generado desconfianza entre los vecinos. (Foto: Inforegión)

El dirigente vecinal pidió que se habilite un turno médico nocturno y que se priorice la culminación del centro. “Monzón necesita un establecimiento operativo las 24 horas. No es un capricho, es una urgencia por la cantidad de personas que atendemos”, insistió.

Reformulación del expediente y promesas de reactivación

Desde el sector salud, el jefe del Centro de Salud de Monzón, Saúl Romero Aguirre Loarte, explicó que el expediente técnico se encuentra en proceso de reformulación. El documento inicial presentó fallas en los servicios básicos, pues se había asumido que la localidad contaba con agua, desagüe y energía eléctrica, lo que no era cierto. “El expediente inicial tuvo errores. Por eso se está corrigiendo y el nuevo documento ya está próximo a ser licitado para reiniciar la obra”, señaló Romero.

El funcionario precisó que la futura infraestructura permitirá que el establecimiento pase de categoría I-3 a I-4, lo que posibilitará una atención médica las 24 horas del día. “Con el nuevo centro y su equipamiento podremos atender partos, emergencias y accidentes sin depender de otros hospitales”, sostuvo.

Actualmente, el centro cuenta con tres médicos generales, cuatro obstetras y una ambulancia operativa, pero los recursos son insuficientes frente a la demanda. Romero comentó que atienden a más de 7 mil personas, incluyendo comunidades aledañas.

El funcionario precisó que la futura infraestructura permitirá que el establecimiento pase de categoría I-3 a I-4. (Foto: Inforegión)

Expectativas frente a una reunión clave

Este 7 de noviembre, las autoridades locales y del sector salud sostendrán una reunión en Huánuco para definir el estado real de la obra y su posible reapertura. El jefe del establecimiento confía en que esta vez el compromiso se cumpla. “Ya pasaron tres gobernadores y más de tres años de espera. Es momento de que se concrete la construcción. No podemos seguir sin resultados”, enfatizó.

Mientras tanto, los vecinos continúan presionando para que el proyecto no quede en el olvido. En Monzón, la frustración crece al mismo ritmo que el deterioro de una obra que debía ser símbolo de progreso, pero que hoy refleja el abandono de todo un distrito.

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La Contraloría General de la República detectó fallas que comprometen la calidad y operatividad del nuevo Hospital San Martín de Pangoa, obra del Gobierno Regional de Junín valorizada en más de S/ 94 millones. El proyecto, esperado por una población considerada entre las más pobres del país, busca mejorar el acceso a servicios médicos especializados.

Durante la inspección, los auditores hallaron filtraciones de agua de lluvia en el techo del hospital, humedad y óxido en las viguetas, así como corrosión en la cobertura metálica y deterioro del asfalto. Estas deficiencias podrían afectar la durabilidad y seguridad de la infraestructura hospitalaria.

Además, la Contraloría advirtió que los equipos médicos recuperables del antiguo hospital, que debían integrarse temporalmente al nuevo establecimiento, se encuentran en mal estado o son obsoletos. Su uso pondría en riesgo el funcionamiento integral del hospital.

Los hallazgos fueron incluidos en el Informe de Hito de Control n.º 17554-2025-CG/GRJU-SCC, remitido al Gobierno Regional de Junín para que adopte medidas correctivas. El proyecto del Hospital San Martín de Pangoa comenzó el 21 de noviembre de 2020 y, tras tres paralizaciones, una suspensión y 27 ampliaciones de plazo, su entrega fue reprogramada para el 29 de noviembre de 2025.

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En Puno se prepara una iniciativa clave para transformar la economía regional: la instalación de una planta de beneficio aurífero que permita procesar el oro dentro del territorio y frenar su salida hacia otras zonas del país o incluso al extranjero. El objetivo es claro: que el valor del mineral y los ingresos del canon minero permanezcan en la región altiplánica.

David Silva Linares, director de Asuntos Corporativos de Paltarumi S. A. C., informó que la empresa evalúa instalar una planta procesadora en Puno con el fin de evitar que el mineral aurífero se traslade sin refinar a Arequipa o, peor aún, que cruce la frontera hacia Bolivia.

“No compramos oro metálico, nosotros compramos mineral aurífero en bruto”, explicó. Actualmente, el material extraído se envía hasta Paramonga (Barranca), donde se convierte en doré —una aleación de oro y plata— que luego se exporta para su refinación final en el extranjero.

Silva advirtió que esta dinámica resta a Puno una importante fuente de ingresos. “Gran parte del oro puneño termina fuera de la región, lo que impide que el canon refleje el verdadero potencial minero local”, sostuvo. Hoy, Puno recibe alrededor de 9 millones de soles por canon minero; sin embargo, si el procesamiento se realizara en la propia región, esa cifra podría superar los 100 millones de soles, según cálculos de la empresa.

El representante de Paltarumi subrayó que su modelo de trabajo prioriza el respeto ambiental y la convivencia con las actividades tradicionales del altiplano. “Sí es posible hacer minería responsable y que pueda coexistir con la agricultura y la ganadería”, afirmó, al destacar que la empresa busca replicar en Puno su experiencia de minería sostenible aplicada en el norte del país.

De concretarse el proyecto, Puno no solo incrementaría sus ingresos fiscales, sino que también abriría la puerta a la formalización de pequeños productores auríferos, generación de empleo y desarrollo de infraestructura industrial. En pocas palabras, se trata de un paso decisivo para que el oro de Puno deje de ser una riqueza que se va y empiece a brillar dentro de su propio suelo.

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La Municipalidad Provincial de Puno ejecutó un megaoperativo de desalojo en la madrugada del jueves en la Avenida Bicentenario, con la participación de 150 efectivos policiales. La intervención municipal que resultó en la demolición masiva de construcciones a lo largo de la franja costera, dejando como saldo personas heridas, animales domésticos fallecidos y familias en situación de desamparo. El operativo ha generado controversia por la presunta falta de notificación previa y las graves afectaciones reportadas por los pobladores de la zona.

La autoridad municipal de Puno realizó un desalojo masivo contra ocupantes de terrenos en la Avenida Bicentenario. Este operativo movilizó a 150 efectivos policiales y concluyó con la demolición de diversas construcciones en la zona ribereña; la acción dejó personas heridas y causó la muerte de animales domésticos durante la intervención.

El subgerente de Seguridad Ciudadana declaró el éxito total de la operación coordinada con la Policía Nacional. La intervención se inició a las cuatro y media de la madrugada en la zona. Las autoridades lograron desocupar el noventa y cinco por ciento de los terrenos identificados como invadidos.

Los ocupantes de los predios presentaron resistencia durante el desarrollo del megaoperativo nocturno en Puno. Lanzaron piedras contra policías y serenos municipales que participaban en la acción de desalojo. Funcionarios precisaron que las heridas sufridas por el personal interviniente no revisten gravedad según reportes oficiales.

Niños y animales afectados

Pobladores de la Avenida Bicentenario denunciaron graves consecuencias por el uso de maquinaria pesada durante las demoliciones ya que dos menores de edad resultaron heridos por escombros mientras descansaban en sus viviendas al momento de la intervención. Además, se encontraron gallinas y cuyes muertos aplastados por los derrumbes provocados.

Las demoliciones ejecutadas abarcaron toda la extensión de la franja costera en la mencionada avenida puneña. Aunque la mayoría consistían en muros de contención, destruyeron una vivienda techada que ya estaba completamente construida. Varias familias habitaban estos espacios cuando ocurrió la intervención.

Las familias afectadas aseguraron que no recibieron ninguna notificación oficial antes del desalojo ejecutado por el municipio. La autoridad provincial deberá responder sobre este procedimiento en los próximos días ante los reclamos ciudadanos. En horas de la mañana se observó a numerosas familias trasladando camas y pertenencias hacia la avenida Costanera tras perder sus construcciones.

Cuestionamientos legales al operativo

Un vecino de la zona cuestionó la legalidad del procedimiento ejecutado por la Municipalidad Provincial de Puno y sostuvo que el municipio ejerció usurpación de funciones administrativas al intervenir directamente en la faja marginal. Según su argumento, esta área corresponde a la Autoridad Administrativa del Agua conforme a la normativa vigente.

El ciudadano realizó acusaciones más graves contra la administración municipal de la ciudad lacustre de Puno. Afirmó que existe una organización criminal infiltrada en gerencias municipales que opera detrás del manejo de terrenos en la jurisdicción, una denuncia que añade un componente de presunta corrupción al ya complejo escenario del desalojo ejecutado.

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Pobladores y dirigentes locales del importante distrito cusqueño de Santa Ana demandaron enérgicamente una gran inversión pública al Estado. Los ciudadanos de Santa Ana exigen que se invierta en nuevos sistemas de riego para la agricultura además de mejorar el servicio esencial de agua potable y alcantarillado. El secretario general de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares, Cirilo Quispe Zúñiga, expresó su inmensa preocupación ante las graves deficiencias. Estas falencias en los servicios básicos críticos afectan de manera constante a la población entera de la provincia.

Cirilo Quispe Zúñiga denunció públicamente que existen bastantes quejas por los constantes e inoportunos cortes en el servicio esencial de agua potable. Es importante señalar que estas interrupciones del servicio básico llegan a durar hasta dos días, causando graves problemas de salud pública. El dirigente manifestó claramente que los ciudadanos de la zona están completamente cansados de las promesas de las autoridades que nunca se cumplen. Cirilo Quispe Zúñiga exigió acciones concretas y directas para resolver el problema ante el importante crecimiento poblacional.

¡Hartos de promesas! Exigen inversión en servicios básicos críticos y vías rurales

Los pobladores pidieron la elaboración urgente de un expediente técnico que se encuentre muy bien elaborado para contar de inmediato con un buen servicio. El líder campesino destacó también las numerosas necesidades insatisfechas en el extenso sector rural del distrito de Santa Ana. Cirilo Quispe Zúñiga manifestó que muchos agricultores de la provincia aún carecen de necesarios sistemas de riego para sus importantes cultivos. El dirigente criticó que por el aniversario de Quillabamba deberían estar inaugurando nuevos sistemas de riego.

Además, el secretario de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares señaló la gran falta de señalización en las calles de la ciudad capital. Los pobladores de Santa Ana requieren urgentemente la reparación de las importantes carreteras rurales para el fácil tránsito de sus productos. Exigen la elaboración de un expediente técnico de calidad además de una mayor inversión pública en sus servicios básicos críticos. La población de Santa Ana necesita con urgencia que el Estado atienda sus reclamos de agua, desagüe, riego y caminos.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

Las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana están solicitando una audiencia al Papa León XIV para conocer lo que implica la disolución definitiva de esta agrupación católica que cometió abusos físicos y psicológicos. A la par, cuestionan que el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, sea comisario adjunto para este proceso.

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, que reúne y representa a las víctimas de esta agrupación solicitaron con una carta una reunión presencial o virtual con el Santo Padre, a fin de conocer detalles del proceso de disolución de la agrupación católica y que responda a sus anteriores comunicaciones.

«Con profundo respeto nos dirigimos nuevamente a usted, pues al no haber recibido respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones en las que nos presentamos, pedimos información del proceso de cierre de la mencionada institución», refieren.

Asimismo, dicen en la misiva, “pedimos reuniones para ofrecer nuestro apoyo y tener un canal de comunicación formal y efectivo para que las víctimas que representamos, miembros activos de nuestra asociación, sean escuchadas por la Iglesia y sepan qué esperar de este proceso de cierre».

Arzobispo de Arequipa encabeza comisión adjunta que disolverá definitivamente Sodalicio

No están de acuerdo con el arzobispo del Río Alba como comisionado

La asociación le recuerda al sumo pontífice que son una agrupación independiente y sin vinculaciones de cualquier instancia eclesial, política o civil. Y le expresan, «si bien somos conscientes de su recargada agenda y de sus preocupaciones por la realidad del mundo y la complejidad de su gobierno, es que recurrimos a Usted, Santo Padre, con el fin que conozca nuestra realidad y compromiso”.

También le piden que se les precise con quien deben coordinar sus acciones, pues los asociados “son víctimas reales e identificables, que con este silencio se revictimizan y pierden la poca confianza en un proceso que debía tener como centro a ellos», agregaron.

Cuestionan el reciente nombramiento del arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, como comisionado adjunto en el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) tal como lo dan a conocer en un comunicado, en el que el colectivo expresa su preocupación por la falta de sensibilidad de las autoridades eclesiásticas y la poca atención que, afirman, han recibido a lo largo de los años.

Y en ese sentido, la Asociación criticó que el Vaticano haya designado a figuras vinculadas a la Iglesia peruana que, según los denunciantes, han mostrado una cercanía con la “familia sodálite”. Este nuevo equipo de comisarios, encabezado por monseñor Jordi Bertomeu, deberá culminar el proceso de supresión del SCV, las Fraternidades Marianas y otras entidades asociadas.

Papa León XIV apoya al Comisario para la liquidación del Sodalicio, Jordi Bertomeu

En tanto, desde el Vaticano se supo este viernes que el Papa León XIV apoyó al comisario Jordi Bertomeu con la designación de tres “comisarios adjuntos”, quienes “lo ayudarán desde Perú a concluir algunas gestiones necesarias para el proceso de liquidación en curso”. Ellos son el Arzobispo de Arequipa, Javier del Río, y dos expertos en derecho y finanzas, Arriaga y Velásquez

Bertomeu, tras la designación de los comisionados, dijo, “primero Francisco y ahora León XIV han seguido el proceso al detalle y ambos me han insistido siempre que las víctimas de abusos debían ser la prioridad en nuestra actuación”.

Pero otra agrupación denominada Red de Sobrevivientes Perú este jueves 6 de noviembre emitieron un pronunciamiento sobre “el engaño de la iglesia católica con respecto a la supresión del Sodalicio”.

Afirman que han cambiado de nombres algunos actores, pero que los responsables siguen en sus puestos y que no ha habido justicia para las víctimas. También dicen que el comisario Jordi Bertomeu no se volvió a comunicar con ellos, que tampoco han recibido respuesta a sus cartas ni han recibido apoyo de la Conferencia Episcopal Peruana.

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Una alianza estratégica entre el Estado Peruano y la empresa Tisur (del Grupo Romero) marca una nueva etapa para la infraestructura portuaria del sur del país. La firma de una adenda al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la región Arequipa, permitirá movilizar $700 millones destinados a modernizar y expandir sus operaciones.

El acto protocolar se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente de la República, José Jerí, y altos funcionarios. Este acuerdo es el resultado de un extenso proceso de evaluación técnica y legal que se extendió por más de dos años. Esto, con la participación activa de varios ministerios y organismos reguladores.

La inyección de capital transformará las capacidades del puerto. Los proyectos de mejora incrementarán en un 25% la disponibilidad de amarraderos, facilitando el atraque de más embarcaciones. Asimismo, la incorporación de nueva maquinaria, como grúas eléctricas, elevará en un 50% la eficiencia en el manejo de carga.

La capacidad de almacenamiento de minerales también experimentará un crecimiento significativo, proyectado en un 22%. Esta expansión consolida a la terminal como un punto neurálgico para el comercio exterior. Además, un detonante para el desarrollo de Arequipa y toda la macrorregión sur.

El gerente general de Tisur subrayó que este logro es fruto de un trabajo coordinado entre el concesionario y el Estado. Afirmó que el reto actual es materializar los compromisos, ejecutar la infraestructura planeada. Además, mantener los altos estándares de productividad que han caracterizado su gestión durante más de dos décadas.

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Importancia estratégica del puerto en Arequipa

El ministro de Transportes y Comunicaciones recalcó que Matarani se ha establecido como un motor económico fundamental para la región. La adenda renueva la confianza en un modelo que fomenta el empleo y dinamiza el intercambio comercial con el mundo.

Esta ampliación garantizará la atención logística de una cartera de proyectos mineros que supera los $11,000 millones en inversión prevista. La modernización del puerto será clave para sostener operaciones existentes y futuras. En conjunto generarán más de 250 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el país.

La empresa ha movilizado volúmenes históricos de carga y ha realizado inversiones billonarias en infraestructura.

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Martha Moyano arremetió contra los congresistas que defendieron a Pedro Castillo y Betssy Chávez durante el debate del informe que recomienda inhabilitarlos por 10 años en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La congresista fujimorista cuestionó a Jaime Quito y a otros parlamentarios que sostienen que estas sanciones responden a una persecución política para impedir que postulen en futuras elecciones. Moyano les recordó que fue gracias a los votos de Perú Libre que se alcanzó la mayoría necesaria para vacar a Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Por su parte, la congresista Lady Camones precisó que no se trata de una venganza política, sino de un proceso basado en hechos concretos. “El intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo fue un quiebre del orden constitucional”, señaló.

El informe no incluyó sanción para el exministro Roberto Sánchez, ya que la Corte Suprema lo eximió de responsabilidad política por el mensaje emitido por Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El video “LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES” | Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo se publicó en YouTube en este enlace

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La Tarumba fue escenario de una intervención policial en sus instalaciones. Esto, luego de que se reportara la participación de soldados en labores de desmontaje. La organización circense ha emitido un comunicado oficial para aclarar su posición frente a los hechos.

El pasado martes, un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público intervino el recinto, en Vallecito, Cercado de Arequipa. La acción se desarrolló tras recibirse una denuncia sobre la posible utilización indebida de personal del Ejército Peruano para tareas de desarme de la carpa principal.

Frente a esto, la organización de Arequipa, con 41 años de trayectoria, emitió un comunicado el 5 de noviembre. En el documento, La Tarumba expresó su compromiso histórico con el público y el país, destacando su habitual colaboración con diversas entidades para proyectos artísticos.

La compañía aclaró que la contratación del personal fue gestionada exclusivamente por Mandarina Producciones, la empresa productora local con la que trabajan en Arequipa. Según el comunicado, esta empresa solicitó el servicio de desmontaje a miembros del Servicio Militar Voluntario que se encontraban en su día de permiso.

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Objetivo de contratación en Arequipa

El circo aseguró que el objetivo de esta contratación fue generar un ingreso económico adicional para los soldados. Precisaron que el pago se realizó directamente a las cuentas bancarias individuales de cada militar y que se cumplió con contratar todos los seguros que establece la ley.

Las autoridades, durante el operativo, detectaron que alrededor de 25 soldados, presuntamente trasladados desde el cuartel Mariano Bustamante, realizaban labores de desmontaje vistiendo polos con el logo del circo.

En su pronunciamiento, La Tarumba enfatizó su respeto por las instituciones y manifestó su total disposición para colaborar con las investigaciones anunciadas por el Ejército del Perú y el Ministerio Público. Esto, con el fin de esclarecer los sucesos ocurridos en Arequipa.

Por su parte, el Ejército Peruano, a través de la Tercera División, confirmó la participación de tropa en actividades no relacionadas con sus funciones castrenses en Arequipa. La institución anunció una investigación interna a cargo de la Inspectoría General para determinar posibles responsabilidades y garantizar que el empleo del personal se realice conforme a la normativa vigente.

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La Red de Medios Regionales del Perú conversó con el abogado constitucionalista Óscar Matutti Sánchez, quien abordó la preocupante situación de las próximas Elecciones Generales de 2026, advirtiendo sobre las fallas de origen del sistema democrático peruano y la posibilidad de una crisis política garantizada.

El debate comenzó con el análisis de los recientes incidentes preelectorales. El lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, en Trujillo, se vio envuelto en controversia por la utilización de un bien del Estado, violando el principio de neutralidad y la normativa electoral. Matutti explicó que esta infracción debe ser investigada no solo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de su área de fiscalización, sino también por el Ministerio Público, ya que implicó el uso de bienes estatales.

El uso de bienes del Estado otorga una ventaja sobre los otros candidatos, y aunque hacer campaña es lícito, se debe hacer con los bienes propios. Esta no es una novedad, pues el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya ha sido investigado por indicios de vulneración a la neutralidad por hacer campaña con bienes de la municipalidad, y existen investigaciones similares en la región La Libertad en contra de César Acuña.

El constitucionalista manifestó su escepticismo sobre si este proceso electoral garantizará una competencia democrática. La gran cantidad de esferas de poder que buscan perpetuarse —con partidos en el poder como Somos Perú en la presidencia o Renovación Popular en la alcaldía de Lima— hacen dudar sobre la transparencia del proceso. Para Matutti, los hechos evidencian que los partidos que están en el poder buscan sacar ventaja de su situación.

Matutti sostiene que existen fallas de origen en el sistema democrático que impiden una verdadera representación. Uno de los problemas más graves es la fragmentación política provocada por el elevado número de partidos. Con 39 candidaturas en contienda, considerando que son las inscritas, y más de 10 mil candidatos, si los 39 partidos presentan lista, el país enfrentará una fragmentación democrática sin precedentes, superando los 23 candidatos de 2011. Esto producirá, según el experto, un Congreso y un Ejecutivo divididos, con líderes pequeños y débiles que pasarán a una segunda vuelta.

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La responsabilidad de esta situación recae en los congresistas que han legislado para facilitar la vida de sus partidos, convirtiendo la política nacional en un «circo» y no en un conjunto de partidos sólidos. La mayor parte de los partidos son informales, no tienen una ideología consolidada ni formación de cuadros, y se han convertido en «vientres de alquiler». De hecho, la última norma que permite la designación de hasta un 20% de candidatos a dedo sin pasar por democracia interna es una forma de saltarse la ley que exige un mínimo de dos años de afiliación. El Congreso ha debilitado el sistema democrático, que ya era fallido y arrastraba graves problemas desde el inicio del siglo XXI.

El Tribunal Constitucional también contribuyó a la crisis al «abdicar» de su labor de darle contenido al artículo 113, inciso 4, de la Constitución, sobre la incapacidad moral. Al no legislar con razones concretas y objetivas sobre este tema, se ha abierto una «caja de pandora» que ha permitido al Congreso vacar presidentes cada año, rompiendo el equilibrio de poderes y colocándose por encima de los demás. Esto ha normalizado las crisis democráticas, las cuales no permiten que el país crezca, a pesar de que los indicadores económicos muestren cierta salud.

El modelo democrático necesita un cambio urgente, fortaleciéndose con mayor contenido al artículo 113 de la Constitución. Otro riesgo es el sistema de votación: el tamaño de la cédula de sufragio podría ser tan grande —como una «caja de pizza familiar»— que llevará a un gran número de votos en blanco o nulo, restando representación democrática. El voto en blanco o nulo podría ser uno de los ganadores.

Respecto a las acusaciones de fraude electoral alertadas por un congresista, Matutti es categórico al descartarlas. El sistema electoral peruano cuenta con garantías de transparencia, con múltiples copias del acta de sufragio entregadas a diversos actores como la Defensoría del Pueblo, la OEA, la Unión Europea, Transparencia y los personeros. El verdadero problema no es la transparencia, sino la forma en que elegimos. El peruano vota más por personas que por partidos o propuestas; la gente vota por la «A» de Acuña, la «K» de Keiko o la «O» por Ollanta, por ejemplo. Esta situación no se va a solucionar en las elecciones de 2026, ya que el Congreso ha precarizado la política nacional.

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El abogado recordó que ya no es posible cambiar las normas electorales debido a la inmutabilidad electoral, que impide modificar las reglas un año antes del proceso. Por ello, el sistema democrático fallido que ha llevado a esta crisis no se corregirá para el 2026.

Ante la pregunta de qué mecanismos constitucionales tiene la ciudadanía para frenar esta regresión democrática, Matutti fue directo: hay muy poco por hacer. La recomendación esencial es el voto informado. La ciudadanía también podría impulsar que los colegios de abogados soliciten la expulsión de ciertas normas del sistema, aunque reconoció que el JNE no tiene competencia para expulsar a partidos con cuestionamientos penales.

Matutti sugirió que el JNE aún podría ser más exigente en las fiscalizaciones y requisitos de calificación, haciendo un examen más riguroso de las hojas de vida. Con la estimación de medio millón de candidatos a nivel nacional para las elecciones regionales y municipales, la fiscalización será un reto enorme. Matutti concluyó que el país se encuentra en un punto de inflexión democrática en el año 2026, en un año que es electoral desde ahora con las elecciones internas. La tarea de la ciudadanía es ser más exigente al momento de elegir a quienes les darán las riendas del futuro del país.

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SE DESCONTROLARON | El proyecto de ley que buscaba permitir la reelección de rectores de universidades públicas, conocido como la “Ley Jerí Ramón”, regresó a la Comisión de Educación luego de un acalorado enfrentamiento entre congresistas. Todo comenzó cuando la parlamentaria de Renovación Popular, Noelia Herrera, cuestionó la capacidad académica de los presidentes de dicha comisión, lo que provocó airadas reacciones entre los legisladores. Pese a los pedidos para que retire sus declaraciones, Herrera se negó argumentando que “no estaba mintiendo”.

El debate, que se tornó caótico, evidenció la falta de consenso respecto a la iniciativa que permitiría que las autoridades universitarias puedan ser reelegidas de manera consecutiva, algo que actualmente está prohibido por ley. El proyecto ha sido impulsado bajo el argumento de “garantizar la continuidad de la gestión y la experiencia”. Sin embargo, ha generado fuertes críticas desde diversos sectores académicos, que advierten que podría abrir la puerta al clientelismo. También, al control político dentro de las universidades públicas.

De acuerdo con el dictamen presentado, la propuesta buscaba modificar la Ley Universitaria para que los rectores, vicerrectores y decanos puedan postular nuevamente al cargo, siempre que cuenten con el respaldo de su comunidad universitaria. Sin embargo, tras la controversia y la falta de respaldo técnico, el Pleno decidió devolver el texto a comisión para su revisión.

En medio de los gritos y acusaciones cruzadas, el debate terminó por suspenderse. La llamada “Ley Jerí Ramón” causó molestia en otros congresistas porque la junta de Portavoces del Congreso acordó exonerar de debate e incluir en la agenda del Pleno.

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El video SE DESCONTROLARON | Bronca entre congresistas por ley que busca reeleccion de rectores se publicó en YouTube en este enlace

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JOVEN TALENTO | Con tan solo 11 años, el joven atleta Patrick “Kroketa” Mogrovejo Paz, natural de Mollendo, se alzó con el título mundial en la categoría 10–11 años del Campeonato Mundial de Triatlón Viña del Mar 2025, realizado en Chile. A su regreso a casa, el arequipeño fue recibido entre aplausos, abrazos y banderas peruanas por familiares, amigos y vecinos emocionados. Con una sonrisa llena de orgullo, Patrick agradeció a sus padres por acompañarlo en cada paso de su corta pero ya brillante carrera deportiva.

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¿POLICÍA O EXTORSIONADOR? | Un nuevo caso de un agente policial implicado en actos delictivos genera indignación en Lima. Un efectivo en actividad de la PNP y su padre fueron detenidos tras ser acusados de presunta extorsión a transportistas. El policía habría aprovechado sus días de franco para cobrar cupos a las víctimas.

El hecho ocurre en medio de constantes protestas de choferes y cobradores que denuncian el asedio de bandas criminales. En sus manifestaciones, también han cuestionado la corrupción dentro de la Policía Nacional, señalándola como una de las causas de la desconfianza hacia la institución.

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El video ¡EL COLMO! | Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas se publicó en YouTube en este enlace

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