Empiezo con este poema del libro Tienda de ultramarinos de José Ruiz Rosas, mi padre, limeño de nacimiento y arequipeño de adopción, que descansa en paz en esta ciudad desde 2018. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en mérito a su poesía e impregnó el quehacer cultural y literario de esta ciudad a la que dedicó sesenta años de su vida. Él nos inculcó el amor por nuestro mestizaje lingüístico y cultural y el profundo respeto por el otro y su sola palabra. Habría sido inmensamente feliz de vivir este magnífico congreso en Arequipa, iniciativa de su hijo, también poeta, mi hermano Alonso. En su memoria van estas reflexiones.

            He nacido y vivido en la Ciudad Blanca hasta los 19 años. Cuando viajaba a Lima, desde niña, el habla me sonaba extraña, me faltaban los diminutivos y me preguntaba si era que nadie me querría. Me fui enterando de que se debía al sustrato del aimara y quechua del español arequipeño, y que en las lenguas vernáculas hablar así era la expresión de su cortesía; y observaba que las diferencias de vocabulario, las morfológicas y sintácticas aumentaban en número a medida que la migración de las zonas más altas del departamento de Arequipa crecía, así como de los aledaños, en especial de Puno, y de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Moquegua.

            Esa falta de homogeneidad, supe más adelante, iba consolidando el castellano andino, aprendido como segunda lengua por hablantes de quechua y aimara, que en mi infancia y adolescencia eran en su mayoría de extracción social baja y escolaridad e instrucción incompletas, lo que suscitaba comentarios despectivos entre gente de lengua materna española y economía boyante y cierta pátina de habla culta. Actitud que en casa no se aprobaba, a diferencia de ambientes escolares privados. En nuestra librería familiar «Trilce» se ofrecía los escasos libros que podían conseguirse sobre quechua y aimara hasta que la librería cerró. Esto, a fines de los años sesenta.

            En 1975, de estudiante en Budapest, asistí a poco de llegar a una exposición sobre el apartheid en Sudáfrica. Fue entonces que entendí de golpe cuán racista era el Perú que acababa de dejar y qué papel sutil jugaba el uso «correcto» de la lengua española en esa discriminación. Hacía tres años que el gobierno de Velasco Alvarado había oficializado el quechua. Pero persistía el desprecio a lo largo y ancho del país, velado o no, de parte de quienes dominaban la norma del español frente a quienes lo «malaprendían», entre otras razones por ser a menudo analfabetos en sus lenguas maternas, y tener las consiguientes deficiencias gramaticales y dificultades fonéticas que configuran el dejo delator en primer lugar. Por sus prejuicios, los privilegiados hablantes de lengua materna española, se arrogaban superioridad y su uso del idioma era una clara herramienta hegemónica de poder frente a los otros.

            Medio siglo después, en términos absolutos, la alfabetización ha aumentado de manera notable; oficialmente, solo 5 % de peruanos no saben leer ni escribir. Aun así, hay diferencias escandalosas entre la población masculina y la femenina, y la urbana y la rural y amazónica. Al empezar el nuevo siglo, 70 % de la población iletrada eran mujeres, más marginadas, aferradas a sus hábitos tradicionales y ajenas al mundo occidental.

            En el Perú subsisten 47 lenguas originarias. El quechua y aimara, a su vez familias de lenguas que presentan variantes dialectales(1), y 39 amazónicas agrupadas en 17 familias lingüísticas(2). La Constitución las considerada oficiales en el ámbito de su predominancia, según la Ley N° 29735 de 2011, que regula su uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión(3). Como fundamento de la tradición oral e identidad cultural, constituyen patrimonio inmaterial de los pueblos originarios del Perú, y están en igualdad de derechos. Esto en teoría, pues la realidad es distinta.

            Difiere mucho el número de hablantes de cada una. Frente a casi 3 millones 800 mil de los diferentes quechuas y 450 mil de aimara, cuatro de las lenguas amazónicas no llegan a la decena de hablantes y su riesgo de extinción es inminente. Otras siete gozan de vitalidad, son habladas por todas las generaciones en los ámbitos de uso y es continua su transmisión de una generación a otra. El ashaninka, por ejemlo, de la familia arawak, lo hablan unos 74 mil peruanos(4). En las lenguas están codificados sus saberes, su relación específica con la naturaleza y el entorno, y cuando se extinguen, desaparecen con ellas buena parte de aquellos conocimientos ancestrales.

            En su detallado Atlas Lingüístico del Perú de 2001(5), Andrés Chirinos Rivera calculó a partir de los resultados censales de 1993, además de las densidades distritales por lengua materna, el índice de sustitución lingüístico por departamentos, tanto de migrantes como de lugareños. Este llamado ISL refleja cómo en el Perú de fines del siglo xx se consideraba en términos despectivos a los pobladores que no hablaban castellano y conservaban el idioma vernáculo y las costumbres propias que los caracterizaban como «indios», y a quienes se les atribuía la condición de analfabetos. Es en ese proceso de sustitución lingüística, en aquel tránsito de abandonar la lengua materna para adoptar la de prestigio, pues implica progreso y hasta supervivencia, que se dan las múltiples variaciones del castellano como segunda lengua y las consiguientes discriminaciones veladas o explícitas hacia sus hablantes, en lugar de celebrar el enriquecimiento lingüístico que ello implica.

            Desde 2008, vale decir antes de promulgarse la Ley N° 29753, el Ministerio de Educación del Perú ha ido normalizando los alfabetos de 20 lenguas originarias, lo cual implicó el reconocimiento de esas minorías étnicas y un esfuerzo para que no acaben por extinguirse, considerando que sus rasgos lingüísticos no son ni remotamente cercanos al español, lo que desde hace centurias ha entorpecido un bilingüismo o trilingüismo fluido en las diferentes zonas. Aun así, las campañas de sensibilización gubernamentales que comenzaron en 1972 y son cada vez mayores y muy loables y significativas. Desde el punto de vista sociolingüístico, no serán eficaces mientras la población no practique ampliamente, y sobre todo, no sienta el respeto a la diferencia.

            También conviven en este Perú multilingüe 50 mil personas de lenguas maternas extranjeras (6). Algunos son discriminados por racismo o clasismo, como ocurre con los hablantes de las lenguas vernáculas. En otros, en cambio, cuyas lenguas maternas gozan de un consenso de prestigio universal (inglés, alemán, italiano, portugués), el acento en su oralidad española, si existe, es más un rasgo encantador.

            Normalizar todas las lenguas originarias del país es inviable pues muchas se circunscriben al ámbito geográfico en que se hablan.

No obstante, un mayor aprecio por ellas en las sociedades contribuye a disminuir la discriminación e incrementar su transmisión a las generaciones nuevas. Además de valiosas ediciones bilingües patrocinadas algunas por instituciones no gubernamentales, los ministerios de Cultura y de Educación del Perú han incrementado en los últimos años acciones y estrategias para fortalecer la percepción del valor de las lenguas originarias y su contribución a la cultura del país. Incorporan la temática y la enseñanza de lenguas originarias en la educación básica regular. Las visibilizan e incentivan a quienes son agentes de promoción. Fomentan la producción de contenidos en lenguas indígenas por parte de los propios pueblos. Promueven y difunden contenidos en lenguas indígenas en los entornos digitales, medios de comunicación, industrias culturales y artes. Existe un Premio Nacional de Literatura para los géneros de novela, cuento, poesía, ensayo y literatura infantil en lenguas originarias.

La Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios también convoca un concurso de video y cine indígena y afrodescendiente comunitario. En 2023, por ejemplo, el Ministerio de Cultura publicó el relato Paco Yunque de César Vallejo en una preciosa edición multilingüe del original español y seis lenguas indígenas(7). Editoriales independientes como Pacarina apuestan por la literatura en lenguas originarias, acaba de salir una antología de poesía de la Amazonía.

            Hoy en día, al menos, es políticamente incorrecto discriminar a la población originaria por su habla como se ha hecho desde hace siglos con más de una lengua. Y resulta exótico apreciar sus manifestaciones culturales y a menudo muy rentable comercializarlas, pero no está tan claro que algo o mucho del desprecio de antaño por las personas no persista en el fondo de los corazones. Ha señalado hace poco el historiador José Carlos Agüero, que el desprecio «no acaba, sino que se actualiza porque la humillación teje subjetividades a largo plazo». Y mientras siga siendo una constante, explícita u oculta, seguirá ausente el respeto a la dignidad del otro, del diferente, indispensable para una coexistencia armoniosa y productiva.

            Pero también, más allá del resentimiento que se ha venido arrastrando desde el Virreinato. Un resentimiento que a veces es lo único que se tiene, dice Agüero, en el presente se observa un fenómeno más complejo. Por ejemplo, se demoniza con un solo verbo, el peruanismo «terruquear», que el utilísimo Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua aún no consigna, a quienes cuestionan cualquier injusticia cometida por el poder o simplemente simpatizan con ideas progresistas, insinuando o acusando directamente que sean allegados a la trágica y repudiable lucha armada de las últimas décadas del siglo pasado, para de ese modo restar cualquier legitimidad a sus reclamos o puntos de vista.

            Y sucede que muchas de las personas que ejercen ese extendido «terruqueo» (sustantivo que también merece su entrada en el mencionado Diccionario) son de igual extracción indígena que los «terruqueados», sea en primera o segunda generación. De hecho, el racismo activo de amplios sectores de la política desde altos cargos y poderes del Estado y élites económicas o personajes informales malamente enriquecidos, sin medida ni clemencia . Y, más brutalmente, de las propias Fuerzas Armadas para tratar a los pobladores del sur del país. Pongamos por caso, como a no ciudadanos solo por ser andinos. Da fe de lo que yo llamaría «la traición étnica», algo que desde luego no es una especialidad de aquí. Se traiciona sin reparos, cuando lo natural sería una lealtad étnica de castellanos múltiples y lenguas vernáculas.

Como si bastara con haber ascendido una ñizca, como decimos aquí en Arequipa. O mucho, en la escala social, y haberse blanqueado o no una pizca o mucho y haber pulido. O ni siquiera, una ñizca o mucho ese un castellano de los múltiples, adquirido con dificultad como segunda lengua, para menospreciar a quienes están todavía a la zaga en el empeño de progresar limpiamente, que son numerosos.   

            Muchas gracias a los presentes por haber elegido este panel. Y a la Real Academia Española de la Lengua, al Instituto Cervantes y a la Asociación de Academias, por esta invitación que me honra y me ha permitido dirigirme a ustedes en mi ciudad natal.

Referencias bibliográficas

• Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, Lima, 2013.
• Andrés Chirinos Rivera, Atlas lingüístico del Perú, Cusco, Ministerio de Educación, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 2001.
• José Carlos Agüero, Desprecio, la política del miedo en el Perú, Lima, La Siniestra S.A.C., 2023.
• Inés Pozzi-Escot, El multilingüismo en el Perú, Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1998.
• Dirección General de Ciudadanía Intercultural, Glosario: ABC de la interculturalidad [en línea, pdf], Lima, Ministerio de Cultura, 2023, disponible en: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/GLOSARIO%20ABC%20de%20la%20intercultura%202023%20-%208FEB.pdf
•  Ministerio de Cultura del Perú, Lista de pueblos originarios o andinos, Lima, 2023, disponible en: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/descargas/Lista%20de%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%20u%20Originarios%202023.pdfhttps://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/LEY-NACIONAL-DE-LENGUAS.pdf
•  Pontificia Universidad Católica del Perú, Ley Nacional de Lenguas [en línea], Lima, 2011, disponible en: https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/LEY-NACIONAL-DE-LENGUAS.pdf
• Academia Peruana de la Lengua, DiPerú Diccionario de peruanismos en línea, Lima, 2014, disponible en: https://diperu.apl.org.pe/buscar?entrada=6930

( 1)    De la familia aru o aimara han sobrevivido el aimara y el jaqaru y de la familia quechua las variantes  mayoritarias del quechua sureño (de Ayacucho y Cusco-Collao) y el central (de Ancash, Huánuco, norte de Lima, Pasco y norte de Junín; y dos variantes quechuas intermedias, el huanca y el quechua norteño, el ferreñafano-cajamarquino, el chachapoyas-lamas de Amazonas y San Martín respectivamente y el amazónico de las cuencas del Napo y Pastaza en Loreto). [Chirinos Rivera, 2001, p. 35]

( 2)    Arawa, arawak, bora, cahuapana, kandozi, harakbut, huitoto, jíbaro, muniche, pano, peba-yagua, simaco, tacana, ticuna, tucano, tupí-guaraní y záparo [Ministerio de Cultura, 2023, pp. 1-3]

(3)         En el Proyecto de Ley de Lenguas presentado por el Ministerio de Educación al Congreso de la   República figuran como oficiales las siguientes lenguas: 

1. El castellano en todo el territorio peruano. 2. El achuar, el aguaruna, el aimara, el amahuaca, el ashaninka, el bora, el arabela, el cacataibo, el candoshi, el capanahua. El cashibo-cacataibo, el cashinahua, el chamicuro, el chayahuita, el cocama cocamilla, el culina, el ese eja, el huitoto, el harakmbut, el iñapari, el jacaru, el jebero, el matsigenka, el mayoruna, el nomatsiguenga, el ocaína, el orejón, los quechuas central, jauja-huanca, norteño y sureño, el resígaro, el secoya, el shipibo-conibo, el taushiro, el ticuna, el urarina, el yagua, el yaminahua, el yanesha y el yine en las zonas en que se hablen. Con la salvedad de que esta enumeración no excluye a otras lenguas que puedan ser descubiertas por futuras investigaciones lingüísticas. [Cf., Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, p. 5]

( 4)         El nomatsigenga de la familia arawak, cuenta con casi 4 mil hablantes. El awajún y el wampis de la familia jíbaro, con 57 mil y 4 mil hablantes cada una. Y el shipibo-conibo, de la familia pano, con más de 34 mil.

( 5)         Andrés Chirinos Rivera, Atlas lingüístico del Perú, Cusco, Ministerio de Educación, Centro de Estudios   Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 2001.                    

( 6)         Constituyen un 0,2 % de la población total según el censo de 2017. Hablan, ya sea chino cantonés o mandarín en comunidades chinas en Lima y algunas ciudades de la costa. El japonés es hablado por los nikkei en Lima, en Huaral, en el puerto del Callao y la selva de Junín. El italiano por familias de inmigrantes en Lima, Callao y La Libertad. El alemán en las comunidades de Oxapampa y Pozuzo de descendientes de colonos austríacos. El árabe libanés y palestino en comunidades de Lima y regiones del sur. El inglés es hablado por descendientes de migrantes británicos y norteamericanos. Por último, el portugués en zonas fronterizas con Brasil (Madre de Dios, Ucayali, Loreto).

( 7)         Los quechuas áncash, chanca y cusco-collao, el aimara, el ashaninka, el awajún, el shipibo-conibo y el ticuna.

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En 2024, la pobreza monetaria en Arequipa se incrementó a 15,8%, lo que representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esta cifra equivale a unas 224 mil personas que no lograron cubrir la canasta básica de consumo, estimada en 454 soles. La situación refleja la persistencia de desafíos estructurales en el ingreso y acceso a bienes esenciales en la región.

Crecimiento económico y reestructuración laboral en Arequipa

La actividad productiva en Arequipa creció 1,2% en el segundo trimestre de 2025, impulsada por sectores como electricidad, gas y agua (+33,9%), construcción (17,6%) y agropecuario (11,1%). Este dinamismo, sin embargo, contrasta con la reducción de empleos registrada entre 2022 y 2024, con una pérdida cercana a 14,6 millones a nivel nacional y una reconfiguración del mercado laboral.

La informalidad laboral disminuyó del 67% al 62,2%, mientras que el empleo formal creció en 29.996 trabajadores. Por sectores, la minería e hidrocarburos lideró la creación de empleo con 8.741 trabajadores, mientras el comercio reportó una disminución de 17.866 puestos de trabajo. Estos movimientos muestran traspasos internos que afectan la estabilidad y los ingresos de las familias arequipeñas.

La brecha salarial persiste entre trabajadores formales e informales. Por ejemplo, en minería e hidrocarburos un empleado informal percibe 2.158 soles frente a 6.876 soles de un trabajador formal. Sectores como pesca, agropecuario y transporte muestran niveles de informalidad superiores al 75%, estos son retos estructurales que limitan la seguridad laboral y el acceso a beneficios sociales.

“Ahora sí, lo que queríamos hacer es que esta ciencia ha ido produciendo una brecha por cerrar. Y es porque, y vamos a ver después, no se ejecutan los presupuestos para inversión pública que tienen los gobiernos nacionales en equipo, de manera adecuada”, explicó Franco Yngunza, analista de estudios económicos de ComexPerú.

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Exportaciones y pobreza multidimensional en Arequipa

En 2024, las exportaciones regionales alcanzaron 6.534 millones de dólares, impulsadas principalmente por minerales. De enero a agosto de 2025, el cobre concentró el 37% de los envíos, seguido por oro en bruto (23%), molibdeno y concentrados (4%) y plomo (2%). La concentración de la canasta exportadora en minería subraya la dependencia de este sector para la economía regional.

En cambio, la pobreza multidimensional afecta a dos de cada diez arequipeños, equivalente a 318 mil personas, y contempla carencias en salud, educación y vivienda. Aunque la tasa descendió de 28,75% en 2023 a 22,4% en 2024, persisten brechas importantes en servicios públicos básicos. El 97,6% de establecimientos de salud de primer nivel y 11 de 12 hospitales presentan infraestructura inadecuada.

Entre los niños de 6 a 35 meses, la prevalencia de anemia alcanza el 44,2%, mientras uno de cada cinco hogares carece de acceso a saneamiento. Esta situación evidencia la insuficiencia de programas sociales y limita el desarrollo de capital humano, con impactos directos en la productividad y calidad de vida de la población.

“Esto, que se traduce como casi el 44% de prevalencia de anemia en niños entre 6 y 35 meses de edad, es un porcentaje bastante alto. Estamos hablando de que casi uno de cada dos niños tiene anemia en el departamento”, indicó Yngunza.

Inversión pública y capacidad de gestión municipal en Arequipa

Más de la mitad de la inversión pública en Arequipa depende de los gobiernos locales, que concentran el 60% de los recursos asignados. Sin embargo, solo ejecutaron el 69,6% de su presupuesto en 2024. Algunos municipios, como Uraca, lograron ejecutar apenas el 18,2% de sus recursos, mientras Yarabamba llegó a 58,3%, demostrando sus limitaciones en planificación y gestión.

Entre enero y septiembre de 2025, la ejecución de inversión pública mostró mejoras: el Gobierno Regional alcanzó 82% y los municipios 53,3%, cifras superiores a 2024. No obstante, la baja capacidad técnica y administrativa sigue siendo un factor clave que impide la correcta implementación de proyectos, generando obras paralizadas que afectan directamente a la ciudadanía.

Franco Yngunza señaló: “No es que falte dinero, sino que hay una falta de capacidad principalmente de los funcionarios de los gobiernos locales para ejecutar este presupuesto. Esto se traduce en servicios deficientes y obras que no cumplen su propósito”.

Obras paralizadas y brechas de servicios en Arequipa

Hasta junio de 2025, Arequipa registró 133 obras paralizadas en los tres niveles de gobierno. La mayoría son responsabilidad municipal, con 57 detenidas por incumplimiento de contratos y 11 por problemas de planificación inicial en expedientes técnicos. Las obras afectadas incluyen abastecimiento de agua, pistas, veredas, puentes y caminos vecinales, fundamentales para la vida cotidiana.

Los proyectos paralizados reflejan la necesidad de reforzar la capacidad de formulación y evaluación de proyectos, así como mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Iniciativas como las obras por impuestos han mostrado resultados positivos en Arequipa, permitiendo la culminación de proyectos que podrían servir como modelo para replicar buenas prácticas.

El informe presentado por ComexPerú, destaca que la combinación de crecimiento económico, pero con retos en inversión pública y servicios básicos, define la compleja situación de Arequipa. La correcta ejecución del presupuesto y el fortalecimiento de capacidades locales son esenciales para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y garantizar que los beneficios del desarrollo económico lleguen a todos los ciudadanos.

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Zoila Vega, reconocida musicóloga y docente arequipeña, ha recorrido escenarios y archivos en busca de comprender la historia musical del sur del Perú. En esta conversación nos habla de como entiende Arequipa y la música como reflejo de nuestra identidad, de su labor en la formación de nuevas generaciones y de la ciudad como un espacio sonoro que guarda memoria y crea comunidad.

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CRIMINALIDAD EN EL PERÚ | El estado de emergencia y las constantes apariciones ante cámaras del presidente José Jerí parecen no ser efectivas frente a la ola de criminalidad, extorsiones y sicariato que preocupa a todos los peruanos.

Hace dos años, un día como hoy, varios comandos de Hamás se introdujeron al territorio de Israel y mataron a unas 1200 personas –mujeres, hombres y niños y soldados desprevenidos–, la mayor parte de los cuales celebraban la fiesta de Simjat Torá. No fue un hecho de guerra contra instalaciones militares, sino un ataque terrorista contra civiles.

El gobierno de Israel respondió de inmediato con una guerra en Gaza para desarmar a Hamás, el grupo que gobierna este territorio y que desde hace unos 20 años ha construido una red subterránea de cuarteles y pasadizos bajo las edificaciones civiles: viviendas, hospitales, escuelas y organismos públicos. Esta guerra ha hecho también, obviamente, víctimas entre los civiles de Gaza, utilizados como escudos humanos, lo que ha servido para el relanzamiento del antisemitismo, camuflado de condena por ciertos grupos participantes de la cultura occidental y, entre estos, como los más exaltados, los grupos comunistas residuales y sus anexos.

Sin embargo, ninguno de los que ahora se solidarizan con los gazatíes y Hamás, incluidos los participantes en las excursiones en yates y otras embarcaciones pequeñas a la costa de Gaza, condenaron la matanza de israelíes del 7 de octubre de 2023. La muñeca sueca llamada Greta, creada para animar a ciertos grupos de ecologistas, nunca se enteró de lo que los terroristas islamistas de Gaza les había hecho a los civiles de Israel.

¿Por qué?

Porque hay en este antisemitismo, retroalimentado de cuando en cuando si los judíos ejercen el derecho de defenderse, una raíz religiosa: desde que el cristianismo fue impuesto como la religión oficial y única en el Imperio Romano en el año 380 por el Edicto de Tesalónica de Teodosio, la persecución, la tortura y la quema de judíos en las plazas públicas con la participación del pueblo han creado un sedimento cultural en las mentes de muchos de sus creyentes, fobia que se manifiesta, con más o menos intensidad, en la animadversión que en algunos puede llegar al odio contra los judíos, aunque muchos de ellos ignoren lo que ellos son. Esa manera de ser de la religión cristiana contraría las enseñanzas de Jesús, quien fue un judío, y, desde luego, no se le halla en los evangelios.

El antisemitismo ciego y bárbaro llevó, en Europa, a las matanzas de judíos por grupos del pueblo, animadas por algunos monjes y curas. Y, en ciertos casos, por personas que debían dinero u otros bienes a judíos. En Europa oriental, estas matanzas, conocidas con el término ruso de pogroms, eran frecuentes hasta antes de la Revolución Bolchevique de 1917.

El exterminio de más de 6 millones de judíos por Hitler y sus seguidores (el referéndum de 1933 le concedió más del 90% de los votos) tiene esa raíz. También se percibe ese fondo religioso en los fusilamientos de unos 800,000 disidentes ordenados por Stalin, de los cuales gran parte fueron judíos. Y, lamentablemente, la ideología inspiradora de esos asesinatos se ha reproducido en muchos de sus seguidores. Bulle cuando una corrida mediática les pone ese señuelo ante los ojos. ¿Qué le habrían hecho a Carlos Marx si hubiera sido coetáneo de Stalin y hubiera vivido en algún lugar de la Unión Soviética?

Que las matanzas de judíos las perpetren ahora ciertos grupos creyentes en el Islam no importa y parecerían ser bienvenidas. Al contrario, no hay ninguna condena contra los grupos musulmanes que ahora mismo están matando a cristianos por miles. Tal lo que sucede en Nigeria, una república del centro de África. El grupo armado islamista Boko Haram ya ha matado a más de 185,000 personas de religión cristiana desde 2009. El propósito es erradicar el cristianismo en estos países. Y la cuenta sube a razón de 32 cristianos asesinados por día. Casi todos estos cristianos son de raza negra, cuya vida parece valer menos para los medios occidentales.

En Gaza, hasta antes de los hechos relatados, vivían unos 2 millones de árabes en inmuebles que se fueron amontonando. Allí y donde la única actividad económica era el comercio. No había ni hay industria, ni agricultura ni ganadería. Pero su ejército de decenas de miles de soldados era muy poderoso. ¿De qué viven y cómo pagan este ejército supercaro y su dédalo de subterráneos? De recursos que fluyen abundantes de ciertos países árabes productores de petróleo. Y de los servicios de agua y energía eléctrica provenientes de Israel, a pesar de que lo considera su enemigo. En lugar de aplicar esos recursos al desarrollo económico, prefieren utilizarlos en esa manera de existir, justificada por la idea, de imposible realización, de echar a los 8 millones de judíos del territorio de Israel.

Israel tiene ahora más 10 millones de habitantes, de los cuales unos 8 millones son judíos y unos 2 millones árabes. El ingreso per cápita de los israelíes es algo más de 54,000 dólares por año, uno de los más elevados en el mundo. Lo obtienen con su educación, su formación profesional, sus inversiones, sus inventos y descubrimientos y su trabajo y tesón. Dicho sea de paso, un 32% de los premios Nobel, un índice de la sabiduría en el mundo, han sido conferidos a judíos. Una colectividad que llega a mucho menos del 1% de la población mundial y a la cual la humanidad le debe tanto.

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Por Rosario Cardeña

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Por: Christopher A. Martínez/Latinoamérica21. El 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” y puso fin al gobierno de Dina Boluarte. El suyo se convierte así en el caso número 25 de “fracaso presidencial” (esto es, todos los presidentes que han sido obligados a dejar el poder) en América Latina desde 1980 a la fecha, si contamos a aquellos que han permanecido en el cargo por un periodo significativo (quedan excluidos casos como los de Rosalía Arteaga de Ecuador, Adolfo Rodríguez Saá en Argentina, y Manuel Merino de Perú que ejercieron presidencias interinas por menos de dos semanas).

La moción de censura que vacó el máximo cargo de Perú fue el noveno intento desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo luego de su fallido intento de autogolpe. Con ello, Perú alcanzó un nuevo récord regional: cinco presidentes “fracasados” antes de concluir su mandato, superando a Bolivia y Ecuador, que acumulan cuatro casos cada uno.

Más que un episodio aislado, la salida de Boluarte confirma un patrón que he documentado en mi libro Why Presidents Fail (2024): la creciente dificultad de los mandatarios latinoamericanos para sostenerse en el poder.

Las causas inmediatas de la caída de Boluarte

Los análisis sobre los principales desafíos enfrentados por la administración Boluarte identifican tres factores principales que ayudan a explicar su caída. El primero es la frecuencia y magnitud de las protestas callejeras. En solo dos años, su gobierno fue testigo de más de 1.700 protestas, según el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad. Las manifestaciones dirigidas específicamente contra el Ejecutivo son un factor clave para explicar la inestabilidad presidencial. Según mi investigación, cada protesta masiva de ese tipo aumenta en casi 30% el riesgo de que una presidencia fracase.

El segundo factor es el peso de los escándalos presidenciales. El llamado caso Rolex y las acusaciones por enriquecimiento ilícito, sumados a su polémica ausencia para someterse a cirugías estéticas, combinaron elementos de corrupción y moralidad pública. En mis estudios, este tipo de escándalos –ya sean por corrupción, escándalos morales o abuso de poder– elevan en promedio un 13% el riesgo de que un presidente sea forzado a dejar el cargo.

El tercer elemento es la inseguridad y el crimen organizado. Como señaló el analista Will Freeman, Boluarte podría ser la primera presidenta latinoamericana destituida por su incapacidad de enfrentar el crimen organizado. Este es un aspecto novedoso en la explicación de las presidencias fracasadas: la erosión del control territorial y la inseguridad como detonantes de crisis políticas.

El trasfondo estructural

Pero las causas inmediatas solo cuentan una parte de la historia. La inestabilidad de Perú –y de Boluarte en particular– tiene raíces más profundas en la debilidad crónica de sus partidos.

Los presidentes en cualquier país, tanto para que sus proyectos se aprueben como para que sus gobiernos sean estables, necesitan de relativamente buenas relaciones con los partidos. Esto puede lograrse en países con partidos débiles, medianamente institucionalizados, o fuertes. No obstante, como argumento en Why Presidents Fail, solo en el caso de estos últimos las relaciones presidente-partidos se sustentan en aspectos programáticos y en visiones compartidas de largo plazo. En los partidos oficialistas, estos elementos generan lealtad real hacia el presidente; en los de oposición, produce un espíritu republicano, institucional, que los induce a respetar los procesos y principios democráticos. Todo esto contribuye a presidencias más duraderas y democráticas.

Por el contrario, cuando los partidos son parcialmente institucionalizados o claramente débiles, la cooperación presidente-partidos descansa en aspectos meramente instrumentales y superficiales, y en lógicas de quid pro quo; todas orientadas al corto plazo. Sin embargo, esa estabilidad es engañosa: no descansa en convicciones ideológicas ni en acuerdos programáticos, sino en intercambio de favores, en “lealtades” transaccionales y efímeras, las cuales rápidamente pueden cambiar de dueño.

En este tipo de sistemas, el cortoplacismo domina. Las alianzas cambian al ritmo de las conveniencias inmediatas, y la “compra de voluntades” reemplaza las visiones políticas orientada al largo plazo. En ese escenario, la caída de un presidente depende menos de una convicción moral o ideológica y más de la convergencia circunstancial de actores dispuestos a coordinar su destitución sin mayor consideración por las implicaciones futuras de sus acciones.

Del blindaje al abandono

Durante más de dos años, Boluarte se benefició de esa lógica. Los partidos representados en el Congreso la protegieron de ocho mociones de vacancia entre enero de 2023 y mayo de 2024. Pero su supervivencia claramente no respondía a una coalición ideológica, sino a un pacto de conveniencia. Más bien a una “coalición autoritaria” como la etiquetó el académico peruano Omar Coronel. Esta coalición ad hoc, virtualmente sustentada en asegurar el poder y los cargos políticos hasta 2026, fue clave para explicar la estabilidad del gobierno de Boluarte a pesar de los significativos desafíos a su autoridad por parte de las masivas olas de protestas antigubernamentales. La propia naturaleza de este tipo de coaliciones no puede entenderse sino en un contexto de partidos débiles o inexistentes, como es el caso de Perú.

Cuando la presidenta se volvió (aun más) impopular, incapaz de ofrecer una respuesta al avance del crimen organizado y debilitada por los escándalos, su utilidad política se agotó. Las protestas de las últimas semanas de la “Generación Z” y las movilizaciones de transportistas cansados de las extorsiones y sicariatos debilitaron significativamente a Boluarte. La gota que rebalsó el vaso fue el ataque armado al popular grupo de cumbia Agua Marina el 8 de octubre. Este trágico evento no solo validó las demandas sociales, sino que dejó sin margen de maniobra a los partidos oficialistas en el Congreso. Estos últimos, en un esfuerzo clásicamente egoísta y cortoplacista para mejorar sus chances de ganar la reelección, abandonaron raudamente a Dina Boluarte. Las mismas fuerzas que habían cerrado filas en su defensa decidieron abrirle la puerta de salida en una votación unánime.

¿Expectativas, tras la salida de Boluarte?

A diferencia de otras crisis presidenciales, el reemplazante de Boluarte proviene del mismo sector político que fue blanco de las protestas, aunque la expresidenta concentraba el grueso del descontento. Se trata, en rigor, de una suerte de gatopardismo sucesorio: cambiar algo para que nada cambie. Bajo estas condiciones, la transición corre el riesgo de fracasar, incluso antes de concretarse en su intento por desescalar –aunque sea temporalmente– la crisis.

Christopher A. Martínez es doctor en Ciencia Política en Loyola University Chicago, Estados Unidos. Es Investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Director Alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina – CRISPOL. Autor del libro Why Presidents Fail: Political Parties and Government Survival in Latin America. Podcast: Por qué fracasan los presidentes.

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AGENDA REGIONAL | Para Harvey Colchado, la corrupción alimenta el colapso dentro de la Policía Nacional. Plantea reordenar al personal por meritocracia, evitar rotaciones sin especialización y aplicar controles internos más severos, incluido el polígrafo, en cargos estratégicos. Advierte que, si mandos corruptos ascienden, arrastran a la institución; pero si se impulsa a los honestos, el cambio se ve rápido.

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Zoila Vega Salvatierra, escritora y docente, reflexiona sobre la enseñanza de la música en un mundo de cambios frenéticos. «Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente», dice. Escúchala en #ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK

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La Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) administra actualmente más de 300 inmuebles y sostiene su funcionamiento mediante los alquileres de estas propiedades, el cementerio y museo La Apacheta, las zonas azules y pequeños talleres productivos. De acuerdo con su gerente, Augusto Arce, la entidad recauda alrededor de 13 a 14 millones de soles anuales, cifra que permite mantener los albergues, comedores y programas sociales dirigidos a más de 350 beneficiarios, entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades mentales.

Las rentas de los inmuebles han mostrado un incremento significativo: de un promedio de S/230 000 mensuales en 2024 pasaron a S/480 000 en 2025, impulsadas por procesos de desalojo y recuperación de propiedades. La Beneficencia también mantiene una sentencia judicial favorable por más de S/800 000 frente a la red de salud Arequipa-Caylloma, deuda que, con intereses, asciende a cerca de S/2 millones. A ello se suman los ingresos del cementerio La Apacheta, que genera unos S/450 000 mensuales con la venta de nichos y mausoleos, además de las zonas azules, que aportan más de S/100 000 al mes.

Aunque la institución mantiene finanzas positivas, Arce precisó que solo se sustenta la manutención de los programas, pero no mejoras ni ampliaciones. Tampoco recibe apoyo económico de autoridades, por lo que sus operaciones dependen únicamente de los programas productivos. Con la estabilidad contable alcanzada, la SBA planea relanzar la Lotería de Arequipa, desaparecida hace más de dos décadas, con la meta de ampliar sus ingresos y financiar nuevos proyectos sociales.

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Remodelación del Hotel Presidente paralizada

Uno de los principales inmuebles en disputa es el Hotel Presidente, ubicado en el centro histórico, cuya gestión se encuentra judicializada desde 2020, tras una serie de irregularidades en procesos de licitación y desmantelamiento. Mientras no exista una resolución judicial definitiva, Arce indicó que la Beneficencia no podrá atraer inversión ni ejecutar obras de remodelación.

Lotería de Arequipa: un proyecto para generar recursos sociales

La SBA busca reactivar la Lotería de Arequipa en 2026. El plan contempla la creación de un directorio propio que supervise y transparente la gestión de los fondos, garantizando que las utilidades se destinen a los hogares y comedores administrados por la entidad. Con ello, la Beneficencia apunta a recuperar un proyecto tradicional que en el pasado financió obras sociales en la región.

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Por: Iván Paredes Tamayo, fuente: Mongabay Latam. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en el departamento de Santa Cruz, es el área protegida de Bolivia más afectada por los incendios. En esta reserva, 15 000 hectáreas ya fueron arrasadas por las quemas. Desde el Gobierno boliviano aseguran que son provocadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Fuentes policiales afirmaron, además, que la droga que se produce en esta área protegida sale a Brasil por su cercanía.

Leer más | Bolivia: en solo 18 días se registraron 5809 focos de calor en territorios indígenas de la Amazonía y Chiquitania

Ante la consulta de Mongabay Latam, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Álvaro Ruiz, confirmó la presencia delictiva en el Noel Kempff Mercado. “Las actividades ilegales pueden ser las principales responsables” de los incendios, sostuvo, y añadió que las sospechas recaen en la minería ilegal y el narcotráfico.

Ruiz explicó que en varias ocasiones bomberos forestales y militares sofocaron los incendios en el parque Noel Kempff Mercado, uno de los más extensos de Bolivia, pero que en otros puntos se activan nuevos focos.

Una fuente policial explicó a Mongabay Latam que la presencia de narcotraficantes en el área protegida data de hace más de 40 años y que en un inicio se encontraron plantaciones de hoja de coca, pero luego de varios operativos, se destruyeron laboratorios especializados para fabricar clorhidrato de cocaína. “Esa cocaína refinada se va directamente a Brasil, por la cercanía que hay con el parque Noel Kempff Mercado”, dijo la fuente, que pidió reserva de identidad.

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado tiene una extensión de 1 523 446 hectáreas recostadas sobre el oriente de Bolivia, al norte del departamento de Santa Cruz y en la frontera con Brasil. La UNESCO declaró a esta reserva como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000. Aun así, esta área protegida viene siendo avasallada por actividades delictivas.

Fue creada en 1979 con el nombre de Huanchaca y con algo menos de la mitad de su tamaño actual. La reserva conoció tres diferentes etapas en su evolución. La inicial, hasta 1986, podría calificarse de inactiva. El parque existía sobre el papel, pero sin presencia física de controles o guardas ni una gestión concreta en cuanto a investigación científica ni cualquier otro tipo de aprovechamiento. La soledad del lugar facilitó su colonización por el creciente narcotráfico que se movía por la región. Dentro del parque comenzaron a funcionar laboratorios de producción de cocaína, se construyeron pistas clandestinas de aterrizaje y el negocio de la droga se hizo dueño de la zona.

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El escenario se tornó violento, y fue así cuando el 5 de septiembre de 1986, en la meseta de Caparú, una de las más altas del parque, fue asesinado por narcotraficantes Noel Kempff Mercado, el naturalista más reconocido del país, quien acompañaba a una misión de investigadores españoles.

Tras el asesinato del naturalista

La noticia de la tragedia sacudió a la sociedad y motivó un cambio de actitud hacia el parque. Fue creado el Centro Regional de Conservación de la Naturaleza con la tarea de planificar y gestionar el área, que un par de años más tarde cambiaría de nombre para homenajear al científico fallecido. Allí comenzó un lento proceso de organización que se consolidaría a partir de 1993, cuando dos organizaciones, la local Fundación de Amigos de la Naturaleza (FAN) y la estadounidense The Nature Conservancy (TNC), diseñaron y presentaron un proyecto para la gestión global del área. Ahí comenzaba la época dorada.

En esa misma meseta de Caparú, donde a Noel Kempff Mercado lo sorprendió la muerte, existe una hermosa cascada de agua de 88 metros de altura. Otra de sus maravillas es el río Paucerna, donde se denuncia que hay minería ilegal. 

Hace tres meses, la fuerza antidrogas de Bolivia y el Ministerio Público hallaron y destruyeron dos «megalaboratorios» para procesar cocaína en el parque nacional. Estas factorías tenían una capacidad aproximada para producir media tonelada diaria de cocaína de alta pureza. Según la investigación, en uno de estos laboratorios se producía alrededor de 500 kilos de cocaína por día, ya que contaba con ambientes y equipos para la cristalización y purificación de la droga y se identificó que allí operaban «ciudadanos colombianos y brasileños».

El segundo laboratorio se encontraba en proceso de instalación, pues, aunque también tenía ambientes y equipos, aún no estaba operando por falta de instalaciones de luz y agua, según la fiscalía boliviana.

«Nosotros no vamos al parque porque están los narcos en el lugar donde se encuentran nuestras parcelas, ellos están justo donde tenemos que ir”, explicaron a Mongabay Latam investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), que pidieron resguardar sus nombres por su seguridad.

Estas personas explicaron que esas parcelas para monitoreo se asignaron y visitaron desde 1993. Y que a partir de entonces se incorporaron a una red de inventarios forestales en 2001. “Es una red de más de 200 investigadores de toda la Amazonía. Se publica cantidad de artículos, cada dos años esas parcelas deben medirse para ver la dinámica de cuántos individuos crecieron, murieron, etcétera”, dijo la fuente.

“Cada vez que nos dicen que entremos desde el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), a la semana aparece alguna noticia de narcotráfico. No es chiste, son vidas en peligro”, dijeron. Y remarcaron que hay fondos económicos de ingleses y alemanes para esto, pero que desde 2018, aproximadamente, no pudieron retornar, según otro funcionario del MHNNKM.
Según expertos, los narcotraficantes incendian los terrenos del área protegida para abrir caminos, instalar sembradíos de hoja de coca y hasta para construir pistas clandestinas.

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Joao Paulo Berté, delegado policial en la localidad Vila Bela, frontera entre Brasil y Bolivia, afirmó que tienen registro de al menos cinco encuentros armados de narcos en los operativos de la Gefron (policía de frontera). Ocurrieron en los últimos dos años y medio en el límite con el parque Noel Kempff Mercado.

“Hemos logrado identificar colombianos trabajando en las fronteras, son los mejores en la química de la coca. Los traficantes que son de Bolivia contrataron a esos colombianos. Se les ha detectado en Vila Bela haciendo compras. Y tenemos información confirmada de que también fueron detectados en San Ignacio de Velasco”, municipio de Bolivia, dijo Berté.

Transporte de droga

Sobre los actores bolivianos en frontera, el funcionario brasileño dijo que se trata especialmente de familias que trabajan con el transporte. Y que dominan esta parte del negocio. Berté explicó que es precisamente por esta falta de control del transporte que el Primer Comando Capital (PCC) hace el “esfuerzo” de pasar las drogas por Paraguay, territorio que sí controla.

Para Berté, el narcotráfico se intensificó con toda certeza desde la pandemia. Auguró que, en cinco años, la frontera de Bolivia y Brasil tendrá un “crecimiento en violencia”. Pues antes existían entre tres y cuatro familias disputando el negocio del transporte de la cocaína, pero actualmente serían alrededor de 15 clanes.

“Empiezan a disputar territorios, compradores, a denunciarse entre ellos”, dijo. Sobre su certeza de que el PCC opera en Brasil y Bolivia, explicó que se puede identificar a esta mafia por su forma de ataque.

Según la policía antidroga boliviana, los comunarios están involucrados en el narcotráfico por la zona del parque Noel Kempff Mercado y la TCO Bajo Paraguá. Sobre todo en las comunidades de Florida y Porvenir, donde tienen más vegetación para esconderse.

En la investigación hay pistas sobre colombianos que lavan dinero de la cocaína en municipios bolivianos de Concepción, San Ignacio, San Miguel y San Rafael. “En todos lados están los prestamistas, colombianos en moto, que son informantes, saben de los movimientos. Esto es una empresa organizada. Hay narcos con almacenes, compran tierras, tienen estancias por todos lados, alquilan maquinaria a otros agricultores, así legalizan la plata del narco. Hoy esos narcotraficantes son sojeros, ganaderos, y los más grandes son los brasileños”, apuntó la fuente policial.

Mongabay Latam consultó al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas sobre las acciones que realiza en el parque Noel Kempff Mercado. Esta entidad afirmó que se realizan “operativos permanentes” en la reserva. Y que incluso instalaron el año pasado una base móvil que puede albergar hasta 32 uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Según esta entidad, se realizó una inversión de 3.3 millones de bolivianos (más de 474.000 dólares) para instalar esa base móvil. Se encuentra en la región donde Noel Kempff Mercado acabó asesinado por narcotraficantes.

Imagen principal: la base móvil que se instaló en el parque Noel Kempff Mercado. Foto: cortesía ABI

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, alertó sobre un cambio demográfico profundo en el Perú, marcado por una caída en la tasa de fecundidad y un aumento de la población adulta mayor. Hace 60 años, cada mujer peruana tenía en promedio 6,6 hijos; hoy la cifra es de 1,8 hijos por mujer y se espera que siga disminuyendo.

Morán explicó que esta transformación afectará la disponibilidad de mano de obra y exigirá ajustes en la planificación de políticas públicas.

“Si ahora quisiéramos que nuestros hijos estudien medicina, le recomendaría gerontólogos, porque habrá más adultos mayores que niños”, indicó. Según proyecciones, para 2036-2037, la población de menores de cinco años será equivalente al número de adultos mayores.

El jefe del INEI subrayó la relevancia de la estadística para anticipar cambios y tomar decisiones informadas. Señaló que los datos permiten prever situaciones cotidianas, como riesgos de salud o condiciones climáticas, y destacó que el país cuenta con 1,5 millones de funcionarios públicos trabajando por el bienestar de 34 millones de habitantes.

Además, Morán anunció próximos proyectos estadísticos, incluyendo una encuesta de victimización y un censo penitenciario, con el objetivo de generar información de base confiable para enfrentar los desafíos del futuro.

“Tenemos que atacar la raíz de los problemas con datos precisos”, enfatizó, destacando que la planificación basada en estadísticas es esencial para el desarrollo del Perú.

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AGENDA REGIONAL | Para Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, la corrupción es el “hilo conductor” que explica el deterioro institucional en el Perú. Señala que el país arrastra expresidentes encarcelados o investigados, además de fiscales y oficiales que habrían pagado por sus cargos o ascensos.

Ese circuito de favores, advierte, coloca en el poder a personas cuya prioridad es recuperar la inversión realizada o responder compromisos políticos, antes que servir al país.

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La Contraloría General de la República acaba de revelar un esquema de presunta corrupción institucionalizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con un perjuicio de S/ 3,418,686.40. Siete contratos de emergencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 se pagaron a empresas improvisada que no cumplían requisitos, dejando «obras de fachadas» que a la fecha ya no sirven. Se trata de trabajos de mantenimiento de techos en diversos locales de la UNICA.

El fraude se originó mediante la contratación directa DIRECTA-PROC-2-2023-UNICA-1, supuestamente para obras urgentes de emergencia. La Contraloría determinó que esta urgencia fue fabricada, incluyendo infraestructura de zonas seguras, como la Facultad de Agronomía en Subtanjalla, no declarada en «grave peligro inminente» según decreto de emergencia de El Niño.

Los informes legal y técnico que avalaron la contratación ilegal fueron firmados por Rudecindo Jesús Gutiérrez Valdez (Asesoría Jurídica) y Juan José Ramírez Rodríguez (Abastecimiento). Ambos funcionarios permitieron adjudicaciones sin concurso y sin justificar la necesidad de fondos de emergencia, facilitando que el dinero público fuera desviado.

Cuatro empresas improvisadas cobraron más de 3,4 millones de soles

Entre el 22 de diciembre de 2023 y el 8 de enero de 2024 se adjudicaron los contratos a cuatro postores sin capacidad técnica, sumando S/ 3,418,686.40. Entre ellos están GPRADA S.A.C., INVEEL A&D Universal SAC, Servicios de Calidad Reyes EIRL y Consorcio Noel, quienes realizaron trabajos considerados «obras de fachadas» en varias sedes universitarias, incluyendo la Ciudad Universitaria 2 y el Comedor Universitario.

Lo más increíble que la empresa INVERSIONES.LANDER.EIRL, responsable de supervisar la mayoría de los contratos, dio conformidad a informes finales a pesar de las fallas graves, evidenciando filtraciones, humedad, empozamientos y deterioro prematuro en techos y paredes. La Contraloría verificó que la infraestructura quedó totalmente vulnerable.

De las obras ya no queda casi nada, cuando deberían seguir siendo útiles por varios años. En la Ciudad Universitaria encontraron cableados expuestos y aguas estancadas, y en el Comedor Universitario proliferaron hongos. En la Facultad de Ingeniería Mecánica, las filtraciones afectaron incluso pizarras interactivas y laboratorios.

Los contratos incluyeron obras en Facultad de Derecho, Ingeniería Química, Odontología, Contabilidad y Agronomía, todas con fallas graves. La sede de Subtanjalla sufrió inundaciones en aulas y oficinas por un desnivel del piso. Estas obras carecían de planificación técnica y supervisión profesional. Prácticamente habrían simulado hacer obras para cobrar dinero.

No hay error administrativo en los procesos, habría sido intensional

La auditoría establece que esta situación no fue un error administrativo, sino una acción deliberada con responsabilidad máxima. Se imputan penal y civilmente a Christian Erik Valenzuela Vásquez (OEC) y Alejandro Sulpicio Escate Hernández (Infraestructura y Mantenimiento) por convalidar empresas sin idoneidad y autorizar el desembolso de los S/ 3.4 millones.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 12263-2025-CG/GRIC-AC cubre el periodo del 5 de setiembre de 2023 al 17 de junio de 2024 y documenta la evidencia física y legal de las fallas. La Contraloría ha ordenado el inicio de acciones legales contra los funcionarios y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Este caso expone un desfalco sistemático en la UNICA, donde la manipulación de normas de emergencia y la adjudicación a dedo permitieron que 3,4 millones de soles fueran pagados por servicios ineficientes y peligrosos, dejando la infraestructura universitaria en riesgo y afectando gravemente la seguridad de estudiantes y personal académico.

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Un operativo terrestre de la Dirección Nacional Antidrogas (DIRANDRO) permitió la incautación de 305 kilogramos de marihuana en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. La intervención estuvo a cargo de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas VRAEM – Palmapampa.

El despliegue policial reunió a 19 agentes de distintas unidades especializadas: DEPOTAD Huanta, DAD Machente, DAD Chungui y el Equipo de Inteligencia de la División de Maniobra VRAEM. Las diligencias se realizaron con la participación del Fiscal Adjunto Provincial Carlos Vizcarra Alpaca, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – sede San Francisco.

Hallazgo del cargamento ilícito

De acuerdo con información de inteligencia, un grupo de traficantes, aún en proceso de identificación y liderado por un sujeto conocido como “Fredy”, transportaba la droga por una trocha de difícil acceso, portando armas de fuego.

Tras movilizarse hacia la zona señalada, los efectivos se ocultaron estratégicamente en el terreno hasta detectar diez costales de polietileno (cuatro amarillos, tres azules, dos verdes y uno anaranjado) abandonados al borde del camino.

Durante la inspección, los agentes encontraron paquetes rectangulares tipo ladrillo. Al aplicar la prueba de campo con reactivo N.º 8, los resultados mostraron una coloración rojiza, confirmando de manera presuntiva la presencia de marihuana.

Pesaje y destino del estupefaciente

El material incautado fue lacrado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Departamento de Operaciones Antidrogas (DEPOTAD) Huanta, donde se realizaron las diligencias de pesaje y descarte en presencia del fiscal antidrogas. El resultado final arrojó un peso total de 305 kilogramos de Cannabis Sativa.

Las primeras indagaciones indican que el cargamento tendría como destino el país de Chile, donde sería comercializado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

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El juicio por los crímenes cometidos en el Caso Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Junin, llegó a su fin este viernes con la lectura de sentencia emitida por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional. 

El tribunal condenó a 12 años de prisión a tres oficiales del Ejército en retiro: Luis Manuel Delgado de la Paz (81), miembro del Estado Mayor de la 31ª División de Infantería del Ejército de Huancayo en 1992, Danilo González Campana (79), integrantes de la Sección de Inteligencia en 199 y Manuel Juan Dill’erva Chávez (79), miembro del Estado Mayor en 1991.

Los jueces los hallaron responsables de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1989 y 1993 contra estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad en Huancayo (UNCP).

Aunque el Ministerio Público había solicitado 25 años de cárcel, el tribunal evaluó la duración del juicio de más de 20 años, entre otros criterios, para determinar una prisión de 12 años que se hará efectiva luego de que se confirme por la Corte Suprema. 

Los magistrados rechazaron e inaplicaron las leyes de amnistía y prescripción de delitos de lesa humanidad aprobadas por el Congreso y promulgadas por la expresidenta Dina Boluarte. Las consideraron contrarias a los tratados internacionales suscritos por el Perú y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sala acogió el argumento del fiscal Telmo Michel Morales Cruzado, quien sostuvo que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Que se cometieron bajo un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.

En el proceso figuran como acusados ocho altos mandos de la 31ª División de Infantería del Ejército. El tribunal absolvió a Boris Adolfo Rojas Esquivel, declaró inimputable al general Elías Espinoza del Valle por incapacidad física y mental y reservó el proceso para Manuel Delgado Rojas y Luis Pérez Documet, quienes permanecen no habidos. Los tres condenados fueron hallados responsables de casos específicos de víctimas como Carrasco Huiza, Aliaga Quinto, Vilches Gutarra, Tocas Villanueva y Cori Tenicela, entre otros.

Reparación civil

El fallo ordena una reparación civil solidaria con el Ministerio de Defensa, declarado tercero civil responsable. Esta asciende a S/150 mil por cada víctima de homicidio y desaparición forzada, y S/75 mil por secuestro agravado. Aunque la pena se ejecutará una vez confirmada por la Corte Suprema, los sentenciados deberán firmar mensualmente ante el juzgado, debido a su avanzada edad.

El abogado de las víctimas, deudos de los estudiantes de la UNCP, Carlos Rivera Paz, destacó que el tribunal dejó de lado las normas que afectan los derechos humanos.

“El tribunal inaplicó las normas de impunidad, reconoció los crímenes de lesa humanidad y condenó a los responsables. Es una sentencia histórica”, señaló Rivera.

Aquí la sentencia completa:

Sentencia Caso Universidad Del Centro del Perú by Huanca York Times

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El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno enfrenta un déficit crítico de médicos especialistas que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, su director Jean Paul Valencia Reynoso informó que pese a necesitar 300 profesionales solo cuentan con 90 en ejercicio activo actualmente.

El director explicó que el hospital intenta sostener los servicios con horas complementarias y contratos por locación, además precisó que han utilizado saldos presupuestales para convocar a diez nuevos especialistas antes del 31 de diciembre, buscando aliviar de forma temporal la sobrecarga asistencial existente.

Valencia Reynoso comentó que algunos grupos de especialistas trabajan de manera intermitente debido a la disponibilidad presupuestal, afirmó que buscan garantizar el pago completo de honorarios a cada profesional y recordó que en años anteriores hubo incumplimientos que derivaron en demandas laborales y penalidades para el hospital.

El funcionario reconoció que la carencia de especialistas está ligada tanto a la falta de plazas como a los límites presupuestales, detalló que este problema se arrastra desde hace mucho tiempo sin lograr una expansión sostenida en el número de médicos y que los intentos por regularizar la situación no han sido exitosos.

Indicó que el expediente para ampliar sesenta plazas recorrió el Ministerio de Salud y retornó con observaciones después de tres meses, aseguró que están corrigiendo los requisitos para insistir con el trámite y destacó que los procesos son lentos y burocráticos, retrasando la llegada de personal altamente calificado.

La falta de 210 especialistas impacta directamente en la atención hospitalaria, Valencia señaló que las estrategias actuales solo atenúan una situación estructural y que los 90 médicos disponibles no logran cubrir las necesidades de especialidades complejas como cirugía, traumatología o pediatría que requieren atención permanente.

El director sostuvo que la reciente convocatoria representa un avance mínimo frente al déficit total y que dependen de las transferencias del gobierno regional para financiar nuevos contratos, mencionó que seguirán insistiendo ante el Ministerio de Salud para obtener las autorizaciones que permitan reforzar el plantel médico del hospital puneño.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

De acuerdo con el reporte final de los expedientes administrativos y jurisdiccionales referentes a la presentación de renuncias de autoridades, el Jurado nacional de Elecciones (JNE) informó que siete autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, presentaron su dimisión para participar en las Elecciones Generales (EG 2026), del 12 de abril del próximo año.

Como se recuerda, si deseaban ser candidatos en las elecciones generales y de acuerdo con el cronograma electoral para el 2026, los funcionarios debían presentar sus renunciar hasta el 13 de octubre último como fecha límite, y hasta el 20 de octubre para comunicarlas al máximo organismo electoral.

Como ya se había informado entre los gobernadores renunciantes está César Acuña Peralta, quien era gobernador regional de La Libertad, quien por segunda vez deja el cargo para tentar la presidencia, pese a que prometió a sus electores que no lo haría. El líder de Alianza Para el Progreso, fue excluido del proceso electoral en el 2016 porque entregó dádivas, y en 2021 su candidatura no logró superar la primera vuelta.

Otra autoridad regional que deja el cargo es Luis Alberto Trigoso Palao, vicegobernador de Moquegua, quien presentó su renuncia irrevocable a fin de postular como candidato al Congreso de la República en las elecciones generales convocadas para abril de 2026. Es militante del partido Somos Perú.

¿Qué alcaldes renunciaron a sus cargos?

Respecto al ámbito municipal, como se informó también el ahora exalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla, líder del partido Renovación Popular, también renunció pese a que el 9 de octubre del 2022, cuando ya era el virtual burgomaestre en una entrevista empeñó su palabra y aseguró que no volvería a postular a la presidencia en 2026, luego de su derrota en primera vuelta del año 2021.

Otros alcaldes que renunciaron son de distritos como Ascario Wilman Ponce Velásquez de Cusca, provincia de Corongo, región Ancash; César Manuel Vidaurre Floridas del distrito de Belén, provincia de Maynas, Loreto; Roly Nicodemus Salazar Espinoza del distrito de Huertas, provincia de Jauja, Junín y Timoteo Huayra Huamán del distrito de Huachocolpa, provincia y región Huancavelica.

De otro lado, el JNE está advirtiendo que el viernes 31 de octubre se cumple la fecha límite para que los candidatos queden inscritos ante los órganos electorales partidarios a fin de que puedan para participar en las elecciones primarias, según el cronograma del proceso electoral.

“Las elecciones primarias se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con la modalidad indicada en la respectiva normativa interna de cada organización política: ese día los afiliados eligen candidatos o eligen delegados; y el 7 de diciembre los delegados eligen a los candidatos”, dice el ente rector de las elecciones.

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El Poder Judicial del Perú reconoció la inocencia total de diez comuneros y comuneras de Urinsaya que fueron absueltos, culminando exitosamente un proceso contra la minera Las Bambas que duró cinco angustiosos años. La importante decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco sienta un precedente crucial contra la estigmatización que enfrentan los defensores ambientales en Perú. Este fallo judicial también combate la criminalización de aquellas personas que legítimamente protegen sus territorios de la severa contaminación causada por grandes empresas mineras. 

El Juzgado absolvió a ocho hombres y dos mujeres de la comunidad de Urinsaya, localizada en Espinar, quienes fueron acusados injustamente de un supuesto secuestro. La acusación se originó después de la participación de los comuneros en una protesta pacífica efectuada el treinta de enero del año dos mil veinte, manifestando su rechazo directo. Dicha protesta se realizó contra la visible contaminación generada por los cientos de camiones de la minera Las Bambas, los cuales atraviesan diariamente el territorio comunal. 

El Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, emitió el 23 de octubre de 2025 la sentencia que confirmó la completa falta de pruebas sólidas presentadas por la Fiscalía de Espinar. El magistrado afirmó claramente durante la audiencia que no puede considerar probado un hecho por meras especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado.

Fallo judicial es clave para la justicia ambiental en Cusco

Además, el Juzgado enfatizó que tres de los acusados ni siquiera se encontraban presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos durante la manifestación de la comunidad. El juez también señaló que no existe ninguna constancia de un supuesto acto violento llevado a cabo por parte de los diez acusados durante la protesta ambiental. La persona que supuestamente hizo la denuncia de secuestro durante el juicio oral negó rotundamente haber presentado dicha acusación y no reconoció su firma en el acta policial. 

El hecho sugiere directamente que la grave acusación pudo haber sido fabricada intencionalmente con el propósito de silenciar a los diez defensores ambientales. Roger Choqueccota Qquehue, uno de los comuneros absueltos, manifestó una profunda satisfacción frente a la sentencia del Juzgado. El comunero declaró que, después de cinco largos años de angustia sufrida por sus familias y la comunidad, la justicia finalmente reconoce la inocencia completa de todos los acusados. 

El señor Choqueccota Qquehue describió la sentencia como un triunfo trascendental para toda la comunidad de Urinsaya que luchaba por la justicia ambiental. Katherine Páucar, abogada de la organización EarthRights International (ERI), quien representó legalmente a tres de las personas acusadas, celebró el fallo. La abogada Páucar señaló que la sentencia, emitida con profunda justicia, reconoce la criminalización que sufren las personas que defienden firmemente el ambiente.

Garantía del derecho a la protesta

Además, reconoció la lucha de las comunidades frente a los diversos abusos cometidos por las empresas mineras operando en el Perú. Esta importante decisión judicial representa un avance significativo y sienta un precedente legal clave hacia el total respeto y la plena garantía del derecho a la protesta pacífica. 

La abogada Katherine Páucar hizo un urgente llamado a la Fiscalía de Espinar para que se abstenga de apelar esta decisión judicial completamente justa. Ello pondría fin definitivamente al daño provocado por este prolongado proceso judicial, el cual afectó la salud mental y la economía de los diez acusados y sus respectivas familias. Páucar concluyó que la Fiscalía tiene la obligación de estar del lado de la justicia y no interponer más recursos para obstaculizarla. La absolución de los diez defensores del territorio comunal reivindica su derecho fundamental a la protesta.

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El exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez en el Gobierno de la expresidenta de la República Dina Boluarte Zegarra ha confirmado su postulación como senador para las Elecciones Generales del 2026, mediante el partido político del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta. Alianza Para el Progreso (APP), invitó al exministro a ser parte de su campaña electoral, a lo que Santiváñez decidió aceptar y hacerlo de conocimiento público, alegando que su objetivo es conseguir beneficios salariales para las fuerzas policiales y militares.

La renuncia

No había pasado mucho tiempo desde que renunció como ministro de Justicia. Luego de que los congresistas reunieran las suficientes firmas para removerlo de su cargo, Santiváñez decidió renunciar por su cuenta antes de que la moción de censura fuera oficialmente declarada. En ese momento, Dina Boluarte aún se hallaba en el poder, y fue la única que supo de las «intenciones» de Santiváñez de renunciar al cargo a fin de perseguir el Senado.

Se une a APP

Luego de vincularse constantemente con APP, partido político de César Acuña, finalmente, el exministro ha dado a conocer públicamente su militancia en este a través de sus redes sociales. De esta forma, Santiváñez dio inicio a su campaña electoral siendo parte de una actividad donde, en sus palabras, declaró que su principal objetivo es lograr un beneficio salarial para los agentes policiales y militares, ya sea que se encuentren en activo o en retiro.

«Recuerden ustedes, cuando alguien les diga que no se puede, solamente digan una cosa: Santiváñez lo hizo, Santiváñez lo hará», fueron las palabras con la que cerraba un discurso dirigido, aparentemente a familiares de agentes policiales.

Se cumple lo prometido

Cabe recordar que, en su momento, la salida de Santiváñez se buscó luego de que se filtraran audios donde el exministro, aparentemente, coordinaba un favor con el exprimer ministro, Eduardo Arana, en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosa, alias «El Diablo», para trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro. Además, luego de acabar censurado como ministro del Interior, dejó entrever sus intenciones de postular a las elecciones del 2026.

Finalmente, Santiváñez ya tiene partido y todo parece indicar que su postulación al Senado, en compañía de César Acuña, es inminente. En tanto, le preceden al menos 12 denuncias fiscales donde se le acusa de presuntos delitos de influencias, abuso de autoridad, negociación incompatible, entre otros.

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