Susel Paredes explotó contra sus colegas tras la presentación de dos nuevas mociones de vacancia contra Dina Boluarte. La congresista afirmó que, si bien firmará todas las mociones necesarias para retirarla del cargo, consideró que esta reciente “ola opositora” responde únicamente a la proximidad de las elecciones. Además, les recordó a varios parlamentarios que hoy piden la salida de Boluarte, que en el pasado blindaron otras mociones de vacancia.

El ambiente en el pleno del Congreso inició tenso luego del atentado ocurrido durante el concierto de la agrupación Agua Marina, que dejó al menos tres heridos de gravedad y sembró el miedo entre la población. Renovación Popular presentó una nueva moción de vacancia, al igual que Podemos Perú, lo que generó cuestionamientos de parte de Fuerza Popular. Desde esta bancada señalaron que una vacancia presidencial no sería la medida más adecuada en este momento, y que corresponde interpelar a los ministros responsables para conocer las acciones inmediatas adoptadas frente a estos hechos de violencia.

Al final, el pleno del Congreso terminó votando porque el premier Eduardo Arana asista a las 3 p.m. para rendir cuentas a los congresistas. Sin embargo, se conoce que los pedidos de vacancia incrementan, el Bloque Socialista ha presentado una tercera moción.

El video ¿AHORA SÍ VACANCIA? | Congresistas que blindaron a Dina ahora buscan su cabeza por «incapaz» se publicó en YouTube en este enlace

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Tras el rechazo que enfrentó en las calles de Juliaca, el periodista y precandidato presidencial Phillip Butters habría buscado un espacio de menor exposición en Arequipa. A diferencia de su recibimiento en Puno, caracterizado por protestas y abucheos de un grupo de manifestantes, su presencia en la Ciudad Blanca se mantendría en un ámbito estrictamente privado y familiar.

Butters cuenta con vínculos personales que facilitan su estadía discreta en la región. Su esposa es de origen arequipeño y su familia posee una propiedad en el distrito de Mejía, lugar al que el comunicador acudiría con regularidad. Este contexto familiar le ofrece un entorno más reservado, alejado de la efervescencia pública que generó su reciente visita a la zona altiplánica.

El contraste con su experiencia en Puno no podría ser más marcado. En Juliaca, Butters fue recibido con consignas de rechazo y lanzamiento de objetos por parte de ciudadanos y familiares de fallecidos durante las protestas de enero de 2023. Los manifestantes recordaron sus declaraciones previas, donde llegó a cuestionar por qué no se había disparado a algunos manifestantes.

Mientras una publicación en una fanpage mencionaba un encuentro con una admiradora en un restaurante del centro de Arequipa. Usuarios locales cuestionaron la intencionalidad de esta información. Lo concreto es que, aprovechando sus lazos familiares, Butters podría permanecer en la región sin necesidad de apariciones públicas que pudieran generar nuevas reacciones.

De la confrontación pública al ámbito privado en Arequipa

La discreta estadía del periodista en Arequipa también se estaría centrada en una reformulación de la estrategia electoral que asumiría a partir de ahora el precandidato presidencial.

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Congresistas de Fuerza Popular rechazaron las mociones de vacancia presentadas esta mañana contra Dina Boluarte, argumentando que “no tienen sangre en la cara” quienes ahora piden su salida, luego de haber llevado al poder a un “delincuente”, en referencia a Pedro Castillo, junto con una “incapaz”.

La congresista Rosangella Barbarán aprovechó para reivindicar la gestión de Alberto Fujimori y cuestionar a los jóvenes que salen a marchar actualmente, señalando que ellos “no han vivido el infierno que sufrieron sus padres durante la época del terrorismo” y que, por tanto, “no entienden lo que hay detrás” de las decisiones políticas que se toman hoy.

El video Fuerza Popular crítica mociones de vacancia y a los jóvenes que salen a marchar: «No entienden» se publicó en YouTube en este enlace

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El cultivo de algodón en Piura enfrenta un futuro incierto ante la amenaza de una nueva crisis hídrica y la falta de apoyo económico a los pequeños agricultores, alertan expertos y dirigentes agrarios. La situación pone en riesgo la producción de quienes dependen de este sector tradicional de la región.

Emilio Ruesta, expresidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, advirtió que la escasez de agua proyectada para finales de 2025 y 2026, sumada a la insuficiente infraestructura y a la ausencia de incentivos, limita la capacidad de la región para mantener o aumentar la superficie cultivada.

«Es preocupante que ya se haya anunciado un posible año seco, porque no se ha hecho nada en la repotenciación y perforación de pozos. Los reservorios ofrecidos por el ministro (…) nos dejan en las mismas condiciones que nos encontró la sequía pasada», señaló.

La situación se agrava por la reducción de la superficie cultivada: de más de 10,000 hectáreas, hoy apenas se siembran poco más de 2,000. Esta disminución obliga a los agricultores a vender su algodón a precios más bajos, debido a la falta de respaldo de instituciones como Agrobanco, el Gobierno Regional e incluso el Ministerio de Agricultura.

«Nos ofrecen pagar un precio de 250 soles por quintal y, al momento de la comercialización, nos pagan 170. Cada año nos exigen sembrar, pero al final sembramos nosotros y, al momento de la cosecha, nadie se acerca», denunció Ruesta.

El dirigente advirtió que, ante la desatención de las autoridades, muchos agricultores podrían abandonar la siembra de algodón, optando por cultivos más rentables como el arroz.

«Con estas actitudes de las autoridades es difícil; mejor apostamos por el arroz, donde tenemos más posibilidades. Por eso pedimos que se incentive el cultivo de algodón y no ser engañados como este año», agregó.

La falta de respaldo institucional y los bajos precios amenazan la continuidad de este cultivo emblemático, afectando no solo la economía de los pequeños agricultores, sino también la producción de un recurso histórico de la región.

«Si no hay apoyo real de las instituciones y se sigue pagando menos de lo acordado, los agricultores no podrán mantener el cultivo de algodón. Esperemos que este próximo año no nos abandonen al momento de la cosecha», concluyó Ruesta.

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La directora del Hospital Santa María de Cutervo, Rosa Delgado, llevó ayuda humanitaria a los ciudadanos que permanecen en huelga indefinida en la región Cajamarca, como muestra de respaldo a sus justas demandas. En declaraciones a medios locales, señaló que el mal estado de las vías de comunicación dificulta gravemente el trabajo del personal de salud, especialmente en los traslados de emergencia.

“Estamos realizando entre tres a cinco traslados diarios en condiciones muy complicadas. Las ambulancias deben sortear caminos en pésimo estado, lo cual pone en riesgo tanto al personal médico como a los pacientes”, explicó. Asimismo, subrayó que las protestas tienen un fundamento legítimo, afirmando: “Ser cutervino o cajamarquino es tener menos calidad de vida, por las condiciones de salud y de las carreteras; tenemos muchas necesidades”.

Mejorar la salud y la infraestructura en Cajamarca es urgente

La situación en Cutervo refleja una realidad que afecta a miles de pobladores en la región Cajamarca: carreteras deterioradas, acceso limitado a servicios médicos y una infraestructura hospitalaria que necesita mejoras urgentes. La acción de la directora del hospital no solo busca apoyar a quienes protestan, sino también visibilizar las carencias estructurales que afectan la calidad de vida en la zona.

Esta nota busca resaltar la importancia de atender las demandas de la población del norte peruano, que lucha por una atención en salud digna y vías de comunicación adecuadas. Cajamarca necesita respuestas concretas y soluciones inmediatas.

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El 6 de octubre, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) emitió el Dictamen N.º 007-2025, donde concluye que el Perú ha incumplido múltiples disposiciones de la normativa comunitaria destinadas a combatir la minería ilegal y el tráfico de mercurio. La decisión responde a una denuncia presentada en junio por la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) y siete ciudadanos de Loreto. En ella, alertaron sobre los graves impactos del oro ilegal en la Amazonía norte, como la contaminación por mercurio en el agua y los peces, la deforestación acelerada, la pérdida de biodiversidad y las amenazas contra los defensores ambientales.

Este fallo, publicado en la Gaceta Oficial N.º 5697, es histórico. Por primera vez, la Comunidad Andina, integrada por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, se pronuncia formalmente contra uno de sus Estados miembros por incumplir la Decisión 774 (Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal), la Decisión 844 (sobre el mercurio), la Decisión 728 (cooperación aduanera) y la Decisión 922 (acciones conjuntas contra la delincuencia organizada).

La SGCAN señala que el Perú debe reformar con urgencia su legislación, confiscar la maquinaria usada en minería ilegal y poner fin a las prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El país tiene veinte días hábiles para informar las medidas adoptadas. De no hacerlo, el caso podría pasar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el riesgo de sanciones comerciales.

Minería ilegal está matando a comunidades del Nanay

Las comunidades denunciantes sostuvieron que la cuenca del río Nanay, en Loreto, “se ha consolidado como uno de los focos emergentes más preocupantes de minería ilegal en la Amazonía peruana”. Para respaldar su denuncia, presentaron imágenes satelitales de la Conservación Amazónica (ACCA) y FCDS-Perú, que durante el primer trimestre de 2024 detectaron unas 30 dragas activas, un incremento de más del 50 % respecto al año anterior.

El documento también advierte que esta actividad está degradando el ecosistema amazónico, provocando deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación con mercurio y mayores riesgos para quienes defienden el ambiente.

Comunidades del Nanay leyendo los análisis que confirman su alta exposición a mercurio. El 37 % de la población evaluada presentó niveles considerados de riesgo “alto”. (Foto: CINCIA)

“El consumo de agua contaminada con mercurio ha incrementado enfermedades neurológicas y malformaciones congénitas en poblaciones ribereñas”, señala el dictamen, citando estudios del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

El estudio del IIAP al que hacen referencia encontró que los niveles de mercurio en el agua y los sedimentos del río Nanay superan los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la protección de la salud humana. Según los reclamantes, este resultado es especialmente alarmante, ya que más de 25 mil personas de las comunidades ribereñas dependen del río Nanay para su consumo de agua y su alimentación diaria.

Además, las comunidades denunciaron que al menos quince defensores de la zona han solicitado garantías personales tras recibir amenazas por oponerse a esta actividad ilícita. También se subrayó que esta actividad está estrechamente vinculada al crimen organizado. El oro extraído de manera ilegal se ha convertido en una fuente de financiamiento para redes dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas y la corrupción institucional.

El problema estructural del REINFO

Otro de los puntos más importantes del fallo tiene que ver con el Registro Integral de Formalización Minera, conocido como REINFO, un mecanismo que se creó originalmente con el fin de ayudar a los pequeños mineros a formalizarse. Sin embargo, en la práctica, según expertos y ahora también la SGCA, ha terminado siendo una forma de “protección de facto” para la minería ilegal. El dictamen señala que “las prórrogas sucesivas del REINFO constituyen una conducta proscrita”, porque permiten que sigan operando mineros sin control ambiental ni laboral.

El documento también cuestiona los cambios hechos a la Ley de Extinción de Dominio, que ahora dificultan la confiscación de maquinaria y bienes usados en minería ilegal si no hay una sentencia penal firme. Según el fallo, esta modificación “debilita las herramientas del Estado para desmantelar el poder económico de las organizaciones criminales”.

La respuesta del Estado peruano

El documento también detalla que durante el mes de septiembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), negó haber incumplido la normativa andina. Argumentó que las disposiciones cuestionadas son “de naturaleza programática y no prescriptiva”, es decir, orientaciones generales cuya aplicación depende de cada país. También sostuvo que el Perú cuenta con políticas y planes en marcha, como la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal 2025-2030, aprobada por el Ministerio del Interior.

No obstante, la SGCAN consideró insuficientes las acciones estatales y concluyó que no se han implementado mecanismos de cooperación regional, control de maquinaria ni trazabilidad del mercurio.

Sobrevuelos detectaron más de 40 dragas mineras en los ríos Napo y Nanay, principales fuentes de agua para Iquitos. (Foto: FCDS-Perú)

Un precedente para la región

Conversamos con el abogado ambientalista César Ipenza, quien participó en la defensa del caso, y señaló que el dictamen representa un punto de inflexión.

“Esta decisión es inédita. Por primera vez la Secretaría General de la Comunidad Andina se ha manifestado a favor de la defensa de los pueblos y evidenciado que el Estado peruano ha incumplido sus obligaciones”, señaló.

Ipenza añadió que el pronunciamiento “abre las puertas para que los países cumplan y honren sus obligaciones asumidas en el marco del Sistema Andino de Integración”, recordando que las normas comunitarias “son de obligatorio cumplimiento y están por encima del marco jurídico nacional”.

Impacto y próximos pasos

El Perú tiene ahora el deber de ajustar sus leyes a lo dispuesto por la Comunidad Andina. Si no lo hace, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que puede imponer sanciones económicas o restricciones comerciales. El fallo también marca un precedente que podría aplicarse en otros países andinos con situaciones similares, impulsando la cooperación regional frente a la minería ilegal y el tráfico de mercurio.

Esta es una buena noticia para las comunidades del Nanay quienes esperan que esta decisión traiga un cambio real en la protección de sus ríos y su salud. El mismo dictamen lo señala, el problema no es solo ambiental, también es humano: «(…) poblaciones como las de la cuenca del río Nanay sufren, por ejemplo, del desplazamiento forzado de comunidades indígenas y amazónicas debido a la expansión de campamentos mineros ilegales. La actividad minera ilegal también ha generado serios problemas sobre la contaminación por mercurio en las aguas del río Nanay, que es una fuente crucial de agua potable para la ciudad de Iquitos».

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Son tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte que presentarán cinco bancadas este jueves ante el Congreso -de lograr las 26 firmas necesarias- por su ineficacia para enfrentar la criminalidad organizada y dar seguridad a los peruanos. El ataque a la agrupación Agua marina cuando daba un concierto fue lo que desencadenó la protesta al interior del Parlamento.

Contrariamente a sus votaciones anteriores en contra de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte durante sus dos años de mandato, la bancada de Renovación Popular anunció que presentará este mismo jueves una moción de vacancia contra la mandataria por su ineficacia para enfrentar a la criminalidad organizada.

Según lo dicho por Diego Bazán, “lo sucedido anoche [en el concierto de Agua Marina] demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes, trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, declaró junto a sus colegas de bancada.

Sin embargo, en las anteriores oportunidades en que se presentó una moción de vacancia, esta agrupación siempre votó en contra, permitiendo la permanencia de la mandataria y de sus ministros, por lo que algunos congresistas y ciudadanos en las redes sociales critican su postura actual.

Podemos Perú y Bloque Democrático también impulsan una segunda moción de vacancia

Por su parte, el congresista José Luna Gálvez escribió en sus redes sociales que su bancada, Podemos Perú, impulsará una moción de vacancia contra la mandataria porque afirmó, «el Gobierno no tiene la capacidad para poder enfrentar a la criminalidad».

«Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y miles de familias. El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país! ¡Que se vayan todos!», dice el mensaje. Esta moción estaría apoyada por el Bloque Democrático.

Bancada Socialista y Juntos por el Perú presentan la tercera moción para vacar a Boluarte

Asimismo, la Bancada Socialista, a través del congresista Jaime Quito, se pronunció y explicó que presentar la moción de vacancia contra «la usurpadora Dina Boluarte, es la salida inmediata ante su incapacidad e indolencia para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado. Y que, ante esta crisis generalizada, el Paro Nacional se justifica, dijo.

Por su parte, el parlamentario Víctor Cutipa, a nombre de Juntos por el Perú, manifestó que junto a la Bancada Socialista, promueven la vacancia contra Dina Boluarte, “por encabezar un régimen que pone al país, en manos de la organización criminal”.

Algunos legisladores, como Susel Paredes, cuestionan a las bancadas que, ahora que se acercan las elecciones, promueven una moción de vacancia contra Dina Boluarte. En su cuenta en X calificó esta postura como “oportunismo político” y recordó que dichas agrupaciones respaldaron al Gobierno durante meses. “Durante todo este tiempo apoyaron a Dina Boluarte, ahora buscan lavarse las manos. El pueblo no es idiota”, expresó.

Fuerza Popular apoyará cualquier moción de vacancia

Fuerza Popular, cambiando su postura inicial de no apoyar las mociones de vacancia, dijo a través de César Revilla, acompañado de los miembros de su bancada que apoyarán cualquier moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte.

Asimismo, dijo que no presidirán ningún gobierno de transición, ni tampoco la mesa directiva del Congreso.

Las otras agrupaciones que decidieron apoyar las mociones de vacancia son Avanza País, Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre y la última en hacerlo, Alianza Para el Progreso. Con todas estas bancadas habría ya 120 votos para lograr la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

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Por las calles de Juliaca, con aire altanero, se presentó Phillip Butters. No vino a aprender, vino a dar lecciones. Lecciones de esas que se dictan desde la butaca de un estudio de televisión en Lima, con el país dormitando en la pantalla y un micrófono que, como una metralleta, terruqueaba a diestra y siniestra. Pero Puno no está en la pantalla, su medio preferido sigue siendo la radio. Además, el puneño, es de piedra y de hueso, y tiene una memoria más larga que cualquier otro peruano.

En la radio, Butters, acostumbrado a la impunidad de quien insulta a un pueblo entero desde la lejanía, se enfrentó a la mirada seca y la palabra precisa de periodistas y analistas que no le temían. Entre ellos estaba Fernando Salas Tapia, precandidato a la presidencia —que de tonto no tiene un pelo—, aunque no se sabía bien con qué intención. Fue Salas quien lo encaró con la elegancia de un matador que no necesita estoque: “Phillip Butters, te vas a ir de Puno aprendiendo derecho, economía política, y ética y moral”. Y remachó, clavando bien el acero: “Butters, el gran terruqueador nacional, el que con una palabra —‘terrorista’— intenta borrar derechos y lágrimas”.

Butters, que había hecho del insulto un formato de entretenimiento, se sintió de pronto el insultado. “Me estás insultando”, protestó, con esa cara de ofendido.

Salas, firme le paró en seco: “¿Y todos los insultos al pueblo puneño que hacías en tu programa de televisión?”. Ahí, en esa pregunta, estaba el meollo de todo. Butters, se veía por primera vez en el espejo y el reflejo no le gustaba.

Luego vino el periodista Max Lanza, con una pregunta que sonaba a trampa, pero era solo justicia: “Sr. Butters, tomar un aeropuerto, ¿es delito de terrorismo?”.

Butters, dueño de una lógica tan simple como peligrosa, soltó su veredicto: “Sí”. Para que no quedaran dudas, se fue a lo grande: lo comparó con la toma de la Embajada de Japón. Como si la protesta social de un pueblo olvidado, harto de promesas incumplidas, fuera lo mismo que un comando armado.

Pero Lanza no se dejó. Le plantó la pregunta que duele, la que congela la sangre en las venas: “¿Y qué ha hecho la policía al matar a un hermano puneño?”.

Butters, acorralado, tuvo que decir: “Es homicidio”. Una palabra mínima, tibia, para nombrar el calor de una vida que se apaga en el frío del pavimento.

Entonces fue el abogado César Quispe, defensor de las víctimas y mártires del 9 de enero, quien, con la paciencia del que conoce la ley y la injusticia, le explicó que el delito de terrorismo no es una etiqueta que se pega a gusto del cliente. Que ha cambiado desde el año 2000. Que una manifestación, por más violenta que sea, no es terrorismo. Que lo de Juliaca, con sus 18 muertos –14 de ellos en el aeropuerto, acribillados por la policía– no se puede comparar, ni de lejos, con la toma de una embajada.

Butters, al final, solo atinó a refugiarse en su papel de víctima: “Me están insultando, no tengo que soportar insultos”. Parecía un niño grande, un mimo llorón que no aguanta el peso de sus propias piedras. Es que, como bien le encaró Salas: “Tú sí puedes insultar, terruco, a los manifestantes”.

En su confusión, Butters soltó el dato estrambótico, la cifra que delata el pánico: “La policía recogió 40 toneladas de piedras en la marcha de Lima, traídas por los manifestantes de Puno”. En la cabina se rieron. Cuarenta toneladas. ¡Hasta en la exageración se le iba la mano! Quizás serían cuatro, quizás ninguna.

Lo que Phillip Butters no entendió, ahí, acorralado por el periodismo alternativo con las mismas tácticas que él usaba en su programa de WILLAX TV, es que en Puno la palabra no es sonido, es semilla. Butters recogió, en carne propia, lo que sembró desde Lima.

Porque después de la entrevista, la calle lo esperaba. La calle no tenía micrófonos, tenía huevos, orines, agua, piedras, el repudio vivo de un pueblo al que llamó terrorista. Lo expulsaron de Juliaca a huevazos, lo hicieron correr más de dos cuadras y lo obligaron a esconderse durante dos horas en un baño, hasta que la Policía montó un operativo para rescatar al ‘valiente’ terruqueador.

Las pancartas lo señalaban como «cómplice de las masacres de Dina Bolaurte». Un hombre con megáfono amenazó con lincharlo. La multitud, que no olvida sus “metan bala”, coreaba su salida. La Policía formó un cordón con sus escudos, una barrera humana que recibió el impacto de la rabia justa. Butters atravesó un callejón del repudio, un vía crucis de consignas y carteles que gritaban “Justicia para las víctimas de Dina asesina”.

Así, entre huevazos y el frío cortante de la verdad, “el cazador fue cazado. El terruqueador fue terruqueado por la memoria de los que ya no están”.

Como resultado de esta polémica “entrevista”, solo el candidato Alfonso López Chau mantendrá su espacio en los micrófonos de la Decana. Fernando Salas Tapia, en cambio, resultó ser el más beneficiado, colgándose del cuello de Butters para mostrarle al país el desgaste del discurso del “terruqueo”.

Como dice una periodista de Lima, con la lucidez que da la distancia: “Y claro, esto abre los ojos y las conciencias”. En Lima y en todo el país. Porque al final, la verdad, como el viento de Puno, siempre se abre paso. Aunque tenga que llegar a huevazos.

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¡Puno no olvida!… Arengaron muy fuertemente familiares de las 18 víctimas del 9 de enero de 2023 en Juliaca, quienes exigen justicia y rechazan la llegada de políticos como Philip Butters, Rafael López, César Acuña y Keiko Fujimori entre muchos otros. Estos candidatos, acusados de incitar la violencia durante las protestas, enfrentan el repudio de un pueblo que los señala como cómplices de las muertes.

Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán —médico asesinado en Juliaca—, denunció que «nos llamaron terroristas por protestar pacíficamente». Las balas en cráneos y pulmones de los manifestantes, según testigos, obedecen a órdenes de políticos que hoy buscan regresar a Puno. «¿Dónde están las pruebas de que somos terroristas?», cuestionó Samillán.

El pueblo quechua y aimara exige que los responsables enfrenten la justicia. «No son bienvenidos», advirtió Mariela esposa de Manuel Quilla, torturado y asesinado. La población organizó comités para expulsar a los políticos que «abren heridas al pisar Puno», como Keiko Fujimori, quien ingresó a escondidas a la región.

«Nos provocan, pero no tenemos miedo», declaró un poblador de Juliaca. Las víctimas y sus familias recordaron que las protestas fueron reprimidas con balas y detenciones arbitrarias. «Dina Boluarte y sus aliados nos llamaron delincuentes; hoy queremos justicia, no discursos», añadió.

Philip Butters, quien en 2023 declaró que «había que meterles bala en la cabeza a los manifestantes», llego a Puno. La respuesta fue inmediata: «Se irán como ratas», afirmaron los manifestantes.

Los familiares de las víctimas subrayaron que la lucha no es solo por Puno, sino por los 33 millones de peruanos. «No somos terroristas; somos un pueblo que exige dignidad», enfatizó Samillán. La demanda es clara: «Que demuestren sus acusaciones o callen para siempre», mientras la región se une para evitar que la impunidad siga gobernando.

El mensaje final es contundente: «Ni un voto a quienes mancharon con sangre la protesta pacífica». Puno, herido pero unido, exige memoria, justicia y el respeto a su derecho a la protesta. «La sangre de nuestros hermanos no se olvida», cerraron los manifestantes, mientras preparan nuevas acciones para defender su dignidad.

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Una lamentable intoxicación masiva de más de doscientos cincuenta estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba puso en jaque la capacidad del sistema de salud local, este episodio de emergencia sanitaria evidenció la imperiosa necesidad que tiene la provincia cusqueña de La Convención de contar con un moderno hospital plenamente implementado y operativo.

El médico Jorge Escalante Merma, director ejecutivo del Hospital de Quillabamba, explicó detalladamente que la grave situación movilizó de manera inmediata a todo el personal de salud del Hospital de Quillabamba y también de los diversos centros de salud aledaños.

Así mismo, la causa específica de la masiva intoxicación fue el agente causal de la temida salmonelosis presente en los alimentos que consumieron los estudiantes universitarios. De hecho, el galeno manifestó su profunda preocupación ante la escasa capacidad que posee la actual infraestructura, indicando enfáticamente que no cuentan con el espacio suficiente para atender una emergencia de tal magnitud.

No obstante lo anterior, el personal sanitario se esforzó al máximo para brindar toda la cobertura médica necesaria a los más de doscientos cincuenta alumnos afectados por la enfermedad.

Avance de solo 60% en el Hospital Quillabamba

Consecuentemente, el director ejecutivo Escalante Merma compartió su profunda inquietud sobre los lentos avances en la construcción del nuevo hospital para la provincia de La Convención, el cual es vital para el bienestar de la población. Por lo tanto, el director del Hospital de Quillabamba refirió que la información actual indica un avance que se sitúa en un desalentador sesenta por ciento de la totalidad de la obra.

Con gran esperanza, el profesional de la salud anheló que la entrega completa del nuevo centro hospitalario con su implementación total se concrete para el próximo año. En suma, este grave suceso subraya la necesidad de acelerar la culminación del verdadero Hospital de Quillabamba, urgente.

El lamentable caso de salud pública subrayó la relevancia de concluir rápidamente la nueva infraestructura para asegurar una respuesta robusta y adecuada a futuras emergencias. Además, la situación resalta la importancia de la gestión eficiente de recursos y el cumplimiento riguroso de los plazos de construcción de proyectos de infraestructura esenciales. Por consiguiente, se espera una pronta acción de las autoridades para garantizar que el nuevo hospital esté listo y funcionando en el tiempo prometido a la comunidad.

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La Municipalidad Provincial de Arequipa ha establecido una nueva disposición que beneficia a los taxis formales. A partir de ahora, los vehículos de servicio de taxi que cuenten con la autorización SETARE vigente podrán circular libremente por el Centro Histórico. Sin verse afectados por la restricción vehicular por placa.

El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, detalló que esta decisión es el resultado de una modificación técnica realizada a la Ordenanza Municipal 927. Dicho cambio, acordado previamente con los gremios de transporte, tiene como objetivo principal excluir del plaqueo a aquellos conductores que han optado por la formalización de su servicio a través del SETARE. La gestión busca revalorizar este permiso municipal.

Sin embargo, desde el sector de taxistas afiliados al SETARE se ha manifestado preocupación. Su representante, Adolfo Paco, señaló que, si bien el anuncio fue realizado verbalmente por la autoridad edil, hasta el momento no se ha presentado un documento oficial que respalde este anuncio.

«Él puede versar lo que considere de manera verbal…, pero como autoridad tiene que respaldar aquello que manifiesta con un documento», afirmó Paco. Además, calificó la Ordenanza 927 como «discriminatoria e injusta». Incluso ase anunció que si no se formaliza el beneficio, realizarían una protesta el 15 de octubre.

Por su parte, Alexander Cornejo, presidente de la Federación Regional de Taxistas, consideró que esta medida representa una esperanza para revalorizar el SETARE. Este beneficio es particularmente significativo dado que, según estimaciones, alrededor de 14 mil taxistas no renovaron su autorización durante el año pasado.

Arequipa: daños en canal trasvase de cuenca Quilca – Chili provoca 14 millones de m3 en pérdida de agua

Controles y permisos en Arequipa

Para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, la comuna provincial está coordinando con la Policía Nacional del Perú el control vehicular en puntos estratégicos del centro de la ciudad. Lugares como las calles Ugarte y Santo Domingo. Asimismo, se ha iniciado una etapa piloto del sistema de fotopapeletas, con cámaras instaladas en las intersecciones de Siglo XX con Corbacho y La Marina con Ugarte. Esto permitirá sancionar a los infractores mediante análisis de video.

En cuanto a los vehículos particulares, el alcalde Rivera informó que aquellos que residan en el Cercado o que acrediten una necesidad laboral para ingresar al casco patrimonial podrán tramitar un permiso especial. Este pase será gratuito, tendrá una vigencia anual y deberá ser impreso y portado de manera obligatoria.

Mientras se espera la publicación del documento que formalice el anuncio para los taxis con SETARE, los representantes gremiales han exhortado a sus afiliados a respetar la normativa vigente.

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Momentos de terror y desesperación vivieron los integrantes de la reconocida agrupación Agua Marina y los asistentes a un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos. Una ráfaga de balas irrumpió en pleno show, que habría dejado al menos tres heridos, entre ellos el baterista de la orquesta, quien recibió atención médica de gravedad. En los videos difundidos se aprecia el pánico del público, que buscó refugiarse mientras se escuchaban los disparos.

El ataque habría originado detonaciones detrás del escenario, según testigos, lo que generó caos absoluto entre el público que corría despavorido hacia las salidas. Videos virales muestran cómo la música se detiene abruptamente y el público reacciona: algunos se tiran al suelo, otros corren, y se escuchan gritos e instrucciones para ponerse a salvo.

En medio del desconcierto, técnicos y miembros de la orquesta intentaron auxiliar a los heridos mientras personal de seguridad evacuaba al resto por salidas laterales. Lo más grave es que las balas no cesaron, causando que los asistentes salgan aterrados del lugar.

La Policía Nacional informó que ha activado un plan cerco para capturar a los responsables del ataque armado en el concierto.

Cuatro músicos baleados de grupo Agua Marina en pleno concierto, 4 heridos

Ya lo habían denunciado

En marzo de 2025, el vocalista Paul Flores “El Ruso”, de Armonía 10, fue asesinado tras un concierto, en un hecho vinculado a mafias que extorsionan a orquestas y organizadores de eventos. José Quiroga había denunciado en ese momento que Agua Marina también era víctima de extorsiones y que a pesar de las denuncias, la Policía no había logrado resultados. Cuestionó incluso las leyes aprobadas en el Congreso a favor del crimen organizado.

El ataque contra Agua Marina está desatando mayor indignación nacional. Cibernautas, artistas y políticos expresaron solidaridad con el grupo y exigieron justicia. Responsabilizaron al gobierno de Dina Boluarte por no lograr conseguir que por lo menos se disminuya esta crisis.

El video Terror en show de Agua Marina: ráfaga de balas dejó heridos de gravedad a integrantes de la orquesta se publicó en YouTube en este enlace

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PNP logró la captura en flagrancia de sujeto que le pedía un pago de S/1500 soles a víctima cuyo carro le había sido hurtado. El presunto extorsionador, identificado como Eduardo Zavaleta Arteaga, de 33 años, amenazó a ciudadano con desmantelar su vehículo de no efectuarse el pago. Tras denuncia de la víctima, el sujeto fue detenido en el Mercado El Progreso, donde se presume desempeñaría labores de vigilancia informal.

Luego de que vehículo haya sido hurtado, la víctima comenzó a recibir amenazas directas, donde un sujeto le exigía una suma de S/1500 a cambio de no desmantelar su carro. Tras esto, decidió implantar una denuncia ante la Policía, quienes efectuaron un operativo que permitiría la captura de aquella persona tras los mensajes y, de paso, recuperar el vehículo hurtado.

A través de un operativo, se detuvo a un sujeto en las inmediaciones del Mercado El Progreso, donde se presume, trabajaría como vigilante informal. Tras la captura, el presunto extorsionador fue identificado como Eduardo Zavaleta Arteaga, el cual, al momento de ser intervenido, se encontraba en pleno acto delictivo. De esta forma fue llevado a la comisaría y puesto a disposición de las autoridades

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Efectivos de la Región Policial Ica desbarataron la peligrosa banda criminal “Los Extraditables de la Villa”, encabezada por Ángel Miguel Córdova Escalaya, alias “Gordo Tito”, en la provincia de Pisco. El grupo era investigado por sicariato, extorsión, microcomercialización de drogas, robo agravado y tenencia ilegal de armas. La intervención se realizó cerca del mediodía y culminó con la captura de tres integrantes de la organización.

La acción se produjo tras el asesinato de Denilson Yair Vásquez Lobatón (27), ocurrido a las 11:15 de la mañana en el centro poblado San Miguel, cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra la víctima. El mototaxista, que habría sido víctima de extorsión, murió de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de bala.

Persecución

Agentes de la comisaría de San Miguel iniciaron una persecución y, tras un intercambio de disparos, capturaron al conductor Juan Carlos Padilla Ramos (18), alias “Carlitos”, a quien se le halló droga, una cacerina y una motocicleta con requisitoria por robo.

Ángel Miguel Córdova Escalaya, alias “Gordo Tito”, fue capturado por la Policía en Pisco durante un operativo que desarticuló a “Los Extraditables de la Villa”.

En la huida, el copiloto logró escapar, pero horas más tarde fue detenido Diego Fabián Altamirano Gabriel (20), alias “Dumbo”, por la División de Inteligencia y la Areincri de Pisco. El sujeto tenía orden de detención preliminar por homicidio calificado y estaría implicado en al menos cinco asesinatos. En su poder se halló una pistola Glock calibre 380, una cacerina con 14 municiones, droga y un teléfono celular con registros de comunicaciones de la banda.

La captura del «Gordo Tito» en su «bunker» en Pisco

Con la información recabada, los agentes ubicaron el “búnker del Gordo Tito” en el asentamiento humano Portada del Sol, distrito de Túpac Amaru Inca. Allí fue capturado el cabecilla Ángel Miguel Córdova Escalaya (38), considerado uno de los delincuentes más violentos de la zona. En el lugar se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas dos pistolas Glock y un revólver Taurus, además de más de 50 municiones, 21 artefactos explosivos, un chaleco antibalas, 154 ketes de PBC y tres celulares.

Arsenal incautado a la banda criminal “Los Extraditables de la Villa”, liderada por Ángel Miguel Córdova Escalaya, alias “Gordo Tito”, durante un operativo en el asentamiento humano Portada del Sol, distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco). Entre lo decomisado figuran cuatro armas de fuego —dos pistolas Glock calibre 380 y un revólver Taurus calibre 38—, dos cacerinas, más de 50 municiones de diversos calibres, 21 artefactos explosivos, un chaleco antibalas, tres teléfonos celulares y 154 ketes de pasta básica de cocaína.

Según la Policía, “Los Extraditables de la Villa” controlaban el tráfico de drogas y extorsionaban a empresarios y transportistas en Pisco. La banda estaría vinculada a asesinatos por encargo y cobros de cupos en paraderos de mototaxis. Los reportes de inteligencia revelan que “Gordo Tito” ordenaba los crímenes desde su refugio, mientras sus cómplices ejecutaban las acciones.

La Región Policial Ica resaltó que el operativo fue resultado de semanas de trabajo coordinado entre la División de Inteligencia, Areincri y la comisaría de Pisco. Con esta intervención, se neutraliza a una organización que mantenía bajo amenaza a la población. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones por homicidio calificado, sicariato y crimen organizado.

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Mientras realizaba su concierto, la agrupación Agua Marina fue atacada por sujetos armados hiriendo a cuatro músicos, uno de ellos está grave. La presentación, que también incluía al grupo Zaperoco, se realizaba la noche de este miércoles 8 en el Círculo Militar de Chorrillos. Los cuatro integrantes heridos fueron trasladados a una clínica local.

Entre los heridos están, un tecladista César More Nizama (51); el animador de la agrupación, Wilson Ruiz Julca (41) quienes están en el hospital Almenara de EsSalud y su estado es delicado porque recibieron los impactos en el tórax al estar más atrás de los músicos. Y la condición de los dos hermanos Manuel, herido en la pierna, y Lucho Quiroga Querevalú, bió tres balas, una en el tórax. La condición de ambos es estable, según la clínica Maison de Santé a donde fueron llevados.

De lo informado por RPP, “los disparos habrían provenido desde la parte posterior del escenario. Dos sujetos a bordo de una moto lineal ubicada en la avenida Confraternidad perpetuaron el ataque y dispararon a quemarropa”.

Controversia por permisos para el concierto

Según lo informado por el general PNP, Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, en el lugar se hallaron al menos 27 casquillos de bala. Asimismo, dijo que la presentación no contaba con garantías ni autorización para realizarse como espectáculo público, según la Oficina Nacional del Gobierno Interior, que otorga las garantías para estos eventos, ni de la municipalidad de Chorrillos, que otorga la autorización.

Tras el tiroteo, la gente que asistía salió despavorida. Personal de seguridad y policías llegaron rápidamente al lugar para resguardar la zona y evacuar al público. El espectáculo fue suspendido de inmediato e iniciaron con el Plan Cerco.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (Aseap), Walter Dolorier, desmintió públicamente al general PNP, Felipe Monroy, refiriendo que “el evento sí tenía permiso municipal”. Al respecto, aclaró que hubo una mala información y que todo está en proceso de investigación.

Dolorier afirmó que la empresa promotora de Santos Humberto Sánchez, cumplió con todos los requisitos legales para desarrollar el evento en la sede Tarapacá del Círculo Militar. “El Ejército tiene el contrato con la promotora hace un mes y medio, donde se le ha dado los derechos para realizar este tipo de espectáculos. El espectáculo contaba con licencia de funcionamiento vigente y cumplía con las medidas de seguridad exigidas por ley”, dijo.

Las orquestas de cumbia y músicos que han denunciado ser víctimas de extorsión (VIDEO)

Fiscalía inicia diligencias por tentativa de homicidio

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical ‘Agua Marina’, ocurrido en Chorrillos. Se ha identificado cinco heridos (cuatro músicos y un vendedor) y dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen.

También ha recorrido tres centros de salud donde se encuentran las víctimas para recabar sus historias clínicas. Asimismo, se ha solicitado el registro de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras pericias, para esclarecer los hechos.

De otro lado, la quinta víctima, se dice que es un vendedor de iniciales P.J.N.C., de 50 años, ingresó al Hospital Casimiro Ulloa, el 8 de octubre a las 23:30 horas, tras sufrir una herida leve en el dorso por proyectil de arma de fuego durante el concierto de Agua Marina. Un equipo multidisciplinario lo atendió de inmediato y le brindó las atenciones necesarias para garantizar su recuperación.

«El paciente presentó una herida leve en el dorso por proyectil de arma de fuego (PAF) y fue atendido de inmediato por un equipo multidisciplinario que le brindó todas las atenciones del caso», dice el comunicado del hospital. Su atención la cubrió el Seguro Integral de Salud (SIS) sin que el paciente asumiera gastos adicionales.

«Fuerza, Agua Marina», “Basta Ya”

Apenas se conoció el ataque a la agrupación de cumbia Agua Marina, otros grupos musicales de distintos géneros comenzaron a elevar su voz de protesta. Los Hermanos Yaipén, Armonía 10, Grupo 5, los Caribeños de Guadalupe, Los Villacorta, La Única Tropical y más orquestas, se pronunciaron sobre la situación que atraviesa el país. También artistas como Dilbert Aguilar, Ana Kohler y Dina Paucar, Julie Freundt, Ingrid Vallejo, vocalista de Los Hermanos Guerrero y Carlo Silva, fundador de la orquesta trujillana Los Hermanos Silva, se pronunciaron exigiendo seguridad por parte del gobierno y una exhaustiva investigación.

Todos dicen ¡Basta Ya! Y reclaman al gobierno por su inacción, indolencia y la indiferencia. 

A las expresiones de rechazo a la violencia y al ataque sufrido por Agua Marina y de solidaridad por los heridos sigue creciendo y todos dan cuenta de la indignación que sienten porque se trata de personas que tratan de trabajar a las que el gobierno no les brinda seguridad para sus vidas, ni para sus fuentes de ingreso formal.

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El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció la convocatoria a un paro nacional preventivo y no descarta una huelga indefinida, tras la observación de la denominada Ley de pensiones dignas del magisterio por parte del Ejecutivo. La decisión fue comunicada por el secretario regional del Sutep Ayacucho, Ronald Pizarro, quien mencionó que la medida busca exigir justicia para los maestros cesantes y jubilados.

“El gobierno ha demostrado irresponsabilidad y falta de sensibilidad ante quienes dedicaron 35 o 40 años de servicio. Muchos docentes hoy sobreviven con pensiones de 400 o 500 soles, lo que es indigno”, expresó Pizarro en entrevista con Jornada.

La ley observada establecía que las pensiones de los maestros jubilados se igualaran al sueldo de los docentes de primera escala, fijado en 3,300 soles. Sin embargo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la norma fue observada por su impacto presupuestal y la falta de mecanismos de sostenibilidad financiera.

De acuerdo con el portal del Congreso de la República, el proyecto regresó a la Comisión de Economía, que cuenta con un plazo de 15 días para emitir un nuevo dictamen. El Sutep, por su parte, anunció jornadas de lucha, vigilias y plantones para presionar su aprobación por insistencia.

“Si a los diplomáticos, militares y policías se les reconoce una pensión equivalente a su escala, ¿por qué no a los maestros?”, cuestionó Pizarro, destacando que el magisterio insistirá en su demanda ante el Parlamento.

A nivel nacional, la situación de las pensiones sigue siendo crítica. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más del 65 % de jubilados peruanos percibe una pensión inferior al salario mínimo vital, lo que afecta principalmente a los sectores educación y salud.

En Ayacucho, el Sutep anunció que movilizará a docentes activos y cesantes en las 11 provincias de la región, mientras el Comité Ejecutivo Nacional define las fechas exactas del paro nacional.

“La lucha no es solo por los maestros, sino por todos los trabajadores que merecen una vejez digna”, enfatizó el dirigente sindical.

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En los últimos días, diversos medios han difundido entrevistas con jóvenes presentados como “voceros” o “representantes de la Generación Z”, pese a que colectivos juveniles aseguran que no los conocen ni los han elegido. Según las denuncias, estos personajes serían infiltrados vinculados al Congreso y a partidos que hoy respaldan al Gobierno de Dina Boluarte.

Uno de los casos más comentados es el de Piero Mandros, quien ha aparecido en programas de Nativa y en canales de streaming identificado como “representante de la Generación Z”. En dichas intervenciones, el joven ha señalado que no apoya las marchas y que votaría por Rafael López Aliaga o Phillip Butters, ambos aliados del bloque parlamentario que sostiene a Boluarte. Esto ha generado sospechas es que el padre de Mandros sería asesor en la Municipalidad de Miraflores, gestionada por Carlos Canales, militante de Renovación Popular.

Este caso se suma al de Wildalr Lozano, otro joven desconocido que fue entrevistado en la radio Exitosa como vocero juvenil el mismo día de la marcha del 20 de septiembre. Horas después, apareció en una foto junto a Manuel Merino, expresidente cuestionado por las muertes en las protestas de 2020. Según activistas, esta coincidencia habría buscado restar legitimidad a las movilizaciones contra el Congreso y el actual Gobierno.

Para diversos colectivos, existe una estrategia coordinada desde medios afines al poder para crear falsos portavoces juveniles y “fabricar opinión pública” a favor de los partidos que dominan el Parlamento. Además de desinflar las marchas, buscan impulsar la imagen de sus futuros candidatos de cara a las próximas elecciones.

Frente a esta situación, representantes reales de la Generación Z —como Jacob Solano, Jorge Calmet y Milagros Rojas, elegidos por la Red Juvenil 14N y el colectivo Jóvenes Líderes para el Perú— han salido a aclarar que no existe ningún portavoz único o elegido por toda la generación, pero sí voceros legítimos reconocidos por los grupos que organizan las movilizaciones. “Los verdaderos representantes apoyamos las marchas, exigimos justicia para las víctimas y pedimos la vacancia de Dina Boluarte”, señalaron.

Los colectivos advierten que todo joven que respalde al Congreso o a los partidos que lo sostienen no puede considerarse vocero genuino de la Generación Z, y piden a los medios verificar a quiénes dan pantalla. “Cualquiera que no cumpla con estos principios podría ser un topo del Congreso”, advierten los activistas.

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La presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Carmen García, aseguró que existen pruebas científicas que confirman la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana. “Hay pueblos no contactados. 

Las evidencias están ahí y eso no se puede desconocer”, declaró durante la Expo Amazónica 2025, al ser consultada sobre la controversia en torno a la existencia de estas comunidades. García explicó que los estudios del IIAP y de otras entidades, respaldados por el Ministerio del Ambiente, incluyen registros y documentación sobre la presencia de estas poblaciones en zonas de Madre de Dios. Sostuvo que las políticas y decisiones sobre la Amazonía deben basarse en información científica verificable. “Las publicaciones están disponibles, solo hay que leerlas y analizarlas”, enfatizó.  

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La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco confirmó la recuperación de restos humanos pertenecientes a dos víctimas del periodo de violencia interna vivido en Perú entre 1980 y 2000. Se trata de los docentes Jorge Luis Rengifo Vargas y Heraclio Ricardo Sabrera Bernardo, ambos desaparecidos y asesinados en circunstancias distintas en los años 1989 y 1991.

Las diligencias se realizaron entre el 1 y el 3 de octubre de 2025 en el distrito de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, bajo la supervisión del fiscal provincial Silvio Santiago Modesto.

Coordinación interinstitucional

La recuperación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Especializada, el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los restos de ambas víctimas fueron ubicados en la Institución Educativa N° 32496 Santo Domingo de Anda, donde se procedió con la exhumación e identificación preliminar.

Detalles del caso Rengifo Vargas

Según las investigaciones fiscales, Jorge Luis Rengifo Vargas fue asesinado el 27 de julio de 1989. En ese momento formaba parte de una comisión de la APAFA encargada de la compra de materiales escolares. Durante su desplazamiento, cruzó por la garita de control de Santa Lucía, donde fue detenido por agentes policiales.

Días después, su cuerpo fue hallado en estado de descomposición a un costado de la carretera. Posteriormente, fue enterrado en el terreno de la institución educativa donde trabajaba.

Caso de Heraclio Ricardo Sabrera Bernardo

Por su parte, Heraclio Ricardo Sabrera Bernardo fue asesinado el 19 de octubre de 1991. En esa fecha, él y otros docentes se dirigían a la base militar 313 Los Laureles para informar sobre una actividad de la APAFA relacionada con la recaudación de fondos para su institución educativa.

Al regresar, fueron interceptados por efectivos militares que sospechaban que el dinero recaudado podía estar vinculado a actividades subversivas. En la zona conocida como Río Frío, fueron detenidos, y desde entonces no se tuvo información sobre su paradero. Sus restos, encontrados de manera incompleta, también fueron ubicados en la misma institución educativa.

Continúan los procesos de identificación

La Fiscalía indicó que los restos recuperados serán sometidos a los procedimientos forenses correspondientes para confirmar plenamente su identidad y continuar con los trámites legales relacionados. Esta intervención se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público por esclarecer crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y atender a las familias de las víctimas.

Las diligencias forman parte del trabajo permanente del Distrito Fiscal de Huánuco para avanzar en los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas en el contexto de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000.

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