Una de las avenidas más transitadas de Arequipa se someterá a obras por un mes. La comuna de Yanahuara anunció el cambio total del adoquinado en una vía de la avenida Ejército. Específicamente entre la calle Recoleta y la intersección con la calle Misti. El motivo principal es el deterioro del actual empedrado, que viene afectando la fluidez vehicular en esa zona.

El burgomaestre distrital Sergio Bolliger pidió comprensión a los conductores, mientras durán las obras.

La obra tiene una duración estimada de 30 días como máximo. La primera fase comenzará el 20 de abril y abarcará el carril de subida. Durante este periodo, el carril de bajada operará en doble sentido para mantener la circulación.

Una vez culminada esa etapa, vendrá la segunda fase, enfocada en el carril de bajada. En ese momento, el carril de subida será el que funcione en doble sentido.

Rutas alternas en avenida de Arequipa

Los conductores que transiten por esta zona de Arequipa deberán tomar previsiones. Para llegar a la avenida Ejército por el carril de subida, se recomienda utilizar como vías alternas:

• Avenida Bolognesi
• Cuesta del Ángel
• Calle Misti

Para el carril de bajada, el desvío sugerido es tomar la avenida Emmel y Ronda Recoleta, para luego salir por el puente Bajo Grau. Durante la segunda etapa, el desvío del carril de subida se mantendrá igual, mientras que el carril de bajada se redirigirá por la avenida Emmel hasta José Abelardo Quiñonez, con dirección a la avenida La Marina.

Arequipa: la valla electoral deja fuera a congresistas y redefine el mapa político (VIDEO)

Mejoras en la vía

El proyecto no se limita únicamente al recambio del adoquinado. La intervención incluirá un paquete integral de mejoras en ambos sentidos de la avenida Ejército. Entre las labores programadas destacan:

• Mejoramiento de las bermas
• Reposición de martillos
• Construcción de rampas y sardinel de concreto
• Colocación de señalización adecuada en toda la vía renovada

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Las elecciones en Arequipa redefinen el panorama político tras la valla electoral, dejando fuera a figuras conocidas mientras algunos partidos logran mantenerse vigentes. La ley del cinco por ciento nacional marca el destino de congresistas que no alcanzaron respaldo suficiente, evidenciando cambios en la representación legislativa regional.

Mientras algunos pierden espacio, otros candidatos y partidos emergen con fuerza en el conteo preliminar, mostrando un escenario aún incierto con resultados en desarrollo. Con menos del veinte por ciento de actas procesadas, el futuro político sigue abierto y Arequipa se encamina hacia una renovación en su representación congresal.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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Las elecciones del doce de abril se realizaron con normalidad en Lambayeque, donde más de un millón de ciudadanos acudieron a votar en una jornada democrática. Por primera vez, un presidente en ejercicio, José Balcázar Zelada, sufragó en la región e hizo un llamado a la unidad nacional.

Sin embargo, tras problemas en Lima con la distribución de material electoral, surgieron cuestionamientos contra la ONPE y pedidos de salida de su jefe. Además, candidatos denunciaron presuntas irregularidades en el conteo de votos en Lambayeque, señalando cambios en cifras registradas en actas electorales oficiales.

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Loreto enfrenta graves problemas sociales pese a inversiones, con altos niveles de anemia y bajos resultados en comprensión lectora, evidenciando brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales. El presidente de la Cámara de Comercio advierte que la región requiere un plan de prosperidad que articule esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y la población.

La propuesta incluye reactivar proyectos económicos y fortalecer sectores clave como hidrocarburos, pero insiste en que sin coordinación efectiva las iniciativas podrían fracasar nuevamente. El plan ya fue presentado como punto de partida, pero su éxito dependerá del compromiso real de autoridades y actores sociales para ejecutarlo.

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El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, rompió su silencio para referirse a la reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual declaró fundada una apelación que busca su vacancia por el denominado caso ‘Flechita’.

Desde una conferencia de prensa, el burgomaestre afirmó que hasta el momento no ha recibido la notificación oficial del fallo. Enfatizó que su defensa legal actuará una vez que tenga acceso al documento completo.

Rivera detalló que no se configuran los tres elementos necesarios para declarar la vacancia. En primer lugar, negó haber firmado alguna orden de servicio o autorizado pago para el trabajador involucrado. En segundo lugar, descartó la existencia de un vínculo directo entre su despacho y la persona contratada. Finalmente, subrayó que no emitió ninguna disposición que genere un conflicto de intereses.

«La vinculación tendría que ser inmediata y directa, y en mi caso no existe», sentenció el edil, mostrando su confianza en que los argumentos legales le asisten.

Estrategia legal y críticas al contexto electoral

Visiblemente molesto, el alcalde calificó la situación como un «abuso de autoridad» y adelantó que ya contactó al constitucionalista Ernesto Blum-Fortini para recibir asesoría. Aclaró, eso sí, que los honorarios de estos especialistas saldrán de su bolsillo y no de las arcas municipales.

«Estando el país en una coyuntura electoral álgida, tocan un tema que ya había sido devuelto dos veces. Esto genera inestabilidad«, declaró, sugiriendo que la decisión del JNE responde a un contexto político más amplio.

¿Paso al costado o defensa constitucional?

Una de las preguntas más reiteradas entre los periodistas giró en torno a si acatará o no el fallo. Al respecto, Rivera fue enfático: «Constitucionalmente todos tenemos derechos».

Añadió que, si la resolución final confirma la causal de vacancia, dará un paso al costado y permitirá que asuma la primera regidora de su lista. Sin embargo, mientras la notificación no llegue, se mantendrá al frente de sus funciones. «Mañana tengo actividades como alcalde, yo seguiré», afirmó.

Consultado sobre el futuro de proyectos clave, como el PDM o el ajuste del pasaje, el alcalde respondió que quien venga en su reemplazo deberá asumir esas decisiones.

Cuenta regresiva: vacancia del alcalde de Arequipa se daría en los próximos días, indicó regidora

Respaldo y próximos pasos

Al cierre de la conferencia, el alcalde agradeció el apoyo recibido en redes sociales y destacó que sus gerentes lo respaldan, aunque aclaró que la continuidad de ellos dependerá de cada uno cuando él eventualmente deje el cargo.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación para la vacancia del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. El proceso responde a la contratación de un funcionario en 2023 con fondos públicos para el cuidado personal de su mascota, un perro llamado «Flechita». Ante esta decisión inapelable, algunos regidores se pronunciaron al respecto e indicando las acciones que se llevarían a cabo ante la posible destitución de Rivera

La regidora Mayra Sumari sostuvo que la resolución oficial del ente electoral se podría emitir en los próximos tres a cinco días. Tras la confirmación de una posible vacancia, indicó que lo siguiente sería revisar si las gerencias y subgerencias municipales fueron designadas por meritocracia o por criterios personales del alcalde saliente.

Sumari alegó que Rivera saldría dejando una gestión descuidada, caracterizada según ella por el secretismo y la falta de atención a las autoridades fiscalizadoras. Por su parte, el regidor Rolando Bedregal rechaza la medida y califica de «lejano» el escenario de la vacancia. Bedregal afirma que el equipo legal buscará medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional para frenar la salida del burgomaestre. Sin embargo, el concejal reconoce que, de llegar la resolución oficial del JNE antes de dichas acciones, el Concejo Municipal tiene el deber de obedecer el mandato legal.

Jurado Nacional de Elecciones declara fundado pedido para revisar vacancia del alcalde de Arequipa Víctor Hugo Rivera

Posturas críticas y gestión administrativa

Rocío Mango también se pronunció recordando que apoyó la vacancia desde la primera sesión de 2023. A su vez, mencionó que la municipalidad afrontaría un difícil cierre de gestión debido a las deficiencias en la gestión del PDM y el precio del pasaje, procesos inconclusos que se deberán de solucionar en lo que queda del año. La legisladora espera que la nueva administración reciba perfiles técnicos avanzados para ejecutar al menos una obra de envergadura antes de finalizar el periodo.

Por otro lado, Bedregal defendió la permanencia de Rivera señalando que la ciudad no puede detenerse por el caso del cuidado de una mascota. El regidor enfatiza que el alcalde no cometió delitos de robo o violación, por lo que considera la vacancia como un objetivo político perjudicial. Aseguró que la gestión actual tiene obras planificadas que deben cautelarse para el beneficio de la comunidad, necesitando una estabilidad política.

También indicó que, de darse la vacancia, se comprometería a revisar las acciones del propio concejo municipal, en busca de que sus compañeros no lleven actos de corrupción parecidos.

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La Autoridad Binacional del Lago Titicaca inició la implementación del proyecto “Filtros Verdes Flotantes (FVF)”. El objetivo es recuperar la calidad del agua en la bahía interior de Puno, una de las zonas más afectadas del lago Titicaca.

La iniciativa busca remover contaminantes mediante un sistema natural que utiliza estructuras flotantes y plantas como la totora, cuyas raíces actúan como filtros biológicos.

Tecnología natural y enfoque científico para enfrentar la contaminación

El proyecto, cofinanciado por la Global Nature Fund a través del programa Living Lakes Biodiversity and Climate, se desarrolla bajo un enfoque experimental de mesocosmos. Esto permitirá evaluar su eficacia en condiciones controladas dentro del propio lago.

Este sistema apunta a generar evidencia técnica y científica sobre el desempeño de esta tecnología en un ecosistema afectado por la contaminación y la eutrofización, producto de años de descargas de aguas residuales sin tratamiento y escorrentía pluvial contaminada.

El proyecto utiliza totora y estructuras flotantes para remover contaminantes de manera natural en la bahía interior de Puno. (Foto: DIfusión)

Según explicó el presidente ejecutivo de la ALT, Juan Ocola Salazar, la acumulación excesiva de nutrientes como nitrógeno y fósforo ha agravado el deterioro del ecosistema.

Participación comunitaria y monitoreo ambiental

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la participación de las comunidades de los Uros. Ellos aportan conocimientos tradicionales en la construcción de los sustratos flotantes de totora.

Como parte de las acciones iniciales, desde el 15 de abril se realizará un monitoreo integral de la calidad del agua. Se evaluará parámetros físicos, químicos y biológicos para medir la efectividad de los filtros.

El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua, la Universidad Nacional del Altiplano, el Proyecto Especial Lago Titicaca y el OEFA.

Con esta intervención, se busca avanzar en la restauración ecológica del lago Titicaca, promoviendo la recuperación de su biodiversidad y la mejora de la calidad del agua en beneficio de las poblaciones locales.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión | Agencia de Prensa Ambiental

El 9 de abril, este medio informó que la fiscal Medilbertha Tupia Curi, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal, investiga desde inicios de año al mayor PNP Ronald Chávez Rodríguez, jefe del GRECC (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado), sindicado de haber presionado a policías cuando estaba a cargo de la Seincri Huancayo, presuntamente para favorecer a una falsa abogada conocida como ‘la doctora’.

La Fiscalía ya ha iniciado diversas diligencias, entre ellas el requerimiento de información a Inspectoría, al Colegio de Abogados de Junín y a la comisaría de Huancayo. La investigación comenzó el 23 de enero y tiene un plazo de seis meses.

‘Policías fantasmas’

Sin embargo, nuevos documentos revelan un hecho aún más delicado. En el sótano de la misma Divincri, en la urbanización Millotingo, en El Tambo, bajo la supervisión del jefe del complejo policial, se habría evidenciado un sistema irregular. En el área de Requisitorias existirían ‘policías fantasmas’, es decir, agentes que cobran por brindar protección, pero en la práctica no lo realizan. Esta situación habría permitido que una testigo protegida de 18 años cometiera un robo sin ningún tipo de vigilancia efectiva.

El 9 de marzo de 2026, una joven, a quien llamaremos ‘Ana’, declaró ante el Área de Investigación Criminal (Areincri) de Millotingo que participó en el robo a Jorge Flores Bendezú (28). Según su testimonio, lo ‘pepeó’ con clonazepam mezclado con alcohol, le sustrajo un iPhone, 400 soles y otros objetos, y posteriormente vendió el celular en el pasaje Andaluz.

Testigo protegido

Lo más grave no es solo el delito. La joven formaba parte del programa de protección de testigos por un caso de violación y ella misma reconoció que su custodia era prácticamente inexistente.

«Mi custodio es una mujer policía, no la veo desde el día viernes de la semana pasada y los días anteriores solo me llama por teléfono o, en casos eventuales, viene a mi casa», declaró.

Mientras planificaba y ejecutaba el robo junto a su pareja, un hombre que acababa de salir de prisión, nadie la vigilaba.

Fuentes consultadas señalan que la suboficial encargada de su custodia sería Katherine Jamjachi Aliaga. Pese a ello, no habría recibido sanción alguna y continuaría en su puesto. En contraste, otra suboficial del grupo Areincri fue enviada al depósito de Incho.

Represalias

El caso probablemente habría pasado desapercibido si no fuera porque, a nivel interno, hubo el intento de ocultarlo. Según un agente de Inteligencia, cuando un equipo de Areincri detuvo a la joven y descubrió que su custodia existía solo en el papel, el mayor PNP Tony Marín Ríos, jefe de Requisitorias, acudió personalmente a increparles a gritos e imponiendo su jerarquía.

Al día siguiente, el jefe de la Divincri, coronel PNP Ángel Leo Mendoza, habría ordenado cambios de personal y desarticulado el equipo que detectó la irregularidad. En lugar de investigarse lo ocurrido, se terminó sancionando a quienes lo expusieron.

Este problema no sería reciente. Desde el año pasado ya existían denuncias sobre ‘policías fantasmas’ en Requisitorias, agentes que cobraban sin realizar labores efectivas, dejando desprotegidas a personas vulnerables, mientras en los registros figuraba que sí contaban con custodia. Según testimonios, algunos solo acudían a la oficina, recogían su arma y regresaban a sus casas. Para muestra, un botón.

¿Aló, Inspectoría?

A pesar de estas alertas, en 2026 el mayor Marín fue ratificado en su cargo. De acuerdo con la resolución de Asignación de Cargos Oficiales, incluso debía ser trasladado a Huánuco, lo cual no se concretó. Las consecuencias se evidenciaron el 9 de marzo, cuando la testigo protegida pudo desplazarse libremente, cometer un robo y vender lo sustraído sin ningún control. Corresponde a la Inspectoría de la Policía investigar estas presuntas faltas graves que comprometen a la Divincri Huancayo.

En síntesis, dentro del mismo complejo policial se configuran dos situaciones graves. Por un lado, el caso del mayor Chávez y la presunta red para favorecer a una falsa abogada. Por otro, el funcionamiento irregular del área de Requisitorias, donde existirían custodias ficticias. Ambos casos coinciden en el mismo entorno institucional, bajo las mismas autoridades y, según las denuncias, con una respuesta que castiga a quienes intentan revelar los hechos en lugar de investigarlos a fondo.

Las irregularidades continúan. En la tercera parte de este informe, se conocerán nuevos elementos clave.

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El Gobierno Regional de Ayacucho mantiene al menos 275 obras públicas con información desactualizada en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), situación que revela deficiencias en la gestión y supervisión de inversiones en la región. De acuerdo con un informe oficial de la Contraloría, los proyectos presentan retrasos prolongados en la actualización de datos. 

En varios casos, el último registro corresponde a junio de 2015, mientras que otros no reportan avances desde diciembre de 2013, lo que impide conocer su estado real de ejecución. La falta de información vigente no es un tema menor. Este vacío limita el seguimiento técnico y político de las obras, restringe el acceso ciudadano a datos públicos y debilita los mecanismos de control sobre el uso de recursos del Estado.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

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La convocatoria a un paro de 48 horas en defensa de la cuenca Llallimayo, prevista para los días 25 y 26 de mayo, ha encendido una alerta que va más allá del reclamo ambiental: el riesgo de que la protesta pierda fuerza al quedar atrapada en la dinámica del actual escenario electoral.

En la provincia de Melgar, donde convergen los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, la exigencia ciudadana es concreta y sostenida en el tiempo: el cumplimiento de compromisos ambientales vinculados a la actividad minera, entre ellos la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas. Sin embargo, el momento elegido para la paralización podría reconfigurar la percepción pública de la medida.

Un reclamo legítimo en terreno político

El conflicto en la cuenca Llallimayo no es nuevo ni responde a coyunturas pasajeras. Se trata de una problemática ambiental que impacta directamente en la salud pública y en las condiciones de vida de las comunidades altoandinas.

No obstante, en un contexto electoral activo, las protestas sociales suelen ser rápidamente interpretadas bajo una lógica política. Esta lectura, aunque no necesariamente invalida el reclamo, sí puede distorsionar su sentido original y debilitar su impacto frente a la opinión pública.

El riesgo es claro: una demanda legítima podría ser percibida como una herramienta de presión con fines políticos, reduciendo su capacidad de convocatoria y su credibilidad.

Estrategia y legitimidad en juego

Especialistas coinciden en que, en escenarios como este, la eficacia de una protesta no depende únicamente de la justeza de la causa, sino también de la estrategia comunicacional que la respalde.

En el caso de Llallimayo, sostener la legitimidad del reclamo implica centrar el discurso en evidencia verificable: estudios sobre la calidad del agua, actas de compromisos incumplidos y plazos vencidos por parte de las autoridades o empresas involucradas.

Asimismo, evitar consignas politizadas y mantener vocerías claras podría marcar la diferencia entre una protesta que fortalece su causa y otra que se diluye en el ruido electoral.

Canales institucionales y presión social

El desafío también pasa por combinar la movilización ciudadana con el uso de canales institucionales. Instancias como la Defensoría del Pueblo o mesas de diálogo pueden contribuir a canalizar el conflicto sin restarle visibilidad.

En paralelo, la presión mediática basada en información documentada y verificable se presenta como una herramienta clave para sostener el tema en la agenda pública sin caer en interpretaciones sesgadas.

Entre la urgencia y la oportunidad

La defensa de la cuenca Llallimayo responde a una necesidad urgente. Sin embargo, el contexto electoral plantea un dilema estratégico: cómo hacer visible el problema sin que este sea absorbido por intereses ajenos a la causa.

En tiempos donde la percepción puede ser tan determinante como los hechos, el reto para los actores sociales será sostener la legitimidad de su demanda sin perder el foco ni la confianza ciudadana.

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Luego de lanzar insultos racistas contra electores de las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho durante una transmisión en vivo, el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, fue denunciado por el abogado puneño John Torres Roselló, quien advirtió que sus expresiones constituyen el delito de discriminación que es sancionado con pena de hasta cuatro años de cárcel.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos de la provincia de San Román, justificando que lo vertido por el streamer constituye una ofensa hacia la población.

“La Fiscalía tendrá que acumular las denuncias para que se tenga una sola investigación en Lima o Puno, dado que, en Juliaca también tenemos una Fiscalía Especializada”, señaló.

Para el abogado, los hechos ocurridos son evidentes y no requieren mayor análisis, por lo que exhortó al Ministerio Público celeridad en las investigaciones a fin de condenar los hechos.

Explicó que lo vertido constituye el delito de discriminación y por tal tipificación la condena corresponde a una pena no menor a cuatro años de cárcel, además de una inhabilitación.

Torres dijo que la discriminación sigue latente en el país, principalmente en la capital Lima, pero declaraciones como esta no hacen más que agravarla en perjuicio de los más debilitados.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio | Últimas Noticias de Puno, Perú y el Mundo

En el marco de reciente evento con REDES, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, advirtió que el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, es un caso emblemático en toda la región porque recibe más de S/300 millones por canon gasífero cada año, pero se ubica entre los últimos en eficiencia del gasto público. Precisó que se trata del segundo distrito con mayores recursos a nivel nacional, después de San Marcos en Áncash, aunque estos no se traducen en soluciones estructurales para la población. “No estamos sabiendo gastar. Estamos haciendo pequeñitos proyectos, varios de los cuales se paralizan o no culminan, que no están solucionando problemas en nuestra región”, señaló.

Asimismo, Santoyo indicó que en los últimos 20 años la región Cusco ha recibido aproximadamente S/37 mil millones por canon y regalías, de los cuales S/33 mil millones corresponden al canon gasífero y S/4 mil millones al canon minero. Sin embargo, señaló que estos recursos no han permitido cerrar brechas en infraestructura, salud, educación y saneamiento. “Hay más dinero, pero no se están cerrando las brechas; hay más dinero, pero no se está generando bienestar ni servicios públicos de calidad”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que Cusco se ubica en el puesto 14 de 25 regiones en el índice de eficiencia del gasto público, lo que se refleja en obras mal ejecutadas, retrasos y paralizaciones. Frente a este escenario, planteó la necesidad de fortalecer la planificación de la inversión pública con articulación entre el gobierno regional, municipalidades y el sector privado, a fin de priorizar proyectos de mayor impacto en beneficio de la población.

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Con 3,756 actas contabilizadas, equivalentes al 89.110 % del total en Arequipa, la ONPE ya permite identificar a los candidatos con mayor votación. No obstante, este posicionamiento no garantiza una curul, ya que la asignación de escaños depende del sistema de cifra repartidora.

Este mecanismo distribuye los escaños entre partidos según su votación total. Para ello, los votos de cada lista se dividen en una serie de cocientes que se ordenan de mayor a menor. Esto permite definir cuántas curules obtiene cada organización política. Luego, los escaños se asignan a los candidatos más votados dentro de cada lista.

Esto implica que un candidato con alta votación puede quedar fuera si su partido no alcanza representación, mientras que otro con menos votos podría acceder al Congreso. Un caso es el de Nicolás Andrés Talavera Benavente, quien figura como el segundo más votado en la página de la ONPE, pero su partido no lograría un escaño según las proyecciones.

Con más de 16 mil votos en el conteo actual, Talavera enfrenta por tercera vez un escenario complicado. De mantenerse la tendencia, quedaría fuera del Congreso pese a su alta votación, como ocurrió en procesos anteriores, donde superó los 20 mil votos sin obtener una curul.

Según el último avance, los seis candidatos más votados en Arequipa son:

• Edgar Dember Gonzales Polar del Partido Buen Gobierno, con 17,872 votos.
• Nicolás Andrés Talavera Benavente del partido País para Todos, con 16,345 votos.
• Christian Aranda Vásquez del partido Renovación Popular, con 14,473 votos.
• Marleny Bibiana Arminta del partido Ahora Nación, con 14,015 votos.
• Esdras Ricardo Medina Minaya del partido Renovación Popular, con 11,776 votos.
• Amalia Emilia Palomino Pacheco del partido Juntos por el Perú, con 10,608 votos.

Especialista proyecta dos escaños para Buen Gobierno y uno para otros cuatro partidos en Arequipa

El especialista Jorge Luis Mamani elaboró una proyección con un avance del 83.345 % de actas, aplicando la cifra repartidora, fijada en 58,558, para estimar la distribución de escaños en la región.

Según este cálculo, el Partido del Buen Gobierno obtendría dos escaños, siendo el partido que obtendría más escaños en la región. Mientras que Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras alcanzarían uno cada uno. Se destaca que Fuerza Popular no lograría representación.

De acuerdo con esta proyección, ingresarían al Congreso Edgar Gonzales Polar y Gloria Hirache Pizarro por Buen Gobierno; Amalia Palomino por Juntos por el Perú; Christian Aranda por Renovación Popular; Marleny Arminta por Ahora Nación; y Luis Aurelio Masco Cáceres por el Partido Cívico Obras.

Conteo ONPE al 93.484%: diferencia entre Roberto Sánchez y López Aliaga es ahora de cerca de 13 mil 886 votos

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La Policía Nacional del Perú desmanteló un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de Pasta Básica de Cocaína en el distrito de Paucarpata. Los agentes del orden intervinieron una vivienda que servía como centro de producción para un clan familiar dedicado al tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro del inmueble, los efectivos hallaron diversos utensilios y recipientes con restos positivos para alcaloide de cocaína. Las autoridades confirmaron que el lugar funcionaba bajo la fachada de una vivienda familiar para evitar las sospechas de los vecinos y transeúntes. Los implicados utilizaban equipos de comunicación y dinero en efectivo para gestionar la distribución del estupefaciente en diferentes puntos de la provincia.

En la intervención se detuvo a los integrantes de la organización y se decomisó todas las herramientas de fabricación. Los sospechosos permanecen bajo custodia policial mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de sus operaciones.

Aeropuertos, puertos y gas natural: megaobras que ProInversión anuncia para Arequipa y siete regiones del sur

Insumos químicos incautado

La policía decomisó 14 envases de ácido industrial, dos sacos de bicarbonato de sodio y un saco de sesquicarbonato de sodio en la escena. Estos elementos químicos resultan fundamentales para el procesamiento de la pasta básica de cocaína dentro de laboratorios artesanales. También se hallaron tres ollas metálicas y diversos bidones con líquidos que dieron positivo en las pruebas de campo.

Equipos y logística del clan

Los agentes incautaron 200 soles en efectivo y dos teléfonos celulares que serán analizados para identificar a otros posibles contactos de la red. Los criminales empleaban enseres metálicos específicos para el filtrado de la droga antes de su comercialización final. Estos objetos se usarán como evidencia material de la actividad continua de refinamiento que se realizaba en el inmueble.

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DENUNCIADO PENALMENTE | Las recientes expresiones racistas y discriminatorias del streamer “Cristorata” han generado profunda indignación en Cusco y Puno. Un abogado de la Ciudad Imperial presentó una denuncia penal contra el creador de contenido por sus ataques a los votantes del sur y por agraviar a comunidades campesinas e indígenas.

En paralelo, autoridades de ambas regiones rechazaron sus declaraciones y solicitaron que se le imponga una sanción ejemplar al considerar que se habría configurado un delito.

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El video ¡INDIGNACIÓN TOTAL! | Desde Cusco denuncian penalmente a streamer «Cristorata» por frases racistas se publicó en YouTube en este enlace

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Rafael López Aliaga se ha convertido en aquello que tanto criticaba. Después de amenazar con incendiar Lima y de querer sodomizar al jefe de la JNE, Porky quiere más. ¿La nueva estrategia? Ofrecer una recompensa a trabajadores de la ONPE, el JNE o cualquier entidad vinculada al proceso electoral para que denuncien supuestas irregularidades, fraude o sabotaje en su contra.

Y no era cualquier incentivo: 20 mil soles para quien se anime a hablar, un sencillo para él, pero una propuesta muy peligrosa para cualquiera. Un llamado tan polémico como riesgoso, que rápidamente encendió las alarmas, incluso dentro de su propio entorno político.

El congresista y candidato al Senado José Cueto marcó distancia del líder de su partido, dejando en claro que no se puede actuar como si un partido político fuera una autoridad policial ofreciendo recompensas.

Además, el propio Código Penal sanciona este tipo de conductas, ya que podría configurarse como cohecho pasivo impropio, al implicar la entrega de un beneficio indebido a cambio de acciones vinculadas al ejercicio de funciones públicas.

Quizá por eso, en un breve momento de lucidez, el propio Aliaga decidió eliminar el comunicado a los pocos minutos. Un gesto que no borra lo ocurrido y que lo pone al   mismo nivel que un fariseo: lanzar la piedra y esconder la mano.

¿Así pretendía gobernar el país?

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El video ¿COMPRA de testigos? LÓPEZ ALIAGA ofrece DINERO a trabajadores de ONPE ante inminente DELITO se publicó en YouTube en este enlace

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LA PNP INTERVINO EN VIVO | El programa Beto a Saber fue protagonista de una grave denuncia que involucra material electoral que “se perdió” en el distrito de Surquillo. La PNP y personal de la ONPE tuvieron que apersonarse en vivo tanto para custodiar el material como para explicar lo sucedido.

Según la encargada de la ODPE de Surco, las cuatro cajas de cédulas electorales no fueron arrojadas a la basura, como indicó el periodista, sino que, por error del personal de la ONPE, quedaron olvidadas en la cajuela de un vehículo contratado para su traslado. Sin embargo, el chofer no respondió llamadas ni mensajes.

De acuerdo con Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3, esto es considerado un error involuntario. Asimismo, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú ingresaron al estudio del programa para custodiar dicho material en vivo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya ha solicitado públicamente que se retire al personal que estaba a cargo del resguardo de las actas. Este nuevo incidente incrementa los cuestionamientos contra la ONPE en el proceso electoral 2026.

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El video ESCÁNDALO en programa de BETO ORTIZ: PNP ingresa en vivo por denuncia de CÉDULAS tiradas a la basura se publicó en YouTube en este enlace

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Todo lo que podía salir mal en estas Elecciones 2026 está saliendo peor. Tanto las pataletas fraudistas como los horrores de la ONPE y del JNE solo eran la puntita. Lo que se viene con las actas impugnadas es una auténtica pesadilla. Una vez que terminen de contarse las cerca de 1000 actas pendientes comenzarán a revisarse alrededor de 5400 actas observadas por errores materiales, aritméticos, entre otros. Según advirtió el excanciller Javier González Olaechea, este proceso recién terminaría entre la primera o segunda semana de mayo.

No obstante, el problema puede empeorar, ya que los personeros de Renovación Popular han comenzado a pedir que se anulen mesas de votación donde Roberto Sánchez tiene mayor votación. Para empezar, ya presentaron nulidades para 93 mesas en Cajamarca, donde Juntos por el Perú consiguió una votación mayoritaria. Y apenas es el comienzo. Todo esto mientras el país sigue entre la incertidumbre y la conspiranoia propiciada por el fraudismo. Al final, Porky va a enyucarle su plan Morrocoy a todo el país. Nefasto.

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El video ¿CONTEO hasta MAYO? Ola de ACTAS IMPUGNADAS frena resultados de la PRIMERA VUELTA de la ONPE se publicó en YouTube en este enlace

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Una publicación difundida el 15 de abril de 2026 en la red social X señala que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “ha cerrado la web donde podías consultar tu número de mesa”. Según el usuario, esta decisión se tomó con el objetivo de impedir que los ciudadanos verifiquen sus actas de votación. El contenido acumula más de 30,000 visualizaciones y ha generado preocupación entre usuarios.

El mensaje está acompañado de una imagen en la que se lee: “Proceso concluido. El período de funcionamiento del sistema de Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa ha finalizado”. Se refiere, como se puede leer, al local de votación, no a los votos emitidos.

PerúCheck revisó las plataformas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y halló que la web sigue funcionando con normalidad. 

¿A qué publicación de la ONPE corresponde la imagen difundida? 

La imagen corresponde a una plataforma específica de la ONPE habilitada antes de las Elecciones, cuyo objetivo es informar a los ciudadanos dónde votar y si fueron designados como miembros de mesa. Como su propio mensaje de la imagen indica, este servicio tiene un periodo de funcionamiento limitado y deja de estar disponible una vez concluida la jornada electoral, por lo que su desactivación es un procedimiento regular y esperado.

PerúCheck verificó que la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el conteo de votos en tiempo real continúa funcionando con normalidad. En esta web, los ciudadanos pueden seguir el procesamiento de actas y los resultados electorales conforme avanza el escrutinio, lo que desmiente que se haya restringido el acceso a la información. De hecho, diversos medios de comunicación tienen en sus propias páginas web una actualización automática del procesamiento de actas y votos.

Conclusión

La ONPE no ha bloqueado el acceso a la verificación de actas ni al conteo de votos. La publicación en redes sociales materia de este artículo confunde el cierre de una plataforma informativa previa a las elecciones para verificar el local de votación y si el usuario es miembro de mesa con el sistema de resultados oficiales. Por ello, PerúCheck califica esta afirmación como falsa, ya que se basa en una interpretación errónea del funcionamiento de los servicios digitales del organismo electoral.

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