Con el propósito de fortalecer el trabajo articulado en beneficio del transporte fluvial y turístico de la región, El Gobierno Regional de Loreto (GOREL), y la Autoridad Portuaria Regional sostuvieron una importante reunión de coordinación con el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y realizaron una visita técnica a los embarcaderos Linares, Eduardo y Valverde, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y proyectar su incorporación progresiva al Sistema Portuario Nacional.

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Un año más se cierra con un saldo trágico. Solo en 2024, 146 personas defensoras del ambiente y del territorio fueron asesinadas o desaparecidas en distintas partes del mundo. Y mientras las cifras se actualizan cada año, la violencia no se detiene. Recordemos que detrás de cada número hay familias rotas, comunidades desmanteladas y un mensaje que busca silenciar su resistencia.

El dato proviene del informe «Raíces de resistencia«, publicado por Global Witness, que recuerda:

“Todas estas personas fueron atacadas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y a un ambiente limpio, sano y sostenible”.

Estas muertes y desapariciones tampoco son hechos aislados. Son consecuencia de enfrentarse a intereses poderosos como proyectos extractivos, agronegocios y redes criminales que ven en la explotación de los recursos naturales una fuente inagotable de riqueza.

Nombres que no deben olvidarse

Antes de seguir con este informe, es importante mencionar los nombres de quienes perdieron la vida en 2024 defendiendo su territorio en nuestro país. Ellos son:

• Victorio Dariquebe Gerewa, asesinado el 18 de abril.
• Mariano Mucama Isacama Feliciano, asesinado el 20 de junio.
• Ricardo Kunchikui Shimpujat, asesinado el 2 de julio.
• Gerardo Keimari Enrique, asesinado el 6 de octubre.

Sus nombres nos recuerdan que detrás de cada cifra hay vidas, familias y comunidades que siguen exigiendo justicia.

Victorio Dariquebe Gerewa fue un guardaparque que laboraba en la Reserva Comunal Amarakaeri y pertenecía a la comunidad nativa de Keros. 

Cada semana, tres defensores menos

Durante 2024, en promedio tres personas que defendían la tierra y el ambiente fueron asesinadas o desaparecieron cada semana. Y esa cifra podría ser aún más alta. El informe advierte:

«Sabemos que muchos ataques no se denuncian, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad”.

Desde 2012, Global Witness ha registrado 2253 ataques de este tipo. El número bajó respecto a 2023, cuando hubo 196 casos, pero la organización aclara que esto no significa una mejora real. En muchos países las denuncias se callan, se bloquean o simplemente nunca llegan a registrarse.

La violencia adopta varias formas. En 2024 se documentaron 142 asesinatos y cuatro desapariciones prolongadas en países como Filipinas, México, Honduras y Chile.

América Latina, epicentro del peligro

En 2024, el 82 % de los ataques se concentró en América Latina. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente, donde se documentaron 48 asesinatos. Aunque la cifra bajó respecto a los 79 casos de 2023, el riesgo sigue siendo altísimo.

Las comunidades indígenas y campesinas son las más golpeadas. Solo en el último año, cada grupo perdió a 45 de sus miembros. Desde sus territorios, se han enfrentado con más firmeza a la minería, la tala y la agroindustria, actividades señaladas de manera constante como motores de violencia.

Sectores que matan

La minería fue el sector más letal en 2024, con 29 ataques registrados. Después aparecen la tala forestal, con ocho casos, y la agroindustria, con cuatro. También hubo muertes vinculadas a proyectos de infraestructura, como carreteras e hidroeléctricas, además de actividades de caza ilegal.

Casi un tercio de los asesinatos y desapariciones estuvo relacionado directamente con el crimen organizado.

“Las organizaciones delictivas y las economías ilegales relacionadas prosperan en todo el mundo, socavando el estado de derecho, poniendo en riesgo a las personas defensoras y amenazando ecosistemas clave”.

Desapariciones y efectos invisibles

Las desapariciones forzadas representan una de las formas más traumáticas de violencia. No solo por el impacto directo en las víctimas, sino también por la incertidumbre en la que quedan sus familias. “Sl no saber si la persona está viva o muerta, las familias, colegas y comunidades de las personas defensoras desaparecidas se quedan en un limbo insoportable”, señala el documento.

Además de los ataques físicos, muchas personas defensoras enfrentan amenazas, criminalización, acoso y violencia sexual. Estas prácticas generan un desgaste emocional profundo, con consecuencias como ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.

Estados y empresas bajo la lupa

El documento no duda en señalar que los Estados también forman parte del problema. En 2024, al menos 17 asesinatos estuvieron vinculados con fuerzas armadas, policías u otras instituciones gubernamentales. La colusión entre crimen organizado, gobiernos e intereses empresariales hace que investigar y sancionar estos ataques sea un desafío aún mayor.

La situación se agrava en países clasificados como “reprimidos” o “cerrados” por el CIVICUS Monitor, una plataforma de investigación en línea de la CIVICUS Global Alliance, donde las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica están severamente limitadas.

En agosto de 2025,lLa justicia peruana confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los responsables del asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninkas en el Caso Saweto. (Foto: Aidesep)

Llamado antes de la COP30

A pocas semanas de la cumbre climática COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), Global Witness subraya: “No podemos permitir que continúe la devastadora explotación de la tierra y los recursos, ni la violencia contra quienes se resisten a ella”. Reconocer el papel de las personas defensoras y garantizar su protección no es solo un acto de justicia, también es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática.

*Accede al informe completo aquí. 
*Justicia tardía para Saweto: Condena histórica expone deudas en la protección a defensores indígenas. Accede a este informe aquí.

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El café de la provincia de Sandia, en la región Puno, volvió a brillar en la escena internacional. En la décima edición del Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen, organizado por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) en París, el productor Marco Toque Puma, del distrito de San Pedro de Putina Punco, obtuvo la medalla “Gourmet de Plata”.

A este importante reconocimiento se sumaron otros caficultores puneños. Flavio Aguilar Ramos, de la Cooperativa Inambari, recibió una medalla de plata con su marca Coffee Warma; mientras que Flavio Ccori Soncco, de la Cooperativa CECOVASA, fue distinguido con una medalla gourmet gracias a la calidad de su reconocido Tunki Coffee.

Variedades de altura y prácticas sostenibles

Los productores de Sandia cultivan variedades de café como geisha, bourbón, caturra y típica a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, lo que otorga a los granos características únicas. En el caso de Marco Toque, su producción se distingue además por incorporar prácticas de conservación ambiental respaldadas por la organización Wildlife Conservation Society (WCS), que incluyen la protección de 3.35 hectáreas de bosque amazónico.

Apoyo institucional y proyección internacional

La participación de los cafetaleros puneños fue posible gracias a la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que también asumió los costos de su intervención en el certamen. Esta estrategia busca fortalecer actividades económicas lícitas y sostenibles en zonas vulnerables del país.

Puno, tierra de café premiado

Desde el año 2020, los productores de café de Puno han acumulado medallas de oro, plata, bronce y gourmet en distintas ediciones del concurso AVPA, consolidando la reputación del café puneño en mercados internacionales y posicionando a Sandia como una de las capitales cafeteras más importantes del Perú.

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El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a Ica para supervisar el proyecto Ica Segura, que contará con el Centro de Monitoreo más grande del país, equipado con cámaras de última generación e inteligencia artificial. Durante la actividad, también agradeció al gobernador Jorge Hurtado, quien anunció la compra de 3,500 chalecos antibala destinados a reforzar el trabajo policial en la región.

La visita terminó con un momento de tensión. Al salir de la sede del Gobierno Regional, Malaver fue abordado por periodistas locales sobre el aumento de las extorsiones en Ica y los supuestos nexos de alias “El Monstruo” con altos mandos de la PNP. El ministro, visiblemente incómodo, respondió: “No se aventure señor, hay que ser objetivos. No podemos aventurar a creer en las versiones de cualquier delincuente”.

Las preguntas se sostienen en hechos concretos. En Ica fue allanada la vivienda de la madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, donde se hallaron explosivos y dinero en efectivo, confirmando que su organización mantiene operaciones en la región. Documentos de inteligencia y denuncias de exoficiales señalan que oficiales de alto rango habrían colaborado con Moreno, ya sea filtrando información de operativos, brindando armas o protección para evitar su captura.

Más de diez policías en funciones estarían implicados en su red criminal, encargándose de dar soporte logístico y encubrir sus movimientos. Moreno, incluso, ha dirigido amenazas directas contra coroneles y generales tras la detención de personas cercanas a él, como su propia madre.

El caso también alcanza a niveles políticos. El exministro del Interior Juan José Santivañez habría tenido conocimiento de operativos para capturar a “El Monstruo” junto con altos mandos policiales, pero no actuó para facilitar la detención. Hoy, su nombre vuelve a aparecer en nuevas revelaciones: recientes audios lo vinculan con eñ peligroso delincuente alias «Culebra», al que habría dado protección dentro de un penal.

Pese a la magnitud de las acusaciones, las investigaciones no han arrojado resultados. Erick Moreno sigue prófugo y en la lista de los más buscados del país. El Ministerio del Interior mantiene vigente una recompensa de S/150,000 para quien brinde información que permita dar con su paradero.

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El gerente de Prevención, Seguridad y Ordenamiento de la Municipalidad Provincial de San Román Elías Percy Quispe González enfrenta denuncias por realizar inspecciones técnicas sin contar con la acreditación legal requerida y además de someterlos a sobornos. Otra denuncia lo pone en el sillón de los acusados, esta vez el funcionario intervino el colegio James Baldwin el 28 de agosto declarándolo de «muy alto riesgo» mediante Resolución N° 768-2025, acto completamente irregular señalan especialistas.

Quispe González justifica sus acciones en la Ordenanza Municipal N° 010-2016, pero esta normativa fue derogada por la Ordenanza N° 008-2025, así lo señalan abogados como Abel Calcina. Además, el admitió que no es un inspector acreditado, por lo cual no cumple lo exigido por la norma, según el Decreto Supremo N° 002-2018 y la Ley 30619.

La resolución que declara el establecimiento educativo como riesgoso carece de respaldo técnico especializado. «Este acto administrativo es nulo», afirmó Calcina, quien advierte que solo inspectores acreditados pueden ejecutar estas verificaciones según la normativa vigente del sector construcción.

En el caso del Hostal San Román ubicado en jirón Talara, el gerente también intervino tras una declaración jurada de la administrada Cristina Chura Calla. «Presentó una declaración jurada, no un certificado», argumentó Quispe para justificar las observaciones realizadas al establecimiento.

Ante acusaciones de extorsión, el gerente negó cobros irregulares declarando: «Tengo declaraciones mensuales ante la SUNAT y no necesito sobornos». Sin embargo, reconoció fallas en la revisión de documentos antes de emitir las resoluciones cuestionadas por la ciudadanía.

Vecinos de Juliaca exigen que la municipalidad garantice inspecciones con personal calificado para evitar trámites irregulares. «No queremos que se ponga en riesgo la seguridad por procedimientos sin sustento», declaró un comerciante afectado por estas intervenciones.

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La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) decidió suspender parte del apoyo que venía brindando a los vecinos de la urbanización Las Quintanas, afectados por el atentado con dinamita el pasado 4 de septiembre. 

Críticas frenaron la ayuda

El anuncio lo hizo el gerente de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Caipo, quien explicó que la medida responde a las constantes críticas de algunos moradores y fue tomada por la alta dirección edil

“Se hizo la medición y por la tarde sale la declaración. No entendí qué pasó. Los demás asumieron que nosotros nos habíamos retirado, cuando no había ninguna orden de retiro o paralización. Cuando se difunde que nos hemos retirado, eso genera un espacio de no credibilidad hacia la institución edil. No podemos estar tolerando esta situación”.

Agregó además: “Por ahora ya no (los apoyaremos) porque nosotros hemos querido avanzar con ello, pero a más crítica, no entendemos, la verdad, por qué los vecinos están actuando así”.

Inversión ejecutada

Según detalló, el municipio ya destinó alrededor de S/40 mil para atender a 12 viviendas, cada una con un acta de conformidad firmada por sus propietarios. En un inicio, se calculó que la reposición de lunas y reparaciones podía ascender a S/138 mil – S/140 mil, aunque aclaró que se trataba de un monto referencial.

“Nosotros hemos sido responsables. Cada vivienda atendida cuenta con su detalle y conformidad firmada por el vecino”, aseguró.

Ocho familias quedaron fuera

No obstante, otras ocho casas que esperaban apoyo ya no serán beneficiadas, lo que ha generado malestar en la comunidad. El gerente aclaró que la municipalidad no tiene obligación normativa de cubrir reparaciones de esta magnitud.

“No podíamos colocarles el mismo tipo de vidrio, por un tema de ayuda social. Es lógico: como cuando pasa un desastre natural, te voy a dar asistencia alimentaria, no cabrito, sino productos de consumo rápido”.

Pide mayor compromiso del Gobierno

Sánchez Caipo recalcó que corresponde al Gobierno Central asumir un rol más activo: “Esperamos que, así como se ha asumido el caso de la avenida Perú, también se asuma la responsabilidad en Las Quintanas. Si el Ministro del Interior no quiere asumir el control de la seguridad ciudadana en esta ciudad, que nos deje hacerlo directamente a nosotros como municipalidad”, sentenció.

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El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no le permitirá llegar a Lima con su denominada “Marcha de Sacrificio”, con la cual busca reclamarle por las promesas incumplidas hacia la provincia liberteña.Hasta el momento, Mariños se encuentra en la ciudad de Trujillo, luego de 21 días de recorrido rumbo a la capital.

Finalmente, señaló que no descarta postular a la presidencia del Perú en las elecciones del 2031. No obstante, precisó que su objetivo actual es culminar las obras en la provincia de Pataz, donde hasta ahora la ejecución presupuestal apenas alcanza el 25 %.

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En medio de la crisis y cuestionamientos por la gestión de Machu Picchu, la inauguración de la Expo Los Andes 2025 se convirtió en tribuna para que gobernadores de la mancomunidad de Los Andes eleven un mensaje claro: Machu Picchu no es solo del Cusco, es patrimonio de todo el Perú y de la humanidad.

El gobernador de Lambayeque pidió “querer y cuidar” la ciudadela y dejó entrever que la falta de descentralización ha agravado los problemas. A su turno, el gobernador del Cusco evocó la unión de los pueblos que construyeron el Imperio Inca para exigir hoy inversiones y gestión compartida para preservar o maravilla.

Desde Cusco, los gobernadores de seis regiones invocaron unidad y reclamaron al gobierno central soluciones reales para la preservación de Machu Picchu y no solo discursos.

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“Machu Picchu no es cortina de humo”, así dispara el gobernador Werner Salcedo en medio de la pelea por la ruta Hiram Bingham. Denuncia que la crisis no es solo entre empresarios ni por buses, sino un síntoma del fracaso del centralismo y de la indiferencia del Ejecutivo. Mientras Cusco genera gas, minería y turismo, sus distritos siguen esperando hasta 12 años por agua, salud y educación.

Salcedo advierte que el santuario se deteriora como Kuélap, mientras en Lima responden con resoluciones simbólicas —como declarar el Día del Pan con Chicharrón— en lugar de instalar una mesa de diálogo urgente.

Propone crear una autoridad autónoma del Valle Sagrado y reclama que Cusco administre su propio patrimonio. El mensaje es directo: dejar de pelear entre nosotros por migajas y exigir al Estado soluciones reales para Machu Picchu y para todo el sur.

El conflicto ha provocado el riesgo de que Machu Picchu acabe retirado de a lista de maravillas mundiales del turismo.

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El Juzgado Civil de La Oroya confirmó el desalojo de las últimas familias que aún residen en Morococha antigua, en la provincia de Yauli, Junín, a pedido de la minera Chinalco. La diligencia quedó programada para el 19 de septiembre a las 11:10 de la mañana, con apoyo de por lo menos 30 policías y autorización de descerraje.

El juez Jesús Santana Socualaya declaró improcedente la oposición presentada por el poblador Elvis Antonio Atachagua Ursua, quien cuestionaba la medida cautelar concedida a Chinalco en junio. Con ello, el magistrado ratificó que la empresa tiene derecho de propiedad inscrito en la SUNARP y validó la orden de lanzamiento.

La resolución advierte que los enseres de los moradores serán dejados en la vía pública bajo su responsabilidad, lo que genera preocupación por la desprotección de las familias.

El conflicto se arrastra desde 2012, cuando Chinalco promovió el reasentamiento a la llamada “Nueva Morococha”. Aunque la mayoría de pobladores aceptó, un grupo de familias permaneció en la antigua localidad alegando incumplimiento de promesas, riesgos ambientales y falta de oportunidades.

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La Federación Peruana de Futbol (FPF) consolida su proceso de reestructuración con la posible incorporación de un estratega arequipeño de amplia trayectoria en divisiones menores. Marco Valencia, actualmente vinculado a FBC Melgar de Arequipa, sería el futuro director técnico de la Selección Peruana Sub-20.

La información fue revelada inicialmente por el periodista Gustavo Peralta a través de la red social ‘X’, y replicada por medios nacionales. Peralta señala que el anuncio oficial se realizará una vez el profesional finalice su contrato con el club mistiano en noviembre de este año. Se indica, además, que las negociaciones se encuentran en una fase muy avanzada.

Valencia no es un nombre nuevo en el ambiente del fútbol formativo. Desde enero de 2019, ha dirigido las divisiones menores del FBC Melgar. Ha acumulado una valiosa experiencia que incluso lo llevó a asumir en varias ocasiones el cargo de entrenador interino del primer equipo del club rojinegro.

Su llegada a la bicolor juvenil representa una respuesta directa al último y complicado desempeño de la selección en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela. El equipo no consiguió victorias bajo el mando de José Guillermo del Solar. La expectativa es que su experiencia en el trabajo con jóvenes talentos impulse un nuevo ciclo.

Perumin 2025: ¿Dina Boluarte llegará a Arequipa? PNP inicia despliegue de seguridad

Otros movimientos en la Videna

Este futuro nombramiento se enmarca dentro de una serie de ajustes impulsados por el nuevo director deportivo, Jean Ferrari. En paralelo, se informa que Manuel Barreto sería la opción elegida para dirigir de manera interina a la selección peruana en los amistosos de octubre y noviembre, descartándose otras opciones que se habían manejado inicialmente.

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Resulta curioso que, si nos remontáramos a los inicios de la carrera cinematográfica del director norteamericano Henry Hathaway, descubriríamos que estuvo presente en el nacimiento mismo del western y del primigenio cine épico. Trabajó como asistente de Josef von Sternberg y participó en la legendaria primera versión de Ben-Hur de Fred Niblo, la de 1925. En los años 30’, Hathaway hizo dupla con Randolph Scott y rodaron varios westerns inspirados en las novelas de Zane Grey. Esas viejas producciones son el necesario precedente de la concepción que alcanzarían después mentes brillantes como Anthony Mann o John Ford. Tras la Segunda Guerra, el cine de Hathaway se decantó hacia el noir, muy en el espíritu de la época, y nos ofreció algunas obras maestras de merecida recordación.

“Kiss of Death” (20th Century Fox, 1947) planteó algunos problemas a Hathaway, como el rodaje en espacios abiertos e iluminados (reñidos con la estética del cine negro) y el uso de cámaras de mano para interiores. De ambos dilemas, el director salió airoso: había tenido amplia escuela rodando westerns en los difíciles 30’. El argumento (guion de Ben Hecht y Charles Lederer basado en una historia de Eleazar Lipsky) no es complejo: un gánster de Nueva York, Nick Bianco (Victor Mature en un rol habitual: el de converso moral), da un golpe en una joyería, pero lo atrapan. En prisión, el fiscal le propone dar el chivatazo para salir con libertad condicional y así poder ver a sus dos pequeñas hijas. Bianco se niega de plano y esta negativa provoca la admiración de un asesino, compañero de celda, Tommy Udo. Aquí es necesario detenerse para ponerse de pie y aplaudir rendidamente al genial Richard Widmark, que construye un asombroso villano, un psicópata de risa desquiciada y voz sedosa cuya presencia en el film es el motivo inquietante que no nos dejará nunca en paz. A pesar de que el Tommy Udo de la novelita de Lipsky era un hombretón amenazante cuyo rasgo más saltante era su tamaño, Hathaway decidió que Widmark era el indicado para representar el papel. Y hay que tener en cuenta que era el debut del actor, lo cual nos permite colegir que Hathaway no sólo tenía buena mano, sino un ojo privilegiado.

Así que Bianco va dejando caer su temperamento criminal, capa a capa, para revelarse como un amoroso hombre de familia que haría cualquier cosa por proteger a su esposa y sus dos hijas. Supongo que Mature tuvo que leer esta parte del guion para decidirse a hacer la película, que líneas más o menos, es el mismo papel que hace en “El Manto Sagrado”. Mientras que Bianco se “adecenta”, la figura criminal de Udo adquiere un peso más específico. Entre este criminal devenido en paterfamilias (Mature) y el sicario cada vez más peligroso e impredecible (Widmark) se establece el juego de persecuciones y emboscadas, como el que juegan el psicópata Max Cady y el buen abogado Sam Bowden en “Cape Fear”. Mature está realmente bien como el atormentado exconvicto que ahora debe enderezar su camino. Su rostro doliente, esos ojos oscuros y ese rictus de preocupación que muestra en los primeros planos convencen y logran la empatía con el público. Pero Widmark está a otro nivel. Se ha dicho que era un gran lector de los comics de Batman y que construyó su personaje teniendo en cuenta al Joker. Y sí, ahí está esa risa demente tan típica del villano de Batman. Sin maquillaje ni vestuario idóneo, parece que Widmark ha construido al mejor Joker de la historia.

Por supuesto, la actuación de Richard Widmark no es lo único que “Kiss of Death” nos ofrece, además está la historia, el relato, bellamente planeado y hermosamente ejecutado. Una hermosa fotografía que enfatiza los contrastes de tonos grises y tonos oscuros. Un ritmo trepidante en precisa sintonía con los planos medios (en los que la acción central suele estar o bien a la izquierda o bien a la derecha, sin caer en la monotonía de las tomas directas), en fin, un bello film noir del período dorado para el género: los gloriosos años cuarenta.

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Machu Picchu vuelve a ser el epicentro de un debate urgente que mezcla cultura, economía y política. A inicios de semana, autoridades regionales, operadores turísticos y representantes de la sociedad civil se sentaron en la misma mesa para analizar el futuro del principal atractivo del país. En la última entrevista de la Red de Medios Regionales del Perú se habló sobre tres temas de la problemática del turismo en Cusco: la congestión de visitantes, la falta de infraestructura en Aguas Calientes y los conflictos sociales en el transporte.

La reunión fue encabezada por el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien advirtió que Machu Picchu es el motor económico de la región, pero que su gestión requiere cambios profundos. Remarcó que no se puede seguir improvisando ni permitir que el patrimonio se deteriore por la presión turística. Para la autoridad, es indispensable que las comunidades locales se beneficien de manera más directa de la actividad.

Uno de los puntos más sensibles fue el aforo de visitantes. Hoy el límite oficial es de 4 500 personas por día, pero en la práctica, en temporada alta, esta cifra suele superarse. Los empresarios turísticos pidieron revisar el número para no perder ingresos en fechas de gran demanda, mientras que arqueólogos y especialistas alertaron que el sitio ya muestra signos de desgaste y que subir el aforo podría agravar el problema.

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El estado de Aguas Calientes también generó preocupación. Los participantes coincidieron en que el poblado vive un desorden creciente: el transporte funciona sin orden, el comercio informal ha ganado terreno y la acumulación de basura afecta la experiencia de los visitantes. Varios dirigentes locales insistieron en que no es coherente hablar de turismo de calidad si el primer lugar que recibe a los turistas está colapsado y sin servicios adecuados.

La reunión abordó además el monopolio de Consettur, la empresa que controla el transporte en bus hasta la ciudadela. Los representantes sociales reclamaron que las tarifas son altas y no existe competencia que incentive mejoras en el servicio. Propusieron abrir el mercado a nuevos operadores para reducir costos y asegurar un trato más justo para las comunidades que dependen de esta ruta.

El gobernador anunció que el Gobierno Regional y el Ministerio de Cultura vienen preparando una nueva hoja de ruta para la gestión de Machu Picchu. Este plan contempla la instalación de mesas técnicas y la participación de la sociedad civil para construir consensos. El objetivo es lograr un turismo sostenible que mantenga los ingresos que genera la maravilla mundial, pero que al mismo tiempo evite su deterioro.

La cita concluyó con compromisos para entregar un plan de trabajo en los próximos 60 días. Pese a las diferencias, todos reconocieron que el reto es enorme: se necesita un equilibrio entre la conservación del patrimonio, la creciente demanda turística y las expectativas económicas de las comunidades locales. Lo que se decida en los próximos meses marcará el rumbo no solo para Machu Picchu, sino para toda la política turística de la región.

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El titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, afirmó que el trabajo de la institución se define con absoluta autonomía, sin importar la autoridad o el grupo político involucrado. Durante una exposición en la USMP en Arequipa, explicó que la reciente resolución sobre la filiación de militantes de una organización política se tomó “con independencia e imparcialidad que corresponde al pleno del jurado”, y que la publicación oficial del fallo completo se realizará en los próximos días.

La defensa del proceso electoral

Burneo Bermejo destacó que la labor del Jurado Nacional de Elecciones busca asegurar la participación activa de todos los ciudadanos en los próximos comicios, advirtiendo que la intromisión de otros poderes del Estado pondría en riesgo el calendario electoral. Precisó que las primarias se desarrollarán hasta el 30 de noviembre y a, más tardar, el 23 de diciembre se conocerán los candidatos oficiales de las organizaciones políticas que competirán en los siguientes procesos.

Asimismo, adelantó que la etapa de tachas se llevará a cabo en febrero, con el objetivo de contar con listas definitivas depuradas antes de las elecciones. En ese sentido, hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que resuelva la “dicotomía” entre la justicia electoral y la justicia constitucional, evitando la presentación masiva de acciones de amparo que podrían retrasar los plazos.

“Lo que está en peligro acá es el derecho de la participación activa y pasiva de todos los ciudadanos, no de un solo ciudadano en particular. Se pone en peligro el proceso mismo. Y eso es lo que queremos garantizar y definir”, sostuvo Burneo Bermejo.

3.

Arequipa y la transparencia del JNE

El presidente del JNE remarcó que se ha reforzado la fiscalización de encuestadoras y la capacitación cívica para el voto informado, con el fin de que la ciudadanía acuda a las urnas con claridad sobre las propuestas de cada candidato. Subrayó que todos los procesos y decisiones de la institución “son públicos” y se desarrollan bajo criterios de transparencia y control social.

En cuanto al presupuesto, Burneo estimó que entre 2025 y 2026 se invertirá alrededor de 1.500 millones de soles en cada proceso electoral nacional, a lo que se sumará un monto similar para las elecciones subnacionales. Señaló que este esfuerzo económico se justifica por la necesidad de garantizar la transferencia pacífica del poder, que es una base de la democracia peruana.

“Queremos que las personas confíen y que estos ejemplos garanticen la voluntad popular en el voto, en las urnas, y que el trabajo va a ser independiente, transparente y esa es la garantía que vamos a dar a todos”, afirmó el presidente del JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones dejo buscó dejar en claro su compromiso con la defensa del calendario electoral y el respeto a la Constitución. Burneo Bermejo insistió en que la institución actuará con independencia, protegiendo el derecho al voto y la participación ciudadana frente a cualquier intento de interferencia que ponga en riesgo la estabilidad democrática del país.

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Delia Espinoza brindó lo que serían sus últimas declaraciones como fiscal de la Nación. En conferencia de prensa dio por hecho la sanción en su contra impuesta por la Junta Nacional de Justicia, aunque reiteró que esta decisión es inconstitucional.

No obstante, aprovechó el espacio para denunciar las presiones ejercidas por el Gobierno y partidos políticos desde que asumió el cargo. Reveló que, apenas juró, desde el Ejecutivo le exigieron que “sea amigable”, algo que rechazó y que, según dijo, marcó el inicio de una serie de críticas y confrontaciones en su contra.

Asimismo, hizo mención a la denuncia presentada contra Fuerza Popular, señalando que la denuncia fue interpuesta por ciudadanos y se basa en la ley de organizaciones políticas. Sobre este punto, cuestionó que la PCM haya emitido hoy un comunicado en defensa del fujimorismo, criticando su pedido de declarar ilegal a dicho partido.

En su mensaje final, exhortó a jueces y fiscales a no rendirse en la lucha contra la corrupción, remarcando que “la verdad tarde o temprano sale a la luz”.

El video NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS | Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser “amigable” se publicó en YouTube en este enlace

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El evento reunió a destacados representantes de la cultura local para dialogar sobre la importancia de proteger y difundir la poesía loncca. Participaron el poeta Alfredo Herrera Flores, subgerente de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa; el poeta, escritor y gestor cultural Juan Mario Meza Gonzales; y la licenciada Fiorella Valencia Mena, especialista en la cultura arequipeña. Cada uno aportó su experiencia y visión sobre la necesidad de preservar una expresión literaria que refleja el habla, las costumbres y la identidad de la región.

Arequipa y la poesía loncca: identidad que se mantiene viva

Durante el conversatorio, se destacó que la poesía loncca encierra la esencia popular de Arequipa y se transmite principalmente de manera oral. Los ponentes coincidieron en que la reciente ley es un avance significativo para salvaguardar este legado y darle un lugar en la memoria colectiva. Subrayaron, además, la urgencia de recopilar y documentar las creaciones de los cultores, muchos de los cuales no escriben sus versos, pero mantienen viva la tradición a través de presentaciones, festividades y la transmisión familiar.

La licenciada Fiorella Valencia Mena enfatizó que, a pesar de la riqueza cultural de Arequipa, aún existe una carencia de repositorios digitales que resguarden esta manifestación. Resaltó que instituciones y asociaciones culturales pueden desempeñar un papel clave en la edición de libros y en la digitalización de materiales para acercar este patrimonio a las nuevas generaciones.

“Muchos de los poetas lonccos que conocemos y que existen no todos se sientan a escribir en un libro. Igual que nuestros picanteros, igual que nuestros músicos, igual que personas que mantienen viva nuestra identidad, pero no necesariamente se sientan a escribir un libro. Entonces ahí entra el trabajo de editoriales y de las asociaciones”, expresó Valencia.

3.

Arequipa impulsa la difusión de su patrimonio oral

La especialista señaló que la identidad cultural arequipeña necesita espacios de fortalecimiento y enseñanza. Indicó que para acercar a los niños y jóvenes a la poesía loncca es fundamental que primero conozcan los arequipeñismos, las palabras y expresiones propias de la región, para luego despertar en ellos el gusto por recitar y crear. De lo contrario, advirtió, la imposición podría generar desinterés en las nuevas generaciones.

Juan Mario Meza Gonzales, por su parte, resaltó la importancia de las plataformas digitales para compartir este legado. Recordó que ha subido su obra poética a YouTube como una forma de facilitar el acceso al público, aunque lamentó que otros autores locales aún no cuenten con un registro similar que permita preservar su trabajo.

“Yo he visto niños llorando porque no querían participar, y no está bien, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los niños primero conozcan las palabras de los arequipeñismos y se enamoren de esos arequipeñismos, y luego sí empezar a ayudar a la poesía loncca”, afirmó Valencia.

El conversatorio concluyó con un llamado a las instituciones culturales y educativas para impulsar proyectos de documentación, formación y difusión que aseguren la continuidad de esta expresión literaria. La Ley n.° 32423 será un paso importante, pero el compromiso de la comunidad arequipeña será decisivo para que la poesía loncca se mantenga como un símbolo vivo del patrimonio cultural de Arequipa y del Perú.

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En sesión extraordinaria de hoy, el Pleno del Consejo Regional de Arequipa aprobó la vacancia del consejero Miguel Ángel Linares Riveros, quien buscaba forzar su salida del cargo con el argumento de que, por votos de una mayoría de consejeros, el Consejo Regional habría dejado de ser una institución que represente un equilibrio de poderes en relación con el Gobierno Regional de Arequipa.

El legislador alegó que las funciones del Consejo Regional: fiscalización y control político, pasó a convertirse en un espacio meramente político. Dijo que existen bloqueos reiterados, de parte de una mayoría de consejeros, a la conformación de comisiones especiales de investigación y la obstaculización de informes de fiscalización.

Por ello, mediante una solicitud, el legislador motivó su vacancia. Asimismo, hubo otras dos solicitudes de vacancia en su contra, provenientes de una extrabajadora de su despacho, Vanessa Salazar, y de una persona externa.

En ese sentido, por la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales consistente en las inasistencias injustificadas al Consejo Regional a tres sesiones consecutivas o cuatro alternadas durante un año, y habiéndose verificado las inasistencias de Linares a tres sesiones de Consejo consecutivas los días 8, 22 y 24 de julio del presente año, se declaró su vacancia por votación unánime del pleno.

Con la vacancia aprobada de Linares Riveros en el Consejo Regional, se informará de este proceso administrativo al Jurado Nacional de Elecciones. Esta última instancia resolverá su salida del cargo de forma definitiva. Mientras, el legislador seguirá en funciones.

Cabe precisar que el reemplazo de Linares será James Posso Sánchez. Él ya fue consejero por la provincia de La Unión en el período de gestión de 2014 a 2018.

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El proyecto del puente metálico Virgen de Chapi enfrenta un momento decisivo. Luego de la resolución contractual presentada por el consorcio La Joya II el pasado 5 de septiembre, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se encuentra ante dos caminos: alcanzar una conciliación o asumir la finalización de la obra por administración directa.

La contratista argumentó que tres incumplimientos del GRA hicieron inviable continuar con el proyecto. Entre ellos, mencionó la falta de pago de un laudo arbitral por más de tres millones de soles, el rechazo a reconocer una ampliación de plazo de diez meses otorgada por el tribunal arbitral y la negativa de aprobar un adicional 10, solicitado para reforzar los pilares del puente. Para el consorcio, estas condiciones rompieron definitivamente la relación contractual.

El gerente general del GRA, Berly Gonzáles Arias, confirmó que la obra se encuentra paralizada, aunque aseguró que la prioridad es buscar una conciliación para evitar mayores retrasos. “Si tenemos que pagar, vamos a pagar; pero también necesitamos establecer con suma claridad los plazos para terminar este proyecto”, declaró. Gonzáles indicó que el equipo técnico está evaluando las alternativas viables que permitan retomar los trabajos y culminarlos en el menor tiempo posible. La obra se encuentra en un 95 % de avance.

Para ello, el Gobierno Regional tiene un plazo de 30 días hábiles para responder al consorcio La Joya II (integrado por las empresas Pizzarotti & CSPA y Eralma Constructora SAC).

Sin embargo, el gobernador regional, Rohel Sánchez, adoptó una postura firme respecto a los pedidos del contratista. “La empresa constructora tenía la intención de irse, estaba esperando que se le pague el arbitraje… No vamos a aceptar de ninguna manera una ampliación de 10 meses, eso no tiene sentido. También piden una adicional 10 para reforzamiento de los pilares. La empresa no nos va a poner condiciones de firmar una adenda, eso lo decidimos nosotros”, manifestó.

Sánchez anunció que el proyecto debe culminar como máximo en noviembre de este año, ya sea con el mismo contratista o mediante intervención directa del GRA. “Hemos tomado la decisión de terminar el pago que corresponde a gastos generales de acuerdo con el arbitraje. Vamos sentarnos a negociar, para que veamos el plazo que máximo les vamos a otorgar 60 días para culminar el proyecto, no 10 meses. Caso contrario, estaremos remitiendo una carta notarial para que entre en caducidad del contrato y vamos a retomarlo por administración directa. Lo que nos falta es el vaciado de cemento en la plataforma y la señalética. Con ellos o sin ellos, lo terminamos en noviembre”, afirmó.

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La presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho (Asfah), Yobana Mendoza, arremetió contra las recientes declaraciones de la mandataria Dina Boluarte sobre las protestas sociales. La jefa de Estado señaló que “el pueblo ya aprendió de los paros” y utilizó la frase “se baña en manteca”, lo que generó rechazo en diversos sectores.

Mendoza sostuvo que la presidenta vive “en una burbuja” y no observa lo que ocurre en el país. “La señora no tendrá ni un documento, ni un celular o un televisor para que vea la realidad. Todos los días hay protestas, todos los días hay marchas, todos los días hay manifestaciones”, afirmó.

La dirigente ayacuchana subrayó que los ciudadanos han aprendido a ejercer su derecho a la protesta. “Si el pueblo ha aprendido, ha aprendido a salir a las calles, a reclamar lo que está en su derecho, porque es un derecho constitucional”, remarcó.

Finalmente, cuestionó la expresión de Boluarte sobre “bañarse en manteca”. “Señora Dina Boluarte, no se baña en manteca, usted ya está bañada, pero en sangre de todos los sobrevivientes y de todos los que ha mandado a asesinar. Esa es la verdad”, sentenció Mendoza en nombre del ASFAH.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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El video Ayacucho: “Dina Boluarte no se baña en manteca, está bañada en sangre”, afirma dirigente del Asfah se publicó en YouTube en este enlace

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A través de un pronunciamiento, la organización nacional de familiares de los asesinados y víctimas de las masacres 2022-2023 denuncian a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de querer tomar por la fuerza al Ministerio Público para imponer como fiscal de la Nación, a Patricia Benavides.  

En el documento dicen estar en contra la Junta Nacional de Justicia y su intento de secuestrar el Ministerio Público. “El dolor de nuestros hijos, hermanos y padres asesinados en las masacres del 2022-2023 sigue abierto, y hoy vuelve a sangrar al ver cómo quienes deberían defender la justicia intentan traicionarla”.

En ese sentido denuncian a los miembros de la JNJ, Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera Vega (vicepresidenta), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruíz Hidalgo.

Denuncian que estos magistrados, “en lugar de honrar su mandato, pretenden tomar por la fuerza el Ministerio Público para imponer como Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, cabecilla de una banda criminal que simboliza la corrupción y la impunidad”.

Convocan a población a estar alerta

Manifiestan que este acto es “una agresión directa contra la memoria de nuestros mártires y contra todo el pueblo peruano. Significa entregar la justicia en manos de quienes se burlan de la ley, de quienes encubren a los responsables de las muertes y de la corrupción que asfixia al país”.

Al respecto, declaran que no permitirán que «el crimen organizado se adueñe de la Fiscalía y señalan a cada uno de los miembros de la JNJ como cómplices de esta maniobra. Convocamos a la población a estar alerta y movilizada, porque la justicia no se negocia ni se entrega a los corruptos», se lee en el documento.

Como se informó, el Congreso archivó la denuncia constitucional que presentó el ex Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros ministros, decisión que condenaron enérgicamente los familiares de las víctimas. Manifestaron entonces que el Parlamento demostraba ser “el principal blindaje de la corrupción, de la impunidad y de los responsables de las más sangrientas masacres perpetradas contra el pueblo peruano en los años 2022 y 2023”.