La ciudad de Arequipa será sede del Inkafest 2025, festival internacional de cine de montaña que proyectará 60 cortometrajes y películas entre el 17 y el 25 de octubre. La programación se distribuirá en seis sedes, siendo la principal la Alianza Francesa, que ofrecerá funciones en horarios de mañana, tarde y noche.
El festival también contará con presentaciones en la Universidad Continental, la Universidad Católica Santa María, el Colegio de Arquitectos y la casona de la Universidad San Martín. Todas las funciones tendrán ingreso gratuito, según informaron los organizadores. Además, se presentarán seis cortometrajes arequipeños, tres de ellos en avant premier, que abordarán la geografía y volcanes de la región.
La edición 2025, que llega a su 21ª versión, incluirá actividades especiales con producciones nacionales e internacionales, entre ellas documentales sobre los volcanes de Arequipa. También participará el youtuber español Mario Colomina, quien prepara un documental sobre los tres volcanes de la ciudad.
Propuestas inclusivas del festival en Arequipa
El Inkafest mantendrá su enfoque inclusivo con la proyección de películas que retratan a deportistas con discapacidad, como un escalador con Parkinson y jóvenes invidentes que realizan caminatas. Asimismo, se organizará una caminata con el arequipeño Víctor, escalador invidente, para el 26 de octubre, como parte de las actividades paralelas del festival.
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Según la justificación, el comandante general Arriola cuenta con una amplia formación académica: estudios en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno
En lo que parece ser una acción para congraciarse con el régimen de Dina Boluarte, y sin la aprobación del Consejo Regional, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, decidió otorgar un diploma de honor al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Manuel Arriola Delgado, en reconocimiento a su reciente designación y a su destacada trayectoria profesional en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo.
Sánchez entregó la distinción honorífica mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 479-2025-GRA/GR. El acto contó con la presencia del jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, junto a otros altos oficiales.
Según la justificación, el comandante general Arriola cuenta con una amplia formación académica: estudios en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno. Además, Programa de Estado Mayor en la Escuela Superior de la Policía, grado de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Magíster en Derecho Penal. Ha sido jefe de la División de Terrorismo Regional y del Frente Policial VRAEM de la PNP. A actualmente se desempeña también como docente de posgrado.
“Tengo palabras de gratitud al gobernador de Arequipa que hace de los proyectos y realidades de Arequipa un espacio muy importante, un lugar seguro por el trabajo articulado con la Policía Nacional”, manifestó, a su vez, el general Arriola.
Por su parte, el gobernador regional se comprometió «a seguir trabajando de manera articulada con la PNP para fortalecer la seguridad ciudadana». Asimismo, anunció el apoyo para culminar la obra del Laboratorio de Criminalística de Arequipa, infraestructura necesaria para la investigación de delitos.
Según se mencionó, este ofrecimiento se da en el marco de un programa de apoyo a la Policía Nacional. Esto incluye la entrega de 24 motocicletas, 12 drones, 12 laptops y una capacitación internacional dirigida a más de 200 policías y operadores de justicia. Está enfocada en técnicas de investigación criminal de alta complejidad para enfrentar el crimen organizado.
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las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años.
Foto: cortesía El Deber
Por: Iván Paredes Tamayo, fuente: Mongabay Latam. El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.
El traficante se enfrentó a la Justicia un día después en calidad de detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).
“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar loscolmillos de este animal, muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.
La Fiscalía de Santa Cruz investigó en 2022 la comercialización de colmillos y partes de jaguar. Foto: cortesía El Deber
El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o los benefician con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.
“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.
Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres lograro rescatarse en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.
Rebrote de asesinatos
Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.
“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam.
Una pareja de ciudadanos chinos acabó detenida y procesada en Bolivia por el supuesto delito de tráfico de partes de jaguar. En Sudamérica se ha identificado que el principal destino internacional de tráfico es Asia. Foto: cortesía El Deber
En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.
Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.
El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.
Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.
Entre 2024 y septiembre de 2025, se registraron 12 casos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. Foto: cortesía El Deber
Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que resultan investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.
Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos los impulsan por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.
Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Fallo inédito
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.
En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.
Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.
El jaguar es uno de los animales más importantes de la selva y regula la salud de este ecosistema. Foto: Patrick Meier
Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares se apuntan como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora se trafican para suplir una demanda.
Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.
“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.
Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.
Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual se utiliza como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.
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Guido Croxatto, es el nuevo abogado de Martín Vizcarra, quien verá el recurso presentado por el exmandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender o levantar las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso, a fin de que pueda participar en las Elecciones 2026.
El nuevo abogado de Martín Vizcarra, Guido Croxatto, refirió que las inhabilitaciones del Congreso al expresidente, ahora, su patrocinado, podrían quedar sin efecto con un fallo que podría dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El letrado argentino en entrevista con Exitosa recordó que el exmandatario solicitó a la CIDH que acepte una medida cautelar para que le ordene al Estado peruano levantar las inhabilitaciones impuestas en su contra.
Croxatto fue crítico respecto de lo que resolvió el Parlamento. «Es una medida desproporcionada sacarse de encima a un candidato que puede ganar las elecciones», aseguró.
Al respecto dijo que hay antecedentes internacionales que podrían servir de precedentes importantes a favor de Vizcarra Cornejo, como los casos de Nicaragua y Venezuela, dado que la CIDH podría ordenar al Estado peruano “suspender temporalmente o levantar las tres suspensiones de la función pública vigentes en su contra”.
«Lo que puede hacer la Comisión cuando recibe una medida cautelar es lo mismo que hizo en Nicaragua y en Venezuela y es ordenarle al Estado que levante esas inhabilitaciones y que permita que Martín Vizcarra participe de las elecciones y que la ciudadanía pueda elegir», explicó a Nicolás Lúcar.
“A la ciudadanía le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia”
Respecto a la vulneración de los derechos de Martín Vizcarra por estar suspendido de la administración pública, pese a que tiene un juicio oral en curso, Guido Croxatto dijo que son «irreparables». Y que esa figura aplicaría a la ciudadanía que lo respalda en las encuestas de opinión, ya que, “le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia en un proceso electoral”.
Como se recuerda este 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la administración pública -negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo – y nombramiento ilegal, ambos en agravio del Estado.
Esto, por “haberse interesado indebidamente y en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, sin cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo”. Nombramiento que se efectuó el 1 de febrero del 2020, con una resolución del ministerio de Justicia, cuya titular de entonces, Ana Teresa Revilla Vergara, también está incursa en el caso.
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La digitalización ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un factor decisivo en la gestión de personas. En el Perú, el 73 % de las organizaciones ya se encuentra encaminado en su proceso de transformación digital, aunque solo un 9 % alcanza un nivel avanzado de madurez.
Este proceso de transformación en acto no está exento de retos, pero también abre oportunidades inéditas para fortalecer la cultura organizacional, optimizar procesos y generar un mayor impacto estratégico.
Uno de los mayores desafíos es mantener la cohesión cultural en un entorno marcado por el trabajo híbrido. La dispersión geográfica de los equipos exige nuevas formas de comunicación interna y mecanismos que promuevan la integración. En un país donde el 58,9 % de los hogares cuenta con acceso a Internet, la desigualdad en conectividad añade complejidad a la gestión de experiencias consistentes para colaboradores que alternan entre la oficina y el trabajo remoto.
Otro reto fundamental es la gestión del volumen creciente de datos. La administración manual de nóminas, beneficios y procesos de reclutamiento resulta cada vez más inviable. La presión por modernizar estos procesos es evidente: el 45 % de las empresas en el Perú identifica la falta de personal con competencias digitales como un obstáculo importante para avanzar en la transformación de sus áreas de RR.HH.
Finalmente, la rapidez con que surgen nuevas herramientas digitales implica un esfuerzo constante de actualización. Capacitar a los equipos de Recursos Humanos para el uso eficaz de estas soluciones se convierte en un requisito clave para evitar brechas tecnológicas dentro de la organización, y es un desafío que muchas empresas locales reconocen como prioritario.
En este contexto, los desafíos tecnológicos en Recursos Humanos no se limitan únicamente a la digitalización de procesos. También abarcan la gestión del cambio cultural, la adaptación a nuevas formas de trabajo y la necesidad de garantizar la seguridad de la información. Superar estas barreras es esencial para que los departamentos de RR.HH. puedan evolucionar hacia una gestión más eficiente y estratégica.
Innovaciones que marcan el futuro del área
Frente a estos retos, la innovación tecnológica se ha convertido en un aliado estratégico. La inteligencia artificial ya se aplica en procesos de selección, permitiendo identificar con mayor precisión los perfiles que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa. En el Perú, el 88 % de los especialistas en RR.HH. declara utilizar plataformas digitales para realizar contrataciones, lo que confirma una rápida adopción de soluciones que mejoran la eficiencia en esta etapa crítica.
La automatización de nóminas y beneficios representa otro avance significativo, reduciendo errores, ahorrando tiempo y garantizando el cumplimiento normativo. Del mismo modo, las plataformas digitales de gestión del talento facilitan la centralización de datos, la trazabilidad de procesos y la toma de decisiones basada en métricas claras, un aspecto que ya forma parte del 64 % de las organizaciones que emplea analítica avanzada en sus decisiones.
Además, el uso de herramientas de análisis predictivo ayuda a anticipar necesidades de capacitación, detectar riesgos de rotación y diseñar planes de carrera más alineados con los objetivos de la organización y las expectativas de los colaboradores.
Los avances tecnológicos en Recursos Humanos no solo permiten optimizar procesos, sino también transformar el rol del área dentro de la empresa. La adopción de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada consolida a RR.HH. como un actor clave en la construcción de experiencias laborales más personalizadas, en la retención de talento y en la generación de valor estratégico para el negocio.
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La Municipalidad Provincial de Arequipa acordó informar a COFOPRI que lo que la medida busca agilizar la formalización y evitar duplicidad de esfuerzos.
La Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó el acuerdo que permitirá intervenir de forma directa en el saneamiento físico legal de asociaciones y asentamientos humanos. La medida busca ordenar la situación de miles de familias, con miras a iniciar los procesos de titulación desde el año 2026. La decisión se sustenta en informes técnicos que detallan las zonas involucradas y las condiciones establecidas en las normas vigentes.
Proceso de saneamiento físico legal
Durante la exposición técnica, se explicó que a nivel nacional solo dos entidades tienen la facultad de asumir competencias en este proceso: las municipalidades provinciales y COFOPRI. En ese marco, la municipalidad informó que mediante un acuerdo de consejo se comunicará a COFOPRI la decisión de intervenir de manera directa, con el objetivo de optimizar los recursos y evitar duplicidad en la gestión presupuestal.
Se indicó también que el acuerdo aprobado no tiene carácter resolutivo, sino declarativo. Es decir, constituye un paso previo de interés público que servirá para coordinar la intervención a partir del próximo año. Con ello, se busca asegurar que el procedimiento responda a las necesidades de la población asentada en terrenos estatales, siguiendo las disposiciones de la normativa urbana vigente.
El ingeniero Javier Gómez, subgerente de Asentamientos Humanos, recordó que la posesión de los predios se regula por leyes generales y ordenanzas. “Para el saneamiento y la titulación se considera la habitabilidad; lo que exigimos es que los posesionarios cuenten con un cerco, una vivienda, cocina y servicios básicos. El tema de la vivencia es subjetivo, lo que vale es la posesión conforme a la ley”, explicó durante su intervención.
Arequipa y los asentamientos que serán intervenidos
El dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano identificó nueve asentamientos humanos que serán incluidos en el proceso. Entre ellos se encuentran la Asociación de Vivienda Taller Consorcio Amácola, Asbitaconza, Asociación de Vivienda Lacano en La Joya, Casa Huerto, entre otras.
La regidora Ingrid Carpe Pérez, presidenta de la comisión, destacó la importancia social de la medida. “Hoy no decidimos solo sobre planos ni documentos, decidimos sobre el derecho de vivir con dignidad. Arequipa no somos unos cuantos, sino somos todos”, expresó durante la sesión. Con estas palabras enfatizó el impacto humano que representa el inicio del saneamiento físico legal.
Los regidores que participaron coincidieron en señalar que los pueblos ya cumplen con condiciones de habitabilidad, con viviendas de material noble y rústico, así como actividades productivas como crianza de animales. Consideraron que estos factores respaldan la viabilidad de los procesos de formalización, en línea con la legislación vigente.
El concejo provincial resaltó que la intervención se realizará bajo los requisitos establecidos en la Ley N.º 32267, que amplía los plazos para el reconocimiento de derechos de posesión hasta diciembre de 2021. Los funcionarios aclararon que todos los predios incluidos deben estar sobre terrenos estatales, sin superposición con áreas agrícolas ni zonas de riesgo.
La decisión del concejo municipal marca un evento importante para varias familias en Arequipa, para consolidar procesos de saneamiento físico legal que impactarán en la calidad de vida de cientos de familias. Aunque se trata de un acuerdo declarativo, constituye el inicio de un camino hacia la formalización y la seguridad jurídica, reforzando el compromiso de la municipalidad con la población asentada en terrenos estatales.
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El joven cantante y creador del Q’Pop, Lenin Tamayo, se sumó a las protestas de la Generación Z contra el Gobierno y el Congreso a su manera. Durante su último concierto en Arequipa, el artista recibió el respaldo de sus seguidores cuando corearon a viva voz “Dina asesina”.
Tras la muestra de apoyo, Tamayo, visiblemente emocionado, agradeció los mensajes de aliento y aseguró que eso le da motivación para seguir adelante, convencido de que sí se puede erradicar el “cáncer” que, según él, mantiene sometido al Perú a través de autoridades que no permiten avanzar a la juventud ni a sus ciudadanos.
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La Gerencia de Transportes y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa presentó un diagnóstico sobre la situación del tránsito en la ciudad, señalando problemas como el exceso de informalidad, el uso de vehículos antiguos, la falta de fiscalización y el estrés generado por la congestión vehicular. Ante este panorama, se anunció una propuesta integral que busca mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia un sistema integrado de transporte más eficiente.
Implementación de nuevas tecnologías en el tránsito
Entre las medidas presentadas destaca la modernización del tránsito en Arequipa. El plan incluye la optimización de los sentidos de circulación, la mejora de la semaforización y la instalación de cámaras para la fiscalización electrónica. Estas herramientas permitirán la lectura de placas y un control más riguroso del transporte urbano, con el objetivo de aplicar sanciones efectivas y reducir la informalidad en las calles.
Asimismo, la comuna informó que se trabaja en coordinación con los municipios de Yanahuara y Cayma para establecer una «ola verde» a lo largo de la avenida Ejército, lo que permitirá mejorar la fluidez del tránsito. Esta acción forma parte de la estrategia para dar paso a la fase operativa del Sistema Integrado de Transportes (SIT), aún pendiente de consolidarse con la ampliación de rutas y el aumento de la flota de buses.
“Estamos con la propuesta de solución. La primera es la modernización del tránsito en la ciudad, que hay que buscar la fluidez y el desplazamiento eficiente para los ciudadanos”, señaló el gerente de Transportes de la MPA, David Hernández.
Arequipa frente al reto de la fiscalización y el orden vehicular
El gerente también informó que se han emitido más de 18 mil actas de control a operadores de transporte y alrededor de 141 mil infracciones a ciudadanos entre 2022 y 2025. Sin embargo, aún existen más de 72 mil expedientes pendientes de resolver, lo que demuestra la necesidad de mejorar la fase instructora y agilizar los procesos sancionadores. Para ello, se proyecta digitalizar expedientes y reforzar el convenio con la Policía Nacional.
Actualmente, Arequipa cuenta con 67 inspectores que realizan operativos diarios, aunque el modelo de fiscalización se centra en sancionar aproximadamente el 20% de las infracciones detectadas. El objetivo es disminuir progresivamente las conductas negativas en las vías, sin que la medida se convierta en un mecanismo recaudatorio, sino en una estrategia para generar un cambio de conducta ciudadana.
“Lo que queremos probar aquí es que la figura no es tener una conducta recaudatoria, sino lograr que la conducta negativa baje”, enfatizó Hernández.
Arequipa y la modernización de señalización y semáforos
Otro punto relevante abordado en la exposición fue el estado de la señalización y semaforización en Arequipa. Se informó que se han pintado 12 de los 92 kilómetros programados y colocado 109 señales verticales en zonas críticas como colegios y universidades. Sin embargo, persisten problemas en la durabilidad de la pintura en el centro histórico debido al tipo de pavimento.
En cuanto a semáforos, se indicó que 91 equipos en el Cercado requieren renovación por obsolescencia. Para ello, la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un convenio con Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y apoyo del Banco Mundial, lo que permitirá implementar nuevos paraderos y un sistema moderno de semaforización.
“Estamos dentro del convenio y eso se va a hacer dentro de un PIP de inversión. Promovilidad se va a encargar y los paraderos estarían bajo esa lógica, con apoyo del Banco Mundial”, explicó Hernández.
El reto para la ciudad de Arequipa es consolidar un sistema de transporte eficiente que combine control, tecnología e infraestructura, con el fin de reducir la congestión y garantizar un servicio seguro para los ciudadanos. Las medidas anunciadas pueden ser avance en este camino, aunque aún resta concretar la fase operativa del SIT y ejecutar los proyectos de inversión en señalización y semaforización que permitan alcanzar los objetivos trazados.
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Las movilizaciones de la llamada Generación Z continúan cada fin de semana. Comenzaron con protestas masivas contra la reforma del sistema de pensiones y se extendieron a reclamos por corrupción
Dina Boluarte aseguró que los jóvenes de la Generación Z que participan en marchas están “absolutamente manipulados”, y los llamó a no dejarse influir por quienes, a su juicio, buscan desestabilizar al país. Invitó además a los jóvenes a un “diálogo” y a aprovechar plataformas estatales de capacitación y empleo en empresas privadas.
Las movilizaciones de la llamada Generación Z continúan cada fin de semana. Comenzaron con protestas masivas contra la reforma del sistema de pensiones y se extendieron a reclamos por corrupción, inseguridad y, sobre todo, por la impunidad en las muertes ocurridas desde fines de 2022. En Lima las marchas del 20 y 21 de septiembre derivaron en choques con la policía; hubo heridos entre manifestantes, periodistas y efectivos, y se reportó uso de gases lacrimógenos y perdigones.
En contraste con las palabras de la presidenta, el cardenal de Lima, Carlos Castillo, salió públicamente a respaldar a los jóvenes manifestantes. Durante su homilía llamó a no estigmatizarlos ni calificarlos de “terroristas” y pidió respeto por el derecho a la protesta. Su intervención añadió un peso moral importante al reclamo juvenil y cuestionó la narrativa oficial que criminaliza las movilizaciones.
Mientras Boluarte advierte sobre “narrativas falsas” y pide diálogo, los jóvenes responden en las calles y sectores eclesiásticos y de la prensa piden prudencia al calificar a manifestantes. El pulso entre denuncia, represión y diálogo marcará la agenda política del país en las próximas semanas.
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Los manifestantes denuncian que la laguna recibe aguas residuales, lo que genera olores nauseabundos y provoca afecciones como dolores de cabeza, mareos, infecciones y náuseas
EL GOBIERNO TENDRÁ QUE ESCUCHARLOS | A la marcha de sacrificio proveniente de Pataz se suma una nueva movilización hacia Lima. Cientos de padres han iniciado una protesta a pie desde Pasco, con el objetivo de exigir soluciones a la contaminación de la laguna Patarcocha.
Los manifestantes denuncian que la laguna recibe aguas residuales, lo que genera olores nauseabundos y provoca afecciones como dolores de cabeza, mareos, infecciones y náuseas entre los estudiantes de la zona. De esta manera, dos marchas avanzan actualmente hacia Lima, con la intención de hacer escuchar sus reclamos ante el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte.
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Los miembros de la comisión de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tendrán que asistir a la audiencia convocada por el Tercer Juzgado Constitucional que analizará la anulación del proceso que realizaron. Foto: Pulso27
El Poder Judicial a través del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, admitió la demanda de amparo que busca anular el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los nombramientos de sus miembros y realizar así, una nueva selección.
De acuerdo con lo decidido por el Juzgado, se realizará una audiencia única el 22 de diciembre, por la plataforma Meet con participación de todas las partes involucradas.
Según lo informado, la demanda la presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas, en febrero de este año, al notar “presuntas irregularidades en el proceso de selección de los nuevos miembros”. Entonces, presentaron tachas, pero no las atendieron.
Es por ello que, en respuesta, presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.
¿Qué dice la demanda de amparo y contra quiénes está dirigida?
La acción legal está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.
La demanda en sus fundamentos refiere que el IDL observó una serie de «vicios e irregularidades» en el proceso seguido por la Comisión Especial presidida por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo.
Esto “atenta contra la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia”.
Además, está demostrado que dos integrantes de la JNJ, a los que eligió esa comisión en dicho proceso, cuentan con denuncias judiciales.
La falta de transparencia e imparcialidad en el proceso de selección por parte de la comisión se observaría en cuatro irregularidades: Uno, «no se compartió con la sociedad la documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos se sustentan», explicó la abogada de IDL, Cruz Silva a La República.
Dos, «la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia», lo que generó desconfianza en el proceso y en la idoneidad de los elegidos, sobre todo porque muchos postulantes tienen serios cuestionamientos.
Tres, las tachas presentadas no se publicaron en la página web del proceso. «Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas», explicó Silva del Carpio.
La irregularidad más grave
Cuatro, y quizás Ia más grave de las irregularidades, es que, al final del proceso cuando se publicó el cuadro de méritos, no se hizo lo mismo con la sesión de las observaciones sobre los candidatos y la votación.
“Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indicó quiénes serían los miembros titulares y suplentes”. Pero se deben considerar el cuadro de méritos y la votación para el nombramiento.
Esto requiere una sesión para que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. «Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina», advirtió.
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Este martes se concretó un importante avance para la integración fronteriza entre Bolivia y Perú, con la habilitación del Paso Fronterizo Thola Kollo – Collpa. Esta medida beneficiará directamente a los pobladores de ambas comunidades, facilitando su vinculación cotidiana y fortaleciendo el comercio transfronterizo. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, en ocasión […]
Este martes se concretó un importante avance para la integración fronteriza entre Bolivia y Perú, con la habilitación del Paso Fronterizo Thola Kollo – Collpa. Esta medida beneficiará directamente a los pobladores de ambas comunidades, facilitando su vinculación cotidiana y fortaleciendo el comercio transfronterizo.
La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, en ocasión de la XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), realizada en Bogotá – Colombia, entregó al vicecanciller del Perú, Félix Denegri, la Nota Reversal correspondiente, en representación del Gobierno boliviano.
Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, vicecanciller del Perú, Félix Denegri | Difusión
“Con la habilitación de este paso, buscamos facilitar la movilidad de las personas, promover el comercio fronterizo y garantizar el libre tránsito de bienes y servicios, en el marco de la cooperación bilateral, regional y multilateral”, afirmó la canciller Sosa.
La medida fue posible gracias al consenso y coordinación con las entidades nacionales de control fronterizo: Aduana Nacional, Dirección General de Migración y Senasag. De este modo el Gobierno responde a una histórica demanda de las comunidades y municipios de la frontera entre Bolivia y Perú.
La ministra Sosa destacó que este nuevo paso fronterizo no solo representa una vía de tránsito, sino un verdadero puente de unión, intercambio cultural y oportunidades económicas que consolidan los lazos históricos entre los pueblos de Bolivia y Perú, vigentes desde hace generaciones.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Este martes 30 de septiembre, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) realizó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2025, en la que el gobernador Rohel Sánchez, desde el auditorio del Centro de Convenciones Cerro Juli, hizo varios anuncios en relación a los proyectos y obras.
Entre ellos, que se resuelva el contrato con la empresa ejecutora del puente Virgen de Chapi, primer componente de la vía Arequipa – La Joya. Y que en menos de 8 días se tenga el expediente de saldo de obra y se contrate de forma directa a un nuevo privado para terminar las obras restantes. La autoridad de Arequipa, aseguró que el puente se entregará en los plazos establecidos.
Otro anuncio fue que el próximo 10 de octubre, se firmará el contrato de Estado a Estado entre Perú y Japón para la intervención de la Puesta a Punto que comprende el mantenimiento integral de los 88 km de túneles y 13 km de canales, así como la construcción de la contingencia. Además de la habilitación para la tercera etapa del proyecto especial integral Majes Siguas.
La autoridad máxima de Arequipa también informó que el 10 de octubre se dará la buena pro a la empresa que ejecute las obras de mejoramiento y ampliación del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur. A finales de este mismo mes se iniciará las obras para levantar la infraestructura de contingencia que durará 6 meses. Entre abril y mayo esperan se inicie los trabajos de la obra principal del IREN Sur.
En el caso de los hospitales Maritza Campos y Camaná, están a la espera, por el Ejecutivo nacional, de la aprobación del endeudamiento interno. El monto será por 280 millones soles. Esto es para ejecutar las obras y comprar nuevo equipamiento. Sánchez aseguró ante la audiencia que al próximo año ambos nosocomios serán puestos en funcionamiento.
En cuanto al hospital de Chala, explicó que viene funcionando y se ampliará su estructura. Respecto al hospital de Cotahuasi, se decidió junto a Contraloría, que en 38 días se culminará toda la intervención. Así se dará inicio a su funcionamiento tras estar paralizado por años.
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Propuesta busca mejorar el sistema de justicia con herramientas de la inteligencia artificial.
Investigadores de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) desarrollaron un buscador con inteligencia artificial generativa para la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), que busca reducir la carga procesal y a futuro agilizar resoluciones en los más de 300 mil procesos judiciales que actualmente permanecen en trámite. El prototipo ya está en funcionamiento en un servidor local y ha procesado más de 200 expedientes, reduciendo tiempos en procesos laborales.
El sistema, denominado Sistema de recuperación de información basado en modelos de inteligencia artificial para la CSJA, inició en 2024 con fondos de la universidad San Pablo, contando actualmente con financiamiento de Concytec. Esta herramienta funciona como un buscador semántico similar a Google, pero también realiza resúmenes de documentos relevantes y métricas de tiempo de búsqueda.
El presidente de la CSJA, Nicolás Iscarra, destacó que este desarrollo permite superar limitaciones de sistemas comerciales como ChatGPT o Gemini, al garantizar la confidencialidad de datos y reducir riesgos de datos falsos en los resultados.
Mejoras y validación del sistema
Con el financiamiento de Concytec, se reforzará la anonimización de datos, reducirán la capacidad de error del modelo e incorporarán un chatbot para mejorar la interacción con los usuarios. La universidad consolidará esta línea de trabajo con la creación de un Laboratorio de Innovación Jurídica e Inteligencia Artificial, que analizará el uso de estas tecnologías por parte de los jueces de la CSJA.
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Una investigación de La Lupa destapa cómo un entramado de intereses entre empresarios y autoridades provinciales habría puesto en riesgo tierras y patrimonio cultural en Nasca. El caso gira en torno a la consultora BBA Consulting & Projects S.A.C., al alcalde Jorge Bravo y al presidente de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Leonard […]
Una investigación de La Lupa destapa cómo un entramado de intereses entre empresarios y autoridades provinciales habría puesto en riesgo tierras y patrimonio cultural en Nasca. El caso gira en torno a la consultora BBA Consulting & Projects S.A.C., al alcalde Jorge Bravo y al presidente de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Leonard Benavides Carpio, quienes aparecen articulados en proyectos como el teleférico de Cerro Blanco, el nuevo aeropuerto provincial, el Túnel del Sapo y lo más grave; recientes concesiones mineras en zonas arqueológicas.
El punto de partida es la creación de la consultora BBA en enero de 2020, una empresa conformada en plena campaña electoral municipal. Según el registro oficial de Sunarp, fue constituida por Benavides junto a Borquez y Alfaro, todos miembros de la Cámara de Comercio de Nasca. Cuatro años después, en 2024, los documentos del portal de Transparencia Económica muestran que la Municipalidad de Nasca contrató a BBA por S/ 39,500. Estos pagos prueban que el nexo empresarial y político no solo es ideológico, sino también contractual. Hay cosas más grandes.
El nexo contractual. Registro del Portal de Transparencia Económica que demuestra el pago de S/ 39,500.00 realizado por la Municipalidad Provincial de Nasca a BBA Consulting en 2024.
El teleférico de Cerro Blanco y el rol de BBA
El proyecto del teleférico de Cerro Blanco ilustra bien cómo funciona la red. Este plan turístico fue una de las principales promesas de campaña del alcalde Jorge Bravo. En julio de 2024, un memorándum municipal reveló que la solicitud de transferencia de más de 22 millones de metros cuadrados de terrenos eriazos en Cerro Blanco se tramitó a pedido de BBA. Es decir, la misma consultora que promovió el proyecto fue la que gestionó la titularidad de los terrenos, esto ya de por sí es un claro conflicto de intereses que favorece a quienes controlan la consultora.
Los vínculos de BBA con Cerro Blanco no son nuevos. Se ha tenido acceso a documentos técnicos previos donde aparece la firma de Luis Armando Bohorquez Carpio, socio fundador de la consultora, en informes relacionados con ese territorio. Este detalle confirma que la empresa no solo intervino en la parte administrativa, sino también en la producción técnica que sustenta el proyecto. En la práctica, la consultora concentró información y decisiones clave sobre un predio estratégico.
El patrón ya se había visto antes también en otro proyecto llamado “Túnel del Sapo”, una vía que incluye un túnel para interconectar Vista Alegre con el centro de Nasca. Se denunció que habían dinamitado parte de la zona intangible de Paredones bajo el argumento de extraer piedras para reforzar defensas ribereñas en el Río Aja, pese a que había cerros al frente. La denuncia señala que esta acción encubrió la apertura de un trazado vial que atraviesa un sitio arqueológico, pero es una evidencia de cómo el patrimonio cultural se utilizó como excusa para habilitar terrenos con potencial de valorización. Es decir subirle los precios de los lotes de esa zona sin importar que fuera intagible.
Gestión de terrenos públicos. Memorándum Municipal N°803-2024 que solicita la transferencia del predio Cerro Blanco, dando luz verde al proceso. La gestión fue iniciada por BBA Consulting, la misma empresa que promueve el proyecto turístico.
Minería, recorte poligonal y sospechas de colusión
El episodio más controversial ocurrió en 2025, cuando el Ministerio de Cultura aprobó el polémico recorte poligonal que redujo la zona protegida en Nasca. Apenas días después, Max Benavides solicitó dos petitorios mineros de 100 hectáreas cada uno (DINEXIM 1 y DINEXIM 2). La coincidencia temporal no es menor: mientras la medida oficial liberaba áreas restringidas, el presidente de la Cámara de Comercio —y socio de BBA— pedía concesiones exactamente en esas zonas. ¿Qué coincidencia no?
Los informes de INGEMMET confirman que para que los petitorios de Benavides avanzaran se dispuso la “cancelación de áreas protegidas” y la “exclusión del catastro”. Esto significa que, de no haberse hecho el recorte, sus solicitudes hubieran sido rechazadas. Pero hay más antecedentes y esto agrava las sospechas: el 17 de abril de 2025, semanas antes del recorte, Benavides participó en una reunión en el Hotel Bris con Jhony Isla, jefe del Ministerio de Cultura en Nasca. El encuentro, transmitido en vivo y luego borrado, da pistas de que tuvo a información privilegiada.
La condición minera. Documento de INGEMMET que revela que para que los petitorios de Max Benavides avanzaran fue necesaria la “cancelación de áreas protegidas” y la “exclusión del catastro”, demostrando el beneficio directo tras el recorte poligonal del MINCUL.
Otro caso es la propuesta del proyecto del nuevo aeropuerto de Nasca que también se cruza en esta trama. Comunicados oficiales muestran reuniones entre Bravo y funcionarios de Cultura para viabilizar el proyecto. Sin embargo, el saneamiento de 700 hectáreas alrededor del futuro terminal coincide con terrenos disputados o colindantes a propiedades vinculadas al propio alcalde y empresarios aliados. De concretarse, el aeropuerto no solo conectaría a Nasca con el mundo, sino que también multiplicaría el valor de esas tierras.
La investigación muestra un patrón repetido: proyectos públicos usados como plataforma para beneficios privados. Primero se colocan como promesas políticas, luego BBA gestiona trámites de saneamiento y transferencia de terrenos, y finalmente sus socios aprovechan las áreas liberadas para concesiones mineras o valorización inmobiliaria. La presunta red liderada por Max Benavides combina poder empresarial, respaldo municipal y contactos en el Ministerio de Cultura, en un esquema que amenaza tanto al patrimonio cultural como a la legalidad de los proyectos en Nasca.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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La expansión urbana supera la planificación distrital, generando invasiones y déficit de transporte, así como de servicios básicos. Pero… sigue creciendo
El Cono Norte de Arequipa, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, concentra el mayor crecimiento urbano de la ciudad. Según el Censo Nacional 2017 del INEI, Cono Norte alcanzó 119 395 habitantes, lo que representa el 60.4 % de los 197 954 residentes de todo el distrito. Esta cifra lo posiciona como el núcleo más poblado de Cerro Colorado y uno de los polos de expansión más dinámicos de Arequipa. Aunque no hay aún resultados oficiales del censo que está en curso, se prevé un aumento poblacional importante en esta zona, con la formación de nuevas urbanizaciones y migración interna.
El crecimiento demográfico impulsa la demanda de vivienda y servicios, generando una urbanización acelerada que supera la capacidad de planificación. El Plan de Desarrollo Metropolitano evalúa la inclusión de más de 60 asociaciones para regularizar su situación. La expansión ha provocado invasiones en terrenos estatales e incluso en áreas de riesgo, como los frentes de lava del volcán Chachani, según alertas del Instituto Geofísico del Perú.
En el transporte público, la demanda supera la oferta. Habitantes de sectores altos denuncian que las pocas empresas formales no cubren las rutas y que el pasaje diario puede llegar a S/ 7 por persona. Asociaciones de vecinos exigen el ingreso de nuevas líneas para mejorar la frecuencia y la seguridad, mientras se mantiene estancado el Sistema Integrado de Transporte (SIT).
Brechas en agua potable y alcantarillado
El crecimiento poblacional ha evidenciado déficits importantes en el acceso a servicios básicos. El Plan Regional de Saneamiento 2023–2027 identifica a este distrito como prioritario por su déficit de cobertura. La Municipalidad de Cerro Colorado, junto con Sedapar y el Ministerio de Vivienda, sostiene proyectos de ampliación de redes y monitoreo de calidad del servicio. Sin embargo, diagnósticos distritales pasados muestran que la infraestructura aún no alcanza a todos los asentamientos, especialmente en las zonas de expansión más recientes.
Energía eléctrica y regularización urbana
Además del agua, la electrificación también tuvo avances. En marzo de 2025, la Municipalidad de Arequipa informó que 1 500 familias de Mirador de Yura y Virgen de Copacabana recibieron electrificación definitiva y alumbrado público dentro del proyecto de ampliación de redes primarias y secundarias en 48 asentamientos.
La regularización de terrenos continúa como uno de los principales retos para integrar a la población en el sistema formal. Más de 60.000 personas en 66 asociaciones esperan la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano para asegurar su derecho a agua, desagüe y energía.
Así, el llamado Cono Norte de la ciudad concentra los problemas de expansión urbana, falta de planificación, tráfico de terrens, entre otros, ante la indiferencia e ineficacia de las autoridades.
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El Sindicato de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho informó que no participará en el actual paro convocado por sus colegas en Lima, pero confirmó que viene coordinando una medida de fuerza indefinida junto a las asociaciones de Andahuaylas y Huancavelica. Edwin Canales, dirigente regional, señaló que la protesta se centraría en la situación crítica […]
El Sindicato de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho informó que no participará en el actual paro convocado por sus colegas en Lima, pero confirmó que viene coordinando una medida de fuerza indefinida junto a las asociaciones de Andahuaylas y Huancavelica. Edwin Canales, dirigente regional, señaló que la protesta se centraría en la situación crítica de la vía Los Libertadores.
“Nosotros no hemos sido convocados al paro de la capital, pero sí estamos articulando acciones con Andahuaylas y Huancavelica para exigir la rehabilitación de la vía Los Libertadores”, declaró el dirigente a Jornada. Añadió que los tramos más deteriorados se ubican en Taccrarapunta, San Felipe, Rumichaca, Apacheta y Occollo.
A nivel nacional, la Unión Nacional de Transportistas (UNT) y gremios de carga pesada han denunciado en diversos medios que la inseguridad en carreteras y el alto costo operativo afectan su labor diaria. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en declaraciones recogidas por un medio nacional, señaló que se encuentra impulsando procesos de concesión y proyectos de mantenimiento en corredores logísticos como la Panamericana y la vía Los Libertadores. El representante denunció que, pese a compromisos asumidos, Provías Nacional no ha ejecutado el mantenimiento adecuado y que el consorcio Santa Gabriela abandonó obras pendientes.
“Esto ya no es una carretera asfaltada, es una trocha carrozable. La falta de voluntad política la ha convertido en una ruta peligrosa para transportistas y usuarios”, afirmó.
El dirigente también cuestionó la concesión otorgada a la empresa Casa HEH, al señalar que solo contempla un mantenimiento periódico y no la reconstrucción integral de la carretera.
“El tema arbitral con el consorcio Santa Gabriela sigue sin resolverse y eso retrasa cualquier avance”, dijo. Finalmente, indicó que la fecha del paro se definirá tras una bajada de bases en las tres regiones, mientras esperan respuestas concretas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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El titular de la PCM, Eduardo Arana, anunció desde El Putumayo que el Gobierno nacional aprobará próximamente el Plan Integral de la Amazonía Peruana, como parte de la visión de futuro para este territorio estratégico. “En esta iniciativa toda la Amazonía estará presente y marcará el derrotero de lo que significa apostar por su desarrollo”, […]
El titular de la PCM, Eduardo Arana, anunció desde El Putumayo que el Gobierno nacional aprobará próximamente el Plan Integral de la Amazonía Peruana, como parte de la visión de futuro para este territorio estratégico. “En esta iniciativa toda la Amazonía estará presente y marcará el derrotero de lo que significa apostar por su desarrollo”, indicó.
Asimismo, invocó a las autoridades a trabajar unidas para proteger la democracia, la constitucionalidad y la institucionalidad frente al avance de la informalidad y la delincuencia que afectan diversas regiones del país. “No podemos perder lo que se ha avanzado”, enfatizó.
Por último, aseguró que esta primera visita ministerial no será la última. “Estamos unidos hoy más que nunca y cumpliremos con el trabajo que nos demanda el destino y el pueblo peruano”, concluyó.
En la ceremonia participaron los ministros de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver; Educación, Morgan Quero; Energía y Minas, Jorge Montero; y Ambiente, Juan Carlos Castro; además de la congresista Karol Paredes; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda Parra.
También participaron el alcalde provincial de Putumayo, César Campos; las autoridades distritales y los representantes de comunidades nativas y organizaciones indígenas.
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Pese a que el gobernador Zósimo Cárdenas Muje anunció S/ 35 millones para el pago de la deuda social con maestros y servidores públicos, los trabajadores administrativos del sector educación confirmaron un paro regional de 24 horas para el martes 14 de octubre, exigiendo que el Gobierno Regional de Junín cancele los beneficios pendientes. “El […]
Pese a que el gobernador Zósimo Cárdenas Muje anunció S/ 35 millones para el pago de la deuda social con maestros y servidores públicos, los trabajadores administrativos del sector educación confirmaron un paro regional de 24 horas para el martes 14 de octubre, exigiendo que el Gobierno Regional de Junín cancele los beneficios pendientes.
“El gobernador se irroga una gestión que no ha hecho. Esos millones que anuncia son transferencias que cada año realiza el Ministerio de Economía, según los listados de la Comisión Multisectorial Evaluadora”, señaló el secretario de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase), Jhon Sinche.
El dirigente agregó que Cárdenas “no ha gestionado ni pagado un sol de la deuda social” y que, si hubiera voluntad política, destinaría a ese fin los saldos presupuestales, cosa que no ha ocurrido en lo que va de su gestión.
El gobernador participó este martes en la segunda audiencia regional de rendición de cuentas, en un auditorio de Chupaca, repleto de funcionarios, trabajadores de su entorno y la “portátil”, pero con poca presencia de la sociedad civil.
Las demandas de la Fentase
El paro busca que el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación atiendan tres exigencias principales:
Pago del bono económico por productividad y apoyo a la gestión educativa (S/ 540), acordado en un convenio colectivo, que el Gobierno Regional pretendería desconocer.
Liquidación de la deuda social reconocida por resolución administrativa, que comprende:
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a quienes cesen hasta diciembre de 2025.
Asignación por 25 y 30 años de servicio.
Subsidio de luto y gastos de sepelio.
Entrega de un bono de S/ 100 asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trabajadores de las UGEL Chupaca y Satipo.
Según Sinche, la deuda social con trabajadores del sector educación de Junín supera los S/ 500 millones solo en casos que cuentan con sentencia judicial.
El dirigente cuestionó además el criterio de priorización de pagos que emplea la Comisión Multisectorial Evaluadora. “Si el beneficiario tiene enfermedad terminal, recibe S/ 30 mil, si padece una enfermedad grave, S/ 10 mil, y si es menor de 65 años, solo hasta S/ 3 mil. Es discriminatorio”, remarcó.
La llamada deuda social corresponde al pago de sentencias judiciales firmes —en calidad de cosa juzgada— que el Estado debe honrar con los trabajadores.
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La región Puno mantiene conflictos territoriales con regiones vecinas que han llegado a la vía judicial, aunque algunas gestiones parecen insuficientes para resolver las disputas, según informó la subgerente de Ordenamiento y Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Puno, Belinda Cabada, quien precisó que con Cusco se logró 50% de avance en el saneamiento de […]
La región Puno mantiene conflictos territoriales con regiones vecinas que han llegado a la vía judicial, aunque algunas gestiones parecen insuficientes para resolver las disputas, según informó la subgerente de Ordenamiento y Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Puno, Belinda Cabada, quien precisó que con Cusco se logró 50% de avance en el saneamiento de límites con aproximadamente 17 kilómetros saneados entre ambas jurisdicciones.
Sin embargo, existen tramos complicados como Nuñoa y Marangani donde la situación no permite llegar a consensos entre las autoridades de ambas regiones, pese a ello, los gobiernos regionales asumieron el compromiso de no realizar ninguna acción mientras dure el proceso de saneamiento, ya que cualquier intervención unilateral entorpecería el proceso técnico iniciado para definir los límites territoriales.
Respecto a los límites con la vecina región de Moquegua, Cabada precisó que el proceso ha sido judicializado, por tanto, no se puede ejecutar ninguna acción de demarcación territorial mientras el Poder Judicial resuelva el caso, no obstante, a raíz de un acuerdo entre ambas autoridades regionales, el proceso se retomó en noviembre de 2023 para avanzar en tramos no judicializados.
«Los tramos 1 y 2 han sido judicializados, pero hemos iniciado acciones en el tramo 3», manifestó la funcionaria del Gobierno Regional de Puno durante su exposición sobre el estado actual de los conflictos limítrofes, la estrategia busca avanzar en zonas donde no existen procesos judiciales pendientes mientras se espera la resolución legal de los sectores en disputa.
El gobernador regional Richard Hancco cuestionó el pronunciamiento emitido por la región vecina respecto a la defensa de sus límites, según el mandatario regional, ese tipo de comunicados solo genera mayor tensión en la población de ambas regiones y no contribuye a resolver el conflicto territorial mediante las vías técnicas y legales establecidas.
«Solo está actuando el procurador regional, pero no hay acciones de los procuradores municipales, los alcaldes también tienen que pronunciarse», manifestó Hancco, quien añadió que todo se debe discutir a nivel técnico, el gobernador consideró que el comunicado busca presionar al Poder Judicial porque Puno ganó en primera instancia el proceso judicial iniciado por el conflicto limítrofe con Moquegua.
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