El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, advirtió sobre un presunto perjuicio generado por empresas que se adjudican licitaciones de obras públicas y que, según señaló, estarían siendo favorecidas en reiterados procesos dentro del Gobierno Regional. Durante su labor de fiscalización en la provincia de Sucre, Palomino denunció […]
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, advirtió sobre un presunto perjuicio generado por empresas que se adjudican licitaciones de obras públicas y que, según señaló, estarían siendo favorecidas en reiterados procesos dentro del Gobierno Regional.
Durante su labor de fiscalización en la provincia de Sucre, Palomino denunció que el consorcio Ayacucho habría incumplido con los plazos y condiciones contractuales en la construcción de la contingencia del colegio Felipe Guamán Poma de Ayala.
En la región persisten numerosas obras paralizadas, la mayoría detenidas por irregularidades en la adjudicación, falta de supervisión e incumplimientos de las empresas.
Pese a contar con presupuesto aprobado, la obra permanece paralizada y enfrenta observaciones técnicas que, según el consejero, no tienen sustento real. El legislador regional condicionó que las mismas empresas incumplen compromisos adicionales, como ampliaciones de obras y mejoras técnicas, y que a pesar de compromisos asumidos, no se cumplen. Afirmó que desde la Comisión de Infraestructura se está impulsando un proceso de fiscalización “serio y exhaustivo” para determinar responsabilidades y frenar, lo que calificó como un patrón de favorecimiento irregular.
La Contraloría General también ha detectado perjuicios millonarios en proyectos como el canal de irrigación Cochaq-Huayllay y la carretera ARA-117 Coracora-Yauca.
Asimismo, remarcó que el caso de Sucre podría replicarse en otros proyectos, advirtiendo que es urgente mejorar los mecanismos de transparencia en el uso del presupuesto regional. Con este pronunciamiento, el consejero elevó la presión sobre el Ejecutivo regional y llevó al pleno del Consejo a respaldar las acciones de control, con el fin de garantizar que las obras públicas respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los beneficios de grupos empresariales reducidos. En los últimos años, distintas obras del GORE han estado bajo cuestionamiento por presunto favoritismo y serias irregularidades en sus procesos de licitación. Uno de los casos más sonados es la carretera Luricocha – Pacchancca, en Huanta, valorizada en más de S/ 160 millones.
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Tingo María fue escenario de una jornada de tensión el sábado 20 de septiembre, cuando alrededor de 200 agricultores de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo ocuparon la planta de procesamiento de cacao y café ubicada en el sector Afilador, actualmente administrada por la empresa Kulkao. Los manifestantes aseguraron que la medida buscaba “recuperar sus bienes” tras […]
Tingo María fue escenario de una jornada de tensión el sábado 20 de septiembre, cuando alrededor de 200 agricultores de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo ocuparon la planta de procesamiento de cacao y café ubicada en el sector Afilador, actualmente administrada por la empresa Kulkao.
Los manifestantes aseguraron que la medida buscaba “recuperar sus bienes” tras más de seis décadas de trabajo colectivo. Según denunciaron los dirigentes, existen presuntas irregularidades en la administración de los activos que alguna vez pertenecieron a la cooperativa.
Tras varias horas de incertidumbre, la fiscal penal provincial de Leoncio Prado, Jasmina Azucena Iparraguirre García, inició un diálogo directo con los agricultores y consiguió que se retiraran de manera pacífica, sin que se registraran daños a la infraestructura ni al personal de la empresa. Ocho personas quedaron detenidas mientras se investigan los hechos.
Una cooperativa con historia
La Cooperativa Naranjillo, fundada hace más de 60 años, fue un pilar en la industrialización y exportación de cacao y café de la selva central. Su crecimiento impulsó la economía de Tingo María y permitió el desarrollo de infraestructura en la ciudad.
Según denunciaron los dirigentes, existen presuntas irregularidades en la administración de los activos que alguna vez pertenecieron a la cooperativa. (Foto: Difusión)
No obstante, problemas financieros y administrativos la llevaron a una crisis que derivó en la pérdida de control sobre sus bienes. Los socios denuncian que, a través de maniobras legales y administrativas, terceros habrían asumido el manejo de su patrimonio. Señalan que Kulkao opera actualmente con maquinaria y activos que consideran parte de la cooperativa.
Investigación en curso
El conflicto se encuentra en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía, donde existen procesos abiertos por presunta organización criminal, mal manejo de fondos y deudas con entidades como Agrobanco. Mientras no se resuelva la situación, los agricultores aseguran que continuarán defendiendo lo que consideran suyo.
Un conflicto que puede escalar
La protesta del sábado podría ser apenas un primer paso. Los dirigentes advierten que miles de socios en Huánuco y San Martín respaldan la causa y podrían movilizarse si el conflicto no encuentra una solución.
La cooperativa que en la década de 1980 convirtió a Tingo María en un referente del cacao de exportación atraviesa ahora una de sus mayores crisis. Entre disputas legales, reclamos de los socios y el futuro incierto de su patrimonio productivo, la historia de Naranjillo refleja las tensiones entre la tradición cooperativa y los nuevos actores empresariales en la región.
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El premier Eduardo Arana fue consultado sobre el presupuesto del Gobierno Regional de Ica y el financiamiento de 13 obras consideradas urgentes para 2026. Frente a la advertencia de un posible recorte de S/150 millones, de los cuales S/80 millones corresponden a obras por impuestos prioritarias, incluido el reforzamiento de ríos vulnerables, Arana no ofreció […]
El premier Eduardo Arana fue consultado sobre el presupuesto del Gobierno Regional de Ica y el financiamiento de 13 obras consideradas urgentes para 2026. Frente a la advertencia de un posible recorte de S/150 millones, de los cuales S/80 millones corresponden a obras por impuestos prioritarias, incluido el reforzamiento de ríos vulnerables, Arana no ofreció cifras ni plazos concretos.
Su respuesta fue tanto escueta: «Lo estamos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a darle solución y atender las necesidades y darle la prioridad a aquello que realmente sea prioritario». Antes había explicado que los presupuestos se proyectan según la recaudación del próximo año y aseguró que todas las obras con expedientes técnicos viables serán incorporadas, aunque estén paralizadas.
El Gobierno Regional de Ica se encuentra entre los primeros a nivel nacional en ejecución presupuestal y cumplimiento de metas, pero no dejó claro sobre los recursos destinados a estas 13 obras críticas pese a que se viene gestionando ante el gobierno sin respuesta concreta alguna.
Existe un oficio del Gobierno Regional de Ica dirigido al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, solicitando la transferencia de S/78,879,239.20 para garantizar la continuidad de los 13 proyectos. El documento incluye cronogramas de ejecución actualizados y sugiere derivación a la Dirección General de Presupuesto Público para su aprobación.
Los proyectos se distribuyen así:
Unidad Ejecutora 001 – Sede Central: 7 proyectos de vivienda, 2 de salud y 1 de educación, total S/53,515,904.49, incluyendo pistas y veredas en San Francisco de Chipiona, mejoras en los establecimientos de salud Tupac Amaru y Apoyo de Palpa, y ampliación de la I.E. N° 22443 José Gabriel Aguilar.
Unidad Ejecutora 002 – PETACC: 1 proyecto por S/20,611,587.45, centrado en control de desbordes e inundaciones en el Río Ica y quebradas Cansas/Chanchajalla.
Unidad Ejecutora 100 – Agricultura: 2 proyectos por S/4,751,747.26, para reconstrucción y rehabilitación de regulación hídrica en las cuencas altas de ríos como Yauca, Tinque y Santa Cruz.
El oficio, fue firmado por el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera con informes del gerente de Planeamiento, Guillermo Miranda Huamán. Aunque el gobierno promueve la ejecución de presupuestos en lo Gobierno Regionales y Municipalidades, anuncia recortes sin garantizar financiamientos y al contrario se espera que las autoridades vayan a palacio a tocarles la puerta.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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La ciudadana Milagros Samillán, testigo presencial de las protestas contra la reforma de las AFP en Lima, desde Puno, denunció la brutal represión policial donde los agentes actuaron sin control, persiguiendo manifestantes y ciudadanos incluso al interior de centros comerciales y servicios públicos. Samillán, asistente a las protestas, reporta una agresión policial sin precedentes en […]
La ciudadana Milagros Samillán, testigo presencial de las protestas contra la reforma de las AFP en Lima, desde Puno, denunció la brutal represión policial donde los agentes actuaron sin control, persiguiendo manifestantes y ciudadanos incluso al interior de centros comerciales y servicios públicos.
Samillán, asistente a las protestas, reporta una agresión policial sin precedentes en Lima; ella describe una represión violenta donde la policía actuó sin control durante las movilizaciones contra la reforma, situación que fue calificada por ella como una verdadera masacre.
La policía de la capital persiguió a los jóvenes manifestantes como si fueran criminales comunes en las calles. Samillán declaró haber visto cómo los agentes actuaban con furia, indicando que parecían tener la orden de golpear sin piedad, calificando su conducta como la de gente drogada.
La unidad especial Los Halcones ingresó violentamente al concurrido centro comercial Real Plaza de la capital. Ellos irrumpieron buscando y deteniendo arbitrariamente a cualquier persona en el lugar. Esta acción afectó a familias y jóvenes paseantes.
Agentes ingresan a servicios y tiendas sin autorización
Los efectivos entraron a servicios higiénicos y tiendas, revisando pertenencias sin autorización legal correspondiente. Samillán relata cómo golpearon a quienes vitoreaban frases contra el gobierno. Incluso golpearon a personas que no participaban en las protestas.
La informante menciona que ni las mujeres ni las personas mayores fueron respetadas por los agentes, ya que también recibieron golpes y gases lacrimógenos por el solo hecho de caminar en las calles. También fueron agredidos periodistas presentes.
Los manifestantes fueron perseguidos intensamente por todo el centro histórico de Lima durante horas prolongadas. Milagros Samillán compara la situación con una guerra sin lugar seguro donde resguardarse. La huida se extendió hasta altas horas de la noche.
Policía amenaza constantemente a ciudadanos y periodistas
La testigo afirma que la policía amenazaba de forma constante a los ciudadanos presentes en la zona, ya que los agentes intimidaban a quienes se atrevían a grabarlos o permanecían observando la situación.
Milagros Samillán sostiene que estas acciones significaron una violación flagrante a los derechos fundamentales ciudadanos. La joven participante expresa su lamento por la detención de muchos ciudadanos inocentes, indicando que nunca había presenciado tanta agresividad policial.
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Las protestas del último fin de semana, protagonizadas por jóvenes, integrantes de la «Generación Z» y organizaciones ciudadanas, ocuparon titulares en la prensa internacional. Medios de Europa, Latinoamérica y Asia destacaron la participación juvenil y la desmedida represión policial. En algunos casos, incluso se vinculó lo ocurrido con las recientes manifestaciones en Nepal, donde la llamada «Generación Z» derrocó a su gobierno tras incendiar el palacio parlamentario.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
«Como Gobierno Regional nos corresponde monitorear de que haya una responsabilidad social, empresarial y con inversiones para garantizar el bienestar de la población», indicó el gobernador de Arequipa.
Tras la inauguración de la convención minera Perumin 37, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, aseguró que la empresa Southern Perú cuenta con todos las autorizaciones para ejecutar la construcción del proyecto cuprífero Tía María, en la provincia de Islay.
«El proyecto Tía María es un tema de la empresa, ya no depende del Estado y menos del Gobierno Regional, es un tema de la empresa porque ya tiene todas las autorizaciones. Como trabaje y cuándo inicie sus actividades es un tema de la empresa»
Gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.
Esta reciente declaración, reafirmaría lo anteriormente mencionado por Sánchez, de que el proyecto se desarrollaría en octubre de este año. Esto, en vista de que Southern ya tendría todos los permisos correspondientes.
«El Estado cumplió sus funciones y dio el marco de autorizaciones de las certificaciones y como Gobierno Regional nos corresponde monitorear de que haya una responsabilidad social, empresarial y con inversiones para garantizar el bienestar de la población»
En caso Southern haya obtenido las autoridades debidas, está en duda si se resolvió la licencia social de la población del Valle de Tambo, zona de impacto. Cabe precisar que existen opositores a la realización de Tía María, quienes hoy anunciaron una marcha contra Southern, alegando no tener dicha licencia, pero terminó suspendiéndose.
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Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación interino, en aplicación de la norma que regula la sucesión en el cargo en la Junta de Fiscales Supremos. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, Gálvez Villegas, asumió el puesto por antigüedad luego de que los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaran al cargo.
Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses a Delia Espinoza y la reemplazó este domingo, Pablo Sánchez, para conducir la sesión de «transferencia» de este lunes.
La decisión se tomó en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, este 22 de septiembre, y que se inició a las 09:00 horas, con el objeto de evaluar la permanencia de Pablo Sánchez en el referido cargo.
Gálvez será el titular del Ministerio Público mientras dura la suspensión de Espinoza Valenzuela, pero el plazo podría extenderse si la JNJ dispone hacerlo.
Como se informó, en abril del 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó por unanimidad a Tomás Gálvez como fiscal supremo al considerar que incurrió en falta muy grave vinculada al caso de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.
Luego, a finales de abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución de destitución de la JNJ y ordenó su reposición en el mismo cargo, desde cuando retornó al Ministerio Público como fiscal supremo titular.
En estos años, Tomás Gálvez fundó el partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, una de las 43 agrupaciones que participará en las Elecciones 2026. E incluso antes de su reincorporación a la Fiscalía, Gálvez Villegas anunció su intención de postular. Pero actualmente está alejado de la agrupación para volver a ejercer como fiscal supremo.
También se sabe que, Gálvez presentó una denuncia constitucional contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en agosto de este año, por haber tratado de impedir su regreso al Ministerio Público.
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Susel Paredes nos habla de lo bueno y lo malo de Arequipa, entre memorias y afectos que sorprenden. Escúchala en #ElRegreso: https://youtu.be/2V5dyExDnkI y suscríbete.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Para Sixto Liñán, representante de la Asociación Peruana de Empresarios en Turismo, Lima concentra todos los recursos generados por el turismo en Machu Picchu.
Criticó además la gestión de las autoridades, que —según afirmó— toman decisiones desde sus oficinas, sin conocer la realidad ni los problemas que enfrenta el distrito de Machu Picchu, en Cusco.
Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=wY8pBajKTw8
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Elena González, afirmó que, debido al deficiente manejo de la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu, algunas agencias de viajes los bloquean sin concretar su venta, perjudicando a otros turistas que intentan comprarlos.
Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=wY8pBajKTw8
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La ciudad de Arequipa recibe desde hoy y hasta el 26 de septiembre la 37° edición de Perumin, Convención Minera, posicionándose como el punto de encuentro más relevante para la industria a nivel internacional. El evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
La convención anticipa la asistencia de más de 65 mil 500 personas, congregando a inversionistas, especialistas, empresarios y autoridades. De acuerdo con los organizadores, este magno evento generará un impacto económico estimado superior a los 100 millones de soles para la región de Arequipa, dinamizando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de crear aproximadamente 8,000 empleos temporales.
Innovación en Perumin 37 de Arequipa
El Campo Ferial de Cerro Juli, con una extensión que supera las 14 hectáreas, alberga esta edición que presenta notables innovaciones. La infraestructura incluye seis pabellones de exhibición y más de 1 200 stands, ocupando un área de 29 mil metros cuadrados. Una de las novedades principales es la habilitación de un nuevo patio de maniobras, donde empresas líderes como Power, Maqui Perú y Sany Group realizarán demostraciones en vivo de maquinaria de distintos tamaños.
La participación internacional marca un hito, con la presencia de 740 organizaciones y 16 países representados en el Pabellón Internacional de EXTEMIN. Delegaciones de naciones como Australia, Canadá, China y Alemania, entre otras, forman parte de este ecosistema dedicado a la transferencia tecnológica y el conocimiento.
Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37, enfatizó la relevancia del evento en el contexto actual del país. “Durante estos días, el Perú se convierte en la capital minera del mundo. Y lo hace en un momento crucial, marcado por los desafíos económicos que enfrentamos y por un próximo proceso electoral que exige visión y responsabilidad”, señaló.
Conversatorios
El programa académico y de debate es uno de los pilares del evento. Destacan la Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (TIS), que este año registra un récord de más de 630 trabajos técnicos postulantes, y espacios dedicados a la transición energética, la gestión del agua y la equidad.
Bajo un estricto plan de seguridad, Perumin 37 se desarrolla como una plataforma integral. Su lema, “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, refleja el objetivo de dialogar sobre el rol de la minería como motor de un desarrollo sostenible para el Perú.
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En el Perú, la seguridad es para quien puede pagarla. Entre el 2018 y julio de 2025, Southern mantiene contratos por servicios policiales para resguardar sus unidades Toquepala en Tacna, Cuajone de Moquegua, y sus proyectos Tía María en Arequipa y Los Chancas en Apurímac. Al finalizar los convenios, fuera de posibles ampliaciones, pagará en total S/ 19 millones. El Ministerio del Interior brinda servicios particulares a empresas mineras en todo el país, contradiciendo lo dispuesto por el TC. Además, pone en entredicho su neutralidad cuando interviene en conflictos entre las comunidades y mineras.
El suboficial Leandro Marcial Flores Cahuana no perdió su vida en una balacera persiguiendo delincuentes. Ni en ningún operativo salvando a un ciudadano del peligro. La perdió dando seguridad a una empresa privada en la región peruana de Arequipa. El 8 de octubre del 2024, mientras realizaba un patrullaje por las inmediaciones del proyecto minero Tía María, propiedad de Southern Copper Corporation (SCC), la camioneta en que se movilizaba junto a otro efectivo y un miembro de seguridad privada, se desbarrancó casi 100 metros por una densa neblina.
Flores murió y sus otros dos acompañantes quedaron heridos. Entre ellos el suboficial de primera Dember Wilmer Medina Márquez. Horas después del accidente, la transnacional emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, que finalizaba extendiendo las condolencias a la familia y amigos por el efectivo perdido. El cuerpo de Flores fue enterrado tres días después en la ciudad de Arequipa.
Según ley, a solicitud de privados, como mineras, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden brindarles servicios especiales de seguridad, previa publicación de una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) y la suscripción del convenio. Este beneficio, que tiene la oposición de pobladores de comunidades en conflicto con actividades extractivas, está regulado en la actualidad por el Decreto Legislativo 1267, vigente desde el 2017, aunque estos documentos se suscriben desde hace 30 años. El decreto estipula que solo los efectivos que se encuentren de vacaciones, permiso o franco, pueden realizar esta labor.
En ese marco legal, Flores y Medina justamente cuidaban los terrenos de Tía María. Para un grupo de efectivos, estos acuerdos se convierten en una oportunidad para recibir un pago adicional a su remuneración habitual. El último convenio que firmó Southern con la Policía por Tía María es la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021, por dos años. Cuando venció el plazo, las partes firmaron una primera adenda en mayo del 2023 para extender dos años más el pacto, hasta el 2025.
Pagos millonarios
El Decreto Supremo N°152-2017-EF dispone pagar S/ 13.23 a cada efectivo y por cada hora. La empresa debe abonar la suma final en la cuenta corriente de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP dentro de los cinco días al mes siguiente del que se brindó el servicio policial. Luego, es la PNP la que realizará el pago a cada guardia. Si trabaja 8 horas por día, entonces recibirá S/ 105.84 por dicha jornada, por ejemplo. El monto mensual es indistinto a los días y horas trabajadas por cada agente. Además, debe contratárseles un seguro en caso de muerte, invalidez o lesiones.
Pero los guardias no son los únicos que se benefician. También lo hace directamente su institución, la PNP. La minera o empresa debe además retribuir S/ 10.54 por cada hora ante los gastos que incurra cada efectivo policial. Principalmente, por uso del uniforme y arma. Antes del 2020 se pagaba S/ 15.35, pero la cifra fue reducida por un informe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la Sub Comandancia General. El dinero debe abonarse a la Policía en el mismo plazo que el de para los agentes.
En el caso concreto de Tía María, un proyecto en conflicto social por cerca de 16 años, Southern pagó S/ 4 millones 173 mil al Mininter por resguardo policial entre febrero del 2021 a mayo del 2025. Quince policías diariamente, de lunes a domingo, incluido feriados, se reparten en dos turnos para vigilar las garitas del campamento y de la carretera Panamericana Sur, además de realizar rondas. Como lo hacía recientemente Flores hasta que falleció.
“No tengo nada que ver con los convenios. Mi función es operacional”, contestó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides Ponce, consultado por el convenio con Southern. Tampoco le preocupa que un contingente policial provea seguridad a la transnacional mexicana afectando la neutralidad de su institución. “Están de franco”, justificó y cortó la entrevista.
No es el único negocio minero de la transnacional mexicana en Perú con seguridad policial. Southern mantiene vigentes cuatro convenios de cooperación interinstitucional con la PNP desde el 2018. Además de con Tía María, hay acuerdos con la explotación de las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, además de su proyecto Los Chancas en la región Apurímac. La minera empleó entre 53 a 61 policías diariamente para resguardar sus unidades en operación y proyectos en curso. Grupo que bien podría apoyar en hacer frente a la ola de criminalidad que ahoga al país. Más aún porque en diciembre 2024, el Congreso aprobó la Ley N°32197 que contempla que policías de forma voluntaria realicen patrullaje o fiscalización remunerados en sus vacaciones o días de franco por el Estado.
En los últimos siete años, hasta agosto del 2025, la transnacional pagó más de S/ 16 millones por los servicios extraordinarios de los efectivos policiales, según el cálculo a los cuatro convenios y sus respectivas adendas. Se solicitó a la PNP todos los pagos que hizo Southern para mayor precisión, pero la institución negó la información. Cuando culmine la vigencia de cada uno de los convenios, fuera de más ampliaciones, Southern abonará en total S/ 19.6 millones a las cuentas del Ministerio del Interior (Mininter).
El convenio más antiguo es la que se aprobó con la Resolución Ministerial N°0695-2018-IN para Los Chancas, un proyecto de cobre y molibdeno en el que la transnacional ha tenido problemas para llevarlo adelante. La compañía tiene mineros ilegales dentro de su concesión. Se firmó el convenio y tres adendas por 8 años. Southern va pagando S/ 8 millones 025 mil por ellos. En el caso de su mina de cobre Toquepala hay registro de dos adendas que contemplan 6 años de vigencia, desde el 2020 al 2026. El desembolsó es de S/ 3 millones 450 mil. Mientras que por Cuajone se pagó la suma de más de S/ 1 millón 243 mil a julio 2025.
“Qué pasa si la Policía tiene convenio con una empresa que contamina. ¿A quién hace caso? ¿Al ciudadano que denuncia y que con sus impuestos le paga su sueldo, o a la empresa minera que le paga sus días de franco? Ahí hay un conflicto”, reflexiona Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que donde hay conflictos sociales no debería haber convenios, porque se transmite la imagen de una policía parcializada.
El abogado enumera tres detenciones arbitrarias de la Policía, cuando mantenían convenios, para demostrarlo. El del padre Marco Arana, en medio del conflicto por el proyecto Conga de Yanacocha (Buenaventura, Newmont Mining) en Cajamarca durante el 2012; la de la canadiense Jennifer Moore por emitir un documental en Cusco contra las actividades de Hudbay en 2017; y de integrantes de la Vicaría de Solidaridad deSicuani por el conflicto de comuneros con Xstrata Tintaya, también en Cusco. Todas las detenciones fueron desestimadas finalmente por un juez. “Estos casos acreditan que hay un problema con la independencia de la Policía en el contexto del conflicto social”, puntualizó.
En el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas del Perú” se identificó 138 convenios firmados entre los años 1995 a 2018. Por ellos, la Policía recibió S/ 45 millones 538 mil entre 2010 y 2018, señala el documento elaborado por IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRigths International.
Las reglas del TC
En abril del 2019, el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Específicamente, contra el DL 1267. Puntualmente el decreto estipula que la PNP puede “atender la seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales”. Entre varias de las razones que la orden profesional esgrimió está que: se desnaturaliza la función policial, se configura una discriminación económica, el servicio es privatizado al ponerlo al servicio de intereses particulares y que en un contexto de conflicto social se afecta la neutralidad policial al contar con financiamiento corporativo.
El TC declaró improcedente la demanda en agosto 2020, pero con reglas. Sostuvo que el deber de protección de la PNP no se menoscaba ni hay una discriminación económica, porque no existe reducción de personal al emplearse agentes en franco, vacaciones o en permiso. Tampoco admitió que se desnaturaliza la función policial debido a que los hombres del orden siguen actuando bajo la normativa institucional. Aun así, en sus fundamentos se reconoce que cuando se desatan conflictos sociales se podría desnaturalizar el uso de estos servicios. Y es que, cuando estallan conflictos, es la PNP la encargada de intervenir. Incluso el Tribunal insta a la institución a tomar medidas para evitar alguna eventual parcialización con el beneficiado.
Pero la parte más reveladora es la que establece cuándo la PNP está facultada a firmar un convenio con una minera. El TC argumenta que cuando una empresa acredite desprotección al no conseguir seguridad privada, por lejanía o por no haber empresas de seguridad, recién la institución podrá brindarle cuidado. Finaliza señalando: “… al examinar solicitudes de esta clase de entidades, deben examinar si es que previamente ellas efectuaron todas las diligencias posibles para obtener servicios de protección y resguardo por parte del sector privado. Esto deberá ser acreditado por la entidad que requiere los servicios, las cuales también deberán exponer sobre la existencia de una situación de riesgo concreto”.
Abogados representantes de la CASM, entre ellos Ruiz Molleda, pidieron aclarar este punto y considerar en el fallo como regla para que la PNP las cumpla. Los magistrados consideraron que esto no era necesario por ser parte relevante de la decisión principal. “Se desprende que son criterios que deben ser observados tanto por la PNP como por las entidades solicitantes de la prestación de Servicios Policiales Extraordinarios”, concluyó.
“Hay 900 empresas de seguridad privada que pueden dar ese servicio. Porque tiene que contratarse a la Policía”, cuestionó Ruiz Molleda. Sobre el convenio de Southern y la PNP por su proyecto Tía María, señala que la empresa debe demostrar que intentaron contratar seguridad privada pero que fue rechazado. “¿Tú crees que alguna empresa privada les va a decir que no por esos montos?”, preguntó. Caso contrario, el convenio debería ser anulado.
Liderman y Southern
La empresa contratista que da seguridad al proyecto minero Tía María, es J & V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman. Southern confirmó esto en el mismo comunicado en que dio a conocer la muerte del suboficial Flores Cahuana. Javier Villarroel Palo, supervisor de la empresa Liderman, fue uno de los heridos en el accidente (Véase cmunicado al inicio de la nota). Él mismo conducía la camioneta que cayó al barranco. No solo el proyecto Tía María tiene resguardo policial sino también privado, pese a que el TC ordenó a la PNP suscribir convenios siempre y cuando la empresa demuestra desamparo en cuanto a seguridad.
J&V Resguardo S.A.C. es una de sus subsidiarias de Azzaro Trading S.A., un holding (gran empresa con la mayoría de acciones de otras empresas) que nació en la Islas Vírgenes Británicas y que se nacionalizó en 2014. Ofrece “vigilancia, guardianía, supervisión y seguridad tanto a las personas como a las instalaciones industriales, comerciales, de bienes muebles e inmuebles” desde 1989. Dicha empresa cuenta con 26 resoluciones emitidas entre el 2023 y 2024 por la Sucamec para brindar estos servicios en sus 20 sucursales a lo largo de todo el país. En Arequipa lo hace mediante la resolución N° 00895-2023/GSSP.
Para el abogado Ruiz Molleda estos convenios deben ser revisados. «Aquí hay un tema de discriminación. Tienes plata, contratas a la Policía. Si no tienes plata, no tienes protección, es más, ese derecho se afecta”, sostuvo.
Tía María, un conflicto latente
La Defensoría del Pueblo, desde el 2009, tiene registrado como conflicto socioambiental la oposición de los pobladores del valle de Tambo (Islay, Arequipa) a la ejecución del proyecto Tía María por temor a daños ambientales. Durante buena parte de ese tiempo, Southern ha mantenido convenios con la Policía. Un año antes del 2011, periodo en que murieron los primeros tres pobladores por disparos de bala, estaba vigente el convenio de diciembre 2010.
POBLADORES DE COCACHACRA SE ENFRENTAN A LA POLICIA.
FOTO: HEINER APARICIO
LUGAR: COCACHACRA
“Hay mucha desconfianza con la Policía. Estamos seguros que apoya a la empresa minera Southern”, sostiene Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo, una zona agrícola con 14 mil hectáreas de cultivo. La intensidad de sus protestas siempre fue escalada. En 2011 fue así y ni qué decir del 2015. Empezaban con marchas, que se convertían en paros y bloqueos, hasta que la olla de presión estallaba. En ese año, el conflicto costó la vida de seis ciudadanos y un efectivo policial.
El 2025, lo que ocurre parece un calco. Con el anuncio de iniciar la construcción del complejo minero por parte de Oscar González Rocha, director ejecutivo de Southern, los pobladores acataron un paro indefinido entre febrero y marzo. Por la medida, sus dirigentes ya tienen investigaciones fiscales abiertas por bloquear carreteras. “La verdad no me parece neutral (la actitud de la Policía) … Lamentablemente la lucha esta criminalizada, a la Policía no le es difícil hacer un acta y pasarla a la Fiscalía para que nos investiguen”, aseguró Meza.
Por estos días, tanto el gobierno como el propio gobernador Rohel Sánchez ha asegurado que en octubre iniciará la construcción de Tía María. Esto podría reactivar, una vez más, la protesta. Meza finalizó asegurando que no pararán de reclamar con movilizaciones hasta que Southern finalmente se vaya.
DATO
Por la muerte del suboficial, el congresista Jaime Quito Sarmiento presentó un proyecto de ley N° 9272 para modificar el DL N°1267 en octubre del 2024. Busca modificar la norma y que no esté permitido dar servicio policial a empresas dedicadas a la exploración, explotación o de transporte de recursos naturales. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso la tiene encarpetada desde hace un año. Sobre la propuesta el Ministerio del Interior fue la única entidad en opinar sobre la propuesta de Quito y concluir que no es viable.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
Hay 25 heridos en total, 14 del primer día de manifestaciones, una desmedida represión policial con cinco mil efectivos PNP y bloqueo de celulares a activistas
Preciso instante en que un efectivo policial dispara una bomba lacrimógena directamente a un manifestante. Foto: Imágenes de La República
En el segundo día de las manifestaciones contra Dina Boluarte y el Congreso, para la que se destinó a cinco mil efectivos policiales -que aplicaron una mayor represión-, en las brigadas de salud se han registrado, al momento, 11 heridos por bala de perdigón o por roce de bomba lacrimógena. También se reporta un total de 5 policías heridos.
Uno de los manifestantes, un brigadista que resultó herido en la pierna izquierda por un perdigón según lo informó otro de los brigadistas voluntarios. Fue atendido rápidamente al estar presentes en la denominada ‘Marcha de la generación Z’ juntos a ciudadanos de toda edad. La protesta se centró en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Entre los heridos impactados por perdigones también hay dos periodistas de la agencia Reuters, Anthony Marina y Néstor Galarza, cuando estaban por la Av. Abancay, mientras cubrían el retiro de manifestantes. También, el fotoperiodista Juan Zapata del portal ‘Wayka’, agredido por agentes policiales en el cruce Jr. Leticia con Av. Abancay y a quien rompieron su drone producto de los golpes.
La Policía trataba de impedir que los manifestantes lleguen al Congreso o a Palacio de Gobierno. En su desmedida represión y sin importar la presencia de personas ajenas a la marcha, familias reunidas para descansar con niños pequeños y ancianos, los efectivos ingresaron al Real Plaza Centro Cívico persiguiendo dentro de las instalaciones a quienes protestaban, después de haber lanzado gases lacrimógenos en los alrededores del Palacio de Justicia, todo en el Centro de Lima.
Distintos medios que cubrían la marcha han captado en videos que al promediar las 9:00 de la noche, los policías lanzaban bombas lacrimógenas a corta distancia y directamente a los manifestantes, en lugar de lanzarlas al aire. Y hay denuncias en redes, de quienes asistieron a la manifestación de que la Policía estaría utilizando armas punzocortantes contra quienes protestan.
Asimismo, desde el día viernes, más de 50 activistas y líderes sociales amanecieron con sus celulares bloqueados. Según las operadoras, alguien los suplantó y reportó sus chips como robados, por lo que se encontraban desactivados chip y equipo y, por tanto, incomunicados. De acuerdo con lo que informaron, reactivar las líneas le tomó un día.
Por esto, los familiares de asesinados y heridos en las masacres de 2022 y 2023 acusaron al Estado de bloquear los celulares de los jóvenes activistas antes de la marcha nacional. También señalaron al ministro del Interior como responsable de vulnerar derechos fundamentales mediante espionaje telefónico.
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El despacho del ministro de Educación, Morgan Quero, habría realizado compras de ropa, snacks e incluso electrodomésticos.
El despacho del ministro de Educación, Morgan Quero, compró camisas, blusas, chalecos, galletas y hasta un vaporizador y un quita pelusas con la caja chica del Minedu, adquisiciones que no eran de ninguna necesidad urgente para el sector, según reveló este domingo un reportaje de Cuarto Poder.
El ministro más allegado de la presidenta, Dina Boluarte, utilizó recursos del sector educativo, en varias ocasiones, para compras de prendas personales, snacks y menaje por más de ocho mil soles, desde el 2024, cuando Quero Gaime asumió el cargo el 1 de abril. Ya a los pocos días, se registraron compras de camisas y polos con recursos públicos e incluso electrodomésticos para el cuidado de la ropa.
El Minedu justificó que estas adquisiciones forman parte del «protocolo oficial», pero las boletas dan cuenta que eran directamente para el ministro.
Es así que el despacho de Quero también autorizó constantes compras de galletas de soda, menta, vainilla, chocolate y hasta de naranja. En abril de 2024, tres facturas sumaron más de 400 soles; en diciembre, otra llegó a 335 soles en galletas. En total se compraron 3,094 paquetes de galletas, como también, café, frutos secos, agua, gaseosas, flor de Jamaica y aceite de oliva, por más de 8,300 soles.
Y para el consumo de esos snacks se compraron platos, vasos, jarras, saleros y cubiertos, además de un microondas y un hervidor eléctrico, por un monto de casi 1,600 soles. Hay además registros de compras constantes de papel higiénico, toallitas húmedas y pañuelos, insumos que normalmente cubren otras áreas administrativas del ministerio.
Minedu emitió comunicado inmediato sobre reportaje
El Minedu a través de un comunicado emitido la misma noche de este domingo, sostiene que los productos “fueron adquiridos para la atención de reuniones oficiales y que la ropa corresponde a la ‘dotación protocolar’ de las direcciones”. Sin embargo, los documentos revisados muestran que las prendas eran para el uso directo del ministro.
De acuerdo con el documento, el Ministerio de Educación (Minedu) denuncia una campaña de desinformación ante “falsas acusaciones” en el uso de recursos públicos. Afirman que existen en el despacho camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección y que está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados.
Asimismo, sustentan que la adquisición de insumos de cocina y menaje se limitan a compras mínimas, que se emplean en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil.
Afirman que la gestión de Morgan Quero “corrigió prácticas heredadas de administraciones anteriores” y que implementó una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos que fueron recurrentes y que estableció nuevos topes y mecanismos de control interno, garantizando desembolso únicamente a insumos indispensables para la labor institucional, dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley.
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La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, informó que la región Arequipa cuenta actualmente con una población total de 1 625 398 habitantes, según el padrón documentado por el organismo. De este total, 1 228 778 personas tienen 18 años o más y estarían habilitadas para votar en las elecciones generales de 2026.
Del universo de electores, 615 mil son mujeres y 613 mil hombres, lo que muestra una distribución casi equilibrada entre ambos sexos. Velarde precisó que dentro de este padrón destacan 111 398 jóvenes que sufragarán por primera vez, mientras que el grupo de adultos mayores de 60 años suma 254 330 ciudadanos, pese a que el voto es voluntario para los mayores de 70.
La funcionaria detalló además que 67 893 votantes en Arequipa tienen el DNI caduco, por lo que deberán actualizarlo antes del cierre del padrón el 14 de octubre de 2025. A nivel nacional, Reniec ha documentado a 37,056,516 peruanos y proyecta que 27,392,674 estarán habilitados para votar en 2026.
Diferencias de metodología
Velarde explicó que las cifras de Reniec difieren de las proyecciones del INEI, que estima la población a partir de censos y tasas de natalidad y mortalidad, mientras que el Reniec contabiliza a los ciudadanos que poseen un DNI vigente, lo que permitiría conocer con mayor precisión a la población registrada en cada región.
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Susel Paredes, con raíces volcánicas, revela su vínculo con Arequipa. Escúchalo en #ElRegreso https://youtu.be/2V5dyExDnkI
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Aunque es difícil llegar a una cifra, diversos estudios sugieren que los páramos colombianos pueden almacenar hasta 338 toneladas de carbono solo en sus primeros 30 centímetros de profundidad.
Autor: Edwin Caicedo, Mongabay Latam. En Colombia, cuando una persona piensa en un páramo, lo primero que se le viene a la mente son montañas repletas de frailejones, lagunas inmensas y neblina que choca de frente con praderas verdes donde predominan los matorrales y habitan venados, águilas y osos. Todo eso, junto a mucha, muchísima agua, compone el imaginario colectivo de este tipo de ecosistema, que provee de este recurso a 17 millones de colombianos,según cálculos del Instituto Humboldt.
Sin embargo, los páramos no son solamente “esponjas” que retienen y surten de agua a los ríos del país. Un dato poco conocido es que también son claves para la captura de carbono, un servicio ecosistémico que evita que gases contaminantes lleguen rápidamente a la atmósfera, y que es fundamental a la hora de enfrentar la crisis climática y el aumento global de las temperaturas.
Investigaciones recientes han evidenciado que este ecosistema de alta montaña, que solo se encuentra en seis países —y de los cuales Colombia tiene la mayor extensión con 2,9 millones de hectáreas—, es incluso un mejor sumidero de carbono que la selva amazónica, que abarca un poco más de 50.3 millones de hectáreas en el país.
En los páramos, el carbono es capturado principalmente por los suelos. Degradarlos a través de la ganadería o minería convierte a estos ecosistemas en emisores de carbono. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Aunque todavía se conoce poco sobre los páramos como sumideros de carbono —pues es un tema reciente, que se empezó a estudiar en Colombia en 2010—, los hallazgos amplían la discusión alrededor de estos ecosistemas a mucho más que solo “fábricas de agua”. De hecho, para ser más precisos, los páramos no fabrican, sino que son reguladores del líquido, y funcionan como una esponja que captura lluvia y humedad (siendo capaces de contener hasta dos veces su peso seco en agua). Luego, van liberándola hacia pequeñas quebradas que se convierten en ríos de donde se abastecen las poblaciones.
Pese a su vital importancia, los páramos enfrentan numerosas amenazas. En un escenario de calentamiento moderado, los páramos verían aumentar su temperatura hasta en 1.5° C. Además, están recibiendo menos lluvia y, como consecuencia, son cada vez más secos. Esto se reflejó en la crisis que vivió Bogotá en 2024, cuando la falta de lluvias y la poca humedad en la zona del páramo de Chingaza, que surte hasta el 70 % del agua que consumen los capitalinos, generó racionamientos del consumo durante un año.
A lo anterior, se suma la degradación de este pequeño pero fundamental ecosistema —que ocupa apenas el 1.7 % del territorio continental del país—. Aunque no hay una cifra exacta de cuántas hectáreas de páramo se pierden cada año, pues no hay una entidad o estudio que mida su pérdida, se estima que alrededor del 13 % de ellos ya se encuentran transformados. Los principales factores que los ponen en riesgo son la agricultura y la ganadería.
En Colombia, es común ver vacas lecheras en los alrededores de algunos complejos de páramo. Son utilizadas en pequeñas fincas campesinas. También, la siembra de cultivos, principalmente de papa y cebolla. Esa realidad es más grave en la cordillera Oriental: de las cinco zonas con cobertura paramuna del país, esta es la de mayor transformación, con un total del 18 % de su cobertura modificada. Le siguen la cordillera Central, con un 9 %; la región Nariño-Putumayo, con un 8 %; y la cordillera Occidental, con un 5 %. De hecho, según datos del Instituto Humboldt, tan solo el 51 % de los complejos paramunos de Colombia tienen algún tipo de medida de conservación jurídica.
La agricultura y la ganadería son dos de las actividades que generan mayor impacto negativo en los páramos. La presencia de vacas compacta suelos y afecta matorrales clave para la regulación hídrica. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Con esas amenazas, el papel de los páramos cobra aún más relevancia. Si no se protegen, ese carbono que capturan y almacenan, se liberaría y aumentaría la situación global de emisiones.
Conrado Tobón, doctor en ecohidrología y líder del Grupo de Investigación en Hidrología y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional, es uno de los científicos que más ha estudiado la alta montaña en el país. Tras años recorriendo 17 de los 37 complejos de páramo de Colombia, insiste en la urgencia de reconocer que la captura y almacenamiento de carbono en sus suelos es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que prestan.
Para él, también autor de uno de los libros más completos sobre estos ecosistemas en el país, y que tiene un capítulo dedicado exclusivamente a cómo funcionan sus suelos, un punto clave es que la pérdida de carbono no solo tiene implicaciones climáticas, sino también hídricas. A lo que se refiere, en palabras sencillas, es a que la materia orgánica del suelo (donde está capturado y fijado el carbono) también es fundamental para el ciclo del agua: permite la infiltración, retiene la humedad y regula el flujo hacia los acuíferos. “Si perdemos ese carbono, estamos perdiendo agua”, sentencia Tobón.
Así lo evidencian los estudios que ha realizado el grupo de investigación que lidera en el páramo Guantiva-La Rusia, en el departamento de Boyacá, al nororiente de Bogotá, donde han trabajado con más de 60 acueductos comunitarios para ayudar con la restauración de estos ecosistemas y evitar que los páramos pierdan la capacidad de proveer ese servicio.
“Las quebradas asociadas a cuencas que han sido transformadas se secan cada verano. Las comunidades lo han visto y lo reconocen”, asegura. Por eso, para él, conservar el carbono orgánico del suelo debería ser un objetivo nacional, tanto como lo es proteger el agua. “Sería otro servicio ecosistémico que ya está valorado en algunos páramos y que el país debería tener en cuenta al tomar decisiones sobre estos territorios”, insiste.
El páramo es un regulador hídrico: captura el líquido de las lluvias y la humedad, y lo libera lentamente hacia las quebradas y ríos que surten a poblaciones montaña abajo. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Con dicho análisis coincide Gloria Yaneth Flórez Yepes, profesora e investigadora de la Universidad de Manizales, y quien lleva más de 15 años estudiando estos ecosistemas. La experta es clara en señalar que la pérdida directa de carbono afecta el ciclo hídrico. “Cuando se pierde la materia orgánica, se afecta la densidad aparente del suelo y se reducen los procesos de infiltración. Entonces, el agua que debería quedarse, se va por escorrentía”, explica Flórez. Esta situación no solo compromete el equilibrio del ecosistema, sino también el suministro de agua para millones de personas montaña abajo.
Sumideros desconocidos en Colombia
Son pocos los investigadores y expertos que han estudiado en Colombia la capacidad que tienen los páramos para capturar carbono. Uno de ellos es Juan Carlos Benavides, experto en cambio climático y coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana. Desde 2018, el científico trabaja junto a Conservación Internacional Colombia estudiando las capacidades que tiene el páramo del Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquetiva, en el municipio de Guatavita (Cundinamarca), para funcionar como sumidero de carbono.
La investigación forma parte de una iniciativa que busca conservar y documentar los servicios ecosistémicos que le presta la alta montaña a Bogotá y a los municipios cercanos, principalmente a través del conjunto de páramos de Chingaza-Sumapaz-Guerrero. El Parque Vista Hermosa de Monquentiva, con 14 437 hectáreas de extensión, forma parte del páramo de Chingaza y se ha convertido —según el experto— en un “centro experimental”, pues es importante para la gestión hídrica de la capital y los municipios aledaños, y además cuenta con el apoyo de la comunidad para su protección y estudio.
“Monquentiva se vuelve un centro experimental de alta tecnología en una colaboración muy estrecha con la comunidad para entender cuáles son esos caminos de recuperación”, explica Benavides. Gracias al trabajo de líderes locales como Gilma Rodríguez Jiménez, miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (Ameg), y Juan Camilo López, apicultor de la zona, se han venido implementando desde hace casi veinte años procesos de restauración ecológica. Esto, a su vez, ha permitido estudiar a fondo la dinámica del carbono, el metano y los humedales.
Colombia tiene la mayor extensión de páramos del mundo, con 2.9 millones de hectáreas. Aunque solo representan el 1.7 % del territorio nacional, son fundamentales para el ciclo del agua y la captura de carbono. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Una de las áreas que cobra especial relevancia para las investigaciones se encuentra donde solía estar la Laguna de Guasca: una de las varias lagunas sagradas de la región que fue desecada en busca de oro durante la época colonial. Luego, los terrenos fueron convertidos en una inmensa finca ganadera y agrícola por el holandés Gonzalo Linnus Martos. Desde 2017, Benavides dirige allí el estudio sobre los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.
Así como los páramos pueden pasar de ser sumideros a emisores de carbono tras degradarse —por ejemplo, al ararlos para sembrar papa—, la tendencia también puede revertirse. En Vista Hermosa de Monquentiva, el equipo de investigadores ha documentado cómo la zona ha recuperado su capacidad de capturar gases contaminantes. “En menos de cuatro o cinco años, usted tiene un cambio completo en el ecosistema y dejan de ser emisores de gases de efecto invernadero a ser acumuladores de carbono”, explica Benavides.
Las turberas, en particular, han mostrado una capacidad excepcional de acumulación de carbono. En Monquentiva, por ejemplo, una sola hectárea puede contener hasta 2000 toneladas, según señalaron los investigadores consultados para este artículo. “Eso es entre 5 y 10 veces más de lo que retiene un bosque tropical”, asegura Benavides. La clave, insiste, está en que estos ecosistemas se mantienen inundados, lo que impide la descomposición de la materia orgánica por la falta de oxígeno.
David Santiago Rocha Cárdenas, investigador especializado en captura de carbono y CEO de The Ecosystem Carbon Conservation SA (una compañía dedicada a la restauración y manejo sostenible de ecosistemas), tiene una forma sencilla de explicarlo: “[En las turberas] parece que el tiempo se detuviera. Las hojitas y material vegetal que cae allí no se descompone por completo, debido a la falta de oxígeno, lo que hace que el carbono se quede atrapado en el suelo”. Para él, que trabaja de la mano con Juan Carlos Benavides, este tipo de humedales y sus inmensas capacidades como sumideros de carbono han sido ignorados por años.
Pero no todos los páramos son iguales, ni todos tienen turberas, ni todos tienen la capacidad de capturar la misma cantidad de carbono. En algunos —como los del Parque Nacional Natural Los Nevados— el contenido de carbono es más bajo debido a la mezcla del suelo con ceniza volcánica, mientras que en otros, como Chingaza y Sumapaz, los primeros centímetros del suelo pueden acumular entre 360 y 760 toneladas de carbono, según estimaciones de los expertos consultados para este reportaje.
Según los expertos, las turberas de los páramos pueden acumular 2000 toneladas de carbono por hectárea. Este tipo de humedales lleva cientos de años guardando carbono. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Conservar y producir: la clave para las comunidades
La restauración de los páramos requiere paciencia, ciencia y, sobre todo, trabajo con las comunidades locales, explica Patricia Bejarano, directora del programa de paisajes sostenibles de alta montaña en Conservación Internacional Colombia. “Este no es un proceso que se logre en dos o tres años… revertir un daño ecológico toma tiempo. Y uno no puede tener un proyecto exitoso de conservación si sus comunidades no tienen un bienestar”, enfatiza.
La Ley 1930 de 2018, conocida como la Ley de Páramos en Colombia, estableció que estos ecosistemas son estratégicos para el país y requieren de protección especial. Por ello, determinó qué actividades no se deben realizar en el ecosistema. Esto no significa que en el páramo no se puedan desarrollar actividades productivas o agropecuarias de bajo impacto, sino que estas deben ser ambientalmente sostenibles y cumplir algunos lineamientos, como el uso de buenas prácticas que respeten los estándares ambientales y que garanticen la protección del ecosistema.
En Vista Hermosa de Monquentiva la estrategia fue clara: reducir los disturbios —como la ganadería— y permitir la regeneración natural del ecosistema bajo una figura de protección. La declaratoria del parque por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la autoridad ambiental de la zona, facilitó una restauración pasiva, menos costosa y más sostenible a largo plazo. “El sistema viene recuperándose de una manera positiva porque los tres factores están dados: respaldo comunitario, algunos recursos económicos para el monitoreo y respuestas ecológicas favorables”, afirma Bejarano.
El respaldo comunitario ha sido clave. Transformar territorios que antes fueron potreros hacia usos sostenibles de la tierra implica asegurarle a sus habitantes unos medios de vida dignos y estables. Para ello, aseguran los expertos, es necesario fomentar sistemas productivos diversos que permitan mantener el ingreso familiar, retener a los jóvenes en el campo y adaptarse mejor al clima cambiante, al tiempo que se protege el ecosistema.
Esa transición, reconoce Bejarano, debe ser justa: “No se trata solo de dejar de sembrar papa o de criar ganado. Se trata de proponer soluciones que permitan a las comunidades ceder terrenos sin que se afecte su calidad de vida”. Además, en muchos casos, las variaciones del clima ya están poniendo en riesgo sus sistemas tradicionales. “Inclusive la papa o el ganado de leche dependen mucho del clima… se generan muchas pérdidas, sobre todo en épocas de sequía”, insiste la experta.
En Guatavita, en inmediaciones del páramo de Chingaza, Gilma Rodríguez Jiménez, miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (Ameg), está entre quienes defienden la idea de que con prácticas sostenibles es posible cuidar la región que habitan y garantizar también el futuro de la empresa, con la que, junto con otras 39 mujeres, producen lácteos.
Gilma Rodríguez Jiménez forma parte de la asociación Ameg, que reúne a 40 mujeres emprendedoras que, sin dejar de lado sus actividades económicas, decidieron ayudar a proteger el páramo. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Ameg lleva 25 años convirtiendo la leche de las pequeñas fincas de sus asociadas en yogurt, arequipe, kumis o queso campesino, bajo las marcas Carbo Lac y Simqua. “Aprendimos que si se cuida el agua, hay más leche. Y si hay más leche, hay más producto. Eso nos cambió la forma de ver nuestra ganadería”, explica Rodríguez. Para ella y sus compañeras, la agricultura y el páramo pueden coexistir.
“Nos capacitamos en sistemas silvopastoriles, cercamos las fuentes hídricas, sembramos árboles para dar sombra y proteger el suelo, y llevamos el agua hasta los bebederos sin que las vacas pisen los nacederos”, afirma, mientras recuerda que actualmente incluso recogen el estiércol y lo convierten en compostaje para sus propios cultivos.
Los sistemas silvopastoriles —una forma de producción que integra árboles, pastos y animales en un mismo terreno— han transformado radicalmente el impacto ambiental de las fincas en este ecosistema. Antes, los modelos tradicionales de ganadería no solo compactaban el suelo y erosionaban los nacederos de agua con el paso directo del ganado, sino que también generaban pérdida de biodiversidad al pisar a otros animales y comerse la vegetación nativa.
Hoy, al combinar la siembra de árboles y pastos con el manejo rotacional del ganado (una práctica en la que los animales se mueven periódicamente entre diferentes parcelas para evitar el sobrepastoreo y permitir que la vegetación se recupere), se ayuda a conservar la humedad del suelo, capturar carbono y restaurar parcialmente el equilibrio ecológico de zonas altamente vulnerables.
Ameg no ha sido la única. Otras iniciativas productivas de la zona se han posicionado como una alternativa a la agricultura tradicional que impacta la alta montaña. Una de esas es la de Juan Camilo López, fundador de Apiman y productor de miel de abejas y otros derivados de la apicultura, como el polen. López, además, es coordinador logístico de Dulce Monte, una organización comunitaria que se encarga de comercializar todo lo que se produce de forma sostenible en las veredas cercanas a la zona rural de Guatavita, donde se encuentran los productores de Ameg y de las mieles de Apiman.
Juan Camilo López, fundador de Apiman, coordina la venta y distribución de productos elaborados de forma sostenible por la comunidad de Guatavita. Entre esos, lácteos, galletas, mieles y jabones. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
Así, estas comunidades replantean la agricultura y la ganadería en el páramo. Actualmente, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva es común encontrar osos andinos caminando libres entre las montañas, y no vacas pisando y compactando el suelo.
Falta investigar más para proteger más
Si en algo coinciden todos los expertos entrevistados para este reportaje es en que aún falta investigar mucho más sobre los páramos. No solo sobre su biodiversidad y su capacidad para regular el agua, sino también sobre su inmenso —y hasta ahora poco conocido— potencial como sumideros de carbono. Pero para ello, advierten, hacen falta recursos.
Aseguran que se necesita más investigación para poder conocer mejor cuántas toneladas acumula cada ecosistema, dependiendo de su composición o del tiempo que puede tomar su restauración en áreas degradadas.
“A nosotros, en Colombia, aún nos faltan muchos recursos para poder hacer buenas investigaciones”, advierte Gloria Yaneth Flórez. Para ella, no se trata solo de la voluntad académica, sino de la complejidad de trabajar en ecosistemas de alta montaña. Desplazarse hasta las zonas de páramo implica altos costos logísticos: acceder a territorios alejados, transportar equipos especializados para medir condiciones de suelo y agua, y sostener al personal técnico en sitios donde las condiciones de vida son difíciles por la altitud y el clima.
La humedad choca con la montaña en el Parque Regional Vista Hermosa de Monquentiva. En ese intercambio se condensará y capturará el agua que luego desciende hasta las ciudades. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
A eso se suma el costo de los análisis de laboratorio, como los que permiten determinar la cantidad de carbono almacenado en los suelos, medir la calidad del agua o identificar especies invasoras. Esta posición también la respalda Conrado Tobón, quien destaca que en muchos casos los datos disponibles vienen de tesis de grado de estudiantes universitarios que, al no contar con recursos suficientes, están limitadas en el análisis y la obtención de datos.
Además, se necesitan cifras actualizadas y un monitoreo constante sobre las amenazas y pérdidas de páramo en Colombia. En todos los casos, la máxima es similar: no se protege lo que no se conoce, y las capacidades del páramo son frágiles. Con humedales drenados, matorrales arados y zonas intervenidas con ganado, difícilmente podrán seguir reteniendo los gases que calientan la atmósfera.
Por eso, el trabajo de estos investigadores ha abierto la puerta para conocer mejor esas virtudes hasta ahora ignoradas, sumado al trabajo de personas como Juan Camilo y Gilma que, junto a decenas de líderes y campesinos que habitan esta zona, están protegiendo actualmente este ecosistema vital para el futuro de Colombia, pero también del mundo.
*Este reportaje forma parte de una alianza periodística entre El Tiempo y Mongabay Latam.
Imagen principal: el parque natural regional Vista Hermosa de Monquetiva, de 13 437 hectáreas, fue creado para proteger el páramo, un ecosistema clave para la provisión de agua en el centro del país. Foto: cortesía Andrea Moreno / El Tiempo
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En entrevista exclusiva para la comunidad de El Búho, la cantante lamentó haberse ilusionado tanto con la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú
La reconocida cantautora Susana Baca se pronunció desde Arequipa sobre la coyuntura política que atraviesa el país. Confesó que en un inicio se alegró con la llegada de Dina Boluarte al poder por tratarse de una mujer andina que generaba esperanzas de cambio. Sin embargo, lamentó profundamente haberse equivocado en esa expectativa.
«Creí que haría algo bueno por el Perú… pero me equivoqué tanto”.
Susana Baca, cantante.
Aun así, instó a los peruanos a ser más responsables y cuidadosos al momento de votar en las próximas elecciones, para no volver a caer en promesas vacías. Baca fue enfática en que las autoridades responsables de la actual crisis deben ser castigadas con el desprecio y el olvido electoral del pueblo.
Si eres miembro de nuestra comunidad o del canal Premium de Youtube, puedes acceder a la entrevista completa, aquí: https://youtu.be/lGvmk-wCK3Y
Baca, tres veces ganadora del Latin Grammy, recordó también a las víctimas de la represión en protestas sociales, como los jóvenes Inti Sotelo y Brayan Pintado, asesinados en noviembre de 2020. A través de su música, como la interpretación de «Hasta la raíz» junto a Natalia Lafourcade, la cantante ha reafirmado su compromiso con la memoria de quienes perdieron la vida defendiendo la democracia.
Tras ofrecer un emotivo espectáculo en el Teatro Municipal de Arequipa, y luego de haber superado una grave crisis de salud que la llevó a estar en UCI, Baca pidió a los peruanos no rendirse en su lucha por un país más justo. También hizo un llamado a sus colegas artistas para seguir alzando la voz hasta recuperar una verdadera democracia pese a la censura tal como pasó con la cantante Yarita Lizeth.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
«El debate suscitado a raíz de la Educación Sexual Integral en Arequipa hizo que muchos tomen partido rápida y apasionadamente, sin fijarse en argumentos».
Arequipa registra más de 500 embarazos adolescentes al año y la nueva ordenanza busca frenar esta cifra con educación sexual. | IMAGEN: Gob.pe
A los arequipeños nos gusta decir que Arequipa es una ciudad de revoluciones. Tenemos una tradición opositora al gobierno central de turno, sea civil o militar, que nos viene de una afirmación ciudadana contraria a tutelajes. Y eso se ha ido convirtiendo en sentido común porque se transmite a las nuevas generaciones. El debate suscitado a raíz de la publicación de la Ordenanza Regional 538 que aprueba la Educación Sexual Integral-ESI, pareciera enmarcarse en esa tradición pues muchos toman partido rápida y apasionadamente sin fijarse mucho en argumentos: “de qué se trata, para oponerme”.
El tema es delicado y por eso lleva a discusiones. Los problemas relacionados con nuestras partes pudendas hieren sensibilidades. Tal vez no de los jóvenes, ahora expuestos a fotos y videos mil de sexo explícito a toda hora y sin censura, pero sí a los mayores de cincuenta para quienes esos asuntos son privadísimos y al verlos nos hacen dar un brinco. Como el brinco que dieron nuestros padres cuando, adolescentes, empezamos a besarnos, sin vergüenza, en lugares públicos.
La dura verdad es que tenemos serios problemas en colegios y escuelas públicas y privadas, cuya punta del iceberg lo constituyen el bullyng, el acoso sexual y el embarazo adolescente, para no hablar de otros más graves como la violencia sexual en las familias, abortos, la explotación sexual de adolescentes, las redes de producción pornográfica y hasta suicidios de chicas por causa de embarazos no deseados, que afectan a familias y a comunidades educativas enteras.
El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y eso marea y da temor: cambio climático, sobrepoblación, migraciones, guerras, revolución tecnológica, miseria de las mayorías, crecimiento de la delincuencia, aparición de nuevas costumbres o polarización política. Ante ello, muchos miran para otro lado y quisieran olvidar que existen estos problemas. Otros, temerosos y angustiados, quisieran volver al pasado.
Entonces, los que no saben cómo enfrentar los cambios y al futuro incierto, se dejan llevar por los profetas del apocalipsis y cierran puertas y ventanas aferrándose a las respuestas del pasado: no al divorcio, el sexo es pecado, no al sexo, no a los anticonceptivos. Ante la propuesta de dar una educación sexual en la escuela saltan las sospechas y creen esas mentiras: “a los niños y adolescentes los van a confundir”, “los van a malograr”, “les van a enseñar perversiones”, “los van a convertir en homosexuales” o “les van a enseñar a abortar”.
Los verdaderos maestros, los funcionarios públicos y, por supuesto, las madres de familia que no saben muchas veces a quién acudir para buscar consejo, consuelo y hasta un milagro, no se pueden dar el lujo de ignorar los problemas que el mundo moderno trae, porque no se puede detener el transcurrir del tiempo.
Frente a esos problemas el Estado aprobó los Lineamientos de la Educación Sexual Integral – ESI mediante la Resolución Viceministerial N° 169-2021-ED de junio del 2021, señalando que ella debe ser de “calidad científica y ética…que permita a las personas vivir su sexualidad con responsabilidad, madurez emocional y respeto por uno mismo y los demás”. Queda claro que el primer objetivo de la ESI es contribuir al “establecimiento de relaciones afectivas igualitarias, armoniosas y libres de violencia”.
Pero, resulta que un grupo de políticos y religiosos – que se dicen orgullosamente conservadores – están levantando las banderas de la resistencia, la rebelión y la anarquía, pretendiendo que los consejeros regionales no aprueben políticas públicas y que los maestros y maestras no impartan la Educación Sexual Integral-ESI, o que médicos y enfermeras no apliquen el aborto terapéutico, cuando es una política aprobada por el Estado peruano hace cien años.
El pretexto es que los padres de familia deben ser los únicos responsables de la educación de sus hijos. O sea, pretenden que el Estado no intervenga en la educación. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno que el Estado gaste más en armas, patrulleros y policías, intervenga más en nuestra vida diaria para darnos seguridad, es bueno cuando exigimos que el Estado gaste más en programas de salud y vacunación y es malo que intervenga en la educación de niños y adolescentes? ¿El miedo va a imponer la anarquía y el individualismo extremo?
Lo curioso es que entre esos religiosos que llevan la voz cantante se esconden los que encubrieron, protegieron y hasta justificaron la conducta de los abusadores de niños y adolescentes que formaron parte del Sodalicio de Vida Cristiana felizmente disuelto por el papa Francisco, o pertenecen al Opus Dei del cardenal Cipriani, aliado de sectas evangélicas (“con mis hijos no te metas”) que quisieran regresar al pasado del cinturón de castidad para las mujeres, la hoguera para los homosexuales y la poligamia para los varones.
Los padres de familia católicos, saben que hay lobos disfrazados de ovejas y seguramente se preguntan ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre la educación sexual?
Luego del Sínodo de Obispos sobre la Familia en 2017 que abordó los temas álgidos que enfrenta, el papa Francisco dictó la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” que sobre este asunto dice: “280. El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente educación sexual» que llegue a los niños y adolescentes «conforme avanza su edad» y «teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica»Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse… El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.”
Es decir, la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (hace 60 años) ve como positiva una educación sexual basada en los avances de la medicina, la psicología y la pedagogía, que ayude a madurar a los niños y adolescentes en el conocimiento y protección de su cuerpo y de su impulso sexual natural, evitando la banalización o vulgarización, a la que lo llevan las redes sociales y, más bien, asumiéndolo como la base de expresiones amorosas que, para los Padres de la Iglesia, son la continuación de la Creación.
Antes de seguir la corriente de la prensa amarilla que busca la sangre y a los culpables para colgarlos, o de esos políticos que buscan cámaras y primeras planas, los jóvenes y los padres de familia seguramente están separando la paja del grano, recordando que si hay una tradición revolucionaria en Arequipa ha sido para hacer prevalecer el respeto y la igualdad de trato a las personas, por diferentes que sean, norte que nos llevará a una sociedad y un Estado verdaderamente democráticos, donde haya oportunidades para todos, incluidos los inmigrantes y las personas LGTBI+.
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