-Operación Ícaro: tras allanamiento, policías intimidaron a testigo protegido que delató a Juan José Santivañez, según EFICCOP

-Martín Vizcarra recalca que no se autoeliminará para huir de la justicia y pidió que se revoque la prisión preventiva en su contra

-Dina Boluarte instó a la población a evitar votar por candidatos que provoquen un “salto al vacío”

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El video LO DELATARON | Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató se publicó en YouTube en este enlace

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Un instante que hace historia | La reconocida cantante afroperuana Susana Baca y el maestro Everardo Zapata Santillana, creador del legendario libro Coquito y personalidad meritoria de Arequipa, protagonizaron un emotivo encuentro.

Dos grandes referentes de la cultura peruana se agradecieron mutuamente por sus talentos. Susana Baca incluso recordó que, cuando fue educadora, enseñaba a sus alumnos con los libros del maestro Everardo un verdadero orgullo arequipeño.

Este histórico encuentro se da a pocas horas del concierto que la reconocida artista ofrecerá en el Teatro Municipal de Arequipa:

https://teleticket.com.pe/evento/susana-baca-vestida-de-vida-arequipa-teatro-municipal-de-arequipa

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El video Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de «Coquito» se publicó en YouTube en este enlace

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Este 11 de septiembre comenzaría el trámite de obtención del Setare, un documento para la formalización del servicio de taxi en la ciudad de Arequipa. El proceso tendrá una duración de 45 días hábiles, culminando el 13 de noviembre, según confirmó el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa, Adolfo Paco.

El trámite está dirigido únicamente a los vehículos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), relacionadas al peso y la cilindrada.

Para acceder al Setare, los interesados deberán presentar una solicitud formal, el pago por derecho de trámite de S/74.50, copia simple del contrato de arrendamiento, certificado de constatación de características vehiculares valorizado en S/24.10, y copia del SOAT o AFOCAT vigente.

Críticas a la informalidad

En paralelo, Paco exhortó al nuevo gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), David Hernández, a reforzar la lucha contra el servicio informal y revisar la ordenanza 927, que regula el ingreso al Centro Histórico de Arequipa según número de placa y días. Para el dirigente, esta medida “discrimina y perjudica al taxista formal”.

Asimismo, cuestionó el rol de los aplicativos móviles en el sector. “Los aplicativos informales son los principales promotores de la informalidad fomentando el desorden puesto que trabajan al margen de la norma nacional y local. El gerente con la experiencia que tiene por haber trabajado en Lima, tiene que en Arequipa se tenga que detener o eliminar este servicio informal por aplicativo”, afirmó.

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Proponen modificar Ley PIACI y crear grupo con ocho representantes de ministerios, siete de entidades estatales y apenas dos de Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial afectados por proceso de recategorización. Esta semana, el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 28736, norma que desde 2006 garantiza la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

La iniciativa plantea una reestructuración del proceso de categorización de estos pueblos. Además, busca la creación de una comisión multisectorial encargada de revisar las reservas existentes. 

La propuesta legislativa modifica el artículo 9 de la Ley PIACI, estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá remitir cada seis meses un informe técnico a las comisiones de Cultura y Fiscalización del Congreso. Con ello, se quita las prerrogativas al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).

En las normas complementarias de la modificación a la Ley PIACI también se propone la creación de una comisión para la revisión de la categoría de cada pueblo. El proyecto del acciopopulismo pone en duda la existencia de al menos 25 pueblos indígenas en aislamiento y cuestiona la extensión de cuatro reservas indígenas y dos reservas territoriales para la protección de estas comunidades.

El proyecto también va en la línea de recientes eventos que han contado con la participación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y hasta de Gustavo Gutiérrez Ticse, actual integrante del TC. Estas conferencias, en algunas ocasiones organizadas por alcaldes favorables a la propuesta, buscan reducir los territorios de las PIACI, y su recategorización, apuntando contra la consulta previa.

¿Qué propone exactamente el proyecto anti PIACI?

La propuesta de los congresistas de Acción Popular incorpora tres disposiciones finales que crean una Comisión Especial Multisectorial Revisora, encargada de reconsiderar y emitir opiniones sobre las reservas PIACI. Esta comisión estará integrada por 11 entidades estatales —incluyendo ministerios como Energía y Minas, Defensa, Comercio Exterior, Agricultura— y apenas dos representantes de las organizaciones indígenas o sociedad civil de las zonas afectadas. Esta desproporción representativa se añade en las disposiciones finales, no en los artículos nucleares que anuncia la propuesta de modificación.

El proyecto no considera alguna consulta previa para su elaboración a representantes de los PIACI, tampoco de académicos ni de instituciones especializadas, ni de expertos en derechos ambiental o humanitario. Pide la entrega de informes a las comisiones del Congreso cada seis meses por el Ejecutivo (actualmente del Dina Boluarte y Eduardo Arana).

Estos informes deben contemplar el estado de los procesos de categorización de los PIACI y los criterios técnicos, antropológicos y socioambientales utilizados. También debe contener la evaluación de la pertinencia de mantener, modificar o levantar las categorías existentes. Además, establece que los procesos de categorización deberán ser reevaluados cada dos años mediante informes técnicos.

Acción Popular propone modificación a la Ley PIACI: ¿Reforma técnica o estrategia de desterritorialización?

Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de “equilibrio” entre protección indígena y desarrollo amazónico, su contenido revelaría una intención de cuestionar la existencia misma de los PIACI y la legitimidad de los territorios reservados para ellos. En su justificación, el documento señala que existen “problemas de verificación” sobre la presencia de pueblos en aislamiento en algunas zonas.

La propuesta del congresista Juan Carlos Morí critica que “la sola solicitud o indicio” haya generado procesos de categorización que bloquean territorios “durante décadas”. Cuestiona la “sobredimensión” de las reservas, señalando que estas limitan actividades extractivas, infraestructura e incluso la presencia del Estado. Además, se queja de una “débil supervisión parlamentaria”, proponiendo que el Congreso tenga mayor incidencia en la categorización.

Actualmente, el Ministerio de Cultura reconoce al menos 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, distribuidos en 4 reservas indígenas y 2 territoriales. Esto abarca cerca de 4.6 millones de hectáreas ubicados mayoritariamente en la Amazonía peruana, territorios asediados por la minería ilegal, la agroindustria, la tala ilegal y la crisis hídrica.

Estas áreas han sido declaradas intangibles para garantizar la supervivencia de pueblos que, por decisión propia, han evitado el contacto con la sociedad nacional. El proyecto de ley, sin embargo, pone en duda la evidencia antropológica que sustenta estas reservas, y plantea la posibilidad de levantar su intangibilidad si no se demuestra “certeza” sobre la presencia de PIACI.

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El fiscal adjunto superior especializado en Derechos Humanos, Telmo Morales solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que los militares acusados por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Junín, en los años de la violencia, reciban condena de cárcel y no se beneficien con la reciente Ley de Amnistía.

“El tribunal debe inaplicar la amnistía, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con la Convención Americana”, sostuvo el fiscal, quien oralizó su pedido de 25 años de cárcel para 8 altos oficiales del ejército.

Los acusados son Manuel Juan Dillerva Chávez, Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel y Roboan David Jaime Sobrevilla, quienes fueron responsables de la Tercera Brigada de Infantería de Huancayo, entre 1989 y 1992.

Otros imputados se encuentran como ausente (Manuel Jesús Delgado Rojas), reo contumaz (Luis Augusto Pérez Documet) o con el proceso reservado (Elías Fernando Espinoza del Valle).
El tribunal dictará sentencia de este caso aproximadamente a fines de setiembre o en octubre.

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El video Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP se publicó en YouTube en este enlace

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La provincia de Parinacochas acató un paro cívico de 24 horas en Coracora, convocado por uno de los Frentes de Defensa. La medida fue respaldada por el SITRAMUN, comisiones de regantes y organizaciones sociales en rechazo a la gestión del alcalde Yony Reyes Anampa.

Durante la jornada se realizó una asamblea en la pérgola de Coracora con participación de dirigentes y pobladores. Allí se denunciaron obras paralizadas, deficiencias en servicios básicos y presuntas irregularidades en el manejo municipal.

El regidor José López Puchuri señaló que la protesta fue pacífica y criticó la falta de rendición de cuentas. También denunció compras de materiales a sobreprecio y pidió la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

Algunos pobladores plantearon la vacancia del alcalde y los dirigentes advirtieron nuevas medidas si no se atienden los reclamos. El paro concluyó sin incidentes, pero evidenció el malestar ciudadano contra la actual gestión municipal.

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El video Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal | PASÓ EN EL PERÚ se publicó en YouTube en este enlace

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El Tribunal Constitucional declaró nulas las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien terminó procesado por corrupción.

En la misma sentencia, el TC ordena que el Poder Judicial emita un nuevo fallo observando los fundamentos considerados contenidos en su evaluación.
Humberto Acuña fue condenado en el 2019 a tres años de cárcel suspendida por presuntamente haber entregado un soborno a un policía anticorrupción para que se le excluya de una investigación. 

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El video Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña | PASÓ EN EL PERÚ se publicó en YouTube en este enlace

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El gobernador de La Libertad, César Acuña, vuelve a sumar un lapsus a su ya larga lista de momentos virales. Esta vez, el líder de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que faltan dos años y medio para el 2026, aunque el calendario dice otra cosa. Como si fuera poco, también equiparó ese mismo período, dos años y medio, con 18 meses, lo que parece ser un error de cálculo. El episodio hizo recordar aquella vez en que se quedó en silencio tras ser preguntado cuánto es 7 por 8.

El video EL CALENDARIO DICE OTRA COSA | Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026 se publicó en YouTube en este enlace

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Tras la descompensación que sufrió la víspera, Martín Vizcarra participó este viernes de la audiencia de apelación a la prisión preventiva que cumple desde el 13 de agosto, nuevamente en Barbadillo. Entre otras cosas, el expresidente cuestionó los fundamentos de la medida dictada por el Poder Judicial.

Aseguró que se encuentra encarcelado “por un caso sin pruebas nuevas”. “Soy yo quien está sufriendo los efectos de esta decisión… Y tengo derecho a ser escuchado”, dijo tras pedir le amplíen el tiempo para exponer su defensa, lo que no fue aceptado.

Vizcarra Cornejo refirió que la investigación en su contra se inició cuando aún era presidente, en octubre de 2020, día que se enteró por la prensa, antes que por el Ministerio Público. “Una investigación que supuestamente era reservada terminó en mi vacancia”, dijo.

También contó a los jueces que recién hace pocas semanas accedió a los acuerdos de colaboración eficaz que sustentan su acusación. “Me acusan con base en declaraciones de personas que aceptaron su culpa en otros casos. A mí nunca me dieron esa información hasta ahora”, aseguró.

Al respecto, dijo que uno de los colaboradores que lo señala enfrenta hasta 73 años de prisión por actos de corrupción, por lo que no debería ser tomado como fuente confiable sin mayores elementos de prueba.

Vizcarra rechazó que no tenga arraigo familiar o laboral

En otro momento Martín Vizcarra rechazó lo que sostiene la Fiscalía respecto a su arraigo familiar o laboral. Explicó que vive con su esposa y dos hijos universitarios que dependen económicamente de él. “Hace un año, durante un allanamiento, a las cuatro de la mañana, se encontró a toda mi familia durmiendo, viviendo conmigo”, relató.

Asimismo, que, cuando tuvo que dejar la presidencia no tenía empleo, pero que ahora tiene actividades que demuestran su estabilidad laboral. Remarcó en su intervención, “tengo familia, tengo trabajo. No soy un riesgo”.

“Sé que tiene que primar la justicia”, afirma Vizcarra

La apelación presentada por su defensa busca revertir la prisión preventiva y volver a un régimen de comparecencia. Su abogado, Erwin Siccha y Martín Vizcarra, aseguran que “no hay riesgo de fuga ni elementos nuevos que justifiquen la medida”. Cuestionaron que la Fiscalía presentara documentos fuera de plazo y que se haya vulnerado su derecho a la defensa.

«Yo he aceptado estoicamente la prisión por estos 16 días y con fortaleza porque sé que tiene que primar la justicia y lo que digo siempre, yo no me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a auto eliminar, yo voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí», dijo a los magistrados.

Por parte de la Fiscalía estuvo Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, quien ratificó y defendió el pedido para mantener la prisión preventiva del exmandatario. “El señor Martín Vizcarra no tiene ninguna medida de arraigo”, dijo.

La Sala Penal de Apelaciones quedó en evaluar si la decisión del juzgado se ajustó a derecho o si corresponde anularla, resolución que dará a conocer en los próximos días, según dijeron.

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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 29 agosto 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

LAMBAYEQUE: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña
JUNÍN: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP y vayan a prisión
AYACUCHO: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal
PUNO: Comunidad Nojonunta- San Gabán, denuncia invasión violenta de pobladores de Camanti-Cusco
CUSCO: La leche de mamá es el verdadero oro líquido que salva vidas
Arequipa: Territorio de la región Arequipa está expuesto a incendios forestales

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El video PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP se publicó en YouTube en este enlace

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El fiscal Carlos Ordaya quien estuvo a cargo de la Operación Ícaro y que hizo botar espuma a la tía retoquitos salió en conferencia de prensa a aclarar algunos puntos sobre el allanamiento a Nicanor Boluarte y al engreído Juan José Santivañez.

Resulta que Santivañez no solo sería un amigo íntimo de Dina, sino también el presunto capo de una red criminal: se le acusa de beneficiar a un estudio jurídico que defendía a policias de la PNP acusados de violar derechos humanos, cobró hasta 20 mil dólares a oficiales para asegurarles cargos de confianza, y de yapa habría hecho favores a la minera El Dorado en complicidad con policías y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.

¿Y dónde entra Nicanor en el show? Pues según la Fiscalía, el coronel PNP Percy Tenorio —quien recibió el empujoncito de Santivañez para defender a los policías investigados por las muertes en el gobierno de Merino— también habría recibido una manito del “ministroll”para facilitarle un “espacio” en la casita del hermano presidencial para esconder objetos y documentos incómodos en caso de allanamientos.
Y como si la historia no tuviera ya suficiente olor a podrido, ahora se suma que dos policías habrían ido a intimidar al testigo protegido que se atrevió a delatar a Santivañez.

Mientras nos hablan de “reformas completas” en el sistema judicial, quizá también va siendo hora de una reforma total en la flamante PNP

Dina Boluarte instó a la población a evitar votar por candidatos que provoquen un “salto al vacío”

En su más reciente gira por Apurímac, la presidenta Dina Boluarte, quien asegura tener un “cariño eterno” por esas tierras, hizo un llamado a rechazar la violencia, atribuyéndola a oscuros intereses extranjeros: “No debemos de caer en esa provocación de violencia”, dijo. Además, pidió elegir a candidatos que respeten la Constitución… para no caer en el temido “salto al vacío” hacia “Estados fallidos”. ¿Acaso el mismo respeto que ella tiene por la Constitución? Entre nostálgicos recuerdos de su juventud repartiendo regalos navideños, la mandataria también aprovechó para exhortar a la unidad apurimeña, invocando nada menos que a Micaela Bastidas.

Eso sí, dejó claro: quien olvida su tierra, “no merece llamarse del lugar donde ha nacido”. Una reflexión profunda… y muy oportuna.

Martín Vizcarra recalca que no se autoeliminará para huir de la justicia y pidió que se revoque la prisión preventiva en su contra

Aun desde Barbadillo, Martín Vizcarra no para de hacer campaña. Desde la audiencia de apelación a la prisión preventiva en su contra, el popular lagarto no perdió la oportunidad de mandar una chiquita a sus rivales y detractores. El expresidente le aseguró al juzgado que nunca iba a traicionar la justicia ni a los peruanos, no como otros que fugan, se asilan o hacen la de Alan García.

Además, recalcó que sus arraigos son fuertes y vigentes. Primero, por su familia y la dependencia de sus dos hijos más jóvenes. Además, señaló que sus vínculos laborales con su empresa familiar y con el partido Perú Primero son sólidos y estables. Es más, aseguró que tan estrecha es su labor con la organización política que ha visitado 20 regiones del país en el último mes. Se pasó de vivo el bebito fiufiu.

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Pasó en el Perú | Lambayeque. El Tribunal Constitucional declaró nulas las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien fue procesado por corrupción.

En la misma sentencia, el TC ordena que el Poder Judicial emita un nuevo fallo observando los fundamentos considerados contenidos en su evaluación.

Humberto Acuña fue condenado en el 2019 a tres años de cárcel suspendida por presuntamente haber entregado un soborno a un policía anticorrupción para que se le excluya de una investigación, informó Semanario Expresión.

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP y vayan a prisión

Pasó en el Perú | Junín. El fiscal adjunto superior especializado en Derechos Humanos, Telmo Morales solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que los militares acusados por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en los años de la violencia, reciban condena de cárcel y no se beneficien con la reciente Ley de Amnistía.

“El tribunal debe inaplicar la amnistía, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con la Convención Americana”, sostuvo el fiscal, quien oralizó su pedido de 25 años de cárcel para 8 altos oficiales del ejército.

Los acusados son Manuel Juan Dillerva Chávez, Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel y Roboan David Jaime Sobrevilla, quienes fueron responsables de la Tercera Brigada de Infantería de Huancayo, entre 1989 y 1992.

Otros imputados se encuentran como ausente (Manuel Jesús Delgado Rojas), reo contumaz (Luis Augusto Pérez Documet) o con el proceso reservado (Elías Fernando Espinoza del Valle).

El tribunal dictará sentencia de este caso aproximadamente a fines de setiembre o en octubre, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal

Pasó en el Perú | Ayacucho. La provincia de Parinacochas acató un paro cívico de 24 horas en Coracora, convocado por uno de los Frentes de Defensa. La medida fue respaldada por el SITRAMUN, comisiones de regantes y organizaciones sociales en rechazo a la gestión del alcalde Yony Reyes Anampa.

Durante la jornada se realizó una asamblea en la pérgola de Coracora con participación de dirigentes y pobladores. Allí se denunciaron obras paralizadas, deficiencias en servicios básicos y presuntas irregularidades en el manejo municipal.

El regidor José López Puchuri señaló que la protesta fue pacífica y criticó la falta de rendición de cuentas. También denunció compras de materiales a sobreprecio y pidió la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

Algunos pobladores plantearon la vacancia del alcalde y los dirigentes advirtieron nuevas medidas si no se atienden los reclamos. El paro concluyó sin incidentes, pero evidenció el malestar ciudadano contra la actual gestión municipal, afirmó. Jornada.

Puno: Comunidad Nojonunta-San Gabán, denuncia invasión violenta de pobladores de Camanti-Cusco

Pasó en el Perú | Puno. Francisco Izquierdo Jiménez, presidente de la Comunidad Campesina de Nojonunta en San Gabán, provincia de Carabaya, denuncia intentos de invasión por pobladores de los distritos de Camanti y Quispicanchi del Cusco. La controversia territorial abarca 27 mil hectáreas disputadas entre ambas regiones desde el 2024.

Los invasores pertenecen aparentemente a la organización «Asociación de Agricultores Alto San Lorenzo de Quincemil». La comunidad puneña cuenta con 346 comuneros empadronados y reconocimiento oficial mediante Resolución Directoral N.º 000786-217-GRPUNO/DRA desde 2017.

«Nosotros no estamos acentuados recién desde el 2024, estamos desde el 2002», declaró Jiménez sobre la presencia histórica de su comunidad. Los pobladores gestionaron infraestructura, incluyendo carreteras y mejoras vecinales durante más de dos décadas, mismas que ahora pretenden ser despojadas por autoridades del Cusco.

Durante julio y noviembre del año pasado ocurrieron los primeros encuentros entre ambas comunidades. Los invasores solicitaron libre transitabilidad, pero «han maltratado viviendas, sacado plantaciones y quemado carpas» según testimonio del presidente de la comunidad, informó Pachamama Radio.

Cusco: La leche de mamá es el verdadero oro líquido que salva vidas

Pasó en el Perú | Cusco. Esta semana celebramos la Semana de la Lactancia Materna. Por eso se recomienda a todas las mamás dar lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Personal de salud realizó un pasacalle recordando que: “Ya no hay excusa”. Ahora incluso se enseña a las mamás a crear su propio banco de leche en casa, para que sus bebés no dejen de recibir este alimento vital.

El Banco de Leche y el servicio de neonatología de Cusco trabajan arduamente enseñando técnicas de extracción y conservación de la leche materna. Así, aunque las madres trabajen, pueden garantizar alimento seguro y natural para sus hijos.

Frente a casos reportados recientemente de papillas y fórmulas lácteas contaminadas con plomo, la lactancia se vuelve aún más importante: es natural, nutritiva y fortalece el vínculo entre madre e hijo. Así se vive la Semana de la Lactancia en Cusco: recordando que lo mejor siempre viene de mamá, informó CuscoPost.

Arequipa: Territorio de la región Arequipa está expuesto a incendios forestales

Pasó en el Perú | Arequipa. La región Arequipa enfrenta un nivel de riesgo muy alto de incendios forestales, con el 25% de su territorio bajo condiciones propicias para su ocurrencia.

Un incendio se mantiene activo en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, donde personal de seguridad y pobladores realizan labores de control.

El Senamhi emitió una alerta por condiciones atmosféricas críticas desde el 29 al 31 de agosto, con nivel extremo en varias provincias, debido a la ausencia de lluvias, baja humedad y aumento de temperaturas.

Las autoridades recomiendan evitar quemas, apagar completamente fogatas y no intervenir sin equipos de protección. El COER monitorea la situación de manera constante, informó El Búho.

Loreto: Convocan concurso literario amazónico

Pasó en el Perú | Loreto. El gerente del Subcafae de Educación, Gerber Hugo Hidalgo Arbildo, anunció la convocatoria a los Juegos Florales “José Barletti Pascual”, certamen regional que se desarrollará entre agosto y diciembre en Loreto.

El concurso busca promover la creación literaria y artística con enfoque amazónico, a través de las disciplinas de ensayo pedagógico, cuento, poesía, novela corta, canto y artes plásticas.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 24 de octubre y serán evaluados en noviembre por un jurado especializado. Los premios oscilan entre S/ 2,000 y S/ 3,500 para los ganadores de cada categoría.

Hidalgo invitó a docentes, auxiliares, administrativos y jubilados del sector educación a participar, destacando que esta iniciativa busca fortalecer la identidad regional y revalorar la labor de los educadores en la Amazonía, informó ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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– Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia
– Caso cocteles directo al archivo
– Cosas que solo pasan en el Perú
– Conexión regional: Otra acuñada, inseguridad en Cusco y NO a la impunidad en Ayacucho

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El video Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

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El Colegio Médico del Perú (CMP) alertó sobre el incremento de casos de ejercicio ilegal de la medicina en Piura, advirtiendo que esta práctica representa un grave riesgo para la salud y la vida de los pacientes.

Alexander Castillo, asesor legal del CMP, informó que hasta la fecha se han registrado cinco denuncias en la región contra personas que, sin ser médicos cirujanos, realizan procedimientos exclusivos de esta profesión.

“Estamos frente a un problema de salud pública que afecta directamente la integridad de los pacientes. Existen personas que, sin contar con título profesional ni colegiatura, se arrogan competencias médicas y realizan procedimientos que les están prohibidos”, señaló Castillo.

Casos en Piura

El abogado comentó que en Piura se han registrado casos de obstetras que practican ecografías, una cirujana dentista que ofrece tratamientos faciales —a pesar de que la ley establece que son actos exclusivos del médico cirujano— y personas que fingen ser estudiantes de medicina para atender pacientes. También se ha detectado la falsificación de sellos médicos para avalar procedimientos ilegales.

“Nos han llegado diversos reportes de casos que se originan aquí en Piura. De hecho, estamos desplegando acciones junto con las instituciones para interponer denuncias penales. Hasta el momento tenemos cinco casos registrados en la región”, sostuvo.

Un delito sancionado por ley

Castillo recordó que el ejercicio ilegal de la medicina está tipificado en el artículo 290 del Código Penal, lo que contempla sanciones para quienes simulan ser médicos.

Además, advirtió que estas prácticas también pueden derivar en sanciones administrativas por parte de instituciones como Indecopi o Susalud.

“El artículo 290 busca sancionar penalmente a quienes simulan ser médicos y realizan procedimientos exclusivos del médico cirujano. Asimismo, aquellos actos que fomentan la práctica ilegal de la medicina son perseguidos mediante procedimientos administrativos sancionadores”, explicó.

Para enfrentar esta problemática, el CMP puso a disposición de la ciudadanía la plataforma “Reporte el ejercicio ilegal de la medicina”, que permite denunciar casos sospechosos y coordinar con la Policía Nacional, el Ministerio Público y Susalud.

Finalmente, el asesor legal aseguró que el Colegio Médico continuará trabajando de la mano con las autoridades para frenar estas prácticas.

“La sociedad debe conocer los riesgos graves que enfrentamos. Nuestro llamado es a denunciar cualquier hecho de ejercicio ilegal de la medicina”, subrayó Castillo.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura

La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa pública militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa”, ubicada en el distrito de Jesús, Cajamarca. Esta construcción, que representa una inversión superior a S/ 46 millones, presenta pagos indebidos y deficiencias técnicas que podrían generar riesgos financieros y estructurales para el Estado.

Partidas no ejecutadas fueron valorizadas y pagadas

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.° 032-2025-OCI/5336-SCC, emitido tras la evaluación realizada entre el 21 y 30 de julio de 2025, se detectó que el contratista valorizó y cobró partidas como “eliminación de material excedente” y “esparcido de material de excavación”, a pesar de no haberlas ejecutado. Esta situación podría provocar un perjuicio económico si esas partidas vuelven a ser incluidas en el expediente técnico del saldo de obra, actualmente en proceso de resolución contractual.

Deficiencias estructurales en la construcción

El informe también señala fallas constructivas graves, como la presencia de cangrejeras (grietas o vacíos) en viguetas, placas, escaleras, vigas y columnas. Asimismo, se reportaron manchas blanquecinas en muros y techos tarrajeados, lo que refleja un deficiente control de calidad en la obra.

Estas deficiencias constituyen un incumplimiento del contrato y son causales para la aplicación de penalidades al contratista.

Incumplimiento de pagos a personal y proveedores

Otro hallazgo relevante es el incumplimiento de pagos por parte del contratista al personal técnico, de apoyo y administrativo, así como a proveedores de servicios, como el alquiler de maquinaria. Esta situación también amerita sanciones según los términos contractuales.

Posible omisión en la aplicación de penalidades

La Contraloría alertó además sobre el riesgo de que el Gobierno Regional no aplique correctamente las penalidades, si no sigue el procedimiento establecido en el contrato. Esto pone en peligro la posibilidad de recuperar los fondos públicos comprometidos.

Acciones correctivas en curso

El informe de control ha sido notificado al titular del Gobierno Regional de Cajamarca, con el fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El documento completo está disponible en el Buscador de Informes de Servicios de Control de la Contraloría.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

El 28 de agosto de 2025, el corresponsal de Inforegión, Manuel Calloquispe, recibió un mensaje de audio vía WhatsApp en el que lo amenazan de muerte si continúa publicando sobre las mafias de la minería ilegal en Madre de Dios. La advertencia se relaciona con sus recientes investigaciones en La Pampa, uno de los epicentros de la minería ilegal en el país.

Según relató Calloquispe al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la voz del audio correspondería a Alver Carranza Fernández, identificado como integrante del grupo criminal “Los Guardianes de la Trocha”, liderado por Edison Fernández Pérez, alias “Chili”.

Un emisario con amplio prontuario

Carranza Fernández no es un desconocido para las autoridades. Registra denuncias en distintas fiscalías por delitos de secuestro, robo y asesinato. En el audio enviado desde el número 933 327 446, no solo se amenaza con matar al periodista, sino que también se mencionan datos personales de sus familiares, lo que agrava la situación.

El mensaje exigía expresamente que Calloquispe dejara de informar sobre alias “Chili”, señalado como el cabecilla que controla el cobro de cupos y las extorsiones que aseguran la “protección” de mineros ilegales en La Pampa.

Denuncias sin respuesta

El periodista aseguró haber informado sobre estas amenazas a la policía local, al gobierno regional y al congresista que representa a Madre de Dios en Lima. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta ni medidas concretas de protección.

Esta situación evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de quienes investigan actividades ilegales en la Amazonía peruana, donde la minería ilegal se ha consolidado como un negocio controlado por organizaciones criminales.

Exigen acción inmediata

Frente a estos hechos, el Instituto Prensa y Sociedad denunció las amenazas contra Calloquispe y demandó una acción urgente de las autoridades. “El IPYS denuncia las amenazas contra Calloquispe y exige a la policía y demás autoridades inmediata atención a lo ocurrido con el fin de proteger la seguridad del periodista”, señaló la organización.

El caso se suma a una preocupante lista de ataques contra periodistas en la región, donde ejercer el periodismo de investigación significa, en muchos casos, poner la vida en riesgo.

Estas son las investigaciones de Calloquispe sobre «Los Guardianes de la Trocha»:

1. «Chili», el presunto nuevo líder de la minería ilegal en Madre de Dios vinculado a recientes crímenes. Accede aquí.

2. La Pampa: Megaoperativo expone disputa sangrienta de Los Guardianes de la Trocha y hallazgo de armas, dinero y chalecos de la PNP. Accede aquí.

3. Madre de Dios: Encuentran cuatro cadáveres en La Pampa, zona tomada por la minería ilegal. Accede aquí.

4. Madre de Dios: Encuentran quinto cadáver en La Pampa, zona de minería ilegal, y temen más víctimas. Accede aquí.

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El exjefe de la VI Región Policial de Junín, el general Gregorio Villalón Trillo, pagó 20 mil dólares a la presunta red criminal liderada por el exministro del Interior Juan José Santivañez para evitar su pase al retiro a fines del 2024 y mantenerse en actividad. Así lo revela la Resolución Judicial que autorizó a la Fiscalía el allanamiento a su vivienda, vehículos y el levantamiento de sus secretos bancario y de comunicaciones.

De acuerdo con la decisión judicial, a fines de diciembre de 2024, en una reunión en el estudio jurídico del abogado Percy Tenorio Gamonal, allegado a Santivañez, se decidía qué generales serían invitados a retiro y quiénes permanecerían en la institución.

En dicha reunión, el operador de la presunta red, Marco Antonio Palacios Meza, recibió una llamada de Santivañez. En altavoz, el entonces ministro del Interior preguntó: “¿Villanueva o Villalón?”, en referencia a cuál de los generales, David Villanueva Yana o Gregorio Villalón Trillo, debía continuar en actividad.

Percy Tenorio intervino en la llamada y recomendó a Villalón, argumentando que era de su promoción en la PNP y que podía apoyarlos en las actividades ilícitas de la red criminal. Santivañez aceptó la propuesta, pero solicitó a través de Tenorio el pago de 20 mil dólares.

“(…) en una reunión en el estudio jurídico ‘Tenorio’, en el contexto de la decisión de los generales que pasaban al retiro y los que continuaban en actividad, Marco Palacios Meza recibe la llamada de Juan José Santivañez Antúnez (…) intervino en la llamada en altavoz Percy Alberto Tenorio Gamonal indicándole a Juan José Santivañez Antúnez que tenía que permanecer en calidad de general Gregorio Martín Villalón Trillo (…) Para efectos de la permanencia (…) este último pagó la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares) a Juan José Santivañez Antúnez (…)”, indica el testimonio del colaborador eficaz consignado en el documento judicial.

 

Por este hecho, la Fiscalía le imputa a Santivañez el delito de cohecho pasivo propio, por solicitar y recibir un beneficio indebido a cambio de mantener en el cargo a un general.

Villalón también cobró coima

La imputación fiscal indica que el general Gregorio Villalón, aprovechando su cargo como director de Medio Ambiente de la PNP, habría organizado y ejecutado un operativo policial ilegítimo para recuperar la mina El Dorado, en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi, a cambio de una contraprestación económica.

El abogado Percy Tenorio le habría solicitado a Villalón organizar un operativo de fiscalización ambiental para desalojar a mineros informales que ocupaban la concesión de Parodi, con conocimiento de Santiváñez, y también recibió parte de los sobornos.

“Parte de los $60,000 (sesenta mil dólares) lo repartió con Gregorio Martín Villalón Trillo, a quien le hizo entrega en un sobre manila la suma de $20,000 (veinte mil dólares) en las oficinas del Medio Ambiente ubicadas en Av. Las Artes Norte N.º 210, San Borja – Lima (…). Aunado a ello: (…) Percy Tenorio Gamonal mencionaba que correspondía ser entregados parte de los $100,000 (cien mil dólares) de forma efectiva a [entre otros] (…) Gregorio Martín Villalón Trillo (…)”, narra el colaborador eficaz.

 

El testigo clave también señaló que el 19 de diciembre de 2024, Villalón dispuso que 15 efectivos policiales en tres camionetas se desplazaran a la mina en Ayacucho para ejecutar el operativo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputa a Villalón el delito de cohecho pasivo impropio, que se configura al recibir un beneficio económico por actuar u omitir actos inherentes a su cargo, en este caso organizar el operativo, además del delito de organización criminal.

Relación con Vladimir Cerrón

Según testimonios recogidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gregorio Villalón Trillo figura entre los generales señalados de haber colaborado en la presunta fuga de Vladimir Cerrón en enero de 2024, del condominio Mikonos, de las playas de Asia, en Lima, justo cuando ocurría una operación policial para capturar al prófugo líder de Perú Libre.

El exjefe de la DINI, Roger Aristan (ya fallecido), señaló en dicha comisión que “desde la Policía se filtró información sobre los operativos de captura”, lo que permitió que Cerrón fuera trasladado del condominio Mikonos, en el balneario de Asia.

Incluso el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, reconoció públicamente que “hubo fuga de datos internos” antes del allanamiento en la zona, lo que frustró hallar a Carrón.

Esta huida de Cerrón se conoce como el Caso Cofre, porque para ello se habría usado el vehículo presidencial, destinado al uso de la mandataria Dina Boluarte; hecho que también es investigado por la Fiscalía, aunque paralizado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional, hasta el final de su mandato.

En su momento, el general Gregorio Villalón Trillo negó estar involucrado en esta filtración de información.

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La detención de Gino Larico (23), alias “El Frío”, y Lorena Cuadros (24), alias “La Chily”, acusados por la Fiscalía de haber participado en el presunto homicidio de Royer Paúl Huallpa Mamani, joven de 25 años reportado como desaparecido desde hace varios días.

De acuerdo con las diligencias policiales, el joven fue visto por última vez cuando libaba licor en una vivienda del sector Torococha. Sin embargo, después de aquella reunión no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Durante el registro del inmueble, agentes de la Policía hallaron rastros de sangre en distintos ambientes, lo que encendió las alarmas sobre un posible hecho violento. Posteriormente, las pruebas de luminol arrojaron resultados positivos en las manos y prendas de los detenidos, lo que motivó al Ministerio Público a solicitar su detención inmediata con autorización judicial.

Asimismo, se conoció que la madre de uno de los implicados también dio positivo a la prueba de luminol en sus manos, lo que abre la posibilidad de que sea incluida en la investigación y afrontaría una eventual detención en las próximas horas.

Padre de la víctima exige justicia

En medio del dolor e incertidumbre, Roger Huallpa, padre del joven desaparecido, pidió públicamente que se dicte prisión preventiva contra los detenidos, exigiendo además que confiesen qué ocurrió realmente con su hijo. “Todo indica que mi hijo fue atacado violentamente. No descansaré hasta conocer la verdad”, manifestó entre lágrimas.

Hasta el cierre de esta nota, el paradero de Royer Paúl Huallpa sigue siendo desconocido, mientras la Policía y la Fiscalía intensifican las investigaciones para esclarecer el caso que ha conmocionado a la población de Juliaca.

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Sergio Eber Carbajal Pérez, alcalde del distrito de Pichacani-Laraqueri, denuncia el derrame de más de 10,000 galones de hidrocarburos en el río Loripongo. El accidente ocurrió hace más de 9 días sin acciones efectivas de las autoridades competentes para contener la contaminación masiva.

El siniestro involucra a la empresa transportista MC Transportes S.R.L. tras la volcadura del camión cisterna de placas VOW-749/VEW-999. El accidente sucedió en el kilómetro 53 de la carretera Puno-Moquegua afectando inicialmente 92 metros cuadrados de suelo agrícola y pastizales naturales.

«La gravedad de esta contaminación es grande«, declaró Carbajal sobre el impacto ambiental. Los hidrocarburos afectan flora, fauna silvestre y animales domésticos que las familias crían a lo largo de la cuenca del río Loripongo que se encuentra totalmente contaminado.

La OEFA dictó medidas correctivas otorgando 15 días para la remediación ambiental. Sin embargo, «no se está trabajando a ese nivel de contaminación» que realmente está ocurriendo según el burgomaestre puneño preocupado por la magnitud del desastre ecológico.

La municipalidad distrital remitió informes de Defensa Civil y el área técnica municipal a OEFA y fiscalía. No obstante, «están tomando pasos muy lentos» sobre este hecho que requiere intervención inmediata para evitar mayor propagación de la contaminación fluvial.

Más de 40 familias resultan directamente afectadas por el derrame que se extiende aguas abajo del río Loripongo. Los hidrocarburos se están trasladando prácticamente hacia otros sectores incluyendo la cuenca del río Ilave según autoridades locales.

El derrame «podría convertirse en problemática regional» al amenazar con llegar al río Ilave y posteriormente al lago Titicaca. La contaminación se extiende sin barreras de control efectivas pese a las medidas dictadas por organismos ambientales competentes.

La empresa responsable implementa acciones bastante minúsculas de remediación según el alcalde. MC Transportes S.R.L. no adopta medidas oportunas para contener el derrame que afecta suelos a lo largo de toda la cuenca del río Loripongo.

Los hidrocarburos contaminan directamente el suelo y cuerpo de agua del río Loripongo extendiéndose sin control hacia otras zonas. El daño afecta prácticamente toda la cuenca requiriendo acciones de remediación efectivas a lo largo del sistema hídrico.

Las autoridades presentaron denuncias contra la transportista por no contener oportunamente el derrame de diésel. La policía investiga la negligencia de la empresa que debe asumir responsabilidad total por el desastre ambiental ocurrido en territorio puneño.

El tramo afectado incluye ríos Yaurajahui, Ilave y Loripongo con riesgo de extenderse hacia el lago Titicaca. La contaminación representa grave amenaza para el ecosistema. Carbajal confirma que «es grande el grado de contaminación» que podría ingresar al lago Titicaca si no se toman medidas drásticas. Las acciones de remediación resultan insuficientes para la magnitud del daño ambiental causado por la empresa transportista irresponsable.

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El exgerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Wilso Rodríguez Vásquez, rechazó las acusaciones en su contra luego de ser detenido en flagrancia junto a dos funcionarios por presuntamente consumir bebidas alcohólicas en una camioneta que figura a nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Yo he sido objeto de una patraña. Está demostrado que no hemos hecho mal uso del vehículo ni hemos ingerido bebidas alcohólicas”, manifestó Rodríguez.

Cronología de los hechos

Rodríguez explicó que la intervención policial ocurrió luego de su hora de refrigerio, cuando se desplazaba en la camioneta junto a los funcionarios. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo al mediodía, en la cuadra 12 de la avenida Ricardo Palma, en la urbanización El Bosque. El dosaje etílico se practicó en la DIVINCRI recién a las 4 de la tarde.

Según indicó, lo inusual fue que se le practicó un examen de orina en lugar del análisis de sangre, como suele aplicarse en estos casos: “La policía indicó que sería de orina y no de sangre”. El documento del dosaje etílico presentado por la exautoridad demostró resultados negativos, descartando el consumo de alcohol tanto en él como en los dos trabajadores que lo acompañaban.

Destitución de Rodríguez

El alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, comunicó de manera inmediata que retiraba la confianza al gerente del Segat y le solicitó que finalice con la entrega del cargo. “En aras de nuestra legítima transparencia, esperamos que brinde todas las garantías para que los procesos que tiene vigentes concluyan como corresponden”, señaló la autoridad edil.

Esta medida se formalizó a través de la Resolución de Alcaldía N.° 638-2025-MPT, donde se indica que en las próximas horas se designará al nuevo responsable.

Agradece a Mario Reyna

Wilso Rodríguez, expresó su agradecimiento al alcalde Mario Reyna quien le retiró la confianza: “Mi respeto al alcalde. La lealtad y agradecimiento siempre está ahí”.

Finalmente, aseguró estar dispuesto a continuar colaborando con la ciudad. “Estoy presto en cualquier momento a servir a Trujillo”, afirmó.

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