Estudiantes sorprenden en desfile escolar con mensaje contra la delincuencia. Los estudiantes de nivel primario del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de El Agustino sorprendieron a las autoridades durante el desfile escolar con una emotiva presentación en la que alzaron su voz contra la delincuencia que continúa azotando al país.

A ritmo de la emblemática canción “Flor de Retama” —criticada por algunos sectores que la asocian erróneamente con una apología al terrorismo— los niños reivindicaron el mensaje original de la composición, que refleja el sufrimiento del pueblo durante los años de violencia en los años 80. En esta ocasión, adaptaron la letra al contexto actual, en el que la delincuencia sigue atemorizando a la población.

Con su participación, los escolares hicieron un llamado de atención a las autoridades y a la ciudadanía para no rendirse ni guardar silencio ante este problema, justo en la antesala de las celebraciones por Fiestas Patrias.

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El video ¡ALZAN LA VOZ! | Escolares cantan “Flor de Retama” contra la delincuencia y el abandono del Gobierno se publicó en YouTube en este enlace

AGENDA REGIONAL | El abogado David Velasco señaló que, al haber suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano tiene el deber de cumplir con las decisiones emitidas por la Corte IDH. Y con los tratados internacionales.

No obstante, advirtió que esta administración “es la primera en ignorar de forma abierta dichos compromisos”, tras la reciente aprobación de la ley de amnistía.

Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=qrMBHwsm3os&t=1s

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El video ¡NOS DEJA MAL PARADOS! | Este Gobierno sienta mal precedente al desacatar tratados internacionales se publicó en YouTube en este enlace

El Centro de Salud Peruarbo, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa, amplió su horario de atención de 12 a 24 horas debido a la creciente demanda de servicios médicos por parte de la población. Así lo confirmó el gerente regional de Salud, Walther Oporto, quien afirmó que la medida responde a una necesidad urgente de los vecinos del sector, aunque reconoció que en el establecimiento existen deficiencias. 

“Estamos trabajando gradualmente para que podamos solucionar estos problemas. Actualmente, tenemos nuevos trabajadores, como catorce personas que hemos puesto, que trabajan desde el viernes pasado (18 de julio)”, indicó Oporto, descartando que este reciente cambio sea de falsas expectativas para la población. 

La reciente incorporación de personal incluye médicos, enfermeros, obstetras, técnicos y biólogos, distribuidos en las áreas respectivas del establecimiento. No obstante, Oporto admitió que la renuncia de un médico generó complicaciones en la cobertura del área de medicina, y que hay carencias en seguridad y limpieza, debido a la falta de personal para esas labores. 

Para solución a esta deficiencia, Oporto señaló que para el mes de agosto deben implementar más personal a dichas áreas. Por otro lado, los vecinos de Peruarbo expresaron su preocupación por la ausencia de ambulancias en el centro de salud, un elemento necesario para la atención de emergencias. 

Ante este cuestionamiento, el galeno explicó que el Estado no destina recursos suficientes. Cabe precisar que el Gobierno Regional de Arequipa tiene programada una próxima entrega de 21 ambulancias a distintos establecimientos de salud de la región, pero ninguna ha sido asignada al centro de Peruarbo. 

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¿Acuña el estudioso? | El gobernador de La Libertad, César Acuña, acabó como blanco de burlas en redes sociales tras una reciente entrevista con el streamer Cristorata.

El líder de APP aseguró ser un buen lector y un amante de las matemáticas, pero no tuvo más remedio que reír incómodamente cuando le preguntaron cuánto es 7 x 8.

Tras lo ocurrido, Martín Vizcarra le lanzó una indirecta, y varios usuarios parodiaron el momento, que se suma a otras recordadas metidas de pata de Acuña.

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El video DESATA BURLAS OTRA VEZ | César Acuña se quedó frío con una pregunta fácil y las redes no lo perdonan se publicó en YouTube en este enlace

La escandalosa intromisión del gobierno de Donald Trump en la institucionalidad brasileña con el anuncio de imponer aranceles del 50% a las exportaciones de ese país el 9 de julio, dos días después de la culminación de la XVII Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, se inscribe en la estrategia de Estados Unidos de recuperar su presencia perdida en la región y desplazar la de China a como dé lugar.

Así lo expresó el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, ante el Congreso de Estados Unidos, en febrero: “La región [de América Latina y el Caribe] se encuentra en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo. China ataca los intereses estadounidenses desde todas las direcciones, en todos los ámbitos (…) Washington debe responder a la presencia con presencia”. 

En su afán por lograr que su aliado Jair Bolsonaro participe en las elecciones presidenciales de 2026, Donald Trump ha logrado reforzar la imagen del presidente Lula. Sus contundentes respuestas a Trump ante la utilización de los aranceles como arma para que se le otorgue inmunidad al ex Presidente Jair Bolsonaro —tema que le compete al Congreso— han logrado el efecto contrario. El viernes el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, impuso medidas cautelares a Bolsonaro que lo mantendrán bajo libertad restringida. En represalia, Trump ordenó la revocación de visas para el magistrado y sus aliados en el Tribunal, así como para sus familiares directos.

La intromisión

Resulta obvio que para el gobierno estadounidense presidentes como Milei, Bolsonaro o Santiago Peña, de Paraguay, resultan aliados clave para recuperar su alicaída hegemonía en la región.

El problema para Bolsonaro es que, además de estar inhabilitado como candidato por el Tribunal Electoral de Brasil por sus intentos de socavar el proceso electoral democrático en las elecciones presidenciales de 2022, los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron por unanimidad, en marzo, investigar al ex Presidente y a siete de sus aliados por tentativa de golpe de Estado en 2022, al acoger la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta pidió la condena de Bolsonaro por los crímenes de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada dedicada a desacreditar el sistema electoral. Asimismo, por incitar ataques a las instituciones democráticas y articular medidas excepcionales. 

Si bien Bolsonaro negó las principales acusaciones, el 27 de junio, la causa penal que investiga la participación del núcleo político y operativo en la conspiración golpista para mantener a Bolsonaro en el poder avanzó a la fase final en el STF. El magistrado Alexandre de Moraes, ponente del caso, concluyó la fase probatoria y ordenó la apertura de los alegatos finales antes del juicio. Bolsonaro podría tener una pena de cárcel de hasta 43 años. 

Entretanto, Brasil, al igual que la mayoría de los países a los que Trump impuso aranceles a sus exportaciones el 2 de abril, denominado por él como Día de la Liberación, inició un proceso de negociaciones bilaterales. Esto se hizo bajo el supuesto de que los aranceles serían del 10%, salvo los del acero y aluminio que serían de 25%, conforme se había anunciado. El 16 de mayo Brasil envió una propuesta por la vía diplomática que se respondió el 9 de julio, en un mensaje que Trump posteó en la red Truth Social, donde anunció el 50% de los aranceles a todas las exportaciones brasileñas, vigentes a partir del 1° de agosto. El arancel se vinculó con el juicio en curso contra Bolsonaro, al que calificó como una “caza de brujas que debe terminar inmediatamente”, porque constituye una “vergüenza internacional”. 

Además, el presidente estadounidense impuso aranceles debido “a los ataques insidiosos de Brasil al derecho fundamental a la libertad de expresión de los estadounidenses (como lo ilustró recientemente la Corte Suprema de Brasil, que emitió cientos de órdenes de censura secretas e ilegales a las plataformas de redes sociales de Estados Unidos, amenazándolas con millones de dólares en multas y el desalojo del mercado de redes sociales brasileño)”. Al respecto, el presidente Lula ha señalado que Brasil no cederá a la presión de la Casa Blanca para flexibilizar la regulación y los impuestos a las plataformas de redes sociales en el país. En un discurso televisado a nivel nacional, Lula reforzó esta postura: «La defensa de nuestra soberanía también se aplica a las operaciones de plataformas digitales extranjeras en Brasil. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras deben cumplir con las normas».

La carta de Trump también justificó los aranceles alegando una “relación comercial de larga data y muy injusta con Brasil”, pues genera “déficits comerciales insostenibles para Estados Unidos” y que “la cifra del 50% es mucho menor de lo necesario para lograr la igualdad de condiciones”. Esto es falso. Estados Unidos mantiene un superávit comercial constante con Brasil, con exportaciones estadounidenses que superaron las importaciones en 7.400 millones de dólares en 2024. Desde el 2009, la balanza comercial terminó favorable a Estados Unidos.

La reacción de Lula fue inmediata y dijo que “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no se dejará dominar por nadie” y anunció que evaluaría la imposición de aranceles recíprocos contra Estados Unidos, a pesar de que, en el texto de la carta, Trump señaló que, si Brasil imponía aranceles, esa cifra sería adicionada al 50%. 

Los cómplices de Trump

Horas antes de que Trump publicara la carta con la imposición de aranceles, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó una «moción de alabanza y regocijo» para el presidente Trump, presentada por el líder del Partido Liberal en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante. Según el congresista, el presidente estadounidense «debe ser elogiado y recordado como uno de los mejores presidentes del mundo y un ejemplo a seguir para la implementación y el mantenimiento de una democracia moderna y justa». Por otro lado, el presidente de dicha Comisión, Filipe Barros, también del Partido Liberal de Bolsonaro, declaró que “Lula está provocando repetidamente al gobierno estadounidense al alinearse con los países del llamado eje del mal”.

Antes del anuncio de Trump sobre los aranceles el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, había señalado, en declaraciones a la CNN, que esperaba sanciones estadounidenses contra el magistrado del STF, Alexandre de Moraes. «Esto es lo que siempre he buscado aquí en Estados Unidos, ya que no hay herramientas disponibles en Brasil”. El hijo de Bolsonaro está en Estados Unidos desde marzo participando en reuniones con legisladores republicanos para lograr que la administración Trump implemente medidas contra el STF y el gobierno de Lula como represalia al juicio que enfrenta su padre en Brasil. 

El miércoles 16, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) anunció una investigación contra Brasil a pedido del presidente Trump sobre los servicios de comercio digital y pagos electrónicos. Estos se refieren al sistema PIX, nombre del sistema de pagos instantáneos de Brasil. Lula ha señalado que el PIX es patrimonio del pueblo brasileño y que no aceptarán ataques. “Tenemos uno de los sistemas de pago más avanzados del mundo y lo vamos a proteger”, manifestó Lula. Sucede que en Brasil el 35% del consumo es con tarjetas de crédito y el PIX amenaza ese mercado al no tener comisiones. El PIX ha expandido la bancarización. Sesenta millones de brasileros que no tienen tarjeta de crédito hoy tienen PIX.

El jueves 17 Trump escaló el conflicto y envió una carta pública a Bolsonaro en la que señala haber visto “el trato atroz que recibe a manos de un sistema injusto que lo perjudica”. Y que estaba “profundamente preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno”. Dijo que esperaba sinceramente que “el gobierno brasileño cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura” y que estará “observando atentamente”. 

Ese mismo día, el Washington Post publicó un reportaje en el que denunciaba que el diputado Eduardo Bolsonaro trabaja con miembros del gobierno de Trump para imponer sanciones contra el magistrado Alexandre de Moraes, pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ligada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se rehúsa a instrumentar la medida porque perjudicaría la credibilidad de Estados Unidos en la promoción de la democracia al sancionar a un miembro de una Corte Suprema extranjera solo por discrepar de las decisiones que esta toma. 

Eduardo Bolsonaro, quien lleva meses promoviendo acciones contra Brasil desde Estados Unidos, donde reside desde marzo, es el articulador de la familia con Donald Trump. El hijo de Bolsonaro ha defendido los aranceles del 50%. Y dice que son la respuesta a los abusos del magistrado De Moraes y a la ruptura del gobierno de Lula con “los valores del mundo libre”. La licencia de su trabajo como diputado en el Congreso vence esta semana y si no retorna a Brasil, podría perder el cargo.

Defensa de la soberanía

En respuesta a los aranceles anunciados por Donald Trump, el lunes 14 el presidente del STF, Luis Roberto Barroso, dijo que la postura de Trump se basada en una «comprensión imprecisa de los hechos». Afirmó que «en el Brasil de hoy, no se persigue a nadie». Barroso repasó intentos históricos de ruptura institucional en el país. Señaló que desde 2019 se han registrado nuevas amenazas a la democracia, incluyendo intentos de atentados con bombas, presión sobre magistrados del STF y campamentos frente a cuarteles pidiendo la deposición del presidente electo. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro incluía un plan para asesinar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.

Barroso subrayó que las acciones penales en curso observan estrictamente el debido proceso legal y se desarrollan con absoluta transparencia; son públicas y televisadas y, si hay pruebas, los responsables serán sancionados y, si no las hay, serán absueltos. Asimismo, negó que exista censura en Brasil y defendió la libertad de expresión. En cuanto a las plataformas digitales, señaló que el tribunal ha adoptado una solución «moderada», menos rigurosa que la europea, que preserva las libertades de expresión, prensa y empresa, y respeta los valores constitucionales.

El mismo día de la carta presentada por Barroso, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió al STF condenar a Bolsonaro por los crímenes de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho democrático y organización criminal. La fecha del juicio aún no se ha fijado.

El jueves 18, Trump envió la carta ya mencionada a Bolsonaro. Allí señala el terrible tratamiento que está recibiendo de manos de un sistema injusto volcado contra él. Ello dio lugar a que, horas más tarde, el presidente Lula pronunciara un contundente mensaje a la nación. En él calificó a los políticos brasileños que apoyan las medidas tomadas por el presidente estadounidense de “verdaderos traidores a la patria”. Asimismo, que los aranceles de Trump “son un chantaje inaceptable en forma de amenaza a las instituciones brasileñas, con información falsa sobre nuestro comercio bilateral. Y que pretender influir en los organismos judiciales es un atentado a la soberanía del país.
Jaqueados 

El viernes 18, el magistrado del STF, Alexandre de Moraes, impuso medidas a Bolsonaro que incluyeron el uso de tobillera electrónica. Además, la prohibición de hablar con autoridades extranjeras, del uso de redes sociales y de conversar con otros investigados y diplomáticos. Así como de la inamovilidad de su domicilio entre las 19 hs y las 6 hs. Además, su domicilio fue registrado, al igual que locales de su partido. Para el magistrado, el ex Presidente Bolsonaro confesó una tentativa de extorsión contra la Justicia brasileña al condicionar el fin del tarifazo de Donald Trump a su propia amnistía. En efecto, Jair Bolsonaro había dicho el domingo 13 que no se alegraba del tarifazo, pero que con la amnistía habría paz para la economía. El jueves 17 dijo: “Vamos a suponer que Trump quisiera la amnistía. ¿Es mucho si él lo pide?”. 

Ante los hechos sucedidos, Eduardo Bolsonaro ha señalado que el STF está desafiando al presidente Trump. Por lo tanto, “es muy muy urgente que los Estados Unidos, el país de la libertad, envíe una respuesta al régimen [de Lula] para que el modelo de censura brasileño no sea exportado a otros países”.

El gobierno brasileño se prepara para una ofensiva estadounidense. Lula ha dicho que Brasil es un país que, si el presidente Trump conociera un poco, le tendría más respeto. El presidente brasileño evalúa la posibilidad de usar la Ley de Reciprocidad Económica promulgada en abril pasado, y reglamentada este lunes 14. Esto permite al gobierno tomar medidas comerciales contra países o bloques que impongan barreras unilaterales a los productos brasileños. El uso del arma de los aranceles a las exportaciones como condicionalidad para interferir en la Justicia brasileña por parte de Estados Unidos, en combinación con la familia Bolsonaro, han evidenciado que la política injerencista de Trump no tiene límites. Han elevado el nivel de aprobación de Lula e impreso un duro golpe al bolsonarismo. 

*Esta nota ha sido publicada por la autora en su columna El mundo en foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org  y reproducida en OtraMirada.pe

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Juez de Caravelí rechazó la prisión preventiva para ocho detenidos durante las protestas mineras en Chala, Arequipa, pero impuso restricciones por nueve meses, incluyendo comparecencias mensuales, prohibición de protestar y fianzas económicas.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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El video Arequipa: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala | PASÓ EN EL PERÚ se publicó en YouTube en este enlace

Aunque se supone que es un simple monitor, es un secreto a voces que Juan José Santiváñez tiene la sartén por el mango en el gobierno de Dina Boluarte. Desde las sombras de Palacio de Gobierno, el exministroll movería los hilos del Ejecutivo, en especial los del sector Interior. Al respecto, el actual titular del Mininter, Carlos Malaver, negó que Santiváñez tenga injerencia en su cartera, aunque terminó reconociendo que hay coordinaciones con su antecesor.

Eso sí, aseguró que no se deja manejar y rechazaría cualquier intento de imposición. Incluso, enfatizó que de producirse presiones de ese tipo, renunciaría a su cargo. Lo cierto es que Malaver registra visitas al despacho de Santiváñez en los dos días anteriores a su designación como nueva cabeza del Mininter. Además, voces como las de Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, advirtieron que el exministro sigue metiendo mano en la política contra el crimen gracias al camote que le tiene Dina Boluarte. La tía cada vez cae más bajo.

Betssy Chávez causa alarma sobre su estado de salud al reaparecer en juicio tras 8 días de huelga de hambre: “Quieren mandarme a la celda de castigo”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, reapareció con un aspecto muy desmejorado en el juicio que enfrenta junto a Pedro Castillo y Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión. Visiblemente delgada, demacrada y en pijama, Betssy denunció que estaría siendo víctima de represalias dentro del penal tras haber denunciado supuestos maltratos —incluyendo agresiones físicas y hasta chantajes sexuales— por parte de la jefa de Seguridad, Elvia Córdova. Dice que ahora quieren enviarla a una celda de castigo por 45 días en total aislamiento. La directora del penal, por su parte, negó todas las acusaciones y aseguró que se trata de difamaciones. Incluso presentó un certificado médico que afirma que, al 21 de julio, Betssy se encontraba en “perfecto estado de salud”.

Chávez, sin embargo, insiste en que su prisión preventiva vulnera sus derechos fundamentales y ha presentado un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional buscando su libertad. Mientras tanto, ya suma ocho días sin comer ni una galletita. ¿Resistencia heroica o drama penitenciario?

Congresistas presentan pedido para que se retire al presidente de la JNJ

Los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña le pidieron a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, que inicie el proceso para sacar a Gino Ríos Patio de la presidencia de la institución. ¿La razón? Una sentencia firme por violencia familiar (modalidad: maltrato psicológico) contra su exesposa. O sea, el hombre que debería garantizar la ética de jueces y fiscales tiene un historial que haría sonrojar a muchos. Los legisladores, armados con los artículos 11, 13 y 18 de la Ley de la JNJ, recordaron que ya hubo un precedente similar con otro miembro separado por lo mismo.

La ironía es: la entidad que debe destituir a magistrados por faltas graves está presidida por alguien que, según la ley, ni siquiera debería estar ahí. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, hizo hincapié en la presunta omisión de parte de quienes evaluaron la postulación de Ríos Patio a la JNJ. 

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Pasó en el Perú | Arequipa. Juez de Caravelí rechazó la prisión preventiva para ocho detenidos durante las protestas mineras en Chala, Arequipa, pero impuso restricciones por nueve meses, incluyendo comparecencias mensuales, prohibición de protestar y fianzas económicas.

Aunque la Fiscalía los acusaba de extorsión y entorpecimiento de servicios públicos, el magistrado solo los vinculó con agresiones a la policía, basado en videos y testimonios.

Las manifestaciones, que bloquearon la Panamericana Sur, buscaban presionar al gobierno por la ampliación del Reinfo, pero generaron desabastecimiento y enfrentamientos con un fallecido.

Los imputados deberán cumplir las condiciones, informó El Búho.

Ayacucho: Cámara de Turismo exige que mensaje presidencial incluya medidas urgentes para el sector

Pasó en el Perú | Ayacucho. A pocos días del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte, la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho (Caretur) alzó la voz y pidió que el sector turístico sea incluido con urgencia en las prioridades del Ejecutivo. Su presidente, Alejandro Mancilla, advirtió que el turismo aún no se recupera del impacto de la pandemia y que el gobierno no ha mostrado voluntad política para revertir esta situación.

“El turismo sigue estancado. No hemos visto anuncios concretos ni inversión sostenida, y tememos que este último mensaje vuelva a ignorar al sector”, declaró Mancía. Desde Caretur insisten en que no basta con una ley recientemente aprobada si no hay presupuesto, seguridad ni promoción internacional. También remarcan la falta de planificación en regiones con gran potencial, como Ayacucho.

La preocupación no es local. En todo el país, los gremios turísticos arrastran demandas similares: conectividad deficiente, inseguridad en zonas rurales, falta de promoción del patrimonio y desinterés de las autoridades. “El turismo puede ser motor económico si se le toma en serio. Esperamos que este mensaje lo reconozca”, afirmó el representante.

Mancilla también cuestionó al Ministerio de Cultura por el deterioro de sitios arqueológicos emblemáticos como Wari, Vilcashuamán o Ushnu. Asimismo, recordó que Huamanga ni siquiera cuenta con un plan turístico provincial vigente. “Estamos a la espera de un compromiso real. Si no se anuncia ahora, ¿cuándo?”, sentenció. Jornada

Junín: Fiscalía investiga presunta corrupción en municipalidad, tras seis días de huelga de hambre de empresario arequipeño

Pasó en el Perú | Junín. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación contra la Municipalidad Distrital de El Tambo, en Huancayo, por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de instrumentos musicales para 44 instituciones educativas.

El caso estalló tras la protesta del empresario proveedor, Fredy Coarita, quien lleva seis días en huelga de hambre, encadenado en la puerta de la comuna, reclamando el pago de casi 800 mil soles por la entrega de los equipos.

El fiscal Jesús Miguel Canchanya Ríos, a cargo del caso, formalizó la investigación preliminar por siete meses y comenzó con la recopilación de documentos que le ayuden a determinar los presuntos delitos.

El Ministerio Público busca el expediente del contrato, las actas de recepción de los instrumentos, las órdenes de pago, las facturas emitidas y las comunicaciones internas entre las áreas involucradas.

El proveedor, de origen arequipeño, asegura que entregó los instrumentos hace meses, pero la municipalidad no cumple con el pago, informó Huanca York Times.

Cusco: En jornada de lucha, gremios sociales exigen acción al Gobierno y justicia energética para el sur

Pasó en el Perú | Cusco. Diversas organizaciones sindicales y sociales se movilizaron por las principales arterias de la ciudad del Cusco, exigiendo al gobierno central el inicio inmediato del gasoducto sur peruano y el acceso al gas domiciliario como derecho para las familias cusqueñas.

Juan Castillo, secretario general de la FEC, señaló que parte del reclamo es expresar su rechazo al aumento del sueldo presidencial y a la corrupción.

Asimismo, demandaron atención a proyectos regionales postergados y esperan que la presidenta Dina Boluarte incluya estos reclamos en su discurso del 28 de julio, informó CuscoPost.

Lambayeque: Capturan a seis policías por cobro de coima

Pasó en el Perú | Lambayeque. Seis agentes de la Policía Nacional del Perú fueron capturados en un operativo, dispuesto por el Juzgado de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios, investigados por el delito de cohecho pasivo propio.

De acuerdo con las investigaciones, el 14 de junio de este año, los agentes ingresaron a un inmueble para la incautación de productos  que presuntamente eran de contrabando, pese a que la propietaria de los mismos tenía la documentación respectiva. Sin embargo, estos le exigieron el pago de una coima de cinco mil soles para evitar que dieran parte a Sunat.

Es el segundo caso de policías detenidos por cobro de coima en lo que va del mes. La semana pasada dos agentes de la comisaría del Norte fueron capturados luego que pidieran un soborno de 900 soles a una persona a la que le encontraron una motocicleta reportada como robada, informó Semanario Expresión.

Loreto: Acusan a clínica de mala praxis

Pasó en el Perú | Loreto. Virginia Peñaloza Bustamante denunció haber sido víctima de mala praxis médica en la clínica Emmanuel de Iquitos, tras someterse a una abdominoplastía con lipoescultura realizada por el doctor Alex Ponce, quien, según afirmó, no sería cirujano plástico, sino pediatra. Indicó que tiene una herida abierta en el abdomen y que fue sometida a cuatro intervenciones sin mejoras en su estado de salud.

Mientras que los directivos de la clínica ofrecieron una conferencia de prensa donde el médico Alex Ponce y el gerente Jorge Luis Upiachuia, respondieron a la denuncia de Virginia Peñaloza, quien los acusa de mala praxis tras una cirugía estética. Indicaron que el procedimiento fue realizado por el cirujano plástico Vladimir Gutiérrez y que la paciente fue informada previamente de los riesgos.

Según explicaron, la complicación presentada, necrosis parcial del colgajo, es una posibilidad conocida y documentada en este tipo de intervenciones. Añadieron que en todo momento han atendido a la paciente y nunca la abandonaron, informó ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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AREQUIPA: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala
AYACUCHO: Cámara de Turismo exige que mensaje presidencial incluya medidas urgentes para el sector
JUNÍN: Fiscalía investiga presunta corrupción en municipalidad, tras seis días de huelga de hambre de empresario arequipeño
LAMBAYEQUE: Capturan a seis policías por cobro de coima
LORETO: Acusan a clínica de mala praxis

PASÓ EN EL PERÚ | Noticiero desde regiones – 22 julio 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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PIDEN AYUDA | El COER Amazonas informó que el incendio forestal que afecta al sector Tejapampa, en el distrito de Luya, provincia del mismo nombre, ha alcanzado niveles críticos y se ha vuelto incontrolable.

Las autoridades han solicitado apoyo urgente con cisternas y brigadistas. Por otro lado, un siniestro de gran magnitud, iniciado la mañana del lunes y activo por más de 24 horas, afectó al distrito de Lámud, también en la provincia de Luya, región Amazonas. Las autoridades comunicaron que lograron contener gran parte del incendio, aunque aún persisten algunos focos menores.

Las llamas arrasaron con plantaciones de pinos, eucaliptos, taya y cultivos agrícolas. Según se informó, el fuego se habría originado cuando un agricultor intentó quemar maleza dentro de una parcela.

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El video ARRASA CON TODO | Incendio forestal avanza sin control en Amazonas: piden cisternas urgente se publicó en YouTube en este enlace

– Fiscalía interviene a Defensoría por caso en la JNJ
– Confirmado: Tren de Porky era una farsa
– Cosas que solo pasan en el Perú: millones en autos de lujo en lugar de patrulleros para la PNP
– Conexión regional

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El video Fiscalía interviene a Defensoría por caso en la JNJ | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

Miembros del Ministerio Público se encuentran en la sede de la Defensoría del Pueblo en una intervención motivada por la presunta designación irregular de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a tener una sentencia firme por violencia familiar.

Según señalaron fuentes cercanas de la Defensoría a La República, representantes de la Fiscalía están interviniendo la Defensoría del Pueblo para recabar pruebas del caso de Gino Ríos, quien tiene una sentencia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico a su exesposa, lo que era un impedimento para postular a la JNJ.

Como se informó el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, asumió el cargo en enero de este año, a pesar de que tiene una sentencia condenatoria del Poder Judicial del 2011 por violencia familiar por maltrato psicológico contra su exesposa.

Sin embargo, Gino Ríos pasó la evaluación y entrevista previa, sin que este impedimento hubiera sido analizado o cuestionado seriamente durante el proceso final por parte de los miembros de la Comisión Especial liderada por Gutiérrez.

Y como se difundió en Cuarto Poder, si bien, el ponente de la entrevista, el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, le preguntó sobre esa denuncia, Ríos habló más de otra denuncia archivada, por presunta corrupción. Pero prácticamente obvió la sentencia firme por violencia psicológica que ya tenía. Ningún miembro ahondó en el tema. Según dijo Gutiérrez Cóndor, para no incomodar al postulante sobre un tema pasado.

Al respecto, se informó también que la Comisión Especial recibió una tacha formal de la abogada de la víctima, en la que advertía del antecedente judicial sobre Ríos Patio. Sin embargo, fue desestimada con el argumento de que el plazo de objeciones había culminado.

Como se sabe, los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña han presentado un oficio a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, solicitando que se inicie el proceso de separación del cargo a Ríos Patio, tras revelarse que cuenta con una sentencia condenatoria en su contra.

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El Juzgado de Investigación Preparatoria de Caravelí rechazó el pedido de prisión preventiva contra ocho pobladores detenidos durante las protestas mineras en Chala, región Arequipa. Estas amnifestaciones mantuvieron bloqueada la Panamericana Sur por casi dos semanas.

El magistrado Ronald Salas Quinto resolvió, en cambio, imponer libertad con comparecencia restringida por nueve meses. Consideró que no existían suficientes elementos para vincularlos con los delitos de extorsión y entorpecimiento de servicios públicos, como alegaba la Fiscalía.

Los imputados, entre ellos José Sánchez Quispe, Isau Olortegui Salinas y Christian Torres Huamán, seguirán siendo investigados por violencia contra la autoridad. Esto, debido a que existen videos, testimonios y actas policiales que los ubican en los enfrentamientos con agentes durante el desbloqueo de la carretera.

Restricciones y fianzas económicas

El juez ordenó que los procesados:

• No abandonen su lugar de residencia
• Acudan mensualmente al juzgado
• No participen en nuevas protestas
• No se comuniquen entre sí
• Pagan una caución (que varía entre S/ 2,000 y S/ 15,000, según sus capacidades económicas)

Bloqueos y tensión en Arequipa

Las protestas iniciadas en julio, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería (Confemin), buscaban presionar al gobierno para ampliar el Reinfo, un registro clave para la formalización de mineros informales.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró infundada la denuncia que presentó la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, en contra del expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.

De acuerdo con el informe final se determinó que “no hubo participación del entonces jefe del JNE en la contratación del politólogo Fernando Tuesta Soldevilla y que Salas Arenas no intervino en las decisiones administrativas de su contrato”.

Salas Arenas, quien actualmente se desempeña como juez supremo titular fue acusado por la congresista Amuruz Dulanto, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en relación con la contratación del politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, de quien dijo también, “no cumplía con el requisito de experiencia”. 

La parlamentaria delegada de sustentar el informe final, Nelcy Heidinger (APP), concluyó en que no existían pruebas suficientes que vincularan a Salas Arenas con alguna irregularidad, ya que la contratación de quien también fue expresidente de la ONPE se efectuó bajo un régimen excepcional.

Fernando Tuesta: «He enfrentado dos años de mentiras y difamación»

Este sistema particular permitía al JNE realizar contrataciones directas. En este caso, el contrato fue ejecutado por el área administrativa competente, sin participación alguna del entonces presidente del organismo electoral. “No se ha determinado que el magistrado haya tenido intervención funcional alguna en las decisiones administrativas”, concluye el informe.

Tuesta Soldevilla sobre la resolución de la denuncia refirió que se demostró que, “en años electorales, como 2021 y 2022, los organismos electorales contratan a personas para diversos servicios sin concurso público, proceso al que me habría sometido sin inconvenientes, pues es impracticable para realizar elecciones”. 

Enfatizó el hecho de que sí contaba con la experiencia necesaria como requisito. “Más contundente aún, se probó que no solo cumplo con el requisito de experiencia, sino que mis 45 años de vida profesional han estado dedicados a la especialidad electoral”.

En ese sentido agregó que “durante dos años y medio, he enfrentado una campaña de mentiras y difamación que afectó mi imagen y reputación personal y profesional. Aunque no fui el acusado directo, se me involucró, causando un daño significativo”, ahondó.

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La congresista Silvia Monteza ha exigido al Gobierno Regional de Cajamarca que cumpla con su compromiso de financiar la elaboración del expediente técnico para la construcción del crucial puente sobre el río Marañón en el distrito de Bellavista-Jaén. Durante una entrevista con Radio Marañón, la parlamentaria expresó su preocupación por la demora en este proyecto vital para la conectividad interregional.

«Se elaboró el perfil y en el año 2024, el gobernador regional de Cajamarca tenía que dar el financiamiento para el expediente técnico», recordó Monteza. «Pero desde el año pasado estamos a la espera y reiterando los oficios al señor gobernador a fin de tocar su corazón y no nos deje con este proyecto a medias. Queremos la elaboración del expediente técnico, que es un promedio de tres millones y medio, y salir el 2026 dejando un presupuesto para su ejecución».

La congresista enfatizó que el gobernador se había comprometido a otorgar este financiamiento, y señaló que «ahí tenemos el problema, que nos ha dificultado y esperemos que pronto el gobernador asuma su responsabilidad».

El puente sobre el río Marañón en Bellavista es un proyecto de gran envergadura que busca mejorar significativamente la conectividad entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas, impulsando el intercambio comercial y turístico entre ambas regiones. El plan contempla la construcción de un puente vehicular que unirá los distritos de Bellavista (Jaén, Cajamarca) y El Milagro (Utcubamba, Amazonas).

Además de la infraestructura vial, el proyecto incluye la creación de un balneario turístico y un circuito histórico-turístico, con una inversión total estimada de 315 millones de soles, según el perfil del proyecto.

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El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad consiguió que se emita un adelanto de fallo condenatorio contra Luis Alberto Rodríguez Ponce, actual consejero regional de Pataz, al ser hallado culpable del delito de falsedad ideológica en agravio del Estado.

La fiscal adjunta provincial Diana Alas Rojas logró demostrar durante el juicio que Rodríguez Ponce obtuvo de manera fraudulenta un título profesional sin haber cursado los estudios correspondientes, valiéndose del Instituto “Virgen de la Puerta”. El título, según la Fiscalía, fue registrado irregularmente en el sistema del Ministerio de Educación (MINEDU), incluido en su legajo físico como docente y utilizado como sustento para acceder a cargos públicos. Pese a los intentos de la defensa, no se logró desacreditar la contundente imputación fiscal.

A raíz de ello, el sentenciado recibió tres años de pena privativa de la libertad, suspendida, así como la obligación de pagar S/ 3,000 por reparación civil al Estado, más días-multa. La audiencia para la lectura íntegra de la sentencia se realizará en los próximos días.

Esta condena se da en el contexto de las investigaciones iniciadas tras la desarticulación, en 2022, de la organización criminal conocida como “La Mafia de los Títulos”, que involucró a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) y diversos institutos privados como Virgen de La Puerta, Alexander Fleming y Louis Pasteur. En esa misma línea, la Fiscalía ya logró otras condenas por falsedad genérica agravada contra implicados como Alipio Wilmer Haro Lara, Edson Teddy Vargas Rodríguez, Juliana H. Rubio Minchola y Mikcy A. Díaz Ramos.

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Brindar una atención adecuada a víctimas de violencia basada en género requiere más que cumplir procedimientos. Implica actuar con empatía, comprender los contextos sociales y aplicar una perspectiva de derechos. Por ello, 45 integrantes de la Policía Nacional —mujeres y hombres— participaron en una jornada de fortalecimiento de capacidades, desarrollada en la comisaría distrital de Catacaos.

La actividad fue parte del trabajo de la Instancia de Concertación Distrital de Catacaos (IDC) y se realizó en el marco del proyecto “Mujeres Tejiendo Redes por una Vida Libre de Violencias y Discriminación”, que impulsa Cutivalú, junto a Servicios Educativos El Agustino, Asociación WAYRA, Alboan, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.

Una jornada para construir una atención policial con enfoque de derechos

La jornada fue inaugurada por Amparo Macalupu, representante de la Gerencia de Desarrollo Social de Catacaos, quien destacó la importancia de preparar a las y los policías para actuar desde la prevención y con una mirada más humana ante situaciones de violencia.

Por su parte, Nadia Agurto, coordinadora del proyecto Tejiendo Redes, abordó temas clave como las nuevas masculinidades y el enfoque de género. Durante su exposición, subrayó que una intervención policial efectiva debe estar libre de estereotipos y considerar las múltiples formas en que las violencias afectan a mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.

La salud mental como pilar para el buen trato

La jornada también contó con la participación de Gabriela Morales Cruzado, especialista del Centro de Salud Mental Comunitario de Catacaos, quien ofreció una charla sobre gestión emocional. Ella resaltó que identificar, reconocer y manejar las emociones es esencial para mejorar la calidad del servicio y evitar la revictimización de quienes denuncian situaciones de violencia.

Lideresas comunitarias: aliadas en la prevención

La capacitación tuvo como invitadas a Julissa Carmen y Juanita Medrano, presidenta y vicepresidenta de la Red de Mujeres de Catacaos, quienes compartieron la experiencia de la red en acciones comunitarias de prevención de la violencia. Ambas destacaron su rol como puente entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.

Compromiso interinstitucional

La jornada, desarrollada el sábado 19 de julio, reafirma el compromiso de diversas instituciones por construir una atención más cercana, respetuosa y efectiva para quienes enfrentan situaciones de violencia. Incorporar el enfoque de género en las acciones policiales es un paso esencial hacia la garantía de derechos y la erradicación de todas las formas de violencia.

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En el marco de los 80 años del Hospital Apoyo Iquitos, el director Carlos Coral anunció que el establecimiento ingresará a una nueva etapa de modernización con el uso de inteligencia artificial. 

Señaló que este avance marcará un cambio en la atención médica en la región, permitiendo mejorar procesos clínicos y diagnósticos, pese a las limitaciones que aún enfrenta el hospital. 

Durante la ceremonia, Coral remarcó el compromiso del personal, que se mantuvo firme incluso en la pandemia, y destacó que la institución ahora se proyecta hacia el futuro. 

“Estamos próximos a recibir un nuevo establecimiento con inteligencia artificial y mucha esperanza”, afirmó, confiando en que este paso permitirá mejorar la atención en una zona estratégica como Iquitos. 

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Ayacucho enfrenta una preocupante brecha de vacunación infantil: el 50 % de los niños menores de tres años aún no han recibido la vacuna contra la influenza, a pesar de que el Ministerio de Salud ha distribuido dosis gratuitas desde mayo. Así lo advirtió la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho, que manifestó su preocupación por la baja respuesta de los padres de familia frente a esta medida de protección esencial.

“Es preocupante que, teniendo vacunas disponibles desde mayo, aún tengamos al 50 % de niños menores de tres años sin vacunar”, declaró María Pizarro Abad, integrante del equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones.

Según explicó, los grupos más vulnerables frente a enfermedades respiratorias como la influenza son los menores de edad y los adultos mayores, especialmente en contextos de bajas temperaturas como las que se viven actualmente en diversas provincias de la región. 

Zonas como Huanta y Huamanga, donde se concentra casi la mitad de la población regional, presentan un mayor riesgo debido al friaje, por lo que las autoridades sanitarias han intensificado sus esfuerzos a través de brigadas casa por casa, seguimiento telefónico y campañas en instituciones como Cuna Más y jardines infantiles. Pese a estas acciones, la respuesta sigue siendo limitada. “La vacuna está disponible y el acceso es fácil; ahora necesitamos el compromiso de las familias para proteger a nuestros niños y adultos mayores”, enfatizó Pizarro. 

Además, recomendó complementar la protección con buena alimentación y abrigo adecuado para los menores. La funcionaria recordó que más de 18 establecimientos de salud en zonas urbanas ofrecen vacunación gratuita y sin necesidad de hacer fila, por lo que instó a los padres a tomar conciencia y acudir lo antes posible, priorizando a los niños desde los seis meses de edad. 

Una de las limitaciones o barreras que no permitirían en cumplir con las metas establecidas sería los efectos adversos que denunciaron algunas madres. No obstante, el sector salud subrayó que estas vacunas son 100 por ciento seguras. La Diresa espera cerrar las brechas de vacunación antes del final de la temporada de frío, para evitar un posible aumento en los casos de infecciones respiratorias agudas en la población más vulnerable.

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Cinco delincuentes armados intentaron asaltar una vivienda en la avenida Palomar con jirón Maravillas del distrito de San Miguel, en la provincia San Román del departamento de Puno, el lunes 21 de julio de 2025, pero vecinos organizados con sistemas de alarmas y piedras lograron frustrar el robo a las 6:54 de la tarde.

Los “robacasas” llegaron a bordo de una camioneta de color plomo con franjas naranjas y amarillas portando armas de fuego. La banda criminal eligió el momento exacto cuando la propietaria había salido de su domicilio cerca de las 6:00 de la tarde para dirigirse a trabajar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso cuando cuatro personas salieron del interior de la vivienda después de forzar la puerta principal. Los delincuentes lograron ingresar al domicilio y revisaron dos habitaciones en busca de objetos de valor antes de ser descubiertos por la población.

Los vecinos detectaron un vehículo sospechoso estacionado frente a la casa y decidieron revisar las cámaras de vigilancia. Al confirmar la presencia de extraños, activaron inmediatamente el sistema de alarmas y salieron de sus hogares para enfrentar a los malhechores con piedras y gritos.

Una de las víctimas logró activar la alarma de seguridad después de dos minutos del ingreso de los delincuentes. El sonido estridente de la «alarma comunitaria» alertó a toda la zona y obligó a los “robacasas” a abandonar rápidamente la vivienda sin completar su objetivo criminal.

Los delincuentes salieron de la casa y se enfrentaron a vecinos y familiares que les arrojaban piedras para ahuyentarlos. Sin embargo, los criminales respondieron con disparos al aire, creando momentos de tensión y pánico entre los residentes que intentaban proteger su comunidad de la delincuencia.

El serenazgo de la municipalidad distrital de San Miguel, arribó al lugar del incidente varios minutos después del enfrentamiento. La Policía Nacional y otras autoridades locales también se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer un operativo de búsqueda en la zona

Las autoridades policiales llegaron «después de más de una hora» al lugar de los hechos, según testimonios de los vecinos. Esta demora generó malestar entre los residentes, quienes habían comunicado inmediatamente el asalto para que se ejecutara el plan de cerco y captura de los delincuentes.

Los “robacasas” lograron fugarse en la camioneta sin que las autoridades pudieran capturarlos durante el operativo. Al parecer, los criminales solo se llevaron algunos objetos de menor valor debido a la rápida respuesta de la comunidad organizada y el sistema de alarmas instalado en el sector.

La acción coordinada de los vecinos del distrito de San Miguel demuestra la importancia de la organización comunitaria contra la delincuencia. Este caso evidencia cómo la colaboración ciudadana, las cámaras de vigilancia y los sistemas de alarmas pueden frustrar efectivamente los intentos de robo en las viviendas.

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