La organización Bartolina Sisa, junto al presidente del Consejo de Juventudes Luis Ángel Condori Yapo, el abogado Jhon Torres Rosello y el líder de la Asociación de Víctimas, Raúl Samillán Sanga, formalizaron tres denuncias penales contra el streamer Christopher Puente Viena, conocido como Cristo Rata. Las acusaciones surgen tras sus declaraciones discriminatorias en redes sociales, donde insultó a la población puneña con frases como “serranos de m…” y “no les llega el oxígeno al cerebro”, tras los resultados electorales del 2026.

Edith Calisaya Calamollo, representante de Bartolina Sisa, calificó los dichos como “un ataque a la dignidad de los pueblos originarios”. “Nosotros alimentamos al país con nuestra agricultura, pero él nos humilla”, declaró. La dirigente aimara subrayó que las mujeres andinas no tolerarán discursos que desprecien su cultura y exigió al Ministerio Público actuar con celeridad.

El abogado Jhon Torres Rosello precisó que las denuncias se basan en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Las pruebas son contundentes: videos, capturas y testimonios demuestran un patrón de odio”, afirmó. Torres resaltó que la Fiscalía debe unificar las investigaciones en Lima y Puno para evitar impunidad.

Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de víctimas de las protestas 2022-2023, recordó que “Puno ya sufrió violencia institucional; ahora enfrentamos racismo digital”. “Este influencer no solo ofende, sino que incita a la división en un momento crítico para el país”, advirtió. Samillán exigió que las plataformas digitales identifiquen y bloqueen cuentas que difundan discurso de odio.

Luis Ángel Condori Yapu, líder juvenil, rechazó que se etiquete a los puneños como “ignorantes”. “Somos profesionales, no ‘generación de cristal’; exigimos respeto”, declaró. Condori instó a los jóvenes a no normalizar el racismo y a usar las redes para denunciar, no para agredir. “La justicia debe enviar un mensaje claro: el Perú no tolera discriminación”, concluyó.
Las denuncias, presentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos de San Román, incluyen solicitudes de pericias antropológicas para analizar el impacto cultural de los insultos. “Queremos que se investigue cómo sus palabras afectan nuestra identidad”, explicó Calisaya. Además, pidieron pericias informáticas para rastrear la difusión del video en TikTok y Facebook.

El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de influencers y la necesidad de leyes más duras contra el discurso de odio. “Si no hay consecuencias, otros repetirán estos actos”, alertó Torres. Mientras, las rondas campesinas anunciaron acciones bajo su sistema de justicia comunitaria, respaldadas por el Convenio 169 de la OIT. La Fiscalía tiene 15 días para definir si formaliza la investigación.

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Autoridades conmemoraron el VII aniversario del Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO, y reafirmaron su compromiso con la conservación de su biodiversidad y patrimonio geológico. Sin embargo, informaron también sobre una escasa cantidad de visitantes.

El reconocimiento otorgado en 2019 por la UNESCO distingue a este territorio como un área geográfica única que alberga sitios y paisajes de relevancia geológica internacional. A través de una visión integral orientada a la protección, la educación y el desarrollo sostenible, el geoparque promueve la conservación de su riqueza natural y cultural, además de fomentar la conciencia ciudadana sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta la zona.

Flujo de turistas

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo señaló que existe una marcada diferencia en la afluencia de visitantes entre el Valle del Colca y la zona de los volcanes de Andagua. “Es evidente que el Valle del Colca ha tenido un mayor número de visitas. En estos siete años hemos registrado más de 2 millones 800 mil turistas en la zona”, indicó.

En contraste, la zona de Andagua ha recibido alrededor de 100 mil visitas. Frente a esta brecha, la autoridad precisó que se enfocarán en fortalecer la promoción turística de este destino para incrementar su flujo de turistas.

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Señalética del geoparque

El Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, ubicado en la región Arequipa y que comprende las provincias de Caylloma y Castilla, impulsa acciones de mejora en su señalética en el marco de su VII aniversario. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, informó que, por ahora, los trabajos se concentran en la señalética informativa del geoparque.

“Nosotros el año pasado hemos trabajado conjuntamente con la Gerencia Ambiental para obtener un presupuesto y desarrollar una señalética del geoparque con información geológica, principalmente en la zona de Andagua y el Valle del Colca”, señaló.

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El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo advirtió que criminalizar las deficiencias del proceso electoral es irresponsable, señalando que las irregularidades registradas, menores al 0.3%, no configuran delito de fraude electoral que anule los comicios.

La respuesta institucional debe ser, según el especialista, de naturaleza administrativa y funcional en primera instancia, dado que las omisiones detectadas se encuentran dentro de márgenes tolerables comparados con los tres últimos procesos electorales generales del país.

«Pensar en un delito de fraude electoral para pretender anular el proceso como lo están haciendo algunas personas, me parece que es irresponsable«, declaró Pérez Arroyo, subrayando que criminalizar deficiencias logísticas distorsiona el sistema jurídico electoral.

Empresa Galaga y la cadena de responsabilidades en la ONPE

El contexto comparativo revela que en 2021 la tasa de mesas no instaladas fue del 0.02%, mientras que en el proceso reciente alcanzó el 0.2%, concentrándose en distritos limeños como Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.

El impacto institucional es severo porque la empresa Galaga, responsable del transporte del material electoral, tenía penalidades previas por incumplimientos contractuales, lo que según el especialista la hacía inelegible para un contrato de esta envergadura nacional.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, declaró ante el Congreso que las decisiones de contratación correspondían a gerencias subalternas, argumento que Pérez Arroyo calificó de insuficiente dado el deber de vigilancia exigible a un funcionario de su jerarquía.

Salida legal y responsabilidad compartida en la crisis institucional

Técnicamente, la destitución de Corvetto requiere un proceso formal ante la Junta Nacional de Justicia, aunque la suspensión enfrenta restricciones constitucionales al no figurar el jefe de la ONPE entre los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución.

«El deber de cuidado que ha debido tener este funcionario ha debido ser mayor, no estamos hablando de un tema doméstico sino de trascendencia nacional e internacional», sostuvo el penalista, señalando además negligencia grave en la vigilancia contractual.

Como salida viable ante la crisis, Pérez Arroyo considera que la Secretaría General de la ONPE podría asumir excepcionalmente la conducción institucional, garantizando continuidad operativa de cara a la segunda vuelta electoral que se avecina inevitablemente.

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CASI SE LO TOMA | El congresista por Arequipa, Esdras Medina, denunció al ministro de Vivienda por la poca empatía que tendría con la población, debido a la escasa importancia que le ha dado al caso del valle de Tambo, en Islay, donde los ciudadanos estarían bebiendo agua contaminada desde hace años, siendo los niños los más afectados.

Afirmó que, para demostrar la gravedad de la situación, llevó a su oficina una muestra del agua; sin embargo, el ministro pensó que era un refresco de maracuyá y casi se lo bebe. “En cambio, usted muy bien toma agua en su casa, libre de contaminación”, cuestionó.

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El video AREQUIPA: Encaran a MINISTRO por insensibilidad ante NIÑOS que CONSUMEN agua CONTAMINADA en Islay se publicó en YouTube en este enlace

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De acuerdo al conteo oficial de la Oficina de Procesos Electoral (ONPE), el conteo de actas al 93.484 % le da a Keiko Fujimori el 17.056% , en segundo lugar, a Roberto Sánchez un 12.006%.

Rafael López Aliaga quedó relegado al tercer lugar con un 11.921%. La diferencia se amplió a cerca de 14 mil votos.

El desagregado es el siguiente:

• KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI Cantidad de votos: 2’687,661 Votos válidos: 17.056%
• ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO Cantidad de votos: 1’891,908 Votos válidos: 12.006%
• RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA Cantidad de votos: 1’878,522 Votos válidos: 11.921%
• JORGE NIETO MONTESINOS Cantidad de votos: 1’743,360 Votos válidos: 11.063%
• RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI Cantidad de votos: 1’602,051 Votos válidos: 10.167%
• CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA Cantidad de votos: 1’242,464 Votos válidos: 7.885%
• PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA Cantidad de votos: 1’157,955 Votos válidos: 7.348%

El total de actas es de 92,766. De ellas, en la ONPE hay al momento:

• Contabilizadas (86,721)
•  Para envío al JEE (5,765)
•  Pendientes (280)

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Las primeras movidas de Renovación Popular tras las elecciones del domingo 12 no han salido como esperaba. Sus intentos por impugnar mesas de votación en Cajamarca ya empezaron a ser rechazados, para empezar, por no pagar las tasas exigidas para el trámite. A esto se suma que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó otro pedido para anular las mesas de sufragio que se instalaron después del mediodía.

Con esto, los medievales querían que se vuelva a llamar al sufragio en esas mesas, bajo el argumento de que el retraso en la instalación hizo que votantes optaran por no sufragar. Sin embargo, el JEE desestimó el reclamo porque el partido de Rafael López Aliaga no indicó de que mesas se trataba.

Con tantos resultados desfavorables, desde el partido celeste han convocado una marcha este domingo 19 para denunciar el supuesto fraude electoral.

El ‘chow’ fraudista de Porky tiene para rato.

JNE confirma 85 pedidos de nulidad, entre parciales y totales, pero llama a la calma: Renovación Popular no lo tolera

Lo del 12 de abril no fue un simple tropiezo: fue un proceso electoral con fallas evidentes que dejó a miles de peruanos en incertidumbre. Y con ese escenario a cuestas, el presidente del JNE, Roberto Burneo, llegó al Congreso a dar explicaciones… o al menos a intentarlo.

Durante su intervención, Burneo optó por un libreto ya conocido durante la semana: el JNE alertó, pero la ONPE debía garantizar. En otras palabras, las advertencias estuvieron, pero la ejecución quedó en manos de otros. Aseguró que, apenas se detectaron las irregularidades, se actuó con rapidez y se iniciaron investigaciones, calificando lo sucedido como “errores involuntarios”. Una frase que, a estas alturas, suena más a salvavidas que a explicación.

Pero en el Congreso no estaban para pasarlo por agua tibia. Varios otorongos lo encararon directamente, señalando que no basta con repartir responsabilidades cuando el sistema falló en un momento clave. Aun así, no faltó quien intentó poner paños fríos y recordar que los reclamos deben seguir el conducto regular, como si el país estuviera en modo trámite y no en plena crisis de confianza, como Fuerza Popular.

En ese contexto, Burneo tuvo que confirmar que ya son 85 los pedidos de nulidad presentados, entre parciales y totales, y garantizó que todos serán evaluados. Lo que no pudo precisar es cuándo habrá respuestas.

Esto encendió aún más a Renovación Popular. Patricia Chirinos, participando de manera virtual, para suerte de Burneo, insistió  a viva voz en la tesis de fraude electoral total, exigiendo la nulidad de actas y nuevas elecciones.

Burneo optó por la estrategia del zen institucional: no enganchar, responder en general y dejar que la tormenta haga su ruido lo que hizo rabiar a mas de uno.

Poder Judicial rechazó intento de Betssy Chávez de viajar a México

El Poder Judicial le dijo «gracias, pero no» al habeas corpus para forzar al Ejecutivo a entregarle un salvoconducto exprés a Betssy Chávez que le permita volar a México como asilada política. El juez Iván Cabrera, con la elegancia de quien rechaza una invitación incómoda, declaró improcedente el recurso, desestimando también las peticiones de blindaje total para la embajada mexicana, como si fuera un fuerte inexpugnable, ante cualquier intento de ingreso o allanamiento.

Todo esto nació porque el entonces presidente José Jerí amenazó con mandar a la Policía a la sede diplomática para cumplir una orden de prisión preventiva contra la exministra, una declaración que, según la demanda, era una amenaza real, cierta e inminente… aunque al final la única certeza fue la negativa judicial.

Así que mientras en el exterior, candidatos luchan el voto a voto para una segunda vuelta, Betssy seguirá de espectadora desde la embajada, ajena a la coyuntura del país.

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El concierto de la banda chilena Candelabro en Lima se convirtió en un espacio de expresión y protesta, donde jóvenes arengaron contra Keiko Fujimori mientras sostenían carteles con su imagen y la de su padre, Alberto Fujimori.

Esta manifestación de rechazo se produce en medio de la coyuntura electoral, tras la confirmación de su pase a la segunda vuelta.

El video RECHAZAN A KEIKO | Jóvenes expresan su rechazo contra Keiko Fujimori durante concierto en Lima se publicó en YouTube en este enlace

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La Municipalidad Provincial de Huánuco informó que subsanó las observaciones del OEFA en el relleno sanitario de Chilepampa tras riesgos detectados por manejo de lixiviados. El alcalde anunció que el Ministerio del Ambiente participará en la entrega formal del relleno, mientras continúan acciones como el recirculado para evitar impactos ambientales.

La operación del relleno enfrenta presión por el alto volumen de residuos y lluvias intensas, lo que exige medidas permanentes y coordinación entre distritos involucrados. Autoridades advierten que la sostenibilidad dependerá del trabajo conjunto, tras una crisis reciente que afectó a la población y generó acumulación de residuos.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Huánuco: Levantan observaciones en relleno de Chilepampa tras alerta ambiental del OEFA se publicó en YouTube en este enlace

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Una de las avenidas más transitadas de Arequipa se someterá a obras por un mes. La comuna de Yanahuara anunció el cambio total del adoquinado en una vía de la avenida Ejército. Específicamente entre la calle Recoleta y la intersección con la calle Misti. El motivo principal es el deterioro del actual empedrado, que viene afectando la fluidez vehicular en esa zona.

El burgomaestre distrital Sergio Bolliger pidió comprensión a los conductores, mientras durán las obras.

La obra tiene una duración estimada de 30 días como máximo. La primera fase comenzará el 20 de abril y abarcará el carril de subida. Durante este periodo, el carril de bajada operará en doble sentido para mantener la circulación.

Una vez culminada esa etapa, vendrá la segunda fase, enfocada en el carril de bajada. En ese momento, el carril de subida será el que funcione en doble sentido.

Rutas alternas en avenida de Arequipa

Los conductores que transiten por esta zona de Arequipa deberán tomar previsiones. Para llegar a la avenida Ejército por el carril de subida, se recomienda utilizar como vías alternas:

• Avenida Bolognesi
• Cuesta del Ángel
• Calle Misti

Para el carril de bajada, el desvío sugerido es tomar la avenida Emmel y Ronda Recoleta, para luego salir por el puente Bajo Grau. Durante la segunda etapa, el desvío del carril de subida se mantendrá igual, mientras que el carril de bajada se redirigirá por la avenida Emmel hasta José Abelardo Quiñonez, con dirección a la avenida La Marina.

Arequipa: la valla electoral deja fuera a congresistas y redefine el mapa político (VIDEO)

Mejoras en la vía

El proyecto no se limita únicamente al recambio del adoquinado. La intervención incluirá un paquete integral de mejoras en ambos sentidos de la avenida Ejército. Entre las labores programadas destacan:

• Mejoramiento de las bermas
• Reposición de martillos
• Construcción de rampas y sardinel de concreto
• Colocación de señalización adecuada en toda la vía renovada

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Las elecciones en Arequipa redefinen el panorama político tras la valla electoral, dejando fuera a figuras conocidas mientras algunos partidos logran mantenerse vigentes. La ley del cinco por ciento nacional marca el destino de congresistas que no alcanzaron respaldo suficiente, evidenciando cambios en la representación legislativa regional.

Mientras algunos pierden espacio, otros candidatos y partidos emergen con fuerza en el conteo preliminar, mostrando un escenario aún incierto con resultados en desarrollo. Con menos del veinte por ciento de actas procesadas, el futuro político sigue abierto y Arequipa se encamina hacia una renovación en su representación congresal.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Arequipa: La valla electoral deja fuera a congresistas y redefine el mapa político se publicó en YouTube en este enlace

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Las elecciones del doce de abril se realizaron con normalidad en Lambayeque, donde más de un millón de ciudadanos acudieron a votar en una jornada democrática. Por primera vez, un presidente en ejercicio, José Balcázar Zelada, sufragó en la región e hizo un llamado a la unidad nacional.

Sin embargo, tras problemas en Lima con la distribución de material electoral, surgieron cuestionamientos contra la ONPE y pedidos de salida de su jefe. Además, candidatos denunciaron presuntas irregularidades en el conteo de votos en Lambayeque, señalando cambios en cifras registradas en actas electorales oficiales.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Tras las elecciones, aumentan críticas a la ONPE y denuncias por conteo de votos se publicó en YouTube en este enlace

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Loreto enfrenta graves problemas sociales pese a inversiones, con altos niveles de anemia y bajos resultados en comprensión lectora, evidenciando brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales. El presidente de la Cámara de Comercio advierte que la región requiere un plan de prosperidad que articule esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y la población.

La propuesta incluye reactivar proyectos económicos y fortalecer sectores clave como hidrocarburos, pero insiste en que sin coordinación efectiva las iniciativas podrían fracasar nuevamente. El plan ya fue presentado como punto de partida, pero su éxito dependerá del compromiso real de autoridades y actores sociales para ejecutarlo.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Loreto: Anemia y pobreza es el duro diagnóstico de la región se publicó en YouTube en este enlace

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El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, rompió su silencio para referirse a la reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual declaró fundada una apelación que busca su vacancia por el denominado caso ‘Flechita’.

Desde una conferencia de prensa, el burgomaestre afirmó que hasta el momento no ha recibido la notificación oficial del fallo. Enfatizó que su defensa legal actuará una vez que tenga acceso al documento completo.

Rivera detalló que no se configuran los tres elementos necesarios para declarar la vacancia. En primer lugar, negó haber firmado alguna orden de servicio o autorizado pago para el trabajador involucrado. En segundo lugar, descartó la existencia de un vínculo directo entre su despacho y la persona contratada. Finalmente, subrayó que no emitió ninguna disposición que genere un conflicto de intereses.

«La vinculación tendría que ser inmediata y directa, y en mi caso no existe», sentenció el edil, mostrando su confianza en que los argumentos legales le asisten.

Estrategia legal y críticas al contexto electoral

Visiblemente molesto, el alcalde calificó la situación como un «abuso de autoridad» y adelantó que ya contactó al constitucionalista Ernesto Blum-Fortini para recibir asesoría. Aclaró, eso sí, que los honorarios de estos especialistas saldrán de su bolsillo y no de las arcas municipales.

«Estando el país en una coyuntura electoral álgida, tocan un tema que ya había sido devuelto dos veces. Esto genera inestabilidad«, declaró, sugiriendo que la decisión del JNE responde a un contexto político más amplio.

¿Paso al costado o defensa constitucional?

Una de las preguntas más reiteradas entre los periodistas giró en torno a si acatará o no el fallo. Al respecto, Rivera fue enfático: «Constitucionalmente todos tenemos derechos».

Añadió que, si la resolución final confirma la causal de vacancia, dará un paso al costado y permitirá que asuma la primera regidora de su lista. Sin embargo, mientras la notificación no llegue, se mantendrá al frente de sus funciones. «Mañana tengo actividades como alcalde, yo seguiré», afirmó.

Consultado sobre el futuro de proyectos clave, como el PDM o el ajuste del pasaje, el alcalde respondió que quien venga en su reemplazo deberá asumir esas decisiones.

Cuenta regresiva: vacancia del alcalde de Arequipa se daría en los próximos días, indicó regidora

Respaldo y próximos pasos

Al cierre de la conferencia, el alcalde agradeció el apoyo recibido en redes sociales y destacó que sus gerentes lo respaldan, aunque aclaró que la continuidad de ellos dependerá de cada uno cuando él eventualmente deje el cargo.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación para la vacancia del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. El proceso responde a la contratación de un funcionario en 2023 con fondos públicos para el cuidado personal de su mascota, un perro llamado «Flechita». Ante esta decisión inapelable, algunos regidores se pronunciaron al respecto e indicando las acciones que se llevarían a cabo ante la posible destitución de Rivera

La regidora Mayra Sumari sostuvo que la resolución oficial del ente electoral se podría emitir en los próximos tres a cinco días. Tras la confirmación de una posible vacancia, indicó que lo siguiente sería revisar si las gerencias y subgerencias municipales fueron designadas por meritocracia o por criterios personales del alcalde saliente.

Sumari alegó que Rivera saldría dejando una gestión descuidada, caracterizada según ella por el secretismo y la falta de atención a las autoridades fiscalizadoras. Por su parte, el regidor Rolando Bedregal rechaza la medida y califica de «lejano» el escenario de la vacancia. Bedregal afirma que el equipo legal buscará medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional para frenar la salida del burgomaestre. Sin embargo, el concejal reconoce que, de llegar la resolución oficial del JNE antes de dichas acciones, el Concejo Municipal tiene el deber de obedecer el mandato legal.

Jurado Nacional de Elecciones declara fundado pedido para revisar vacancia del alcalde de Arequipa Víctor Hugo Rivera

Posturas críticas y gestión administrativa

Rocío Mango también se pronunció recordando que apoyó la vacancia desde la primera sesión de 2023. A su vez, mencionó que la municipalidad afrontaría un difícil cierre de gestión debido a las deficiencias en la gestión del PDM y el precio del pasaje, procesos inconclusos que se deberán de solucionar en lo que queda del año. La legisladora espera que la nueva administración reciba perfiles técnicos avanzados para ejecutar al menos una obra de envergadura antes de finalizar el periodo.

Por otro lado, Bedregal defendió la permanencia de Rivera señalando que la ciudad no puede detenerse por el caso del cuidado de una mascota. El regidor enfatiza que el alcalde no cometió delitos de robo o violación, por lo que considera la vacancia como un objetivo político perjudicial. Aseguró que la gestión actual tiene obras planificadas que deben cautelarse para el beneficio de la comunidad, necesitando una estabilidad política.

También indicó que, de darse la vacancia, se comprometería a revisar las acciones del propio concejo municipal, en busca de que sus compañeros no lleven actos de corrupción parecidos.

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La Autoridad Binacional del Lago Titicaca inició la implementación del proyecto “Filtros Verdes Flotantes (FVF)”. El objetivo es recuperar la calidad del agua en la bahía interior de Puno, una de las zonas más afectadas del lago Titicaca.

La iniciativa busca remover contaminantes mediante un sistema natural que utiliza estructuras flotantes y plantas como la totora, cuyas raíces actúan como filtros biológicos.

Tecnología natural y enfoque científico para enfrentar la contaminación

El proyecto, cofinanciado por la Global Nature Fund a través del programa Living Lakes Biodiversity and Climate, se desarrolla bajo un enfoque experimental de mesocosmos. Esto permitirá evaluar su eficacia en condiciones controladas dentro del propio lago.

Este sistema apunta a generar evidencia técnica y científica sobre el desempeño de esta tecnología en un ecosistema afectado por la contaminación y la eutrofización, producto de años de descargas de aguas residuales sin tratamiento y escorrentía pluvial contaminada.

El proyecto utiliza totora y estructuras flotantes para remover contaminantes de manera natural en la bahía interior de Puno. (Foto: DIfusión)

Según explicó el presidente ejecutivo de la ALT, Juan Ocola Salazar, la acumulación excesiva de nutrientes como nitrógeno y fósforo ha agravado el deterioro del ecosistema.

Participación comunitaria y monitoreo ambiental

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la participación de las comunidades de los Uros. Ellos aportan conocimientos tradicionales en la construcción de los sustratos flotantes de totora.

Como parte de las acciones iniciales, desde el 15 de abril se realizará un monitoreo integral de la calidad del agua. Se evaluará parámetros físicos, químicos y biológicos para medir la efectividad de los filtros.

El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua, la Universidad Nacional del Altiplano, el Proyecto Especial Lago Titicaca y el OEFA.

Con esta intervención, se busca avanzar en la restauración ecológica del lago Titicaca, promoviendo la recuperación de su biodiversidad y la mejora de la calidad del agua en beneficio de las poblaciones locales.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión | Agencia de Prensa Ambiental

El 9 de abril, este medio informó que la fiscal Medilbertha Tupia Curi, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal, investiga desde inicios de año al mayor PNP Ronald Chávez Rodríguez, jefe del GRECC (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado), sindicado de haber presionado a policías cuando estaba a cargo de la Seincri Huancayo, presuntamente para favorecer a una falsa abogada conocida como ‘la doctora’.

La Fiscalía ya ha iniciado diversas diligencias, entre ellas el requerimiento de información a Inspectoría, al Colegio de Abogados de Junín y a la comisaría de Huancayo. La investigación comenzó el 23 de enero y tiene un plazo de seis meses.

‘Policías fantasmas’

Sin embargo, nuevos documentos revelan un hecho aún más delicado. En el sótano de la misma Divincri, en la urbanización Millotingo, en El Tambo, bajo la supervisión del jefe del complejo policial, se habría evidenciado un sistema irregular. En el área de Requisitorias existirían ‘policías fantasmas’, es decir, agentes que cobran por brindar protección, pero en la práctica no lo realizan. Esta situación habría permitido que una testigo protegida de 18 años cometiera un robo sin ningún tipo de vigilancia efectiva.

El 9 de marzo de 2026, una joven, a quien llamaremos ‘Ana’, declaró ante el Área de Investigación Criminal (Areincri) de Millotingo que participó en el robo a Jorge Flores Bendezú (28). Según su testimonio, lo ‘pepeó’ con clonazepam mezclado con alcohol, le sustrajo un iPhone, 400 soles y otros objetos, y posteriormente vendió el celular en el pasaje Andaluz.

Testigo protegido

Lo más grave no es solo el delito. La joven formaba parte del programa de protección de testigos por un caso de violación y ella misma reconoció que su custodia era prácticamente inexistente.

«Mi custodio es una mujer policía, no la veo desde el día viernes de la semana pasada y los días anteriores solo me llama por teléfono o, en casos eventuales, viene a mi casa», declaró.

Mientras planificaba y ejecutaba el robo junto a su pareja, un hombre que acababa de salir de prisión, nadie la vigilaba.

Fuentes consultadas señalan que la suboficial encargada de su custodia sería Katherine Jamjachi Aliaga. Pese a ello, no habría recibido sanción alguna y continuaría en su puesto. En contraste, otra suboficial del grupo Areincri fue enviada al depósito de Incho.

Represalias

El caso probablemente habría pasado desapercibido si no fuera porque, a nivel interno, hubo el intento de ocultarlo. Según un agente de Inteligencia, cuando un equipo de Areincri detuvo a la joven y descubrió que su custodia existía solo en el papel, el mayor PNP Tony Marín Ríos, jefe de Requisitorias, acudió personalmente a increparles a gritos e imponiendo su jerarquía.

Al día siguiente, el jefe de la Divincri, coronel PNP Ángel Leo Mendoza, habría ordenado cambios de personal y desarticulado el equipo que detectó la irregularidad. En lugar de investigarse lo ocurrido, se terminó sancionando a quienes lo expusieron.

Este problema no sería reciente. Desde el año pasado ya existían denuncias sobre ‘policías fantasmas’ en Requisitorias, agentes que cobraban sin realizar labores efectivas, dejando desprotegidas a personas vulnerables, mientras en los registros figuraba que sí contaban con custodia. Según testimonios, algunos solo acudían a la oficina, recogían su arma y regresaban a sus casas. Para muestra, un botón.

¿Aló, Inspectoría?

A pesar de estas alertas, en 2026 el mayor Marín fue ratificado en su cargo. De acuerdo con la resolución de Asignación de Cargos Oficiales, incluso debía ser trasladado a Huánuco, lo cual no se concretó. Las consecuencias se evidenciaron el 9 de marzo, cuando la testigo protegida pudo desplazarse libremente, cometer un robo y vender lo sustraído sin ningún control. Corresponde a la Inspectoría de la Policía investigar estas presuntas faltas graves que comprometen a la Divincri Huancayo.

En síntesis, dentro del mismo complejo policial se configuran dos situaciones graves. Por un lado, el caso del mayor Chávez y la presunta red para favorecer a una falsa abogada. Por otro, el funcionamiento irregular del área de Requisitorias, donde existirían custodias ficticias. Ambos casos coinciden en el mismo entorno institucional, bajo las mismas autoridades y, según las denuncias, con una respuesta que castiga a quienes intentan revelar los hechos en lugar de investigarlos a fondo.

Las irregularidades continúan. En la tercera parte de este informe, se conocerán nuevos elementos clave.

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El Gobierno Regional de Ayacucho mantiene al menos 275 obras públicas con información desactualizada en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), situación que revela deficiencias en la gestión y supervisión de inversiones en la región. De acuerdo con un informe oficial de la Contraloría, los proyectos presentan retrasos prolongados en la actualización de datos. 

En varios casos, el último registro corresponde a junio de 2015, mientras que otros no reportan avances desde diciembre de 2013, lo que impide conocer su estado real de ejecución. La falta de información vigente no es un tema menor. Este vacío limita el seguimiento técnico y político de las obras, restringe el acceso ciudadano a datos públicos y debilita los mecanismos de control sobre el uso de recursos del Estado.

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La convocatoria a un paro de 48 horas en defensa de la cuenca Llallimayo, prevista para los días 25 y 26 de mayo, ha encendido una alerta que va más allá del reclamo ambiental: el riesgo de que la protesta pierda fuerza al quedar atrapada en la dinámica del actual escenario electoral.

En la provincia de Melgar, donde convergen los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, la exigencia ciudadana es concreta y sostenida en el tiempo: el cumplimiento de compromisos ambientales vinculados a la actividad minera, entre ellos la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas. Sin embargo, el momento elegido para la paralización podría reconfigurar la percepción pública de la medida.

Un reclamo legítimo en terreno político

El conflicto en la cuenca Llallimayo no es nuevo ni responde a coyunturas pasajeras. Se trata de una problemática ambiental que impacta directamente en la salud pública y en las condiciones de vida de las comunidades altoandinas.

No obstante, en un contexto electoral activo, las protestas sociales suelen ser rápidamente interpretadas bajo una lógica política. Esta lectura, aunque no necesariamente invalida el reclamo, sí puede distorsionar su sentido original y debilitar su impacto frente a la opinión pública.

El riesgo es claro: una demanda legítima podría ser percibida como una herramienta de presión con fines políticos, reduciendo su capacidad de convocatoria y su credibilidad.

Estrategia y legitimidad en juego

Especialistas coinciden en que, en escenarios como este, la eficacia de una protesta no depende únicamente de la justeza de la causa, sino también de la estrategia comunicacional que la respalde.

En el caso de Llallimayo, sostener la legitimidad del reclamo implica centrar el discurso en evidencia verificable: estudios sobre la calidad del agua, actas de compromisos incumplidos y plazos vencidos por parte de las autoridades o empresas involucradas.

Asimismo, evitar consignas politizadas y mantener vocerías claras podría marcar la diferencia entre una protesta que fortalece su causa y otra que se diluye en el ruido electoral.

Canales institucionales y presión social

El desafío también pasa por combinar la movilización ciudadana con el uso de canales institucionales. Instancias como la Defensoría del Pueblo o mesas de diálogo pueden contribuir a canalizar el conflicto sin restarle visibilidad.

En paralelo, la presión mediática basada en información documentada y verificable se presenta como una herramienta clave para sostener el tema en la agenda pública sin caer en interpretaciones sesgadas.

Entre la urgencia y la oportunidad

La defensa de la cuenca Llallimayo responde a una necesidad urgente. Sin embargo, el contexto electoral plantea un dilema estratégico: cómo hacer visible el problema sin que este sea absorbido por intereses ajenos a la causa.

En tiempos donde la percepción puede ser tan determinante como los hechos, el reto para los actores sociales será sostener la legitimidad de su demanda sin perder el foco ni la confianza ciudadana.

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Luego de lanzar insultos racistas contra electores de las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho durante una transmisión en vivo, el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, fue denunciado por el abogado puneño John Torres Roselló, quien advirtió que sus expresiones constituyen el delito de discriminación que es sancionado con pena de hasta cuatro años de cárcel.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos de la provincia de San Román, justificando que lo vertido por el streamer constituye una ofensa hacia la población.

“La Fiscalía tendrá que acumular las denuncias para que se tenga una sola investigación en Lima o Puno, dado que, en Juliaca también tenemos una Fiscalía Especializada”, señaló.

Para el abogado, los hechos ocurridos son evidentes y no requieren mayor análisis, por lo que exhortó al Ministerio Público celeridad en las investigaciones a fin de condenar los hechos.

Explicó que lo vertido constituye el delito de discriminación y por tal tipificación la condena corresponde a una pena no menor a cuatro años de cárcel, además de una inhabilitación.

Torres dijo que la discriminación sigue latente en el país, principalmente en la capital Lima, pero declaraciones como esta no hacen más que agravarla en perjuicio de los más debilitados.

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