Ante la sobreproducción de papa en Ayacucho, expertos en nutrición destacan la importancia de este tubérculo como un alimento clave para la salud y la alimentación local. 

Milagros Nieto Cabana, presidenta del Consejo Regional de Nutricionistas, resaltó los múltiples beneficios nutricionales de la papa y llamó a aprovechar su bajo costo actual.

“La papa tiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades coronarias y cáncer, además de vitamina C, que actúa como cicatrizante y antiinflamatorio natural. También es rica en fibra, ideal para combatir el estreñimiento, el colesterol alto y la diabetes tipo 2”, explicó Nieto.

Además, variedades como la papa amarilla, rica en precursores de vitamina A, son esenciales en la alimentación complementaria de niños desde los seis meses, favoreciendo sus defensas y crecimiento. 

Según Nieto, el consumo de papa puede reemplazar al arroz en las comidas, aportando menos calorías y generando mayor saciedad, un factor relevante en una región donde el 50 % de la población mayor de 15 años presenta exceso de peso. 

La especialista recomendó priorizar la preparación de la papa sancochada, al horno o en guisos para mantener su valor nutricional, advirtiendo que las papas fritas duplican las calorías y reducen los beneficios del tubérculo. 

Asimismo, destacó que el consumo con cáscara potencia el aporte de fibra. En medio de la sobreproducción, Nieto llamó a las autoridades y a la ciudadanía a fomentar el consumo responsable y diversificado de la papa, especialmente las variedades nativas, y a valorar su rol como parte esencial de la canasta familiar y la seguridad alimentaria en Ayacucho.

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La Contraloría General de la República emitió una alerta importante sobre la gestión pública en Cusco. Entre los meses de agosto y diciembre de 2024, más de 2000 situaciones adversas fueron detectadas en diversas entidades gubernamentales a través de un total de 1084 informes de control simultáneos. 

Esta cifra revela los riesgos en áreas clave como Educación, Transportes, Salud, y más. La mayoría de las alertas apuntan a posibles irregularidades que podrían afectar el servicio a la ciudadanía.

Alertas en Cusco: sectores críticos bajo vigilancia de la Contraloría

Los sectores que concentraron mayor número de observaciones en Cusco fueron Educación, con 207 alertas; Transportes, con 185; y Salud, con 119. Además, se registraron 172 alertas en el sector Ambiente y 74 en Saneamiento. 

La Contraloría identificó también cinco alertas en el área de Comunicaciones. El principal objetivo de estas alertas es permitir a las entidades gubernamentales adoptar medidas correctivas para evitar que estos problemas se repitan. 

En términos de respuesta, el gobierno regional de Cusco ha tomado medidas para corregir algunas de las irregularidades, con 177 situaciones ya corregidas o en proceso de corrección. 

Sin embargo, hay 67 alertas que aún no han recibido atención, y 135 situaciones permanecen sin acciones. Solo seis de los casos fueron desestimados.

Respuesta a nivel local y nacional

A nivel local, los gobiernos municipales fueron los más afectados por las alertas. Se notificaron 1484 situaciones adversas a los gobiernos locales de la región. De estas, 615 ya han sido corregidas o están en proceso, mientras que 260 aún no han sido atendidas. 

Otros 599 casos permanecen sin acciones, y 10 fueron desestimados. A nivel nacional, la Contraloría emitió 36 199 alertas por irregularidades en la gestión pública. De estos, los sectores de Educación (5582 alertas), Transportes (3777), Salud (3669) y Saneamiento (2671) fueron los más señalados por posibles situaciones adversas. 

La Contraloría continúa vigilante para asegurar que las entidades públicas adopten las medidas correctivas necesarias.

Perjuicios económicos detectados y responsabilidades

En cuanto al control posterior, la Contraloría en Cusco identificó irregularidades que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales. En total, 281 funcionarios y servidores públicos fueron implicados por conductas indebidas. 

Como resultado de las auditorías, se detectó un perjuicio económico de más de 7 millones de soles. A nivel nacional, el perjuicio económico asciende a más de 478 millones de soles debido a irregularidades detectadas en diversas entidades del gobierno.

Conclusión

Las alertas emitidas por la Contraloría General en Cusco y a nivel nacional, subrayan la necesidad de una gestión pública más eficiente y responsable. Las entidades gubernamentales deben tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades y mejorar los servicios que brindan a la ciudadanía. 

Aunque se han registrado avances, el trabajo por realizar es considerable. La vigilancia y el control seguirán siendo fundamentales para garantizar la correcta ejecución de las políticas públicas. 

La Contraloría comenzará monitoreando la situación para asegurar que se adopten soluciones efectivas en los sectores más críticos y que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada.

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Las municipalidades de la región Puno han apostado por fortalecer la cultura y el deporte mediante importantes asignaciones presupuestales. Liderando esta iniciativa, la Municipalidad Provincial de Carabaya ha destinado más de 2.9 millones de soles para proyectos en estos sectores, destacando el mejoramiento de la emblemática iglesia San Juan Bautista de Macusani, con una inversión de 2.77 millones de soles, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, Carabaya ha asignado 150,000 soles para fortalecer los servicios de intercambio intercultural en las rondas campesinas, una medida que busca promover la integración y preservar las tradiciones culturales de la región. Estas inversiones no solo apuntan a revalorizar el patrimonio histórico, sino también a fortalecer la identidad cultural de la provincia.

En el ámbito deportivo, la Municipalidad Provincial de Sandia sobresale con la asignación de 849,000 soles para el mejoramiento del estadio municipal de San Juan del Oro. De igual manera, se han destinado 844,300 soles para la construcción del estadio recreativo de Sandia, reafirmando el compromiso de impulsar el deporte local.

Por otra parte, la misma comuna ha canalizado 801,331 soles para la mejora de otro estadio municipal, demostrando un enfoque claro en la promoción de actividades deportivas y recreativas como motores de desarrollo social.

Estas inversiones reflejan el interés de las autoridades locales por generar espacios que integren a las comunidades, potencien el talento deportivo y salvaguarden el legado cultural de Puno. Sin embargo, queda la tarea de garantizar que estos recursos sean empleados de manera eficiente y en beneficio directo de la población.

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La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) entregará 115 títulos de propiedad a diversas familias de la provincia, en una ceremonia programada para este martes 21 de enero a las 3:00 p.m. en el auditorio municipal.

El gerente de Desarrollo Urbano, Ronald Casas Montiveros, destacó que este es un paso importante para la población. “Por primera vez, entregaremos 115 títulos de propiedad, lo cual permitirá que muchas familias, que durante años no pudieron obtenerlo por diversas razones, ahora accedan a este documento tan importante para su seguridad jurídica”, expresó.

Los beneficiarios provienen de diversos distritos de la provincia, entre ellos Sapallanga, El Tambo, Huayucachi, San Pedro de Saño, Sicaya, Pucará, Viques, Chilca, San Agustín de Cajas, Hualhuas, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Carhuacallanga, Santo Domingo de Acobamba, Parihuanca, Colca, Chacapampa, Huacrapuquio, Chicche, Quichuay, entre otros.

El título de propiedad brinda tranquilidad, seguridad jurídica y la posibilidad de acceder a beneficios adicionales, como la solicitud de créditos bancarios, entre otros.

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El Tercer Juzgado Penal Nacional admitió la apelación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, y suspendió la nulidad del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles.

Como se recuerda, el pasado 13 de enero, el Tercer Juzgado Penal Colegiado decidió, por mayoría, anular el juicio oral que se seguía por el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros inculpados.

Frente a esta resolución, el fiscal José Domingo Pérez presentó una apelación para suspender esta medida. El pedido fue aceptado y la anulación del juicio quedó con efecto suspensivo.

Esto lo que significa en términos legales es que el tiempo para resolver la apelación queda detenido con fecha al 13 de enero de 2025, el día en que el Poder Judicial anuló todo el proceso contra Fujimori y otros implicados.

¿Qué argumentó José Domingo Pérez para detener la anulación del juicio?

El efecto suspensivo lo que permite es que el juicio no se rompa o termine hasta que la sala de apelaciones emita su decisión de segunda instancia.

Esto es posible porque según el Código Procesal Penal, “si una audiencia no se reanuda en un plazo de ocho días hábiles, todos los actos procesales previos se consideran nulos, lo que imposibilita la continuidad del juicio y obliga a reiniciar el proceso desde el principio”.

Conocedor de esta posibilidad, el fiscal José Domingo Pérez apeló para “detener el tiempo». Con esto logra una última oportunidad para salvar el caso Cócteles, que ya se creía terminado.

El argumento de Pérez Gómez fue que el límite temporal fijado entre sesiones afectaba los plazos establecidos para las etapas del juicio oral, lo que generó un impacto negativo en el desarrollo procesal del caso.

De acuerdo con la apelación presentada, José Domingo Pérez puso en consideración que el efecto suspensivo busca prevenir estas situaciones, “especialmente en casos donde ya se han realizado múltiples diligencias”.

¿Qué queda pendiente ahora?

Cabe recordar que este juicio se inició el 1 de julio de 2024. Se han desarrollado 34 sesiones, con alegatos de apertura, examen de acusados y recepción de 35 testimonios. El fiscal remarcó que “el recurso debía concederse con efecto suspensivo para evitar un «daño irreparable» dentro del caso”.

Queda pendiente la resolución de la apelación presentada por el fiscal Pérez, que tiene 52 páginas. Señala, entre otras cosas, la existencia de errores de derecho («vicios in procedendo») dentro de la resolución judicial. Identifica tres puntos principales. Falta de motivación de la resolución, la afectación a la independencia judicial y violaciones al debido proceso, la preclusión procesal y la legalidad”.

También hace notar que el Tribunal Constitucional (TC) solo ordenó excluir del juicio oral al empresario José Chlimper Ackerman. Por lo que argumentó que “la decisión tomada a favor de Keiko Fujimori no estaría correctamente motivada”.

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Los trabajos de mantenimiento del sistema y redes de agua potable de Arequipa son constantes a lo largo del año, por tal motivo son recurrentes los cortes del servicio todos los meses. Al respecto, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar) informó de los cortes programados para este jueves 23 y viernes 24 se aconseja estar atentos a las actualizaciones que Sedapar comunique a través de sus canales oficiales.

¿Cuáles son las localidades con zonas que se verán afectadas en Arequipa este jueves 23 y viernes 24 de enero?: horarios y zonas

• Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre, Cerro Colorado.

Algunos sectores de los distritos de Alto Selva Alegre; abastecidos por los circuitos R-30; tienen cortes de agua programados entre las 8:00 y las 14:00 horas del viernes 24.

En tanto, en ciertas zonas de las localidades de Cerro Colorado; con abastecimiento de los circuitos N-26B; se restringirá el suministro hídrico desde las 8:00 hasta las 14:00 horas del viernes 24.

Recomendaciones frente a los cortes de agua programados en Arequipa este jueves 23 y viernes 24 de enero

Conocedores de los inconvenientes que los cortes de agua generan en la población de Arequipa, Sedapar instó a los ciudadanos en zonas comprendidas a tomar precauciones. Es decir, reserven el recurso hídrico en cantidad prudente, para cubrir sus necesidades básicas durante la vigencia de la interrupción. La EPS explicó que la reposición del servicio, a partir de la hora estipulada, queda garantizada.

Finalmente, los usuarios deben verificar a que reservorio o circuito pertenece su conexión. El dato se consigna en sus recibos de consumo. También pueden registrarse en la Oficina Virtual de Sedapar, y de ese modo revisar sus recibos, saber y comparar sus consumos.

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l atentado delincuencial contra la sede del Ministerio Público en Trujillo ha puesto a sudar frío tanto al gobierno como a todos aquellos que encubrían la ineptitud de los ministros de Dina Boluarte.

César Acuña, el mejor aliado que ha tenido la apurimeña hasta ahora, siempre ha brillado por su ausencia ante los problemas que sufre La Libertad. No es un secreto que se tomaba vacaciones adelantadas en plena ola de inseguridad. Y que hasta la semana pasada le lanzaba todo tipo de elogios a Boluarte, asegurando que era la mejor presidenta que ha tenido el Perú. Sin embargo, los trujillanos hoy están aterrados de que la delincuencia haya escalado a tal nivel que ni siquiera las instituciones del Estado están a salvo.

De inmediato, las calles se llenaron de militares y se volvieron a prometer más estados de emergencia. Sin embargo, para que los liberteños se crean el cuento, el propio Acuña ha salido a decir que él patrullará las calles en persona. Así, se ha comprometido indirectamente a dejar por un tiempo los viajes. Y finalmente dedicarse a ver cómo realmente se encuentra la región que votó por él. 

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El video César Acuña recién se acuerda que es gobernador y afirma que saldrá a las calles junto al Ejército se publicó en YouTube en este enlace

Víctor Canales fue comandante general del Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi y general de brigada del Ejército hasta el año pasado. Se hizo popular por pedir en un acto público, frente a cientos de militares, que “no manchen sus manos ni con la sangre de los inocentes ni con el virus de la corrupción».

Sus palabras iban dirigidas a Dina Boluarte y a los muertos que carga encima desde el 2022, cuando asumió el cargo. En una entrevista con La República, el general en retiro ratificó sus palabras y la responsabiliza directamente por haber dado la orden de reprimir las protestas de esa manera: «No debe ocurrir. Por eso menciono que hubo un mal diseño de la estrategia, pero desde el más alto nivel. Cuando menciono al más alto nivel, me estoy refiriendo, en este caso, a la señora Dina Boluarte, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Desde ahí nace la orden, y la orden tiene que emitirse bien para que llegue hasta el último soldado, que es el nivel táctico, y se pueda cumplir la misión”.

Esta es la primera vez que alguien del Ejército la culpa directamente y le pide que asuma públicamente la responsabilidad por las muertes que provocó la represión. 

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El video En Suiza rechazan a Dina Boluarte mientras que en Perú ex general del Ejercito la culpa se publicó en YouTube en este enlace

La gestión del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, enfrenta duras críticas tras la publicación de un mensaje en redes sociales que generó controversia. En el comunicado, se intentó desviar la atención hacia el chofer del auto donde fue asesinada la extrabajadora Andrea Vidal. La autopsia y los peritajes desmienten esta versión y confirman que el blanco de los sicarios era la trabajadora. Ella fue vinculada a una supuesta red de prostitución en el Congreso favorecida por APP, partido al que pertenece Salhuana.

Este intento de tapar el caso de sicariato, ha desatado la suspicacia y reclamos por parte de los propios parlamentarios que desean una investigación. Algunos consideran que Salhuana no está en situación de defender la imagen del Legislativo, por lo que piden su censura.  

La congresista por Arequipa, Diana Gonzales, destacó la importancia de escuchar las posturas de todas las bancadas antes de decidir si Salhuana debe permanecer en el cargo. Sin embargo, admitió que su bancada, Avanza País, aún no ha discutido oficialmente este tema. 

“En nuestro caso, como bancada de Avanza País no hemos tenido una reunión todos, pero sí hubo una reunión la semana pasada. Aunque yo he estado en Arequipa haciendo actividades. Me reincorporaré a Lima para sostener una reunión respecto a varios temas”, señaló Gonzales. 

Diana Gonzales espera investigación en curso 

En respuesta a la polémica publicación, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado a Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. El próximo viernes 24 a las 9:00 a.m. deberá explicar las razones detrás del mensaje difundido. 

Diana Gonzales también hizo un llamado a la Fiscalía y la Policía para que realicen una investigación exhaustiva sobre la presunta red de prostitución dentro del Congreso.

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FISCALES AMENAZADOS | Fiscales que investigan a organizaciones criminales están bajo amenazas constantes. La fiscal de la Nación denunció que el atentado en la sede del Ministerio Público en Trujillo es parte de estos actos intimidatorios. A pesar de ello, aseguró que no cederán ante los delincuentes, pero exige con urgencia la restitución de la detención preliminar y más presupuesto para fortalecer la inteligencia policial y fiscal.

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CIUDAD DE LOS REYES | Las celebraciones por el 490 aniversario de fundación de Lima tuvo dos caras. Por un lado, autoridades como el alcalde Rafael López Aliaga y la política española Isabel Díaz Ayuso defendieron el hispanismo y la restitución de la estatua de Francisco Pizarro. Por otro lado, un grupo de ciudadanos protestó por esta medida y calificaron a Pizarro de «genocida». Asimismo, celebraron la fecha rindiendo homenaje a sus raíces andinas, a través de expresiones artísticas.

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Los agricultores damnificados por las filtraciones ocasionadas durante la ejecución del proyecto Majes Siguas I Etapa se concentraron en la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) este lunes para exigirle al gobernador Rohel Sánchez el cambio de funcionarios en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Esta entidad se opone a resarcir a los cientos de agricultores cuyos terrenos fueron destruidos en el valle de Siguas por fallos en el proyecto de irrigación hace más de 30 años. 

Irvin Cuadros, integrante del Frente de Defensa de los Pueblos Afectados de San Juan de Siguas, Quilca, Santa Isabel de Siguas y Lluta, en el valle de Siguas, denunció que la Ordenanza Nº 316, aprobada en 2016, reserva 2 mil 460 hectáreas para reubicar a los damnificados. Sin embargo, hasta la fecha, los terrenos no han sido entregados. Estas tierras, ubicadas en Pampas Bajas y la zona Z de Majes I, actualmente están invadidas. “Autodema no hace nada para recuperarlas y entregarlas a los damnificados”, criticó.  

Autodema es un problema 

Actualmente, los damnificados esperan que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) emita una ordenanza que permita identificar y determinar el número exacto de afectados. La Comisión de Agricultura del CRA se comprometió a avanzar con la normativa en febrero de 2024, pero la normativa sigue sin aprobarse.  

Además, afirmó que Autodema intenta dilatar el proceso al solicitar más estudios técnicos, a pesar de contar con información suficiente desde hace años. “En la última reunión, los funcionarios de Autodema se sinceraron y nos han dicho que no quieren solucionarnos el problema”, declaró. 

Gobernador de Arequipa no da la cara 

Cuadros también denunció que el gobernador Rohel Sánchez se ha negado a dialogar con los agricultores, pese a las reiteradas solicitudes de reunión. “Le hemos pedido cita a través de consejeros regionales, de sus asesores y la Oficina de Diálogo, pero el gobernador no nos quiere recibir”, lamentó.  

Según Cuadros, esta actitud del gobernador se debe a una campaña de desprestigio orquestada por Autodema contra los damnificados. Ante tanta espera y negación, los agricultores exigen la destitución de cuatro funcionarios de Autodema, incluido su gerente ejecutivo, Duberly Otazú. 

Cabe recordar, que los agricultores advirtieron que impedirán la ejecución del proyecto Majes Siguas II hasta que el Ejecutivo Regional cumpla con resarcirlos. “La infraestructura hidráulica de Majes Siguas II se va a construir dentro del valle de Siguas, nuestra casa. Si ya entraron a construir Majes Siguas I y nos destruyeron, no vamos a permitir que entren nuevamente a construir nada dentro del valle”, aseguró Cuadros. 

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La noticia del atentado contra el Ministerio Público en Trujillo ha dejado algo en claro: los estados de emergencia no sirven para combatir al crimen organizado. Aunque le arda al ministrolazo Juan José Santiváñez, el ataque con explosivos ha desnudado la nula eficacia de su gestión al frente del Mininter. Al respecto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó los estados de emergencia y puso el foco en el verdadero problema: la inteligencia policial brilla por su ausencia.

La titular del Ministerio Público expresó su preocupación por la falta de estrategias operativas para hacer frente al crimen organizado. Es más, el mismo gobierno no da presupuesto para acciones operativas.

En lugar de eso, destinan tiempo y esfuerzo a defender a la presidenta Dina Boluarte y sus esbirros de los numerosos escándalos de corrupción y frivolidad de la tía. Así no se puede. Santiváñez, te estás demorando en renunciar.

General en retiro del Ejército le pide a Dina Boluarte que asuma su responsabilidad por las muertes en protestas: «Ella es la responsable, desde ahí nace la orden»

Víctor Canales fue comandante general del Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi y general de brigada del Ejército hasta el año pasado. Se hizo popular por pedir en un acto público, frente a cientos de militares, que “no manchen sus manos ni con la sangre de los inocentes ni con el virus de la corrupción». Efectivamente, sus palabras iban dirigidas a Dina Boluarte y a los muertos que carga encima desde el 2022, cuando asumió el cargo. En una entrevista con La República, el general en retiro ratificó sus palabras y, no solo eso, la responsabiliza directamente por haber dado la orden de reprimir las protestas de esa manera:

Esta es la primera vez que alguien del Ejército la culpa directamente y le pide que asuma públicamente la responsabilidad por las muertes que provocó la represión. Por eso, Dina, la justicia te alcanzará tarde o temprano

César Acuña recién se acuerda que es gobernador y afirma que saldrá a las calles junto al Ejército para resguardar la seguridad ciudadana

El atentado delincuencial contra la sede del Ministerio Público en Trujillo ha puesto a sudar frío tanto al gobierno como a todos aquellos que encubrían la ineptitud de los ministros de Dina Boluarte.

César Acuña, el mejor aliado que ha tenido la apurimeña hasta ahora, siempre ha brillado por su ausencia ante los graves problemas que sufre La Libertad. No es un secreto que se tomaba vacaciones adelantadas en plena ola de inseguridad y que hasta la semana pasada le lanzaba todo tipo de elogios a Boluarte, asegurando que era la mejor presidenta que ha tenido el Perú.

Sin embargo, los trujillanos hoy están aterrados de que la delincuencia haya escalado a tal nivel que ni siquiera las instituciones del Estado están a salvo. De inmediato, las calles se llenaron de militares y se volvieron a prometer más estados de emergencia. Sin embargo, para que los liberteños se crean el cuento, el propio Acuña ha salido a decir que él patrullará las calles en persona. Así se ha comprometido indirectamente a dejar por un tiempo los viajes y finalmente dedicarse a ver cómo realmente se encuentra la región que votó por él.

Petipán Acuña, parece que ya es muy tarde para intentar hacer lo correcto.

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Un grupo de 19 exministros y exviceministros de los últimos seis gobiernos ha expresado su rechazo a un proyecto de decreto supremo del Ministerio de la Producción (Produce), que podría despenalizar la pesca a gran escala en las áreas naturales protegidas (ANP) del país. 

Se trata de la Resolución Ministerial N.º 481-2024-PRODUCE, publicada el 7 de diciembre de 2024, que propone modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, vigente desde hace más de dos décadas, así como el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras. 

De ser aprobadas estas modificaciones, debilitarían la capacidad del Estado para sancionar actividades ilegales en áreas protegidas y abrirían la puerta a la pesca industrial en espacios como la Reserva Nacional de Paracas. 

Recordemos que esta ANP ha sido un epicentro de controversias a lo largo del 2024, precisamente porque terceros han intentado permitir la pesca industrial en esta área, a pesar de que está prohibida por ley. 

«Manifestamos nuestro rechazo a esta iniciativa que debilitaría gravemente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la impunidad. Esto resulta especialmente alarmante, ya que beneficiaría también a las empresas ya sancionadas por pescar de manera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Paracas, con montos que ascienden a más de 12 millones de soles», enfatiza el comunicado. 

Es importante señalar que ocho de estas empresas son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio que agrupa a las principales empresas pesqueras del país y que, a lo largo de 2024, ha buscado de diversas maneras habilitar la pesca industrial en esta misma reserva. Solo en julio de ese año, estos mismos actores fueron beneficiados por el Congreso con una reducción del 80% de las multas por pescar ilegalmente en esta zona.

¿Quiénes son los funcionarios que rechazan esta propuesta?

Los firmantes de este documento son un grupo de exfuncionarios de alto nivel que han desempeñado roles clave en el ámbito ambiental, de desarrollo social y de justicia en el Perú. Entre ellos se encuentran exministros y viceministros del Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y el Ministerio de Producción (Produce), entre otros. 

Ellos son: Albina Ruiz Ríos, Hugo Cabieses Cubas, Gloria Montenegro Figueroa, Mariano Castro Sánchez Moreno, Cecilia Aldave Ruiz y Lucía Ruiz Ostoic. 

También, José De Echave Cáceres, Manuel Pulgar Vidal Otálora, Patricia Majluf Chiok, Kirla Echegaray Alfaro, Wilbert Rozas Beltrán y Modesto Montoya Zavaleta.

Asimismo, Nancy Tolentino Gamarra, Luisa Guinand Quintero, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, Iván Lucich Larrauri, Mariela Cánepa Montalvo, Gabriel Quijandría Acosta y María Soledad Pérez Tello.

¿Por qué las modificaciones a la norma amenazarían a las ANP?

El proyecto propone reemplazar las categorías de «áreas reservadas» y «áreas prohibidas» por “zonas no permitidas” y “zonas restringidas”, lo que modificaría también las infracciones según estas nuevas definiciones. 

Las nuevas categorías permitirían que las «zonas no permitidas» y «zonas restringidas» se regulen exclusivamente por Produce, sin tener en cuenta las restricciones impuestas por otros sectores, como el Ministerio del Ambiente, que prohíbe explícitamente la pesca industrial en áreas naturales protegidas. 

Al no ser incluida en estas nuevas categorías propuestas, Produce ya no podría sancionar a las flotas industriales que operan en estas zonas. Por lo tanto, estas áreas protegidas podrían quedar fuera del alcance de las regulaciones del Minam, lo que permitiría que Produce asuma el control exclusivo de su categorización, debilitando así un marco de protección ambiental que ha estado en vigor desde 2001. 

Como señalan los exfuncionarios, una de las consecuencias de aprobar este decreto supremo sería fomentar la impunidad en actividades como la pesca industrial. ¿Por qué es esto peligroso? Porque iría en contra de décadas de esfuerzos de conservación que han buscado proteger los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad. 

Además, esta medida protege a los pescadores artesanales al prevenir la competencia desleal y la sobreexplotación de los recursos.

En una nota previa sobre este tema, José Hernández, pescador artesanal y miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, expresó: “Estamos preocupados y alerta. Hemos solicitado una reunión con el ministro del sector, Sergio González, para tratar varios temas que nos preocupan, entre ellos este. Expresamos nuestro rechazo a cualquier intento de permitir actividades de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas sin ninguna regulación. Nos mantenemos atentos, no se pueden priorizar intereses particulares sobre la conservación y el bienestar de la comunidad”.

Un retroceso inaceptable

La Reserva Nacional de Paracas, reconocida por su biodiversidad y relevancia ecológica, se encuentra nuevamente en el centro del debate. «Exhortamos al ministro de Producción a poner por delante los intereses de todos los peruanos y cumplir con su rol de fiscalizar las actividades pesqueras, más aún en espacios tan importantes como la Reserva Nacional de Paracas y todas nuestras Áreas Naturales Protegidas», concluye el comunicado de los exfuncionarios. 

El proyecto de decreto supremo está en consulta pública, pero su aprobación podría marcar un punto de no retorno en la protección de los ecosistemas marinos en el Perú. Mientras tanto, ambientalistas, pescadores artesanales y exfuncionarios públicos llaman a la acción para evitar que los intereses empresariales prevalezcan sobre la conservación y el bienestar colectivo.

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En paralelo a la organización de los Carnavales 2025, la Caretur expresó su preocupación por el incremento de casos de estafas vinculadas a agencias de turismo fraudulentas en Ayacucho. Alejandro Mancilla detalló las modalidades más comunes y brindó recomendaciones para evitar caer en manos de estafadores.

“Una agencia formal debe tener una oficina fija en la ciudad de Ayacucho o en la región de origen. Además, es crucial verificar sus referencias en hoteles locales y asegurarse de que estén registradas en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dilsettur)”, manifestó Mancilla.

Entre las técnicas fraudulentas identificadas se encuentran la distribución de volantes con ofertas sospechosas, como viajes internacionales a precios irrisorios, y la presión para realizar pagos inmediatos mediante tarjetas de crédito. Estas prácticas suelen derivar en pérdidas económicas para las víctimas.

“Hemos detectado casos de agencias que operan solo con una fachada y no brindan información clara. Algunas estafas provienen incluso de supuestas agencias internacionales. Por eso, recomendamos que los viajeros consulten con la Dircetur para validar la legitimidad de las empresas”, advirtió.

Mancilla también exhortó a las autoridades a establecer una oficina de sanciones dentro de la Dircetur para enfrentar esta problemática.

“Actualmente solo se realizan acciones preventivas, lo cual no es suficiente. Es necesario contar con mecanismos sancionadores para proteger a los turistas y garantizar un sector turístico confiable”, concluyó.

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La regidora de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, Vanesa Quispe Apaza, admitió no haber hecho casi nada por su provincia en dos años de gestión. La fiscalizadora, quien representa a la cuota joven, señaló que ninguno de los pocos proyectos de ordenanza municipal que presentó, se aprobó.

Respecto a sus labores de fiscalización, Quispe Apaza, dijo que no realizó ninguna denuncia ante un órgano fiscalizador, porque no encontró irregularidad en los proyectos que la actual gestión municipal viene ejecutando.

Al ser recriminada por los periodistas por el escaso rendimiento en los dos años de gestión, la regidora sanromina reconoció su ‘falta’, al decir que «probablemente» sí, sea cierto.

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Pasó en el Perú | Cusco. La Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro postulantes durante el examen de admisión 2025-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) por utilizar dispositivos electrónicos para hacer trampa.

La intervención se realizó el sábado 18 de enero a las 13:45 horas, cuando efectivos del Escuadrón Verde Terna y agentes de Alta Tecnología de la DIVINCRI Cusco, infiltrados entre los postulantes, identificaron y detuvieron a los implicados.

Durante el registro personal, se encontró a Abdeel Castra con un dispositivo electrónico color beige y un micro audífono (MICSPY) adherido al pecho, junto con un chip. Alexis Caballero portaba un dispositivo similar con un micro audífono instalado en el oído y un chip.

Jheremy Pacompia tenía un dispositivo electrónico negro sin marca, con chip y un micro audífono color negro beige en el oído. Alex Letona fue hallado con un auricular oculto entre sus pertenencias.

Los detenidos serán denunciados por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Además, un grupo especial de la policía trabaja para identificar y capturar a otros posibles involucrados en este caso de fraude académico.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de admisión, protegiendo la meritocracia y los valores éticos en la educación superior, informó CuscoPost.

Junín: Suspenden por seis meses a jueza de la Selva Central por tráfico de influencias

Pasó en el Perú | Junín. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió por seis meses a la jueza Ana María López Arroyo, expresidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, por tráfico de influencias, tras comprobar que intentó influir en varios magistrados para favorecer a su amiga Karina De la Cruz Meza en un proceso penal.

López Arroyo buscó que un juez de primera instancia absolviera a su amiga, pero el magistrado emitió sentencia condenatoria en marzo de 2023.

La jueza insistió en su objetivo en la apelación del caso, a través de dos jueces superiores, quienes ratificaron el fallo.

La suspensión podría renovarse por otros seis meses, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Sutep rechaza Ley 32242 que destituye a personal educativo

Pasó en el Perú | Ayacucho. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en Ayacucho, representado por Ronald Pizarro, expresó su rechazo frontal a la ley 32242, que establece la destitución automática de docentes, auxiliares y directores por faltas graves y delitos mayores. Según el gremio, la norma vulnera derechos fundamentales como la legítima defensa, la pluralidad de instancias y el debido proceso, consagrados en la Constitución.

Pizarro señaló que esta ley otorga a las UGEL y al Ministerio de Educación la potestad de destituir de oficio en primera instancia, lo que calificó como un atentado contra las garantías legales del magisterio. “Esta norma no solo es inconstitucional, sino que además puede utilizarse como una herramienta de persecución contra los maestros a nivel nacional. No vamos a permitir este atropello”, afirmó.

El sindicato ha iniciado acciones legales y políticas para revertir la aplicación de esta norma. Documentos ya han sido remitidos al Congreso y al Ministerio de Educación, y se busca el respaldo de legisladores como Flor Pablo. Además, el SUTEP anunció una movilización en Lima el 30 de noviembre y la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Aunque el SUTEP mantiene una postura crítica frente a la ley, Pizarro aclaró que no defenderán a docentes hallados culpables de delitos como violación o maltrato. “No protegeremos lo indefendible. Si se ha agotado el debido proceso y existe una sentencia firme, el responsable debe ser destituido, pero no podemos aceptar la imposición de sanciones automáticas sin respetar los derechos de los implicados”, señaló a Jornada.

Puno: Regidora admite no haber hecho nada en dos años de gestión

Pasó en el Perú | Puno. La regidora de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, Vanesa Quispe Apaza, admitió no haber hecho casi nada por su provincia en dos años de gestión.

La fiscalizadora, quien representa a la cuota joven, señaló que ninguno de los pocos proyectos de ordenanza municipal que presentó, se aprobó.

Respecto a sus labores de fiscalización, Quispe Apaza, dijo que no realizó ninguna denuncia ante un órgano fiscalizador, porque no encontró irregularidad en los proyectos que la actual gestión municipal viene ejecutando.

Al ser recriminada por los periodistas por su escaso rendimiento en los dos años de gestión, la regidora reconoció su ‘falta’, al decir que «probablemente» sí, sea cierto, informó El Objetivo.pe.

Arequipa: Investigarán uso de terrenos cedidos por Autodema a instituciones por uso indebido

Pasó en el Perú | Arequipa. El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Osias Ortiz Ibáñez, pedirá la conformación de una comisión investigadora para indagar el uso y destino de terrenos cedidos por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) a diversas instituciones. Según Ortiz, algunos de estos terrenos serían subarrendados a terceros, contraviniendo los acuerdos de los convenios. 

Ortiz señaló que varias entidades, como la Universidad Católica Santa María (UCSM), recibieron terrenos mediante convenios de cesión de uso con Autodema. “La universidad funciona en [el distrito de] Majes y le han entregado una parcela. En la actualidad ya no funciona la universidad, funciona un instituto”, dijo Ortiz. 

Además, mencionó que la Universidad Nacional del Altiplano también posee un terreno en Majes (provincia de Caylloma) que, según la información preliminar, se subarrendaría a terceros. Otras instituciones implicadas incluyen el Colegio de Ingenieros, dos centros educativos y la Policía Nacional del Perú. En el caso de la Policía, Ortiz afirmó que esta perdió el control de los terrenos debido a la tercerización.

Investigación

El titular del CRA precisó que los funcionarios de Autodema serían responsables de las posibles irregularidades en la cesión de los terrenos. Por ello, se espera que el Consejo Regional evalúe los convenios firmados para determinar si las entidades involucradas están cumpliendo con los objetivos establecidos.

«Haremos una relación de cuántos convenios tiene el gobierno regional a través de Autodema, con otras entidades y cuál es el aprovechamiento y objetivo que tienen estas entidades».

La conformación de la comisión investigadora se solicitará en la próxima sesión del Consejo Regional. De comprobarse que los terrenos no se utilizan según lo estipulado o que están generando beneficios económicos indebidos, se pedirá la reversión de estas propiedades a Autodema. “Si no tienen aprovechamiento de parte de las entidades, se tienen que revertir los terrenos a Autodema”, concluyó Ortiz. El Búho.

Satipo: Cultivo del jackfruit impulsa la innovación en productos saludables

Pasó en el Perú | Satipo. El jackfruit, también conocido como yaca o jaca, es la fruta más grande del mundo. Y ha encontrado en Satipo un espacio ideal para su cultivo. Con más de 15 años de experiencia, la Finca Jackfruit Río Negro se ha convertido en un referente en la producción y aprovechamiento de esta fruta gigante.

Además de su impresionante tamaño, que puede alcanzar hasta 43 kilos, el jackfruit destaca por su versatilidad en la creación de productos innovadores como pulpas, harinas, licores, y chips.

La finca trabaja en el aprovechamiento total del fruto, combinando sostenibilidad y diversidad en sus aplicaciones, informó Inforegión.

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Dina está en graves problemas por la muerte del empresario Nilo Burga, ya que un nuevo audio revelaría las intenciones de la presidenta de silenciarlo. Mientras tanto, un atentado ocurre al Ministerio Público de Trujillo para intimidar a fiscales que investigan casos de crimen organizado.

En este programa también comentamos las medidas anunciadas por Donald Trump sobre migración, el canal de Panamá y el golfo de México.

El video Dina involucrada en caso de sic4riato en Qali Warma | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

Pasó en el Perú | Noticiero desde regiones – 20 enero 2025 –  Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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El video Sorprendidos con audífonos y micros espía en examen de admisión | Pasó enel Perú: noticiero regional se publicó en YouTube en este enlace

La Contraloría General registró 1244 alertas en actividades de gestión en entidades gubernamentales de Arequipa, en todos los niveles de gobierno, como parte de un control simultáneo por medio de 701 informes. En los sectores con mayor número de casos de riesgo se vieron involucradas áreas clave como Educación (166), Transportes (143), Salud (120), Saneamiento (88) y Ambiente (109). El objetivo de estos controles es la aplicación de medidas correctivas y el correcto funcionamiento de las instituciones.

En el gobierno regional de Arequipa, han sido registradas 213 alertas, de las cuales 56 han sido corregidas o están en proceso, 57 no han sido atendidas y 100 no han tenido acción alguna. Seguidamente, a nivel de gobierno nacional, en la región fueron registradas 141 alertas, de las cuales 77 han sido corregidas o están en proceso, hubo 10 no atendidas, 48 no han tenido acciones y 6 han sido desestimadas. Finalmente en los gobiernos locales se han registrado 890 alertas, de las cuales 210 han sido corregidas o están en proceso, 277 no han sido atendidas, 390 no han tenido ninguna acción y 13 han sido desestimadas.

Adicionalmente, hubo un control posterior de 197 informes de parte de la Contraloría, donde se identificaron a 208 funcionarios y/o servidores públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por irregularidades en el ejercicio de sus labores. Esta modalidad de control, el cual tuvo 59 informes de auditoría, percibió un perjuicio económico de 10.1 millones de soles.

Adicionalmente, se emitieron 11 informes de presupuestos adicionales de obra, servicios de supervisión y operaciones de endeudamiento.

A nivel nacional se emitieron un total de 36 199 alertas por situaciones adversas, cuyos sectores más afectados fueron Educación (5582), Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671), Ambiente (2504) y Comunicaciones (305). El control posterior tuvo 5042 informes donde se identificaron 6047 funcionarios y/o servidores públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por irregularidades en el ejercicio de labores, y se contó con 1413 informes de auditoría, identificando un perjuicio económico de 478 millones de soles.

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