El exgobernador Elmer Cáceres Llica viene disfrutando de su libertad participando en diversas actividades artísticas. Esta vez fue visto en la festividad de la Virgen de la Candelaria, donde bailó caporales junto a otros danzantes.
A inicios de año también participó en actividades culturales con pobladores de Chumbivilcas. Estas apariciones públicas han llamado la atención en redes sociales.
Llica permaneció en prisión durante cuatro años tras ser acusado de presuntamente liderar una organización criminal en el caso “Los Hijos del Cóndor”. Además, enfrentó una condena por la adquisición irregular de butacas valorizadas en más de 20 mil soles cuando fue alcalde de Caylloma.
El exgobernador ha señalado que ahora busca dedicar más tiempo a su familia y que no tiene intención de regresar a la política.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Dos socios de la inmobiliaria Continental fueron dados de alta tras permanecer hospitalizados por las graves lesiones que sufrieron durante un violento ataque registrado la noche del sábado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza luego de ser agredidos al interior del local.
Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando un grupo de sujetos ingresó de manera irregular a las instalaciones de la inmobiliaria, ubicadas en la avenida Dolores. Los atacantes habrían roto el cerco eléctrico y accedido al inmueble a través de una vivienda colindante, sorprendiendo a los socios que se encontraban en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Jhon Ederson León Rosales y Jhowaldo Cabrera Casio, ambos socios de la empresa. León Rosales sufrió la agresión más grave, ya que los atacantes lo golpearon con un extintor y luego cayó desde el segundo piso del inmueble. El impacto le causó lesiones de consideración. Pese a ello, recibió el alta en las últimas horas y dejó el hospital en silla de ruedas, con visibles heridas en el rostro.
Tras la alerta de transeúntes y vecinos, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y auxiliaron a los heridos. La División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa asumió el caso en coordinación con el Ministerio Público. Ambas entidades investigan los hechos por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y robo agravado.
Durante el operativo, la Policía detuvo a varios presuntos implicados. Las diligencias se extendieron hasta la madrugada con el recojo de evidencias y la toma de declaraciones. Las autoridades no descartan que existan más responsabilidades vinculadas a este violento episodio, ocurrido en medio de un conflicto interno en la empresa.
Fiscalía evalúa robo agravado en caso de inmobiliaria en Arequipa
La abogada de los socios agraviados, Solange Quispe, informó que el Ministerio Público viene evaluando el caso bajo la tipificación de robo agravado, prevista en los artículos 188 y 189 del Código Penal. Precisó que este delito podría acarrear penas de entre 20 y 30 años de prisión, debido a las lesiones graves causadas a las víctimas.
La letrada indicó que la defensa de los detenidos habría intentado justificar el ingreso violento al inmueble bajo el argumento de una supuesta defensa posesoria. Sin embargo, aclaró que esta figura legal no ampara actos de violencia extrema ni el despojo de bienes. Añadió que los socios afectados tenían posesión efectiva del inmueble, donde incluso residían.
Quispe detalló que la inmobiliaria está conformada por seis socios y que el conflicto se originó tras el abandono del cargo de gerente general por parte de Álvaro Gil, quien dejó de asistir a la empresa a inicios de febrero. Ante esta situación, los socios le cursaron una carta notarial para iniciar su remoción, procedimiento que aún se encuentra dentro del plazo legal.
Asimismo, negó que exista una compra-venta válida de acciones, como habría sostenido la defensa de Gil, y advirtió sobre una posible falsificación de documentos. Entre los bienes presuntamente sustraídos durante el ataque figuran celulares, dinero en efectivo, laptops, una motocicleta dañada y el sistema de grabación de cámaras de seguridad. El perjuicio económico preliminar superaría los S/ 5.000.
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La crecida de una quebrada arrasó un puente en construcción en la localidad de Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, provincia de Bongará, región Amazonas. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron el aumento del caudal, que arrastró la estructura en cuestión de segundos y causó sorpresa entre los pobladores.
El hecho generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron a las autoridades responsables de la obra y advirtieron sobre la pérdida de la inversión pública en un proyecto considerado clave para la conectividad de la zona.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La Constitución y la Ley Marco del Empleo Público detallan que ningún empleado del sector público puede recibir del Estado “más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso”
El domingo 1 de febrero, el candidato a la presidencia de Avanza País, José Williams, brindó una entrevista al programa Punto Final, transmitido por Latina, en la que fue cuestionado por la periodista Mónica Delta por recibir el sueldo de congresista y su pensión como exmiembro del Ejército.
La conductora le preguntó: ¿Cualquier funcionario público puede recibir pensión y sueldo del Estado? A lo que el exmilitar respondió: “todos los reciben, menos nosotros”.
PerúCheck revisó las normas legales y encontró que existe la Constitución y otras normas prohíben la percepción de doble ingreso del Estado, por lo que los funcionarios públicos no pueden percibir dos remuneraciones.
¿Qué dicen las leyes peruanas?
La Constitución política, norma máxima del Estado, tiene un capítulo destinado a la regulación de la función pública. En uno de sus artículos se detalla que un funcionario del sector público no puede percibir doble ingreso.
Artículo 40.-
La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley.
Pero esta no es la única norma que especifica dicha prohibición. La Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, tiene como finalidad establecer las normas correspondientes para tener una administración pública más “moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada”. Ésta busca determinar cuáles son los principios que rigen al empleo en el sector público y crear condiciones para las entidades del Estado.
En esta ley también se detalla la relación entre el Estado y el empleado, y en el primer capítulo se especifica que los empleados públicos no pueden percibir del Estado más de una remuneración.
Artículo 3.- Prohibición de doble percepción de ingresos
Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas.
En este documento, además, se detalla que el funcionario público es todo aquel que “desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas”.
¿Los congresistas que fueron policías o militares, como José Williams, reciben doble ingreso del Estado?
En reiteradas ocasiones los congresistas han mencionado que no reciben dinero del Estado, sino la pensión a la que tienen derecho. No obstante, su pensión no se calcula como la de un ciudadano cualquiera.
La abogada laboralista Lucy Marmanillo explicó a PerúCheck que la regla general es que ningún funcionario público puede recibir dos ingresos, entre ellos pensión y remuneración, de parte del Estado. Sin embargo, en el caso de policías y militares sí hay un debate porque el Estado contribuye con una parte de su pensión.
“Cuando hablamos de que una persona tiene una pensión y aparte percibe una remuneración de parte del Estado, debemos evaluar a qué régimen pertenece esta pensión. No es lo mismo recibir una pensión de la AFP, que el monto responde a un fondo [privado] que hemos ido acumulado en el tiempo, a recibir una pensión que sí es financiada por el Estado, como pasa con los militares y policías”, dijo.
Lo que sucede es que los militares policiales reciben una pensión conformada por un porcentaje de fondos acumulados por ellos mismos y otra parte asumida por el Estado. Así lo informó la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso.
“La tasa de aporte vigente es 19% (6% a cargo del Estado y 13% a cargo del efectivomilitar policial), y se fijó en correspondencia al diseño actual del régimen previsional, donde las pensiones se otorgan en base a una tasa de reemplazo de 55%”, indica el documento.
Una muestra de ello es la noticia que publicó Agencia Andina el 12 de diciembre de 2025, en la que dio a conocer que, a través del Decreto Supremo Nº 294-2025-EF, se autorizó la transferencia de más de S/88 millones a favor del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
El objetivo de este presupuesto era “financiar las transferencias financieras que dichos pliegos deben efectuar a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), para ser destinadas exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la citada entidad.
Entonces, ¿qué se le cuestionó a José Williams?
Hasta el año 2022, el personal militar y policial que recibía pensiones del Estado no podía percibir doble ingreso de parte del sector público, debido a que aún estaba vigente la Ley N° 19846, la cual determinaba los derechos de los pensionistas de las fuerzas del orden. En éste se definía que sólo era posible que un exmilitar o expolicía percibiera doble remuneración del Estado si se trataba de servicios de docencia.
Artículo 6.-
El servidor o sus deudos sólo podrán percibir simultáneamente dos sueldos o dos pensiones o un sueldo y una pensión del estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública.
Sin embargo, en el año 2021, poco después de que se instale el nuevo Congreso, la parlamentaria María del Carmen Alva, entonces de la bancada de Acción Popular, presentó la iniciativa legislativa N° 00319/2021-CR que modifica la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Ley N° 30539.
De acuerdo al documento, el objetivo era que se haga válido el siguiente texto:
«Autorícese a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las Instituciones Públicas y las Empresas del Estado la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios laborales en todas las áreas de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Empresas Públicas, quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado.»
El Congreso también pidió una excepción para que policías y militares puedan percibir ingresos de parte del Estado sin considerar un tope máximo, como lo pedía el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº038-2006:
“Ningún funcionario o servidor público que preste servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre”.
Con estas especificaciones, el 28 de abril de 2022, la iniciativa legislativa fue aprobada. Desde entonces, se le cuestiona a los congresistas que fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú la percepción de doble ingreso del Estado, pese a estar prohibido.
Conclusión
José Williams, candidato presidencial de Avanza País, indicó que todos los funcionarios públicos pueden percibir doble ingreso del Estado. Pero la Constitución y la Ley Marco del Empleo Público señalan que está prohibido que los funcionarios públicos reciban doble ingreso de parte del Estado. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato de Avanza País, José Williams, como falsas.
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La Policía Nacional desarticuló una red criminal, denominada “Los Invisibles de la Extorsión”, dedicada a la extorsión que operaba desde el interior del penal de Socabaya, en Arequipa. El operativo se ejecutó el sábado 8 de febrero, alrededor de las 16:00 horas, tras una investigación iniciada por la denuncia de un empresario que recibía amenazas a cambio de dinero.
De acuerdo con la información policial, la banda utilizaba llamadas y mensajes de WhatsApp con números de prefijo extranjero para intimidar a sus víctimas. En uno de los casos, los delincuentes exigieron el pago de S/ 50 mil y enviaron imágenes de la vivienda del agraviado y de armas de fuego como método de presión.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la Divincri Arequipa, quienes lograron identificar a los integrantes de la organización y ejecutar allanamientos tanto en el penal como en un inmueble del distrito de Tiabaya.
Extorsiones se organizaban desde prisión en Arequipa
La organización criminal coordinaba sus acciones desde los pabellones A3 y A4 del penal de Socabaya. Operaban bajo una modalidad conocida como “escopetazo”. Desde el interior del centro penitenciario se realizaban las amenazas, mientras que en el exterior se ejecutaban labores de marcaje y cobro del dinero.
Entre los detenidos figura Carlos Andrés Segura Góngora, alias “Negro Colombiano”, señalado como cabecilla de la banda. También fueron intervenidos Luis Mauricio García Huamán, alias “Ñañito”, y Luis Alberto Obando Montoya, alias “Luchito”. Ambos son internos del penal y presuntos encargados de coordinar el flujo del dinero producto de las extorsiones.
Asimismo, fue detenida en flagrancia Juana Rosa Obando Montoya. Según la investigación, sería la responsable de recibir los depósitos y facilitar su ingreso al penal. Además, se identificó a un sujeto conocido como “Coyote”. Este último habría cumplido funciones de marcaje y reglaje de las víctimas y se encuentra en proceso de identificación.
Durante los allanamientos, la Policía incautó seis teléfonos celulares, tarjetas bancarias y chips telefónicos. También se hallaron vouchers de depósito, agendas con anotaciones de montos y cuentas bancarias, además de dinero en efectivo. Las autoridades informaron que las diligencias continúan para determinar si existen más víctimas y establecer responsabilidades penales adicionales.
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El Perú sigue bajo el asedio de los criminales. Los homicidios se han incrementado en lo que va del año y podría superar a los niveles de años anteriores sin que el gobierno de José Jerí haga nada efectivo en contra de este flagelo. Foto: Panamericana
Asegurando que no se busca esconder la información a la ciudadanía, el ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó este lunes que las cifras de homicidios de las Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional el Perú (PNP) es mayor a la registrada por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
La víspera, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, cuestionó la credibilidad del SINADEF. Refirió que las cifras que dio el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, «son las más aproximadas a la realidad»
En tanto, crece la expectativa por la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya entrega ofreció el gobierno de José Jerí en dos oportunidades que hasta ahora no se cumplen.
Sin embargo, este lunes también, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que el documento ya está elaborado y que falta solo que lo apruebe formalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). “Esta semana lo van a publicar”, aseguró. Explicó que la demora respondió a la intención gubernamental de diseñar medidas de largo plazo y no solo respuestas coyunturales ante la ola de criminalidad que afecta distintas regiones del país.
La Policía ahora difunde dos registros de homicidios
De acuerdo con el analista de datos, Juan Carbajal, “el Gobierno actual de José Jerí (tras casi 4 meses) sigue siendo el de mayor promedio diario de homicidios que cualquier gobierno anterior”. Según datos oficiales de esta gestión por medio del SINADEF, y de proseguir la tendencia actual hasta el término de su mandato podrían ser mayores. Sin embargo, el perito hace notar que ahora la Policía difunde dos registros de homicidios totalmente diferentes.
“El día jueves 05 de febrero, la PNP difundió un boletín informativo por medio del CENOPPOL (Central de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú), en el que daba a conocer un registro de homicidios totalmente diferente a lo que públicamente se visibiliza en el SIDPOL (Sistema Informático de Denuncias Policiales) del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
Así, y según lo registra el CENOPPOL-PNP, a nivel nacional en el Perú, en enero del 2026 se han registrado 204 homicidios, cifra menor a los 239 homicidios registrados en enero del 2025. “Sin embargo, el SIDPOL-PNP denota registros diferentes indicando que en enero del 2026 se han registrado 185 homicidios, inferior a los 246 homicidios registrados en enero del 2025”, refiere.
Lima ha tenido el peor inicio de año 2026 en cuanto a homicidios
Carbajal remarca que en ambos escenarios (a nivel nacional) se denota una reducción, pero no existe data abierta/pública por parte del CENOPPOL-PNP de modo tal [que permita] analizar todo el contexto/tendencia por regiones, provincias y distritos.
Explica que, cuando sólo se limitan en informar «comparativos nacionales», lamentablemente se cae en un claro ‘sesgo selectivo’, es decir, no visibiliza la situación del panorama completo de cada región, provincia o distrito del Perú.
Lo que no dicen en tal «boletín informativo» del CENOPPOL-PNP es que Lima Metropolitana ha tenido el peor inicio de año en cuanto a registros de homicidios. Esto último sí lo indica claramente el SIDPOL-PNP. “Esperemos que, algún día, se difunda de manera abierta y pública la data del CENOPPOL-PNP. Y sobre todo con una frecuencia diaria y no cada 45 días como lo hace actualmente el SIDPOL-PNP», dijo.
Del Boletín Informativo del 1 al 31 de enero del 2026. Data preliminar. Policía Nacional del Perú
Ministerio de Salud asegura que Sinadef no oculta cifras de homicidios
Luis Quiroz, ministro de Salud, confirmó que las cifras por homicidios de la Policía Nacional del Perú son mayores a las registradas en el Sistema de Información de Defunciones. Defendió el registro de datos y aseguró que “no buscan ocultar el número real”.
Esto tras los cuestionamientos del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a las cifras del Sinadef, sobre la veracidad de los datos. Aseguró que el número es mayor. El ministro de Salud, en declaraciones a Canal N, confirmó esta preocupante situación.
«Nosotros venimos realizando un trabajo en conjunto con la PNP, el Ministerio del Interior, así como también el Ministerio de Justicia, el INEI. Tenemos una sola información. Lo que ha dicho el general Arriola es totalmente cierto en el momento que se refiere a que las cifras que ellos tienen son mayores que la que tenemos nosotros como Sinadef», señaló.
Explicó que “la PNP cuenta con el registro de todos los fallecidos por homicidios. Mientras que el Sinadef tiene el registro de los certificados de necropsia que normalmente no suele estar al día por la demora». Esto, debido a que la información llega de las diferentes regiones del país.
Espichán: «Las cifras del Sinadef son falsas e irreales»
El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, cuestionó la credibilidad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Pese a que esta entidad pertenece al Ministerio de Salud (Minsa).
Tras respaldar totalmente la versión del general Arriola, aseveró que las cifras que revela el SINADEF son «falsas e irreales». Por ello, planteó su revisión porque no estaría brindando información exacta sobre la cantidad de decesos que se producen en el país a diario. Y que incluye a las víctimas de la delincuencia que debe contrarrestar el propio Gobierno.
Y mientras aumentan los asesinatos, y aunque el presidente José Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez, anunciaron que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encontraba a «detalles» de ser aprobado y presentado ante la población, esto fue postergado por una tercera vez.
El Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal tenía 10 días calendario, a partir del 26 de enero. Esto, para presentar su propuesta de elaboración de la estrategia del Gobierno contra la delincuencia. Que, según lo dicho por el mandatario, contaría con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos. Incluirá acciones en los penales y el repotenciamiento de las fuerzas del orden tanto policías como serenos municipales. Pero hasta el momento, no hay nada.
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Festividad Virgen de la Candelaria 2026, concurso traje de luces. El video Festividad Virgen de la Candelaria 2026, concurso traje de luces | LA RED se publicó en YouTube en este enlace Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América
Bad Bunny se ha convertido en uno de los mayores exponentes artísticos latinos en enfrentar abiertamente a Donald Trump y sus políticas migratorias. Su presentación en el Super Bowl incluso habría intentado ser censurada tras sus críticas contra ICE durante la ceremonia de los Grammy.
Sin embargo, el cantante puertorriqueño sorprendió y emocionó a millones de latinos en Estados Unidos al dedicar parte de su show a reivindicar a los países de América, incluyendo una mención al Perú y toda Latinoamerica. Este gesto generó una fuerte reacción del presidente estadounidense, quien calificó su presentación como “repugnante”.
La actuación de Bad Bunny en el evento deportivo más importante del país fue interpretada como una muestra de resistencia cultural y política de Latinoamérica frente a las políticas del gobierno de Trump, consideradas racistas y abusivas.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El accidente ocurrió el pasado domingo 8 de febrero en Camaná y obligó al rescate de personas atrapadas entre los fierros de los vehículos de carga pesada.
Un accidente de tránsito se registró la tarde del domingo 8 de febrero en la Quebrada del Toro, en Arequipa, tras la colisión entre dos camiones de carga pesada que circulaban por esta vía. Las unidades involucradas corresponden a los vehículos de placas BNS-982 y AKY-716.
El impacto provocó que varias personas resultaran heridas, algunas de ellas atrapadas entre los fierros de los camiones. El siniestro generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, quienes brindaron apoyo inicial mientras se alertaba a las autoridades.
Hasta el lugar se desplazó personal de la Compañía de Bomberos, que realizó las labores de rescate correspondientes. Asimismo, personal de Carreteras, junto con la ambulancia de Covinca del peaje de Camaná, participaron en la atención de la emergencia.
Los heridos fueron evacuados al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica. En tanto, la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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El candidato presidencial de Frente Esperanza aseguró que el Perú “no le pide papeles” a los migrantes venezolanos, pero desde julio de 2024 rige la obligatoriedad de presentar pasaporte vigente y visa consular.
Durante una entrevista en el programa F.E., de Resurge TV, el candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, aseguró que el Perú tiene un “efecto llamada” con la población venezolana debido a una presunta falta de control migratorio. “Aquí tienen trabajo, tienen educación, tienen salud, tienen todo… Perú es el paraíso que no le pide papeles, nada de nada”, sostuvo el político.
La afirmación de Olivera se dio tras asegurar que “la migración en Europa se maneja de otra forma […] han tratado de hacerla ordenada. Aquí no es que cruzan en balsa, llegan por diversos medios, y ya está, bienvenidos todos. Hay países que lo han hecho [así] y eso llama el efecto llamada”.
Venezolanos requieren visa para ingresar al Perú
En junio de 2024, la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la Resolución de Superintendencia N° 000121-2024-Migraciones, actualizó los requisitos para el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos de Venezuela. Desde julio de ese mismo año, los venezolanos, además de contar con su pasaporte vigente, deben presentar una visa obtenida previamente en un consulado peruano.
La normativa señala que estos documentos son obligatorios para efectos del control migratorio. Para obtener la calidad migratoria temporal o residente, se deberá presentar el pasaporte ordinario venezolano vigente y la visa correspondiente.
A diferencia de otros ciudadanos de América del Sur, sólo los ciudadanos de Venezuela necesitan contar con visado para ingresar al Perú, salvo que posean residencia permanente en algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia o México).
Esta misma condición la tienen los residentes de Cuba, El Salvador, Haití y Nicaragua, países de Centro América.
Barreras económicas y el aumento de la irregularidad
Zubeido Rafael Herrera, asesor migratorio de la ONG OCASIVEN, explicó a PerúCheck que para obtener la visa peruana, el venezolano en situación de migrante se enfrenta no sólo a trabas económicas, sino también a aquellas de desplazamiento debido a que “la solicitud de una visa se realiza a través del consulado peruano más cercano a Venezuela, que es la que se ubica en Bogotá, Colombia”.
Además, “para obtener esta visa, el ciudadano venezolano debe tener consigo un boleto aéreo comprado y el pasaporte vigente; [esto ha provocado que el ingreso irregular al territorio peruano aumente porque] la mayoría que sale de Venezuela por la situación económica no cuenta con los recursos para hacer una solicitud de visa, que cuesta alrededor de US$100, y mucho menos para adquirir un boleto de vuelo o pasaporte, cuyo costo bordea los US$350”.
Por su parte, María José Vargas Hurtado, migrante venezolana y especialista en comunicaciones, precisó que la visa que les permite el ingreso regular a los venezolanos es la de turista, pero no garantiza un cambio de estatus migratorio.
“Si tú llegas a conseguir un trabajo, con contrato mínimo de un año, lo elevas a la Superintendencia Nacional de Migraciones y recién podrías cambiar el estatus migratorio. Anteriormente, los venezolanos llegaban como turistas y estaba el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que duraba un año. Luego ese PTP mutaba a carné de extranjería, calidad migratoria especial, que tiene que renovarse anualmente”, explicó Vargas.
Venezolanos son intervenidos y expulsados por ingreso irregular
El especialista migratorio de OCASIVEN aseguró que la ley del visado, como se le define a la normativa que instauró la solicitud de visa, no sólo ha provocado más ingresos irregulares sino también que estos migrantes caigan en manos de los traficantes de personas.
En comunicación con PerúCheck, el Frente Policial de Tumbes detalló que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se intervino a 76 extranjeros por infracción a la Ley migratoria. De esta cifra, 59 eran venezolanos.
Tras una intervención, Migraciones realiza un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para decidir la expulsión de los ciudadanos extranjeros irregulares. Según una nota de prensa de Migraciones, hasta noviembre del año 2025, fueron emitidas 3,000 órdenes de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular al territorio peruano
Respuesta de Fernando Olivera
PerúCheck intentó obtener los descargos de Fernando Olivera. En una breve comunicación telefónica, el candidato evitó profundizar en el sustento de su afirmación. “Ya me escribieron, estoy ocupado, tengo una agenda. En su momento contestaré, por favor deje de acosarme”, respondió antes de finalizar la llamada.
Conclusiones
El candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, sostuvo que el Perú no les pide papeles a los migrantes venezolanos. No obstante, esta afirmación no se condice con la normativa migratoria peruana que, desde el 2024, ha endurecido los requisitos de ingreso para ciudadanos venezolanos, a quienes se les exige pasaporte vigente y visa, y cuyo incumplimiento puede generar procesos de expulsión y sanciones administrativas por las autoridades migratorias y policiales. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la aseveración de Fernando Olivera.
PerúCheck está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú que colaboran en la distribución de contenido mediante sus plataformas digitales, impresas y televisivas. El Búho es aliado de esta iniciativa.
Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como […]
Desde Arequipa, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Libertad Popular, arremetió contra el actual Congreso por haber traicionado la confianza de la población al dedicarse a realizar lobbies y promulgar leyes en beneficio propio. Incluso cuestionó el incremento del presupuesto para la contratación de personal, refiriéndose críticamente a la incorporación de trabajadoras a quienes calificó como «queridas y amantes».
Estas son algunas de las propuestas que propone el partido: Propuestas de Seguridad Ciudadana: El plan de gobierno de Libertad Popular 2026-2031 dice alejarse de las promesas vacías y se enfoca en la operatividad real: -Reforma Penitenciaria: Traslado de delincuentes peligrosos a penales aislados de las ciudades para romper sus vínculos con las mafias. -Inteligencia y Tecnología: Fortalecimiento de la inteligencia policial y cámaras interconectadas para una respuesta inmediata. -Derecho a la Defensa: Belaúnde sostiene que los ciudadanos tienen derecho a defender su vida y propiedad, facilitando el acceso legal a armas para defensa personal tras evaluaciones rigurosas.
Compromiso con Arequipa y el Sur del Perú -Majes Siguas II: Destrabe definitivo de este proyecto agroindustrial como motor económico de Arequipa. -Conectividad Rural: Implementación de internet satelital (tipo Starlink) en todas las escuelas rurales del sur para cerrar la brecha educativa. -Gestión del Agua: Inversión en infraestructura hídrica y plantas desalinizadoras para garantizar el recurso tanto en el agro como en el consumo humano.
Aquí puedes revisar el plan de gobierno completo: https://mpesije.JNE.gob.pe/docs/30bab146-a532-4d1b-87a7-e0f8078dc70b.pdf
Esta es una de las entrevistas y análisis que te ayudarán a que emitas un voto informado en estas elecciones presidenciales.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El presidente interino José Jerí y Patricia Li, presidenta de Somos Perú, el partido oficialista, no solo tienen a la militante ministra Sandra Gutiérrez en el MIMP sino también a otros afortunados somistas.
Ser militantes cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, tal como la propia titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Sandra Gutiérrez, quien también está afiliada a dicha organización política habría bastado para beneficiarse con un contrato en dicho sector.
De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, tras asumir José Jerí la presidencia interina de la República en octubre de 2025 y nombrar a Gutiérrez Cuba como ministra del MIMP, los militantes cercanos a Li Sotelo a quienes ella llama “hijos” se beneficiaron con contratos con el Estado.
La investigación periodística denunció al menos unas doce contrataciones en el MIMP de personas con vínculos políticos cercanos a la dirigencia del partido oficialista Somos Perú. Las órdenes de servicio se dieron incluso a personas -afiliadas a Somos Perú- pero sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada.
Uno de los “hijos” de Patricia Li, Jean Paul Sosa, de 25 años obtuvo su primera orden de servicio como auxiliar administrativo por un monto de 2 500 soles, el 15 de diciembre de 2025. Cuando se le contrató no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP). Realizó el trámite recién el 30 de diciembre. Tampoco contaba con títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informaron.
El problema es que no se respeta la meritocracia
Otro caso similar es el de Carlos Huamán Zamudio, también afiliado a Somos Perú y a quien Li Sotelo promovía en las redes sociales. Obtuvo una orden de servicio por 8 000 soles para labores de sistematización y análisis de información, el 21 de noviembre de 2025. En su caso, un día antes, el 20 de noviembre, regularizó su registro de proveedores, el cual no estaba actualizado desde 2015, según el reportaje.
Presentaron a otro beneficiado, Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativo, aunque no contaba con experiencia previa en el Estado, ni RUC activo al momento de la contratación ni grado académico registrado en la Sunedu.
Un cuarto beneficiado es Luis Antonio Calderón, quien de tener un contrato de 2 800 soles en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 pasó a dos órdenes de servicio en el MIMP: una por 18 000 soles y otra por 4 000 soles. Calderón dijo en su defensa que lo convocaron al inicio para un proyecto, pero como no se concretó, lo contrataron finalmente para labores de comunicación.
En el dominical, la analista política Mabel Huertas, dijo que si bien la contratación de militantes es, «hasta cierto punto algo legítimo», el problema surge cuando “no se respeta la meritocracia”.
«Si [estas personas] no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo, finalmente, como bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder», dijo.
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Una grave denuncia por presunto delito contra la libertad sexual recae sobre Guillermo Barjas Vásquez (65), precandidato a la alcaldía distrital de Palcamayo, en la provincia de Tarma, región Junín. El político postula a las próximas elecciones municipales por el partido Podemos Perú, agrupación liderada por el congresista José Luna Gálvez. De acuerdo con el […]
Una grave denuncia por presunto delito contra la libertad sexual recae sobre Guillermo Barjas Vásquez (65), precandidato a la alcaldía distrital de Palcamayo, en la provincia de Tarma, región Junín. El político postula a las próximas elecciones municipales por el partido Podemos Perú, agrupación liderada por el congresista José Luna Gálvez.
De acuerdo con el acta de denuncia policial, presentada el miércoles 5 de febrero a la 1:00 p. m. en la comisaría de Chilca, distrito de Huancayo, una mujer de 51 años, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció que Barjas Vásquez habría abusado sexualmente de ella la madrugada del martes 4 de febrero, aproximadamente a las 3:00 a. m., en la habitación que ambos compartían.
La denunciante, comerciante y conviviente del investigado, señaló que el presunto agresor realizó actos de connotación sexual y posteriormente habría cometido abuso sexual en su contra, todo sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, indicó que únicamente le pidió que se retirara del lugar por temor. Según su testimonio, Barjas Vásquez abandonó el inmueble alrededor de las 5:00 a. m. con destino a La Oroya, sin llevar consigo sus pertenencias.
El documento policial consigna los datos del denunciado, los cuales coinciden con los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), correspondientes al excandidato que en los comicios municipales de 2022 postuló al mismo cargo por el partido Renovación Popular.
Trayectoria política y antecedentes
Barjas Vásquez cuenta con una trayectoria conocida en la política local. Según su hoja de vida presentada ante el JNE en 2022, fue alcalde distrital de Palcamayo entre 2011 y 2014 por el movimiento Fuerza 2011, así como regidor provincial de Tarma.
Asimismo, declaró desempeñarse como presidente de la Asociación de Fondo Contra Accidentes de Tránsito de los Transportistas (AFOCAT) desde el año 2017.
Los registros judiciales indican que el precandidato presenta antecedentes penales, en 1983 fue sentenciado en dos procesos distintos por el delito de lesiones, uno con pena efectiva y otro con pena condicional, ambas ya cumplidas. Además, registra dos procesos civiles en trámite por materia contractual ante el Poder Judicial.
Investigación en curso
Fuentes vinculadas al caso confirmaron que Barjas Vásquez ha sido citado para el miércoles 11 de febrero con el fin de rendir su manifestación ante la Policía en la comisaría de Chilca, como parte de las diligencias preliminares por el presunto delito de violación sexual.
La denuncia fue formalizada ante la Sección de Investigación Criminal (Seincri), instancia en la que la víctima brindó su declaración, firmó el acta correspondiente y fue sometida al examen de medicina legal.
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Malestar y preocupación viene generando entre deportistas y vecinos el pésimo estado en el que ha quedado el estadio Leoncio Prado luego del desarrollo del Carnaval Rural. El recinto, que semanas atrás había sido acondicionado y aplanado para garantizar un espacio adecuado y seguro para la práctica deportiva, hoy luce totalmente deteriorado, intransitable y cubierto […]
Malestar y preocupación viene generando entre deportistas y vecinos el pésimo estado en el que ha quedado el estadio Leoncio Pradoluego del desarrollo del Carnaval Rural.
El recinto, que semanas atrás había sido acondicionado y aplanado para garantizar un espacio adecuado y seguro para la práctica deportiva, hoy luce totalmente deteriorado, intransitable y cubierto de lodo. Si bien las manifestaciones culturales y danzas carnavalescas forman parte de las tradiciones y merecen ser promovidas, lo ocurrido en esta oportunidad evidencia una grave falta de organización, control y respeto por los espacios públicos.
De acuerdo con los vecinos, el daño no se debe únicamente a las intensas lluvias registradas en los últimos días, sino principalmente al ingreso de comerciantes con vehículos al interior del estadio, quienes trasladaron carga pesada, removieron la tierra y destruyeron por completo la superficie del campo deportivo.
“Este estadio estaba parejo, se podía entrenar sin problemas. Ahora parece una chacra, lleno de huecos y barro. ¿Quién va a responder si alguien se lesiona?”, cuestionó un vecino. El terreno quedó desnivelado, enlodado y en condiciones peligrosas, dificultando seriamente la realización de actividades físicas y poniendo en riesgo la integridad de niños, jóvenes y deportistas que utilizan diariamente este espacio.
A ello se suma la acumulación de residuos, basura y restos de las celebraciones, lo que refleja, según los deportistas, una total falta de responsabilidad por parte de los organizadores del evento. “Para vender sí entraron con camiones y carros, pero para limpiar y dejar como estaba, nadie aparece. No es justo que destruyan el único estadio que tenemos”, manifestó otra vecina, quien pidió mayor fiscalización por parte de las autoridades. De igual manera, se advirtió que el alquiler de un espacio público no puede convertirse en una excusa para su deterioro, más aún cuando se trata del único lugar disponible para la práctica deportiva y recreativa en la zona.
En ese sentido, exhortaron que la institución u organización responsable asuma su compromiso y destine los ingresos recaudados durante los carnavales al arreglo inmediato del campo, mediante el aplanado adecuado del suelo y una limpieza integral del estadio. “La cultura se respeta, pero también el deporte y la salud de nuestros hijos. Queremos carnavales, pero no a costa de destruir lo poco que tenemos”, acotó.
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El Gobierno Regional del Cusco confirmó oficialmente que la provincia de La Convención contará próximamente con el servicio de gas natural domiciliario. Un convenio estratégico suscrito con la reconocida empresa Cálidda permitirá extender la red de energía hacia miles de hogares en el sur peruano. La masificación del gas natural constituye una política de alto […]
El Gobierno Regional del Cusco confirmó oficialmente que la provincia de La Convención contará próximamente con el servicio de gas natural domiciliario. Un convenio estratégico suscrito con la reconocida empresa Cálidda permitirá extender la red de energía hacia miles de hogares en el sur peruano. La masificación del gas natural constituye una política de alto impacto social, económico y ambiental para cerrar brechas históricas en toda la región.
El gobernador regional Werner Salcedo Álvarez lideró una reunión de alto nivel junto al alcalde provincial Álex Curi León para este fin. Los representantes del sector privado participaron activamente en el diseño de este acuerdo que transformará la matriz energética de la población local. La autoridad regional enfatizó que el combustible permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida y reducir los costos mensuales en los hogares. El proyecto también busca fortalecer la competitividad de los productores locales mediante el acceso a una fuente de energía mucho más económica.
Infraestructura para la masificación del gas natural
El acuerdo institucional contempla la construcción inmediata de una moderna planta de gas dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Ana. La implementación técnica incluye el tendido de redes de distribución, conexiones domiciliarias directas y un sistema especializado para la atención de emergencias. El objetivo principal es garantizar un servicio totalmente seguro, continuo y accesible para todas las familias que residen en la capital provincial. La masificación del gas natural representa un hito fundamental en la gestión pública para asegurar la soberanía energética de los ciudadanos de La Convención. El equipo técnico regional supervisará el cumplimiento de los plazos establecidos para que la cobertura proyectada alcance la totalidad del casco urbano. Los beneficios ambientales del gas natural contribuirán además a reducir la huella de carbono en las actividades comerciales y domésticas de la zona. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de los pobladores que custodian la mayor reserva de gas de todo el territorio nacional.
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La Policía Nacional logró un golpe clave contra la organización criminal Los Pulpos con la captura de Jhon Snyder Nureña Rojas (19), alias “Jhon Jairo” o “JJ”, sindicado como el principal ejecutor de los ataques con explosivos que estremecieron Trujillo en las últimas semanas. El joven, considerado el brazo armado directo de Jhonsson Pulpo, fue […]
La Policía Nacional logró un golpe clave contra la organización criminal Los Pulpos con la captura de Jhon Snyder Nureña Rojas (19), alias “Jhon Jairo” o “JJ”, sindicado como el principal ejecutor de los ataques con explosivos que estremecieron Trujillo en las últimas semanas. El joven, considerado el brazo armado directo de Jhonsson Pulpo, fue intervenido cuando intentaba consolidar su fuga hacia Chile, país donde se sospecha se oculta el cabecilla de la red criminal.
Amo del terror con solo 19 años
Según las investigaciones policiales, Jhon Jairo estaría detrás de una cadena de atentados extorsivos con bombas que dejaron viviendas destruidas, locales comerciales devastados y una ciudad bajo amenaza. Entre los ataques que se le atribuyen figura la explosión en una vivienda de la avenida Perú, así como el atentado contra el bus de la orquesta Armonía 10, ocurrido en las afueras de la discoteca Monasterio, en la urbanización El Golf, uno de los hechos que generó mayor conmoción pública.
La lista de objetivos también incluye la cadena de licorerías Tabaco y Ron, la discoteca Luxor y el violento atentado que destruyó la discoteca Tabaco Marino, en la urbanización San Isidro, donde la onda expansiva dañó varias casas aledañas. Para la Policía, estos ataques no fueron aislados: formaron parte de una estrategia sistemática de extorsión con explosivos, ejecutada por JJ bajo órdenes directas del líder de Los Pulpos.
De regreso a Trujillo
La noche de este jueves, el joven criminal fugaba a Chile, sin embargo tras una coordinación con las autoridades de dicho país se logró su detención. De inmediato se ha dispuesto su traslado a Trujillo, donde en las próximas horas deberá responder ante la justicia por extorsión agravada, atentados con explosivos y pertenencia a organización criminal, delitos que lo colocan como una pieza clave para desarticular la estructura operativa del grupo.
Para la Policía, la caída de Jhon Jairo representa un punto de quiebre en la lucha contra Los Pulpos, al tratarse del ejecutor directo de los ataques que mantuvieron en zozobra a empresarios, artistas y vecinos. Con su llegada a Trujillo, las autoridades esperan no solo esclarecer cada atentado, sino también cerrar el cerco sobre Jhonsson Pulpo, el cabecilla que aún permanece prófugo y cuyo rastro, una vez más, conduce hacia Chile.
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La Municipalidad Provincial de Puno intervino a más de 100 personas en estado de ebriedad durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Según los reportes oficiales, los efectivos de Seguridad Ciudadana encontraron a estos ciudadanos bebiendo licor, durmiendo o desmayados en plazas, veredas y parques del centro de la ciudad. El operativo, que […]
La Municipalidad Provincial de Puno intervino a más de 100 personas en estado de ebriedad durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Según los reportes oficiales, los efectivos de Seguridad Ciudadana encontraron a estos ciudadanos bebiendo licor, durmiendo o desmayados en plazas, veredas y parques del centro de la ciudad.
El operativo, que cubrió los turnos de tarde, noche y madrugada, reveló una situación preocupante que afectó el orden público y la seguridad de los visitantes.
Cinco personas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Manuel Núñez Butrón por presentar cuadros graves de intoxicación alcohólica, hipotermia y pérdida del conocimiento.
Otras diez recibieron atención médica en los Puestos de Auxilio Rápido (P.A.R.), aunque no requirieron hospitalización. Las autoridades destacaron que el consumo excesivo de alcohol no solo puso en riesgo la salud de los afectados, sino que también generó desorden en zonas turísticas clave.
Un caso que llamó la atención fue la intervención por agresión física contra una mujer, quien fue derivada a la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.
Este incidente ocurrió en medio del caos generado por el alto consumo de bebidas alcohólicas, lo que obligó a las autoridades a redoblar los patrullajes en áreas como la Plaza de Armas, el Parque Pino y la avenida El Sol, donde se concentró la mayor cantidad de público.
El personal de Seguridad Ciudadana también retiró a ciudadanos que bloqueaban el paso peatonal y protegió las áreas verdes, que sufrieron daños por la ocupación indebida.
Además, brindaron apoyo en un accidente de tránsito registrado en la comunidad de Malcomayo, donde colaboraron con la policía para trasladar a un herido al centro de salud más cercano.
Las autoridades recordaron que una festividad segura preserva las tradiciones, pero también la vida y la salud de todos. El consumo desmedido de alcohol no solo afecta a quien lo ingiere, sino que pone en peligro a terceros, especialmente en eventos masivos donde hay familias y niños presentes.
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«Un fenómeno que se está dando y parece que la población no se ha dado cuenta, el Perú era exportador de drogas. Hoy en día, es exportador de minería ilegal».
Hablar y condenar al narcotráfico como el grupo criminal más influyente en la economía y la política en el Perú ha sido -en general – relativizado, escamoteado e invisibilizado. Nos referimos a la infiltración en la alta política y, en este siglo XXI, en los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) financiando los dos tipos de campañas electorales. A contrapelo, hablar del narcotráfico se redujo a una mirada policial: capturas de traficantes, la erradicación de los cultivos ilicitos de coca, destrucción de pozas de pasta y laboratorios de cocaína, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.
El escamoteo, relativización e invisibilidad del poder del narcotrafico en la política y economia caracterizó a los -por obvias razones- sectores políticos, medios de comunicación y -algo incomprensible- a la academia. Las ciencias sociales, los politólogos y las ONGs de investigación simplemente, lo omitieron. O lo condensaron en el término de corrupción o el crimen organizado. Utilizaron ambos terminos para evadir aludir a la especialidad del narcotráfico.
En cuanto a las autoridades gubernamentales, abordaron el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico policialmente. Salvo casos relevantes («Mosca Loca», Carlos Langberg, Villa coca de «El Padrino», «Vaticano», y AeroContinente del «Lunarejo», el «narcoavión presidencial, etc) en los años 80 y 90, concitaron la atención de la investigación policial y periodística. Pero no ahondaron en la influencia y presencia del narcotráfico en el poder político.
Ni vieron como esa industria criminal subterránea generó y exacerbó la corrupción estructural y sistémica que viene de la colonia y prosiguió a lo largo de la República. Esa evasión u omisión exprofeso, salvo contadas excepciones, los llevó a investigar la corrupción hiperbolizada y la violación de los derechos humanos en el régimen dictatorial fujimorista. Por esa razón, no vieron a ese régimen como el primer narcoestado, un tipo de narcodictadura.
Tampoco vieron como el narcotráfico se readecuó tras la caída del narcoestado fujimontesinista el 2000. Ni mucho menos vieron el financiamiento de las campañas electorales presidenciales y municipales/regionales a lo largo de los últimos 25 años que, a diferencia del largo período anterior, en la que financiaron a candidatos en su nómina, los narcos saltaron a la política: pasaron a ser candidatos al Congreso y los gobiernos subnacionales y, además, crearon sus propios partidos (APP, Podemos, Renovación Popular) o adoptaron un partido (Fuerza Popular) o cooptaron (Avanza País) los existentes.
En los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021 lograron -sin dejar de financiar a otros candidatos de diversos partidos- representación propia en el Congreso y los gobiernos subnacionales (regionales y municipales). Pasaron de ser el grupo criminal, proceso que arrancó en los años 40, 50 y 60 del siglo XX, con mayor influencia en la economía a ser el de mayor influencia en la política (ese proceso habría empezado con nitidez en las elecciones de mayo de 1980, cuando «Mosca Loca» financió a Acción Popular y Carlos Langberg al Apra).
Así, pues, el narcotrafico ha sido la industria criminal que, en paralelo a los grupos económicos tradicionales y emergentes de las drogas y Odebrecht, mandó en las campañas electorales de 2011 y 2016. La minería ilegal emerge en la política local y regional en 2010 y nacional en 2011. Sin embargo, en las investigaciones predominó la corrupción, los aportes de los grupos económicos en general y Odebrecht. El narcotráfico permaneció invisibilizado.
Eso ha cambiado en los dos años y meses (2023-2025). No para reconocer su notable influencia y presencia en la economía y el poder político nacional, sino para afirmar que mueve menos que la minería ilegal y, por lo tanto, su poder es menor que la minería ilegal del oro. O para decir que ha sido sustituida por el boom del oro ilegal. Estamos pasado de la invisibilidad a la relativización y desaparición del narcotrafico.
Los datos favorecen ese discurso. En un contexto signado por incremento inédito del precio del oro (a inicios de febrero, la onza de oro llegó a $5,500 la onza). Y el crecimiento imparable de la minería ilegal en el corpus nacional, diversos sectores empresariales y comunicadores han venido sosteniendo y difundiendo un cambio inocultable: la minería ilegal mueve más que el narcotrafico.
Las versiones comparativas más difundidas fueron dos: la minería ilegal mueve siete (7);o doce (12) veces más que el narcotrafico. Ninguna de esas versiones se ajustan a la información oficial. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal del oro movía $10 mil millones en 2023 y el tráfico ilícito de drogas $4,742 millones. En 2024, el IPE estimó el valor en $12 millones.
Así, entre 2023 a 2024, la minería ilegal del oro movía más que el narcotrafico, pero no siete ni doce veces más. Ni en 2025 el valor del oro ilegal ha llegado a ser siete veces más m: según la UIF, la minería ilegal subió a $14 mil millones. Es más, es necesario hacer la siguiente precision: hasta el primer semestre de 2023, la corrupción movía S/ 24, 242 millones, unos $6,000 millones; el narcotráfico $4,115 millones (estimación propia) y la minería ilegal $3,900 millones.
¿Qué indican las cifras de 2023? Que la corrupción y el narcotráfico movian mas que la minería ilegal en asceso. El desbocamiento sin precedentes del precio del oro y, por extensión, de la minería ilegal data de fines de 2023. Y prosiguió entre 2024 y 2025. Ese es el período de mayor auge de la minería ilegal y legal. Ese auge, esto hay que destacarlo, coincide con el auge del narcotrafico, la corrección, la extorsión y la trata de personas.
En conclusión: el oro ilegal mueve más que el narcotrafico en el lapso de 2024-2025::12 mil millones ve 4,742 millones. Es decir, tres veces más que el narcotrafico. Y esa tendencia, debido a la crisis del dólar como moneda de reserva mundial y la emergencia de los BRICS, posiblemente seguirá en curso ascendente. Ello, en el ámbito nativo, se traducirá en un mayor poder económico y político. No hay nada que indique lo contrario. Todo lo contrario.
Pese a estos datos aproximativos de estas economías criminales, y de la relativización del valor y peso del narcotrafico respecto a la minería ilegal, un exjefe de lavado de activos del Ministerio Público ha estrenado un relato que va más allá de su relativización. Ese relato ha sido propagado por La Encerrona, cuyo conductor le dió un toque equilibrado.
Vayamos al relato del funcionario de la fiscalía.
Se trata de las afirmaciones del excoordinador de las fiscalias de lavado de dinero Mirko Cano. ¿En lo fundamental qué dijo Cano? Primera afirmación: «Un fenómeno que se está dando y parece que la población no se ha dado cuenta, el Perú era exportador de drogas. Hoy en día, es exportador de minería ilegal».
Afirmar que el Perú «era’ exportador de drogas» y ahora es «exportador de minería ilegal» es absolutamente falso. Sostener que el Perú ha dejado de exportar drogas y ahora exporta minería ilegal, es equivalente a afirmar que el narcotrafico ha dejado de existir. En otros términos, el excedente de coca, el procesamiento en pasta y el refinamiento de cocaína y la exportación de drogas a los mercados internacionales ha sido sustituido por la minería ilegal.
De un plumazo el fiscal Mirko Cano le ha expedido la partida de defunción del narcotrafico, la principal matriz -al igual que la corrupción y el contrabando- del crimen organizado en el país. La minería ilegal, según el mencionado fiscal, ha sepultado, sin que nos diéramos cuenta, por la exportación de oro de la minería ilegal. Mas de cien años de narcotráfico habrían desaparecido de la faz del país.
¿Cuál es la realidad del narcotrafico en el país? Los datos planetarios muestran al narcotráfico, al igual que el oro ilegal, en un auge inédito. Según el Informe Mundial de las Drogas, al año 2023 el mundo consumió 3,700 toneladas, un incremento también inédito. Eso representa un crecimiento de cuatro veces respecto al 2014. Los datos nacionales también muestran un notable crecimiento: de 62,500 hectáreas en 2011 pasó a más de 95 mil hectáreas en 2024. Y una producción estimada de 950 toneladas de cocaína (Devida, 2023).
Esas cifras, que pueden ser mayores a las cifras oficiales, muestran que el narcotráfico está en auge. En ningún momento, contra la afirmación del fiscal Mirko Cano, el Perú ha dejado de ser exportador de cocaína y pasta base a Europa, el Mercosur (Brasil, Argentina, etc), Oceanía y Asía. El Perú se mantiene como el segundo productor de cocaína a escala mundial. Eso sí, como ya vimos, por el precio del oro nunca visto, mueve menos que la minería ilegal
Algo más ha afirmado el fiscal Mirko Cano: «Los narcotraficantes han visto la forma de cambiar de cambiar su rubro: ya se dedican a la minería ilegal. ¿Por qué? Es mucho más rentable y hay menos controles». No es así. Desde 2008 y 2009, en Madre de Dios y Puno, los narcos lavan en el oro el dinero que ganan en el tráfico de drogas. En los últimos tres años, con el precio del oro en ascenso y desbocamiento (2024-2025), lavan más. O han comprado minas para comprar el oro informal. Y, sobre todo, ilegal.
Finalmente, ¿es cierto que la minería ilegal manda en el mundo criminal y la campaña electoral en curso? De ninguna manera. En dos años y dos meses (segundo semestre de 2023 hasta inicios de 2026) del desbocamiento del precio del oro no se pueden comparar con los casi cien años y los cuatro ciclos de crecimiento del narcotrafico (1930-1940, 1960-1970, 1980-1995 y 2000-2025).
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Posiblemente antes que los chinos comenzaran sus experimentos con la papa y el tomate, en Arequipa el Ingeniero Agrónomo Miguel Muñoz Gómez, hizo producir en una planta que él denominó “paptomato”, los dos frutos.
En una entrevista concedida a este diario y publicada el 8 de febrero de 1956, el Ingeniero informó que había logrado por medio de injertos, hacer producir a una misma planta patatas bajo la superficie y en las ramificaciones del tallo, tomates.
El suceso se ha actualizado gracias a la información de la “United Press International” que un diario limeño consignó en su información de ayer. Y dice: “En un artículo que publica la revista “China Reconstruye”, de China comunista, se afirma que Chiang Shao Fang, sostiene que ha logrado mediante cruces una planta que bajo tierra produce papas y sobre tierra tomates.
Hace 3 años el Ingeniero mistiano concluyó una serie de experimentos que tienen como resultado en la primera etapa lograr dos frutos de una sola planta, por medio de injertos. Lo que los chinos han logrado agrega – producir la planta híbrida – es decir, que se ha superado la etapa de injertos en que se hallaba empeñado hace 3 años.
El Ingeniero Muñoz añade que mediante sucesivos injertos con el mismo material se logra la afinidad entre la planta de tomate y patata. Se consigue entonces una nueva semilla que echada al campo producirá tomates en los tallos y papas en las raíces. (El Pueblo 24 de Febrero de 1959).
(En las citas textuales de esta obra se respeta la ortografía de los originales)
Juan Guillermo Carpio Muñoz
Texao. Arequipa y Mostajo. La Historia de un Pueblo y un Hombre
Tomo X . Pág. 169.
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Juan Guillermo Carpio Muñoz (Arequipa, 1945–2019), se autodenominaba "arequipeñista" y fue el mayor cultor sus tradiciones. Fue sociólogo, historiador y autor de numerosos libros sobre la cultura y la historia de Arequipa. El más importante: El Texao
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