Para la familia de Lizeth Marzano, cada entrevista, cada chat y cada nueva declaración no solo amplían el panorama, sino que refuerzan su pedido de que todas las responsabilidades sean determinadas con claridad.
Francesca Montenegro no convenció a la familia de Lizeth Marzano. Con evidente nerviosismo y frustración, la joven, expareja de Adrián Villar, narró su versión de los hechos y aseguró sentirse arrepentida de haber estado con alguien que, según dijo, “ha demostrado ser todo lo contrario” a lo que ella creía.
Sin embargo, sus declaraciones no lograron disipar las dudas de los familiares de la deportista. El hermano de Lizeth sostuvo que en el caso “se evidencia la forma en la que intentaron encubrirlo y el tiempo que ganaron”, en referencia a las horas posteriores al atropello. Montenegro tampoco supo responder con claridad por qué se cortó el cabello tras el accidente, ni explicó de manera convincente por qué permitió que Adrián Villar regresara a su vivienda después de reunirse con su padre y con la periodista Marisel Linares.
Ante estas inconsistencias, la familia de Lizeth Marzano ha solicitado que Francesca Montenegro sea incluida formalmente en la investigación. Consideran que su testimonio y sus acciones posteriores al hecho debe evaluarse por el Ministerio Público para esclarecer si existió algún tipo de encubrimiento.
La joven relató que Adrián Villar le confesó haber regresado en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano. Un dato que, según afirmó, la dejó impactada y terminó por romper definitivamente la imagen que tenía de él. Dijo que esa revelación marcó un antes y un después en su relación, pues sintió que no estaba conociendo toda la verdad de manera transparente.
En paralelo, nuevos chats muestran conversaciones entre ambos posteriores al accidente. En uno de los mensajes se lee: “Parece que quisieras que las cosas empeoren”, frase que se ha interpretado por la familia de la deportista como un indicio de tensiones y posibles coordinaciones sobre cómo afrontar la situación. Para los deudos, estos intercambios no hacen más que reforzar la sospecha de que hubo intentos por manejar la narrativa en los días siguientes.
La controversia también se trasladó a otros espacios televisivos. En declaraciones recogidas por Willax, Montenegro habló de traición, mentiras e indiferencia, señalando que se sintió utilizada. Y añadió que con el paso del tiempo empezó a notar actitudes que no coincidían con la gravedad de lo ocurrido. Su padre, por su parte, afirmó que su familia “resultó utilizada”, apuntando directamente al entorno de Villar.
Otro elemento que generó cuestionamientos fue que Montenegro admitió que le entregó a Villar la clave de acceso a su vivienda. Calificó esa decisión como “el mayor error” de su vida. Este detalle, lejos de disipar dudas, abrió nuevas interrogantes sobre el nivel de cercanía y confianza que existía entre ambos incluso después del accidente. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa evaluando los elementos del caso.
Para la familia de Lizeth Marzano, cada entrevista, cada chat y cada nueva declaración no solo amplían el panorama, sino que refuerzan su pedido de que todas las responsabilidades sean determinadas con claridad. El mismo abogado de Villar, César Nakazaki ha dicho que su defensa se centrará en lo que estipula la ley. Y no tratar de rebajar una pena que merece.
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La entidad impuso una multa de más de 50 mil soles aTecnologías Médicas Arequipa S.A. por incluir la promoción de una especialidad médica que no pudo acreditar.
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, en Arequipa, sancionó a Tecnologías Médicas Arequipa S.A., conocida como Clínica Emmel, por difundir publicidad considerada engañosa en una campaña de despistaje de cáncer de próstata. La multa asciende a 11,15 UIT, equivalente a S/ 59 652,50.
La investigación determinó que el centro médico promocionó la participación de una profesional dando a entender que contaba con la especialidad de urología. Sin embargo, durante el procedimiento administrativo no logró sustentar dicha acreditación. Por ello, la conducta fue calificada como acto de competencia desleal en la modalidad de engaño.
La decisión se adoptó en segunda instancia administrativa mediante la Resolución 0066-2025/SDC-INDECOPI, que ratificó lo resuelto previamente por la oficina regional. El procedimiento se inició de oficio tras analizar la promoción difundida en la red social Facebook.
Además de la sanción económica, la Sala ordenó el cese definitivo del anuncio cuestionado y de cualquier otro de naturaleza similar que pueda inducir a error a los consumidores. En caso de incumplimiento, la clínica podría enfrentar una nueva sanción.
El caso refuerza la supervisión que realiza Indecopi en Arequipa sobre la publicidad de servicios de salud, especialmente cuando se trata de campañas médicas difundidas en redes sociales. Se recordó que toda información promocionada debe ser veraz y comprobable.
De acuerdo con la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la difusión de datos que puedan inducir a error sobre las cualidades o características de un servicio constituye una infracción. En el ámbito médico, esto incluye la especialidad de los profesionales que participan en campañas de diagnóstico o tratamiento.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incluirá las preguntas de los ciudadanos a los candidatos en el Debate Presidencial 2026 con la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está abriendo el Debate Presidencial 2026 para que los ciudadanos participen a nivel nacional formulando sus preguntas a las candidatas y los candidatos. Esto es a través de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
La finalidad es fortalecer la participación democrática ciudadana y promover el voto informado. Se inició el 1 de este mes y continuará hasta el próximo lunes 9 de marzo. Así se brinda la oportunidad a los electores de intervenir directamente en el debate de los candidatos a presidente de la República con sus preguntas, sobre temas de interés nacional.
Como se informó, el Debate Presidencial 2026 se realizará en dos ciclos de presentaciones: el 23, 24 y 25 de marzo, y el 30, 31 de marzo y 1 de abril. Es dentro del formato oficial de estas presentaciones que se incorporarán los bloques ciudadanos.
Para participar, los ciudadanos podrán ingresar al formulario oficial que está disponible en la plataforma:
En esta, deberán seleccionar una de las dimensiones temáticas propuestas y luego, formular su pregunta de manera clara y respetuosa.
¿Qué dimensiones están consideradas para esta edición?
Ámbito social -que incluye salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
También está el Ámbito institucional -relacionado con estabilidad fiscal, fortalecimiento del Estado, competitividad y desarrollo productivo.
Ámbito económico -vinculado a descentralización y reformas del Estado.
Y Ámbito territorial-ambiental -que aborda la prevención y protección del medio ambiente, cambio climático, gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial y actividades extractivas.
A partir del 10 de marzo, las preguntas serán sistematizadas y evaluadas conforme a criterios técnicos de un comité de selección liderado por el JNE. Este consejo determinará aquellos cuestionamientos que serán incorporados en los bloques ciudadanos del Debate Presidencial y que se formularán durante la transmisión oficial conforme al formato aprobado.
Las personas que participen no deben tener afiliación política vigente y las preguntas no deben incluir insultos, agravios ni alusiones personales dirigidas a alguna candidatura.
Los autores de las preguntas seleccionadas serán contactados por el equipo organizador para las coordinaciones correspondientes.
Así el JNE reafirma su compromiso de promocionar el voto informado y la participación ciudadana, “fortaleciendo los mecanismos que permiten que la voz de la ciudadanía esté presente en uno de los espacios más importantes del proceso electoral”, sustentaron.
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El agua que ingresó al local universitario aquella tarde evidenció la vulnerabilidad física de una edificación levantada en un área colindante a una torrentera activa.
Las intensas lluvias, de la semana pasada, que pusieron en riesgo a cerca de 300 estudiantes y docentes que tuvieron que ser evacuados de emergencia, reavivaron el debate sobre la legalidad de la construcción del campus universitario en un predio cuya clasificación urbana original no permitía ese tipo de infraestructura.
El agua que ingresó al local universitario aquella tarde no solo evidenció la vulnerabilidad física de una edificación levantada en un área colindante a una torrentera activa, sino que también recordó que, desde el punto de vista legal, existen serios cuestionamientos sobre cómo se autorizó y ejecutó esta obra en un terreno que, según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, tenía un destino distinto.
Un acto administrativo declarado nulo
La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero emitió la Resolución de Gerencia Municipal N.° 240-2024-GM/MDJLBYR, mediante la cual anuló las licencias otorgadas a la Universidad Continental. Esta decisión se tomó en cumplimiento de la sentencia judicial contenida en la Vista N.° 106-2021-3Asc, del 29 de marzo de 2021, que declaró fundada la demanda presentada por la comuna distrital.
El fallo judicial determinó la nulidad de la habilitación urbana del predio al establecer que el terreno estaba calificado originalmente como zona agrícola y parque zonal, categorías que resultan incompatibles con la construcción de infraestructura educativa de la magnitud proyectada por la universidad. Asimismo, la sentencia dejó sin efecto el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que había servido de base para la autorización, considerando que el Plan de Desarrollo Metropolitano vigente en ese momento clasificaba el área como comercio zonal y zona recreativa.
La declaración de nulidad de la habilitación urbana impactó directamente en todos los actos administrativos posteriores que se sustentaron en ella. Bajo el principio jurídico de que si el acto base es inválido, las licencias que dependen de él pierden todo sustento legal, la municipalidad procedió a revocar la Resolución de Edificación N.° 692-2016-GDU y la Licencia de Edificación N.° 139-2020-GDU.
Para sustentar esta decisión, la comuna distrital invocó el artículo 214 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que faculta a la administración pública a dejar sin efecto actos administrativos cuando desaparecen las condiciones legales indispensables para su existencia. Según el criterio municipal, la sentencia judicial eliminó el soporte legal que permitió otorgar las licencias, por lo que mantenerlas vigentes habría implicado contravenir abiertamente el marco normativo urbano y administrativo.
El conflicto judicial que no termina
Pese a la resolución municipal y el fallo judicial que la respalda, el caso de la Universidad Continental en Arequipa está lejos de tener un desenlace definitivo. La institución educativa respondió interponiendo un recurso de nulidad de resolución, registrado con el expediente N.° 08177-2024-CI, al que se sumaron una acción de amparo y una demanda contra el alcalde Fredy Zegarra Black y otros funcionarios municipales por presunto abuso de autoridad.
Los antecedentes del conflicto se remontan a años atrás, cuando la universidad obtuvo sus primeras autorizaciones en un contexto de modificaciones a la zonificación del terreno. Según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, el predio donde hoy se levanta el campus solo era compatible originalmente con actividades de forestación. Sin embargo, en un determinado periodo se modificó la clasificación a Zona con Reglamentación Especial (ZRE), lo que permitió el otorgamiento de la licencia de edificación. Desde entonces, el municipio venía solicitando la nulidad de la resolución que sustentó dicho cambio.
Tras varios procesos judiciales en los que inicialmente se declaró infundada la demanda municipal, una sala superior concluyó que los actos administrativos que aprobaron la edificación contravenían normas de mayor jerarquía y aplicaban incorrectamente las ordenanzas locales vigentes. Fue este razonamiento el que finalmente determinó la nulidad de las autorizaciones emitidas.
La decisión judicial dejó sin efecto los certificados y actos administrativos vinculados a las licencias de la universidad. Frente a este escenario, la casa de estudios no solo denunció a las autoridades municipales, sino que también presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que el máximo tribunal evalúe si la sala superior aplicó correctamente la ley en su sentencia.
A la espera de una sentencia definitiva en Arequipa
El Poder Judicial aún no ha emitido la sentencia en segunda instancia que defina la situación legal de la Universidad Continental en Arequipa. De confirmarse el fallo que anula las licencias, ello significaría que tanto la habilitación urbana como la edificación misma habrían sido inválidas desde su origen, con todas las consecuencias legales y administrativas que ello implicaría.
Mientras tanto, el episodio ocurrido el 19 de febrero, cuando las aguas desbordadas de la torrentera Los Incas inundaron las instalaciones universitarias, puso en evidencia que los riesgos asociados a esta construcción no son solo de carácter legal. La ubicación del campus, en un área colindante a una torrentera activa y en un terreno cuya clasificación original no consideraba apto para infraestructura educativa, representa un factor de peligro real para los cientos de personas que diariamente transitan por sus instalaciones.
El desastre natural actuó como un recordatorio físico de las alertas que desde hace años vienen planteando diversos sectores sobre la necesidad de respetar la planificación urbana y las normas de seguridad en una ciudad como Arequipa, donde las torrenteras representan un elemento geográfico determinante para la seguridad de las poblaciones asentadas en sus inmediaciones.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) actualizó sus pronósticos para Arequipay confirmó que el cese de lluvias se extenderá durante los próximos días. De acuerdo al informe emitido este martes, las condiciones secas se mantendrán en la región hasta el 6 de marzo, brindando un respiro temporal a las zonas más afectadas por las recientes precipitaciones.
José Luis Ticona, especialista de Senamhi Arequipa, señaló que «mantenemos condiciones de días sin lluvias» durante esta primera semana de marzo. No obstante, el organismo ha detectado «una probabilidad» de precipitaciones que se concretaría entre los días 7 y 8 de marzo, aunque precisó que estas posibles lluvias «no generarían un peligro para la ciudad de Arequipa».
Esta pausa en las precipitaciones fue calificada por Yuri Escajadillo, subdirector de Predicción Climática de Senamhi, como una especie de «tregua» dentro de la temporada de lluvias, que corresponde al mes de marzo. El especialista explicó que el cese de lluvias no implica el fin definitivo de las precipitaciones, ya que la región continúa inmersa en el período habitual de lluvias estacionales.
Escajadillo detalló que Senamhi ha emitido un aviso que advierte sobre la persistencia de lluvias en la costa sur y en las zonas centro y sur andina. Estas precipitaciones, explicó, se originan por la influencia del sistema de circulación anticiclónica conocido como Alta de Bolivia, que transfiere humedad hacia la zona andina, incluyendo la parte central del país.
Balance de daños revela crítica situación
Mientras las condiciones climáticas ofrecen un respiro temporal, el panorama que dejan las lluvias en Arequipa es desolador. Así lo reveló la Cámara Peruana de la Construcción de Arequipa (Capeco) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 98, con cifras actualizadas al 25 de febrero.
Julio Cáceres, presidente regional del gremio, detalló que el fenómeno ha dejado:
Más de 4 mil 200 personas afectadas directamente
Más de 5 mil 200 personas afectadas indirectamente
1 300 viviendas inundadas
44 viviendas inhabitables
Más de 670 casas con daños severos o colapso parcial
Más de 56 kilómetros de caminos vecinales destruidos
60% de pérdida de suministro de agua potable
45% de pérdida de suministro de energía
Estas cifras reflejan no solo la magnitud del desastre natural, sino también las profundas fallas estructurales en la planificación urbana y la capacidad de gestión de las autoridades locales y regionales frente a emergencias de esta naturaleza.
El problema no es presupuestal
Uno de los puntos más críticos señalados por el representante de Capeco es que la región cuenta con recursos económicos suficientes para enfrentar emergencias, pero carece de la capacidad técnica para ejecutarlos. Cáceres fue enfático al señalar que el problema no es la falta de fondos, sino la ineficiencia para utilizarlos oportunamente.
«Arequipa recibe transferencias significativas que podrían ser destinadas a la mitigación de desastres. El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con un presupuesto institucional modificado bajo el rubro del Fondo de Compensación Regional (Foncor) que ha superado los S/565 millones y se proyecta en S/540 millones para el 2025 y 2026″
Sin embargo, la ejecución presupuestal cuenta una historia diferente. Según los datos proporcionados, los municipios de Arequipaapenas logran ejecutar alrededor del 53.4% de su presupuesto de inversión, lo que deja más de S/4,000 millones sin utilizar, recursos que terminan revirtiéndose a las arcas del Estado.
«Una revisión profunda de los estados financieros y el marco legal peruano demuestra que el problema no es una carencia de fondos, sino de la incapacidad técnica para ejecutarlos y la falta de una voluntad política para priorizar la gestión de los riesgos», enfatizó Cáceres.
Esta ineficiencia se traduce en la ausencia de infraestructura básica de protección como muros de contención, sistemas de drenaje pluvial y maquinaria operativa disponible para atender emergencias de manera oportuna.
Impacto en el sector construcción y reconstrucción post emergencia
Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, advirtió que si las lluvias persisten más allá de lo previsto, el impacto en el sector construcción podría escalar significativamente. Explicó que las obras en edificios que se encuentran en niveles avanzados probablemente podrían continuar, pero el ritmo general de construcción se verá afectado mientras las precipitaciones interrumpan la cadena de suministros y dificulten los avances de obra.
El representante del gremio constructor también puso sobre la mesa un factor adicional de preocupación: el contexto de cambio de gobierno. «Si este fenómeno genera problemas, el período de reconstrucción no va a ser de dos meses. Si esto continúa y se profundiza, el plazo de reconstrucción o de reparación va a exceder el de este año. Y eso también es un problema, porque las nuevas autoridades no necesariamente van a estar al tanto de las necesidades», reflexionó.
Valdivia advirtió que la respuesta del Estado en escenarios de emergencia suele verse afectada por procesos electorales y cambios de administración, lo que podría prolongar innecesariamente la recuperación de las zonas damnificadas. «Sí nos puede impactar mucho en la construcción, no podemos decir cuánto. Depende de cuán intenso sea el período de lluvias, cuánto demore y cómo se organice el Estado para, a pesar de todas las debilidades, tratar de cumplir con la tarea primero de la emergencia y luego de la reconstrucción», finalizó.
Mientras tanto, Arequipa aprovecha la tregua climática anunciada por Senamhi para avanzar en labores de limpieza, evaluación de daños y preparación ante un posible retorno de las lluvias en los próximos días.
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recibió un ejemplar vivo de fauna silvestre correspondiente a un mono aullador (Alouatta seniculus), que fue entregado por personal de Serenazgo de la ciudad de Cajamarca para la adopción de las acciones técnicas y administrativas que correspondan. […]
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recibió un ejemplar vivo de fauna silvestre correspondiente a un mono aullador (Alouatta seniculus), que fue entregado por personal de Serenazgo de la ciudad de Cajamarca para la adopción de las acciones técnicas y administrativas que correspondan.
El primate, un macho de coloración marrón y negra, fue encontrado al interior de un taller de mecánica ubicado en el barrio Mollepampa. De acuerdo con el reporte de intervención, el propietario del establecimiento alertó a las autoridades tras detectar al animal debajo de un vehículo, lo que motivó la inmediata comunicación con la central de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
El ejemplar fue trasladado a la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, donde se formalizó su entrega.
Según el informe preliminar, el animal se encontraba en regular estado de salud al momento de su recepción. El SERFOR, a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cajamarca, asumirá su evaluación y manejo, en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de fauna silvestre.
El primate se encontraba en regular estado de salud y será evaluado por la ATFFS Cajamarca para definir las acciones técnicas correspondientes. (Foto: Difusión)
Finalmente, desde la entidad se reiteró que está prohibido mantener animales silvestres de origen ilegal como mascotas o trasladarlos fuera de su hábitat natural, debido al riesgo que estas prácticas representan para su bienestar y para la biodiversidad.
Asimismo, se recordó que ante el hallazgo de fauna silvestre en zonas urbanas, la ciudadanía debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes para asegurar una intervención oportuna y técnica conforme a ley.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
En el marco de sus funciones de control político y fiscalización, los regidores de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre realizaron una jornada de supervisión para constatar la proliferación indiscriminada de paneles publicitarios y propaganda electoral que vienen afectando el ornato del distrito y comprometiendo la operatividad del sistema de videovigilancia. La intervención fue […]
En el marco de sus funciones de control político y fiscalización, los regidores de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre realizaron una jornada de supervisión para constatar la proliferación indiscriminada de paneles publicitarios y propaganda electoral que vienen afectando el ornato del distrito y comprometiendo la operatividad del sistema de videovigilancia.
La intervención fue encabezada por los regidores Percy Yanayaco, Iván Timoteo y Porfirio Girón, integrantes de la Comisión Distrital de Desarrollo Económico, quienes recorrieron diversos puntos críticos de la jurisdicción donde se concentra este problema.
Durante la inspección, los concejales verificaron que numerosas estructuras publicitarias instaladas desde el año 2022 y periodos anteriores, presentan visibles deficiencias estructurales, carecen de identificación y, en varios casos, no cuentan con autorización municipal ni documentación vigente. Esta situación no solo genera contaminación visual, sino que representa un riesgo potencial para la seguridad de peatones y conductores.
Seguridad
Asimismo, constataron que varios de estos paneles interfieren directamente con el radio de visión de las cámaras de seguridad ubicadas en zonas estratégicas del distrito, limitando la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de emergencia. Esta obstrucción vulnera la seguridad ciudadana y podría afectar eventuales procesos de investigación.
Ilegal
De manera particular, los regidores advirtieron que algunos paneles de propiedad municipal —destinados exclusivamente a la difusión de campañas de limpieza pública y conciencia ambiental— vienen siendo utilizados de manera indebida para la colocación de propaganda electoral, hecho que será puesto en conocimiento de las instancias correspondientes para las acciones administrativas y legales que resulten pertinentes.
La jornada de fiscalización incluyó una verificación en la central de videovigilancia municipal, donde se corroboró la afectación generada por estas estructuras. En ese sentido, los regidores anunciaron que solicitarán formalmente la intervención inmediata del área de Fiscalización y Control Municipal, a fin de disponer el retiro de los elementos irregulares y restablecer el orden, la seguridad y el respeto al espacio público.
La Municipalidad Veintiséis de Octubre reafirma su compromiso con la defensa del ornato, el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de la seguridad de todos los vecinos del distrito.
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La temporada de lluvias vuelve a encender las alertas en Ayacucho. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la región enfrenta un escenario crítico debido a brechas en infraestructura, alta informalidad en viviendas y falta de mantenimiento en servicios básicos. Según el reporte, el 72 % de las viviendas en Ayacucho […]
La temporada de lluvias vuelve a encender las alertas en Ayacucho. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la región enfrenta un escenario crítico debido a brechas en infraestructura, alta informalidad en viviendas y falta de mantenimiento en servicios básicos.
Según el reporte, el 72 % de las viviendas en Ayacucho son informales y seis de cada diez colegios públicos se encuentran en riesgo de colapso. Esta situación incrementa la vulnerabilidad frente a huaicos, inundaciones y deslizamientos, especialmente en distritos catalogados en muy alto riesgo.
La economista del IPE, Luciana Cáceda, señaló que Ayacucho concentra el mayor número de distritos en muy alto riesgo ante lluvias y desastres asociados, lo que podría generar daños severos en viviendas, instituciones educativas y servicios esenciales como agua, energía y vías de comunicación.
El informe también revela que más del 70 % de las carreteras departamentales están en malas condiciones —cerca de 9,000 kilómetros con deficiencias— y que 1,697 colegios requieren intervención urgente antes del inicio del año escolar, evidenciando la magnitud del desafío regional.
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Mejorar la conectividad y fortalecer el acceso a servicios esenciales permitió la culminación de la carretera San Lorenzo–Recreo, infraestructura que supera los 13 kilómetros asfaltados y beneficia a cerca de 30 mil habitantes en la provincia del Datem del Marañón. La intervención demandó una inversión superior a los 44 millones 434 mil 448 soles y […]
Mejorar la conectividad y fortalecer el acceso a servicios esenciales permitió la culminación de la carretera San Lorenzo–Recreo, infraestructura que supera los 13 kilómetros asfaltados y beneficia a cerca de 30 mil habitantes en la provincia del Datem del Marañón.
La intervención demandó una inversión superior a los 44 millones 434 mil 448 soles y establece una conexión directa entre Barranca, Pastaza, Andoas y otros centros poblados, facilitando el traslado hacia instituciones educativas, establecimientos de salud y espacios de actividad productiva.
Con esta obra se reducen brechas históricas de infraestructura, se dinamiza la economía local y se mejora la articulación territorial en una zona prioritaria de la región.
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Durante su paso por Arequipa, el candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos recorrió sectores afectados por las lluvias, entre ellos la zona del Chullo. Indicó que este es un momento para apoyar a la población frente a la emergencia y sostuvo que la principal tarea de las autoridades en situaciones de crisis es mantenerse cerca de la ciudadanía y comunicarse de manera directa.
En ese marco, precisó que la gestión del riesgo exige presencia permanente en el campo y una evaluación adecuada de los daños antes de asignar recursos. En alusión a la designación de 100 mil soles para cada distrito afectado.
Nieto insistió en la necesidad de una transformación profunda del sistema educativo. Señaló que el Perú aún cuenta con un bono demográfico y que la población joven requiere acceso a una educación de alta calidad para competir en la “economía del conocimiento”. Advirtió que los actuales niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático evidencian brechas que deben atenderse desde la educación básica hasta la superior.
De igual manera, planteó medidas para promover el empleo juvenil. Entre ellas, la creación de fondos y beneficios tributarios que faciliten el acceso al primer empleo. También propuso fortalecer la educación técnica articulada con el sector empresarial y establecer incentivos para emprendimientos digitales. Estos incluirían la exoneración de impuestos hasta los 29 años para jóvenes que desarrollen iniciativas en el ámbito tecnológico.
Planteó la creación de un organismo especializado en la lucha contra la corrupción que opere con autonomía del gobierno de turno, similar al modelo del Banco Central de Reserva. Según explicó, esta entidad no solo investigaría actos del pasado, sino también posibles irregularidades durante el ejercicio del poder.
El candidato sostuvo que la corrupción representa una pérdida significativa de recursos públicos cada año. Señaló que, de reducirse en un 80 %, se liberarían fondos que podrían destinarse a programas sociales y educativos, como el financiamiento de becas para jóvenes. También propuso habilitar mecanismos directos para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción cometidos por funcionarios.
Finalmente, indicó que el país requiere una política de fronteras más activa. Planteó que esta función sea asumida por el Ministerio de Defensa, con participación de unidades especializadas en el desarrollo y control de zonas fronterizas. Según afirmó, el objetivo es consolidar “fronteras vivas” mediante mayor presencia estatal e inversión en estas áreas estratégicas.
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En plena carrera rumbo a las Elecciones 2026, cuando los partidos intentan ordenar listas y reforzar su discurso de legalidad, una resolución del Jurado Electoral Especial volvió a poner bajo presión a Renovación Popular en Puno. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno decidió excluir al candidato al Senado Mao Tsetung Machaca Avilés de la […]
En plena carrera rumbo a las Elecciones 2026, cuando los partidos intentan ordenar listas y reforzar su discurso de legalidad, una resolución del Jurado Electoral Especial volvió a poner bajo presión a Renovación Popular en Puno.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno decidió excluir al candidato al Senado Mao Tsetung Machaca Avilés de la contienda electoral, al comprobar que mantenía una sentencia penal condenatoria vigente que no fue consignada correctamente en su Declaración Jurada de Hoja de Vida. La medida no solo afecta al postulante, también reabre el debate sobre los filtros internos que aplican las organizaciones políticas antes de presentar a sus candidatos.
JEE excluye a candidato al Senado en Puno por sentencia vigente
De acuerdo con la Resolución N.° 00285-2026-JEE-PUNO/JNE, el órgano electoral determinó que Machaca Avilés declaró como “cumplida” una condena por el delito de agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Sin embargo, al verificar la información en el Registro Nacional de Condenas, el JEE advirtió que no existía acreditación formal de que la pena hubiera sido cumplida ni cancelada.
La sentencia en cuestión imponía pena privativa de libertad, convertida en jornadas de servicios comunitarios, además del pago de reparación civil. Pero para efectos electorales, el punto clave no es solo la modalidad de la pena, sino su situación jurídica actual. Y según la verificación realizada, la condena seguía vigente.
A partir de ese hallazgo, el JEE concluyó que existió una omisión grave en la declaración jurada, lo que configura un impedimento legal expreso para postular a un cargo de representación nacional.
Marco legal: por qué una condena vigente impide postular
La decisión se sustenta en la Constitución Política, la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, normas que prohíben la candidatura de personas con sentencia condenatoria vigente por delito doloso.
El órgano electoral también rechazó los descargos presentados por el personero legal de Renovación Popular. Según la resolución, no se presentó prueba de rehabilitación penal efectiva ni constancia de cancelación de antecedentes. Incluso se señala que el propio Poder Judicial había requerido acreditar el cumplimiento de la pena.
En ese contexto, el JEE fue enfático: no basta con afirmar que la condena está cumplida, debe existir respaldo formal en los registros correspondientes.
Renovación Popular bajo cuestionamiento en Puno
Más allá del caso individual, la exclusión deja un flanco político abierto. La resolución pone sobre la mesa la responsabilidad de los partidos en la verificación de antecedentes de sus candidatos. El JEE recordó que las organizaciones políticas tienen el deber constitucional de actuar con diligencia, transparencia y buena fe en la conformación de sus listas.
La mención a una posible remisión de copias al Ministerio Público agrava el escenario, pues eleva el caso del plano electoral al ámbito penal, en caso se determine alguna responsabilidad adicional.
En términos políticos, el episodio debilita a Renovación Popular en una región donde buscaba consolidar presencia de cara al Senado. La exclusión no solo reduce su oferta electoral, también alimenta críticas sobre improvisación y falta de control interno.
Impacto en el liderazgo nacional
El caso también tiene lectura nacional. Renovación Popular es liderada por Rafael López Aliaga, figura que ha construido su discurso en torno al orden y la legalidad. En ese marco, la exclusión de un candidato por mantener una condena vigente tensiona ese mensaje político.
Puno, además, es una plaza estratégica en el sur del país, donde el partido aspiraba a crecer. Hoy, la narrativa gira en torno a una organización golpeada por decisiones judiciales que cuestionan la coherencia entre su discurso y la selección de candidatos.
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Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la minería ilegal se convirtió en el principal origen del lavado de activos en Perú, representando 55 por ciento de 11 mil 969 millones 700 mil dólares detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado peruano.
Los informes oficiales confirman que esta actividad ilícita dejó de ser marginal para alimentar circuitos financieros que penetran el sistema formal, con graves impactos en la economía nacional y regiones productoras.
Cerca del 48 por ciento del monto identificado en operaciones sospechosas corresponde al uso o inversión de dinero ilícito en el sector minero, principalmente en oro ilegal, lo que permite expandir extracciones y adquirir maquinaria para operaciones clandestinas.
El capital fluye desde zonas de explotación hacia compras de bienes, creación de empresas y transferencias bancarias que disfrazan su origen criminal, aprovechando el alto valor del oro y su fácil transporte a mercados extranjeros.
Otra vía importante concentra 21 por ciento del monto analizado, donde recursos ilícitos pasan por cuentas bancarias, instrumentos financieros y operaciones comerciales para fragmentar el rastro y dar apariencia legal, según los 170 mil 553 reportes de operaciones sospechosas recibidos en el periodo.
El fenómeno cruza fronteras, ya que las comunicaciones de inteligencia involucran 204 mil 580 millones 700 mil dólares, con minería ilegal representando 39 por ciento del total, superando corrupción y narcotráfico en regiones como La Libertad, Pataz y Madre de Dios.
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La población de la convención solicita la mejora servicios básicos Quillabamba mediante expedientes técnicos serios para evitar los simples discursos de los políticos actuales. Esta demanda ciudadana busca solucionar problemas históricos que afectan la salud pública de los residentes locales y la conectividad de toda la región cusqueña. Vilma Navarro, ciudadana natural de Quillabamba, señala […]
La población de la convención solicita la mejora servicios básicos Quillabamba mediante expedientes técnicos serios para evitar los simples discursos de los políticos actuales. Esta demanda ciudadana busca solucionar problemas históricos que afectan la salud pública de los residentes locales y la conectividad de toda la región cusqueña.
Vilma Navarro, ciudadana natural de Quillabamba, señala que el alcalde debe priorizar el agua potable porque el recurso llega turbio a los hogares frecuentemente. Por su parte, la residente Magdalena Bolívar Flores asegura que el líquido consumido en su domicilio resulta muy dañino para su salud personal ahora.
Ambas mujeres coinciden en que el agua llega con mucha suciedad, representando un peligro constante para todos los niños y ancianos de la zona. Las autoridades deben abandonar las palabras vacías para ejecutar obras reales que garanticen el acceso a un recurso hídrico totalmente limpio y muy seguro.
Plan para la mejora servicios básicos Quillabamba
Respecto a la infraestructura vial, Miguel Ángel Pilares Flores, natural de Quillabamba, reclama una carretera con buen asfaltado desde Echarati hasta Tambo del Ene. El ciudadano enfatiza que la conexión hacia el interior de la provincia resulta vital para el desarrollo económico de los productores y transportistas locales.
Además, Vilma Navarro advierte que los alcaldes deben permanecer atentos ante las lluvias constantes que ocasionan derrumbes peligrosos en las vías de comunicación provinciales. El mantenimiento preventivo de las rutas hacia los distritos vecinos evitaría el aislamiento de las comunidades durante la temporada de precipitaciones más intensas anualmente.
Los pobladores exigen que los nuevos funcionarios presenten planes técnicos viables en lugar de repetir promesas electorales que nunca llegan a concretarse realmente. La transparencia en la gestión de los recursos públicos constituye un requisito indispensable para recuperar la confianza de toda la población civil organizada.
Finalmente, la comunidad espera una respuesta inmediata de sus representantes para mejorar la calidad de vida en esta importante zona de la selva cusqueña. El desarrollo de la provincia depende exclusivamente de la voluntad política para ejecutar los proyectos de saneamiento y transporte que el pueblo requiere hoy.
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El presidente interino, José María Balcázar al estilo de José Jerí pero en su función de congresista habría favorecido a una exalumna con un puesto de trabajo al día siguiente de que lo visitara en su despacho.
El presidente interino, José María Balcázar, cuando se desempeñaba como congresista en funciones de la bancada de Perú Libre, habría favorecido con un puesto de trabajo en el Estado a su exalumna con quien se reunió en su despacho un día antes. Carla Bustíos Arteaga, quien fue alumna de Balcázar en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y a quien también asesoró en su tesis, resultó beneficiada con contratos en organismos estatales y el Congreso.
De acuerdo con una revelación de Panorama, Carla Bustíos, logró una orden de servicio por S/ 16 000 a tan solo 24 horas después de haberse reunido con Balcázar Zelada en su despacho del Congreso el 19 de agosto de 2021. Esto, según consta en el registro de visitas. Un día antes, había pagado su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Este estilo de favorecer laboralmente a un conocido recuerda al de su antecesor y colega congresista José Jerí, quien también beneficio con contratos a esquema de favorecimiento laboral vinculado a sus amigas, no solo en el mismo despacho presidencial sino también en otras dependencias del Estado.
La orden de servicio fue en el Programa Nacional de Saneamiento Rural donde Bustíos debía realizar gestiones administrativas legales, pese a que en ese momento solo era bachiller. Su vínculo laboral con el entorno de Balcázar no solo fue para servicios externos, sino también en el Congreso bajo la tutela de su antiguo profesor. Cuando el dominical la entrevistó para sus descargos, Bustíos Arteaga “intentó justificar la reunión con Balcázar señalando que se trató de un saludo protocolar al encontrarse en Lima, negando inicialmente cualquier tipo de influencia indebida en su contratación”, dijeron en el reportaje.
La exalumna de Balcázar trabajó de octubre de 2021 a abril de 2022 en la Comisión para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, que estuvo presidida por el congresista José María Balcázar. Al terminar su labor en esa comisión, la bachiller siguió en el Estado con una nueva orden de servicio en octubre de 2022, en el Ministerio de Justicia.
Otras investigaciones por tráfico de influencias
Según lo reveló el dominical, José María Balcázar, hoy presidente interino de Perú tiene otras investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias. El mandatario habría gestionado el nombramiento de su nuera como fiscal adjunta provincial de derechos humanos en Lambayeque a cambio de un voto parlamentario específico.
Estos hechos revelan un presunto modo de operar orientado a colocar a personas de su círculo cercano en puestos clave de la administración pública, lo que actualmente investiga el Ministerio Público en el marco de delitos contra la administración pública.
También promovió una ley que favoreció a su hijo
El presidente interino José María Balcázar promovió como congresista una ley que, autorizaba el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas. Así, benefició directamente a su hijo, sin que tenga que pasar por concurso. No reveló el vínculo familiar y hasta lo propuso para el Consejo Consultivo del Congreso.
De acuerdo con lo revelado por Cuarto Poder, la norma que impulsó vulneró los principios de meritocracia en la docencia universitaria, según los especialistas. Permitió que José Balcázar Quiroz accediera a una plaza a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos desarrollaron su carrera académica.
El mandatario promovió la iniciativa cuando fue presidente de la Comisión de Educación del Parlamento. Esta ley autorizó “el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas”. Lo que favoreció a su hijo, quien era docente en la Ruiz Gallo de Lambayeque, donde también el hoy jefe de Estado, dictaba clases.
El proyecto de ley estaba archivado y solo avanzó cuando Balcázar fue elegido para presidir la Comisión de Educación. Es así que se convierte en ley con su apoyo.
José Balcázar promovió ocho leyes para crear universidades sin financiamiento
También como congresista, Balcázar Zelada apoyó la creación de ocho nuevas universidades en regiones. Esto, pese a que varias las observó el Ejecutivo por falta de sustento presupuestal. Al final terminaron siendo ley, pese a que las iniciativas legislativas no incluían una fuente de financiamiento definida para garantizar su implementación.
Según el reportaje, aunque las normas establecían la creación formal de las universidades, “su operatividad quedaba supeditada a futuras asignaciones presupuestales”.
Y pese a los cuestionamientos del gobierno y de especialistas, el Congreso aprobó algunas de las propuestas por insistencia, lo que permitió su promulgación.
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El inicio del año escolar 2026 en Arequipa se desarrollará según lo programado. El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, confirmó que este 16 de marzo cerca de 412 mil alumnos de instituciones educativas públicas retornarán a las aulas. Salvo en un grupo reducido de planteles que presentan daños graves a causa de las recientes precipitaciones pluviales que azotaron diversas zonas de la región.
De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad educativa, son apenas cuatro los colegios ubicados en la provincia de Arequipa y menos de diez a nivel regional los que continúan bajo estricta evaluación técnica. Estas instituciones podrían retrasar el inicio de sus actividades académicas debido a problemas de infraestructura dañada o accesos que aún no ofrecen condiciones de seguridad para la comunidad educativa.
Choque Manrique precisó que los planteles que no sufrieron afectación alguna, así como aquellos que reportan daños leves o moderados, darán inicio a las clases con total normalidad. Esto, solo si logran superar satisfactoriamente el monitoreo de condiciones básicas que viene realizando el sector. Esta supervisión considera no solo el estado físico de los locales escolares, sino también aspectos vinculados a la seguridad de las rutas de acceso y condiciones sanitarias mínimas.
Respecto a los colegios particulares, cuyo calendario prevé el retorno a las aulas para el 9 de marzo, el gerente regional advirtió que no resulta suficiente que los locales se encuentren en buen estado. Explicó que también debe evaluarse minuciosamente el aspecto socioemocional de la comunidad educativa y la seguridad de las vías que conducen a cada plantel, labor que se realizará de manera coordinada con Defensa Civil y el Ministerio Público.
Acciones post lluvias en Arequipa
Las intensas lluvias registradas en Arequipadejaron diversos planteles con problemas de inundaciones y colapsos de desagüe. Frente a esta situación, el titular de Educación indicó que dichos centros educativos deberán pasar obligatoriamente por procesos de fumigación y campañas exhaustivas de limpieza, tareas que se ejecutarán con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa).
En cuanto al proceso de matrícula, Choque Manrique reconoció que se presentó una situación de sobredemanda en zonas como el distrito de La Joya. Esto generó el traslado de aproximadamente 5 000 estudiantes que dejaron las aulas de colegios públicos para incorporarse a instituciones privadas durante el presente año lectivo. Este desplazamiento responde a diversos factores vinculados a la oferta educativa y las preferencias familiares.
Un aspecto relevante destacado por el funcionario es la situación epidemiológica en la región. Choque Manrique descartó tajantemente la presencia de brotes de enfermedades como consecuencia directa de las recientes lluvias. Descartó el registro de reportes oficiales de casos de dengue u otras patologías. No obstante, precisó que la Gerencia Regional de Salud dispuso un equipo especializado para el monitoreo permanente de posibles casos de leptospirosis, hepatitis A, infecciones respiratorias agudas y enfermedades gastrointestinales, con la finalidad de actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.
El Ministerio de Educación (Minedu) estableció mediante Resolución Ministerial N° 501–2025 el cronograma académico 2026 para los colegios públicos del país, definiendo el 16 de marzo como fecha de inicio del año escolar. Esta disposición busca establecer un piso común mínimo para la totalidad de escuelas estatales en el territorio nacional, considerando la evolución estacional en diversas regiones y la necesidad de garantizar una preparación ordenada de los procesos pedagógicos.
La estructura aprobada contempla un periodo de clases dividido en cuatro bloques pedagógicos, acompañados de intervalos destinados a la gestión institucional y la capacitación docente. Este diseño exige a los profesores y directores mantener un ritmo académico específico y continuar con tareas administrativas hasta el cierre del año calendario.
Para los colegios particulares, la normativa establece mayor flexibilidad, permitiendo que los directores definan el inicio de actividades ajustándose a las necesidades propias de cada institución. Si bien la mayoría ha optado por iniciar entre el 2 y el 9 de marzo, existe la posibilidad de que algunas entidades privadas se alineen con la fecha del sector estatal.
Las familias arequipeñas que requieran gestionar matrículas o consultar la asignación de vacantes pueden hacerlo a través de la plataforma digital del Ministerio de Educación, donde también deben realizar seguimiento aquellos estudiantes que no consiguieron cupo en su primera opción.
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El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, cuestionó en un video difundido el sábado 28 de febrero la llegada del candidato presidencial Fernando Olivera y de integrantes de su agrupación política al sector afectado por el desborde de la torrentera El Chullo, en Arequipa. En la grabación, el burgomaestre calificó la visita como una “utilización política” de la desgracia y les pidió que, si realmente querían ayudar, ingresaran a trabajar con lampas y botas. Todo ello en medio de campaña proselitista ante Elecciones 2026.
Bolliger criticó que varios de los asistentes acudieran con “banderitas y propaganda” en un momento en que, según afirmó, la prioridad es el trabajo. A lo largo del video, instó a los visitantes a colaborar de manera directa en las labores de limpieza y advirtió que, de no retirarse o dejar la propaganda, haría llegar el material audiovisual a la prensa para que se conozca lo ocurrido.
En ese contexto, lanzó críticas directas contra los candidatos al Senado y diputados que acompañaban a Olivera, y expresó frases como “nadie va a votar por ti, Angelito” y “regresen a su tierra”. Asimismo, defendió la labor de la municipalidad en la zona afectada y aseguró que los trabajos de atención a los damnificados se realizan de manera permanente.
Fernando Olivera aseguró que, de llegar al Gobierno, impulsará una reestructuración integral del sistema de justicia. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, planteó la depuración de generales y coroneles, salvo excepciones, y la reorganización institucional mediante el retorno de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia Republicana, además de la creación de una Policía de Migraciones.
En relación con la migración, propuso un empadronamiento total de ciudadanos venezolanos y mayores controles para quienes no cuenten con documentación en regla. Señaló que prohibiría la contratación de personas sin papeles en el sector público y que en el sector privado se exigiría el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Respecto a la minería, sostuvo que el país debe aprovechar los actuales precios internacionales, especialmente del oro y el cobre, y priorizar su extracción bajo el principio del interés nacional. Consideró urgente capitalizar esos ingresos mediante regalías, canon e impuestos, aunque precisó que los proyectos deben contar con licencia social, estudios de impacto ambiental aprobados y estándares ambientales de “primer mundo”. En cuanto a la minería informal, planteó reemplazar el actual REINFO por un nuevo proceso de formalización, al que denominó “nueva formalización”, con empadronamiento obligatorio, capacitación técnica y acuerdos entre el Estado, concesionarios y mineros artesanales.
Finalmente, al referirse al expresidente Alan García, afirmó que existen indicios que generan “dudas razonables” en torno a su muerte y señaló que, de estar con vida y en el poder, sería investigado en el marco de su propuesta de lucha contra la corrupción.
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Mientras Washington intenta reafirmar su primacía histórica en el hemisferio, China consolida en América Latina una presencia económica, tecnológica y energética a través de puertos estratégicos, redes eléctricas y exportaciones
No parece casual que los Chinook que capturaron/secuestraron a Nicolás Maduro el 3 de enero sobrevolaran el cielo nocturno de Caracas pocas horas después de que este recibiera en el palacio de Miraflores a Qiu Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping para América Latina y el Caribe.
La televisión estatal venezolana transmitió en directo aquella reunión, la última oficial de Maduro, quien habló de la “inquebrantable hermandad” entre ambos países, cimentada en más de 600 acuerdos bilaterales. Entre 2000 y 2023, según AidData, China concedió a Venezuela 106.000 millones de dólares en créditos y ayudas, destinados sobre todo a financiar proyectos energéticos.
Las importaciones de crudo venezolano representaban apenas el 4% del total importado por China –unos 396.000 barriles diarios– pero equivalían al 80% de las exportaciones venezolanas. Hasta ahora, la petrolera estatal CNPC y la privada CCRC producían el 10% del crudo venezolano, mientras CITIC y Yakung Group explotaban minas de oro, coltán y hierro en el arco minero del Orinoco.
Hoy, el futuro de esas empresas –y el de Roszarubezhneft y otras petroleras rusas– pende de un hilo. Según Serguéi Melik-Bagdasárov, embajador ruso en Caracas, Estados Unidos recurre a “prácticas desleales” para expulsar a los negocios rusos de Venezuela.
Qiu y su comitiva aún se encontraban en Caracas cuando un ciberataque dejó a la ciudad sin luz. Pudieron constatar en persona los riesgos que asume el dragón cuando sobrevuela el espacio aéreo que domina el águila imperial desde 1898, año en que convirtió el mar Caribe en su Mare Nostrum.
Cifras superlativas
China ha avanzado demasiado como para retroceder ahora. Hoy es el mayor socio comercial de Suramérica y el segundo de toda América Latina y el Caribe, solo por detrás de Estados Unidos. En 2023, su comercio bilateral con la región fue 259 veces superior al de 1990. En 2024 rondó los 518.000 millones de dólares, un 6% más que el año anterior.
Ese mismo año recibió el 30% de las exportaciones regionales de minerales, el 75% de las de soja y el 98% de las de carbonato de litio. Las exportaciones chinas –maquinaria industrial, equipos de telecomunicaciones, electrónica de consumo– crecieron un 13%, mientras que las de vehículos eléctricos (VE) aumentaron un 55%.
En 1990, China ni siquiera figuraba entre los diez principales socios comerciales de la región. Hoy mantiene acuerdos de libre comercio con cinco de sus 22 países –Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Ecuador– y una veintena forman parte de la Belt and Road Initiative (BRI), la nueva Ruta de la Seda. Entre sus proyectos emblemáticos se encuentra el ferrocarril bioceánico previsto entre el puerto brasileño de Ilhéus, en Bahía, y el
peruano de Chancay.
En Washington, los halcones han percibido el riesgo. Las 32 páginas de la última National Security Strategy (NSS) otorgan al hemisferio un lugar prioritario y subrayan que puertos, corredores logísticos, sistemas energéticos, redes de telecomunicaciones, cables submarinos y centros de datos han dejado de ser simples activos comerciales para convertirse en instrumentos de poder estratégico.
La NSS propone que la región actúe como muro de contención frente a la migración irregular, el narcotráfico y la expansión china. Advierte, además, que una mina, un puerto o una red 5G constituyen factores de riesgo si quedan bajo control “no hemisférico”. Tras un fallo judicial del 29 de enero que restringió la supervisión de los reguladores locales sobre el puerto de Chancay –propiedad en un 60% del gigante naviero chino COSCO– la embajada estadounidense en Lima advirtió que “el dinero barato chino cuesta soberanía”.
Cálculos militares
El 11 de enero, el Pentágono convocó por primera vez en Washington a los altos mandos militares de casi todos los países del hemisferio, así como a representantes de territorios caribeños bajo soberanía británica, danesa, francesa y neerlandesa. Solo quedaron excluidos Venezuela y Cuba. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, recordó que Estados Unidos gasta doce veces más en defensa que el resto de las
Américas en conjunto.
Los 22 países de América Latina y el Caribe disponen de unos 700 aviones de combate, 30 buques de guerra y 20 submarinos. Estados Unidos cuenta con 3.000 aviones, 120 buques y 65 submarinos.
Pekín no permanece inmóvil. Desde 2022, el China–Latin American and Caribbean Defense Forum reúne anualmente en Pekín a jefes militares de 14 países de la región con sus homólogos chinos. En junio, Brasil designó a un general y a un almirante como agregados militares en su embajada en Pekín.
Desde Vancouver hasta Valparaíso se libra una partida crucial del gran juego geopolítico. Navieras chinas poseen participaciones en cerca de un centenar de puertos estratégicos en todo el mundo, entre ellos Kingston (Jamaica), Manzanillo y Veracruz (México), Santos (Brasil) y Chancay. Este último reduce casi un mes el trayecto hacia Guangzhou desde la costa occidental suramericana y abarata en un 20% los costes logísticos.
La ley china de inteligencia nacional de 2017 obliga a empresas y consorcios privados a proporcionar información a las autoridades si así se les requiere. Pocos días después de que el gobierno peruano negara la entrada al Callao del Ark Silk Road 867 –un barco hospital de la Armada china– Estados Unidos concedió a Perú, el 11 de enero, la condición de major non-NATO ally, estatus que ya comparten Argentina, Brasil y Colombia.
Argentina y el dragón
El problema, como recuerda Juan S. González, exsubsecretario de Estado para asuntos hemisféricos durante la administración Biden, en Foreign Policy, es que las presiones públicas y los métodos coercitivos pueden arrancar concesiones a corto plazo, pero no generan confianza ni alineamientos duraderos.
China, por el contrario, ofrece financiación rápida, infraestructuras a bajo coste y acuerdos sin condiciones políticas explícitas. Esa flexibilidad supone una ventaja frente a los exigentes trámites y condicionamientos del FMI, el Banco Mundial o el BID. Entre las más de 200 obras de la BRI figuran la central eléctrica de Belo Monte en Brasil o la planta solar y eólica Helios en Argentina.
El caso argentino resulta ilustrativo. Javier Milei, al igual que Donald Trump, retiró a Argentina de la OMS, respaldó la captura de Maduro y se sumó a su Consejo de Paz. Sin embargo, en Davos recordó que China seguía siendo “un gran socio comercial”.
En 2025, las exportaciones argentinas de soja al mercado chino crecieron un 62%. El año comenzó con el desembarco en el puerto de Buenos Aires de 5.000 vehículos eléctricos de BYD y la compra de 30.000 toneladas adicionales de harina de soja.
Con esas cifras, China desplazó a Brasil como primer socio comercial de Argentina.
La popularidad de plataformas como Temu y Shein ha disparado el déficit comercial bilateral, que en 2025 superó los
8.150 millones de dólares. Buena parte de los dólares obtenidos mediante el swap con el Banco Popular de China y los fondos del FMI terminaron retornando al gigante asiático.
En diciembre, China Airlines inauguró un vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires vía Auckland, el trayecto comercial regular más largo del mundo. Estos lazos son difíciles de revertir. Si en junio Buenos Aires no renueva el swap por
18.000 millones de dólares, deberá devolver el tramo ya activado –5.000 millones– con el consiguiente impacto financiero.
Pero la relación tiene costes. La explosión de las importaciones de ropa china –que crecieron un 95% en 2025– ha provocado una caída del 20% en la industria textil argentina, con la pérdida de 12.000 empleos, según la patronal ProTejer. La industria manufacturera representa el 19% del PIB y emplea a más de 2,5 millones de trabajadores formales.
La Pax Americana
Durante décadas, la Pax Americana en la región se sostuvo sobre tres pilares: el dólar, la tecnología y el control de las rutas comerciales. Los tres se erosionan simultáneamente. China ya realiza el 30% de su comercio exterior en yuanes, figura entre los tres principales socios comerciales de 157 países y es el primero en 120. La primacía militar
estadounidense no altera estos datos estructurales.
Cuando murió Mao en 1976, las imágenes de Pekín mostraban la plaza de Tiananmen dominada por bicicletas. En 1985, el PIB chino era de 310.000 millones de dólares. En 2024 superó los 18,8 billones. Si en 1960 representaba el 4% de la economía mundial, en 2025 roza el 25%, un proceso que Wang Feng, en The Age of Abundance (2024), equipara en relevancia histórica al Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industrial.
Grados de vulnerabilidad
México y los países centroamericanos y caribeños son particularmente vulnerables a las presiones de Washington, cuya influencia se diluye progresivamente hacia el sur. Las amenazas de Trump de abandonar el USMCA han llevado a México a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones chinas. El Senado aprobó la medida por 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones.
Dado que el 80% de las exportaciones mexicanas –334.000 millones de dólares en 2024, equivalentes al 30% del PIB– se dirigen a Estados Unidos, el gobierno rechazó incluso la propuesta de BYD de instalar una planta de vehículos eléctricos.
Más al sur, sin embargo, la órbita china es evidente. En 2000, menos del 2% de las exportaciones brasileñas se dirigían a China; en 2023 superaban el 30%. En Chile pasaron del 5% a
más del 39%.
Nada es gratuito. En su primer mandato, Trump logró que Santiago desistiera de un proyecto de Huawei para tender un cable submarino entre Valparaíso y Shanghái. Milei, beneficiario de un swap estadounidense de 20.000 millones de dólares que evitó una fuerte devaluación, ha paralizado planes para construir un radiotelescopio y un reactor nuclear con financiación china.
En diciembre, vetó también la participación de una empresa china en la licitación para dragar la hidrovía del Paraná, por donde Argentina exporta el 80% de su producción agrícola y Paraguay el 85%. Para 2030, los cuatro países de la cuenca Paraguay–Paraná suministrarán el 40% del grano que consume el mundo.
La conquista del Sur Global
En marzo de 2025, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que su país pertenece al Sur Global por compartir un pasado de lucha contra el colonialismo occidental. Según un sondeo de Pew de 2024 en 35 países, una clara mayoría en las economías avanzadas percibe negativamente el impacto de China –el 76% en Estados Unidos– mientras que los países de ingresos medios, incluidos los latinoamericanos, muestran actitudes más favorables.
En 2023, China fue el principal mercado para Brasil, Chile y
Perú, y el segundo para México y Colombia. En numerosos países del Sur Global, el sistema de geolocalización Baidu ofrece mejores resultados que el GPS estadounidense. En 2015, Pekín lanzó el sistema de pagos interbancarios CIPS como alternativa al SWIFT occidental. Hoy conecta a más de 17.000 bancos en todo el mundo tras crecer un 47% en 2024.
En el ámbito energético, su liderazgo es aún más visible. En 2025, China instaló más paneles y plantas solares que el resto del mundo en conjunto. Si se añaden turbinas eólicas, baterías avanzadas y vehículos eléctricos –incluidos modelos autónomos– el país posee un dominio casi monopólico en tecnologías emergentes.
En 2024 fabricó el 99% de las baterías LFP (litio–ferrofosfato), según la Agencia Internacional de la Energía. En los dos últimos años, obtuvo más ingresos exportando tecnologías verdes que Estados Unidos vendiendo petróleo y gas.
Hace quince años, ocho de las diez ciudades con el aire más contaminado eran chinas. Hoy ninguna figura en esa lista. En una década, los paneles solares fabricados en China han reducido sus precios un 80%.
Aunque la energía solar aún no alcanza el 10% del mix energético global, en el otoño boreal se generó un 30% más de electricidad solar que en el mismo periodo de 2024. En ese año, el 90% de la nueva capacidad eléctrica instalada provino del sol, el viento y baterías de ion–litio. Desde 2020, generar energía renovable resulta más barato que producirla con
combustibles fósiles.
Según RedALC–China, entre 2010 y 2024 el gigante asiático invirtió 34.000 millones de dólares en 70 proyectos de energías renovables en la región. La AIE prevé que las inversiones regionales superen los 110.000 millones de dólares en 2035, impulsadas por la electrificación del transporte público y el aumento de la demanda.
Para China, invertir en plantas de baterías y vehículos eléctricos significa convertirse en socio industrial y no solo en comprador de materias primas. En octubre, BYD inauguró en Camaçari (Bahía) su mayor planta fuera de Asia, con la previsión de crear 20.000 empleos. También cuenta con instalaciones en Campinas (Brasil) y Antofagasta (Chile).
En Argentina, el China Ex–Im Bank financió un parque solar de 300 megavatios construido por empresas chinas. Southern Power Grid y SGCC controlan toda la distribución eléctrica de Lima, dos tercios de la de Chile y cerca del 12% de la de Brasil.
El predominio genera fricciones. La represa Coca Codo Sinclair, en Ecuador, inaugurada por Xi Jinping en 2016, ha sido objeto de críticas por defectos estructurales, sobrecostes, daños medioambientales y sospechas de corrupción.
Poder blando y duro
China no exporta una ideología, pero sí ofrece una alternativa pragmática a la legitimidad liberal basada en el desarrollo
económico. En 1978, su PIB per cápita era menos de una sexagésima parte del estadounidense y una décima parte del brasileño.
En 2025 registró un superávit comercial de 1,2 billones de dólares –el 3,4% del PIB– con exportaciones totales de 3,41 billones. Solo 19 países en el mundo superaron ese umbral de PIB en 2024.
Pekín sabe cuándo ejercer el poder que esas cifras le otorgan. Ha advertido a Panamá de posibles represalias políticas y económicas tras el fallo de su Corte Suprema que anuló la concesión de 1997 de los puertos de Balboa y Cristóbal a una filial de CK Hutchinson. Por el Canal de Panamá transita cerca del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio marítimo mundial. Tras la visita de Marco Rubio, Panamá anunció en febrero su salida de la BRI.
En Autocracy Inc. (2025), Anne Applebaum describe cómo China se ha convertido en un pilar de la nueva red global de regímenes autoritarios, no mediante la exportación de ideologías totalitarias, sino a través de recursos tecnológicos y sistemas de vigilancia masiva que permiten a gobiernos con tendencias autoritarias debilitar los controles democráticos.
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Luis Esteban Gonzales Manrique es periodista y analista internacional. Nació y se educó en Arequipa. Actualmente, vive en España y escribe para medios internacionales.
El fallo del TC no absuelve ni declara inocente a Urresti: se limita a determinar que la acción penal prescribió y que la condena vulneró el principio de legalidad penal
El 24 de noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos y su colega Eduardo Yeny Rojas se encontraban a bordo de una motocicleta en Huanta, cuando fueron emboscados por al menos 4 militares, quienes les dispararon. Rojas logró escapar herido, pero Bustíos fue rematado mediante un aparato explosivo.
Daniel Urresti terminó sentenciado el 12 de abril de 2023 a 12 años de prisión por el delito de asesinato de Bustíos con el agravante de alevosía. Sin embargo, recientemente el Tribunal Constitucional (TC) anuló esta sentencia bajo el supuesto de prescripción y de violación del principio de legalidad penal.
Ante esto, José Luna, candidato presidencial por el partido Podemos, afirmó en sus redes sociales lo siguiente: “¡Siempre confiamos en tu inocencia, Daniel! La verdad se abrió paso y se hizo justicia”. Sin embargo, esta implicación es falsa. El TC nunca declaró inocente a Daniel Urresti; lo que hizo es deliberar que el crimen que se le imputa ya prescribió.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?id=2024875497188970838
Defensa Legal de Urresti niega que la inocencia fuera objeto de discusión
Miguel Ángel Soria, abogado de Daniel Urresti, explicó a PerúCheck que el pedido de la defensa ante el Tribunal Constitucional no fue para que se lo declare inocente, pues no está en las atribuciones de dicho órgano:
“Eso no compete al Tribunal Constitucional”, remarcó. “Ningún juez constitucional tiene la competencia para pronunciarse respecto de la responsabilidad penal de ninguna persona”, agregó el legista.
Soria también explicó que esta competencia sólo corresponde a los jueces penales cuando juzgan a una persona por la comisión de un delito. Asimismo, el abogado hizo énfasis en que incluso estos jueces “nunca van a declarar que una persona sea inocente; solamente declaran su responsabilidad penal o absolución por falta de pruebas”.
Por último, agregó que dada la anulación de la sentencia a Daniel Urresti, no se le puede considerar penalmente responsable de la comisión de los delitos:
“Jurídicamente, en tanto ya no existe ninguna sentencia condenatoria contra el general Urresti, no hay posibilidad de considerar que él es una persona responsable de la comisión de los delitos contra Hugo Bustíos […] O sea, no se le puede llamar asesino”.Miguel Ángel Soria sobre su cliente, Daniel Urresti.
Presidenta del Tribunal Constitucional niega que el órgano se haya pronunciado sobre inocencia de Urresti
Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, descartó en Canal N que el ente haya determinado la inocencia de Urresti.
“Nosotros no nos hemos pronunciado por el tema de la […] inocencia o culpabilidad. No lo hacemos, pero decimos que la decisión, lo que hizo la Sala Suprema, no fue correcto, eso es lo que nos corresponde”Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional
Por el asesinato de Hugo Bustíos han terminado condenados dos militares: Víctor Fernando La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento. Es decir, el crimen sí existió y sí se ha determinado que quienes lo cometieron fueron miembros del Ejército.
Ninguno de estos hechos ha conseguido rebatirse por el Tribunal Constitucional. Lo que se ha determinado es que el delito prescribió y que la condena, según estándares legales, vulnera el principio de legalidad. Es decir, que no se debió juzgar a Urresti por el caso.
El asesinato es considerado de lesa humanidad, según el Estatuto, cuando “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.Fuente: Fallo del TC
El TC ha deliberado que no pueden considerarse los delitos atribuidos a Daniel Urresti como de lesa humanidad porque fueron cometidos en 1988, antes de que entrara en vigencia el acuerdo.
“Sólo se puede juzgar y condenar por los crímenes que se hubiesen cometido con posterioridad a la entrada en vigor del estatuto. Por ello, los delitos imputados al actor cometidos antes de la vigencia del citado estatuto no pueden calificarse como delitos de lesa humanidad”, señala el órgano en la sentencia.
Por lo tanto, el TC considera que los hechos deben vencer según lo que determinaba la ley vigente en 1988 o aquella posterior que lo beneficie más (principio de retroactividad benigna). Haciendo el análisis, el colegiado señala que debieron vencer en 2008. Asimismo, añade que en caso Urresti hubiese hecho parte de un proceso fiscal o judicial, debieron estar vigentes como máximo hasta 2018.
“Por ello, el plazo de prescripción debe computarse desde que ocurrieron los hechos imputados, esto es, desde el 24 de noviembre de 1988”, señala el ente, para luego añadir: “en consecuencia, el plazo de 20 años se extiende hasta el 24 de noviembre de 2008. Y, si en dicho momento, el recurrente hubiera estado sujeto a una investigación o juzgamiento, con la aplicación del plazo extraordinario, la posibilidad de procesarlo y sancionarlo habría estado vigente hasta el 24 de noviembre de 2018”.Sentencia del TC a favor de Daniel Urresti.
Fuente: Fallo del TC
“Me gustaría que también prescribiera el dolor”: declaraciones de la hija de Bustíos
“Hay que romper un poco […] eliminar esa narrativa de que Urresti es inocente. No, señores, Urresti no es inocente. Al Tribunal Constitucional no le compete determinar si es inocente o es culpable. Simplemente, ellos han hecho un pronunciamiento sobre una prescripción”. Sharmeli Bustíos, hija de Hugo Bustíos
“A veces se pierde esto en que si prescribió o no prescribió […] Me gustaría que con esa misma facilidad que ellos deciden que prescribió y no prescribió, también prescribiera el dolor […] A veces veo esa indolencia legal, que se pierden en esos argumentos legales”.Sharmeli Bustíos, hija de Hugo Bustíos
PerúCheck pidió los descargos de José Luna referidos a su implicación de que Urresti terminó declarado inocente por el Tribunal Constitucional. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Conclusión
La inocencia de Daniel Urresti no ha sido objeto de deliberación o pronunciamiento en el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que lo absolvió del delito del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Así lo señalaron la defensa de Urresti, la presidenta del TC y la propia hija de Bustíos. Por lo tanto, PerúCheck califica la implicación de José Luna como falsa.
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Fuente: Fallo del TC
Fuente: Fallo del TC