Las autoridades locales han decidido otorgar una prórroga para los ciudadanos que aún no cuentan su nuevo DNI. La Municipalidad Provincial de Arequipa y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil confirmaron recientemente la prórroga de la campaña de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico. Esta medida extiende el beneficio hasta finales de febrero, permitiendo que más personas accedan a una identificación segura y actualizada. El esfuerzo conjunto busca cerrar las brechas de indocumentación en la ciudad.

El punto de atención principal permanece en la Oficina de Registro Civil, situada estratégicamente en el primer piso del Portal de la Municipalidad, específicamente en el Portal Municipal número 110. En este recinto, un equipo multidisciplinario atiende los requerimientos de la población. Los especialistas de la Dirección de Restitución de Identidad trabajan codo a codo con el personal municipal para agilizar los procesos. Para evitar aglomeraciones, la oficina habilitó seis ventanillas de atención simultánea que funcionan de lunes a viernes. Los interesados pueden acercarse en un horario corrido desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

La iniciativa prioriza directamente a los sectores que enfrentan mayores barreras de acceso. El beneficio gratuito ampara a los menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años, a los adultos mayores de 60 años y a las personas con discapacidad. Las autoridades consideran fundamental que estos grupos cuenten con el documento electrónico para facilitar sus trámites civiles y legales. Durante este mes de extensión, los beneficiarios tienen la posibilidad de realizar la renovación del documento, actualizar sus datos personales o solicitar la rectificación de información importante.

Compromiso con la identidad ciudadana y nuevos registros

Un detalle relevante de esta campaña es la atención automática para los ciudadanos más pequeños de la región. Los padres que acudan a registrar a sus hijos recién nacidos durante este periodo recibirán el Documento Nacional de Identidad electrónico del menor sin costo alguno. Esta acción inmediata garantiza que los nuevos arequipeños ingresen al sistema nacional con los más altos estándares de seguridad desde sus primeros días de vida. El gobierno local refuerza así el acceso a los derechos fundamentales de la infancia y la protección de la identidad.

Esta ampliación del plazo no es un hecho aislado, sino que da continuidad a los esfuerzos que iniciaron a principios de año. Ya en enero de 2026, el organismo nacional de identificación había anunciado las primeras sedes y horarios para esta transición hacia el formato electrónico en Arequipa. Aquel anuncio inicial generó una alta expectativa entre los ciudadanos, quienes buscaron modernizar su identificación para aprovechar las ventajas digitales del nuevo formato. Debido a la alta afluencia de público y la importancia de no dejar a nadie atrás, las instituciones decidieron mantener la gratuidad durante todo el segundo mes del año.

La transición hacia el soporte electrónico representa un avance tecnológico necesario para la región. Al obtener este documento, los usuarios acceden a una herramienta que permite la firma digital y ofrece mayores niveles de seguridad contra la falsificación. Las autoridades invitan a la colectividad a no esperar hasta el último día de febrero para realizar sus trámites. El personal encargado mantiene la disposición de guiar a cada solicitante para que el proceso sea fluido y sencillo. Con esta prórroga, Arequipa se posiciona como una ciudad que prioriza la modernización administrativa y el bienestar de sus habitantes más vulnerables.

Con información de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

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Se suma una promesa más de las autoridades regionales a los vecinos del cono norte de Arequipa sobre la construcción del hospital Maritza Campos, inconcluso por cerca de una década. El Gobierno Regional de Arequipa otorgó este 4 de febrero la buena pro al Consorcio Ejecutor Maritza Campos. Esta decisión busca reactivar una infraestructura que simboliza el estancamiento de la salud pública en la región. Según el cronograma oficial, los obreros volverán al terreno de Cerro Colorado a mediados de febrero, en medio del descontento de los dirigentes locales por la última paralización del proyecto.

La desconfianza ciudadana tiene raíces profundas. Durante ocho años de abandono, los residentes del sector observaron cómo el edificio se deterioraba mientras la demanda médica crecía. Recientemente, diversos colectivos ciudadanos anunciaron protestas por la paralización prolongada, denunciando que el hospital se convirtió en un monumento a la ineficiencia de gestiones pasadas. A esto se suman críticas técnicas donde el Gobierno Regional de Arequipa enfrentó cuestionamientos por la falta de filtros adecuados en el proceso de selección anterior. Estos errores administrativos dilataron la culminación de un recinto que debe beneficiar a más de 400 mil habitantes que hoy saturan otros centros asistenciales de la provincia.

El Consorcio Ejecutor Maritza Campos ahora debe presentar las garantías de fiel cumplimiento para firmar el contrato definitivo. Si el proceso avanza sin nuevas observaciones técnicas, la autoridad regional pretende entregar la obra terminada antes de que concluya su periodo. El compromiso incluye no solo la infraestructura física, sino asegurar que la atención especializada llegue finalmente a una población que depende históricamente de postas médicas saturadas.

https://elbuho.pe/2026/02/gobierno-declara-emergencia-en-diez-distritos-de-la-provincia-de-arequipa-por-lluvias/

Promesas de inversión millonaria para Camaná y el cono norte

El plan de destrabe no se limita a la capital provincial. El Gobierno Regional de Arequipa también identificó un proveedor para el Hospital de Camaná mediante las herramientas del Cotizador del Organismo Encargado de las Contrataciones del Estado. En los próximos días, la entidad realizará la invitación directa a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado para formalizar la ejecución de esta otra obra crítica. Ambos proyectos dependen de un financiamiento considerable que se gestionó directamente ante el Ejecutivo Nacional.

El monto total de la inversión asciende a 284 millones 703 mil 434 soles, obtenidos mediante un mecanismo de endeudamiento interno ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos recursos deben garantizar que el flujo de caja no represente un obstáculo para los contratistas, una situación que detuvo los trabajos en años anteriores.

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Durante una entrevista en un medio digital, Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, se refirió al procedimiento de conservación y destrucción de las cédulas de sufragio en el contexto de las elecciones generales de 2026. 

Expresamente, López Aliaga dijo lo siguiente: “Ahora se tienen que guardar las ánforas por un mes […] Hasta hace seis meses la ONPE podía quemar las cédulas de votación. Eso ya no va a ocurrir. Me permite tener derecho a revisión del ánfora y que el ánfora coincida con el acta”. 

Sin embargo, tras revisar la actualización de la Ley Orgánica de Elecciones y consultar con especialistas, AmaLlulla concluye que este dato es falso. La ONPE nunca ha tenido como procedimiento la quema de cédulas.

En principio, todos los procedimientos que se realizan en un proceso electoral están específicamente establecidos en las normas vigentes. Ninguna instancia puede realizar actividades no contempladas en esos instrumentos legales. 

Existen dos materiales claves elaborados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el conteo de votos durante una elección: la cédula de sufragio y el acta electoral. 

La cédula de sufragio o cédula de votación es el documento en el que la ciudadanía expresa su voto en un evento electoral. 

En tanto, el acta electoral es el “documento donde se registran los hechos y actos que se producen en cada Mesa de Sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre”. 

El artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones -vigente desde 1997 hasta su primera actualización, en enero de 2025- señalaba que “las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el Presidente de la Mesa de Sufragio, después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad”.

Esta ley estuvo vigente durante las elecciones generales de 2021, proceso electoral en el que AmaLlulla desmintió una versión similar. 

En el mismo sentido, el Manual de instrucciones para miembros de mesa de la segunda elección presidencial de 2021, elaborado por la ONPE, precisa que luego de registrar los votos en actas electorales, se “destruyen las cédulas escrutadas y las que sobraron. Luego, entregan la caja de restos electorales, junto al resto del material electoral, el ánfora y las cabinas”. 

AmaLlulla se contactó con Susana Vital, gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, quien confirmó que hasta la vigencia de la normativa anterior, las cédulas de votación se destruían finalizado el escrutinio y que, en ningún caso, se establecía que estas debían ser quemadas. 

“La destrucción de las cédulas se hacía de manera manual y en mesa por los miembros de mesa”, indicó Vital. 

Consultado para esta verificación, José Naupari, abogado especialista en derecho electoral y constitucional, confirmó lo anterior. 

“No es un tema de quemar, sino que en la misma mesa de sufragio terminabas el escrutinio, rompías las cédulas, metías todo en un paquete y eso se mandaba junto con el material electoral», detalló el especialista. 

“La ONPE no tenía ningún procedimiento para quemar las cédulas. Lo que sí decía antes la norma era que los votos se desechaban y lo único que quedaban de vestigios o prueba de lo que había sucedido en la mesa era el acta electoral. O sea, estaba autorizada la destrucción de los votos una vez de que se acaba el conteo. No es que la ONPE las quemaba”, confirmó, en la misma línea, el especialista electoral Cristian Zacarías, abogado por la Universidad San Martín de Porres. 

En resumen, de acuerdo con las normas del proceso electoral anterior, actualizadas en enero del 2025, las cédulas de sufragio se desechaban hacia el final de la jornada electoral, pero en ningún caso se disponía un procedimiento de incineración. 

La información del conteo quedaba registrada en las actas electorales, que eran almacenadas de manera física en su archivo y publicadas como imágenes escaneadas en su sitio web. 

Ahora bien, en enero de 2025, la Ley 32243 modificó el artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones y amplió el plazo para la destrucción de las cédulas de votación. 

“Concluido el escrutinio, las cédulas de sufragio no impugnadas son colocadas en un sobre lacrado y remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su custodia y conservación, bajo responsabilidad, por un plazo no menor de noventa días calendario de realizado el acto electoral”, señaló la nueva norma. 

Solo después de dicho plazo, la ONPE procede con la destrucción de las cédulas de sufragio en acto público con la presencia de un representante del Ministerio Público, según se precisa en el mencionado artículo.

Posteriormente, el 11 de abril de 2025, la Ley 32299 modificó el mismo artículo y precisó que las cédulas de sufragio no impugnadas, colocadas en un sobre lacrado, son custodiadas y conservadas por la ONPE “hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación de resultados del proceso electoral respectivo por parte del Jurado Nacional de Elecciones”. 

La Ley 32299 estableció además que “transcurrido dicho plazo, la ONPE procede con la destrucción de las cédulas de sufragio en acto público con la presencia de un representante del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones y de los personeros acreditados por los partidos políticos”. 

En mayo del 2025, la ONPE publicó la Resolución Jefatural RJ-75-2025-JN que aprobó el Reglamento para el Recuento de Votos, Conservación y Destrucción de Cédulas de Sufragio. 

El artículo once de este reglamento, referido específicamente a la destrucción de los sobres lacrados que contienen las cédulas de sufragio escrutadas, solo se limita a señalar que “la ONPE establece la forma de destrucción de los sobres lacrados con cédulas escrutadas, la que será notificada oportunamente”. 

Agrega que “culminada la destrucción, suscriben el acta los representantes del Ministerio Público, JNE, ONPE y los personeros que lo deseen”. 

“Se ha establecido que la conservación de las cédulas tiene que darse hasta la etapa de la proclamación de resultados. Este tema recién se va a aplicar ahora, porque en el 2022 [cuando se realizaron las últimas elecciones regionales y municipales] lo que ocurría era que los miembros de mesa las destruían», indicó el especialista Naupari. 

Como se ha visto en esta revisión, desde el origen de la Ley Orgánica de Elecciones, en 1997, hasta su última actualización, vigente al día de hoy, en ningún momento la ONPE ha establecido oficialmente que, con fines de descarte, se deben quemar las cédulas de votación o sufragio.  De hecho, la misma ONPE descartó que eso se haya aplicado en anteriores procesos electorales. 

Con el fin de buscar precisiones, AmaLlulla intentó contactar al candidato López Aliaga. Sin embargo, al cierre de esta verificación no hubo respuesta. 

En función a lo expuesto, es falso el dato de Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, acerca de que anteriormente la ONPE quemaba las cédulas de votación. 
Este chequeo fue realizado por Radio Pachamama, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.

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Arequipa enfrenta semanas determinantes para su seguridad ciudadana. El gobierno central oficializó la declaración del estado de emergencia en diez distritos de la provincia de Arequipa por un periodo de 60 días calendario. Esta medida responde directamente al peligro inminente que representan las lluvias intensas registradas recientemente en la región. La norma busca que las autoridades ejecuten acciones inmediatas para proteger a la población más vulnerable ante posibles desastres naturales. Los sectores identificados como zonas de muy alto riesgo incluyen al Cercado, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya y Quequeña.

La Municipalidad Provincial de Arequipa liderará los trabajos de respuesta y apoyo durante esta crisis climática. Los funcionarios municipales coordinarán estrechamente con las comunas distritales para reforzar las labores de prevención y atención de emergencias. Esta decisión política cuenta con el respaldo técnico de instituciones especializadas como el CENEPRED, el INDECI y el SENAMHI. Estos organismos advierten que las precipitaciones pluviales ponen en riesgo constante la salud, la vida de las personas, la actividad agropecuaria y la infraestructura pública esencial.

El decreto supremo autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar gastos y obras excepcionales de reducción del riesgo y rehabilitación. El INDECI supervisará cada paso del proceso para asegurar que los recursos lleguen de forma efectiva a los puntos más críticos. A nivel nacional, el ejecutivo incluyó a 21 departamentos en esta situación de urgencia. Solo en la región Arequipa, la medida alcanza a 19 distritos distribuidos en cinco provincias distintas, lo que demuestra la magnitud del fenómeno meteorológico. Las autoridades municipales exhortan a todos los vecinos a mantenerse alerta y seguir estrictamente las recomendaciones de Defensa Civil.

Candidato Rafael Belaúnde ofrece mejorar el SIT y arreglar problemas en el aeropuerto de Arequipa

Acciones preventivas ante el pronóstico del clima local

El panorama meteorológico actual confirma la necesidad de estas medidas legales y operativas. Según reportes del portal El Búho, las lluvias intensas y el granizo continuarán castigando la ciudad blanca al menos hasta este viernes. Las nubes cubren gran parte del cielo arequipeño y los distritos urbanos mantienen un nivel de peligro moderado, identificado con el código amarillo. Zonas como Alto Selva Alegre, Paucarpata, Cerro Colorado y Mirafloresregistran avisos de prevención constante para sus residentes.

En las zonas con mayor altitud de la provincia, los técnicos prevén la caída de nieve y aguanieve, lo que podría complicar el transporte terrestre en las próximas horas. El SENAMHI informa que el mal tiempo persistirá con temperaturas que oscilan entre los 12 y 24 grados en el área metropolitana. La humedad relativa superará el 60%, un factor que incrementará la sensación de frío durante las noches, especialmente en los distritos periféricos que colindan con los cerros.

Ante este escenario, la población debe asegurar los techos de sus viviendas y mantener limpios los sistemas de drenaje particulares. Las autoridades recomiendan alejarse de los postes de electricidad y evitar el cruce de torrenteras durante las tormentas. La municipalidad provincial mantendrá sus equipos de rescate y maquinaria pesada en guardia permanente mientras dure el aviso meteorológico. La seguridad de miles de familias arequipeñas depende hoy de la rapidez con la que las instituciones ejecuten estas obras de rehabilitación financiadas por el estado de emergencia.

Con información de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

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La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar inició diligencias para esclarecer la muerte de un adolescente de 16 años ocurrida en la piscina del cuartel Salaverry del Ejército, en el distrito de Miraflores. Como parte de la investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el Ministerio Público solicitó registros de videovigilancia, análisis del agua y exámenes adicionales a la necropsia.

La fiscal adjunta Jessica Lourdes Meza Sanz requirió formalmente al Ejército la entrega de grabaciones del sistema de cámaras del lugar donde ocurrió el hecho. Además, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, dispuso la toma de muestras del agua de la piscina para evaluar sus condiciones de salubridad.

El informe preliminar de la necropsia reportó edema pulmonar agudo, edema cerebral agudo y enclavamiento de amígdalas cerebelosas; sin embargo, la Fiscalía ordenó pruebas auxiliares adicionales a cargo de Medicina Legal para precisar la causa de la muerte. Paralelamente, las autoridades reciben declaraciones de testigos y revisan documentación vinculada al caso.

Traslado del menor

Según un comunicado de la Tercera División del Ejército, el adolescente sufrió una descompensación repentina tras salir del taller de natación “Mini Montaña” realizado por el Batallón de Infantería Mecanizado N°13. Se trasladó al menor al Hospital Militar y posteriormente al Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, donde se confirmó su fallecimiento.

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Norma Yarrow, candidata de Renovación Popular a vicepresidenta y diputada por Lima, afirmó en una reciente entrevista en Willax lo siguiente:

“La Ley Orgánica Electoral nos estuvo multando porque, obviamente, yo soy católica y Rafael [López Aliaga] también y siempre decirnos “gracias a Dios por estar ac” […]. Nos estuvieron multando por eso […] por nombrar a Dios … o… le regalaron la vez pasada [a López Aliaga] un Señor de Los Milagros, un cuadro, y lo multaron”.

Las declaraciones se dieron en alusión a un reciente proyecto de ley de Renovación Popular que busca eliminar la prohibición de invocación a temas religiosos durante los procesos electorales. Sin embargo, es falso que se haya multado a Renovación Popular por este motivo.

La propia Yarrow niega multas

PerúCheck se comunicó con la candidata y, ante la pregunta de si realmente su agrupación había sido multada, respondió:

El área de prensa de Renovación Popular, por su parte, no contestó solicitudes de consulta de este medio.

Lo que sí ocurrió es una orden del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 al candidato presidencial Rafael López Aliaga y su agrupación política para que se abstengan de invocar temas religiosos durante la campaña electoral, pues supone propaganda electoral prohibida.

Expediente del caso no consigna multas

En los expedientes relacionados con el caso no figuran multas a Renovación Popular, al menos hasta el cierre de esta nota. Los expedientes son: EG.2026011041 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) y EG.2026014603 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17). 

Según la propia plataforma, existe una apelación que está en trámite en el Jurado Nacional de Elecciones. 

Captura del Expediente en Trámite. En este caso, la apelación de Renovación Popular.

¿De qué trata el caso?

Rafael López Aliaga realizó un mitin el 31 de octubre de 2025 en el distrito de Santa Anita en el que hizo varias invocaciones religiosas. Los detalles se pueden ver en el Informe Nº 000034-2025-CRL-JEELIMAESTE1-EG2026/JNE.

El 8 de diciembre de 2025 el JEE Lima Este 1 publicó la Resolución nº 000212-2025-JEE-LIE1/JNE, que resuelve:

• Determinar la existencia de infracción.
• Ordenar a Renovación Popular a que proceda con el cese o retiro de de la propaganda electoral prohibida [que retire los videos del mitin de su Facebook] “bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de imponer la sanción de multa”.
• Exhortar a la organización política Renovación Popular y a su candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla a que en lo sucesivo se abstengan de invocar temas religiosos de cualquier credo.

Como se puede ver en el caso, la Resolución nº 000212-2025-JEE-LIE1/JNE no establece una multa contra Renovación Popular, sino advierte que lo hará si la agrupación no retira los videos del mitin de sus redes sociales. 

Siguiendo esa orden, la organización borró los videos (1 y 2) tras la publicación de la resolución, por lo que no habría motivos para multarla.

Cabe resaltar que, según el MEF, una multa son «beneficios económicos recibidos o por recibir, por una entidad pública, por decisión de un tribunal u otro organismo responsable de hacer cumplir la ley, como consecuencia de infringir las leyes o regulaciones». Es decir, necesariamente un sanción económica.

El partido ha apelado la decisión del JEE, por lo que el caso ha pasado al Jurado Nacional de Elecciones, órgano que aún no toma una decisión.  

Renovación Popular ha solicitado “que se revoque íntegramente la resolución recurrida, dejándola sin efecto en todos sus extremos, y se ordene el archivo del presente caso”, pues considera que la exhortación a que “se abstengan de invocar temas religiosos” afecta su libertad religiosa.

Perúcheck intentó obtener declaraciones del Jurado Nacional de Elecciones; sin embargo, al cierre de esta nota, no se pronunciaron.

Conclusión

No se ha multado a Renovación Popular por apelar a la religión durante la campaña electoral. Se le ordenó que retirara videos en los que se realizan estos actos; caso contrario, sí sería multada. La agrupación cumplió. La propia fuente de estas aseveraciones, la congresista Norma Yarrow, ha negado la existencia de una multa a este medio. Por lo tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.

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En una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, el candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, señaló que, en su postulación al mismo cargo en 2021, los medios de comunicación habrían tergiversado su posición sobre el cañazo con sal como antídoto contra el Covid-19:

“Lo han tergiversado […] totalmente, lo del Huáscar, lo de mi esposa, lo de estas bebidas que eran para el Covid que se tomaba”

Sin embargo, esta posición del candidato no fue tergiversada. Nace de una entrevista que le hizo TV Perú, el 14 de marzo del 2021, para el programa Rumbo a Palacio, en la que señaló que los científicos podrían crear un medicamento sobre la base de algunos usos populares para afrontar el Covid:

“El cañazo, ese trago que sale de la caña de azúcar, [ha] ido controlando el Covid, tomando eso y quemando al parecer lo que queda en la garganta, porque dicen que la sal mata al bicho cuando se instala en la garganta”

Posteriormente de esta entrevista, algunos medios de comunicación rebotaron sus declaraciones, el caso de El Comercio y Correo:

Fuente: Pantallazo tomado el 4 de febrero del 2026 de la página web del El Comercio

Fuente: Pantallazo tomado el 4 de febrero del 2026 de la página web del diario Correo

Así mismo el candidato brindó sus descargos en el programa dominical Panorama, también en 2021, y cuando fue consultado por la entrevistadora Rosana Cueva sobre lo que dijo, indicó que había una base científica:

“Mira yo te voy a dar una base científica para eso del cañazo, el Listerine. ¿En base a qué te enjuagas la boca para eliminar virus y bacterias? Es alcohol, es el mismo principio”

Cabe aclarar que esta posición fue largamente superada por la ciencia desde el 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció al respecto  y aclaró que el alcohol no puede matar el virus del Covid-19:

El 30 de marzo del 2020 la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se refirió al uso de la sal en algunos productos que prometían prevenir el virus y publicó una carta de advertencia a las personas que están ofreciendo estos productos pues no cuentan con evidencia científica:

Conclusión 

En numerosas ocasiones durante el año 2021 el candidato de Cooperación Popular Yohny Lescano señaló que el cañazo con sal era un antídoto contra el Covid-19. Por tanto, PerúCheck califica como falsas sus declaraciones que señalan que los medios habían “tergiversado” su posición.

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Investigación: Wilber Huacasi, periodista político. Ver el artículo completo en Congrezoo

Un total de 28 partidos políticos llevan en sus listas a candidatos para diputados y senadores que tienen vinculación con Reinfo, el polémico registro que tiene a su cargo la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, pero que también ha servido como paraguas para la minería ilegal, gracias a diseños normativos flexibles impulsados precisamente desde el Parlamento.

Son en total 55 las personas naturales y ahora candidatos detectados en las bases de datos de Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), producto de la investigación a cargo de la iniciativa periodística Fauna Electoral. Estos postulantes reportan un total de 129 registros mineros entre vigentes, suspendidos y excluidos. Su presencia abarca 19 regiones del país, siendo Arequipa, Apurímac y Ayacucho los de mayor número.

Ahora bien, de este grupo de 55 candidatos, 34 postulan para diputados, mientras que 21 pretenden ser elegidos senadores. Quienes resulten elegidos tendrán injerencia directa en las políticas públicas, incluyendo la opción de seguir ampliando el Reinfo, tal cual lo hizo el actual Parlamento.

Entre los 55 postulantes que reportan determinados niveles de vinculación con Reinfo, 15 tienen registros mineros vigentes de hasta 33 proyectos; otros 5 tienen registros con estado suspendido, y 35 han tramitado procesos de formalización y fueron excluidos. Pero varios de ellos podrían retornar, de ser el caso, con un nuevo Parlamento afín a sus intereses.

Los 15 candidatos con inscripciones vigentes agrupan, a su vez, un total de 33 proyectos mineros en proceso de formalización. Estos postulantes forman parte de 13 partidos políticos en contienda, entre ellos Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Apra, País Para Todos, Somos Perú, Partido Democrático Federal, Partido Patriótico del Perú y la alianza Unidad Nacional. De este grupo, once postulan para diputados y cuatro pretenden ser elegidos senadores. A continuación, el detalle por grupos políticos.

Partido Democrático Federal

De los 15 candidatos con registros vigentes, hay uno que tiene ocho proyectos mineros en vías de formalización. Se trata de Lázaro Humberto Clemente Cáceres, cuyos registros se ubican en Arequipa (2), Lima (2), Huánuco (2), Pasco (1) y Ayacucho (1). (Y tiene además otros tres proyectos que por ahora quedaron excluidos ubicados en Arequipa y Huánuco).

Este ciudadano postula al cargo de senador por el Partido Democrático Federal, del candidato presidencial Armando Massé Fernández. El grupo político tiene en sus filas a otros tres candidatos que gestionaron procesos de formalización ante Reinfo pero a la están excluidos.

Unidad Nacional de Roberto Chiabra

La candidata Ana María Motta Castilla tiene seis derechos mineros vigentes en Reinfo. Estos se ubican en Apurímac (4), Áncash (1) y Lima (1). Otros tres proyectos suyos ubicados en Apurímac quedaron fuera. Ella busca ser elegida senadora por la alianza Unidad Nacional, del candidato presidencial Roberto Chiabra.

La alianza Unidad Nacional tiene cuatro candidatos ligados al Reinfo. Además de Motta Castilla, postula para diputada por Puno Maribel Mamani Aquise, quien tiene dos registros vigentes y dos excluidos. Cierran esta lista Jhon Cueva Urquizo y Tania Castillo, ambos con expedientes excluidos.

Partido Patriótico del Perú

Seguimos. Rodmy Alfonso Cabrera Espinal postula para diputado por Arequipa, por el Partido Patriótico del Perú (PPP). Este candidato tiene tres expedientes de formalización minera con inscripción vigente en su región. Pero adicionalmente encontramos otros siete expedientes suyos que fueron anulados y estaban proyectados para operar en su misma región. En general sus operaciones están concentradas en las provincias de Castilla y Caylloma.

Postula por el mismo grupo PPP y también para diputada por Arequipa Paola Álvarez Montoya, quien reporta dos expedientes en situación de excluidos.

País Para Todos de Carlos Álvarez

En Arequipa también postula para diputado David Jesús Amanqui Quispe, quien tiene tres derechos mineros vigentes en Arequipa (1) y Cusco (2). Otros dos expedientes suyos fueron descartados con ubicación en Ayacucho. Este candidato pertenece a País Para Todos, del candidato presidencial Carlos Álvarez.

Este partido tiene en sus filas a otros dos candidatas a diputadas que también tienen expedientes vigentes de formalización: Gladys Victoria Tapia Medina (Ica) y Leydi Bocanegra Haro (La Libertad).

Somos Perú, el partido de gobierno

La organización Somos Perú tiene cuatro aspirantes a la Cámara de Diputados cercanos a Reinfo. Noel Vásquez Anamaría postula por Apurímac y tiene un registro vigente. Gustavo Espinoza Soto va por Lambayeque y tiene un expediente suspendido con ubicación en Motupe. Sandra García Pedrera tiene tres expedientes excluidos en Piura y Samuel Pillaca Sulca postula por Lima pero tiene dos expedientes anulados en Áncash.

Podemos Perú, Perú Primero y otros

A continuación, consignamos información de otros partidos que también tienen postulantes cercanos a Reinfo pero en menor número y/o con vinculación dispersa, entre registros vigentes o excluidos. Los grupos políticos de la siguiente tabla son Podemos Perú, Perú Moderno, Fuerza Popular, Perú Libre, Partido Verde, Perú Primero y APRA. En el caso concreto de Perú Primero hay uno que tiene un derecho minero vigente en Pataz (La Libertad).

Partido Morado, Buen Gobierno y Fe en el Perú

El Partido Morado tiene dos candidatos para el Senado con proyectos de formalización en estado de suspendido. En el Partido del Buen Gobierno hay un aspirante a senador con cuatro derechos mineros suspendidos y uno que apunta a la Cámara de Diputados con un expediente excluido. Y Fe en el Perú tiene a un candidato a diputado por Cusco con dos proyectos suspendidos ubicados en Apurímac.

Trece partidos con expedientes excluidos

Finalmente consignamos información sobre trece partidos que tienen en sus filas a candidatos para senadores y diputados que hasta mediados del 2025 tuvieron expedientes de procesos de formalización minera en Reinfo y que en la actualidad tienen la condición de excluidos.

Consignamos la información dado el antecedente reciente de un sector de congresistas actuales que pretendían volver a incluir en el proceso de formalización a quienes ya habían sido excluidos. Eventualmente, un futuro Parlamento podría retomar el tema y corresponderá revisar los vínculos y antecedentes de cada grupo político y sus candidatos.

El presente es solo una primera aproximación a los lazos de la minería informal (o quién sabe si ilegal) con los partidos políticos que participan en estas elecciones. De hecho, hay otras formas de filtración de estos actores en la dinámica política. Así lo dimos a conocer en este mismo portal, respecto de los congresistas actuales que recibieron dinero para sus campañas de los mineros de Reinfo y luego votaron a favor de las leyes para extender la vigencia de este polémico registro.

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PASÓ EN EL Perú | En Ayacucho, decenas de colegios enfrentan graves riesgos estructurales por años de abandono, lluvias intensas y falta de mantenimiento, poniendo en peligro a miles de escolares. A semanas del inicio del año escolar, directores, docentes y padres alertan sobre aulas deterioradas, techos colapsados y ambientes inseguros que no garantizan condiciones mínimas para estudiar.

El colapso parcial del colegio 9 de Diciembre evidencia una crisis regional que afecta zonas urbanas y rurales, donde la infraestructura educativa envejecida sigue esperando intervención urgente. Defensoría del Pueblo y gremios docentes exigen acciones inmediatas, inversiones aceleradas y decisiones responsables para evitar tragedias anunciadas y proteger la vida de estudiantes y docentes.

Cusco: salió informe final de choque de trenes

El informe final del choque de trenes en Machu Picchu reconstruye minuto a minuto cómo una distracción humana rompió protocolos clave y desencadenó una tragedia ferroviaria. El documento confirma que la tripulación de Inca Rail ignoró órdenes de cruzamiento, invadió la vía contraria y provocó un impacto frontal inevitable en una curva cerrada.

El accidente dejó un trabajador fallecido, más de ciento veinte pasajeros heridos y pérdidas millonarias, además de paralizar la ruta turística más importante del país. La investigación concluye que se infringieron trece normas de seguridad, demostrando que un solo error humano puede destruir años de operaciones ferroviarias seguras.

El video PASÓ EN EL PERÚ: Colegios que se caen a pedazos: lluvias, abandono y riesgo escolar en Ayacucho se publicó en YouTube en este enlace

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La Liga Contra el Cáncer desarrollará campañas de despistaje clínico de cáncer de piel en playas y espacios públicos de Arequipa con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano. Las jornadas incluirán evaluaciones médicas gratuitas, consejería especializada y ferias informativas dirigidas a la población expuesta a la radiación solar durante la temporada de verano.

Las actividades se realizarán los viernes 6, 13 y 20 de febrero y el sábado 28 en distintos balnearios, entre ellos Punta de Camaná, malecón de Mollendo, Punta de Bombón y primera playa de Mollendo. Además, el 11 de febrero se efectuará una campaña en la plaza España de la ciudad de Arequipa. En cada punto participarán entre cuatro y cinco profesionales de la salud y se entregarán bloqueadores solares como parte de las acciones preventivas.

Recomendaciones médicas y alcance de la atención

El personal médico alertó sobre señales que requieren evaluación inmediata, como lunares sospechosos, manchas nuevas o quemaduras frecuentes. La institución recordó que el cáncer de piel figura entre los diagnósticos más comunes y enfatizó la importancia de controles periódicos. También informó que atiende a cerca de 200 mil personas y que la asistencia preventiva aún resulta baja, ya que solo una o dos personas de cada diez acuden a chequeos oportunos.

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El candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde, presentó opiniones y propuestas relacionadas con la región Arequipa durante recientes actividades políticas, donde abordó temas vinculados al desarrollo regional y la situación del país. En sus declaraciones, el postulante se refirió a la necesidad de impulsar cambios en la gestión pública y planteó lineamientos orientados a mejorar la economía y la gobernanza desde una perspectiva descentralizada.

Durante su intervención, Belaúnde enfatizó la importancia de fortalecer el crecimiento regional mediante políticas que promuevan la inversión y el desarrollo productivo, señalando que Arequipa cumple un rol estratégico dentro del sur del país. Asimismo, sostuvo que las autoridades deben priorizar medidas que permitan reducir trabas administrativas y generar condiciones para el crecimiento económico sostenible.

El candidato también abordó temas relacionados con la institucionalidad y el manejo del Estado, donde cuestionó prácticas políticas tradicionales y sostuvo que el país requiere reformas estructurales para enfrentar los principales problemas sociales y económicos. En ese contexto, presentó su visión respecto a la necesidad de modernizar la administración pública y fortalecer la descentralización como parte de sus propuestas.

Propuestas y opiniones planteadas para Arequipa

En sus declaraciones, Belaúnde sostuvo que Arequipa requiere políticas que impulsen la inversión privada y la reactivación económica regional, considerando el potencial productivo y empresarial de la zona. Asimismo, mencionó la importancia de mejorar la infraestructura y promover iniciativas que contribuyan a la generación de empleo, señalando que el desarrollo regional debe ejecutarse con participación del sector privado y del Estado.

Belaunde también planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública, indicando que las autoridades deben aplicar medidas orientadas a reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de los servicios. Además, remarcó que la descentralización debe acompañarse de capacidades técnicas y de una planificación adecuada para asegurar resultados sostenibles en regiones como Arequipa.

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• ¿Vacancia o censura? Congresistas denuncian maniobras para blindar a José Jerí y mantenerlo en el cargo

• Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las encuestas mientras López Chau sigue subiendo

• Carlos Álvarez amenaza con renunciar a su candidatura tras millonario desvío de fondos de la franja electoral hacia canal Nativa

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El video TREMENDA CRIOLLADA | Partidos desviaron cientos de miles a medio que se habia declarado en quiebra se publicó en YouTube en este enlace

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La Contraloría General de la República solicitó información en un plazo de tres días hábiles, de tres de las cinco jóvenes allegadas al presidente interino José Jerí, quienes lograron una orden de servicios con el Estado tras visitarlo en Palacio de Gobierno. También se solicitó información a los ministerios de Educación y del Ambiente.

De acuerdo con el oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial, la Contraloría pidió copia de las órdenes de servicio o contratos Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva. Esto, sin importar la modalidad de contratación suscritas entre octubre del 2025 hasta la actualidad.

También solicita comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los pagos realizados en el marco de sus órdenes de servicio. La información debe enviarse a través de la mesa de partes virtual. “De no contar el Despacho Presidencial con algún documento, deberá informarlo en la respuesta”.

Del mismo modo, la jefa del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente, Gloria Cárdenas, ha dispuesto se recopile la información sobre la contratación de Guadalupe Vela Ramírez y otros. Y la jefa encargada del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación, Elizabeth Jaramillo, hizo lo propio sobre la designación de Violeta Emperatriz Otero Bea como secretaria nacional de la Juventud de dicho portafolio.

Fiscalía investiga preliminarmente

De otro lado y como se informó, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició una investigación preliminar por los presuntos delitos contra la administración pública.

La indagación fiscal que no incluye al presidente Jerí, investigará a quienes resulten responsables de contratar a cinco mujeres, tras acudir al Despacho Presidencial -incluso en día feriado y hasta altas horas de la noche- para cargos que gnados cuentan con requisitos claves que no habrían sido superados por las cinco allegadas al jefe de Estado.

La investigación está a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar y las diligencias correspondientes a ley se desarrollarán, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Según se informó, dos de las colaboradoras cercanas al presidente interino José Jerí renunciaron a sus funciones públicas tras revelarse que accedieron a contratos estatales luego de una reunión nocturna en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025, desde las 18:48 hasta las 23:56. Guadalupe Vela y Cristina Beraún presentaron su dimisión.

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Tras la revelación de una nueva “perlita” que involucra a amigas de Jerí convenientemente favorecidas con jugosos contratos en el gobierno, el presidente parece estar más embarrado que nunca. Pero, como ya es costumbre, ni este escándalo parece suficiente para moverle un solo cabello.

Mientras tanto, el Congreso sigue en modo vacaciones eternas. La única forma de debatir su posible salida es convocando a un pleno extraordinario, para lo cual se necesitan al menos 78 firmas. Hasta ahora, el pedido apenas supera las 50, descartando de plano la presencia de la bancada de Fuerza Popular.

Y es justamente ahí donde aparece el principal candado. Según denunció la congresista Ruth Luque, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, estaría moviendo fichas para que la salida de Jerí sea únicamente a través de la vacancia y no mediante censura.

El detalle incómodo: la moción de censura sí cumple con los requisitos para entrar a debate. La de vacancia, no tanto, pero como necesitaría más votos, es lo que buscan imponer quienes apoyan a Jerí. Los chinitos y las visitadoras sonríen.

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las encuestas mientras López Chau sigue subiendo

Aunque no son pocos los peruanos que desconfían de las encuestadoras como CPI, no está de más echarles un vistazo para hacerse una idea sobre cómo evoluciona el panorama electoral. En su último estudio, Rafael López Aliaga se mantiene a la cabeza con 14.6%, seguido por Keiko Fujimori con 6.6%. Lo llamativo es que Porky crece mientras la china cae, reforzando la lectura de que entre ambos pelean por la misma porción del electorado. Mario Vizcarra se mantiene en el tercer puesto, aunque crece 0.3 puntos porcentuales para quedarse con 4.7%.

Tras la terna inicial, César Acuña, Alfonso López Chau y Carlos Álvarez quedaron prácticamente empatados con 3.9, 3.7 y 3.6% respectivamente. Más rezagados aparecen José Luna, George Forsyth, Yonhy Lescano y Ricardo Belmont. Lo más preocupante es que los indecisos apenas varían y se mantienen en un 29%; lo mismo que los que viciarán el voto o no irán a sufragar, con 18.5%.

¿Qué conclusiones podemos sacar de esta sopa de números? Primero, que es casi imposible que López Aliaga y Keiko pasen juntos a segunda vuelta. Segundo, que López Chau no para de crecer, lento pero seguro, y puede terminar marzo peleando el tercer puesto con Mario Vizcarra. Y tercero que, como siempre, los indecisos recién decidirán su voto las 2 últimas semanas antes de las elecciones.

Carlos Álvarez amenaza con renunciar a su candidatura tras millonario desvío de fondos de la franja electoral hacia canal Nativa

Una tremenda olla de grillos se ha destapado a pocos meses de las elecciones y envuelve al partido con el que el comediante Carlos Álvarez buscaba llegar a la presidencia, País para Todos. Además, el escándalo involucra a Primero la Gente, con su candidata Marisol Pérez Tello, que prometía ser “diferente”.

Todo estalló luego de revelarse que estos dos partidos, han puesto gran parte de sus fondos para la franja electoral en el canal Nativa, de propiedad de Miguel del Castillo, candidato y líder del partido Primero la Gente. Osea, puso la plata en su propio canal. Tras el estallido, renunció a su candidatura, pero lejos de apagar el incendio, solo le echó más gasolina.

En total, más de S/ 2 millones se destinaron para la transmisión de propaganda electoral en este medio cuya audiencia es mínima o inexistente, pues se había declarado en quiebra y no tienen programación. Todo indica que en el caso de País para Todos, hubo un “arreglo” entre el partido y el canal.

Älvarez reaccionó indignado, asegurando que no sabía nada del direccionamiento de fondos y advirtió que, si no aparecen pronto los responsables, podría mandar su candidatura directo al tacho. En todo le encuentran business los políticos, verdad? 

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– José Domingo Pérez deja muda a Keiko Fujimori
– Las candidaturas que se trajo abajo la Franja Electoral
– Y cómo van las encuestas?
– Jerí sigue perdiendo credibilidad y desaprobación se dispara
– Entrevista a Nicolas Besich, coordinador general del Instituto Videnza sobre los gastos que generarían los planes de gobierno de los candidatos

El video José Domingo Pérez deja muda a Keiko Fujimori | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

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El fiscal José Domingo Pérez sorprendió en una reciente entrevista al asegurar que se siente muy orgulloso de sus raíces arequipeñas. Comentó que nació en Lima “por accidente” debido a que sus padres son de Arequipa, pero que desde muy pequeño fue educado en la ciudad blanca, por lo que su identidad es “100% arequipeña”.

Pérez elogió a los arequipeños por su historia de resistencia y también por reconocer a sus personajes más ilustres, como el nobel Mario Vargas Llosa.

Más allá de sus raíces, José Domingo Pérez es una figura clave en la justicia peruana por su lucha contra los políticos con mayor poder en el país. A lo largo de su carrera, Pérez ha liderado investigaciones contra expresidentes, altos funcionarios y casos de lavado de activos, colusión y corrupción. Su trabajo ha generado tanto apoyo como críticas. Sus investigaciones han puesto bajo escrutinio a importantes actores políticos y empresariales, lo que lo ha convertido en uno de los fiscales más relevantes y polémicos de los últimos años en Perú.

Además de su labor jurídica y tras sus supensión, Pérez ha incursionado en el espacio mediático con un programa digital propio, donde comenta actualidad jurídica y social, lo que ha ampliado su presencia ante audiencias más jóvenes y diversas.

El video José Domingo Pérez asegura que está orgulloso de ser arequipeño: «Nací en Lima por accidente» se publicó en YouTube en este enlace

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José Domingo Pérez decidió responder a las amenazas de Keiko Fujimori sobre el “castigo divino” y la supuesta prisión que le espera por investigarla. El fiscal suspendido aseguró que las palabras de la lideresa de Fuerza Popular constituyen una forma de intimidación y advirtió que ahora debe andar por la calle con mayor precaución.

Además, le recordó que no solo ella ha atravesado dificultades, sino que él también ha enfrentado múltiples ataques en su vida laboral y personal por abrir procesos contra su partido político. Pérez enumeró los hostigamientos, investigaciones, campañas de desprestigio y amenazas que ha sufrido desde que inició el caso Cócteles.

Asimismo, desmintió que el llamado “pitufeo” sea solo una falta administrativa y no un delito penal, como sostiene Fujimori. Para ello, citó el caso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien fue condenado por financiamiento ilegal de campañas.

“Usted, señora Fujimori, le ha mentido al Perú. Eso no es un error administrativo. Dice usted también que el de arriba se encargará de mí. Yo creo que el de (abajo) se encargará de usted», sentenció

Pérez señaló que regresó al espacio digital para ejercer su derecho constitucional a expresarse y para enfrentar lo que denominó “narrativas conspiranoicas” y “leyes procrimen”. Afirmó que su programa busca informar con datos, combatir las noticias falsas y formar una comunidad basada en la verdad.

En su intervención, el fiscal recordó los múltiples ataques que ha sufrido desde 2017: campañas de difamación, amenazas de muerte, investigaciones sin sustento, hostigamientos en redes sociales y presiones políticas. También mencionó el “chat de la botica”, las acusaciones falsas en su contra y los intentos de vincularlo con hechos que luego fueron archivados.

Durante el programa, también denunció la apertura de procesos disciplinarios en su contra tras las declaraciones de la lideresa fujimorista y afirmó que estas acciones buscan silenciarlo: “Señora Fujimori, mi libertad ahora es el costo que un fiscal debe pagar por demostrar que usted en las campañas de los años 2011 y 2016 recibió de Odebrecht un millón de dólares; de Dionisio Romero, principal directivo del Banco de Crédito, 3 millones 650 mil dólares en efectivo; o de la empresa Sudamérica Fibra 7 millones 670 mil dólares en efectivo y otros dineros, de manera clandestina, sin bancarizar”, sostuvo.

El video ‘El de abajo se encargará’: Domingo Pérez RESPONDE a las AMENAZAS de Keiko: la acusa de mentirosa se publicó en YouTube en este enlace

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició un proceso judicial para retirar la ciudadanía estadounidense a Luis Miguel Fernández Gaviola, exoficial del Ejército Peruano, al acusarlo de ocultar información clave sobre su pasado militar y su vinculación con la masacre de Pucará (Huancayo), ocurrido en 1989, al solicitar beneficios migratorios.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó una demanda civil de desnaturalización ante un tribunal federal de Miami. El caso no es penal y no busca juzgar directamente las ejecuciones, sino determinar si Fernández Gaviola obtuvo la ciudadanía mediante fraude u ocultamiento de hechos relevantes, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

La acusación

Según la demanda, difundida el 26 de enero último por el Departamento de Justicia, Fernández Gaviola sirvió como suboficial de Infantería en el área de Inteligencia (G-2) de la 31.ª División de Infantería del Ejército Peruano, unidad militar que operaba en Huancayo durante el conflicto armado interno.

En ese rol, de acuerdo con el gobierno estadounidense, integró la unidad que ejecutó a ocho pobladores del distrito de Pucará en noviembre de 1989, bajo la acusación de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Tras esos hechos, el exoficial ingresó a Estados Unidos en 1992, donde —dice la demanda— ocultó su historial al iniciar su proceso migratorio.

“Nadie que comete atrocidades como estas tiene derecho al valioso privilegio de la ciudadanía estadounidense”, afirmó Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia. “Le debemos al pueblo estadounidense protegerlo de violadores de derechos humanos que abusan de posiciones de poder, sin importar dónde hayan cometido sus actos”, señaló.

Las presuntas falsedades

El Departamento de Justicia sostiene que en 2003, cuando Fernández Gaviola solicitó el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente, declaró bajo juramento que no había prestado servicio militar en el extranjero y que nunca participó en la muerte de una persona por motivos políticos.

Cuatro años después, al solicitar la naturalización como ciudadano estadounidense, volvió a negar cualquier participación en persecuciones por razones políticas y aseguró no haber brindado información falsa o engañosa a las autoridades migratorias.

Para la fiscalía estadounidense, esas declaraciones resultan materialmente relevantes y, de comprobarse su falsedad, invalidarían el proceso de naturalización.

“La ciudadanía de los Estados Unidos es un privilegio profundo, reservado para quienes la obtienen honestamente y conforme a la ley”, sostuvo Jason A. Reding Quiñones, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. “Esta acción civil alega que el demandado ocultó hechos materiales sobre su pasado, incluida su participación en graves violaciones de derechos humanos, para obtener ese privilegio”.

La masacre de Pucará

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y posteriores acciones fiscales y judiciales en Perú, la madrugada del 4 de noviembre de 1989, dos patrullas del Ejército ingresaron al distrito de Pucará, en la provincia de Huancayo, se hicieron pasar por miembros del MRTA (Movimiento Revolicionario Túpac Amaru) y ejecutaron extrajudicialmente a ocho pobladores.

Las víctimas fueron Paulino Cabezas Cóndor, Raúl Cabezas Cueva, Leoncio Orihuela Medrano, Isauro Valdez Rojas, Nilo Castillón Laveriano, Máximo Pérez Ureta, Gladis Poma Vila y Madeleni Poma Vila.

La (CVR) documentó el caso y concluyó que los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos, atribuidas a efectivos del Ejército destacados en Huancayo, entre ellos integrantes del Batallón antisubversivo Inclán, que operó en el cuartal 9 de Diciembre.

Este caso es uno de los casos documentados por la CVR que llegaron a juicio. La Sala Penal Nacional condenó a 20 años de prisión efectiva a exintegrantes del Ejército, entre ellos a Marco Antonio Llontop Jesús, identificado como autor material de varios asesinatos en el operativo militar.

Otros implicados afrontaron procesos con resultados distintos, incluidas absoluciones y decisiones posteriores de instancias superiores, lo que dejó responsabilidades penales parciales, pero confirmó judicialmente la existencia de la masacre.

Ocultó información

La demanda presentada en Miami no evalúa esas sentencias en el sistema judicial en Perú. El caso es migratorio. El Departamento de Justicia aclaró que no existe aún una determinación de responsabilidad. El tribunal deberá resolver si Fernández Gaviola mintió u ocultó información relevante al pedir su naturalización como ciudadano estadounidense y si esa conducta justifica revocar dicha ciudadanía. 

La investigación migratoria estuvo a cargo de la División de Violadores de Derechos Humanos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el litigio lo asumirá la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia y la fiscalía federal de Florida.

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El Consejo de Mujeres Awajún, informó que el 14 de enero del 2025 se celebró el inicio la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) en Condorcanqui, Amazonas, para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Sin embargo, a un año de su labor, ha sido desmantelada.

Esto por cuanto se han despedido a 26 trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, por “falta de presupuesto”, con lo que cientos de casos han quedado a la deriva, al quedarse sin psicólogos, abogados defensores ni trabajadores sociales para atender a las poblaciones más vulnerables, denunció Rosmery Pioc, presidenta del Consejo.

Refirió que se había dado un paso histórico para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Pero hoy ese esfuerzo corre el riesgo de quedar en nada, dijo. “Me resulta incomprensible que, pese a que las sedes del Ministerio Público en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa están totalmente equipadas, ahora el sistema de justicia sea desarticulado por falta de presupuesto”.

“No se trata de un simple recorte sino de que la han desmantelado despidiendo de manera arbitraria a 26 trabajadores CAS. Estaban enfocados en la tramitación de los casos de agresiones sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes awajún y wampís”, aseguró.

Hacen llamado al presidente Jerí a ministros a restablecer la fiscalía

Pioc dirigiéndose al presidente José Jerí dijo que, “desarticular la protección a las víctimas de abuso sexual es una negligencia que no podemos permitir. Exijo al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público que restablezcan de inmediato la operatividad de estas sedes y sus equipos multidisciplinarios. Para que no gane la impunidad y que la dignidad de las niñas y mujeres debe ser una prioridad los 365 días del año.

De acuerdo con lo informado, solo en 2025 se ha registrado alrededor de 300 nuevos casos de abuso sexual contra menores en las comunidades nativas de Condorcanqui. Además, el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, que es la primera de la provincia. Se dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.

De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.

“Hay una vulneración de derechos indígenas. El Estado incumple su deber de protección hacia los pueblos Awajún y Wampís, permitiendo que la falta de recursos económicos se convierta en cómplice de la violencia sexual”, señaló la fuente.

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Pese al operativo internacional anunciado con énfasis por la Embajada de Estados Unidos en Perú y la Policía Nacional, los dos jóvenes detenidos por presunta producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil quedaron en libertad tras la audiencia de prisión preventiva realizada en Huancayo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, presidido por el juez Rafael Agustín Herrera Rivas, declaró infundado el requerimiento fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra Peter Vidal Ventocilla Chávez (24) y José Fernando Márquez García (21). En su lugar, dispuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica de S/ 1,000 por cada imputado.

La Fiscalía había proyectado una pena de 11 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de pornografía infantil agravada, al atribuirles la comercialización de videos de menores de entre 8 y 11 años a través de canales privados de la plataforma Telegram.

Días antes de la audiencia, la Embajada de Estados Unidos en Lima difundió un ‘Breaking News’ en el que destacaba la captura como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, agentes del Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue.

Sin embargo, el jueves el juzgado resolvió que no se configuraban los presupuestos necesarios para imponer la medida más gravosa del proceso penal.

Los argumentos del juez

Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se acreditó peligro de fuga ni de obstaculización del proceso, al considerar que ambos investigados cuentan con arraigo domiciliario y laboral, contratos vigentes y una conducta procesal colaboradora.

Asimismo, el juez señaló que la prisión preventiva no resultaba idónea, necesaria ni proporcional, tomando en cuenta, entre otros factores, que los investigados presentan una enfermedad crónica debidamente acreditada ante el juzgado, cuya atención requiere tratamiento continuo y podría verse afectada por una medida de encarcelamiento preventivo.

Indicó que una medida de este tipo, en dichas condiciones, podría convertirse en una pena anticipada, contraria a los principios que rigen las medidas limitativas en el proceso penal y a estándares de derechos humanos.

Fiscalía apela

El Ministerio Público, representado por el fiscal Herik Henry Gonzales Rivera, sostuvo que existía un alto riesgo procesal debido a la gravedad del delito, la magnitud de la pena proyectada y la naturaleza de la evidencia digital.

Tras conocerse la decisión judicial, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, solicitando que el caso sea revisado por la instancia superior.

Investigación de alcance internacional

La investigación se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), remitido por autoridades estadounidenses, que alertó sobre una cuenta en redes sociales utilizada para promocionar material de abuso sexual infantil.

Un agente encubierto documentó el presunto sistema de venta de contenido ilícito mediante plataformas digitales y pagos electrónicos, información que dio lugar al allanamiento y a la detención de los investigados en Huancayo.

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