En los dos últimos años, dos servidores del Poder Judicial manipularon el sistema informático para apropiarse del dinero de las reparaciones civiles depositadas a los agraviados de procesos penales. El dinero, que asciende a unos 80 mil soles, fue a parar a manos de un procurador del Ministerio Público, una practicante de Derecho y un litigante.
El juez especializado en delitos de corrupción, Juan Carlos Churata, dispuso la detención preliminar durante 7 días, de los cinco involucrados. Ellos son: el trabajador judicial y exjuez penal, Roberto Salas Vilca; el especialista del módulo de Paucarpata, Jefferson Rodríguez Lavados; el procurador de la Fiscalía, José Luis Portocarrero Bustamante; la estudiante de Derecho, Yudi Tania Ccallo Mallqui; y la litigante Karen Marella Ranilla Calisaya.
El caso ha remecido la Corte Superior de Justicia de Arequipa ante este nuevo caso de corrupción dentro de la institución. Y a su vez, ha puesto al descubierto la vulnerabilidad del Sistema Informático de Administración Judicial (SIAJ). El presidente Carlo Magno Cornejo lamentó lo sucedido, pero aseguró que la institución brindará las facilidades para las investigaciones.
Cómo realizaron los cobros irregulares
Una aparente “inconsistencia” en un depósito judicial encendió en noviembre las alarmas y motivo a las autoridades de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) a iniciar una investigación de oficio. Tras realizar un rastreo informático, se encontró que expedientes judiciales habían sido solicitados al archivo por los trabajadores sin tener una solicitud o un escrito de por medio.
Estos expedientes contenían los depósitos judiciales que realizaban los sentenciados a favor de las víctimas, por concepto de reparación civil. Esto es, la suma de dinero que el imputado está obligado a pagar al agraviado, que también puede ser el Estado, y cuyo objeto es resarcir el daño ocasionado.
Sin embargo, se detectó que la orden de pago emitida por el juzgado no registraba el nombre del beneficiario; por el contrario, habían sido endosadas a otras personas, explicó el jefe de la Odecma, Jhonny Cáceres Valencia.
“Esta es una de las Cortes que recauda más sumas de dinero en reparación civil. Todos los jueces mensualmente convocan a las personas con medidas de suspensión para que paguen la reparación. Los agraviados, lamentablemente no los vienen a cobrar. Estos malos servidores habrían utilizado estos montos que están archivados para realizar el cobro irregularmente”, declaró.
Jhonny Cáceres Valencia, jefe dela Odecma.
Durante la investigación se detectó que 116 depósitos judiciales, por un monto de 80 mil soles aproximadamente, habían sido cobrados por el abogado procurador José Luis Portocarrero Bustamante, Yudi Tania Ccallo Mallqui y Karen Marella Ranilla Calisaya, entre el 2018 y 2019.
Trabajadores del Poder Judicial ordenaron cobros irregulares
En el primer caso, el servidor Roberto Salas Vilca, quien fue separado del cargo de juez tras absolver al alcalde Omar Candia Aguilar en un caso de colusión, emitió las órdenes de pago a nombre de José Luis Portocarrero en lugar de depositarlos al Ministerio Público. Según las investigaciones, el abogado habría cobrado alrededor de 40 mil soles en dos años.
El exmagistrado fue detenido en la Corte de Justicia de Arequipa, mientras que el procurador fue arrestado en la ciudad de Lima. Las autoridades coordinarán su traslado a Arequipa.
De otro lado, el especialista judicial Jefferson Rodríguez Lavados realizó los depósitos a nombre de su practicante Yudi Ccallo Mallqui y de la litigante Karen Ranilla Calisaya. El trabajador habría ordenado el cobro de 90 depósitos judiciales que estaban destinados a las víctimas. El servidor fue detenido en su despacho mientras que las dos investigadas fueron dapturadas fuera de sus domicilios.
El operativo lo lideró la fiscal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Marita Cueva. La magistrada indicó que investigará a los detenidos por los delitos de peculado doloso por apropiación a favor de terceros y delito de fraude informático.
Odecma suspende a servidores
El jefe de la Odecma, Jhonny Cáceres, informó la supensión de los dos servidores en sus cargos durante seis meses, mientras continúa el proceso administrativo. El magistrado señaló que, en el caso de Roberto Salas Vilca, podría solicitar su destitución al verse comprometido en un segundo hecho irregular. La primera sanción se le impuso por haber dilatado el juicio del alcalde Omar Candia Aguilar y no haber entregado la sentencia en el plazo establecido, a la Fiscalía.
Respecto a la investigación, Cáceres Valencia indicó que pese a las limitaciones se pudo realizar la investigación y obtener estos resultados. Asimismo, indicó que se pondrá en conocimiento de este hecho al Poder Judicial para que se tomen medidas respecto al Sistema Informático de Administración Judicial (SIAJ).
Los detenidos permanecerán recluidos en la comisaría de Cerro Colorado hasta que se cumplan los 7 días de la detención.
