Después de un año de la desarticulación de la organización criminal Los Correcaminos del Sur, una mafia enquistada en la Gerencia Regional de Transportes que extorsionaba a los transportistas, la Fiscalía va afinando el caso.
La Sala Especial de Extinción de Dominio de Arequipa ordenó que se realice otra audiencia para decidir si los 11 transportistas, relacionados a un segundo brazo de la red criminal, permanecerán o no en libertad.
Asimismo, el Ministerio Público citó a la exgobernadora Yamila Osorio, quien se encuentra en España, para declarar sobre el caso vía teleconferencia. La exautoridad pasó a ser investigada a raíz de la declaración de testigos que afirman que Osorio Delgado conocía de las extorsiones.
Giro en Los Correcaminos del Sur
En noviembre pasado, el juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción, Juan Carlos Churata, rechazó la prisión preventiva para 12 de los 16 involucrados en el denominado caso Los Correcaminos del Sur 2. Entre los involucrados estaba un coronel de la Policía, cuatro servidores de la Gerencia Regional de Transportes y 11 transportistas.
El juez Churata solo aprobó el arresto para cuatro de ellos. El motivo fue que no había elementos suficientes para demostrar la vinculación de los imputados con la organización dedicada a extorsionar a transportistas, además de errores cometidos por la fiscalía. El resto quedó en libertad.
Aunque, para la Sala Especial, el juez de investigación preparatoria no evaluó las pruebas expuestas por la Fiscalía en su conjunto y solo se inclinó a señalar que los transportistas pagaban sobornos porque eran amenazados por integrantes de la banda. En consecuencia, el pedido del Ministerio Público volvería a ser analizado, pero esta vez por otro magistrado en breve plazo.
Exgobernadora citada a declarar
El despacho de la fiscal anticorrupción Marita Cueva citó en dos ocasiones a la exgobernadora, después de que se le abriera una investigación aparte por este caso. Yamila Osorio no había acudido y tampoco justificado su inasistencia. La razón era que se encuentra fuera del país cursando estudios.
Sin embargo, a raíz de los graves hechos que se investigan, la fiscalía gestionó para que se le tome su declaración el próximo 20 de enero, a través de una teleconferencia.
Culminada esta etapa, el Ministerio Público definirá si la exautoridad tuvo o no participación dentro de la organización criminal. Los cargos que se imputan en este caso son organización criminal, concusión y cohecho.
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