Los miembros de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos sienten miedo en su propia tierra. Esta emblemática organización de ascendencia tallán está ubicada en Piura, al norte del Perú, y desde hace doce años enfrenta el asedio de la ocupación de sus terrenos.
Constantemente, los comuneros han enfrentado violencia física y verbal, además de persecución judicial. Desde el 2011, varios han resultado heridos, incluso de bala, y terminaron criminalizados por denunciar que personas ajenas a la comunidad cercan y se apropian irregularmente de sus tierras.
Lo más grave ha sido la muerte de los comuneros Guadalupe Zapata Sosa, en 2011, y de Luis Pasache Zapata, en 2017, ambos por arma de fuego durante enfrentamientos con la Policía y encapuchados que quisieron desalojarlos. Estas muertes han quedado impunes, ya que no hubo mayor investigación, según indica Santos Maza Juárez, dirigente del sector Cruz Blanca de Catacaos.
“Nos hemos metido con poderosos, eso es lo que enfrentamos aquí, el abuso del poder”, relata Santos mientras amarra su mulo en el tronco de un zapote, cerca de su vivienda. “Recién hace poco sentimos que estamos siendo escuchados, porque antes nadie nos hacía caso”, agrega, haciendo un ademán.
Lo que refiere el comunero es que por mucho tiempo sus denuncias fueron silenciadas, ignoradas o minimizadas, tanto en el plano jurídico como en la opinión pública. Y recién desde el 2019 han logrado tener una defensa legal y cierta protección, aunque no del todo.
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Un modus operandi
Como muchos otros comuneros de Catacaos, la familia Maza Sandoval ha resistido doce largos años de embate por sus terrenos, que emplean principalmente con fines de ganadería. Ellos denuncian que más de 1800 hectáreas de la Comunidad Campesina San Juan Bautista han sido sistemáticamente ocupadas por empresas agrícolas e inmobiliarias.
Temen afirmar que se trata de un caso de tráfico de terrenos, pero sus sospechas apuntan a eso: particulares falsean actas comunales de adquisición de tierras, las inscriben en los Registros Públicos y las venden a empresas privadas que hoy lucran sobre esas áreas.
“Ese es el modus operandi que identificamos, porque aquí las tierras no pueden venderse ni privatizarse, estos son terrenos comunales de nuestros antepasados y cualquier traspaso debe aprobarse por mayoría en asamblea. Y eso no ha ocurrido”, asegura Santos Maza. Explica que no solo han ido perdiendo tierras, sino que, cuando han querido retomar el control, han sido recibidos con violencia ―en algunos casos, a balazos― y denunciados penalmente por supuesta invasión de propiedad privada.
A su lado, su sobrino Luis Inga Sandoval sostiene que el problema se genera porque ellos, como comuneros, solo cuentan con constancias de posesión, mientras que los nuevos ocupantes se han hecho de títulos de propiedad. “Nosotros denunciamos todo eso, pero en lugar de que la Policía y la Fiscalía hagan su trabajo e investiguen si efectivamente hay tráfico de tierras, antes terminamos denunciados, perseguidos y amenazados. Es decir, la figura siempre se invierte”, relata Luis.
Él, su tío Santos y su tía Paula Sandoval son tres de los 39 comuneros de Catacaos que en los últimos doce años han sido procesados penalmente por diversos delitos: usurpación, fraude procesal, daños agravados, hurto, lesiones, entre otros. Según señalan, con eso solo buscan acallarlos y amedrentarlos.
Las denuncias en su contra fueron interpuestas por la Asociación Civil San Juan Bautista y una empresa agroindustrial que ha cambiado de nombre consecutivamente: de Agrícola Santa Regina a Inversiones Santa Regina, luego Agrícola San José, después Inversiones Bajo Piura y ahora Pura Fruit Company.
Tanto la asociación como la empresa la constituyeron miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y han negado tener relación con cualquier acto de amedrentamiento. Al abogado Percy García Cavero, quien fuera asesor legal de la empresa, fule consultamos para este reportaje, pero no contestó.
Percy Maza, hijo de Santos y Paula, ha llevado a cuestas hasta 23 denuncias. En algunos casos se le absolvió y otros casos los archivaron por falta de pruebas. Sin embargo, lo que la justicia no ha podido archivar es el temor permanente de que en cualquier momento le pueda pasar algo a él o a cualquier miembro de su familia por el solo hecho de reclamar lo que considera justo.
“Hasta a mis hijitos, que son chiquitos, han llegado al colegio a amenazarlos. Les han dicho que su papá se va a morir si sigue denunciando”, relata Percy Maza, sentado sobre el lomo de su caballo, con la voz entrecortada. “A veces me da ganas de llorar de la impotencia de no saber qué más hacer”, dice sobándose los párpados.
Los comuneros de Catacaos relatan que esos hechos ocurrían cada vez que denunciaban que sus tierras eran ocupadas. Por la noche, donde el único transporte suele ser el equino, han llegado a ver camionetas 4×4 que merodeaban sus viviendas y escuchaban disparos al aire. También han encontrado perros de caza sueltos que atacan a sus ganados y hasta a ellos mismos. Por todo ello, constantemente han pedido garantías para salvaguardar sus vidas.
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Paula Sandoval cuenta que una vez llevó a su nieto de cinco años al centro de salud para un chequeo. En medio de la conversación, la enfermera le preguntó al niño qué quería ser de grande. El niño respondió a bocajarro: guardián. Ni policía ni vigilante, pues ninguno les inspira confianza, menos en los ojos de quien durante toda su corta vida solo ha visto hostigamiento de su parte.
“El doctor se sorprendió porque mi hijito dijo que quería ser guardián y le preguntó por qué. Él le dijo que quería cuidar sus tierras y proteger a su familia”, cuenta la señora.
Policía a disposición, ¿de quién?
Encarnación Silva, un comunero de 83 años, cuenta que la vida transcurría tranquila hasta 2011, cuando comenzaron los intentos de desalojo. “La empresa comenzó a jalar [contratar] gente de acá para la [producción de] uva, y los ponía de su lado. También los llamaba para vigilantes. En realidad, se aprovechan de la necesidad y también es una manera de dividir a la población”, lamenta.
La relación con algunos vigilantes es cordial, aclara Encarnación, porque son de la misma localidad, pero con otros han tenido varios enfrentamientos. El comunero dice que existe una tensión permanente en la zona, ya que se sienten amenazados por parte de la empresa. “Cuando ellos quieren, tienen la Policía a su disposición, pero cuando nosotros denunciamos, no nos hacen caso”, protesta.
En 2017, ante el llamado de la empresa, un contingente policial de cerca de 200 efectivos llegó hasta la zona para desalojar comuneros. Y mientras el área seguía cercándose, no habían detenidos o procesados por el presunto tráfico de tierras comunales ni por la muerte de dos comuneros.
En 2018, un grupo de comuneros se encontraba brindando declaraciones a tres periodistas en un área del terreno en disputa, cuando los atacaron a balazos. La tranquila mañana del aquel 26 de enero la interrumpieron disparos de encapuchados que llegaron en dos cuatrimotos acompañados de vigilantes de la empresa.
Les robaron sus equipos fotográficos y celulares. Hubo dos heridos. Una de las pistolas quedó tirada y se descubrió que pertenecía a un expolicía que luego pasó a trabajar como seguridad de la empresa. El arma se entregó a la Divincri junto con las pocas imágenes que lograron salvar, todo en sobre lacrado. Pero, nuevamente, la denuncia no procedió porque la empresa denunció invasión de propiedad privada.
Para Luis Inga, la impunidad es permanente. Esto demuestra que no solo los comuneros de Catacaos están en peligro por denunciar y defender sus tierras. También los periodistas que deciden informar al respecto. “Con estos actos de hostigamiento han conseguido que no se haga seguimiento al tema”, reflexiona.
Añade que, debido a esto, recién en 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió brindar medidas de protección a 26 comuneros de Catacaos. El objetivo es que la Policía y la Fiscalía actúen rápidamente frente a cualquier evento que ponga en riesgo su integridad.
“Ese mecanismo nos reconoce como personas defensoras de derechos humanos. Aun así, la Policía no acude cuando la llamamos, dicen que está lejos, que el lugar es de difícil acceso. ¿Y cómo cuando los llama la empresa llegan hasta en buses?“, cuestiona Luis, tajante.
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Carlos Rodríguez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), explica que, en la práctica, dicho mecanismo intersectorial resulta insuficiente. Pues no hay una acción efectiva por parte de las instituciones involucradas, principalmente la Policía. “Los comuneros terminaron perseguidos judicialmente. Ahorita hay una demanda de la Asociación San Juan Bautista en contra de 10 comuneros para que desalojen un terreno. La fecha de la audiencia está pendiente de programación”, señala.
De acuerdo con Rodríguez, además de Cruz Blanca, otros sectores como El Morante, La Picuda, El Vegón y Señor Cautivo también vienen sufriendo ocupaciones en perjuicio de la Comunidad Campesina de Catacaos. “El mecanismo de protección debe permitir activar acciones de patrullaje y monitoreo por parte de la Policía, pero nada de eso sucede. La herramienta no funciona”, sostiene.
El abogado también coincide que la Policía solo acude a la zona ante el llamado de la empresa. “Ese poder que tienen de movilizar a tantos efectivos policiales, incluso de diferentes unidades de la región Piura, nos muestra que estamos ante un poder muy grande, casi que no tiene límites“, menciona.
Desde una cima de sus tierras, donde se ubica su vivienda, Santos Maza toma aire y asiente: “Efectivamente, estamos lidiando con poderosos, es una lucha desigual”.
