El 15 de enero de 2022 más de 10 mil barriles de crudo de petróleo fueron vertidos al mar peruano, contaminando 48 playas. Un año después la OEFA reportó 71 áreas afectadas. Las evidencias apuntaban a Repsol como responsable del desastre ambiental, empresa sobre la cual pesaban más de 10 procesos administrativos sancionadores hasta antes del derrame masivo en el terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla, en Callao.
Entre los casos multirregionales reportados mensualmente por la Defensoría del Pueblo persiste el conflicto social ocasionado por el derrame de petróleo de Repsol. Dos años después, sin encontrar justicia, los pescadores artesanales, comerciantes y ciudadanos afectados de Ventanilla, Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Chancay continúan demandando la indemnización por la afectación a la pesca artesanal. También siguen pidiendo atención inmediata para el restablecimiento de la actividad pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables del derrame de crudo.
La Defensoría del Pueblo reportó en noviembre último que la última intervención del Ejecutivo buscando un diálogo entre los afectados y la empresa involucrada fue en diciembre de 2022, cuando aún Pedro Castillo era Presidente de la República:
“El 2 de diciembre la Presidencia de Consejo de Ministros, MINSA, PRODUCE y MINAM emitieron un comunicado en relación al Grupo de Trabajo de la Mesa de Diálogo para abordar la problemática relacionada al derrame de petróleo del 15 de enero de 2022. En el comunicado 001 señala que “en base a los resultados de la evaluación, no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo. Por consiguiente, no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades de recursos hidrobiológicos relacionados a la pesca artesanal”.
Demanda contra Repsol en la Corte de La Haya
Hace unos días se hizo pública una demanda en contra de Repsol. El recurso reúne a más de 34 mil personas, entre pescadores y vecinos afectados de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla. La medida también está representada por la firma internacional de abogados Pogust Goodhead. La corte realizará una primera audiencia en junio de este año para decidir si la demanda procede en la jurisdicción de la corte de La Haya.
Repsol se pronunció sobre la demanda contra la Refinería La Pampilla. La empresa señaló que la demanda judicial “no tiene fundamento”. En un comunicado también añadió que, según experiencias similares, considera que este caso debe ser abordado en el Perú.
En enero de 2023, Albina Ruíz, quien detenta la titularidad del Ministerio del Ambiente hasta la fecha, mencionó en una actividad protocolar que “No habrá impunidad ante el derrame de petróleo ocasionado por Repsol”. Sin embargo, a dos años del desastre, los ciudadanos del litoral irreversiblemente dañado tuvieron que recurrir a ayuda internacional ante la indiferencia de las autoridades peruanas.
Conflicto social multirregional
Hasta la fecha, los pescadores y familias del litoral de más de 40 playas afectadas por el derrame de Repsol piden justicia.
Dialogamos sobre el caso Repsol el diciembre pasado con el abogado Percy Castillo, especialista en Derechos Humanos que trabajó por 27 años en la Defensoría del Pueblo:
“Usualmente [para la resolución de conflictos] se realiza un primer nivel de acuerdos. Sin embargo, luego no hay un seguimiento a que los compromisos asumidos se cumplan. Eso deja el problema abierto y genera que el conflicto se vuelva a presentar en un ciclo repetitivo […] Los pescadores y ciudadanos no se sienten justamente resarcidos, tampoco hay un cuidado del daño a las playas. Al ejecutivo lo que le toca es supervisar que la empresa [Repsol] cumpla con sus deberes, exigirle el cumplimiento de su responsabilidad”.
Percy Castillo Torres ejerció hasta noviembre de 2023 como adjunto de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. Su renuncia se dio en medio de una serie de bajas en la entidad defensorial, entre ellas la de la secretaria del sindicato de trabajadores de esta institución, Magaly González. Hace unos días también se supo sobre otra renuncia clave en la Defensoría del Pueblo: Rolando Luque, Adjunto en materia de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.
Precisamente, en el último reporte de Conflictos Sociales, publicado el 10 de enero de 2024, se da cuenta de manera muy escueta sobre los pobres avances en la resolución del conflicto social desatado por el derrame de petróleo en la Refinería a cargo de Repsol, hace dos años.
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