Al menos seis de los 48 procesados en el juicio por lavado de activos por los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori están pidiendo que no se instale el juicio oral y presencial que debe iniciar este 1 de julio a las 9:00 a.m. en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Las solicitudes son de Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito Villanella, los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García y Lorena Gamero; y la empresa MVV Bienes Raíces, alegando que las imputaciones por lavado de activos no están claras, según Perú 21.
Todos los acusados deben presentarse bajo advertencia, según lo previsto por los jueces Mercedes Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias. Quienes han dispuesto la sala número 1 de la sede “Carlos Zavala Loayza”, al costado de Palacio de Justicia, para recibir a los procesados.
¿Quiénes son los procesados?
Keiko Fujimori Higuchi, debe comparecer para responder por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Asimismo, los otros 48 implicados, de los cuales, 39, son acusados por su participación directa en los mencionados delitos.
Dos son personas jurídicas, tanto el partido Fuerza Popular como la empresa MVV Bienes Raíces. Y dentro del grupo hay siete acusados especiales, “que recibirán un trato jurídico especial por haber colaborado con las investigaciones que la fiscalía desarrolló durante los últimos 10 años”.
Fuerza Popular podría quedar excluido del proceso por la ley aprobada recientemente en el Congreso y que quita responsabilidad penal a las organizaciones políticas. Tal como algunos congresistas hicieron ver en el debate, cuando dijeron que era una ley con “nombre propio”.
¿Cómo se conoció del lavado de activos?
Como se recuerda, este caso se inició en el 2014, cuando se descubrieron falsos aportantes y participantes fantasmas en los cócteles, rifas y otras actividades de campaña que realizaban los fujimoristas para las elecciones del 2011.
Y se reforzó con un correo electrónico de Marcelo Odebrecht buscando una cita con Keiko Fujimori como candidata. En este le ofrecía aumentarle 500, que Jorge Barata detalló, eran 500 mil dólares.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez, inicia la investigación y la sigue estos años. Y basado en las declaraciones de testigos, testigos en reserva y colaboradores eficaces, que estableció que Keiko Fujimori recibió 17,3 millones de dólares de origen ilícito. Luego se lavó el dinero a través de la estructura partidaria y las actividades políticas de Fuerza Popular, en beneficio propio.
Que, recurrió a falsos aportes o aportantes fantasmas para lograr que el dinero mal habido ingrese a la contabilidad legal de Fuerza Popular.
Y que la misma estructura partidaria habría servido a la lideresa de Fuerza Popular para entorpecer las investigaciones, a través de leyes especiales en el Congreso e interfiriendo o infiltrando el Ministerio Público.
De acuerdo a algunos analistas, la última arremetida contra Domingo Pérez, incluyendo el falso fraude, está destinado a desacreditar o enturbiar el inicio del juicio oral a Keiko Fujimori.
Alegatos para no iniciar el juicio
Uno de los procesados es, Oré Guardia, sindicado por la Fiscalía de obstruir las diligencias cuando defendía como abogado a la excandidata presidencial. Mostró la solicitud presentada al juzgado en el que indica que “el juez de investigación preparatoria no absolvió las observaciones presentadas”. Esto, en la fase de control de acusación”.
Asimismo, dice que no existiría una imputación clara, precisa ni individualizada sobre el hecho que se atribuye a cada imputado. Que no existe una individualización de los elementos de convicción contra ningún acusado ni respecto a ningún delito. Se ha generalizado como si todos estuvieran en la misma situación jurídica, dice el documento.
Y según Perú 21, la mayoría de los coacusados se ha adherido a esta postura. Y que la otra razón para impedir la realización de la audiencia sería que el pasado viernes 21 de junio recién los notificaron con el expediente judicial que conducirá el juicio oral. “Son 780 tomos y cada uno tiene 500 hojas, lo que se está pidiendo es tiempo para revisar cada uno de esos tomos”, dicen.
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