La Fiscalía de la Nación amplió la investigación contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos en la campaña del falso fraude presidencial del 2021. Según lo informó el fiscal José Domingo Pérez, están implicados también los excongresistas Luis Galarreta Velarde, Milagros Takayama, Miguel Ángel Torres, Karina Beteta; y la contadora del partido Fuerza Popular, Lindman Miranda Zamalloa.
“Amplíese el objeto de investigación preliminar contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, (los seis implicados) y el partido político Fuerza Popular por la presunta comisión del delito de lavado de activos”, en las modalidades de actos de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia”, dice en la disposición fiscal, a la que tuvo acceso La República.
Las citaciones para que rindan su manifestación sobre los hechos quedaron fijadas así: 21 de agosto: Lindman Miranda Zamalloa; 22 de agosto: Karina Beteta Rubín; 23 de agosto: Milagros Takayama Jiménez; 24 de agosto: Miguel Torres Morales; 25 de agosto: Luis Galarreta Velarde y el 28 de agosto: Keiko Fujimori.
Con el dinero captado Keiko Fujimori y Fuerza Popular financiaron la campaña del falso fraude electoral. Es así como interpusieron las nulidades de resultados electorales, apelaciones y otras acciones legales. Quienes dieron los aportes fueron empresarios del sector inmobiliario y de casinos, quienes figuran en la sombra.
¿Cómo fueron los hechos?
Tras los resultados que dieron como ganador a Pedro Castillo de Perú Libre, el 6 de junio de 2021, Keiko Fujimori no solo los desconoció, sino que emprendió -junto a cómplices de Fuerza Popular- la narrativa del fraude electoral, con falsedades sobre unas presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular y que respaldaron algunos medios de comunicación que apoyaban su candidatura en la segunda vuelta.
Afirmaban sin presentar pruebas que “se les había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo”. Esto con una falsa y supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
Esta campaña resultó una fuente de aportes de empresarios dedicados a las inmobiliarias, a los juegos de tragamonedas, abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Llegando a cerca de dos millones de soles en efectivo y en especie. Entre el 13 de marzo de 2021 al 30 de julio de 2021.
Campaña del fraude fue un mecanismo para engañar y atemorizar a la ciudadanía a fin de captar fondos
“Este mecanismo de desinformar, dar noticias falsas y desacreditar a las autoridades electorales tenía como objetivo engañar y causar miedo en la ciudadanía sobre el proceso electoral. A fin de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo. Tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”, refiere la tesis fiscal.
Es así que, Fuerza Popular reportó 473 aportes en efectivo de dinero a la ONPE, entre enero y julio de 2021. Pero, anuló 142 de ese total (30 %). Era irregular que un partido político no tenga libros contables ni una cuenta bancaria para la recolección de aportes en efectivo. Lo que se dio desde fines de 2020 y todo el 2021 desobedeciendo la ley electoral.
Con estos aportes, la campaña del falso fraude que creó Keiko Fujimori pudo costear viajes, hospedajes, viáticos, pagos de abogados, publicidad en medios. Probablemente también se pagó las 942 nulidades que presentó Fuerza Popular, 367 apelaciones y 75 apelaciones de observaciones, todo por alrededor de S/ 1.309.770. Pese a que el JNE, ONPE y Reniec, además de las misiones de la OEA y la Unión Europea, rechazaron la existencia de fraude electoral.
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