María Grimaneza Acuña Peralta, hermana del líder del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, presidirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), pese a haber sido la sexta congresista investigada por “mochasueldo”.
De acuerdo a lo establecido en el Parlamento, la SAC es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente.
Y pese a que la designada presidenta fue denunciada en el 2023 de recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho, y que la acusación la presentaron en la SAC, cuando Lady Camones era la presidenta, la blindaron y archivaron su caso.
Pero, fue en marzo de este año 2024, que Lady Camones y otros 14 congresistas la blindaron, con el archivo de su caso. Sobre la investigación, la apepista dijo que “no se encontraron pruebas”. Arguyó que no se trató de un típico caso de mochasueldo porque quien la denunció, no tenía un vínculo contractual con el Congreso.
Por eso, Camones considera que su colega de APP está apta para dirigir la mesa de la Subcomisión, porque no tiene procesos penales en curso. “María Acuña fue denunciada por un señor que no supo acreditar lo que dijo al acusar a la congresista”, dijo.
¿Quién, cuándo y por qué acusaron a María Acuña Peralta?
Carlos Herrera, trabajador en la oficina descentralizada de la congresista María Acuña en Chiclayo, en noviembre de 2021, contó cómo fue el caso. Vanesa Llontop, jefa de esa oficina, le informó sobre los pagos. Luego, en abril de 2022, María Acuña le pide a Herrera que sea el jefe interino del despacho, pero en enero de 2023, ingresa Jesús Casas y le explica que compartirían su salario.
Fue así que Herrera decidió denunciar el caso. La congresista se reunió con él para tratar de impedir que presente la denuncia. Herrera contó lo que le dijo: “Tú que eres un padre, sé que tienes un niño, piensa en el daño que me vas a hacer. No pienses ahorita, piensa en el futuro. Yo apelo a tu reflexión, Carlos”.
Según la acusación, Acuña obligó a sus trabajadores a recortar sus salarios para pagar el de otros asesores. Esto es una infracción a la Constitución, además del presunto delito de concusión. Sin embargo, el 24 de marzo, la denuncia se archivó.
Igualmente, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivó la investigación por concusión en agravio del Estado, iniciada a la congresista María Acuña, por los recortes de sueldo. La decisión se basó en la falta de pruebas suficientes que respaldaran la acusación.
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