Delia Espinoza anunció una batalla legal para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cumpla con la medida cautelar que ordena su inmediata reposición en el cargo de Fiscal de la Nación.
La suspendida fiscal señala como «absolutamente ilegal» la decisión de la JNJ de acatar el fallo judicial en teoría, pero no reponerla en la práctica. Acusó a la JNJ de intentar «sacarle la vuelta» a la orden de un juez constitucional.
Por eso, advirtió consecuencias penales que los miembros de la JNJ podrían afrontar por el delito de desobediencia a la autoridad (Artículo 368 del Código Penal), ya que la naturaleza de una medida cautelar es de cumplimiento obligatorio e inmediato.
Asimismo, señala que la JNJ está desacatando abiertamente otra parte de la orden judicial al continuar con el trámite del procedimiento administrativo disciplinario en su contra, incluso citando testigos para el 3 de noviembre, a pesar de que el juez ordenó su suspensión.
Motivaciones políticas y falta de garantías
Espinoza afirmó que ella es blanco del «poder político» y que la JNJ y el Congreso de la República «se han juntado» para destituirla. Cree que es una «represalia» por ser una figura «incómoda» que ha estado haciendo su trabajo honestamente.
También sugirió que la decisión anterior de la JNJ de obligarla a entregar el cargo cuando Patricia Benavides aún estaba destituida (y no solo suspendida) fue una «trampa» para generar argumentos para su posterior destitución.
Por último, cuestionó la reunión privada entre el presidente de la JNJ, Ríos Patio, y el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, poco antes de que este último tuviera que rendir una declaración, señalando que «no es normal» y que Gálvez debería apartarse del caso por ética.
Un quiebre Institucional
Finalmente señaló que ha habido una invasión de competencias en su caso y otros con un patrón más amplio de quiebre institucional. Se preguntó cómo el Tribunal Constitucional se «extralimitó» en sus funciones e «invadió competencias» del Poder Judicial en el caso de Keiko Fujimori, así como los pedidos del Congreso para remover a fiscales como José Domingo Pérez.
Concluyó que la orden del juez «se tiene que cumplir sí o sí» y que confía en volver a su cargo, ya que la historia juzgará a quienes han «pisoteado el Estado de derecho».
Mira la entrevista completa aquí: https://youtube.com/live/ognBh8DXfoU
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