El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez no formulará denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, en el marco de la investigación seguida por presunta organización criminal y otros ilícitos contra el Estado, más conocido como el caso Valkiria. La Disposición la emitió el 11 de mayo de 2026.
Como se informó, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos decidió abrir investigación preliminar contra Benavides Vargas el 8 de enero de 2024 por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal. Y comprendió hechos vinculados con presuntas coordinaciones para influir en decisiones institucionales y parlamentarias.
El Fiscal de la Nación también concluyó en la parte resolutiva que, “no existe mérito para formular denuncia constitucional contra Patricia Chirinos Venegas a quien se le atribuía la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio previsto en el Código Penal. Y tampoco contra Alejandro Soto Reyes, en lo que se refiere a la presunta comisión de cohecho pasivo propio y cohecho activo específico.
También dispuso archivar los extremos de la investigación relacionados con la congresista fujimorista, Martha Moyano Delgado, ya que según refiere, el Ministerio Público evaluó la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Y también archivo el caso para Guillermo Thornberry Villarán, tras analizar el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
¿Qué fue la operación Valkiria?
Como se recuerda, la operación Valkiria V fue una intervención fiscal y policial vinculada a una presunta red de corrupción. La investigación dirigida por la fiscal Marita Barreto involucró a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a sus asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.
Según la tesis fiscal, las coordinaciones habrían tenido como finalidad impedir la destitución de Benavides y promover el archivamiento de denuncias contra parlamentarios.
También se supo, de acuerdo con los chats atribuidos a Jaime Villanueva, se gestionaron acciones para intervenir en la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, así como en acciones dirigidas a la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Como parte de la operación, representantes del Ministerio Público como de la Policía Nacional, a través de la Diviac que dirigía el oficial Harvey Colchado, ejecutaron el allanamiento de seis inmuebles ubicados en distintos distritos de Lima con el objetivo de recopilar documentación y otros elementos vinculados al caso. Además, se dictó una orden de detención preliminar por diez días contra Jaime Villanueva.
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