La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza expresó su preocupación ante las injerencias políticas que podrían limitar el trabajo de los fiscales anticorrupción, en particular en los fiscales del equipo Lava Jato.
El oficio enviado a la titular del Ministerio Público menciona las intimidaciones que puedan sufrir, como denuncias penales y procesos disciplinarios, y le piden que adopte medidas para que los fiscales puedan actuar con independencia y sin interferencias políticas.
La OCDE expresa su preocupación ante “las injerencias políticas que podrían limitar el trabajo de los fiscales anticorrupción” y sostiene que el Perú no está acatando el artículo 5 de su convención, que exige garantizar el resguardo a los fiscales para investigar de forma independiente y libres de interferencia política.
En ese sentido, la presidenta del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE, Kathleen Roussel, emplazó a la fiscal de la Nación a tomar medidas para proteger la labor fiscal frente a “la expulsión injustificada, la suspensión u otras formas de acoso interno y externo”.
Roussel hace notar que, pese a la visita de la misión de alto nivel en enero de 2025, continúan recibiendo reportes de fiscales anticorrupción que sufren acoso a través de «investigaciones y consultas cuestionables».
¿Qué dice el artículo 5 de la Convención?
«Según el Artículo 5 de la Convención, Perú debe investigar y procesar seriamente los casos de corrupción. Esto, a su vez, exige que Perú garantice que los fiscales que llevan estos casos puedan actuar con independencia y estar libres de injerencia política. Perú no cumple con este requisito. En particular, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato han enfrentado procesos penales y disciplinarios desde 2019 hasta la fecha. La gran cantidad de procesos o el riesgo potencial de que se inicien crea un efecto intimidatorio en la labor de los fiscales y amenaza su independencia», dice la carta.
Al final de la misiva, la OCDE recuerda que el Perú, en diciembre de este año 2025, deberá informar sobre las soluciones adoptadas para mitigar esta situación. «De continuar los actos de interferencia contra la labor fiscal se consideraría tomar ‘medidas excepcionales’».
«El Grupo de Trabajo invita a Perú a informar en diciembre de 2025 sobre las medidas adoptadas para abordar estas preocupaciones. De continuar la interferencia con los fiscales anticorrupción peruanos, el Grupo de Trabajo considerará las medidas excepcionales previstas en su procedimiento de evaluación, como declaraciones públicas, subgrupos de seguimiento y advertencias de debida diligencia. El Grupo de Trabajo también continuará monitoreando estos y otros aspectos de la implementación de la Convención por parte de Perú en su evaluación de la Fase 3, en diciembre de 2026», concluyen.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
