Reportaje de IDL-Reporteros: Hernán P. Floríndez, en colaboración con Rosa Laura

El caso de ‘los narcoindultos’, uno de los mayores escándalos de corrupción durante el segundo gobierno aprista, tuvo una extraña evolución. Lo que fue primero la sorprendente denuncia de una presunta organización de cobro de sobornos a cambio de indultos a narcotraficantes, derivó meses después en la súbita retractación del más visible acusador. Así, en lugar de respuestas quedaron las dudas y sospechas de una investigación abortada.

Pasó el tiempo y lo que empezó como una revelación sensacional terminó en lo que los gringos llaman un cold case, un caso frío en camino al olvido.

Hasta ahora.

«Audios inéditos que IDL-R pudo conseguir hace algunas semanas cuentan un relato inesperado, que ayuda a resolver el enigma».

Hoy, seis años después del primer destape del caso, IDL-Reporteros presenta documentos exclusivos, obtenidos a través de fuentes confidenciales, que permiten explicar un misterio: por qué y cómo el exnarcotraficante Carlos Butrón Dos Santos (alias ‘Brasil’) confesó primero, desapareció después y terminó repudiando desde las sombras su propia denuncia sobre los crímenes.

La historia empezó una tarde de abril en 2013, cuando ‘Brasil’ llamó al Congreso buscando al entonces congresista Sergio Tejada, presidente de la llamada ‘Megacomisión’, el grupo parlamentario que investigó presuntos actos de corrupción durante la gestión del segundo gobierno de Alan García. 

‘Brasil’ aseguró “haber participado en una serie de actos ilegales junto a Facundo Chinguel” cuando este era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, como recuerda Tejada. El expresidiario se ofreció a contar cómo se vendían los indultos a encarcelados por narcotráfico. 

A las tres de la tarde del 15 de abril, el congresista Tejada recibió a ‘Brasil’ en su despacho y grabó su explosivo testimonio. El audio nunca se hizo público. Hasta hoy: IDL-R revela aquí parte del audio de la conversación entre Tejada y Butrón Dos Santos, ‘Brasil’. 

En esta declaración, ‘Brasil’ menciona a los entonces altos mandos políticos del gobierno aprista como Jorge del Castillo, César Candela Jara o Javier Velásquez Quesquén, incluso a Luis Nava Guibert, el exsecretario presidencial de Alan García, a quien consideraba “clave”. 

‘Brasil’ describió también, con soltura ‘canera’, cómo intercedió con “un colombiano” para sobornar a Facundo Chinguel y cuenta cómo este, viejo amigo de Alan García, mencionó al entonces Presidente en el curso de sus conversaciones. 

A continuación, parte del testimonio de ‘Brasil’ en conversación con el excongresista Tejada, que obtuvo y editó IDL-R. 

Tejada intentó tomar con cautela esta nueva información. Como entonces ya se había abierto una investigación penal a cargo del fiscal Walther Delgado, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Tejada sugirió a ‘Brasil’ acercarse a ese despacho.

Butrón, acompañado por Dany Tsukamoto, entonces productor y periodista freelance, y por Fernando O ‘Phelan, conocido personaje, por múltiples razones, en medios judiciales, consiguió una cita con el fiscal Delgado. Las indicaciones del fiscal fueron claras: ‘Brasil’ debía confesar, estar dispuesto a corroborar la información y firmar un acuerdo de colaboración eficaz. Todo en reserva.

En un principio se dispuso así, según fuentes de la fiscalía: ‘Brasil’ acudía una vez por semana al despacho de Walther Delgado —quien redactó actas de aspirante a colaborador eficaz— a brindar información. Para las diligencias era llevado en vehículos oficiales por su seguridad y se encontraba registrado en la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos. 

Pero los actos de corroboración demoraron y tanto ‘Brasil’ como O ‘Phelan estaban incómodos. El primero quería salir del país y el segundo quería salir en televisión como el “abanderado de la investigación”, recuerda Tsukamoto. Por eso O ‘Phelan empezó a llevar a Butrón a diferentes medios. 

‘Brasil’ apareció el 17 junio de 2013 en una entrevista grabada para el programa “La Hora N” de Jaime de Althaus. Pero su testimonio solo quedó en encabezados porque una vez que Butrón se hizo público, no volvió a comunicarse con el fiscal Delgado. 

Captura de pantalla de entrevista de Canal N.

Días después, al conocer que ‘Brasil’ ya no estaba en el país, la Fiscalía solicitó su captura y orden de prisión preventiva. Ante esto Butrón llamó por teléfono al fiscal y se excusó en el peligro que corría su vida porque seguía recibiendo amenazas. La Fiscalía negoció su entrega a cambio de una celda que garantizara su seguridad además de terminar el acuerdo de colaboración para que en unos meses pueda recuperar su libertad. 

Semanas después, a mediados de julio de 2013, ‘Brasil’ decía haber aceptado entregarse a la Justicia. Vendría por la frontera de Perú-Brasil, en Iñapari. Delgado se movilizó con un equipo especial de policías para asegurar la entrega. Esperaron durante una semana en vano. 

O ‘Phelan, que también estaba en la frontera, sostenía comunicación con ‘Brasil’ y aseguraba que se entregaría solo si él estaba presente y fuera registrado como su representante legal. Una persona vinculada al sector Justicia recordó que en esas fechas recibió su llamada explicando que había un grupo de “ciudadanos” que estaban recolectando dinero para el regreso de ‘Brasil’. “Él me dice que estaba en la zona y que hay que comprar un pasaje para traer al hombre”, aseguró. Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación penal, el traslado iba a ser cubierto por completo por la Fiscalía. 

Pagado o no el viaje, ‘Brasil’ no regresó y la colaboración con la Fiscalía naufragó. Aunque lo más sorprendente vino después.

El testimonio renegado

El 20 de octubre de 2013, el programa Panorama emitió una videograbación de ‘Brasil’, desde la clandestinidad, con el titular de “nueva versión del testigo clave”.

Captura de pantalla de reportaje de Panorama.

Frente a una cámara, ‘Brasil’ leyó unas hojas con una nueva versión de los hechos. En esa ocasión, dijo que Sergio Tejada y el fiscal Walther Delgado lo habían presionado para dar sus primeras declaraciones y perjudicar a Alan García. Declaró que fue buscado por representantes del Gobierno (de Humala) pidiéndole pruebas contra García. Luego mencionó que hasta Canal N y Cuarto Poder le pagaron dinero para que declare. 

‘Brasil’ “lamentó” la prisión preventiva impuesta contra Facundo Chinguel y juró que la declaración que leía, era la verídica. Una mano le extendió un tampón y terminó la grabación estampando su huella y firma. 

Fiscal Walther Delgado. (Foto: Poder Judicial)

En entrevista con IDL-R, el fiscal Walther Delgado recordó cómo este cambio golpeó la investigación al punto que, en 2016, el Poder Judicial redujo la condena de Facundo Chinguel al considerar solo el delito de cohecho. “Para la Fiscalía fue una investigación titánica porque tuvimos que confrontar las contradicciones de un testigo clave”, dijo Delgado, “seguramente con un acuerdo de colaboración entre ‘Brasil’ y la Fiscalía los delitos de asociación ilícita no hubieran sido desestimados”. 

El principal confeso, luego de hablar locuazmente en el Congreso y en los medios de comunicación, había fugado y enviado un video cambiando su testimonio. 

¿Qué hizo que ‘Brasil’ reculara de esa forma? 

Hoy lo revelamos.

¿Conoce esa voz?

Audios inéditos que IDL-R pudo conseguir hace algunas semanas cuentan un relato inesperado, que ayuda a resolver el enigma. Este material fue sometido a un peritaje forense digital, realizado por el perito Pedro Infante Zapata, para corroborar que los audios no hayan sufrido manipulación. 

La reunión fue grabada en la entonces oficina de Jorge del Castillo, ubicada en la calle Leonidas Calderón, entre las avenidas Salaverry y el Ejército. Los registros de esa conversación son de la tarde del 18 de octubre de 2013, dos días antes de que Panorama publicara el nuevo video de ‘Brasil’. Varias de las voces que intervienen no han podido ser reconocidas, pero hay una inconfundible e identificada por diferentes fuentes del partido aprista: la voz de Jorge del Castillo.

En la grabación, Del Castillo lee primero el testimonio de Marco Antonio Gálvez Tello, uno de los colaboradores eficaces del caso. Luego, en referencia a ‘Brasil’, menciona que, para modificar su versión, ha pedido apoyo legal para librarse de la orden de captura y también señala la importancia de ser un “vocero” de él.

A continuación, algunas de las personas que hablan con Del Castillo le comentan cómo le ordenaron a ‘Brasil’ que rehaga una y otra vez su testimonio “para que sea creíble”. También se les escucha decir, con tono burlón, que habrían amedrentado a ‘Brasil’ con “el tema del Comando Rodrigo Franco”, el grupo paramilitar que perpetró ejecuciones extrajudiciales durante el primer gobierno de Alan García.

¿Qué pasaba si alguien descubría que ese cambio de versión fue gestionado por militantes del APRA? Del Castillo proponía una explicación: “Son amigos colaboradores de su abogado que han ido a grabar”, se le escucha advertir, “no han ido a matar a nadie”.

Lo cierto es que al día siguiente de emitido el reportaje de Panorama, Jorge del Castillo se presentó en “La Hora N” para usar las nuevas declaraciones de ‘Brasil’ en contra de la investigación. Y no solo él intervino en medios.

Sergio Tejada recuerda que después de que Panorama presentó el nuevo video de ‘Brasil’ y entrevistó luego en vivo a Tejada, entró la llamada de Alan García. “Me pareció una emboscada muy bien planificada”, señaló vía Twitter.

Junto a la campaña mediática, también llegaron amenazas. Mónica Vecco, periodista que trabajó en la Megacomisión y que fue mencionada en el reportaje de Panorama por comunicarse con ‘Brasil’, cuenta que por esos días la llamaban por teléfono: “Me comienzan a decir que como ya me había metido con ellos, ya me había ‘cagado’ ”, dijo Vecco a IDL-R.

Pero esas no son todas las huellas de la intervención del Apra en el tema.

Los e-mail de Alan García

Correos electrónicos intercambiados entre Alan García, sus abogados y excongresistas —que obtuvo IDL–R— muestran que las directivas para desprestigiar los resultados de la Megacomisión vinieron desde la cúpula del APRA, incluyendo a García. 

Durante la primera semana de septiembre de 2014, la coordinación de Alan García con su entonces abogado Wilber Medina —quien hace poco fue propuesto por el disuelto Congreso para integrar el Tribunal Constitucional— giraba en torno a la decisión judicial de juez Hugo Velásquez de declarar nulas las citaciones e informes finales de la Megacomisión. 

A través de su e-mail ([email protected]) Alan García reenvió un “aporte del c César Candela” con una lista de indultados durante el gobierno de Ollanta Humala que cometieron delitos de tráfico ilícito de drogas y que luego reincidieron. 

Fuentes cercanas al autor de ese correo electrónico explicaron que esa era información pública que se brindó para una ‘defensa política’ sin incurrir en ninguna ilegalidad: “no hay nada malo en mandar esa información porque en ese momento el señor Humala y el señor Tejada decían que ellos no habían otorgado [indultos] a nadie y condenaban públicamente el tema cuando ellos también lo hicieron y está en El Peruano ¿por qué no se investigó?”.

Quien contestó el correo fue su abogado Wilber Medina, sugiriendo publicar esa información con un titular ya pensado por García: “La patraña de los Humala y Tejada sobre los indultos”, según se lee en el mail, a continuación:

Elí Castelo, militante aprista desde 2008 y con una activa cuenta en Twitter, aparece copiado en el correo electrónico que distribuyó Alan García. En entrevista con IDL-R, Castelo reconoció su dirección mail y la de García, así como haber intercambiado correos esporádicamente pero dijo “no recordar” este en específico. “Yo tengo una cuenta Twitter con una cantidad de seguidores aceptable (…) entonces si había algo que difundir, si había una información relevante lo difundo, pero no es parte de una estrategia o un andamiaje”, declaró.

De hecho, el mismo día que García envió la información, Castelo la compartió vía su cuenta Twitter:

En agosto de 2014, cuando la Corte Superior determinó que el juez Hugo Velásquez debía motivar mejor su resolución, la preocupación empezó en el entorno de García. ¿Cómo entenderían los ciudadanos este fallo? Por ello, García Pérez, como se lee en los correos electrónicos, ordenó el discurso con sus abogados Reyna y Medina, el medio de comunicación al que había que “entrar”, incluso estableciendo la forma en que debían adjetivar al Diario Uno. “De acuerdo, presidente”, le contestó entonces el abogado Medina.

En comunicación telefónica con IDL-R, el abogado Wilber Medina prefirió no pronunciarse “respecto a correos o cuestiones que violen el derecho a las comunicaciones”. Genaro Vélez, exabogado de Alan García, también decidió no brindar declaraciones sobre este tema. 

El 4 de agosto de 2014, Alan García hizo el siguiente balance de la “guerra mediática” y sus enseñanzas:

“Sabios doctores: La guerra mediática se equilibró y en gran parte se ganó. Como dicen los jesuitas: “Si no puedes convencer, confunde”. Ahora pienso en el después del después. Preparemos la cita que pensamos. Saludos fraternos”.

El testimonio renegado de ‘Brasil’ fue un buen ejemplo del poder de la confusión. Y ahí quedó, porque cuando llegó el “después del después” Butrón ya se había esfumado en el antes del antes de los casos fríos. Hoy, con estas revelaciones, el caso se aclara y la confusión se despeja.

Lee más reportajes en: https://idl-reporteros.pe/

El Búho, síguenos en nuestras redes sociales: 

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

The post El misterio «Brasil»: de cómo el testigo clave en caso «narcoindultos» cambió su versión appeared first on El Buho.

Aquí la nota completa de IDL Reporteros:

Al colaborador eficaz con clave 010A-2018 le han fallado varias cosas, pero no la memoria. 

Sus detalladas confesiones sobre reuniones que ocurrieron hace más de dos años, resultan hoy en buena medida comprobadas por la geo-referencia forense de la telefonía celular. 

En otras palabras: dónde estuvo el celular hace años – con precisión de minutos–, ahí mismo, casi siempre, estaba el dueño.

Su corroborado testimonio tiene mucha importancia porque compromete con, por lo menos preguntas inquietantes, al hoy presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. 

IDL-Reporteros pudo leer el informe que la fiscal Adjunta Suprema Provisional Fany Quispe remitió el 30 de octubre pasado al fiscal Supremo Provisional Jesús Fernández Alarcón, a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018. 

Gran parte de esta se refiere a la estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los entonces vocales de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi («los Cuellos Blancos») y José Luis Lecaros Cornejo para intercambios de influencias y favores. Dentro de las declaraciones también son mencionados otros personajes, como el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Wálter Ríos y los abogados José Luis Castillo Alva y Humberto Abanto. 

Tanto Salvador Ricci Cortez como su hijo, Felipe Ricci Rospigliosi, que participó en algunas de las reuniones descritas por el colaborador eficaz, tenían varios “procesos judiciales en trámite” cuando se llevaron a cabo las reuniones. 

La relación entre Ricci Cortez y Lecaros tiene un trasfondo anterior. De acuerdo con lo que declaró el colaborador eficaz, Hinostroza Pariachi habría dicho que a pesar de que “Lecaros se la quería dar de un tipo ‘correcto’, en esa ocasión expresó que a pesar de haberlo absuelto a Ricci Cortez de un caso grandazo como es el caso FOGUEL [sic], por lavado de activos proveniente del narcotráfico, mantenían relaciones con Salvador Ricci, que iba a cenar gratis en sus restaurantes, recibía canastas navideñas, y se la quería pegar de ‘honesto’ y que Salvador Ricci ahora utiliza a Lecaros para pedir favores por el caso de su hotel”.

El caso ‘Foguel’ fue y es, sin duda, un caso “grandazo”: el de la organización de narcotráfico “Los Camellos”, donde mucha gente, empezando por Vladimiro Montesinos, estuvo comprometida, y en la que, pese a los asesinatos perpetrados en Perú y Panamá, para silenciamiento y venganza, quedaron varias revelaciones y confesiones pendientes de investigación adicional.

Según el colaborador eficaz, “Salvador Ricci Cortez siempre se jactaba que José Luis Lecaros Cornejo era su “pata” y que este juez supremo fue quien lo apoyó en el caso FOGUEL [sic] en el cual estuvo procesado por lavado de activos. Salvador Ricci Cortez le dijo a Walter Ríos que se reunían periódicamente con Lecaros Cornejo, cada dos meses aproximadamente, en su despacho de la Corte Suprema…”. 

Wálter Ríos, confirmó esa cercanía, según el testimonio del colaborador. En mayo de 2017, Ríos estuvo cerca del Palacio de Justicia y telefoneó a Ricci para pedirle que gestionara que Lecaros lo reciba. Este le devolvió prontamente la llamada informándole que Lecaros lo recibiría de inmediato; lo cual, en efecto, sucedió.

¿Cómo se corroboró esa información? La DIVIAC, la división policial encargada de investigaciones de “alta complejidad”, bajo el mando del coronel PNP Harvey Colchado, se encargó de ello y ofició los resultados a la fiscalía: el 8 de mayo de 2017, a las 2:41 de la tarde, Wálter Ríos llamó desde el 991-xxx-xxx a Salvador Ricci (996-xxx-xxx). La conversación duró 3 minutos 41 segundos. A las 2:46 pm, Ricci llamó a José Luis Lecaros (934-xxx-xxx) («Los Cuellos Blancos») en una comunicación que duró un minuto 42 segundos. A las 2:49 pm, Salvador Ricci telefoneó a Wálter Ríos en una llamada que duró un minuto 20 segundos. Según la DIVIAC, en ese lapso el celular de Wálter Ríos se encontraba muy cerca de la celda de telefonía celular ubicada a una cuadra del Palacio de Justicia.

La misma tecnología investigativa ha permitido confirmar que reuniones acaecidas tiempo atrás, que el colaborador revela hoy, sí ocurrieron. 

Hubo dos reuniones en el restaurante Polo Marino en 2106, a las que concurrió Lecaros para, según el colaborador, asegurarse el apoyo de Hinostroza Pariachi a su candidatura para la elección del representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones. El informe de la DIVIAC indica que en la noche del 5 de octubre de 2016, los celulares de Ricci, Hinostroza y Ríos coincidieron en un radio próximo al Polo Marino. 

El colaborador menciona otra reunión en el bar del Polo Marino donde, indica, asistieron Ricci, su hijo Felipe, su contador, Hinostroza Pariachi («Los Cuellos Blancos»), Lecaros Cornejo, Wálter Ríos; también, “probablemente”, el abogado José Luis Castillo Alva y el magistrado Willy Zavala Mata. Según la DIVIAC, en la noche del 21 de octubre de 2016, los celulares de Hinostroza y de Ricci se encontraban en un radio próximo al Polo Marino. 

El 15 de noviembre de 2016, Lecaros perdió la elección. El magistrado Víctor Ticona fue nombrado representante del Poder Judicial en el Jurado Nacional de Elecciones.

En el mismo documento consta una declaración de Wálter Ríos sobre una conversación inopinada que tuvo en la cárcel (Ancón I) el primero de marzo de este año.

Según Ríos, ese día a las 3 de la tarde, “el técnico del INPE de nombre Jonathan llamó al interno César Álvarez Aguilar toda vez que su abogado Humberto Abanto lo estaba buscando”. Después de unos minutos, prosigue Ríos, “a través de la ventana enmallada del ambiente donde se encontraba César Álvarez Aguilar con Humberto Abanto, lo llama este último refiriéndole [sic] que le conceda ‘un par de minutos’, lo cual aceptó. En la conversación, el abogado Humberto Avanto [sic] Verástegui le dijo a Walter Ríos Montalvo que iba de parte del Presidente del Poder Judicial – José Luis Lecaros Cornejo – para preguntarle “qué cosa necesitaba, en qué lo podían ayudar y que comprenda que las declaraciones públicas no pueden ser amigables, asimismo que lo podía ayudar en su caso…”. En su declaración, Ríos refiere que “desvió el tema hacia otros de índole académicos [sic] decidiendo comunicarlo al Ministerio Público”.

En el documento de la fiscal Fany Quispe, que registra lo fundamental de las confesiones del colaborador 010A-2018, queda clara también la estrecha relación que tuvo Salvador Ricci con César Hinostroza Pariachi («Los Cuellos Blancos»). Aunque ya se ha publicado algo sobre la vinculación entre Ricci y Lecaros, no se había revelado hasta hoy la cercanía y profundidad que tuvo, según la detallada confesión del colaborador 010A-2018.

Parte de esta confesión –que confirma la realización de las reuniones– ha sido corroborada por la DIVIAC. Lo que se revela hasta ahora son por lo menos graves conflictos de interés. IDL-R seguirá investigando el tema.

Puedes ver más reportajes de IDL Reporteros en: https://idl-reporteros.pe/

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

The post Vinculan al presidente del Poder Judicial a «Los Cuellos Blancos» appeared first on El Buho.

Ojo-Publico.com –tras acceder al informe de 44 páginas que detalla la investigación realizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) contra la USMP– estableció que Chang junto con autoridades del Consejo Directivo, Consejo Universitario y los jefes de administración de la universidad recibieron los S/106 millones por el llamado concepto de “compensación”.

Según la investigación de la Sunedu, la USMP –una organización sin fines de lucro que tiene 14 sedes y más de 30 mil alumnos matriculados– hizo préstamos e inversiones a siete empresas vinculadas (el club Deportivo San Martín, la aerolínea LC Burse y el Tambo Hotel, entre otras) y a un fondo de inversión en el paraíso fiscal de Malta entre 2013 y 2018, los cuales acumularon un daño directo de S/293 millones a las cuentas de la universidad. Casi en ese lapso, y bajo la denominada “compensación a la administración clave”, Chang y los integrantes de los citados organismos universitarios recibieron los S/106 millones.

Cuando la Sunedu investigó a los beneficiados por la “compensación” –concepto que aparece en el apartado “saldos y transacciones con partes relacionadas” de los estados financieros separados de la USMP– pidió detalles para conocer a quiénes se les pagó y cuánto. El centro de estudios, según el informe de la Sunedu, respondió que “dicho concepto estaba referido a las remuneraciones a sus altos funcionarios como el Rector, Vicerrector académico, Decanos”, pero se negó a dar más precisiones bajo el pretexto de que “no contribuía al esclarecimiento de los hechos imputados y constituían datos personales que solo podían proporcionar con la autorización de sus titulares”.

Al cierre de edición, Ojo-Publico.com le hizo la misma pregunta de la Sunedu a Víctor Bolaños, representante legal de la USMP desde hace 25 años. El abogado confirmó la compensación de S/106 millones a Chang y a los funcionarios de los órganos citados de la universidad, pero dijo desconocer el detalle, número exacto de personas e identidad de las mismas que se beneficiaron con aquel monto de dinero. “No acaba con el rector, vice rector y decanos, son más autoridades… ¿Cuántos son exactamente? No sabría precisarle”, dijo el letrado cuando insistimos.

Sunat investigará presunta defraudación tributaria en la San Martín

Para la Sunedu, el tema de la “compensación” se suma a un conjunto de indicios que apuntan a que la USMP –que llegó a tener ingresos superiores a los S/ 400 millones desde el 2014 en adelante– participó en un esquema de “distribución directa o indirecta de rentas” o un acto de administración fraudulenta de personas jurídicas (uso del patrimonio de una empresa en provecho propio). Por tal motivo, envió el caso a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), que tiene la facultad de establecer la violación de la Ley de Impuesto a la Renta y denunciar a los involucrados por defraudación tributaria sancionada hasta con cuatro años de prisión según el Código Penal. 

Otro de los indicios de la Sunedu fue que la USMP “utilizó sus activos en operaciones en las que –lejos de garantizar su recuperación y rentabilidad para fines universitarios– arriesgó su pérdida de manera sistemática y continua”. De esta manera, el centro de estudios violó la Ley Universitaria que obliga a entidades sin fines de lucro como la USMP, a reinvertir sus excedentes exclusivamente en actividades que promuevan la calidad educativa (fondos de investigación, becas, capacitación de los docentes, mejora de la infraestructura y otros beneficios para la comunidad universitaria).

«La USMP utilizó sus activos en operaciones en las que arriesgó su pérdida de manera sistemática y continua»

Según la Ley del Impuesto a la Renta, las asociaciones sin fines de lucro del sector educativo como la USMP están exentas del pago de impuesto a la renta sí reinvierten sus rentas dentro de este rubro y no las distribuyen directa o indirectamente entre sus asociados o partes vinculadas. En tanto, la Ley Universitaria N° 30220 exige a las universidades asociativas –como se las denomina en el medio– a reinvertir sus excedentes solo para fines universitarios. La infracción se sanciona con una multa de hasta el 8% de los ingresos brutos anuales o de su presupuesto institucional y/o con la cancelación de la licencia de funcionamiento.

El centro de estudios dirigido por Chang no pudo documentar ante la Sunedu el fin educativo de las operaciones financieras realizadas y detectadas en el marco de la investigación. El organismo de fiscalización de la educación superior además consideró que los informes presentados por la USMP no contenían un “respaldo material u objetivo que acredite que, de manera previa a la creación de las empresas o realización de operaciones, se hubieran determinado los fines educativos que se cumplirían”.

Por ello, la Sunedu, sancionó a la USMP con una multa total de S/8.6 millones y pidió iniciar un proceso de vacancia contra Chang, dejando el accionar en el ámbito administrativo para la Sunat y el penal para el Ministerio Público. Al cierre de la edición se esperaba que el órgano supervisor de la educación superior confirmara su fallo, luego de la apelación de la universidad, con lo cual el exministro de García deberá dejar el cargo en un plazo máximo de 30 días. Este panorama prometer causar un terremoto en toda la comunidad de instituciones del rubro. Sin embargo, esta no es la primera vez que dicho rector se ve involucrado en el epicentro de una investigación de este tipo.

«Sunedu multó con S/8.6 millones a la USMP y pidió la inmediata vacancia del exministro de Alan García»

El 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, una subcomisión investigadora del Congreso concluyó que Chang accedió al cargo de rector vulnerando la Ley Universitaria de la época; mientras que el 2014 otra comisión del mismo Parlamento, ya en el periodo de Ollanta Humala, recomendó acusarlo por enriquecimiento ilícito en el contexto de las pesquisas contra Alan García y otros 14 exaltos funcionarios de su gobierno. Aquella denuncia sirvió para que el Ministerio Público inicie sus propias pesquisas en el ámbito penal contra los acusados, entre los que se incluyó al hoy rector de la USMP.

Chang, el responsable de las irregularidades en la USMP

Sunedu señaló a Chang como el principal responsable de la gestión económica de la USMP ya que “permitió un incumplimiento sostenido de las disposiciones contenidas en el Estatuto y en la Ley Universitaria respecto a la disposición de activos para fines universitarios”. Según dicho ente, los desembolsos a las vinculadas se pactaron de manera verbal, sin precisar quién las autorizó, quiénes serían los beneficiarios ni la finalidad educativa que cumplirían. “No pactó garantías, intereses ni ningún otro mecanismo que garantice el retorno de la inversión”, dice la resolución sancionatoria.

A partir del retorno de Chang al rectorado, en marzo de 2011, la USMP, que hasta entonces solo tenía tres empresas en su grupo económico (el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, el colegio Rita Castro Ramos y la empresa D’Martín Viajes), duplicó este número en menos de dos años. El exministro de Educación no solo permitió la salida de millones de soles para adquirir estas empresas, sino también autorizó préstamos para mantenerlas a flote.

Por ejemplo, en febrero de 2010, la USMP entró al rubro hotelero con la adquisición de Thunderbird Hotels Pardo en una operación que se acordó en US$8.4 millones. Un año después, el 8 de marzo de 2011, la universidad constituyó la subsidiaria Tambo Hotel Restaurante S.A.C mediante un aporte de capital de S/. 1.7 millones. La USMP cedió a esta empresa la gestión del hotel e inició sus operaciones el 1 de julio de 2011, ya con Chang en el rectorado del centro de estudios.

Tambo Hotel operó en una situación de déficit constante, con excepción del 2014. A pesar de ello, la USMP realizó en ese periodo inversiones acumuladas por S/. 11.7 millones y otorgó préstamos a favor de dicha empresa por S/. 5 millones. Sunedu pudo determinar que aquellos préstamos fueron destinados al pago de proveedores, remuneraciones y del arriendo del edificio que la empresa debía cumplir con la universidad. A raíz de las deudas acumuladas, en junio de 2018, la USMP puso en venta el inmueble y acordó la disolución y liquidación de Tambo Hotel.

La inversión más grande y publicitada fue la compra de la aerolínea LC Busre. En 2011, la USMP desembolsó US$2.2 millones en la compra de acciones de clase A de la aerolínea y tomó el control del 50% de la empresa. Según sus estados financieros, en 2012 y 2015, la universidad adquirió un nuevo lote de estas acciones aumentando su control hasta el 94.35%. Adquirió también acciones clase B, que no otorgan voto, pero sí dividendos preferenciales al poseedor. El monto total de la inversión fue de S/. 123 millones.

Sin embargo, el 2015 fue también el año en el cual la aerolínea empezó su descenso. En agosto, LC Busre celebró un contrato de arrendamiento de dos aeronaves con la empresa Aircraft Solutions Lux XI S.A.R.L, en el cual la USMP se ofreció como garante. En diciembre del 2016, la arrendataria canceló el contrato aduciendo que LC Busre, además de incumplir el pago de sus obligaciones, había reemplazado y removido componentes de uno de los aviones para instalarlos en el otro, poniendo en riesgo su funcionamiento, práctica conocida como “canibalización” en el medio aeronáutico.

Aircraft Solutions (a través del banco Wells Fargo Bank) inició una demanda contra LC Busre ante el Indecopi. En octubre de 2018, el órgano de defensa del consumidor falló contra la aerolínea y exigió que paguen una deuda de US$5.7 millones. LC Busre fue declarada insolvente, dando inicio a un proceso concursal. Para entonces, la universidad figuraba como el acreedor solidario en créditos que la aerolínea había pedido a distintas entidades, los mismos que sumaban US$7.1 millones y S/ 343 mil. En diciembre, Aircraft Solutions demandó a la USMP ante el 26 Juzgado Civil de Lima por el pago de las deudas en las que se prestó de garante.

El Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A., equipo que juega en la primera división de futbol, fue el más beneficiado de las vinculadas. El club operó a perdida entre 2013 y 2018, y a pesar de tener una deuda de S/13 millones al inicio del periodo, la USMP decidió aumentar sus préstamos hasta sumar un total de S/121 millones. Las deudas aparecen en los estados financieros como “provisionadas por deterioro”, es decir, la USMP las declaró como incobrables en el corto plazo ante la incapacidad de pago del Club Deportivo.

Operaciones similares se dieron en las empresas menores de la USMP. La Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A., que administra el canal USMP Tv, reportó pérdidas en todos los ejercicios y pese a ello acumuló préstamos e inversiones por S/ 26 millones. Los colegios Promotora Educativa USMP y Colegio de Aplicación de Gestión No Estatal Rita Castro, recibieron S/3 millones y S/919 mil, respectivamente. Los préstamos fueron destinados al pago de proveedores y remuneraciones, y se dieron a través de contratos no escritos y sin garantías para la devolución del dinero. Editora La Crónica, creada en 2012, recibió un préstamo de S/ 62 mil, pero nunca operó y fue dada de baja al año siguiente.

Finalmente, el 2015 la universidad abrió y depositó US$ 4.9 millones en un fondo de inversión offshore, Latin Lease LTD, domiciliado en Malta, que ha sido el hecho más llamativo para algunos medios de prensa luego de conocerse el informe de la Sunedu. En los estados financieros de 2016 y 2018, este reaparece con el nombre “Southern cross SICAV PLC Avialease Fund”. El fondo debía tener una rentabilidad de 12% anual, sin embargo, la USMP reportó 4% (US$196 mil) de ingresos en 2016. El depósito debía estar destinado a becas de estudio para sus alumnos en la universidad de Harvard, pero la USMP no pudo certificar ante la Sunedu que alguno recibiera este beneficio.

Del negocio de las vinculadas a la baja financiera

Según la Sunedu, la situación de la USMP también revela la responsabilidad de sus autoridades en la disposición de los activos del centro de estudios y constituye un indicio del poder de decisión que tenían Chang y sus funcionarios sobre las empresas vinculadas para la realización de acuerdos financieros, operativos y comerciales. La entidad fiscalizadora consideró que esta situación podría provocar que estos tengan la “capacidad indirecta de imponer las decisiones que les interesen”, incluso si ello involucrara poner en riesgo la situación contable de la universidad.

«El 2015 la universidad abrió y depositó US$ 4.9 millones en un fondo de inversión offshore llamado Latin Lease LTD en Malta»

La Sunedu identifica la participación de las autoridades de la universidad en las vinculadas. Por ejemplo, Chang aparece como director del Club Deportivo San Martín y de LC Busre (desde enero del 2016) y apoderado de Editora La Crónica hasta su baja de oficio en 2013. Jorge Ureña Shack (Director General de Administración), como gerente general o director en todas las vinculadas investigadas por Sunedu con excepción del Colegio Rita de Castro. Daniel Valera Loza (decano de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos) como director del Club Deportivo y Tambo Hotel; mientras que Hilda Baca Neglia (decana de Obstetricia y Enfermería) fue directora de este último.

Con los cuatro funcionarios, tanto en la USMP como en las vinculadas, la universidad no logró resultados favorables de sus inversiones y préstamos a dichas empresas. Peor aún, la rentabilidad del centro de estudios cayó en los últimos años. Siendo la quinta universidad por cantidad de alumnos matriculados y con 252 programas de estudio licenciados, la USMP acumuló pérdidas por S/. 28.1 millones. Para aliviar sus cuentas debió hipotecar los edificios de cuatro facultades, el rectorado, la oficina de admisión y el instituto de gobierno, así como dos de sus terrenos, según su último estado financiero.

USMP: “Sacar dinero de un bolsillo para ponerlo en otro”

Nos comunicamos con la USMP para recoger sus descargos sobre los hallazgos de la Sunedu que hoy publicamos en reportaje y sobre el cobro de la llamada “compensación a la administración clave” de S/106 millones por parte de Chang y sus altos funcionarios.

En entrevista con Ojo-Publico.com, Víctor Bolaños, representante legal de la USMP, dijo que la Ley Universitaria antes vigente habilitaba la realización de inversiones y préstamos sin problema. Ante la pregunta sobre por qué los préstamos e inversiones se dieron de manera informal y sin establecer garantías, como afirma la Sunedu, Bolaños respondió que no existe una disposición legal que obligue a hacer las cosas de ese modo entre vinculadas. “Esos préstamos son como sacar dinero de un bolsillo para ponerlo en otro bolsillo. ¿Garantías para eso? Es absurdo”.

En relación a la “compensación de la administración clave” Bolaños corroboró la versión de la universidad ante la Sunedu y afirmó que están incluidos dentro de este concepto los miembros “del Consejo Directivo, el Consejo Universitario y los jefes de administración”. Precisó que los montos que reciben las autoridades de la universidad se registran de esta forma debido a “políticas contables adoptadas desde que hizo la emisión de bonos colocados en el mercado de valores” el 2005. Según su versión, este monto corresponde a remuneraciones ordinarias, no a ingresos adicionales.

Autor: Esteban Valle-Riestra, @EstebanVRP, [email protected]

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

The post Universidad San Martín pagó S/106 millones a rector Chang y a su entorno appeared first on El Buho.

De acuerdo a los datos de la SBS, se trataba de la cuarta cooperativa más grande a nivel nacional, hasta 2018. Con activos declarados superiores a los 588 millones de soles, aparentó equilibrio entre los depósitos y los préstamos; pero las cifras estaban maquilladas. La compleja historia recuerda al símbolo de las estafas en cooperativas, el CLAE de Carlos Manrique, el polémico personaje que acabó en prisión por arruinar a miles de incautos ahorristas.

Este otro Manrique, René, y sus allegados, crearon varias empresas inmobiliarias y hasta un diario, las que favorecieron con millonarios préstamos impagos y a interés cero, con fondos de la cooperativa hoy quebrada y con la finalidad de lucrar.

De PrestaSur a PrestaPerú

La cooperativa cuya disolución ha sido dispuesta por la SBS el pasado 24 de agosto, nació en Arequipa con el nombre de Prestasur. Según sus memorias institucionales, inició operaciones el 27 de abril de 2002, con 50 socios y un capital social de 6 mil soles. El primer Presidente del Consejo de Administración fue el coronel en retiro de la PNP, Manuel Vera Ponce y, desde entonces, estuvo bajo la conducción de su fundador y gerente general, René Manrique Cusirramos.

En 2010 comienza su expansión a nivel nacional. Cambia su razón social de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur (PRESTASUR) a Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú PRESTA- PERÚ, llegando a abarcar 10 regiones (Arequipa, Moquegua, Puno, Huancayo, Lima, Callao, Piura, Ucayali, Cusco y Tacna) y gestionar 20 agencias, antes de mostrar las consecuencias de una administración que el Jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, Óscar Basso, ha calificado como “sui generis”.

Como consecuencia de los hallazgos de la auditoría, en abril de este año, la entidad supervisora ha denunciado a 8 exdirectivos de la cooperativa por varios delitos; entre ellos, la existencia de una organización criminal dentro de la entidad financiera, liderada por Manrique Cusirramos. En la denuncia no está comprendido Manuel Vera Ponce, quien ha jugado papel clave en la creación de PrestaPerú y los negocios que se hicieron a través de ella.

Se trata de quien presidió la Confederación Nacional de Cooperativas (Confenacoop) del 2011 a 2017. En esa condición, fue parte del Comité Nacional de Desarrollo de Fenacrep (Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito) que, desde 1993, es la entidad encargada de supervisar las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (COOPAC), hasta que entró en vigencia la Ley 30822. Aunque fue aprobada en julio de 2018, tras intensas negociaciones y obstrucción, ha entrado en vigencia el 1 de enero de 2019.

Supervisión dilatada

Según Oscar Basso, la aprobación de la ley que le permite supervisar a las cooperativas ha demorado 16 años. El mismo tiempo que René Manrique dirigió la Cooperativa PrestaPeru.

Según diversos reportajes publicados por medios de comunicación nacional (Caretas Lobby de Activos), la demora es atribuida a los lobbys de los mismos cooperativistas, entre ellos, Manrique y su relación con el fujimorismo.

Según Caretas, PrestaPeru jugó un papel importante apoyando el proyecto alternativo a la ley que finalmente fue aprobada y que defendió la congresista Úrsula Letona. Se trataba de crear una entidad diferente de la SBS que supervisaría a las cooperativas y así, en la práctica, quedarían fuera de su alcance.

También se reveló una estrecha relación entre congresistas de la mayoría fujimorista con algunas cooperativas. Por ejemplo, que habían recibido préstamos importantes de la cooperativa San Isidro de Huaral: Letona (S/ 80 mil), Alejandra Aramayo (llegó a S/ 283 mil), Rosa Bartra (llegó a S/ 784 mil) y Víctor Albrecht (S/ 102 mil)

René Manrique acudió personalmente al Congreso para exponer su propia teoría sobre la supervisión a las cooperativas. El congresista Víctor Andrés Belaúnde, en declaraciones a Perú 21, resumió así la situación:

“El señor René Manrique, que vino al Congreso a convencer a los fujimoristas, que es presidente de la Confenacoop, la federación de cooperativas que no quieren ser reguladas, ha sido candidato número 2 del fujimorismo al Congreso por Arequipa y ha sido condenado por haber estafado a la cooperativa de la que era gerente. De acuerdo a las normas, ganaba S/12 mil. Sin embargo, aportó a la campaña del fujimorismo S/112 mil, o sea 10 veces más de lo que ganaba. Este señor es la única persona que consultó Letona para elaborar su proyecto. No consultó a la Fenacrep, a la PCM, al BCR, al MEF, a la Sunat, a Indecopi, a nadie. Solo a un fujimorista…”

Congresista Víctor Andrés Belaúnde

Para entonces (junio 2018) René Manrique había dejado nominalmente la presidencia de Cofenacoop en manos de Eutemio Ríos Alarcón, quien trabajaba en PrestaPeru. En tanto la Fenacrep que pedía se apruebe la supervisión de la SBS, había deslindado de él por una grave denuncia.

¿Pero quién es este nuevo Manrique?

La denuncia a la que nos referimos, se dio a conocer en el gremio cooperativista recién en 2015. Fue publicada en la revista Mundocoop de marzo de ese año, y cayó como una bomba en el gremio. El conspicuo representante de las cooperativas en el Perú, había sido sentenciado en 2011 por el delito de concentración crediticia, al administrar una cooperativa. Los jueces del Juzgado Mixto de Aplao lo sentenciaron a tres años de pena suspendida por sus actos como apoderado de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Majes, que quebró. No solo lo encontraron culpable de no justificar los gastos de la cooperativa, sino de haberse apoderado de los ahorros.

Aun así, se mantuvo como Gerente General de PrestaPeru hasta que los propios socios lo denunciaron en 2018, por malos manejos.

Aunque fue militante aprista hasta que terminó el segundo gobierno de Alan García, René Manrique postuló al Congreso por Fuerza Popular en 2016. Tenía el número 2 en la lista del partido naranja por Arequipa, detrás de la hoy congresista Alejandra Aramayo.

Durante la campaña fue tachado por un ciudadano, al no haber consignado la sentencia por el manejo de la cooperativa de Majes en su hoja de vida. El Jurado Electoral Especial de Arequipa dictaminó que no procedía la exclusión, pues el candidato adjuntó esta información después del periodo de tachas, la que fue incluida en su hoja de vida.

Según admitió en una entrevista para el programa Panorama, llegó al partido de la mano de Joaquín Ramírez, ex secretario del Fuerza Popular y hombre de confianza de Keiko Fujimori. “Me invitó personalmente”, dijo. Pero no solo fue candidato, sino aportante. Según el registro de la ONPE, fueron más de 112 mil soles de aporte, entre pagos de publicidad y dinero en efectivo.

Preguntado por un diario local respecto a sus aportes a fuerza popular, Manrique dijo:

“Yo no aporté. El reglamento de elecciones nos indicaba que por cualquier publicidad que haga un candidato en prensa, radio o televisión, las facturas tenían que ser a nombre de Fuerza Popular. Es mi propia publicidad”

René Manrique

No alcanzó curul por muy poco, pero mantuvo una relación estrecha y activa con los congresistas fujimoristas. Y el acercamiento al Congreso venía de antes. Un programa televisivo informó de lazos presuntamente destinados a impedir la supervisión de las cooperativas entre Manrique y el congresista del PPC, Juan Carlos Eguren, también arequipeño. Eguren fue en varios periodos presidente de la Comisión de Economía y se opuso reiteradamente al proyecto de ley que posibilitaría a la SBS la supervisión. En ese momento ambos admitieron que Eguren era deudor de PrestaPeru por un monto aproximado de 100 mil soles, pero negaron un préstamo de 150 mil dólares que figuraba en sus archivos, atribuyéndolo a un “error en el sistema”. El asunto tendrá que ser dilucidado ahor por la SBS. Pero hay indicios.

Dos años después de estas revelaciones, la propia Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) a la que estuvo ligado, descubrió perjuicios por 174 millones de soles en PrestaPeru y pidió su disolución. Pero solo era la punta del iceberg.

Las cifras del desastre

Las cifras inicialmente informadas por la Fenacrep solo reportaban poco más de la mitad de las pérdidas reales de la financiera, establecidas por la SBS en 295 millones de soles. Un forado que prácticamente triplicaba el patrimonio de 92 millones de soles reportado en las auditorías y dejaba a los 21 mil asociados en la incertidumbre.

La mañana del 23 de agosto, la sede principal de PrestaPeru en Arequipa fue intervenida por la SBS y la Policía cercó el edificio. Así se oficializaba el proceso de liquidación judicial. Horas después, el superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS, Oscar Basso, dirigió una conferencia de prensa a los medios arequipeños en la que detalló las razones de la medida.

La revisión de los resultados financieros de la cooperativa reveló que se maquillaba el verdadero estado de sus finanzas. Los informes falseados, por orden del mismo René Manrique, ocultaban el uso que él y sus allegados hacían de los recursos de la financiera y sus aportantes. Por ejemplo, se retiraron hasta 20 millones de soles en vales de caja, a sola firma.

Asimismo, se otorgaban préstamos a tasas de interés cero a empresas relacionadas al fundador y su círculo. Según Basso, se trataría de indicios de prácticas delictivas en la administración de la cooperativa. La hemorragia de efectivo a empresas inmobiliarias del entorno de René Manrique tenía en PrestaPeru una caja chica para financiar rentables proyectos inmobiliarios en todo el país. Al mismo tiempo, la cooperativa se descapitalizaba.

“Hay tantas irregularidades, un proceso sistemático de copamiento, el uso de la cooperativa para beneficio de un particular que es el gerente, que copa todos los estamentos y comienza a hacer lo que le da la gana y podía hacerlo porque en el Perú teníamos un sistema sui generis en el mundo, nunca hubo una supervisión voluntaria”.

Óscar Basso, jefe de la SBS

Incluso cuando estaba a punto de ser intervenida, la cooperativa no comunicó nada a sus socios e intentó obtener más depósitos en base a engaños. Por ejemplo, un sorteo cuyo anuncio aún se puede ver en su local de la avenida Goyeneche, en el que prometen regalar un departamento en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, un carro, un televisor, una lavadora y un refrigerador. El sorteo era una carnada para que no retiren sus ahorros y aunque estaba programado para el día 21 de julio, nunca se realizó. Varios testimonios dan cuenta de cómo los animaron a no retirarse con el pretexto del sorteo.

De otro lado, según esta declaración, la contadora Elvira Morales Cano habría confesado que fue instruida para maquillar cifras en balances y otros documentos.

No solo eso. Los directivos de la cooperativa falsificaron hasta dos peritajes sobre sus activos para maquillar ante la SBS la grave situación de pérdidas en las que incurrieron. Así, seis predios que figuran como activos fueron valorizados en 345 millones de soles, cuando su valor real era nada más de 12 millones. Un segundo peritaje solicitado por la SBS ante ciertas inconsistencias, arrojó un valor de 296 millones. Pero cuando la SBS mandó a hacer un tercer peritaje, salió a luz el gran fraude. Los peritos han confesado solo haber firmado las tasaciones, por lo que también serán denunciados.

La inversión inmobiliaria

Bajo la conducción de René Manrique y Manuel Vera Ponce, la cooperativa no se limitó a la promoción del ahorro y crédito. El financiamiento de proyectos inmobiliarios ocupó una parte importante de su cartera de productos. En la memoria anual 2017 se enumeran hasta 15 emprendimientos de vivienda.

Para ello, constituyeron la Corporación sin Fronteras que involucraba a Prestasur como ente Financiero, Multiservisur como Constructora Techo Propio, INMOSUR, como constructora e inmobiliaria, ISOSUR, como inversiones del Sur, Destinos Rent a Car, de transportes y maquinaria pesada y su empresa de Vigilancia, además de los diarios en Arequipa, Puno y Tacna, con el mismo nombre «Sin Fronteras». según información proporcionada, en su momento, por el Presidente del Directorio y Gerente General, Coronel PNP ( R ) Manuel Vera Ponce y René Manrique Cusirramos, respectivamente.

Los proyectos se construían en el marco de programas sociales de vivienda como Techo Propio, Fondo Mi Vivienda, Cofide y particulares. La cartera era variada, en ubicación y precios. Desde departamentos en zonas exclusivas de Lima hasta modestos módulos de vivienda en Chivay, Arequipa. Las operaciones alcanzaron las provincias de Piura, Moquegua, Ucayali y Juliaca, con precios que oscilaban entre los 18 mil y 220 mil soles. El total de la inversión consignada superaba los 319 millones de soles.

Los beneficios de invertir en programas de vivienda social son importantes. Los promotores tienen acceso preferente a terrenos del Estado. Además, podían recibir financiación estatal mediante bonos de vivienda para proyectos inmobiliarios, siempre que presentaran cartas fianza de entidades crediticias. Hasta el 2017, cooperativas como PrestaPeru podían emitir este tipo de avales.

Varios de los proyectos inmobiliarios involucran a los principales deudores de PrestaPeru y del círculo del exgerente. Es el caso de Inmosur (2009), empresa donde era gerente el hijo de René Manrique: Renato Manrique Carnero. La inmobiliaria otorgó facultades a representantes para la compra de terrenos en Moquegua, donde luego se construyó la Urbanización López Albújar. Allí se ofertan 160 departamentos a un estimado de 73 mil 100 soles cada uno.

Aún más activa fue la cooperativa Multiservisur (2007). Entre 2007 y 2008 compraron varias hectáreas de terrenos en Arequipa, Caylloma y Camaná. Los predios se destinaron a vivienda. Para el pago de las compras, la administración gestionaba el financiamiento mediante créditos de PrestaPeru. Según estimaciones, el monto superaba el millón de soles. Asimismo, Multiservisur se encargó del proyecto Urbanización Municipal de Ucayali, también de Mi Vivienda y Techo Propio.

Coincidentemente, los proyectos inmobiliarios del círculo de Manrique coinciden con el segundo gobierno de Alan García Pérez. La identificación con el gobierno aprista es recurrente, ya que varios de los proyectos inmobiliarios llevan nombres relacionados al partido de la estrella. Empezando por la urbanización Carlos Ronceros García, en Arequipa, que lleva el nombre del padre del difunto expresidente. También los complejos César Garrido Lecca (padre del exministro aprista Hernán Garrido Lecca) y Luis Rebolledo Soberón (expresidente de Petroperú con el Apra), en los distritos arequipeños de La Joya y Yanque.

Aunque los departamentos de estos proyectos inmobiliarios fueron entregados, no todos están libres de problemas. Luego de conocerse las denuncias contra Manrique, la directiva del complejo habitacional Los Jardines de Alto Selva Alegre, construido por Inmosur, alertó que todavía no se independizaron los departamentos, es decir, siguen a nombre de Inmosur.

Préstamos entre familia y amigos

Tanto Inmosur como Multiservisur tienen participación de Renato Manrique Carnero. Pero no es el único vinculado a PrestaPerú que aparece en estas compañías. Juan Carlos Vizcardo, Elvis Neira, Francisco Zamata, José Banda, Luis Enrique Ibáñez, José Sánchez, entre otros, aparecen con cargos en las constructoras. Incluso Inmosur ten+ia la misma sede que la cooperativa, en la Avenida Goyeneche hasta el año pasado.

No solo se compartían los funcionarios. Ocurrió lo mismo con el dinero. Entre 2010 y 2013, los aportes económicos de PrestaPerú a Inmosur fueron elevados. El primero fue de un millón de soles, al que siguió uno de igual suma tres años después.

Según las últimas auditorías, se aprobaron 97 créditos para Inmosur por un monto de 252 millones de soles. De ese total, aún mantiene una deuda de 41 millones 885 mil soles.

La relación crediticia también fue más dinámica con Multiservisur. Recibió hasta 168 créditos de PrestaPeru. El monto total prestado fue de 636 millones 538 mil soles. Su deuda total hasta junio de este año era de 208 millones 238 mil soles.

Otras constructoras, también relacionadas a programas de vivienda, deben dinero a PrestaPeru. Polanco Inversiones Constructivas tiene créditos de hasta 19 millones de soles con la financiera. Su dueño es Samuel Polanco Alarcón, uno de los socios fundadores de la cooperativa en liquidación.

Otro fundador con empresas que recibieron dinero es Manuel Vera Ponce. Su empresa, Editora Multimedios, que publica el diario Sin Fronteras en el sur, registra 17 millones de soles en empréstitos. Otra de sus compañías, Empresa Nacional de Medios, adeuda más de 8 millones de soles. Actualmente, es presidente del Directorio de Sin Fronteras, Antonio Ramírez Lazo, quien fuera el último presidente del Consejo de Administración de PrestaPerú, antes de la intervención de Fenacrep.

Por su parte René Manrique, quien está inubicable, ha respondido brevemente a un diario local, negando actos delictivos. Ha dicho que, ya que el caso está en el Poder Judicial, allí responderá lo que le pregunten. Aduce que ya se apartó en 2018 de la conducción de PrestaPeru y que está jubilado. Niega haber sustraído los fondos de la cooperativa.

“Inclusive han señalado que me he robado 250 millones de soles. Si hubiese robado, ¿Ud. cree que estaría acá? Si yo hubiese autorizado que me trasladen 20 millones de soles a las Islas del Gran Caimán, ¿Ud. cree que estaría tranquilo? Ni el gerente de operaciones, que ha hecho una auditoría interna, ni la SBS, han determinado que René Manrique ha robado”.

René Manrique, exmandamás de PrestaPeru

Con nombre propio

Los movimientos del gerente de Finanzas, Juan Carlos Vizcardo, también son llamativos. Una auditoría interna identificó 25 movimientos por “concepto irregular”, sin autorización. El total de los movimientos señalados es de 4 millones 529 mil soles. Más de la mitad de las transferencias tenían por concepto “Depósito Cooperativa La Nueva”.

También se encontraron movimientos irregulares de parte de René Manrique. En 16 movimientos irregulares se desembolsó 462 mil soles. Mientras que su hijo, Renato Manrique, tiene 80 mil soles retirados de forma anómala.

Entre algunas de las transacciones irregulares se consigna un egreso de 2 mil dólares al excongresista Juan Carlos Eguren por el concepto de “trámites”. El recibo es del 26 de julio del 2017, posterior a la denuncia periodística sobre sus préstamos. Actualmente Eguren también ha incursionado en el rubro inmobiliario.

Todo este manejo irregular de PrestaPeru dio pie a que la Procuraduría de la SBS denuncie penalmente a René Manrique y 13 personas de su entorno. El expediente presentado ante el Ministerio Público incluye 100 anexos y alrededor de 17 mil folios. Se les denuncia por asociación ilícita para delinquir, por lo que se presume que se trate de una organización criminal.

“Estamos comenzando una especie de carrera 16 años más tarde… estuvimos (ese tiempo) impulsando este proyecto de ley, ya se logró. Ahora hay que tratar de evitar nuevos Manriques o (detectar) Manriques que estén en el sistema. Nuestra misión es proteger a los socios ahorristas cooperativos, es lo que estamos haciendo”, finaliza agotado Óscar Basso.

En tanto, los socios de PrestaPeru están divididos en dos grupos. Unos abogan por la liquidación definitiva y otros aún intentan revertir la decisión. La SBS, sin embargo, no dará marcha atrás. Con una donación que realizaron otras cooperativas, y en el objetivo de «demostrar la solidez del sistema», devolverán un monto de un mil 400 soles a 8,125 ahorristas cuya deuda era menor que su aporte. Pero la suma está lejos de una compensación. La SBS dice que, con esto, el 65% de los ahorristas no tienen nada que reclamar ya. Ahora falta saber quiénes son los deudores y beneficiados por PrestaPeru en estos años.

LAS VÍCTIMAS DE PRESTAPERU

Conocida la noticia de la liquidación de la cooperativa, decenas de socios se apersonaron a las instalaciones de Prestaperu en la Av. Goyeneche. Lo mismo ocurrió en cada una de las 20 oficinas distribuidas en el país.Tomaban poco a poco conocimiento de lo que había sucedido con la cooperativa. Ese fue el caso de David Farfán que no se aproximaba desde principios de año. En marzo le comunicaron que no se permitía retiros de más de 100 mil soles que tenía depositado por “observaciones que había hecho la SBS”.

Farfán abrió hace cinco años una cuenta de plazo fijo debido a los altos intereses que ofrecía la cooperativa. “Les pagaban con intereses de 8, 12 y hasta 15%”, cuenta. Depositó 200 millones de soles a la cooperativa después de haber vendido sus parcelas de tierras. Su madre María Vda. De Farfán también depositó 15 mil soles. El año pasado retiró 91 soles y el dinero lo fue a recoger a la Caja Arequipa, lo que le generó sospecha. A principios de año intentó retirar el resto, pero la administración le dijo que no podía hacer el retiro. Ahora, sabe las razones.

“Nos ponían ofertas, cada año había sorteos de carros, incentivos, interés alto el 8 hasta el 15% pagaban. Los que ponían 5 años seguidos 15% nos daban. Si yo tenía 100 mil me pagaban 12 mil soles, hay personas que han vendido sus propiedades y ahora se han quedado en la cochina calle”, señala Farfán.

Otro caso es el de Alipio Torres que depositó toda su liquidación ascendente a 15 mil soles, fruto de su trabajo de 37 años como técnico de una fábrica del Parque Industrial. Dice que por la cantidad que depositó recibía al mes más de 1500 soles. Otro señor cuenta que vendió sus automóviles para depositar en la cooperativa mostrando boletas de las cuentas abiertas hace poco más de un año.

Luego, debido a la crisis que afronta la cooperativa, Felipe Zapana fue nombrado presidente del Comité de Apoyo a la cooperativa en Arequipa. Responsabilizó del quiebre al exgerente René Manrique. Hace unos meses tomaron conocimiento que la cooperativa tenía sus cuentas en negativo, pues los exfuncionarios habían estado maquillando los informes y las auditorías, según entendió.

Asimismo, como representante de los afectados, señaló que están en desacuerdo con que la cooperativa sea liquidada y por esa razón planean interponer una acción de amparo contra la medida dictada por la SBS. Añade que, en repetidas ocasiones, solicitaron documentación a la entidad, pero no recibieron respuesta.

Por: Mabel Cáceres, Josué del Mar e Ibón Machaca

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

The post El otro Manrique: una historia de fraudes y lobbies que llevaron a la quiebra a la cooperativa PrestaPerú appeared first on El Buho.

A poco más de tres semanas de cumplirse el plazo que regresaría a fojas cero el proyecto minero Tía María, tres áreas distintas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo del abogado Francisco Ísmodes, emitieron múltiples informes que aceleraron la aprobación del último permiso que Southern Cooper necesitaba para proceder con sus operaciones de extracción de cobre en el sur del Perú. 

Documentos del sector Energía y Minas, a los que accedió Ojo-Publico.com, muestran que entre el 5 y 8 de julio se tomaron decisiones claves para el proyecto de la sucursal del Grupo México y una de las mayores productoras de cobre del mundo. Southern Cooper necesitaba que dicho ministerio le entregue la licencia de construcción antes que acabe el presente mes, cuando su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caducaba.

Finalmente, Southern Cooper lo logró. Hoy reconstruimos lo que ocurrió en las horas previas a que el MEM apruebe el controvertido permiso minero a realizarse en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa). 

Observaciones y la espera de Southern

La presente historia empieza a fines de 2018. Entonces, Southern Copper estimaba haber cumplido todos los requisitos para obtener la licencia de construcción de su planta de beneficio, obra que le permitirá procesar hasta 100 mil toneladas de cobre por día. En noviembre de ese año, la compañía –después de enviar un escrito a la Dirección Técnica Minera (DTM) respondiendo las 14 observaciones hechas a su solicitud– estaba a la espera de una respuesta.

De acuerdo a las 14 observaciones de la DTM, al expediente del proyecto le faltaban planos, manuales y balances de ingeniería, información sobre las licencias para el uso de agua de mar que requerirán en sus operaciones, el estudio hidrológico de la zona del proyecto, y un análisis de la “estabilidad geoquímica del depósito de ripios”. Este último es clave para asegurar que los residuos ácidos del cobre se queden en una superficie suficientemente segura para que no filtren a la tierra.

Pero en el documento que llegó al ministerio, la minera se negaba a contestar algunas de las 14 observaciones. En su respuesta a la DTM –Escrito Nº 2868943 del 6 de noviembre del 2018– la empresa dijo: “La presentación de los requisitos y/o documentos listados son suficientes para el otorgamiento de la autorización (…) es inoportuno o inexigible que [Southern Copper] presente información sobre la autorización para la licencia de agua de mar o el estudio hídrico o la resolución de autorización para la ejecución de obras del proyecto de uso de agua de mar”.

Según la empresa, la norma de simplificación de procedimientos mineros (D.S 037-2017) los exime de presentar dichos documentos en esta etapa del proceso. 

Desde entonces, y hasta el primer bimestre del año, no hubo intercambio de oficios entre el Estado y Southern Copper. Así la situación, la fecha límite para la minera era el 31 de julio del 2019, de lo contrario el proyecto minero en Arequipa quedaría estancado. Todo parecía encaminado a ello, sin embargo, el panorama cambió en marzo último.

El 14 de ese mes, la minera remitió una carta al titular de la Dirección General de Minería (DGM), Óscar Alfredo Rodríguez Muñoz, instancia superior a la DTM, recordándole que ellos habían cumplido con absolver las observaciones, por lo que “ya se encuentran en capacidad de otorgar la autorización”. En la misiva, también se comprometen a no iniciar obras sin dialogar con los dirigentes y las autoridades de Islay, que desde el 2011 lideran las protestas contra el proyecto porque temen la contaminación de sus fuentes de agua.

El director de la DGM envió dicha carta a la Oficina General de Gestión Social del MEM mediante el memorándum 0440-2019, del 1 de abril. A través de este documento le pide que evalúe si el ofrecimiento de Southern sería de utilidad para evitar un nuevo conflicto. En dicho contexto, entre abril y junio, se intensificó la aparición de voceros de Southern en los medios, de publicidad pagada en los mismos; y empresarios y políticos opinando a favor de que la minera recibiera la licencia de construcción.

Dos fechas claves para Southern Cooper

Finalmente, el desenlace ocurrió en dos días claves: el viernes 5 y el lunes 8 de julio. La primera fecha, Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de Southern Copper, acudió a la sede del MEM para reunise con su titular, Francisco Ísmodes. Según el registro de visitas de dicho portal del Estado, el encuentro transcurrió entre las 2:08 p.m. y las 3:11 p.m. Se desconocen los detalles de dicha conversación, pero casi en simultáneo se desencadenaron una serie de procesos favorables a la minera.

Por ejemplo, aquel viernes 5 de julio, la Oficina General de Gestión Social respondió de forma positiva a la consulta realizada tres meses antes por la Dirección General de Minería. Por intermedio del informe 033-2019, dicha área opinó que el compromiso hecho por Southern Copper podría ayuda a reducir el conflicto social en Arequipa.

Antes de finalizar aquel viernes, la minera envió al ministro Ísmodes otra carta en la que, nuevamente, expresó la voluntad de no ejecutar la construcción sin un consenso social con la población de Islay. Aquel documento no fue incluido en el expediente del caso, pero fue filtrado a los medios de comunicación el lunes 8 de julio junto al rumor de que ya se había entregado la licencia para Tía María. Entonces, los voceros de prensa del MEM negaron la concesión del permiso.

El lunes 8 de julio, diferentes áreas del MEM emitieron documentos que aceleraron la entrega de la licencia esperada por Southern Copper. El primero de ellos se originó tras recibir un nuevo documento enviado por el Presidente de la minera, Óscar González Rocha. En el Escrito N° 2954666, la compañía asume formalmente su promesa de no instalar la planta de beneficio sin generar un espacio de diálogo y añade ofrecimientos para impulsar el desarrollo de Islay.

Casi de inmediato, el director de la Dirección General de Minería (DGM), Alfredo Rodríguez, elaboró un memorándum y lo envío a la Oficina General de Gestión Social, adjuntando la nueva carta de Southern para que la añada al Informe 034-2019. Dicha oficina respondió el mismo día, redactando una actualización del informe en donde emite una opinión favorable a la empresa, y recomienda que refuerce su relación con las comunidades de las zonas de influencia del proyecto.

Entre tanto, el mismo lunes 8 de julio, en la Dirección Técnica de Minería (DTM) se redactaba la última parte del Informe 183-2019-Minem para responder el levantamiento de observaciones que entregó Southern Cooper en noviembre del 2018. El documento de 20 páginas fue firmado por los evaluadores de esta dirección, Ciro Alvarado Huamán y Eugenio Gonzáles Antúnez, quienes concluyeron que se debía otorgar la licencia a Southern Cooper.

Recomendaciones quedaron en el papel

A pesar de ser favorable a Southern Cooper, el informe 183-2019-Minemincluyó dos recomendaciones que la compañía debía subsanar en los 20 días siguientes. Primero, “entregar el estudio hidrológico de la zona del proyecto que sirvió como base del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María”; y, el segundo, incluir en su proyecto “una capa de arcilla de baja permeabilidad de 15 cm en toda la superficie de almacenamiento del depósito de ripios” a fin de eliminar riesgos.

Aquel informe clave para el proyecto Tía María fue enviado el mismo 8 de julio a su director, Herminio Morales Zapata, quien solo indicó lo siguiente: “Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con lo opinado, elévese a la Dirección General de Minería para los fines consiguientes”. Las recomendaciones formuladas por los funcionarios del MEM, Ciro Alvarado Huamán y Eugenio Gonzáles Antúnez, solo quedaron en el papel.

Finalmente, el expediente –que incluye el informe del área de gestión social– regresó a manos de Rodríguez de la DGM, quien acabó firmando la Resolución 0328-2019-Minem-DGM/V, y aprobando el proyecto. Consultados, los voceros de la minera dijeron a Ojo-Publico.com que cumplieron los trámites exigidos por ley para este tipo de obras e indicaron que responderían los hechos puntuales que se describen en este reportaje, pero no lo hicieron hasta el cierre de edición. El MEM tampoco respondió.

La noticia de la licencia para Tía María fue comunicada al día siguiente, el martes 9 de julio, a a través de una carta enviada por Southern Copper a la prensa. El Ejecutivo, por intermedio del ministro Francisco Ísmodes, decidió esperar hasta la noche para confirmar el hecho ante la opinión pública, a pesar de que la suerte ya estaba echada para el polémico proyecto enclavado en el Valle de Tambo.

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube

The post MEM aceleró licencia del proyecto Tía María pese a recomendaciones ambientales appeared first on El Buho.

Por: Ernesto Cabral – Ojo Público

El Equipo Especial para el Caso Lava Jato sindicó al expresidente Alan García (1949-2019) –quien se suicidó mientras se cumplía una orden de detención en su contra por esta investigación– como líder de una organización criminal que incurrió en los delitos de lavado de dinero, cohecho y colusión agravada para favorecer a la constructora Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur, durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

El documento emitido por un juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que recoge los argumentos del Ministerio Público en contra del exJefe de Estado, dice: “Se le atribuye [a García] en su calidad de Presidente de la República (…) como miembro de una organización criminal, haberse concentrado con los representantes de Odebrecht, específicamente con el Director Superintendente en el Perú, Jorge Barata,  (…) para favorecer a [dicha] empresa”.

De acuerdo al fallo de más de 40 páginas, que desembocó en el suicidio de García, la Fiscalía identificó que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó US$4.8 millones a esta presunta organización criminal por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, y el fundador de esta ‘división de sobornos’, Hilberto Mascarenhas Da Silva. Esto ocurrió entre marzo de 2006 y octubre de 2010, cuando García era el Jefe de Estado.

“Una organización criminal que estando en ejercicio del poder, entre los años 2006 al 2011, buscó favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas vinculadas a estas, para hacerse de importantes obras de infraestructuras del país (…) con la finalidad de obtener ventajas económicas indebidas”, explica la resolución judicial que ordenó la detención preliminar por 10 días contra el fallecido García Pérez.

García Pérez, quien ejerció la Presidencia de la República entre los años 1985 y 1990, y 2006 y 2011, falleció esta mañana en la sede del Hospital Casimiro Ulloa, a donde fue trasladado luego de dispararse en la cabeza para evitar ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el fiscal Henry Amenabar Almonte.

La orden judicial –emitida en la víspera por el juez Juan Sánchez Balbuena– también ordenó la captura del exsecretario general de la Presidencia, Luis Nava Guibert (73), y de su hijo José Nava Mendiola (48); del exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera (73), y de su hijo Samir Atala Nemi (41); así como del exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez (62).

La resolución judicial también incluyó en la medida de detención preliminar por 10 días al exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras (54); al expresidente de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo (70); y a Jorge Menacho Pérez (58), quien conformó el comité de selección del Metro de Lima. La Fiscalía y la Diviac además allanaron ocho domicilios en los distritos capitalinos de La Molina, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel y San Isidro.

Dos imputaciones a Alan García: colusión y lavado

Ojo-Publico.com analizó el fallo que ordenó la detención de García y descubrió que la fiscalía le imputó dos delitos específicos: colusión agravada, por concertar con el exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, la modificación de la normativa legal para favorecer a Odebrecht; y lavado, por recibir US$100 mil de esta compañía con motivo de la realización de una conferencia en Brasil, y por beneficiarse de “activos ilícitos” por US$4.8 millones recibidos por intermediarios de su entorno.

A lo largo de las 44 páginas la resolución judicial no desarrolla imputación por el delito de cohecho pasivo (cuando un funcionario acepta o recibe un soborno).

Para sostener el delito de colusión, el Ministerio Público aporta las declaraciones de dos colaboradores eficaces. Uno de ellos dijo que el exjefe de Odebrecht para el Metro de Lima, Carlos Nostre, le manifestó al viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba (hoy detenido) “que no se preocupara ya que su jefe Jorge Barata había hecho su trabajo coordinando con Alan García (…) este plazo [de 18 meses de ejecución de la obra] no lo determinó un análisis de los técnicos (…) sino una orden del presidente Alan García”.

Para sostener el delito de lavado, la Fiscalía dice: “El modo de recibir los sobornos por parte de Alan García sería en este caso a través de terceros por personas allegadas a su círculo familiar y/o amical como sería la familia Nava”. El Ministerio Público califica de intermediarios de los pagos ilícitos por más de US$4.8 millones a Nava Guibert, Atala Herrera, Atala Nemi y Nava Mendiola.

Los sistemas informáticos encriptados My Web Day y Drousys –usados por Odebrecht para registrar sus pagos– detallan transferencias por más de US$333 mil bajo los ’codinomes’ ‘APRA’ y ‘Laque’, que corresponden al Partido Aprista Peruano y al exministro del Interior durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Alva Castro, según el Ministerio Público.

“Se aprecia la existencia de un pago ilícito de la empresa Odebrecht a favor del ‘codinome’ APRA, siendo el responsable del pago Jorge Barata (…) se acompañan otros con la denominación ‘Diversos’, que corresponden los dos primeros a marzo de 2006, que correspondería por la temporalidad a posibles aportes en la campaña política del 2006 a favor del APRA”, explica la resolución a la que accedió Ojo-Publico.com.

La información entregada por Odebrecht además detalla cuatro pagos vinculados a la ejecución del Metro de Lima por más de US$471 mil para José Nava Mendiola bajo el seudónimo de ‘Bandido’. Un tercer grupo de transferencias fueron realizadas por la compañía a favor de Luis Nava Guibert ‘Chalán’, quien recibió más de US$4 millones a través de Atala Herrera y su offshore Ammarin Investment Inc, en la Banca Privada de Andorra (BPA), y transferencias directas.

La Fiscalía también vincula al expresidente García con el delito de lavado de dinero por los US$100 mil que recibió de Odebrecht por una conferencia en Brasil, a través de un contrato simulado con el estudio Espinola Consultoría Jurídica en 2012. Ante las autoridades peruanas, el exfuncionario de la constructora Marcos Grillo dijo que el origen de este dinero provino de la Caja 2, destinada al pago de sobornos y financiamiento no declarado.

El Ministerio Público determinó incluso sobrecostos en la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima: “el costo de las obras fueron superiores a su valor referencial, recibiendo a cambio dádivas por parte de Odebrecht, como se aprecia de los cuadros que fueron entregados por el Departamento de Operaciones Estructuradas”.

Los niveles de la presunta organización criminal

Según la resolución del caso, el Equipo Especial del Ministerio Público identificó dos niveles en la presunta organización criminal: un primer grupo liderado por García Pérez junto al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez; el secretario general de la Presidencia, Luis Nava Guibert; y el vicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera.

El segundo nivel, según la hipótesis fiscal, estaba conformado por “personas con vínculos de familiaridad, amical, laboral y empresarial con los líderes”, entre ellos José Nava Mendiola y Samir Atal Nemia como encargados de “la captación de dineros ilicitos”. Los exfuncionarios Jorge Cuba, Luis Menacho Pérez, Oswaldo Plasencia Contreras y Raúl Torres Trujillo, por su parte, colaboraron con “el direccionamiento y manipulación de los procesos de contrataciones”.

Un tercer grupo de colaboradores de la presunta organización criminal que fue liderada por García Pérez estaba conformado por “aquellos funcionarios encargados de los procesos de contrataciones o miembros de los comités especiales”: Madgalena Hinostroza Bravo, Santiago Chau Novoa, Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Munive Taquia.

Desde el Ejecutivo, según la imputación fiscal, el expresidente García Pérez junto con Cornejo Ramirez y Nava Guibert modificaron el marco legal para “establecer un procedimiento especial” que permita la ejecución del Metro de Lima a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), con el objetivo de “favorecer a la empresa Odebrecht en las obras de infraestructura.

Aquí el enlace donde puede verse toda la resolución:

https://es.scribd.com/document/406659277/Resolucion-de-Detencion-Preliminar-y-Allanamiento-contra-Alan-Garcia#fullscreen&from_embed

“[Los miembros de esta organización] buscaron crear desde el Poder Ejecutivo marcos normativos para favorecer a las empresas que se iban a beneficiar con la construcción de las obras [la Línea 1 del Metro de Lima y los tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur] (…) la realización de actos ilícitos por delitos de corrupción de funcionarios, como el tráfico de influencias, cohecho, colusión, entre otros”, detalla la resolución judicial fechada en la víspera.

Más imputaciones

La Fiscalía también identificó el pago de US$15 mil y la entrega de dos televisores valorizados en cerca de S/9 mil cada uno a favor del exministro Cornejo Ramírez en octubre de 2010, “por haber favorecido a la empresa Odebrecht en la obtención de sus objetivos concernientes a la construcción de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima”, a través de Carlos Nostre.

El documento judicial revisado por Ojo-Publico.com además detalla que los testigos Yamiltali Hamideh Wadi y Raida Abdel Mayid Hamideh acusaron “actos de obstrucción a la justicia” por parte de dos abogados vinculados al investigado exvicepresidente de PetroPerú: Guillermo Humberto Bustamante y Ricardo Rafael Ernau Venegas, “quienes se pusieron en contacto con los precitados testigos para que declaren en su sentido”.

El Equipo Especial para el Caso Lava Jato recordó en su pedido de detención preliminar que el exmandatario no pudo ser “juzgado debidamente” por “hechos similares” durante su primer mandato presidencial, por radicar en el extranjero hasta que las acusaciones prescribieron. En octubre de 2001, el hoy presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, ordenó la búsqueda, localización y captura del expresidente.

En noviembre del 2018, el Gobierno de Uruguay rechazó una nueva solicitud de asilo presentada por García, sobre quien pesaba un impedimento de salida del país por 18 meses. “Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución”, aseguró García Pérez en una carta enviada en esa oportunidad al presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

The post Alan García lideró organización criminal para favorecer a Odebrecht, según Fiscalía appeared first on El Buho.

Por: Jackeline Cárdenas Ipenza

En noviembre de 1993, una de las empresas del grupo Cyprus tomó el control de la mina a tajo abierto de cobre operada por la estatal Minero Perú, luego de ganar una licitación internacional impulsada por las entidades COPRI y la CEPRI, hoy Proinversión.

Cyprus Minerals Company fue la única que presentó una propuesta monetaria para adquirir Cerro Verde —US$ 34 millones por el 91% de las acciones— de las 19 sociedades que se presentaron a la buena pro. Tras una planificada fusión entre compañías vinculadas al grupo minero de capitales estadounidenses, la sociedad ganadora cedió sus derechos a Cyprus Climax Metals Company, otra empresa vinculada, para operar la mina según se señala en el Acta del comité especial de Minero Perú.

Cuatro meses después de que la empresa extranjera se hiciera del control de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), el 18 de marzo de 1994, Cyprus Climax Metals Company firmó con el Estado un Convenio de Estabilidad Jurídica, — un contrato ley inmodificable por el plazo que se establezca—para estimular la inversión en el sector minero que por esos años no superaba los US$ 22 millones debido a la inestabilidad económica y la violencia subversiva.

El convenio firmado con la CONITE (Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras) contenía once cláusulas que apuntaban a garantizar beneficios por un plazo de diez años, con una inversión de casi US$ 34 millones en la mina de tajo abierto de cobre.

El punto más importante para Cyprus Climax, la dueña de Cerro Verde, era la cláusula tercera en la que figuraba que no se aplicaría —amparado en el artículo 25 del decreto legislativo 774, Ley de Impuesto a la Renta de 1993— un impuesto a la distribución de sus utilidades y a las remesas enviadas al exterior que correspondían al inversionista.

La cláusula octava establecía claramente que la minera no tenía derecho a ceder las acciones total o parcial de la mina a terceros en los siguientes diez años, sin antes obtener la autorización oficial de la CONITE. Su incumplimiento determinaría la resolución de todos los beneficios estipulados en el convenio, incluido los tributarios.

Mala memoria 

En 1999, cinco años después de haberse firmado el convenio, y oficialmente vigente hasta 2004, Phelps Dodge Corporation —establecida en Phoenix, Arizona— compra en el exterior los activos de Cyprus Amax Minerals Company, la matriz de Cyprus Climax Metals Company, en una operación que costó US$ 1.8 billones. Tal como aparece en su reporte anual del mismo año con la adquisición del grupo Cyprus, Phelps Dodge pasó a ser dueña del 82% de las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde.

Tal como se estipuló en el convenio del 18 de marzo de 1994, esta operación millonaria, requería previamente una comunicación y permiso del Estado. Este permiso no figura en los archivos de las autoridades pertinentes.

Convoca.pe solicitó a las autoridades, por medio de un pedido de acceso a la información pública, detalles de la autorización que Cyprus Climax debió pedir a las entidades encargadas como la CONITE (hoy Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas.

El  5 de febrero pasado, el Ministerio de Energía y Minas respondió que “debían denegar el pedido de información (solicitado por Convoca.pe) por no contar con dicho documento (la aprobación del Estado peruano en esta operación comercial) y no tener la obligación de producirlo.”

Similar consulta se trasladó a Proinversión, entidad que reemplazó a la CONITE y responsable de canalizar esa información referente a los convenios suscritos en los años 90. El 12 de febrero, la entidad respondió por escrito que el documento de autorización del Estado “…aprobando la cesión de Cyprus Climax Metals Company en favor de Phelps Dodge que usted solicita no obra en nuestros actuados.”

Convoca.pe también se comunicó con representantes de los dueños actuales de Cerro Verde, Freeport-Mcmoran Inc. desde el 23 de enero del 2019, vía correo electrónico, de manera presencial en sus oficinas en San Isidro y por vía telefónica. La única respuesta que se obtuvo al cierre de esta edición y con respecto a la autorización referida, fue que “Sociedad Minera Cerro Verde desea precisar que Phelps Dodge Corporation nunca ha sido accionista de la empresa minera.”

El reporte anual de Phelps Dodge Corporation de 1999 señala, sin embargo, lo contrario a la breve respuesta de Freeport-Mcmoran Inc: la empresa sí pasó a ser dueña del 82% de las acciones de la Sociedad Minera Cerro Verde, al adquirir  Cyprus Amax Minerals Company, matriz de Cyprus Climax Metals.Co. Esta falta de precisión en la información entregada por Cerro Verde no fue aclarada a Convoca.pe a pesar de haber efectuado nuevas consultas en los días siguientes.

Las respuestas tanto de las autoridades peruanas como de la empresa sugieren que el convenio fue ignorado para asumir otros acuerdos con el Estado más adelante. Consultado el abogado tributarista, David Bravo, señaló que en caso no exista esta autorización demostraría un acto de “negligencia” por parte del Estado por no haberse puesto en conocimiento sobre esta transacción de las acciones para defender el interés público.

En julio del 2017, en la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema tuvo lugar el pedido de nulidad de sentencia, que obligaba a Cerro Verde a pagar a la Sunat alrededor de S/. 500 millones en regalías para Arequipa desde 2008; el abogado de la entidad tributaria, Francisco Eguiguren, explicó a los jueces que la minera suscribió en 1998 un nuevo contrato de estabilidad aun cuando existía uno firmado en 1994 . “Han llegado a coexistir dos convenios», señaló el abogado.

La defensa de Cerro Verde, Luis Rodrigo Prado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados en su descargo señaló públicamente que el convenio de 1998 “subsume y reemplaza a la primera con conocimiento de las autoridades mineras y la Sunat”; lo cual sugiere que el primer compromiso con el Estado de 1994 fue ignorado posteriormente.

En el litigio judicial por las regalías no pagadas del 2008 al 2013, Cerro Verde solo hace referencia a  contratos de Garantías y Medidas a la Promoción de la Inversión —firmados el 16 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1998 y julio del 2012—, un tipo de acuerdo que contempla la ejecución de un proyecto de inversión específico acompañado de beneficios tributarios como la reinversión de utilidades. No mencionan en ningún momento el primer compromiso, el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito el 18 de marzo 1994.

Y es que al ignorar o dar por resuelto el Convenio de estabilidad jurídica, Cerro Verde estaba sujeta al pago de los impuestos vigentes al menos desde 1999 cuando la mayoría de acciones pasaron a control de la multinacional  Phelps Dodge. Entre ellos el pago de dividendos y las remesas al exterior de los montos que correspondan al inversionista.

Si bien el régimen tributario de los años 90 no contemplaba gravar los dividendos repartidos por las mineras que empezaron a operar en el Perú, esta situación se modificó en 2003 cuando el gobierno mediante la ley 27804, art. 22, aplica el pago de impuestos a los dividendos con una tasa de 4.1 %. Por lo tanto, la minera debía pagar los períodos fiscales correspondientes a los años 2003 y 2004, ¿lo hizo?

Tal como se ha señalado anteriormente, tanto Proinversión como los operadores actuales de Cerro Verde no respondieron a Convoca.pe si hubo una autorización para el traspaso de acciones a Phelps Dodge en 1999.

Al revisar los estados financieros del 2003 de la empresa, se observa que se efectuó la repartición de los dividendos a los accionistas producto de los US$ 43 millones obtenidos ese año en utilidades netas. El directorio de la minera comunicó que el primer pago de dividendos a sus accionistas fue por un monto de US$ 15 millones. Los accionistas eran en ese entonces la extranjera Phelps Dodge Corporation, con el 82% de acciones, la peruana Minas Buenaventura con 9.7%, y los trabajadores y terceros con 8.3%. La decisión del directorio de distribuir se explicaba, a juzgar por el análisis de la empresa, al incremento de la producción y exportación de más de 87 mil toneladas de cobre fino exclusivamente a su empresa norteamericana vinculada, y al incremento de las ganancias que pasaron de US$118.6 millones en 2001 a US$158 millones en 2003.

Así, Cerro Verde debió retener a Phelps Dodge —por ser principal accionista y una empresa no domiciliada en el Perú—, el 4.1% de los millonarios dividendos repartidos con la peruana Buenaventura, y declararlos a la Sunat. Es decir, medio millón, producto de los US$ 12.3 millones de los dividendos que le correspondía según el porcentaje de participación.

El estado financiero de Cerro Verde de ese año solo señala la retención de la renta anual obtenida. No figura la retención relacionada a dividendos.

En un anexo de la memoria anual de la minera figura, según el auditor contratado, que la empresa estaba autorizada según “los contratos de estabilidad jurídica suscritos con el Estado a transferir el íntegro de sus capitales y dividendos al exterior”. El convenio de estabilidad señala efectivamente eso, pero solo si estaba vigente el Convenio de Estabilidad Jurídica.

En el documento financiero del 2004 publicado en la Bolsa de Valores, Cerro Verde reporta US$ 87.6 millones en utilidades, poco más del doble de lo conseguido el año anterior. En este documento elaborado por la empresa, no se menciona una distribución de utilidades a los principales accionistas.

Sin embargo,  el accionista minoritario, Minas Buenaventura en su memoria anual del 2004, declara que recibió US$ 4.8 millones en dividendos producto de su 9.8% de acciones en la minera arequipeña lo cual confirma que Cerro Verde también repartió dividendos en 2004 a Phelps Dodge. Dado que la multinacional estadounidense tenía el 82% de las acciones, sus dividendos alcanzaban US$ 44 millones. Según la ley 27804, Cerro Verde debió retener para la Sunat, el 4.1%, de esos dividendos repartidos el 2004 es decir, alrededor de US$ 1.8 millones. Sumado al medio millón del año 2003, Cerro Verde debió retener aproximadamente más de 2 millones. 

Consultada la Sunat, esta no se pronunció respecto a los impuestos a los dividendos que  Cerro Verde pudo haber pagado esos años. Sin embargo, la entidad respondió mas bien que no hubo «un pronunciamiento de la autoridad competente» sobre la nulidad de ese convenio suscrito, y que habría generado una fiscalización tributaria. 

El consultor y expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, calificó como “falta grave” la omisión de la autorización de parte del Estado, siendo evidente para él que las acciones de Cerro Verde fueron transferidas de manera indirecta a otra empresa extranjera no domiciliada en el Perú. Señaló que no está prohibido que se realicen este tipo de transferencias, sin embargo el Estado debe conocer la magnitud de la empresa que se hará responsable de Cerro Verde.

El convenio firmado entre el Estado y Cyprus, formó parte de los 257 acuerdos firmados entre 1993 y 2000, que habrían generado -según un análisis de la Sunat elaborado en 2002 sobre su impacto en la recaudación- una pérdida que fluctuaba entre S/. 238 millones y S/. 282 millones.

La incapacidad del Estado para fiscalizar los convenios que eximían del pago de impuestos también es recogido por el ciudadano Dante Martínez, quien denuncia desde hace 13 años a Cerro Verde por “simular la vigencia del contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión” (1998) y a la SUNAT, por “fraude procesal administrativo y judicial”. A mediados del año 2018 presentó un informe dirigido al presidente Martín Vizcarra, en el que expone su denuncia que lleva por título: “La millonaria defraudación tributaria cometida por Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. en complicidad de SUNAT”.

A inicios de este año, Martínez presentó una denuncia formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la misma que la remitió al Ministerio de Energía y Minas. Esta última entidad respondió que los contratos suscritos no se podían resolver, lo cual Dante Martínez considera un “informe tendencioso”.

No es la primera vez que la empresa Cerro Verde está envuelta en controversias con entidades del Estado. A fines del año pasado, Convoca.pe publicó el especial Juego de precios en el que se pone en evidencia cómo la minera a partir de intercambios comerciales con empresas vinculadas redujo de su renta más de 156 mil dólares, esto bajo el concepto de “comisiones de venta”, concepto que no pudo acreditar ante la sala de un Tribunal Fiscal. En este caso la empresa tampoco respondió con respecto al litigio que tiene con Sunat ante el tribunal.

En 2013, el investigador Manco Zaconetti hizo la siguiente reflexión en el marco de un análisis que publicó sobre los beneficios tributarios obtenidos por  la minera Cerro Verde en los últimos años: “Se debe reconocer que los contratos de estabilidad jurídica y tributaria estaban justificados cuando el país era percibido como un paria en el mundo financiero y las inversiones mineras no superaban los 22 millones  de dólares anuales (1991), explicables en parte por la violencia terrorista, la inestabilidad económica y el populismo irresponsable que vaciaron las arcas fiscales.” Lo que no se explica ahora es cómo las autoridades del Estado han sido tan negligentes con los compromisos que ellos asumieron y debían hacer cumplir hasta el final a los inversionistas, y que probablemente por esa desidia se ha dejado de pagar a las arcas fiscales.

The post Cerro Verde y el compromiso tributario olvidado appeared first on El Buho.

Julio Angulo, el sábado 18 a las 9:00 p.m, cubriendo la liberación del dirigente antiminero, Jesús Cornejo, en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

El antes pacífico y bucólico pueblo de Cocachacra, vive hoy probablemente el peor momento de su historia. Una profunda división entre su población donde ha germinado el odio, ha envilecido a buena parte de sus habitantes. Antes de operar, el proyecto Tía María ya les ha contaminado el alma. La ambición, de dinero y poder, la desconfianza y la injusticia social, han degenerado en un conflicto irreconciliable, donde los atizadores son el gobierno nacional y su falsa percepción de que se puede imponer algo que una parte de la población rechaza de manera inexorable. Tres reconocidos periodistas, un dirigente, y pobladores comunes, han sucumbido ya bajo la ola del lodo, como en las legendarias historias de codicia y muerte en la búsqueda del oro. Los cadáveres ya son 4. ¿Vale este costo la inversión prometida?

Julio Angulo Delgado es un reportero gráfico reconocido en Arequipa. Además del diario El Pueblo, por varios años trabajó para la edición regional del diario La República; y cuando se abrió una oportunidad en la edición semanal de El Comercio-Arequipa, pasó a trabajar para el Decano, junto a otros colegas del mismo diario, aparentemente alentado por una mejor oferta. Su carrera profesional estaba en la cumbre, ¿cómo terminó aquí?

En otro video, se capta al fotógrafo a rostro descubierto, lo que conmovió a la prensa arequipeña.

El auspicioso inicio de la edición sabatina de El Comercio-Arequipa no resultó rentable como hicieron pensar a los mandamases capitalinos las engañosas cifras del crecimiento económico arequipeño. A pesar de tratarse del diario más antiguo del Perú, la economía local no respondió como se esperaba y hubo una reducción de personal que lo afectó a él y otras dos colegas, una de las cuales acabó trabajando para la empresa Southern.

Así, desde octubre de 2014, Julio pasó a ser fotógrafo free lance, aunque su principal contratante siguió siendo el grupo El Comercio. Carlos Zanabria, corresponsal del diario en Arequipa, confirmó que el día de la «siembra», Angulo estaba trabajando para ellos. El informe sobre el primer fallecido y los enfrentamientos que se suscitaron en el puente Pampa Blanca salió con sus fotos.

Julio descubrió entonces el lado bueno de los trabajadores libres, con talento y contactos. A diferencia de la mayoría de sus colegas, míseramente empleados, él prestaba diversos servicios bien remunerados, como a Promperú y, por lo menos esta vez, a la empresa Southern.

¿Por qué Correo y no El Comercio?

Una vez hecho público el video en el que se descubre que la foto que encabeza esta nota de Correo es un montaje para inculpar a un humilde agricultor, hacerlo portar armas caseras y registrarlo en flagrante condición de «terrorista antiminero»; la indignación general culpó al diario más vendido de Arequipa del engaño.

…José Díaz reconoció haber entregado la foto a la prensa, pero dijo que le había llegado mediante un correo electrónico anónimo. ¿Cuántas le llagaron?, repreguntamos. «Una o dos», replicó, pero eso no coincide con el análisis realizado por un experto en fotografía digital. Por lo menos 20 fotos corresponden a la misma cámara y al mismo momento…

La versión que publicó el diario, unas horas después, es verosímil: ellos recibieron el material gráfico en una conferencia de prensa realizada el día jueves 23 en uno de los portales de la hoy convulsionada Plaza de Armas. El denominado Colectivo por el Desarrollo de Islay, bautizados coloquialmente como promineros, convocaron a la prensa para denunciar vandalismo en el Valle de Tambo. Además del fallecimiento de una persona, los heridos y detenidos en el feroz enfrentamiento del puente Pampa Blanca; por la noche, sus casas y negocios habían sido atacados. Se habló de cinco casas quemadas, un automóvil y decenas de vidrios rotos en sus viviendas, producto del ataque de encapuchados que ellos señalan como antimineros.

Vivienda de uno de los miembros del Colectivo para el Desarrollo de Islay

Todos los medios de comunicación presentes recibieron el mismo material, una treintena de fotografías que, según la versión del Colectivo, graficaban la situación de extrema violencia que se vivía en el valle y que ameritaba la declaratoria de Emergencia o estado de sitio de la provincia.

El Búho recibió también el mismo material. En la entrega, habían dos tipos de fotos: un grupo de tomas provenientes de una cámara profesional, en el que se ve a los detenidos y el frente alineado de los manifestantes tras sus escudos de madera pintados de rojo y blanco, en actitud ciertamente agresiva, donde no hay imágenes que muestren el abuso policial; y otro grupo de fotos tomadas con un celular que muestran las casas apedreadas y, en un caso (ver foto), con evidencias de fuego, así como un automóvil semicalcinado.

Las fotos publicadas luego por El Comercio y por Correo, corresponden al primer grupo y fueron tomadas por Julio Angulo. Otros medios publicaron sus propias fotografías y sólo Correo seleccionó la famosa foto del «Miguelito». El editor a cargo, Carlos Rodríguez, otro reconocido periodista en el medio, renunció a su cargo por decoro. El tercer periodista caído tras este evento, sería una mujer. También con intachable trayectoria en varios medios locales y con similar recorrido en las empresas en las que trabajó Julio Angulo; pero el principal imputado en este lío, ha preferido guardar su nombre en reserva, «por amistad», nos dijo una fuente. Ella, quien presta servicios para Southern, sería el eslabón entre el fotógrafo y el Colectivo que entregó una selección tendenciosa de fotos a la prensa, incluyendo la foto del montaje.

Foto histórica. El video muestra claramente como la policía «siembra» este instrumento a Antonio Coasaca y la foto es usada para incriminarlo. La PNP necesitaba «pruebas» pues todos los detenidos con anterioridad salvo 2, habían sido liberados por falta de ellas.

Los miembros del Colectivo

El colectivo es un grupo de 8 a 10 personas que, a su vez, representarían a muchas otras que, según dicen, alcanzan varios miles. La cabeza visible es José Díaz Sánchez, quien se presenta como Secretario de la Federación de Asociaciones de Jóvenes por el Desarrollo de Islay, aunque él frisa los 40 años. En el siguiente video lo pueden escuchar y calibrar su estado de ánimo. Las imágenes corresponden precisamente  a la conferencia en la que entregan la famosa foto incriminatoria.

Preguntado por El Búho, José Díaz reconoció haber entregado la foto a la prensa, pero dijo que le había llegado mediante un correo electrónico anónimo. ¿Cuántas le llegaron?, repreguntamos. «Una o dos», replicó, pero eso no coincide con el análisis realizado por un experto en fotografía digital. Por lo menos 20 fotos corresponden a la misma cámara y al mismo momento. Son fotos de alta resolución y difícilmente pasarían por un correo electrónico.

Desde inicios del año, la disputa con los opositores a Tía María fue «in crescendo». Ellos habían marchado en favor de la inversión hasta dos veces, en Mollendo, y tuvieron que suspender una tercera marcha por falta de garantías. En el mes de enero, dos marchas simultáneas, de los anti y los promineros, terminó en una batalla campal que no llegó a mayores por intervención de la policía.

Ahora, después de 30 días de huelga, el ánimo se había desbordado. Además de insultar a los opositores a Tía María, abiertamente, el líder del grupo pide un estado de excepción en la provincia así como el retiro del cargo del alcalde provincial, Richard Ale, quien va apenas en el cuarto mes de un agitado mandato, pero apoya el paro.

Para describir mejor a este personaje, reproducimos a continuación un segmento del reportaje publicado en la edición nacional del diario El Comercio, de fecha 8 de marzo, cuando el agravamiento del conflicto era inminente. El artículo lo firma el periodista Manuel Marticorena Ortiz y en él se refiere a Díaz de esta manera:

En Islay existe una organización extraña y que participa en el debate social: la Federación de Jóvenes por el Desarrollo. Su secretario, José Díaz, indica que agrupa a siete asociaciones que suman 1.200 socios. Díaz no es tan joven, tiene 39 años, pero se justifica diciendo que cuando empezó a formar su organización (la Asociación de Emprendedores por el Desarrollo del Valle del Tambo) tenía 30.

Igual que la mayoría del colectivo, posee un discurso claro y afirma que apoyar el proyecto minero no significa dar una carta blanca a Southern. Dice que exigirán que se cumplan todas las normas ambientales porque “el agro es y seguirá siendo el principal sustento de la zona”. Pero sí está convencido de que el proyecto les abrirá, como jóvenes, nuevas oportunidades.

Otro miembro prominente del Colectivo es Silvia Chávez, presidenta del Frente de Mujeres de Cocachacra, fundado en setiembre del año pasado. Según El Comercio, su discurso es evidentemente aleccionado. Ella vive en Cocachacra y trabaja en Chucarapi, pero por estos días ha dejado el valle, denunciando amenazas. Pidió licencia sin goce de haber y viaja constantemente con los otros miembros del colectivo a Lima. Aquí la vemos dando su speech en el Congreso de la República, en febrero de este año, en favor de la minería y respaldada por el congresista Juan Carlos Eguren.

Y el tercer miembro notable de este colectivo es Néstor Flores Tapia, regidor del distrito de Cocachacra. Postuló a su cargo luego de haber suscrito con Southern Perú, en agosto de 2014, un contrato por un millón 470 mil 507 nuevos soles para la obra de Mejoramiento de Servicios de Agua Potable en la zona de El Fiscal. Entonces era presidente de la Asociación Avis. Este es el primer y único proyecto que ha financiado, en su fase de Estudio, la Asociación Civil Pro Valle de Tambo que recibió, en esa misma fecha, un fondo de donación de 100 millones de soles de parte de Southern para financiar obras. El dinero no se ha usado y su paradero se desconoce, así como los integrantes de la Asociación.

Néstor Florez firma convenio con el propio presidente ejecutivo de Sothern Perú, Oscar González Rocha

Al referirse al grupo, el periodista Marticorena dice:

Southern hace su trabajo para ganar más gente: ha contratado a 500 personas en forma rotativa para labores de limpieza en el proyecto. No solo eso, en el momento de la entrevista, Díaz tenía un polo deportivo con el logo de Southern [indicó que es porque la empresa financió un campeonato], mientras ‘Ruddy’, el chofer a quien conocimos, presta servicios a la minera; y el empresario José Díaz ha construido muy cerca de su casa un pequeño edificio para departamentos (viviendas para ofrecer a los ingenieros si se da el proyecto). Los tres no niegan que hayan tenido contacto con la minera, es más, sostienen que su interés de desarrollo personal y colectivo a partir del proyecto es legítimo, aspecto que dicen comparten las 3.000 personas que integran el colectivo.

El Padrino

Uno de los promotores de este grupo en Lima, como él mismo lo reconoce, es el congresista Juan Carlos Eguren, del PPC, quien ha oficiado de relacionista público del colectivo. En pocas semanas el Colectivo ha sido recibido por tres ministros de estado, la Premier Ana Jara y periodistas de radio y televisión limeña, además del propio Congreso.

Aquí los vemos con el ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en Palacio de Gobierno y en el programa La Hora N de Jaime de Althaus. En todos los casos el discurso ha sido agresivo y descalificador de los agricultores del valle de Tambo. Para ellos, sólo es un grupo de 4 radicales que, por influencias externas, se oponen por oponerse. «Falsos ecologistas, violentistas y antimineros», son calificativos recurrentes en su vocabulario.

Los antimineros y, sobretodo, la masa, no los han tratado mejor. Así es como se ha construido una historia de odio que tardará décadas en superarse. Por esa razón, ahora estas personas están refugiadas en Arequipa donde la presidenta regional, Yamila Osorio, sumamente conmovida, les ha dado alojamiento, ya que no pueden volver al valle de Tambo por las amenazas.

Ciertamente, el Movadef, el etnocacerismo y otros grupos menores se alistan a cosechar a manos llenas, mientras más dure el conflicto.

Y a pesar que del otro lado de la historia, donde también se ha instalado un profundo resentimiento, hay ya un muerto, un hombre humilde al que le dispararon por la espalda, y dos heridos de bala, eso no ha cambiado el discurso uniforme de empresarios y políticos como Juan Carlos Eguren, quienes parecen haber endurecido su corazón al tiempo que aspiran a posiciones más altas en el poder. En la siguiente entrevista de Cecilia Valenzuela, Eguren reconoce haber auspiciado estas presentaciones y discursos del grupo (véase el minuto 2:35 A 2:50)

The post REPORTAJE. La corta historia de la foto montada y la larga historia de odio que surgió en Cocachacra por Tía María appeared first on El Buho.